CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. Como primera excepción el Hospital convocado señala que la acción contractual está caducada para los contratos cuya liquidación debió hacerse antes del 19 de noviembre de 2010, ejecutados hasta antes del 19 xx xxxx de 2009. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en las demandas relativas a contratos, que requieran liquidación y no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente antes de que el asunto se someta al juez competente, el término para demandar, so pena de que opere la caducidad, es de dos (2) años que se cuentan una vez cumplido el de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o a la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga. En el presente caso la cláusula décima sexta señala que, “Los contratos se liquidarán de común acuerdo por las partes dentro del año siguiente a su terminación, y dentro de los (6) meses más si es de manera unilateral por el Hospital xx Xxxx II Nivel E.S.E. mediante Acto Administrativo motivado. Si no se llega a un acuerdo para liquidar el contrato, El Hospital lo hará y tomará las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones (previo informe del interventor y/o supervisor) y exigir los derechos que resulten de la liquidación, según sea el caso”. Habiéndose descartado la tesis de la unicidad contractual de todos los contratos referidos en la demanda principal, no resulta del caso que el Tribunal se pronuncie sobre si existe o no caducidad de la acción respecto de los contratos celebrados en los años 2008 y 2009 en la medida que no entrará a pronunciarse sorbe el fondo de las peticiones en relación a esos contratos. Acerca de los contratos suscritos en 2010, 2011 y 2012 la demanda arbitral fue presentada dentro del término legal, por lo que el Tribunal procederá a su estudio y rechaza la excepción de caducidad propuesta por la parte convocada.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. El CONTRATANTE, ASEGURADO o el BENEFICIARIO perderán todo derecho a ejercer acción judicial (Demanda) contra la COMPAÑÍA o a convenir con éste el arbitraje previsto en las condiciones generales si no lo hubiere hecho antes de transcurrir el plazo que se señala a continuación: a) En caso del rechazo del siniestro, un (1) año contado a partir de la fecha de notificación del rechazo; b) En caso de inconformidad con el pago de la indemnización, un (1) año contado a partir de la fecha cuando la COMPAÑIA hubiere efectuado el pago. En todo caso, el plazo de caducidad siempre será contado desde el momento cuando haya un pronunciamiento por parte de la COMPAÑÍA. A los efectos de esta cláusula, se entenderá iniciada la acción judicial una vez que sea consignado el libelo de demanda por ante el tribunal competente.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. De conformidad con el Código Contencioso Administrativo, artículo 136, numeral 2, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se impetró oportunamente, el 1º xx xxxxx de 2002, teniendo en cuenta que se presentó dentro del plazo de cuatro meses contado, en este caso, a partir de la fecha de ejecución del acto administrativo acusado. Lo anterior se establece en este proceso, toda vez que el Acuerdo 003 de 2001 debió adoptarse para los contratos en curso, a más tardar el 26 de diciembre de 2001, en observancia del plazo fijado en el artículo 5 del referido Acuerdo, el cual se estableció para la firma del otrosí correspondiente a la modificación de la tarifa por compensación.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. Es el fenómeno que se presenta, cuando transcurrido el tiempo que la ley fija para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el interesado impedido jurídicamente para reclamarlo.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. En la medida en que la acción no se interpuso dentro del término previsto en el artículo 136 del C.C.A., modificado por la Ley 446 de 1998, habida cuenta de que los contratos de prestación de servicios son autónomos y diferentes entre si. Presunción de legalidad. Toda vez que el acto administrativo que profirió, se encuentra amparado de presunción de legalidad, que solo puede ser desvirtuada al demostrar alguna de las causales de nulidad.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. El TOMADOR, el ASEGURADO o el BENEFICIARIO perderán todo derecho a ejercer acción judicial contra el ASEGURADOR o convenir con éste a someterse al arbitraje previsto en la cláusula 28 De la conciliación y el Arbitraje de estas CONDICIONES GENERALES, sino lo hubiere hecho antes de transcurrir el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de la notificación por escrito: Del rechazo total o parcial del siniestro De la decisión del Asegurador sobre la inconformidad del Tomador, del Asegurado o del Beneficiario respecto al monto de la indemnización o del servicio recibido. A los efectos de esta cláusula, se entenderá iniciada la acción judicial una vez que sea consignado el libelo de demanda por ante los órganos jurisdiccionales.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. Si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de rechazo de cualquier reclamación, el TOMADOR, el ASEGURADO o el BENEFICIARIO, no hubiere demandado judicialmente al ASEGURADOR, o hubiere acordado con éste someterse a un arbitraje o solicitado el sometimiento ante la autoridad competente, caducarán todos los derechos derivados de este Contrato de Seguro con respecto al reclamo formulado que haya sido rechazado. A los efectos de esta Cláusula, se entenderá iniciada la acción judicial una vez que sea consignado el libelo de demanda por ante el tribunal competente.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La acción por excesiva onerosidad de la prestación caduca a los tres meses de producidos los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles a que se refiere el artículo 1440.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. La acción por excesiva onerosidad de la prestación caduca a los tres meses de producidos los acontecimientos extraordinarios e imprevisibles a que se refiere el artículo 1440. El término inicial del plazo de caducidad se contabiliza desde el momento en que hayan cesado los hechos. El juez evaluara las pruebas objetivas para el cómputo.