Política General. Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término [ pueblos ] en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos inte...
Política General. El Consejo de Ministros en su sesión de 4 de noviembre de 2005 aprobó el Plan de Convergencia con Europa y entre las Comunidades Autónomas “Plan quinquenal para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y entre nuestras Comunidades Autónomas”, para los años 2006-2010 (“Plan Avanza”) cuyo principal objetivo es impulsar políticas activas a favor del desarrollo de la Sociedad de la Información en España y su convergencia con Europa, durante el referido periodo. Para asegurar el éxito del Plan Avanza se hacía imprescindible, por una parte, desde el punto de vista político y presupuestario, adoptar nuevos instrumentos de gestión que permitieran cubrir determinadas áreas de actividad, hasta el momento desatendidas desde las políticas públicas de fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico, y por otra parte, reforzar los medios de gestión de programas tradicionales para poder garantizar la eficacia en el gasto de los importantes recursos presupuestarios adicionales que se destinan a estas políticas. La Sociedad, específicamente orientada a la I+D+i en el campo de las tecnologías de la información, nace como respuesta a ambas necesidades. La sociedad pretende además, de acuerdo con las líneas directrices establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 xx xxxxx de 2005, radicar gran parte de sus actividades en la ciudad xx Xxxx a través de un primer polo de innovación en esta localidad, que podría extenderse a otras zonas con un déficit de inversiones en nuevas tecnologías, contribuyendo de esta manera a corregir los fuertes desequilibrios territoriales existentes en este ámbito. En relación con la primera de estas cuestiones, es necesario señalar que el principal problema que plantea la I+D+i en España, más que la baja tasa absoluta de inversión sobre PIB en estas actividades, es la escasa participación de las empresas y el sector privado en este esfuerzo. Un mal que ha ido acrecentándose en los últimos años, en los que el crecimiento en las inversiones en I+D+i ha venido de la mano del gasto público, reduciéndose en consecuencia la participación relativa del sector privado en esta actividad. El sector de las TIC no es ajeno a esta realidad. Para contribuir a solventar esta situación se ha planteado, como actuaciones iniciales de la Sociedad, dos ámbitos de actividad en los que hasta la fecha ha existido un acusado y significativo déficit desde la iniciativa pública.
Política General. Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.
Política General. Desarrollo de política basada en evidencia. - Alto nivel de investigación y conocimiento que soporta la definición y desarrollo de la política de innovación. - Desarrollo de institucionalidad y estrategia desde el lado de la demanda, con participación de privados y el desarrollo de road maps. - Institucionalidad para el desarrollo de procesos de prospectiva y definición de áreas prioritarias en forma conjunta (universidad‐empresa‐gobierno).
Política General. Es política general del Distrito continuar utilizando a sus empleados que están cubiertos por los términos de este Contrato para realizar trabajos para los que están calificados. El Distrito podrá subcontratar cuando las circunstancias así lo ameriten.
Política General. La política del Proyecto BOLFOR es identificar y contratar al personal de mayor nivel de competencia y profesionalismo. Para lograr este objetivo, el proyecto le dedicará la mayor cantidad de tiempo que sea razonable al reclutamiento y selección de personal.