Common use of Principio de responsabilidad Clause in Contracts

Principio de responsabilidad. Por este principio, los funcionarios y contratistas de la Corporación, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado verificando que se cumplan las condiciones exigidas por la Corporación y ofertadas por los contratistas. En los procesos de selección, la entidad deberá proceder únicamente a su apertura cuando cuente con los diseños, estudios, planos, licencias, evaluaciones respectivas y el respaldo presupuestal, de conformidad con los requerimientos de cada proceso. Los funcionarios o contratistas que intervengan en la planeación, trámite, celebración, ejecución y liquidación de un contrato y convenio, están obligados a proteger los derechos de la Corporación, del Contratista y de terceras personas que puedan verse afectadas con el mismo. Igualmente deberán responder por sus actuaciones y omisiones antijurídicas e indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. El comité evaluador es la instancia encargada de analizar que las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección se sujeten a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones, aplicando los principios que rigen la contratación administrativa. Sus integrantes están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y recomendarán al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar, de conformidad con la evaluación efectuada. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información no ajustada a la verdad y por la buena calidad del objeto a contratar. Los contratistas supervisores o interventores y los asesores externos, son particulares que ejercen funciones públicas y por lo tanto están sujetos al régimen de responsabilidades aplicables a los servidores públicos. 1 Los consultores y asesores externos responden civil, penal y fiscalmente por los daños que se ocasionen a la entidad con sus acciones u omisiones en el desempeño de las funciones.

Principio de responsabilidad. Por este principioSe enmarca dentro el concepto de servicio público, que busca proteger los funcionarios derechos e intereses de todos los asociados, y por lo tanto el servidor público y los contratistas de la Corporaciónentidad, están obligados a buscar el cumplimiento deben entender que la prestación de este servicio exige un compromiso con la entidad, y tener en cuenta entre otros aspectos los siguientes: *Cumplir los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado verificando que se cumplan las condiciones exigidas por la Corporación contratado, y ofertadas por los contratistas. En los procesos de selección, la entidad deberá proceder únicamente a su apertura cuando cuente con los diseños, estudios, planos, licencias, evaluaciones respectivas y el respaldo presupuestal, de conformidad con los requerimientos de cada proceso. Los funcionarios o contratistas que intervengan en la planeación, trámite, celebración, ejecución y liquidación de un contrato y convenio, están obligados a proteger los derechos de la Corporaciónentidad, del Contratista contratista y de terceras personas los terceros que puedan verse afectadas con el mismoafectados por la ejecución del contrato. Igualmente deberán responder *Responder por sus actuaciones y omisiones antijurídicas e indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. *La entidad, los servidores públicos y los contratistas, responderán cuando hubiesen abierto licitaciones o concursos de méritos, y en general procesos de selección sin haber elaborado previamente los estudios, diseños, planos y evaluaciones que fueren necesarias, incluyendo los xx xxxxxxx, y analizado y determinado los riesgos del contrato, o cuando elaboren pliegos de condiciones en forma ambigua, incompleta o confusa que conduzcan a decisiones o interpretaciones de carácter subjetivo por parte de la entidad. *Las actuaciones de los servidores públicos y de los contratistas, están precedidas por la reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos o postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética. *El comité evaluador de evaluación es la instancia encargada de analizar que las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección selección, se sujeten a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones, aplicando los principios que rigen la contratación administrativa. Sus integrantes están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses legales, y recomendarán al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar, adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. *Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa o no ajustada a la verdad verdad, y responderán por la buena calidad del objeto a contratar. Los contratistas supervisores Para imponer las multas, declarar el incumplimiento o interventores y los asesores externos, son particulares que ejercen funciones públicas y por lo tanto están sujetos al régimen de responsabilidades aplicables a los servidores públicos. 1 Los consultores y asesores externos responden civil, penal y fiscalmente por los daños que se ocasionen a la entidad con sus acciones u omisiones en el desempeño hacer efectivas las garantías derivadas de las funcionesobligaciones contractuales, se debe garantizar el debido proceso permitiendo al contratista explicar los motivos de su incumplimiento, y la oportunidad de controvertir las decisiones de la administración. Evaluar la conducta contractual antes de tomar una decisión con relación al contratista, teniendo claridad sobre los hechos y circunstancias que dieron lugar al incumplimiento. Verificar si se respondieron oportunamente las peticiones y requerimientos del contratista, si se está dentro de los términos que establece la ley para aplicar las multas o decretar el incumplimiento o la caducidad.

Principio de responsabilidad. Por este principio, los funcionarios y contratistas Los servidores públicos de la Corporación, Cámara de Representantes están obligados a buscar el cumplimiento de los fines y objetivos de la contratación, y a su vez, vigilar la correcta ejecución del objeto contratado verificando de los contratos, así mismo están obligados al cumplimiento de sus deberes funcionales. Adicionalmente, la L.80/1993, Art. 26, consagra que se cumplan las condiciones exigidas por la Corporación entidades y ofertadas por los contratistas. En los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto procesos de selecciónselección sin haber elaborado previamente los pliegos de condiciones, la entidad deberá proceder únicamente o cuando los elaboren en forma incompleta, ambigua o confusa, que conduzca a su apertura cuando cuente con los diseños, estudios, planos, licencias, evaluaciones respectivas interpretaciones de carácter subjetivo y en contra de lo establecido en el respaldo presupuestal, principio de conformidad con los requerimientos de cada procesoselección objetiva. Los funcionarios o contratistas que intervengan en la planeación, trámite, celebración, ejecución y liquidación de un contrato contrato, es decir en sus etapas precontractual, contractual y convenioposcontractual, están obligados a proteger los derechos de la CorporaciónCámara de Representantes, del Contratista y de terceras personas que puedan verse afectadas con el mismolos mismos. Igualmente Dichos funcionarios deberán responder por sus actuaciones y acciones u omisiones antijurídicas e indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. El comité evaluador es la instancia encargada de analizar que las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección se sujeten a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones, aplicando los principios que rigen la contratación administrativa. Sus integrantes están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y recomendarán al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar, de conformidad con la evaluación efectuadasu intervención. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratardeben actuar con la mayor transparencia posible, inhabilidadesasí deben manifestar si se encuentran incursos en cualquier inhabilidad, incompatibilidades incompatibilidad o prohibicionesprohibición, verificando que su actuar sea de buena fe, revelando siempre información veraz, y poniendo toda su capacidad, experiencia, logística y conocimientos en el cabal cumplimiento contractual. Las autoridades y sus agentes en consecuencia, asumirán los efectos derivados de sus decisiones, omisiones o por haber suministrado información no ajustada a extralimitación de funciones, de acuerdo con la verdad y por la buena calidad del objeto a contratar. Los contratistas supervisores o interventores Constitución, las leyes y los asesores externos, son particulares que ejercen funciones públicas y por lo tanto están sujetos al régimen de responsabilidades aplicables a los servidores públicos. 1 Los consultores y asesores externos responden civil, penal y fiscalmente por los daños que se ocasionen a la entidad con sus acciones u omisiones en el desempeño de las funcionesreglamentos.

Principio de responsabilidad. Por este principioSe concentra en todos los que intervienen en la actividad contractual desde el representante de la entidad, hasta los funcionarios servidores públicos, consultores, interventores, asesores y contratistas de la Corporaciónmisma. Cada uno de los funcionarios que intervienen en el proceso contractual, están obligados a buscar el cumplimiento en la obligación de cumplir con los fines de la contratación, a de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado verificando que se cumplan las condiciones exigidas por la Corporación y ofertadas por los contratistas. En los procesos de selección, la entidad deberá proceder únicamente a su apertura cuando cuente con los diseños, estudios, planos, licencias, evaluaciones respectivas y el respaldo presupuestal, de conformidad con los requerimientos de cada proceso. Los funcionarios o contratistas que intervengan en la planeación, trámite, celebración, ejecución y liquidación de un contrato y convenio, están obligados a proteger los derechos de la CorporaciónEntidad, del Contratista contratista y de terceras personas los terceros que puedan verse afectadas afectarse con la ejecución del contrato. Se tendrá en cuenta que los servidores públicos de la Contraloría General de Medellín que intervengan en el mismo. Igualmente deberán responder por sus proceso contractual comprometen su responsabilidad cuando incurran en actuaciones y omisiones antijurídicas e antijurídicas, y en tales eventos estarán obligados, si a ello hubiere lugar, a indemnizar los daños que se causen por razón de ellascausados. El comité evaluador es la instancia encargada de analizar que las propuestas presentadas en los diferentes procesos de selección se sujeten a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones, aplicando los principios que rigen la contratación administrativa. Sus integrantes están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses y recomendarán al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar, de conformidad con la evaluación efectuada. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información no ajustada a la verdad y por la buena calidad del objeto a contratar. Los contratistas supervisores o interventores y los asesores externos, son particulares que ejercen funciones públicas y por lo tanto están sujetos al régimen de responsabilidades aplicables a los servidores públicos. 1 Los consultores y asesores externos responden responderán civil, fiscal, penal y fiscalmente disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los daños que se ocasionen a la entidad con sus acciones hechos u omisiones en que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el desempeño cumplimiento de las funcionesobligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.