DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPÚBLICA DE PANAMÁ
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPÚBLICA DE PANAMÁ
INFORME RECHAZO AL CONTRATO MINERO
1. ANTECEDENTES
Como precedente al Rechazo del Nuevo Contrato Mineros, entre Minera Panamá S.A. y el Estado, destacamos que dicha relación contractual se remonta a la Ley No. 9 de 26 de febrero de 1997, “Por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A.”, en el que se estableció una duración de 20 años de concesión con dos prórrogas automáticas de 20 años cada una.
En el año 2009, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpone demanda de inconstitucionalidad contra el mencionado contrato y nueve años después, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante fallo del 21 de diciembre de 2017 declara inconstitucional dicho contrato, estableciendo que no se cumplió con los principios básicos de contratación pública, no representaba los mejores intereses para el Estado y era ajeno al bienestar social y al interés público.
De igual forma, la CSJ indica que antes de aprobarse un contrato ley, la Asamblea Nacional debe cerciorarse de que se cumpla con las formalidades establecidas porque, de lo contrario, se entraría en contradicción con la ley. El documento judicial destaca que el interés de las mayorías debió ser protegido y reconoce que la actividad minera a cielo abierto es perjudicial para un ambiente sano.
Es importantes destacar que, en el año 2016, pese a la existencia de una demanda de inconstitucionalidad que no había sido resuelta por la CSJ, el gobierno del entonces presidente Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, en diciembre de aquel año renueva el contrato con Minera Panamá S.A. por 20 años, es decir hasta febrero de 2037.
No fue hasta el año 2021, que se publica en Gaceta Oficial el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre de 2017, que declara inconstitucional el contrato entre Minera Panamá y el Estado. Estas acciones, demuestran que el gobierno no respetó el Estado de Derecho.
En el año 2022, entre los meses xx xxxx – julio se dieron en Panamá una serie de protestas y masivos movimientos sociales, debido al aumento del precio del combustible y la posible vulneración de los Derechos Humanos a la Salud; al Trabajo y a la Educación, además del tema de la corrupción, estos fueron considerados uno de los más violentos de la era democrática.
Tras semanas de caos y cierres por parte de gremios educativos, transportistas, productores, médicos y otros sectores, el órgano Ejecutivo convocó una mesa de diálogo la cual fuera única en la que todos los dirigentes estuvieran y buscar una
solución a las diferentes problemáticas.
De este diálogo, se logran acuerdos; no obstante, el gobierno nacional, según los manifestantes, solo cumplió con el ajuste al precio del combustible, más no así con lo demás, generando un clima de desconfianza dentro de la población.
2. NUEVO CONTRATO MINERO
2.1 CONSULTA CIUDADANA
La participación ciudadana constituye un eje sustantivo para el desarrollo de una mejor democracia y la construcción ciudadana, permite a los pobladores, en su calidad de individuos o como miembros de organizaciones de tipo asociativas, de influir en el diseño y toma de decisiones.
Sobre el nuevo contrato minero, se abrió el proceso de consulta ciudadana pública, de conformidad con el capítulo séptimo, artículos 24 y 25 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 “Que dicta normas para la transparencia en la gestión pública”.
El gobierno puso en marcha el proceso de información pública en la plataforma Agora para la Concesión del proyecto "Mina de Cobre Panamá", la cual estuvo abierta desde el 24 xx xxxxx hasta el 22 xx xxxxx de 2023. En el mismo período, se desarrolló la consulta ciudadana no vinculante de manera presencial en las comunidades de Coclesito y Río Caimito, de la provincia xx Xxxxx y en La Pintada, provincia de Coclé. El Defensor del Pueblo, la Adjunta del Defensor, el Director Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Director Nacional de Asuntos Ecológicos y el personal de la Oficina Regional de Coclé, participaron en estas comunidades, con el propósito de presentar algunas consultas ciudadanas en base a nuestra función de velar por la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.
Es notorio señalar que, producto de las participaciones de esta Defensoría, se han resaltado por parte de las autoridades gubernamentales múltiples mejoras contra las cláusulas del contrato anterior; no obstante, la ciudadanía ha planteado observaciones e interrogantes en algunos aspectos notables en este contrato; por lo que, este Despacho no puede obviar su labor de ente rectos de derechos humanos, entre los cuales podemos detallar: l Con respecto a la distribución de los fondos recibidos (hasta el tope de B/. 400,000,000) por el Estado, a través del Fideicomiso Conquista del Atlántico, de la siguiente manera en virtud del Esquema Fiscal:
…
25% será destinado a proyectos de inversión que beneficien a los distritos xx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx en la provincia xx Xxxxx y Áreas Colindantes con el Área de la Concesión.
…
De este aspecto debemos señalar que, si bien es cierto, dicho proyecto se desarrolla geográficamente dentro de la Provincia xx Xxxxx; no obstante, su acceso principal es por la Provincia de Coclé; y en el contrato actual, no se tomó en cuenta la inclusión del Distrito de La Pintada, en este renglón de destinarle fondos para sus a proyectos de inversión como área colindante.
De igual forma, hacemos énfasis en que los beneficios que se generen producto de extracción deben permear en todas las comunidades adyacentes al proyecto, como lo son acceso a la salud, al agua, electricidad, escuelas, carreteras entre otros, que lleven desarrollo y progreso a esta zona del país.
Con relación a la consulta pública que hemos detallado en párrafos anteriores, el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Comercio e Industrias, solo permitió que la ciudadanía participase a través de sus comentarios en un lapso de aproximadamente un mes, del 24 xx xxxxx al 22 xx xxxxx de 2023; lo cual, a consideración de esta entidad rectora de derechos humanos y de muchos ciudadanos fue un periodo muy efímero, tomando en cuenta la amplitud e importancia de este contrato que otorga una concesión de veinte (20) años.
Por otro lado, hay un clamor valioso expuesto también por los moradores de las comunidades aledañas concerniente al tema de expropiación de sus tierras por parte de
la empresa cocesionaria, que temen que se mantengan en este contrato de forma implícita.
No menos importante el Defensor ha destacado que este contrato debe priorizar temas como la generación de empleos, actividad económica, la responsabilidad social y la sostenibilidad para que una vez la empresa cese labores en la zona, existan condiciones para los emprendimientos y la creación de empresas. Asimismo, lo relacionado con el tema ambiental y por el derecho al goce de los moradores a un ambiente sano.
A consideración de esta entidad rectora de derechos humanos, se irrespetó el derecho a la consulta ciudadana, ya que la opinión de la población no fue tomada en cuenta al momento de tomar una decisión final del documento.
Es importante recordar que “Con la adopción de la Carta Democrática Interamericana en el 2001, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteraron su compromiso de trabajar con la sociedad civil y acordaron “que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad” y definieron dicha participación como una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia”.
2.2 DEBATE Y APROBACIÓN
El 21 xx xxxxxx del 2023, inicia en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, la discusión en primer debate del proyecto xx Xxx 1043, "Que aprueba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá". Se abre un espacio para que la ciudadanía pueda exponer sus posiciones al respecto.
Posteriormente, y como parte de este proceso de discusión y consulta, los miembros de la Comisión de Comercio se trasladan a las comunidades xx Xxxxxx y Xxxx Xxxxxxxx, a fin de recibir los criterios y comentarios de las comunidades campesinas sobre el contrato.
Culminada estas consultas, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, el 28 de septiembre, devuelve al Ejecutivo el contrato con la empresa Minera Panamá con una serie de recomendaciones, violando la normativa toda vez que solo podían aprobar o rechazar el citado documento legal, tal como lo establece el artículo 47 de la Ley 49 del 4 de diciembre de 1984, que establece el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.
El 18 de octubre de 2023, la Comisión de Comercio aprueba el contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado, con 5 votos a favor y 2 en contra. El 19 de octubre, pasa el contrato al Pleno de la Asamblea de Diputados para su discusión en segundo debate, siendo aprobado con 45 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.
Luego el 20 de octubre, con 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, la Asamblea Nacional de Diputados, aprobó en tercer debate el proyecto del Contrato Ley 1100 sobre la concesión minera entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Panamá.
Una vez cumplido este proceso, fue enviado al Ejecutivo, donde el presidente de la República lo sancionó el mismo 20 de octubre y en horas de la tarde fue promulgado en la Gaceta Oficial del Estado, convirtiéndolo así en Ley de la República.
Esto denota la prontitud con que actuaron los dos órganos del Estado, encargados de decidir la suerte del contrato, a pesar de que era rechazado por la mayoría de la población.
2.3 ESTALLIDO SOCIAL DEL 2023
Como se indicó en la parte anecdótica de este informe, en el año 2022, se dio un levantamiento social a consecuencia de violaciones a los derechos humanos, lo que la Defensoría del Pueblo denominó “Convulsión Social”.
En el 2023, se suma otro elemento, bajo el argumento de buscar un mejor beneficio para el país, el gobierno y la empresa Minera Panamá inician un proceso de negociación para un nuevo acuerdo entre las partes, pese a que desde el año 2017 existía un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaraba inconstitucional este contrato.
Esto volvió a generar malestar en la población, a través de diversas acciones de protestas, marchas y “piqueteos”, por las posibles violaciones a los derechos a vivir en un ambiente sano, a la salud, al orden económico, entre otros.
Aunado a esto, como ya se mencionó, la celeridad con la que el contrato se aprobó en la Asamblea Nacional y luego su sanción y publicación en Gaceta Oficial, incrementó la desconfianza en el gobierno por una parte importante de la población.
Estas acciones y los actos de corrupción denunciados desencadenaron el estallido social que se vivió en el país por más de 30 días.
3. PROTESTAS CIUDADANAS
Desde julio de 2023, se inician las primeras manifestaciones en rechazo al contrato Minero, se realizan masivas movilizaciones desde la Plaza Xxxxxx hacia los predios de la Asamblea Nacional, en la primera de estas acciones se producen enfrentamientos entre manifestantes y unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional, lo que causa que personas fueran afectadas por los gases lacrimógenos y una persona mayor pierde parte de su visión presuntamente por un “pepperball”.
En los meses xx xxxxxx y septiembre, las protestas fueron aumentando con marchas hacia los predios de la Asamblea Nacional, Presidencia, calles y avenidas de la ciudad capital, entre ellas la 5 xx Xxxx, Cinta Costera, Calle 50, Plaza Catedral, Vía España y la Vía Transístmica a la altura de la Universidad de Panamá. Estas protestas se replican en todas las provincias.
Posteriormente, en el mes de octubre debido a la aprobación, sanción y promulgación del contrato minero, los diversos grupos de jóvenes, gremios docentes, sindicatos, grupos ambientalistas, estudiantes de la Universidad de Panamá y la sociedad civil, aumentan su presencia en las calles, al punto que varias avenidas principales fueron cerradas, sumado a la convocatoria de huelga que realizan varios sectores profesionales del país, como los médicos, enfermeras, educadores, entre otros.
Grupos ambientalistas y de la sociedad civil, realizaron una vigilia en los predios de la Corte Suprema de Justicia desde el 12 hasta el 28 de noviembre, día en que se emitió el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 que aprueba el contrato minero.
En total fueron 44 días de protestas y cierres de calles, desde el 19 de octubre hasta el 2 de diciembre que se logra la apertura total de las vías.
Cabe advertir que, aún en la comunidad de San Xxxxxxx, provincia de Coclé y el punto de Ceiba se mantienen retenes por parte de manifestantes, carreteras que conducen al proyecto minero.
3.1 PROTESTAS EN EL MAR
Durante estas jornadas de protestas, desde el 28 de octubre del presente año, más de una decena de lanchas con manifestantes alzando banderas panameñas se aproximó al muelle de Puerto Rincón, operado por la compañía canadiense Firts Quantum Minerals.
Estas acciones fueron bautizadas en diversas redes sociales como “guerreros del mar", los cuales con su protesta obligaron a la minera a reducir sus operaciones de procesamiento de minerales.
El día 17 de noviembre del 2023, de acuerdo con información que se dio por Redes Sociales, se registra enfrentamiento entre los “guerreros del Mar” y las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) que iba a escoltar de "emergencia" a un buque con carbón hasta el puerto marítimo de Minera Panamá, al estar en riesgo de una "combustión espontánea".
Hoy en día, se mantienen en el área xxx xxxxxx un aproximado de 30 personas con lanchas, quienes no permiten que trabajadores mineros residentes en Río Caimito, puedan trasladarse a sus hogares y puestos de trabajo.
4. AFECTACIONES
A consecuencia de los cierres permanentes de vías principales, en las provincias de Bocas xxx Xxxx, Veraguas y Chiriquí, se impide el tránsito vehicular, lo que hace imposible el transporte para abastecer de insumos y medicamentos a los hospitales, alimentos, combustible y gas.
En el sector Agrícola, se da un aumento en los precios, debido a la escasez de productos, tomando en cuenta que, la provincia de Chiriquí tiene la mayor producción de papa, zanahoria, repollo, entre otras legumbres y verduras.
Se afectaron pacientes con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas, ya que no pudieron asistir a recibir sus tratamientos, camiones que abastecen los hospitales quedaron atrapados en los cierres y más del 50% de las citas programadas se perdieron.
Personal médico y de enfermería de algunos hospitales, señalaron que se dieron modificaciones en la planificación de la jornada laboral por las limitantes en cuanto a transporte y libre circulación.
La vida de las personas estuvo en riesgo inminente, por la falta de oxígeno y medicinas en los hospitales principalmente en las provincias de Bocas xxx Xxxx y Chiriquí.
La Defensoría del Pueblo registró, más de 100 personas heridas a nivel nacional, que en su mayoría recibieron atención médica por dificultad respiratoria, inflamación y ardor a raíz por la exposición a las bombas lacrimógenas. También se registran personas heridas xx xxxxxxxx y “pepper ball”, en donde 5 de ellos perdieron el 50% de la visión, 2 de ellas menores de edad. Entre las personas heridas se encontraban 8 unidades de la Policía Nacional.
Lamentablemente se registraron 5 muertes durante el estallido social, 2 por atropello (uno en la provincia xx Xxxxx y otra persona en la provincia de Chiriquí), 1 femenina migrante por agotamiento físico en Chiriquí y 2 en la Vía Panamericana, a la altura xx Xxxxx, víctimas de impactos de bala por un civil.
La agitación social y crisis económica, que se experimentó debido a las manifestaciones, trajo consigo actos vandálicos, violencia, amenazas, mensajes de odio que deslegitimaron la esencia de la protesta pacífica, donde fue afectado el sector comercial y el patrimonio público.
Los cierres provocaron enfrentamientos entre los manifestantes y los residentes de las áreas afectadas.
También se vieron afectados más de 700,000 estudiantes de Centros Educativos públicos, debido al paro laboral de maestros y profesores.
Periodistas y medios de comunicación han sido objeto de agresiones por parte de los manifestantes, al no estar de acuerdo con opiniones o emisiones noticiosas.
Se contabilizaron 279 cierres a nivel nacional, se destacan los registrados en: Puente 19 de Julio, Veraguas; entrada de San Xxxxx, Chiriquí; puente sobre el río Xxxxx, Chiriquí; puente sobre el río Changuinola, Bocas xxx Xxxx. Estas acciones de acuerdo con los empresarios mantuvieron más de un millar de camiones varados causando pérdidas millonarias.
Esta situación, vulneró el derecho a la alimentación de la población toda vez que el precio de la Canasta Básica Familiar aumentó considerablemente, debido al
desabastecimiento de alimentos, insumos y productos agrícolas en los diferentes mercados del país.
Además, se dio un desabastecimiento en artículos como el tanque de gas usado en las casas para cocinar; combustible; químicos para las plantas potabilizadoras, entre otros.
Las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas como abastecimiento de combustible a través xx Xxxxx Rica, traslado de tanques de gas, insumos médicos y químicos para la potabilizadoras a través xx xxxxx y traslado de pacientes para su atención por vía área, para garantizar así su derecho a la salud.
5. ACCIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Debido a las diversas acciones de movilizaciones masivas en rechazo a un nuevo contrato con la empresa minera, se activa el Plan de Acompañamiento ciudadano (PAC) a nivel nacional, para brindar observancia y acompañamiento a estas acciones y garantizar el derecho a la manifestación masiva de la población. Esta acción, también se vio replicada a nivel nacional, a través de las Oficinas Regionales.
Para el 31 xx xxxxxx la protesta por parte de estudiantes de las Universidad Panamá y de la sociedad civil terminó en fuerte enfrentamientos con las Unidades de Control de Multitudes, el Defensor del Pueblo y su equipo de trabajo, para garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, traslado a los estudiantes universitarios a un punto seguro para que pudieran retirarse a sus casas.
El 19 de octubre, otro fuerte enfrentamiento entre opositores al proyecto minero y el Control de Multitudes, producto de esto un fotógrafo es lesionado en uno de sus ojos, provocándole la perdida de la visión.
Además el equipo de la Defensoría del Pueblo y su titular fueron amenazados por algunos manifestantes, quienes no comprendían la acción de esta entidad en las protestas.
Con la finalidad de realizar una evaluación sobre las protestas sociales en el país, el Defensor del Pueblo, se reunió con Xxxxxxx Xxxxxxx, Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quien recordó la importancia de que las autoridades del Estado garanticen plenamente el ejercicio del derecho a la protesta pacífica al tiempo que hizo
un llamado a los manifestantes para que se abstengan del uso de la violencia y adopten medidas para respetar los derechos humanos (salud, alimentación, libre movilización en particular de las personas en situación de vulnerabilidad, así como el libre tránsito de ambulancias, vehículos de bomberos y otros vehículos que prestaban atención de emergencia). El 30 de octubre, el Defensor del Pueblo y personal de OACNUDH acuden al Parque Xxxxxx a dar acompañamiento y observar la protesta.
El día 16 de noviembre, se reúnen el equipo directivo de la Defensoría con personal técnico de OACNUDH, en esta se platea el impacto que en las últimas semanas que han experimentado los habitantes del país en cuanto al disfrute de sus derechos humanos, especialmente en materia del derecho a la vida e integridad física, acceso a la salud, seguridad alimentaria, acceso al trabajo y educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada, y el derecho a la protesta pacífica. Ambas instituciones valoraron que, a casi cuatro semanas desde que se intensificaron las protestas contra la explotación minera en el país, hay varias demandas de inconstitucionalidad en la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y distintas peticiones por parte de los sectores movilizados.
El Defensor del Pueblo, visitó distintos lugares de cierre en la Provincia de Chiriquí y Comarca Ngabe Buglé, en búsqueda de acercamientos, instando a los lideres de aquellos bastiones de lucha a fin de que permitieran un corredor humanitario para el traslado de alimentos, combustible, gas, insumos médicos, entre otros.
Como entidad garante de los Derechos Humanos, fue necesaria la intervención a fin de lograr en algunos cierres el paso de un numero plural de camiones que transportaban medicamentos e insumos de la Caja de Seguro Social, así como coordinar con el Servicio Aeronaval para el traslado aéreo, logrando el abastecimiento parcial de las instalaciones médicas de las provincias de Bocas xxx Xxxx y Chiriquí.
Oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, realizaron diversas salidas, acompañamientos, inspecciones en las Casa de Justicia Comunitaria xx Xxx, estaciones de Policía, en busca de persona detenidas, así como heridos y afectados por gases lacrimógenos en los Centros de Salud, policlínicas y Hospitales.
La Defensoría del Pueblo, ha emitido 14 comunicados donde ha abordado diversos temas relacionados con las afectaciones a los derechos como lo son: El llamado a la vuelta a las clases presenciales; la apertura de un corredor humanitario para el paso de combustible, medicinas, gas, gasolinas; el posible uso de gas lacrimógeno vencido por
parte de las unidades del control de multitudes, llamado a protestas pacíficas, como el de proteger el derecho a la libre prensa y derecho a la libertad de expresión.
A pesar de reiteradas llamadas al órgano ejecutivo por parte de esta Institución de Derechos Humanos, en bien de todos los habitantes del territorio nacional, este órgano del Estado, no ejerció una acción efectiva para restablecer el orden público.
Con el objetivo promover oportunas investigaciones oficiosas, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7 del 5 de febrero de 1997, la Defensoría del Pueblo registra 14 quejas de Oficio, 12 en contra de la Policía Nacional y 2 en contra de la Universidad de Panamá. Adicional, se da apertura a 8 quejas de manera personal en contra de la Policía Nacional. Hasta la fecha, se registra un total de 22 quejas.
El trabajo de observancia y acompañamiento de las Oficinas Regionales y Sede Central arrojó un total de 570 salidas del Plan de Acompañamiento Ciudadano, las que se dividen en 363 acompañamientos en calle y 207 seguimientos (en hospitales, casas de justicia xx xxx y estaciones de policía); 560 personas detenidas (471 hombres, 74 mujeres y 15 NNA) y 114 personas heridas. En los anexos se detalla en gráficas.
El 6 de diciembre de 2023, el Defensor del Pueblo y parte de su equipo, realiza una gira de trabajo en la mina “Cobre Panamá” y comunidades cercanas a esta, corroborando que en San Xxxxxxx y el punto de la Ceiba, mantienen cierre en los que no se permite el paso al personal e insumos para evitar un accidente ambiental.
Durante el recorrido, la Defensoría del Pueblo, observó la paralización de la mina en cuanto a la “extracción de minerales” y un número reducido de trabajadores.
6. MANEJO AMBIENTAL PARA EL CIERRE DE LA MINA
El plan de cierre de minas es un instrumento de gestión ambiental que describe las actividades técnicas y legales de cierre y rehabilitación de una unidad minera para que este alcance características de un ecosistema compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida.
Este proceso de cese de funciones de acuerdo con conocedores y expertos en la materia dependerá de las instalaciones y cómo está funcionando actualmente, por lo que no se puede hablar de un tiempo exacto de cierre, estos pueden ir de 5 a 20 años.
El miércoles 6 de diciembre, durante la inspección sorpresa a la mina “Cobre Panamá” la Defensoría del Pueblo, conversó con el Gerente Ambiental, Xxxxxxxxx Xxxxxx, quien indico que, el Depósito de Almacenamiento xx Xxxx Estéril de Botija (DARE - Botija), a pesar de las medidas estratégicas implementadas, requiere atención inmediata mediante la instalación de una planta de dosificación. La cual fue enviada a ciudad de Panamá para las modificaciones para el periodo de lluvias. Sin embargo, esta no ha podido ser instalada nuevamente en el sitio debido al retraso de más de 45 días por la situación que vivía el país. La planta dosificadora se requiere como medida de contingencia para mantener el balance del pH y prevenir la movilización de metales en caso de una potencial lluvia y desborde de las pozas de contención aguas arriba del Rio Botija.
La planta, diseñada para equilibrar el pH de las aguas del DARE - Botija, utiliza cal viva. La cal viva se encuentra actualmente en las instalaciones de Minera Panamá. El transporte de la cal desde las instalaciones de almacenamiento en la zona de Puerto Internacional de Punta Rincón se realizará, una vez instalada la planta, y de manera segura en camiones cerrados, y la transferencia a la planta será a través de bombas y tuberías neumáticas para evitar riesgos de salud y garantizar un proceso libre de polvo.
Esta planta, equipada con tecnología automatizada y sistemas de secado, requiere una operación continua y mantenimiento preventivo. Se estima la participación de al menos 6 personas en campo, 24 horas al día, para garantizar su correcto funcionamiento y preservar la estabilidad química del entorno.
También se debe cuidar y darle el debido mantenimiento dentro de esta fase de cierre a los relaves, espacios donde caen los líquidos que en el proceso se elimina del mineral, en este caso el cobre, el líquido que es un residuo va a parar al relave, por lo que se debe asegurar que no colapse, pues podría ocasionar graves afectaciones al medio ambientes de las comunidades aledañas a la obra.
7. CONCLUSIONES
✓ La no continuidad de los acuerdos alcanzados en las mesas de Santiago y Penonomé del año 2022.
✓ El incumplimiento de un fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia en el año 2017 y la falta de consulta pública y participación ciudadana eficaz en la celebración de un nuevo contrato con la empresa minera, aumentaron el descontento y desconfianza de la población hacia las autoridades de gobierno.
✓ El ambiente político en un año preelectoral influyó en cierta forma en el manejo y tono de estas manifestaciones.
✓ La consulta ciudadana previa, que fuera declarada por el órgano ejecutivo de “No vinculante”, conllevó a ignorar algunas de las recomendaciones de quienes asistimos x Xxxxxx, río caimito y La pintada.
✓ La falta de comunicación asertiva y la carencia de un interlocutor del Estado hacia la población manifestante para la implementación de un mecanismo de diálogo a fin de restablecer la paz social.
✓ Durante los cierres de calles que se dieron en diversos puntos del país, se vulneró el derecho al libre tránsito, a la Salud, a la Libertad, al acceso a los alimentos y la Seguridad Personal.
✓ El exceso del uso de gas lacrimógeno en los predios de la Universidad de Panamá, afectó el derecho a la integridad personal de los residentes cercanos a esta Casa de Estudios Superiores.
✓ Es de suma preocupación la infiltración de personas violentas (posibles miembros de organizaciones criminales) los días de protestas pacíficas, organizadas por la sociedad civil, sindicatos y asociaciones; dio origen a detonaciones xx xxxxx de fuego al aire e impactos de proyectiles recibidos por particulares y miembros de los estamentos de seguridad.
✓ La participación de los diversos gremios docentes en estas acciones de protesta, trajo consigo la vulneración del derecho a la educación de los estudiantes de las escuelas públicas del país.
✓ El Estado, violentó los derechos humanos de la población, al no ejercer acciones efectivas para el restablecimiento del orden público.
✓ Las protestas pacíficas en algunos puntos del país, se empañaron a consecuencia de los actos vandálicos contra propiedad pública y privada, incluyendo ambulancias y medios de transporte público; uso xx xxxxx de fuego, vulneración al derecho a la propiedad privada y pública, privaciones de libertad, derecho al trabajo, cobros indebidos (vacunas o extorsión), e impedir el paso de ambulancias, bomberos y personas que requerían atención médica.
✓ En algunas áreas en las que se dieron enfrentamientos, la unidad del control de multitudes, hizo uso desproporcionado de la fuerza no letal, ocasionando graves afectaciones a la integridad física y personal.
✓ En cuanto a las personas que perdieron la vida, a pesar de que los estamentos de seguridad del Estado no se vieron involucrados; La inacción del Estado, pudo haber conllevado a que se diera una de estas, puesto no se garantizó la seguridad de los manifestantes.
✓ La división social y la estigmatización, ha llevado a que en algunas escuelas públicas y particulares se hayan reportado casos de Bullying en contra de NNA hijos de trabajadores mineros.
✓ El Gobierno nacional a la fecha no ha presentado opciones para garantizar un ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y a la seguridad
✓ El cierre de las cuentas bancarias del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) por parte de un banco estatal, está siendo investigado por esta INDH como posible acto que atenta contra el Derecho Humano a la Sindicalización.
✓ Un aumento en redes sociales de expresiones de odios, incluyendo discursos de odio de personas influyentes, políticos, funcionarios públicos, particulares e inclusive organizaciones no gubernamentales.
✓ Ataques al derecho a la libertad de expresión y de opinión, a través de ataques personales a periodistas, medios de comunicación o bien cualquier persona que piense o exprese algo que difiera del pensamiento de una persona o un grupo determinado.
8. RECOMENDACIONES
✓ Las autoridades deben proteger y garantizar el derecho humano a la vida de todas las personas sin distinción alguna, ante estos eventos de estallido social.
✓ Las autoridades de gobierno deben tener un acercamiento con aquellas personas que producto de los enfrentamientos que se dieron durante las movilizaciones masivas, resultaron con lesiones permanentes a fin de que se definan responsabilidades.
✓ Las autoridades deben cumplir y garantizar el derecho a la protestas y manifestaciones Pacíficas, promoviendo siempre el diálogo antes que la represión para ello es necesario, aplicar el uso racional de la fuerza y seguir los protocolos establecidos.
✓ Respetar el debido proceso en los casos de personas encausadas por supuestos actos antijurídicos durante las protestas.
✓ El Ministerio de Educación debe contar con mecanismos pedagógicos efectivos, para garantizar el derecho a la educación de la población estudiantil, cuando se registran paro de los docentes.
✓ El rector de la primera casa de estudios debe contar con mecanismos pedagógicos efectivos, para garantizar el derecho a la educación de la población estudiantil y realizar los mejores esfuerzos para garantizar la autonomía universitaria que constituye un xxxxx en el intercambio de ideas.
✓ La libertad sindical debe respetarse aun cuando el gobierno no esté a favor de sus acciones y opiniones.
✓ El derecho a la Consulta debe ser respetado, las opiniones que se brinden durante este proceso deben ser valoradas por las autoridades independientemente se comparta o no el mismo criterio u opinión en alguna temática.
✓ Instamos a que por medio de la Comisión Nacional Pro Valores cívicos y xxxxxxx, con la inclusión de otros actores de la sociedad civil, promuevan una campaña en pro de la libertad de expresión y opinión, así como para la erradicación de los mensajes de odio.
✓ Se debe considerar la participación de grupos ambientalistas y expertos nacionales e internacionales con experiencia previa en este tipo de proceso, para de cierre de la mina de forma ordenada y responsable con el ambiente
✓ Al darse hechos como los vividos durante estos días, también es de vital importancia, que las autoridades cuenten con un plan de contingencia eficaz, a fin de garantizar los
derechos humanos a la salud, libre tránsito, alimentación, libertad, libertad de expresión, integridad personal y trabajo.
Dado en la ciudad de Panamá, el 14 de diciembre de 2023,
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Defensor del Pueblo
ANEXO I
Se realizan 570 salidas, de las cuales 363 fueron acompañamientos en calles y 207 seguimientos a hospitales, casa xx xxx y subestaciones de policía.
Gráfica 1: Cantidad de acompañamientos realizados por oficinas regionales y la sede central.
Gráfica 2: Seguimientos realizados por nuestros oficiales de derechos humanos en las xxxxx xx xxx, después de las manifestaciones.
Gráfico 3: Seguimientos realizados después de las manifestaciones a centros hospitalarios.
Gráfica 4: Visitas a sub-estaciones de policía realizadas después de las manifestaciones.
Gráfica 5: Características de los acompañamientos en calles.
Gráfica 6: Tipo de afectaciones evidenciadas en cada acompañamiento.
Gráfica 7: Cantidad aproximada de personas evidenciadas en cada manifestación.
Gráfica 8: Cantidad de policías observados en cada una de las manifestaciones.
Gráfica 9: Porcentaje de manifestaciones en las que se observaron Niños, Niñas o Adolescenetes.
Gráfica 10: Porcentaje de manifestaciones en las que se observó altercados.
Gráfico 11: Cantidad de Personas heridas, identificadas en los seguimientos a las manifestaciones.
Gráfico 12: Cantidad de Personas que se observó, fueron aprehendidas durante las manifestaciones.
ANEXO II
Imágenes