CAS 1516-2002 LIMA
EJECUTORIAS DE LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SUMILLA: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
Es improcedente la demanda de desalojo por ocupación precaria sustentada en la resolución de pleno derecho del contrato de compraventa del inmueble cuya restitución se solicita, si se viene alegando la excepción de incumplimiento sustentado en el incumplimiento de la prestación a cargo de la demandante, cuya configuración o no, no puede dilucidarse en esta vía, por lo que la sentencia de vista y la apelada ha violentado el derecho al debido proceso de la demandada así como su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
DESALOJO
Lima, veinticinco de Setiembre del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa mil quinientos dieciséis – dos mil dos; en audiencia pública el día de la fecha; y producida la votación con arreglo x xxx; emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx y cónyuge, contra la sentencia de vista de fojas ciento dieciocho, su fecha diecisiete de Diciembre del dos mil uno, que confirmando la apelada de fojas noventitrés, dictada el tres xx Xxxxxx del dos mil uno, declara Fundada la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha veinticinco xx Xxxxx del dos mil dos ha estimado procedente el recurso por la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, expresando los recurrente como fundamentos: a) que la demanda de Ocupación Precaria interpuesta no se encuentra en lo dispuesto por el artículo novecientos once del Código Civil y menos en el artículo novecientos veintitrés del Código sustantivo para que haya sido amparada y confirmada con la sentencia de vista, dado que habiendo cumplido a cabalidad con el contrato de compraventa del inmueble sub- judice, no puede estimarse que el recurrente carece de título solo en virtud
de haber recibido la carta notarial de requerimiento cursada por el actor y que por dicha razón tenga que ser sometido a un proceso de Desalojo por Ocupación Precaria; y, b) que la recurrida no se encuentra debidamente fundamentada en contravención el inciso tercero artículo 122, inciso 3, del Código Procesal Civil; CONSIDERANDO: Primero.- Que, el artículo 1429 del Código Civil establece que en el caso del artículo 1428 la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato queda resuelto; y que si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado el contrato se resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización daños y perjuicios; Segundo.- Que la referida facultad de resolución de pleno derecho por autoridad del acreedor no debe ser concebida de modo aislado sino que debe ser armonizada con la figura de la exceptio nom adimpleti contractus recogida en el artículo 1426 del Código Civil, en virtud del cual en los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento; toda vez que el supuesto deudor no puede ser sancionado con la resolución de pleno derecho del contrato por un acto de omisión efectuado en uso de la facultad prevista por la propia Ley ante el incumplimiento también del acreedor; Tercero.- Que en tal sentido, si ante la pretensión de cualquier acreedor de exigir el cumplimiento de la prestación a su deudor bajo apercibimiento de resolución del contrato, ésta es contestada dentro del plazo xx xxx sustentando su incumplimiento en verosímiles imputaciones de incumplimiento del propio acreedor en la ejecución de sus prestaciones, ello requiere la dilucidación de la configuración no de la referida excepción de incumplimiento, lo cual no puede ser efectuado dentro de un proceso de Desalojo por Ocupación Precaria que se encuentra regulada para los casos expresamente establecidos en el artículo 911 del Código Civil; Cuarto.- Que
lo anterior es lo que precisamente ha sucedido en autos, toda vez que ante la carta notarial de requerimiento del actor de fojas seis, esta fue contestada oportunamente mediante carta de fojas ocho, en la que los recurrentes le comunican al actor que han suspendido el pago del saldo del precio pactado señalando que éste, como vendedor, no está cumpliendo con su obligación prevista en el artículo 1549 del Código Civil de perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien, dado que no pueden inscribir aún el título del actor por defectos sustanciales en éste y por existir, incluso elementos que configurarían el delito estafa; lo que significa que están alegando la excepción de incumplimiento cuya configuración o no, no puede dilucidarse en un proceso de Desalojo por Ocupación Precaria: Quinto.- Que siendo ello así, los recurrentes han sido sometidos a un proceso que no era el pertinente para definir recién si el contrato de compraventa de autos había sido resuelto de pleno derecho o no; lo que significa que evidentemente se ha violentado el derecho al debido proceso de la parte demandada así como su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previstas en los artículos 139, inciso 3, de la Carta Fundamental y I y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, vicio que es suficiente para casar la sentencia de vista; Sexto.- Que por consiguiente, se ha configurado la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso; habiendo lugar a casar la sentencia de vista; y, de conformidad con el artículo 396, inciso 2, numeral 2.5, del Código Procesal Civil, anular todo lo actuado y declarar Improcedente la demanda; y Estando a las consideraciones que preceden, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por los demandados, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx y cónyuge; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas ciento dieciocho, su fecha diecisiete de diciembre del dos mil uno, INSUBISTENTE la apelada de fojas noventitrés, fechada el tres xx Xxxxxx del dos mil uno, NULO todo lo actuado e IMPROCEDENTE la demanda.
S.S.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXX XXXXXXX.
XXXXXXX HUACO. XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXX.
gzg
CASACIÓN 1700 – 2002
ANCASH
SUMILLA: Curador Procesal
.
Es Fundado el Recurso de Casación y Nula la Sentencia porque no se nombró Curador Xxxxxxxx a favor de los sucesores del deudor fallecido, no obstante el apercibimiento decretado, a fin de cautelar los derechos del sujeto procesal demandado.
Lima, once de octubre del dos mil dos.-
LA SALA TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, Vista la causa número mil setecientos – dos mil dos, en Audiencia Pública el día de la fecha, y producida la votación con arreglo x Xxx emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por el Banco de la Vivienda del Perú (en liquidación), mediante escrito de fojas doscientos diecinueve, contra la sentencia emitida por la Xxxxxxx Xxxx Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ancash, de fojas doscientos once, su fecha veintisiete xx xxxxx del dos mil dos, que confirmando la apelada de fojas ciento ochenta, su fecha veintiocho de noviembre del dos mil uno, declaro fundada la contradicción; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, la Sala ha declarado procedente el recurso por resolución de fecha ocho julio del dos mil dos, por la causal prevista en el inciso tercero del Artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en que se ha contravenido su derecho al debido proceso puesto que de la revisión del proceso se desprende que la ejecutada Xxxxx Xxxxxx Xxxxx viuda xx Xxxx no ha deducido contradicción, por lo que la resolución expedida atenta el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil; en
consecuencia, la sentencia es extrapetita; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el Recurso de Casación tiene como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo trescientos ochenticuatro del Código adjetivo; Segundo.- Que, a fojas treintiocho, el Banco de la Vivienda del Perú (en liquidación) interpone demanda de ejecución de garantías dirigiéndola contra Xxxxx Xxxxxx Xxxxx viuda xx Xxxx y contra la Sucesión de Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx a fin de que los obligados cumplan con pagarle una suma dineraria; Tercero.- Que, a fojas cincuentiuno, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx viuda xx Xxxx, a título personal, se apersona al proceso, y sin contradecir la demanda, niega la firma de su difunto esposo, desconociendo el préstamo; por escrito de fojas cincuentisiete, la misma ejecutada deduce nulidad, argumentando que la obligación puesta a cobro, se encuentra extinguida, puesto que su difunto esposo tenía un seguro de desgravamen, el mismo que se hace efectivo, ante el fallecimiento de su cónyuge; Sin embargo, por resolución doce, del treintiuno de julio del dos mil uno, se declara improcedente la nulidad deducida y renovando el acto procesal viciado se Ordena la notificación mediante edictos en el diario oficial “El Peruano” y en el diario “Ya”, por el término xx xxx, a la sucesión de Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, a fin de que se apersonen al proceso en treinta días, bajo apercibimiento de nombrársele Curador; Cuarto.- Que, a pesar de haberlo dispuesto, el A Quo no materializó la publicación de nuevos edictos, puesto que por resolución trece, declaró que los edictos efectuados carecían de validez, al ser anteriores a la resolución número doce, que ordenaba la notificación por edictos, señalando, asimismo, que su admisión recortaría el derecho de defensa de
la Sucesión de Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx; Quinto.- Que, a fojas ciento cuarentisiete, por escrito del veintiocho xx xxxxxx del dos mil uno, la ejecutada Xxxxx Xxxxxx Xxxxx viuda xx Xxxx solicita la extinción de la hipoteca, reiterando los argumentos referidos al seguro de desgravamen, antes aludidos y el A Quo, al expedir su resolución, declaró fundada la contradicción de la ejecutada, considerando que si se configura la causal de extinción de la hipoteca al haberse extinguido la obligación, por el seguro de desgravamen que poseída el finado; Sexto.- Que, contra esta resolución el Banco ejecutante interpone recurso de apelación, argumentando, entre otros vicios, que la ejecutada no ha deducido, contradicción en su defensa, por lo que se ha declarado fundado un petitorio no formulado por la ejecutada, desnaturalizando el proceso de ejecución de garantía y atentando contra los Principios del Título Preliminar del Código Procesal Civil; asimismo, denunció, expresamente, que no se le había nombrado Curador Xxxxxxxx a la Sucesión;
Sétimo.- Que, la Sala, al absolver el grado, confirma la resolución apelada sin pronunciarse sobre los extremos descritos en el considerando anterior;
Octavo.- Que, el inciso tercero del artículo ciento treintinueve de la Constitución señala que: son principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional;
Noveno.- Que, el artículo sétimo del Título Preliminar del Código adjetivo prescribe que: El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes;
Décimo.- Que, del análisis de la resolución de vista, se puede concluir que los magistrados han omitido hacer efectivo el apercibimiento y, conforme lo han señalado, nombrar Curador a la Sucesión de Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, a fin de cautelar los derechos de este sujeto procesal, demandado;
Décimo Primero.- Que, de acuerdo con el numeral noveno del Título Preliminar del Código Procesal Civil: las normas procesales contendidas en el Código son de carácter imperativo;
Décimo Segundo.- Que, en el caso de autos, se han transgredido normas procesales que atentan, flagrantemente, el derecho de defensa de la Sucesión de Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, que, como se ha afirmado, ha sido expresamente demandada como Sucesión;
Décimo Tercero.- Que, este Supremo Tribunal, en cautela de los derechos de los sujetos intervinientes en el proceso, a fin de alcanzar los fines del proceso ordena la nulidad de todo lo actuado hasta el acto procesal de notificación a la Sucesión de Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx; por las razones expuestas y de acuerdo con el apartado dos punto tres inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil: por lo que declararon
FUNDADO el Recurso de Casación de fojas doscientos diecinueve, interpuesto a fojas doscientos diecinueve; y en consecuencia, declara NULA la resolución de vista de fojas doscientos once, su fecha veintisiete xx xxxxx del dos mil dos; INSUBSISTENTE la apelada de fojas ciento ochenta; MANDARON que el Juez del Segundo Juzgado Mixto de Huaraz de su procedencia provea la presentación de Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx; DISPUSIERON la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos por el Banco de la Vivienda en liquidación con Xxxxx Xxxxxx Xxxxx viuda xx Xxxx y otros; sobre Ejecución de Garantía; y los devolvieron.-
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXX XXXXXXX. XXXXXXX HUACO. XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXX.
gzg
Lima
SUMILLA: INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES
Que es efecto xxx xxxxxx de una demanda de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, reponer las cosas al estado que corresponde, según lo dispone con claridad el penúltimo párrafo del artículo 178 del Código Procesal Civil. En el caso de autos, del acta de diligencia de lanzamiento practicado en el inmueble cuya restitución se solicita accesoriamente, no se advierte que la parte demandante o sus hijas hayan sido desalojadas, sino únicamente una persona con la cual no se ha acreditado la existencia de vínculo matrimonial, por lo tanto la pretensión accesoria que persigue la restitución del inmueble materia de desalojo no es acumulable al presente proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por no existir conexión lógica entre ambas pretensiones.
NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA
Lima, dieciocho de febrero del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número dos mil ciento noventicuatro – dos mil uno, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo x Xxx, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx mediante escrito de fojas ochentiuno, contra el auto de vista emitido por la Tercera Sala Civil Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas setenticuatro, su fecha treintiuno xx xxxx del dos mil, que confirmó la resolución apelada que declaró improcedente la demanda interpuesta contra Xxxxxx Xxxxx Xxxxx sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido el recurso de casación, fue declarado procedente por resolución del treinta de octubre del dos mil uno, por la causal contemplada en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, referente a la contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso y la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, pues la recurrente alega que se ha declarado improcedente su demanda por una
supuesta indebida acumulación de pretensiones, sin tomar en cuenta que el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil, que regula la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, no impide que se puedan acumular pretensiones que guarden relación de conexidad con la pretensión principal, como sucede en el caso sub materia, en el que se demanda la nulidad de la sentencia recaida en un proceso de desalojo, siendo conexa la pretensión que se pueda solicitar accesoriamente la devolución del inmueble cuya desocupación fue ordenada; CONSIDERANDO: Primero.- Que, la resolución de vista ha confirmado la improcedencia de la demanda sustentándose en el inciso sexto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Civil, pues considera que existe una indebida acumulación de pretensiones al proponerse conjuntamente con la demanda sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, recaida en un proceso de desalojo, la restitución del inmueble del cual ha sido desalojada la recurrente, ya que esta última -la restitución- constituye una pretensión de naturaleza civil, frente a la pretensión principal de nulidad, que es de naturaleza procesal; Segundo.- Que, es efecto xxx xxxxxx de una demanda de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, reponer las cosas al estado que corresponde, según lo dispone con claridad el penúltimo párrafo del artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil; Tercero.- Que, en el caso de autos, a fojas diez, se ha aparejado a la demanda el acta de la diligencia de lanzamiento practicado al inmueble cuya restitución se solicita accesoriamente, de cuya lectura se advierte que ni la recurrente ni sus hijas aparecen como las personas que hayan sido desalojadas del bien, como se expone en el escrito de demanda, sino por el contrario únicamente el señor Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, persona con el cual la recurrente no ha acreditado la existencia del vínculo matrimonial, pues no se ha aparejado a la demanda la partida de matrimonio respectiva; Cuarto.- Que, en consecuencia, la pretensión accesoria que persigue la restitución del inmueble materia de desalojo no es acumulable al presente proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por no existir conexión lógica entre ambas pretensiones; Quinto.- Que, por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx mediante escrito de fojas ochentiuno, en consecuencia NO CASARON el auto de vista de fojas setenticuatro, su fecha treintiuno xx xxxx del dos mil; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos originados por la tramitación del recurso, así como una multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” en los seguidos por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx contra Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta y otro; y los devolvieron.-
S.S.
XXXXXXXXXX X.
XXXXXXX X.
XXXXXXXX X.
XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
fba
En los procesos sobre desalojo por ocupación precaria no se exige al demandado acreditar la propiedad sobre el inmueble, sino justificar su posesión y permanencia en el mismo en virtud de un título, en el presente caso siendo el demandado trabajador de la entidad demandante como lo admite en su escrito de demanda, y es en virtud de dicha calidad que éste legitimó su ingreso a la posesión del inmueble sub litis, su posterior permanencia luego de surgir la necesidad de la actora de ampliar sus instalaciones no convierte al demandado en precario, no resultando pertinente en ésta vía sumarísima determinar la naturaleza de las relaciones jurídicas entre ambas partes, evidenciándose legitimidad en la posesión que detenta el emplazado, pese a la condición de propietario que acredita la actora, se advierte que las sentencias de mérito han efectuado una interpretación errónea del artículo 911 del Código Civil conllevando la improcedencia de la demanda.
del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa dos mil cuatrocientos veintidós- dos mil dos; en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo x xxx, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, contra la sentencia de Vista de fojas ciento sesenta y seis, su fecha veintiuno xx xxxxx del dos mil dos, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara fundada la demanda;
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido el recurso de casación a fojas ciento setenta y seis, fue declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante resolución de fecha veintiocho xx xxxxxx del dos mil dos, por la causal contemplada en los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, denunciando que; a) la Sala de Vista ha efectuado la interpretación errónea del artículo novecientos once del Código Civil, que establece que la posesión precaria es la que se
ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, al señalar que la falta de consignación de arriendos convierte a su parte en ocupante precario; siendo la interpretación correcta de la norma sustantiva la que establece que la precariedad sólo se da cuando existe ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y disfrute del bien, es decir, cuando no se acredita con título alguno la posesión de un inmueble, lo que no sucede en el caso de autos, pues el recurrente ha presentado la constancia de trabajo que constituye título para ocupar el inmueble, siendo irrelevante si se paga o no alquileres, ya que esto no se contempla en el artículo novecientos once del Código Civil; y, b) la inaplicación de los artículos novecientos uno, novecientos dos, novecientos cinco, novecientos seis del Código Civil, concordantes con el artículo seiscientos sesenta del citado cuerpo normativo, pues el recurrente viene ejerciendo una posesión continua, sin interrupciones, transmitida de padre a hijo, con anuencia de la demandante; toda vez que, el primigenio poseedor en su condición de trabajador gozaba del uso y disfrute de la posesión; por tanto, se trata de una posesión adquirida de buena fe, prevista en el artículo novecientos cinco del Código Sustantivo;
CONSIDERANDO: Primero.- Que, en el presente caso la pretensión de desalojo por ocupación precaria interpuesta por la Municipalidad Distrital de San Xxxxxx respecto del inmueble sub judice contra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, ha sido amparada tanto por el A quo como por el A quem, al estimarse: a) que la condición de propietario de la actora se acredita con las Resoluciones Supremas números trescientos treinticuatro- setentitrés- VI de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos setenta y tres y doscientos cinco- setentisiete /VC- cuatro mil cuatrocientos de fecha primero de setiembre de mil novecientos setenta y siete, de fojas ocho y nueve respectivamente, y b) que la parte demandada no ha acreditado plenamente que la ocupación que ejerce en el predio se funde en título válido, ya que los recibos de fojas cuarenta y seis a fojas cien, no corresponden a arrendamiento alguno pues en ellos solamente aparece que el concepto de
pago es por fluido eléctrico; que, la consignación referida en el escrito de fojas diez, corresponde al mes de noviembre del año dos mil uno, esto es, con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda de desalojo; y, que además no se discute la condición laboral del demandado; Segundo.- Que, a tenor de lo dispuesto en el artículo novecientos once del Código Civil, ocupante precario es aquél que posee un bien sin tener título que justifique su posesión o cuando el que tenía ha fenecido, correspondiendo a la demandante acreditar en el proceso su titularidad sobre el bien, así como la ocupación del demandado, quién por su parte deberá acreditar la existencia de un título que justifique su posesión, como resulta de la concordancia con el artículo ciento noventa y seis del Código Procesal Civil; Tercero.- Que, en consecuencia, en los procesos seguidos sobre desalojo por ocupación precaria no se exige al demandado acreditar la propiedad sobre el inmueble, sino únicamente justificar su posesión y permanencia en el mismo en virtud a un título; Cuarto.- Que, conforme se ha establecido en las sentencias de mérito, y así también lo admite la actora en su escrito de demanda, el demandado es trabajador de la entidad edilicia, y es en virtud a dicha calidad que éste legitimó su ingreso a la posesión de parte del inmueble sub litis; Quinto.- Que, por tanto, la posterior permanencia del demandado en el inmueble, luego de surgir la necesidad de la actora de ampliar las instalaciones de la Planta de Transferencia o acopio de residuos sólidos el que comprende la vivienda del emplazado, no convierte en precario al recurrente; no resultando pertinente en esta vía sumarísima determinar la naturaleza de las relaciones jurídicas existentes entre el propietario y el ocupante del inmueble, y que autorizarían el derecho de uso a favor del demandado; Sexto.- Que, siendo así, evidenciándose legitimidad en la posesión que detenta el recurrente, pese a la condición de propietario que acredita el demandante, se advierte que las instancias de mérito al haber declarado precario al demandado han efectuado una interpretación errónea del artículo novecientos once del Código Civil, conllevando a que se declare la improcedencia de la demanda; Séptimo.- Que, en cuanto a la causal de
inaplicación de normas de derecho material, cabe mencionar, que ésta se entiende cuando el Juez deja de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar y que, de haberlo hecho, habrían determinado que las decisiones adoptadas en las sentencias fuesen diferentes de las acogidas; Octavo.- Que, los artículos novecientos uno y novecientos dos del Código Civil, determinan las formas de conservar la posesión, como es la tradición y sucesión de la misma; asimismo, los artículos novecientos cinco y novecientos seis del Código acotado, establecen las clases de posesión; inmediata y mediata; del mismo modo la posesión ilegítima y de buena fe, respectivamente; Noveno.- Que, las normas denunciadas son impertinentes al proceso submateria, toda vez que en un proceso de desalojo por ocupación precaria, la actividad probatoria está orientada a establecer si el demandado tiene o carece de justo título que ampare su posesión y que éste no haya fenecido, no guardando por tanto la pertinencia de su aplicación en la solución del presente conflicto de intereses, más aún si tales dispositivos legales no han sido objeto del debate contradictorio durante el desarrollo del proceso, si aunado a ello se tiene que establecer si el demandado es poseedor inmediato o mediato y si es ilegítima o de buena fe necesariamente implica un análisis de las pruebas que no es posible en sede de casación; Décimo.- Que, respecto a la inaplicación del artículo seiscientos sesenta del Código Civil, referido a que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores; tampoco se advierte su eficacia para la solución de la litis al no haberse fijado dicho aspecto como punto controvertido en el caso de autos y menos se ha estimado probado que el emplazado haya sido judicialmente declarado heredero en cuya virtud le asista derechos sobre el inmueble subjudice; Décimo Primero.- Que, en consecuencia verificándose la causal de interpretación errónea de una norma de derecho material previsto en el inciso primero del artículo trescientos ochenta y seis del Código Adjetivo y de
conformidad con el inciso primero del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil; declararon
FUNDADO el recurso de casación de fojas ciento setenta y uno, interpuesto por xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx; en consecuencia NULA la sentencia de Vista de fojas ciento sesenta y seis de fecha veintiuno xx xxxxx del dos mil dos y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas ciento veintisiete, su fecha veintiocho de febrero del dos mil dos, que declaró fundada la demanda de fojas dieciocho a veintidós y ordena que el demandado cumpla con desocupar el inmueble sub litis en el plazo de seis días, con costas y costos del proceso; con lo demás que contiene, y REFORMÁNDOLA declararon Improcedente la demanda interpuesta, sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por la Municipalidad Distrital de San Xxxxxx con Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron.-
SS.
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX
X. CH.
SUMILLA: REESTRUCTURACION PATRIMONIAL
Del análisis en conjunto de los párrafos que comprenden el artículo 17 del Decreto Supremo 014-99- ITINCI, se advierte la necesidad de protección de los bienes del deudor, impidiéndose la ejecución de las resoluciones o actos administrativos o judiciales que signifiquen la desposesión de tales bienes, en consecuencia cuando la norma dispone que procede la suspensión de la ejecución de las obligaciones de una empresa sometida a reestructuración patrimonial, ello no puede afectar las atribuciones de la autoridad judicial para continuar conociendo el proceso hasta emitir un pronunciamiento final de conformidad con el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, con la atingencia de que, recién en éste estado del proceso deberá ser suspendida cualquier medida de ejecución del patrimonio del deudor, siendo en consecuencia válida la prosecución del proceso judicial seguido contra los demandados, hasta que sea emitida la resolución con pronunciamiento sobre el fondo, hecho que es independiente de la suspensión de su ejecución, el cual deberá circunscribirse lo dispuesto en el último párrafo del artículo de la Ley de Reestructuración Patrimonial antes citada.
Mat: Obligación de Dar Suma de Dinero
Lima, dieciocho de enero del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA.- Vista, la causa número dos mil seiscientos dieciséis – dos mil uno; en la Audiencia Pública de la fecha; y producida la votación con arreglo x xxx, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco Santander – Sucursal Chiclayo contra la sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas cuatrocientos diecisiete, su fecha treintiuno xx xxxx del dos mil uno, que revoca la sentencia apelada de fojas trescientos sesentisiete, su fecha veintitrés xx xxxxx del dos mil uno, que declaró infundada la contradicción e improcedente la demanda ejecutiva sobre Obligación de Dar Suma de Dinero: FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- La Sala mediante ejecutoria de fecha dieciocho de setiembre del dos mil uno ha
declarado procedente el recurso por las causales de: a) interpretación errónea del artículo diecisiete del Decreto Supremo cero catorce – noventinueve – ITINCI, texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración Patrimonial, por cuanto la suspensión de los procesos judiciales que se siguen contra el insolvente no alcanzan a las etapas del proceso destinadas a determinar la existencia, orígen, titularidad, legitimidad o cuantía de los créditos frente al insolvente, los que deben continuar hasta que la resolución final quede consentida, ya que la suspensión no puede afectar las atribuciones de la autoridad judicial para continuar conociendo el proceso en trámite hasta emitir un pronunciamiento final; b) Inaplicación de los artículos diez y ochenticinco de la Ley de Títulos Valores número dieciseís mil quinientos ochentisiete, pues no se ha considerado que el aval queda obligado en forma solidaria frente al tenedor, y estando a la autonomía del aval, se le prohibe a éste oponer a su portador legítimo las excepciones personales del avalado; y c) inaplicación de los artículos séptimo y décimo del Decreto de Urgencia cero sesenticuatro – noventinueve, pues el primero de ellos, al remitirlos al primer y tercer párrafo del artículo ciento once del Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración Patrimonial y éste, a su vez, a los artículos dieciséis, diecisiete, cuarenticuatro, cuarentiocho y cincuentidós del mismo cuerpo normativo, deja establecido que la inexigibilidad de las obligaciones del insolvente no afecta la posibilidad de que sus acreedores puedan dirigirse contra el patrimonio de aquellos terceros que hubieran constituido garantía reales o personales a su favor; CONSIDERANDO: Primero.- Que, la sentencia de vista ha establecido como cuestión fáctica: a) que la ejecutada Grupi Sociedad Anónima ha sido sometida al proceso de Concurso Preventivo ante el INDECOPI previsto en el Decreto Supremo cero catorce-noventinueve-ITINCI, Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración Patrimonial, dentro del cual se ha reconocido el crédito del Banco Santander que es objeto de su demanda ejecutiva ascendente a cincuentidós mil ciento sesentitres punto setentiséis dólares americanos por concepto de capital, mil trescientos sesentiuno punto
nueve dólares americanos por concepto de intereses, y mil doscientos cincuentiséis punto sesentidós dólares americanos por concepto de gastos;
b) que las partes han suscrito el Acuerdo Global de Refinaciamiento según el cual ningún acreedor podrá ejecutar ninguna garantía real o personal y/o avales de terceros, por haber sido otorgadas por los miembros del mismo grupo empresarial; c) que los codemandados Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx y Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, se han acogido al procedimiento transitorio previsto en el Decreto de Urgencia cero sesenticuatro – noventinueve; Segundo.- Que, dentro del marco de protección legal del patrimonio de las empresas sometidas a los diferentes procesos previstos en la Ley de Reestructuración Patrimonial y demás normas conexas, el artículo diecisiete de la citada norma prevé la forma y supuestos en los cuales procede la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del insolvente, incluso en los procesos judiciales en trámite. Sin embargo, su último párrafo, es claro al precisar que tal suspensión no puede afectar las atribuciones de la autoridad judicial para continuar conociendo el proceso en trámite hasta emitir pronunciamiento final de conformidad con los principios y derechos de la acción jurisdiccional establecidos en el artículo ciento treintinueve de la Constitución Política del Perú, y que, sin perjuicio de ello, una vez emitido el pronunciamiento final, la autoridad que conoce del trámite deberá suspender cualquier medida de ejecución del patrimonio del deudor, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo dieciséis de la referida Ley; Tercero.- Que, en ese sentido, la Sala de vista incurre en error al citar e interpretar la pertinencia de la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones para el presente caso, reproduciendo aisladamente el sexto párrafo del cuestionado artículo diecisiete del Decreto Supremo cero catorce
– noventinueve – ITINCI, al considerar que el beneficio de la suspensión de los procesos judiciales si alcanza a este proceso en particular, por no estar destinado a determinar la existencia, orígen, tiltularidad, legitimidad o cuantia
de créditos. El supuesto citado por la Sala de vista constituye sólo uno de los casos previstos en el artículo diecisiete in comento; Cuarto.- Que, del análisis en conjunto de los párrafos que comprenden el artículo diecisiete del Decreto Supremo cero catorce – noventinueve – ITINCI, se advierte la necesidad de protección de los bienes del deudor, impidiéndose la ejecución de las resoluciones o actos administrativos o judiciales que signifiquen la desposesión de tales bienes; en consecuencia, cuando la norma dispone que procede la suspensión de la ejecución de las obligaciones de una empresa sometida a reestructuración patrimonial, ello no impide que los procesos judiciales en trámite sigan su curso hasta la obtención de una resolución final, con la atingencia de que, recién en ese estado, el proceso deberá ser suspendido; Quinto.- Que, en consecuencia, es válida la prosecución del presente proceso judicial seguido contrala empresa Grupi Sociedad Anónima, hasta que sea emitida la resolución final con pronunciamiento sobre el fondo, hecho que es independiente de de la suspensión de su ejecución, el cual deberá circunscribirse a lo dispuesto en el último párrafo del artículo diecisiete del Decreto Supremo cero catorce – noventinueve – ITINCI; Sexto.- Que, similar razonamiento es aplicable a los avalistas del pagaré suscrito por la empresa Grupi Sociedad Anónima, quienes se han sometido al proceso de Saneamiento y Fortalecimiento Patrimonial previsto en el Decreto de Urgencia cero sesenticuatro – noventinueve y que, por tal hecho, pretenden la suspensión del proceso judicial iniciado en su contra, sin considerar que el artículo séptimo del citado dispositivo legal inaplicado por la Sala de vista establece también limites para la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones remitiéndonos al primer y tercer párrafos del artículo ciento once del Decreto Supremo cero catorce – noventinueve – ITINCI y éstos, a su vez, al artículo diecisiete del mismo cuerpo normativo ya comentado, po lo que también debe concluírse que, respecto de aquellos, no opera la suspensión del presente proceso, sino hasta la ejecución del fallo definitivo; Séptimo.- Que, al no encontrarse en discusión el reconocimiento de los créditos a favor del Banco recurrente ni su pertenencia a la Junta de
Acreedores del insolvente, carece de objeto la aplicación del artículo décimo del Decreto Supremo cero catorce – noventinueve – ITINCI que se solicita; Octavo: Que, de otro lado, la obligación solidaria asumida por los avalistas codemandados frente al Banco ejecutante no ha sido desconocida por la sentencia de vista pues no se advierte que aquellla los exima de sus responsabilidades ni tampoco que desconozca el derecho del tenedor legítlmo de accionar contra aquellos, por lo que no resulta pertinente la aplicación del artículo décimo de la Ley de Títulos Valores número dieciséis mil quinientos ochentisiete; Noveno: Que, la prohibición contenida en la parte in fine del artículo ochenticinco de la Ley de Titulos Valores antes mencionada por la cual el avalista no puede oponer al portador del pagaré las excepciones personales de su avalado, tampoco es aplicable al presente caso, pues no se advierte que los avalistas hayan deducido excepciones cuyo ejercicio importe únicamente a la ejecutada principal Grupi Sociedad Anónima; Décimo: Que, siendo así concluye esta Sala Suprema que la Sala de vista ha interpretado erróneamente el artículo diecisiete del Decreto Supremo cero catorce – noventinueve – ITINCI e inaplicado el artículo séptimo del Decreto de Urgencia cero sesenticuatro – noventinueve, corresponde emitir sentencia conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, por estas consideraciones: declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas cuatrocientos ventidós, interpuesto por el Banco Santander - Suc Chiclayo, NULA la resolución de vista de fojas cuatrocientos diecisiete; y actuando como sede de instancia, CONFIRMARON la apelada de fojas trescientos sesentisiete, su fecha veintitrés xx xxxxx del dos mil uno, que declara infundada la contradicción de fojas doscientos cuarentiséis y fundada la demanda de fojas diecisiete a veintiuno, con lo demás que contiene; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, en los seguidos por Banco Santander – Sucursal Chiclayo con Empresa Grupi Sociedad Anónima y otros, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron.-
X.X XXXXXXXXXX X. XXXXXXXX X. XXXXXXX X. XXXXXX X. XXXXXXXXXXX X.
CASACIÓN 2624-2001 CANCHIS-SICUANI
SUMILLA: MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA.
Es doctrinalmente defectuosa la Sentencia que fundamenta su decisión en una Norma procesal y no sustantiva es decir una Norma que no reconoce un derecho o impone una obligación entre las personas sino que establece los requisitos y reglas que se deben observar para activar la potestad jurisdiccional del Estado. No existe relación entre el contenido de la Norma invocada y lo decidido en la Sentencia, lo
Lima, dieciséis de enero del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA, vista la causa número dos mil seiscientos veinticuatro – dos mil uno, con los acompañados; en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo x Xxx emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del Recurso de Casación interpuesto por Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx y otros, contra la sentencia emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Canchis - Sicuani, de fojas cuatrocientos treintidós, su fecha treintiuno xx xxxx del dos mil uno, que confirmando la apelada de fojas trescientos noventa, su fecha siete de diciembre del dos mil declaró fundada en parte la demanda de prorrateo; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el Recurso de Casación fue declarado procedente por resolución de fecha dieciocho de setiembre del dos mil uno, por la causal de contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso sustentada en que la sentencia de vista carece de fundamentos de hecho y de derecho que sustenten su decisión confirmatoria, resaltando una sustentación aparente, sin precisar los derechos que le corresponden a los recurrentes y que están estudiando, en forma exitosa, en la Universidad mientras que los dos menores vienen cursando estudios escolares; luego, la
sentencia compara a los dos alimentistas, declarando que se debe considerar el interés superior del niño y la defensa de sus derechos, obviando el interés y derecho de los menores Xxxxxx y Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, quienes deben de gozar de la misma prerrogativa que los dos alimentistas, a efectos de determinar el prorrateo de los alimentos; asimismo, indica que no procede que se cite el artículo quinientos setenta del Código Procesal Civil debido a que esta norma, de carácter procesal, solo establece los requisitos y reglas que deben observarse para activar el Órgano Jurisdiccional y no resuelve la controversia, por lo que se ha transgredido lo establecido por el inciso quinto del artículo ciento treintinueve de la Constitución, el artículo doce de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso tercero del artículo ciento veintidós del Código adjetivo; CONSIDERANDO: Primero.- Que, el inciso quinto del artículo ciento treintinueve de la Carta Magna vigente establece que es principio y derecho de la función jurisdiccional: la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan; en concordancia, con lo dispuesto por el artículo doce de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual todas las resoluciones judiciales deben ser debidamente motivadas con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho que la sustentan; Segundo.- Que, la parte final del artículo ciento veintiuno del Código Procesal Civil, establece que mediante la sentencia, el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal; Tercero.- Que, asimismo el inciso tercero del artículo ciento veintidós del Código acotado dispone que la resolución debe contener la relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho; asimismo, el inciso cuarto del mencionado artículo, establece que la resolución contendrá la expresión
xxxxx y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; Cuarto.- Que, la última parte del artículo doce de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Superior puede reproducir, en todo o en parte, los argumentos de la apelada, al absolver el grado; Quinto.- Que, en consecuencia, la motivación de la sentencia es una garantía constitucional, que posee todo justiciable y que le permite tener pleno y absoluto conocimiento de las razones que justifican la decisión adoptada por los magistrados; Sexto.- Que, en el caso de autos, la sentencia de vista confirma la apelada, pero en sus considerandos, no expresan las razones fácticas por las que confirma la sentencia del A Quo sino que se limita a describir dos hechos del proceso, los cuales no analiza; Sétimo.- Que, además, respecto a la sustentación jurídica, el A Quem emplea la norma prevista en el artículo octavo del Título Preliminar del Código del Niño y Adolescente, según el cual, en toda medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el interés superior del niño y adolescente y el respeto a sus derechos; Octavo.- Que, sin embargo, a pesar de invocar la norma antes aludida, no establece, de manera clara y precisa, el nexo causal entre esta norma y la sentencia confirmatoria que esta expidiendo; Noveno.- Que, el Colegiado también sustenta su fallo en el artículo quinientos sesenta del Código Procesal Civil, la cual establece que: “Cuando se demanda el prorrateo de alimentos, corresponde conocer del proceso al Juez que realizó el primer emplazamiento; mientras se tramita el proceso de prorrateo, el Juez puede señalar provisionalmente, a pedido de parte, las porciones que debe percibir cada demandante de la renta afectada”; Décimo.- Que, si bien es cierto que la norma antes aludida e invocada por la Sala, en la sentencia de vista, es pertinente para el caso de autos, no puede, independientemente, sustentar la resolución confirmatoria debido a que es una norma procesal y no sustantiva, esto es, que la disposición jurídica aludida no reconoce un derecho o impone
una obligación entre las personas sino que establece los requisitos y reglas que se deben observar para activar la potestad jurisdiccional del Estado; Décimo Primero.- Que, doctrinalmente, la defectuosa motivación de la sentencia encuentra tres vicios: las motivaciones aparente, insuficiente y defectuosa en sentido estricto (El Razonamiento Judicial; Xxxxx X. Xxxxxxxx; Academia de la Magistratura; junio de mil novecientos noventisiete); con lo expuesto por el Fiscal Supremo en lo Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas cuatrocientos cuarentiuno; y en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas cuatrocientos treintidós, su fecha treintiuno xx xxxx del dos mil uno; MANDARON que la Sala Mixta de Canchis - Sicuani expida nuevo fallo con arreglo x Xxx; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial ”El Peruano”; en los seguidos por Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx y otros con Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx y otras; sobre Prorrateo de Alimentos; y los devolvieron.-
S.S.
XXXXXXXXXX X.
XXXXXXXX X.
XXXXXXX X.
XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
gzg
CASACION 2670 - 2001 CALLAO
SUMILLA: CONFIRMACION DE LOS ACTOS JURIDICOS
Es infundada la casación contra la sentencia de vista que desestimó la demanda de anulabilidad de compraventa aduciendo vicios resultantes del error, dolo, violencia e intimidación y porque el representante carecía de las facultades para transferir propiedad de la demandada. Resulta extraño al derecho que habiendo pactado el precio y la consiguiente toma de posesión del inmueble, el comprador demande la nulidad por hechos ajenos a la libre disposición del propietario, si bien es cierto el representante no tenía poder para celebrar el contrato, dicha facultad fue ratificada por la demandada al otorgarle poder a dicho representante de acuerdo a la copia literal presentada por el accionante y la emplazada al contestar la demanda; más aún si la demandada no solo no ha interpuesto acción de anulación que le correspondería, sino que ella y la demandante han ejecutado el contrato en forma total y en este caso la demandada al confirmar la compraventa, ha puesto claramente de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad.
del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Vista la causa número dos mil seiscientos setenta - dos mil uno, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo x Xxx, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, mediante escrito de fojas ciento sesenta y uno, contra la sentencia de vista emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas ciento cincuenta y tres, su fecha veintisiete xx xxxxx del dos mil uno, que revocando la apelada y reformándola declaró infundada la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, concedido el recurso de casación a fojas ciento setentidós, fue declarado procedente por resolución del veinticinco de octubre del dos mil uno, por la causal contemplada en el inciso segundo del articulo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil,
sustentada en la inaplicación de los artículos setentiséis, mil noventiséis, mil noventiocho, mil ciento diecisiete, mil ciento dieciocho inciso primero, mil ciento diecinueve, mil ciento veintiuno, mil ciento veintidós, doscientos veinticuatro y mil cuatrocientos treintidós del Código Civil; CONSIDERANDO: Primero.- Que, la recurrente en casación, demanda la anulabilidad del contrato de compraventa que celebró con la demandada aduciendo vicios resultantes del error, dolo, violencia e intimidación y porque al celebrarse el contrato el señor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx carecía de poder de la demandada para realizar cualquier acto de la transferencia de la propiedad, por lo que la parte demandada empleó el dolo, al conducir al demandante a suscribir el contrato materia de anulación; Segundo.- Que, luego de analizar la sentencia de vista, objeto del recurso de casación, se ha llegado a la conclusión de que las partes suscribieron un contrato de compraventa en noviembre de mil novecientos noventicinco y que la demandada adquirió la propiedad del inmueble objeto de litis, en diciembre de mil novecientos noventitrés, de su anterior y legítima propietaria registral, la Asociación pro Vivienda Xxxxxx Xxxx; Además, se ha logrado determinar que la recurrente está en posesión del inmueble objeto de la compraventa; En consecuencia, resulta extraño al derecho que, habiendo pactado el precio y la consiguiente toma de posesión del inmueble, el comprador demande la nulidad por hechos ajenos a la libre disposición del propietario; Tercero.- Que, basándonos en estos argumentos, se puede establecer que no ha habido error, dolo, violencia o intimidación, porque la vendedora acreditó su derecho de propiedad respecto del inmueble sublitis, con la presentación de la escritura pública de compraventa de diciembre de mil novecientos noventitrés, antes aludida; Sino que, también, la
demandada suscribió el contrato de compraventa con la recurrente, fijando precio y la forma de pago, y le otorgó la posesión del inmueble. Cuarto.- Que, a mayor abundamiento, si bien es cierto que al momento de la celebración del contrato xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx no tenía poder de la entidad demandada para celebrar contrato de compraventa, posteriormente sí se le otorgó dicha facultad de acuerdo con la copia literal del registro de personas jurídicas, presentado por la propia actora que corre a fojas sesentiuno y la demandada al contestar la demanda ha ratificado el contrato de compraventa que celebró con la recurrente. Quinto.- Que, los artículos doscientos treinta y doscientos treintiuno del Código Civil permiten la confirmación del acto jurídico en el caso de la anulabilidad del mismo y la Caja de Pensiones Militar y Policial, no sólo no ha interpuesto acción de anulación que le correspondería, sino que ella y la recurrente han ejecutado el contrato en forma total y en este caso la Caja al confirmar la compraventa, ha expuesto claramente de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad; Sexto.- Que, no siendo anulable el contrato de compraventa, por haber sido confirmado por la vendedora, los artículos invocados referidos a la hipoteca no resultan aplicables, porque tratándose de una hipoteca legal cuando se otorgue la escritura pública correspondiente y se inscriba en los Registros Públicos, la hipoteca surtirá todos sus efectos; Sétimo.- Que, tampoco resulta de aplicación el artículo mil cuatrocientos treintidós del Código Civil, porque no se trata de una prestación imposible, por cuanto el contrato de compraventa ha sido confirmado por la vendedora; Octavo.- Que, por las razones expuestas y no presentándose la causal contemplada en el inciso segundo del articulo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, y aplicando el
artículo trescientos noventiocho del Código Adjetivo, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, a fojas ciento sesenta y uno; En consecuencia, NO CASAR la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta y tres, su fecha veintisiete xx xxxxx del dos mil uno; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso, así como a la multa de una Unidad de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial «El Peruano»; en los seguidos por Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx con la Caja de Pensiones Militar Policial, sobre Nulidad de Contrato y otro; y los devolvieron.-
S.S.
XXXXXXXX X.
XXXXXXXX X.
XXXXXXX X.
XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
gzg
SUMILLA: APLICACIÓN DE LA NORMA JURIDICA PERTINENTE
Que si bien el actor no ha fundamentado jurídicamente el extremo de la pretensión indemnizatoria, tal circunstancia no exime al Juzgador a aplicar la norma jurídica pertinente en aplicación del artículo septimo del Título Preliminar del Código Civil; por lo que la sentencia apelada confirmada por la sentencia de vista, es insubsistente.
Lima, dieciocho de febrero del dos mil dos .-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, Vista la causa el día de la fecha, con el acompañado y producida la votación correspondiente de acuerdo x xxx, emiten la siguiente sentencia;
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fojas mil veintidós interpuesto por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx contra la sentencia de vista de fojas mil seis, su fecha veinte xx xxxxx del dos mil uno, expedida por la Sala Mixta de Ucayali, que confirmando la sentencia recurrida, declara fundada en parte la demanda respecto de la escritura pública número trescientos dieciocho; infundada en el extremo que demanda la nulidad de la escritura pública número setecientos cuarenta, e infundada la pretensión de indemnización por daños y perjuicios y restitución del bien, así como la demanda reconvencional de indemnización por daños y perjuicios; FUNDAMENTOS: La Sala, mediante auto de fecha quince de octubre del dos mil uno, declaró procedente dicho recurso por la causal prevista en el inciso segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, inaplicacion del artículo mil novecientos sesentinueve y mil novecientos ochentitrés del Código Civil; que, al haberse declarado fundada la demanda de nulidad de acto jurídico, resulta lógico que debe aplicarse una indemnización, en concordancia con el artículo doscientos once del Código Civil;
CONSIDERANDO: PRIMERO. Que, por recurso de fojas quince, subsanada a fojas veintiseís; el actor demanda Nulidad de la escritura pública número trescientos dieciocho del primero de diciembre de mil novecientos ochentinueve y el acto jurídico que lo contiene, por el cual los demandados Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx y esposa, a quienes los demandantes habían albergado en una parte del inmueble de su propiedad sito en lote uno de la Manzana O del Asentamiento Humano once de Julio; Provincia de Pucallpa; falsificando la firma de los demandantes, simulan una venta por cincuentinueve metros cuadrados con cinco centimetros de dicho inmueble a su favor e inscriben dicha transferencia en los registros de la propiedad inmueble. Posteriormente con ese título fraudulento mediante escritura pública número setecientos cuarenta de fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventicuatro, lo venden a las co demandadas Xxxx y Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, e inscriben su derecho en la ficha cero cuarenticuatro doce del Registro de la Propiedad Inmueble xx Xxxxxxx Xxxxxxxx. Actos jurídicos cuya nulidad solicita, acumulativamente demanda restitución del predio e indemnización por los daños y perjuicios ocasionados; SEGUNDO: Que, el A quo, al dictar la sentencia de fojas novecientos cuarenticuatro, declara fundada en parte la demanda, amparando la pretensión de nulidad de la escritura pública número trescientos dieciocho de fecha primero de Diciembre de mil novecientos ochentinueve, disponiendo la cancelación del asiento donde se registró; las demás pretensiones las declara infundadas. Sentencia que por sus propios fundamentos fue confirmada por la Sala Civil al absolver el grado; TERCERO: Que, el presente recurso casatorio, ha sido declarado procedente respecto de la pretensión indemnizatoria solicitada por los accionantes, habiendo quedado firmes las demás pretensiones; CUARTO: Que, el A quo, al sentenciar la causa desestima dicho extremo, señalando que el accionante no ha invocado fundamento jurídico alguno y no ha acreditado los daños; sentencia que es confirmada por el A quem, al absolver el grado, sin haberse pronunciado de manera expresa al respecto; QUINTO: Que, el fin esencial del proceso, es restablecer el imperio del
derecho y de la justicia por encima de lo que las partes sustenten en los fundamentos jurídicos y sus pretensiones, ya que en aplicación del principio iura novit curia, los jueces no están obligados a acoger el error en la premisa mayor del silogismo judicial motivado por la defectuosa subsunción del derecho invocado por las partes; SEXTO: Que, la ratio legis de esta norma, ilumina ciertamente la interpretación jurídica, cuando hay penumbra en la hermenéutica del caso sub judice; que se realiza a través de dos funciones a) supletoria, cuando las partes han omitido de plano, los fundamentos jurídicos en que sustentan su demanda y eventualmente los demás actos postulatorios del proceso, b) correctora, el juez aplica la norma jurídica pertinente; SEPTIMO Que, en materia de responsabilidad civil el código sustantivo, adopta la teoría de la responsabilidad subjetiva; esto es, se está obligado a indemnizar únicamente los daños ocasionados por los actos dolosos (llevado a cabo con intención y voluntad de causar daño) y culposos (producidos por negligencia, imprudencia o impericia); debiendo observarse ciertos elementos: a) que exista una responsabilidad civil por acto ilícito; b) que la infracción sea imputable al agente que causó el daño por dolo o culpa; y, c) que haya causado un daño indemnizable; OCTAVO: Que, si bien el actor no ha fundamentado jurídicamente el extremo de la pretensión indemnizatoria; sin embargo en aplicación del artículo séptimo del Título Preliminar del Código Civil tal circunstancia no exime al Juzgador a aplicar la norma jurídica pertinente; esto es el artículo mil novecientos sesentinueve del Código Civil, que sanciona con indemnización a aquél, que por dolo o culpa cause un daño a otro; NOVENO: Que, estando a los considerandos precedentes, cabe amparar el recurso de casación por inaplicación de la norma denunciada; a efecto de garantizar el principio de la doble instancia previsto en el inciso sexto del artículo ciento treintinueve de la Constitución del Estado, por lo que debe procederse al reenvío, a efectos que el A quo, se pronuncie sobre el extremo indemnizatorio, por cuanto la Sala no puede apreciar la prueba que se denegó por no haberse fijado la norma legal, impidiendo un pronunciamiento
sobre el fondo de esta materia, por las consideraciones expuestas; declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas mil veintidós, interpuesto por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx; en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas mil séis su fecha veinte xx xxxxx del dos mil uno; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas novecientos cuarenticuatro, su fecha veintiocho de febrero del dos mil uno; MANDARON que el Juez de la causa expida nueva resolución teniendo presente lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx y otra con Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx y otros, sobre Nulidad de Escritura Pública y otros; y los devolvieron.-
X.X XXXXXXXXXX X. XXXXXXX X. XXXXXXXX X. XXXXXX X. XXXXXXXXXXX X.
fba
CAS 2830-2001 LIMA
La finalidad de todo proceso es resolver un conflicto de interés con relevancia jurídica, de conformidad con el Artículo 3º del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez de la Causa estaba facultado, de acuerdo al artículo 194º del citado Cuerpo xx Xxxxx, para ordenar la actuación de una inspección judicial para determinar en los hechos cuál es el inmueble hipotecado y si se trata de un predio de sociedad del Estado. Al no haber procedido así se ha incurrido en Causa que da lugar a la Nulidad de la Sentencia
TERCERIA
Lima, veintiocho de enero del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA vista la causa dos mil ochocientos treinta - dos mil uno, con los acompañados, en audiencia pública el día de la fecha y producida la votación con arreglo x xxx emiten la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación contra la sentencia de vista de fojas doscientos cinco, su fecha veintisiete xx Xxxxx del dos mil uno, que confirmando la apelada de fojas ciento cincuentinueve, fechada el dieciocho de Octubre del dos mil, declara Improcedente la demanda de Tercería de Propiedad; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha primero de Octubre del dos mil uno ha estimado procedente el recurso por la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso contenidas en los artículos primero y tercero del Título Preliminar y ciento noventicuatro del Código Procesal Civil y ciento treintinueve inciso tercero de la Constitución Política del Perú; sosteniendo la recurrente: a) que se pretende rematar el inmueble con frente a las parcelas dos y tres de propiedad del Estado, que constituye zona arqueológica y que nunca ha sido ni puede ser constituido en hipoteca
por su misma condición de Patrimonio Cultural de la Nación, prescindiéndose así de la norma y forma establecidas por leyes especiales, máxime cuando el Banco Continental ha reconocido su error al allanarse a la demanda; b) que el Banco en su condición de accionante ha solicitado en el proceso de Ejecución de Garantía la respectiva corrección a lo cual el Juez de la causa señala que al expedirse el auto de remate donde consta la orden de embargo sobre el terreno subjudice, no se ha incurrido en error procesal alguno, susceptible de corrección, toda vez que la descripción del inmueble materia de la subasta se ha efectuado con arreglo a lo peticionado por el ejecutante al interponer la demanda, por lo que este pedido es declarado improcedente, en consecuencia la resolución del auto de remate lesiona los intereses del Estado; c) que tampoco se ha ordenado en autos con la facultad de oficio que confiere el artículo ciento noventicuatro del Código adjetivo una inspección judicial para determinar físicamente cuál es el lote hipotecado y corroborar la afirmación vertida por el propio ejecutante, en el sentido de corregir el error material cuya existencia es evidente y se proceda a subsanarlos de acuerdo x Xxx; y, d) que la Sala de mérito no ha recogido lo opinado por la Tercera Fiscalía Superior Civil de Lima en su Dictamen de fecha veintisiete xx Xxxxx del dos mil uno, opinando que se revoque la resolución apelada y reformándola se declare fundada la demanda de autos; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que del análisis del proceso acompañado fluye que el Banco Continental a través de su demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria pretende de Ejecutores Sociedad Anónima, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx y Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx el pago de trescientos sesentiocho mil cuatrocientos veintitrés nuevos soles con ochenta céntimos bajo apercibimiento de procederse al remate del inmueble ubicado con frente a las parcelas dos y tres de la Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx Xxxx, con un área superficial de cinco hectáreas con tres mil veinticinco metros cuadrados; en mérito a la hipoteca constituida por Ejecutores Sociedad Anónima en favor del Banco para garantizar las obligaciones de Ejecutores Sociedad Anónima con aquel,
extendida en Escritura Pública del veinticuatro de Diciembre de mil novecientos noventidós, debidamente inscrita en la Ficha ochentiuno cero veintidós del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima; la misma que fuera ampliada y modificada mediante Escritura Pública del veintidós de noviembre de mil novecientos noventicuatro, inscrita en la citada Ficha; SEGUNDO.- Que en virtud a dicho petitorio se dictó el mandato de pago en los mismos términos a fojas cuarentinueve del acompañado; igualmente la demanda fue amparada tanto en Primera como en la Segunda Instancia, y con esas mismas especificaciones se expidió la orden de remate en Primera Convocatoria mediante resolución del tres de Setiembre de mil novecientos noventinueve, obrante a fojas cuatrocientos ochentidós del acompañado, esto es, “... procédase al REMATE del inmueble constituido por el terreno con frente a las Parcelas dos y tres de la Urbanización Lotización Fundo Mamacona, Distrito xx Xxxxx, Provincia y Departamento de Lima, cuya características y descripción corren INSCRITAS en la Ficha ochentiuno cero veintidós del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima...”; TERCERO.- Que el inmueble ubicado con frente a las Parcelas dos y tres, de acuerdo al Plano de División del Fundo Mamacona presentado a fojas siete por el tercerista es la Zona Arqueológica de Pachacamác, tal como lo reconoce el mismo Banco Continental en su escrito de allanamiento a la demanda, inmueble que se encuentra debidamente inscrito en la Ficha ochentiuno ocho treintiséis del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima; por tanto puede estimarse que efectivamente se está ordenando el remate de un bien con calidad de Patrimonio Cultural de la Nación de propiedad del Estado protegido por la Constitución Política del Perú y las Leyes veinticuatro mil cuarentisiete, veinticuatro mil ciento noventitrés y Decretos Supremos dieciséis - ochenticinco - PCM, y cero diecisiete - noventiocho - PCM; CUARTO.- Que sin embargo, puede advertirse también que tanto las Escrituras Públicas de Constitución, Ampliación y Modificación de la Hipoteca, así como la demanda de Ejecución de Garantía, el mandato de pago y la orden de remate en Primera Convocatoria se remiten a la Ficha
Registral ochentiuno cero veintidós; y, examinada ésta, el inmueble que allí aparece inscrito consiste en la Parcela tres, de cinco hectáreas tres mil veinticinco metros cuadrados, esto es, distinto a la indicación expresada en la Cláusula Décimo Tercera del referido Testimonio de Constitución de Garantía Hipotecaria Primera en el sentido de que el inmueble hipotecado se encuentra ubicado con frente a las parcelas dos y tres; QUINTO.- Que en tal virtud, lo que existe es una falta total de identificación plena del inmueble hipotecado, cuyo remate ya ha sido ordenado en el proceso cuestionado; toda vez que bien puede tratarse del inmueble de propiedad del Estado por cuyo motivo ha sido planteada la presente demanda de Tercería o uno distinto a él; máxime si para agravar aún más la falta de individualización precisa del inmueble hipotecado, de la cláusula Primera del Testimonio de Ampliación y Modificación de Garantía Hipotecaria de autos se observa que los contratantes ahora indican que el inmueble objeto de la garantía está constituido por las parcelas dos y tres, ya no es el ubicado frente a las parcelas dos y tres, sino las mismas parcelas dos y tres; SEXTO.- Que por consiguiente, estando a que la finalidad concreta de todo proceso es resolver un conflicto de intereses con relevancia jurídica, de conformidad con el artículo tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez de la causa estaba facultado, de acuerdo al artículo ciento noventicuatro del citado Cuerpo xx Xxxxx, para ordenar la actuación de una Inspección Judicial y determinar en los hechos cuál es el inmueble hipotecado y si éste se trata del predio de propiedad del Estado; mas no procede a sentenciar sin todos los medios probatorios indispensables para crear convicción sobre la fundabilidad o no de la demanda; afectándose así el derecho a un debido proceso; SETIMO; Que en consecuencia, se ha configurado la causal denunciada, habiendo lugar a casar la sentencia de vista así como la apelada, de conformidad con el numeral dos punto tres inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil y disponer se dicte nueva sentencia previa realización de una Inspección Judicial a efectos de determinar la identidad del predio materia de remate; estando a las
consideraciones que preceden, con lo expuesto por el Dictamen Fiscal: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas doscientos cinco, su fecha veintisiete xx Xxxxx del dos mil uno; e INSUBSISTENTE la apelada de fojas ciento cincuentinueve, fechada el dieciocho de Octubre del dos mil que declara Improcedente la demanda de Tercería de Propiedad;
DISPUSIERON que el Juez de la causa dicte nueva sentencia previa practica de una Inspección Judicial conforme se precisa en el sexto y sétimo considerando, ORDENARON que la presente resolución sea publicada en el diario oficial “El Peruano; en los seguidos por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación con el Banco Continental y otros; sobre Tercería Excluyente de Dominio; y los devolvieron.-
S.S.
XXXXXXXXXX X.
XXXXXXX X.
XXXXXXXX X.
XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
gzg
LIMA
SUMILLA: INDIVISIBILIDAD DE LA HIPOTECA
Teniendo en cuenta que las hipotecas se extienden a todas las partes integrantes del bien hipotecado, salvo pacto en contrario y que en caso de autos se hipotecó la totalidad del bien materia de compraventa, corresponde determinar si la empresa demandante fue perjudicada al no haber sido emplazada en el proceso de nulidad de acto jurídico, impidiéndose ejercer su derecho de defensa; al ampararse la demanda en parte y ordenarse que se otorgue Escritura Publica a favor del demandante (en el proceso cuestionado) respecto de una parte del bien hipotecado, pone en peligro la acreencia hipotecaria de la empresa ahora demandante al recaer sobre la totalidad del bien inmueble, tanto más que las hipotecas son indivisibles, por lo que la sentencia de vista deviene en nula.
NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA
Lima, dieciséis de enero
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Vista la causa número dos mil ochocientos treintiséis - dos mil uno; con los acompañados, en audiencia pública de la fecha, y producida la votación con arreglo x xxx, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la Empresa Xxxx Xxxx Sociedad Anónima contra la sentencia de vista de fojas quinientos treintidós, su fecha veintiocho xx xxxxx del dos mil uno, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que desaprobando la sentencia apelada de fojas cuatrocientos cincuentidós, del veintinueve de diciembre del dos mil, declara improcedente la demanda interpuesta; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de esta Sala del once de octubre del año próximo pasado, se declaró procedente dicho recurso, por la causal prevista en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, expresándose la Sala de mérito al
desaprobar la sentencia consultada y declarar improcedente la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta por Xxxx Xxxx Sociedad Anónima ha efectuado un singular análisis del expediente materia de nulidad que lo perjudica, pues en dicho proceso se ha incurrido en fraude, o colusión previsto en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil, al no haber sido emplazado con arreglo x xxx, no obstante tener la calidad de acreedor hipotecario y haber intervenido en la escritura pública de aclaración, confirmación, ratificación, consolidación y convalidación del veinte de setiembre de mil novecientos noventiuno, la misma que ha sido declarada judicialmente nula en un proceso seguido a sus espaldas, privándole con ello del derecho de defensa y a un debido proceso; CONSIDERANDO: Primero.- Que, en principio es de observarse que el párrafo segundo del artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil establece que puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno que se consideren directamente agraviados por la sentencia, en consecuencia es necesario que para que una acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta sea declarada fundada debe existir un perjuicio latente en contra de quién se considere afectado, que es lo que corresponde determinar en el presente caso; Segundo.- Que, la empresa ahora demandante considera que en el proceso de nulidad de acto jurídico contenido en la Escritura Pública de aclaración, confirmación, ratificación, consolidación y convalidación de la Escritura Pública de compraventa otorgada por la Sucesión Xxxxxxxxx Diez Xxxxxxx a favor de la Inmobiliaria Constructora Gedy Sociedad Anónima, de fecha veinte de
setiembre de mil novecientos noventiuno, obrante de fojas sesentidós a setentidós, se ha visto perjudicado al no haber sido emplazado, a pesar de ser acreedor hipotecario del inmueble materia de compraventa; Tercero.- Que, al respecto cabe mencionar por un lado que en la referida Escritura Pública se establece en la cláusula tercera, literal E, que sobre el inmueble materia de compraventa pesa una hipoteca ampliada, la cual fuera suscrita por xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx a favor del Banco Unión e inscrita en el Asiento sesenticinco de fojas trescientos cuarenticinco del Tomo mil doscientos cuarentinueve del Registro de Propiedad Inmueble de Lima con fecha doce de noviembre de mil novecientos sesenticuatro, siendo que dicha hipoteca fuera materia de sucesivas cesiones y derechos con tracto sucesivo hasta llegar a su actual acreedora hipotecaria la firma Xxxx Xxxx Sociedad Anónima, esto es la empresa ahora demandante; Cuarto.- Que, de otro lado Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, demandante en el proceso de nulidad de acto jurídico, sostiene en su escrito de demanda, obrante en el acompañado a fojas ochentitrés, que adquirió la tienda ciento tres del bien materia de ompraventa, con fecha xxxx xx xxxx de mil novecientos sesenticinco; es decir, con fecha posterior a la inscripción en el registro del contrato de ampliación de hipoteca, respecto de la cual es titular la ahora demandante; Quinto.- Que, de lo antes establecido se extrae que no existe discusión en lo concerniente a que sobre el bien inmueble materia de compraventa pesa una hipoteca a favor de la empresa recurrente, la cual fue inscrita con anterioridad a la supuesta compra realizada por Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx; Sexto.- Que, teniendo en cuenta que las hipotecas se extienden a todas las partes integrantes del bien hipotecado, salvo pacto en contrario y que en el caso de autos se hipotecó la totalidad del bien materia de compraventa, corresponde determinar si la empresa recurrente fue perjudicada al no haber sido emplazada en el proceso de nulidad de acto jurídico, impidiéndosele ejercer su derecho de defensa; Sétimo.- Que, la sentencia de vista de fecha veintinueve xx xxxx de mil novecientos noventiséis, obrante a fojas doscientos noventicinco a trescientos ocho en el expediente de nulidad de acto jurídico, al declarar fundada en parte la demanda interpuesta y ordenar que la sucesión de Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx otorgue Escritura Pública de compraventa a favor de Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, respecto de una parte del bien hipotecado, esto es la tienda ciento tres, pone en peligro la acreencia hipotecaria de la empresa ahora demandante al recaer sobre la totalidad del bien inmueble, tanto más que las hipotecas son indivisibles; Octavo.- Que, en consecuencia la Empresa Xxxx Xxxx Sociedad Anónima debió ser incluida en el proceso de nulidad de acto jurídico; y con lo expuesto por el Señor Fiscal Supremo: declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas quinientos cuarentisiete, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas quinientos treintidós, su fecha veintiocho xx xxxxx del dos mil uno; ORDENARON que la Sala expida nuevo fallo con arreglo x xxx; DIPUSIERON
se publique la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos por Xxxx Xxxx Sociedad Anónima con el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Poder Judicial y otro, sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron.-
S.S.
XXXXXXX X.
XXXXXXXX X.
XXXXXXX X.
XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
Cgb
CHINCHA
SUMILLA: ESTADO DE CUENTA DEL SALDO DEUDOR
La ejecución de garantías es una acción estrictamente formal, que requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 720 del Código Procesal, que exige al ejecutante anexar a la demanda el documento que contiene a la garantía y el estado de cuenta de saldo deudor, en el caso de autos, el demandante presentó la cuenta del obligado principal y no del fiador solidario, lo cual no implica un incumplimiento de la norma antes citada; en consecuencia la resolución de vista deviene en nula por contravenir las normas del debido proceso.
Lima, veintiuno de enero
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Vista la causa número dos mil ochocientos setentiocho - dos mil uno, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo x xxx; emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Banco de Crédito del Perú contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos cuarentitrés, su fecha seis de julio del dos mil uno, expedida por la Sala Mixta de Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declara nula la resolución apelada de fojas cuatrocientos dos a cuatrocientos cuatro, signada con el número seis, de fecha dieciséis xx xxxx del dos mil uno y nulo e insubsistente todo lo actuado hasta fojas setentinueve, inclusive, dispone que el A-quo vuelva a calificar la demanda con arreglo x xxx; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Sala mediante resolución de fecha diez de octubre del dos mil uno ha estimado procedente el recurso por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, contenida en el artículo setecientos veinte del Código Procesal Civil, que el recurrente sostiene que en reiterada jurisprudencia suprema se ha establecido que en los procesos de ejecución de garantías la existencia de la presentación del estado de cuenta de saldo deudor no está sujeto a forma preestablecida en la ley procesal, lo que implica que puede
cumplirse con él sin que necesariamente el documento que lo contiene se denomine estado de cuenta del saldo deudor; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, la ejecución de garantía es una acción estrictamente formal, que requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo setecientos veinte del Código Procesal Civil; Segundo.- Que, dicho dispositivo legal exige que el ejecutante debe anexar a su demanda el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor; Tercero.- Que, en este caso a fojas cuarentinueve se adjunta a la demanda el estado de cuenta de saldo deudor, en el que aparece las obligaciones asumidas por los ejecutados respecto de su acreedor; Cuarto.- Que, en la instrumental presentada a fojas trescientos ochentitrés a trescientos ochentisiete, consta los extractos de cuenta corriente de la empresa Cantera Chincha Sociedad Anónima, conteniendo el monto xxx xxxxxxxx y las amortizaciones efectuadas; que tal extremo, esto es que se trata de una cuenta sólo del obligado principal y no del fiador solidario, no lesiona el documento de saldo deudor presentado por el Banco ejecutante, de tal forma que se entienda que dicha cuestión implique el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo setecientos veinte del Código Procesal Civil, más aun que no señala formalidad pre establecida para su presentación; Quinto.- Que, en consecuencia se ha contravenido las normas del debido proceso, porque el acreedor ha cumplido con la formalidad establecida en la norma pertinente, por lo que resulta de aplicación lo establecido en el numeral dos punto uno del inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil; que estando a las conclusiones arribadas; declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas cuatrocientos cuarentisiete, en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas cuatrocientos cuarentitrés, su fecha seis de julio del dos mil uno; ORDENARON que la Sala de revisión expida nuevo fallo con arreglo x xxx; DISPUSIERON que la presente resolución sea publicada en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos por el Banco de Crédito del Perú contra don Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Coloritti y otra, sobre Ejecución de Garantías; y los devolvieron.-
S.S. XXXXXXXX X. XXXXXXXX X. XXXXXXX X. XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
cgb
CAS 2894-01
CONO NORTE
SUMILLA: VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Que el Artículo 197 del Código Adjetivo establece que todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta. Si la Sentencia de Primera Instancia se fundamenta en el análisis de determinados medios probatorios, es esencial que la sentencia de lista que la revoca contenga un análisis y pronunciamiento respecto al valor probatorio de tales medios.
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
Lima, veintiuno de enero del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA
REPUBLICA; vista la causa dos mil ochocientos noventicuatro - dos mil uno, en Audiencia Pública el día de la fecha, y producida la votación con arreglo x xxx emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Electrolima Sociedad Anónima en liquidación, mediante escrito de fojas trescientos veintinueve contra la sentencia de vista de fojas trescientos dieciséis expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, que revocando la apelada y reformándola declaro infundada la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que concedido el recurso de casación a fojas trescientos treintiséis, fue declarado procedente por resolución del doce de octubre del dos mil uno, por las causales contempladas en los incisos segundo y tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, sustentada en: a) la inaplicación de los
artículos mil seiscientos cinco del Código Civil, noventicuatro segundo párrafo del Decreto Ley veinticinco mil ochocientos cuarenticuatro y ciento ochenticuatro último párrafo del Decreto Supremo cero cero nueve - noventitrés - EM y b) la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, por haberse contravenido los artículos ciento noventisiete y doscientos ochentidós del Código adjetivo, porque existen dos medios probatorios la carta de Electrolima de fecha primero xx xxxxx de mil novecientos noventicuatro y el oficio Municipal número ciento catorce – noventicuatro - MDSR / AL, que no ha merecido valoración alguna por la Sala, a pesar de que ninguno de estos documentos han sido tachados por el Municipio demandado; y CONSIDERANDO: Primero: Que, hay que examinar la causal contemplada en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, porque de declararse fundada, ya no cabe pronunciamiento sobre la otra causal; Segundo: Que, la sentencia apelada, se sustenta entre otros documentos en el oficio de fojas trece número cero ciento catorce - noventicuatro - MDSR / AL, de fecha veintitrés xx xxxxx de mil novecientos noventicuatro, dirigido a la demandante por la Municipalidad demandada, mediante el cual se le comunica que se encuentra de acuerdo respecto a las condiciones contractuales sugeridas a efectos de sanear la deuda que le tiene pendiente; Tercero: que, este oficio se cursó en contestación a la carta de Electrolima de fecha primero xx xxxxx de mil novecientos noventicuatro de fojas doce; Cuarto: Que, la sentencia ha revocado la apelada por las consideraciones que contiene pero no ha analizado, ni ha emitido ningún pronunciamiento sobre la documentación a que se refieren los considerandos anteriores, en especial al oficio dirigido por la Municipalidad de Santa Xxxx a la empresa demandante y que constituía parte del sustento de la sentencia apelada; Quinto: Que, el artículo ciento noventisiete del Código adjetivo establece que todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada; sin embargo en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinadas que sustentan su decisión; Sexto:
Que, era esencial que la sentencia de vista valorice la prueba antes mencionada, porque se estaba revocando la sentencia apelada que se sustentaba en parte de ella, por lo que al no haberlo se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil; Sétimo: Que, por las razones expuestas presentándose la causal contemplada en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código adjetivo y aplicando el acápite dos punto uno del artículo trescientos noventiséis del mismo Cuerpo Legal; declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos veintinueve y en consecuencia se declara NULA la sentencia de vista de fojas trescientos dieciséis del veintiuno de noviembre del dos mil, debiendo expedirse nuevo fallo con arreglo x xxx; DISPUSIERON que la presente resolución sea publicada en el diario oficial “El Peruano”; en los seguidos por Electrolima Sociedad Anónima con la Municipalidad de Santa Xxxx; sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron.-
S.S.
XXXXXXXX X.
XXXXXXXX X.
XXXXXXX X.
XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
gzg
CAS. 3006-01 LIMA
SUMILLA: ABANDONO INJUSTIFICADO DE LA CASA CONYUGAL
Es fundada la demanda de divorcio por causal de abandono injustificado de la casa conyugal cuando se acredita la existencia de tres requisitos: que el demandado haya hecho dejación de la casa común; que tal actitud sea injustificada, lo que permita suponer que lo ha inspirado el designio de destruir de hecho la comunidad conyugal; y que el abandono se prolongue por más de dos años continuos, en el caso de autos habiéndose probado que el demandado ha dejado la casa común, no existiendo indicios que conllevan a determinar que tal actitud se justifique, aunado a ello la prolongación de tiempo lo que conlleva a determinar su intención de destruir la comunidad conyugal, y el incumplimiento de una de las obligaciones de la institución del matrimonio que es el deber de cohabitación debiendo fijarse en el fallo su trascendencia.
DIVORCIO POR CAUSAL
Lima, seis de febrero del
Dos mil dos.--
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; Vista la causa número tres mil seis - dos mil uno, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo x xxx, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx por Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, contra la resolución de vista de fojas ochentinueve, su fecha veintiocho xx xxxxx del dos mil uno, expedida por la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que desaprobando la sentencia de fojas ochenta a ochentidós, su fecha veintitrés xx xxxxx del dos mil uno, declara fundada la demanda de fojas ocho a diez, interpuesta por la recurrente, contra xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, sobre Divorcio por la Causal de Abandono Injustificado de la Casa Conyugal por mas de dos años, la reforma y declara infundada la referida demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Sala mediante resolución de fecha veinte de noviembre del dos mil uno, ha estimado procedente el recurso por la causal prevista en el inciso primero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil; que el recurrente precisa, que para que exista interpretación correcta del artículo trescientos treintitrés inciso quinto del Código Civil, debió concordarse con los artículos doscientos ochentiocho, doscientos
ochentinueve, doscientos noventa y doscientos noventiuno del acotado; puesto que hay amparo a la cónyuge respecto de la fidelidad y asistencia, hay amparo cuando se le abandona sin cooperar al mejor desenvolvimiento del hogar y por último hay amparo cuando el cónyuge fuga sin tener en cuenta a la cónyuge, que siendo así, el abandono injustificado debe entenderse como dejar, desamparar a una persona sin justicia y sin razón; en consecuencia los deberes conyugales a la que se sometieron las partes en virtud de la ley, han sido incumplidos por el demandado; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, por el matrimonio, el hombre y la mujer asociados, en una perdurable unidad de vida sancionada por la ley, se complementan recíprocamente y cumpliendo los fines de la especie la perpetúan al traer a la vida la inmediata descendencia; concepto recogido del tratadista Xxxxxxxx enunciado por Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx en su Libro Derecho Familiar; Segundo.- Que, el estado matrimonial, genera obligaciones recíprocas de los cónyuges, como es el deber de fidelidad, de cohabitación, de asistencia, y de alimentación; Tercero.- Que, el incumplimiento de los deberes citados, puede desencadenar en la ruptura del vínculo matrimonial, dándose por concluido el mismo, así lo establece el artículo trescientos treintitrés del Código Civil, el que contiene las causales de separación de cuerpos aplicable también en caso de divorcio por imperio del artículo trescientos cuarentinueve del acotado; Cuarto.- Que, el inciso quinto del artículo trescientos treintitrés del Código Civil, precisa la causal de abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono excede de este plazo; es en esta causal donde se encuentra inmerso el incumplimiento de la obligación de cohabitación, debidamente regulada en el artículo doscientos ochentinueve del Código Civil; Quinto.- Que, la obligación de cohabitación, conlleva a los cónyuges el hacer vida en común, asegurando la plena comunidad de vida conyugal, determinado como fin del matrimonio, salvo excepciones como que la cohabitación ponga en peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges, o la actividad económica de la que dependa el sostenimiento de la familia; Sexto.- Que, en la demanda se alega expresamente la causal contenida en el inciso quinto el artículo trescientos treintitrés del Código Civil, la que debe reunir tres requisitos: que el demandado haya hecho dejación de la
casa común, que tal actitud sea .injustificada, lo que permite suponer que lo ha inspirado el designio de destruir de hecho la comunidad conyugal, y que el abandono se prolongue por más de dos años continuos; Séptimo.- Que, de los actuados, tal como es de verse del movimiento migratorio que alude el sexto considerando de la resolución de fojas ochenta - ochentidós, se desprende que el demandado ha dejado la casa común, no existiendo indicios que conllevan a determinar que tal actitud se justifique, aunado a ello la prolongación del tiempo, lo que confirma la intención de destruir la comunidad conyugal; Octavo.- Que en consecuencia, se ha interpretado erróneamente el inciso quinto del artículo trescientos treintitrés del Código Civil, por cuanto si bien la impugnada consideró lo dispuesto por el artículo doscientos ochentinueve del acotado, no cumplió con fijar la trascendencia del contenido de la referida norma importando el incumplimiento de una de las obligaciones de la institución del matrimonio; que en consecuencia resulta de aplicación lo establecido en el inciso primero del artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, por lo que estando a las conclusiones arribadas; declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas ciento uno; en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas ochentinueve, su fecha veintiocho xx xxxxx del dos mil uno; y actuandoen sede de instancia CONFIRMARON la apelada de fojas ochenta, su fecha veintitrés xx xxxxx del dos mil uno, que declara fundada la demanda de fojas ocho a diez, interpuesta por Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx contra Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, sobre Divorcio por Causal de Abandono Injustificado del Hogar Conyugal; ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; y los devolvieron.-
S.S.
XXXXXXXXXX X.
XXXXXXX X.
XXXXXXXX X.
XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
cgb
CAS 3024- 01 PUNO
SUMILLA: MOTIVACION DE LAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES
La motivación de las resoluciones es un principio que tiene rango constitucional, siendo un modo de asegurar un adecuado control sobre la función decisoria y de evitar posibles arbitrariedades, por tanto la Ley impone a los Jueces, el deber de enunciar los motivos y fundamentos de hecho y de derecho en que se basa la solución acordada a las cuestiones planteadas y debatidas en el proceso, que en caso de autos la Sala al dictar sentencia revocando la recurrida, ampara la pretensión de divorcio por causal de injuria grave, y sin motivación alguna declara fundada las pretensiones acumuladas de perdida de gananciales proveniente de los bienes propios del accionante y separación de bienes sociales, sin haber realizado un análisis prolijo respecto a estas pretensiones, incurriendo la sentencia de vista en causal de nulidad insubsanable.
DIVORCIO
Lima, xxxx xx xxxxx del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, vista la causa número tres mil veinticuatro – dos mil uno; con los acompañados y producida la votación con arreglo x Xxx, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fojas seiscientos cincuenticinco interpuesto por Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx contra la sentencia de vista de fojas seiscientos cuarentinueve, su fecha primero xx xxxxxx del dos mil uno, expedida por la Sala Civil xx Xxxx, que revoca la sentencia recurrida, y reformandola la declara fundada la demanda de divorcio por la causal de injuria grave y fundada las acciones acumuladas de pérdida de gananciales y separación de bienes sociales; y confirma la sentencia en los demás extremos, en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial; FUNDAMENTOS: La Sala, mediante ejecutoria de fecha veintiséis de octubre del dos mil uno, declaró procedente el recurso por la causal señalada en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, contravencion de normas que garantizan el debido proceso, al haberse infraccionado los artículos ciento treintinueve inciso tercero de la Constitución del Estado, artículo septimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, segunda del Título Preliminar del Código Civil y primero del Título Preliminar del Código Adjetivo; que la recurrida emite un pronunciamiento extra
petita, al señalar que la injuria grave ha sido amparada con los medios de defensa hechos valer por ella en el proceso, en la excepción y reconvención interpuesta con supuesto ánimo ofensivo, sin tener en cuenta que los mismos constituyen el ejercicio regular de un derecho y en virtud al principio de igualdad de las partes, pueden hacer uso de las mismas, tanto la parte actora como la emplazada, sin que ello signifique ser sancionada por la parte que las promueva, agregando que la Sala aplicando el numeral doscientos veintiuno del Código Procesal Civil, sobre declaración asimilada, reputa sus afirmaciones contenidas en sus medios de defensa como injuria grave; sin embargo, omite relacionar el mismo artículo en contra del actor, quien ha reconocido que se encuentran separados de hecho hace quince años, por tanto, los hechos denunciados como injuria grave no podrían constituir elementos perturbatorios que hagan insoportable la vida en común; además al haberse amparado la pretensión principal de divorcio, se ampararon las pretensiones acumuladas de separación de bienes y pérdida de gananciales, sin hacerse mayor análisis al respecto en contra del mandato expreso constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, aun cuando estas pretensiones fueran acumulables; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el actor por recurso de fojas veintitrés, y cuarentiséis demanda divorcio absoluto por la causal de injuria grave y pérdida de las gananciales que provenga de sus bienes propios, acumulativamente demanda liquidación de la sociedad de gananciales; SEGUNDO: Que, al absolver la demanda de separación de bienes, la actora; como medio de defensa propuso la excepción de incapacidad del demandante, por cuanto el actor no tiene capacidad de discriminar y racionalizar las leyes antiguas y obsoletas con las leyes procesales vigentes, que no esta en su sano juicio además que es un pródigo. Reconvencionalmente solicita se le declare interdicto por encontrarse sin capacidad de ejercicio. Como elemento probatorio adjunta cartas personales dirigidas por la actora al demandante donde le imputa una serie de hechos relacionados con la conducta del demandante; TERCERO: Que, la sentencia sub examen revoca la recurrida y declara fundada la demanda de divorcio por la causal de injuria grave, amparando además las pretensiones acumuladas de
separación de bienes y perdida de gananciales. Teniendo como sustento las cartas personales remitidas por la actora, las cuales siendo analizadas por el Colegiado, concluyen que existe un menosprecio profundo de la demandada para con el demandante, que hace insoportable la vida en común; CUARTO: Que, conforme señala el inciso cuarto del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil, las resoluciones deben contener la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos, invocando los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho en que se sustenta, principio este último que tiene rango constitucional; QUINTO: Que, como un modo de asegurar un adecuado control sobre la función decisoria y de evitar posibles arbitrariedades, la Ley les impone a los Jueces, el deber de enunciar los motivos o fundamentos de hecho y derecho en que se basa la solución acordada a las cuestiones planteadas y debatidas en el proceso. En otras palabras constituye el único medio a través del cual las partes y la opinión pública en general, verifican la justicia de las decisiones judiciales y comprobar por lo tanto la adecuación de estas a las valoraciones jurídicas vigentes de la Comunidad; SEXTO: Que, en el caso de autos, la Sala al dictar sentencia Revocando la recurrida, ampara la pretensión de divorcio por la causal de injuria grave, y sin motivación alguna declara fundada las acciones acumuladas de pérdida de gananciales proveniente de los bienes propios del accionante y separación de bienes sociales, sin haber realizado un análisis prolijo respecto a estas pretensiones; SEPTIMO: Que, estando a lo precedentemente expuesto, la sentencia de vista incurre en causal de nulidad insubsanable, siendo de aplicación el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil, por contravenir normas de rango constitucional; y de conformidad con el apartado dos punto uno inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del Código mencionado, el A quem, debe emitir nuevo pronunciamiento; por estos fundamentos declararon FUNDADO el recurso de casación de fojas seiscientos cincuenticinco, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas seiscientos cuarentinueve, su fecha primero xx xxxxxx del dos mil uno, ORDENARON que el A quem emita nueva sentencia en concordancia con las consideraciones expuestas.
ORDENARON que se publique la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; bajo responsabilidad; en los seguidos por Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx contra Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, sobre Divorcio por Xxxxxxx Xxxxx y otros; y los devolvieron.-
X.X XXXXXXXXXX X. XXXXXXX X. XXXXXXXX X. XXXXXX X. XXXXXXXXXXX X.
fba
SUMILLA: TÍTULO INSCRITO.
CAS 3156-01 XXXXXX
No es oponible a un título inscrito uno que consta en documento privado de fecha anterior, no registrado.
REIVINDICACION
Lima, trece de febrero del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa tres mil ciento cincuentiséis - dos mil uno, con los acompañados, en Audiencia Pública el día de la fecha y producida la votación con arreglo x xxx emiten la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Xxxx Xxxxxx viuda de Xxx Xxxxxxx contra la resolución de vista de fojas trescientos uno su fecha veintisiete de julio del dos mil uno, que revocando la apelada de fojas doscientos cincuentiséis, fechada el treinta de noviembre del dos mil, declara infundada la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Sala mediante resolución del treinta de octubre ha estimado declarar procedente el recurso por la causa de inaplicación de normas de derecho material, al estimar que la Sala de vista ha inaplicado el artículo
trescientos quince del Código Civil que prescribe que para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del marido y la mujer; que habiéndose determinado su condición de cónyuge de Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, debió intervenir en la transferencia celebrada el trece de julio de mil novecientos ochentisiete; que, asimismo, alega la inaplicación de los artículos dos mil trece, dos mil catorce y dos mil dieciséis del Código sustantivo pues la declaratoria de fábrica de fojas cuarentiséis y cuarentiocho, otorgada por la Municipalidad de Xxxxxx, inscrita en el registro de la propiedad inmueble xx Xxxxxx, significa que su derecho de propiedad de la fábrica, construcción, edificación, también sub litis, está inscrito por ende el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o declare judicialmente su invalidez, y otorga también la prioridad en el tiempo que determina la preferencia de los derechos que otorga el registro; que la Sala ha inaplicado los artículos dos mil trece y dos mil dieciséis del Código Civil, al contraponer un derecho inscrito a uno no inscrito como es el documento de transferencia; y CONSIDERANDO: Primero: Que, este Supremo Tribunal en reiterada y uniforme jurisprudencia ha establecido que de acuerdo a la Ley y a la doctrina, la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales es la de un patrimonio autónomo e indivisible que goza de garantía institucional, integrado por un universo de bienes, en el que no existen cuotas ideales las cuales son propias al instituto jurídico de copropiedad o condominio; Segundo: Que, en efecto, los bienes gananciales o sociales son aquellos que adquieren los cónyuges a título común, lucrativo u oneroso, durante la vigencia del matrimonio de conformidad con los artículos trescientos diez y trescientos once del Código Civil y tiene fin cuando el régimen de sociedad de gananciales fenece, de acuerdo a los artículos trescientos diecinueve y trescientos veintitrés del mismo Código; distinguiéndose de la copropiedad, en tanto ésta se define como el dominio de un bien tenido en común por varios sujetos, quienes son titulares de cuotas ideales en proporción respecto del bien; Tercero: Que, en tal virtud para disponer bienes sociales o
gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer, salvo que uno de ellos dé poder al otro para ese efecto, de acuerdo al artículo trescientos quince del Código material; por lo que están prohibidos los actos de disposición unilateral de bienes inmuebles o los bienes muebles registrables sin intervención de ambos cónyuges; de modo tal que si, contraviniendo dicha norma, se practica actos de disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges se incurrirá en la causal de nulidad de acto jurídico previsto en el artículo doscientos diecinueve inciso primero el Código sustantivo por falta de manifestación de voluntad de los titulares del dominio del bien y por ser contrario a las leyes que interesan el orden público según el artículo quinto del Título Preliminar del Código material; Cuarto: Que, de otro lado el artículo dos mil trece del acotado Código establece que el contenido de las inscripciones registrales se presume cierto y produce sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, estableciéndose así el principio de legitimación; sin embargo, la presunción a que se refiere la norma no es de iure, sino que está sometida a la existencia de prueba en contrario; que de igual modo la presunción juris tantum se hace presente en el principio de buena fe registral contemplado en el artículo dos mil catorce del Código Civil por el cual el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo mantienen su adquisición una vez inscrito su derecho aunque después se anule, rescinda o resuelva el de otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos, empero la buena xx xxx xxxxxxx se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro; Quinto: Que, a la luz de las referidas normas invocadas por la recurrente debe analizarse si éstas han sido inaplicadas como se denuncia; en ese sentido, del recurso aparece que la demandante sostiene que en la sentencia de vista se ha dado valor probatorio determinante al documento privado del trece de julio de mil novecientos ochentisiete mediante el cual el hoy difunto cónyuge de la actora Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, afirmando ser soltero, transfiere a los
demandados el inmueble sub litis; sin advertir la Sala que a dicha fecha la actora ya había contraído matrimonio con el citado Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, resultando nula por disponer unilateralmente el bien común; que, en todo caso, ella sí cuenta con declaratoria de fábrica obrante a fojas cuarentiséis y cuarentiocho, otorgada por la Municipalidad de Xxxxxx e inscrita en el registro de la propiedad inmueble xx Xxxxxx; y que, por ende su derecho de propiedad de la edificación también sub-litis está inscrito; Sexto: Que, analizado el referido documento aparece que, en efecto el Superior Colegiado ha determinado que en virtud al mencionado documento el cónyuge de la actora, en vida transfirió a los demandados, con fecha trece de julio de mil novecientos ochentisiete, la casa de material noble, esto es, la edificación o fábrica; y que por lo tanto, siendo la actora únicamente propietaria del terreno o suelo, la demanda de reivindicación del inmueble no resulta idónea para recuperar el predio sub litits; sino en un proceso distinto, tanto más si en autos no se ha acreditado, en la forma xx xxx, que el inmueble cuente con declaratoria de fábrica; Sétimo: Que, como se puede advertir, la Sala Civil Superior para corroboración de su conclusión afirma que no aparece de autos que el terreno cuente con declaratoria de fábrica; sin embargo, en el voto en discordia se sostiene que el terreno sí cuenta con declaratoria de fábrica de acuerdo a los documentos de fojas cuarentiséis, cuarentisiete y cuarentiocho a nombre de la actora, y que ello se encuentra debidamente inscrito en el registro de la Propiedad Inmueble; criterio valorativo pre-existe respecto de los medios probatorios que habilita a esta Sala Casatoria verificarlo a fin de apreciar si en la recurrida existe la aplicación o no de norma sustantiva pertinente; Octavo.- Que al respecto, de autos aparece que la conclusión del voto en discordia resulta válida, toda vez que los citados documentos informan de la existencia de la Declaratoria de Fábrica sobre el terreno de propiedad de la actora de fecha veintiséis de Setiembre de mil novecientos noventisiete; y que ello se encuentra inscrita en los Registros Públicos desde el nueve de Setiembre de mil novecientos noventiocho, a nombre de ésta, Xxxx Xxxxxx viuda de Xxx Xxxxxxx; lo cual se
corrobora con la copia literal del predio sub-xxxxxx xx xxxxx trescientos diez, emitida por el Registro Predial Urbano Zonal Xxxxxx; Noveno.- Que por consiguiente, tratándose de títulos inscritos, sin que: a) se haya aducido y menos acreditado: a.1) la existencia de mala fe o nulidad manifiesta a que se refiere el artículo doscientos veinte del Código Civil, para su obtención; o, a.2) que se haya obtenido sentencia judicial que así lo declare; y, b) que además todo ello haya sido recogido como conclusión por cualquiera de las instancias jurisdiccionales, dado que nada de ello puede ser recién valorado en vía de casación de acuerdo a los medios probatorios, resulta aplicable la presunción juris tantum que recogen los artículos dos mil trece y dos mil catorce del Código Civil, y por ende, aplicables los principios de legitimación y de buena fe registral que recogen tales normas; y, en virtud de ello, la actora resulta ser la propietaria no solo del terreno sino también de la fábrica del inmueble sub-judice; Décimo: Que en consecuencia, contando la recurrente con título que goza de fe registral a ésta no se le puede oponer un documento privado de fecha anterior no inscrito, conforme ha procedido la Sala Revisora en clara inaplicación de las precitadas normas; máxime si de acuerdo al artículo dos mil dieciséis del Código Civil, la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro; Undécimo: Que siendo entonces la recurrente propietaria a título personal de la fábrica levantada sobre el terreno también de su propiedad, es decir, es un bien propio, se desvirtúa toda argumentación y pretensión de dilucidación sobre el presunto carácter de bien social de la referida edificación; de tal modo que, no se configura la causal de inaplicación del artículo trescientos quince del Código Civil; pero sí el error in judicando de inaplicación de las demás normas de derecho material citadas por la recurrente; en consecuencia, debe casarse la sentencia de vista; y, actuando en sede de instancia, de conformidad con el artículo trescientos noventiséis, inciso primero, del Código Procesal Civil, confirmar la sentencia apelada que se ajusta a derecho y a los considerandos de la presente sentencia, esto es, que resulta procedente y fundada la pretensión de reivindicación; declararon
FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos veintidós; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas trescientos uno, su fecha veintisiete de julio del dos mil uno; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas doscientos cincuentiséis su fecha treinta de noviembre del dos mil; que declara fundada la demanda de reivindicación de fojas cincuentiuno y siguientes; con lo demás que contiene; DISPUSIERON que la presente resolución sea publicada en el diario oficial “El Peruano”; en los seguidos por Xxxx Xxxxxx viuda de Xxx Xxxxxxx con Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx; sobre Reivindicación de Xxxxxxx; y los devolvieron.-
S.S.
XXXXXXXXXX X.
XXXXXXX X.
XXXXXXXX X.
XXXXXX X.
XXXXXXXXXXX X.
LA MERCED
Es fundada la demanda de Xxxxxxxx porque el demandado no ha desvirtuado la alegada carencia de título e inexistencia de vínculo contractual con la propietaria demandante, en cuyas razones se sustenta la demanda.
DESALOJO
Lima, veinte de febrero del dos mil dos.-
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPUBLICA; vista la causa tres mil trescientos treintidós – dos mil uno; en Audiencia Pública el día de la fecha y producida la votación con arreglo x xxx emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, contra la sentencia de vista de fojas doscientos treintitrés su fecha cuatro xx xxxx del dos mil uno, que revocando la apelada de fojas ciento cuatro fechada el veintiséis de octubre del dos mil, declara improcedente la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La Sala mediante resolución de fecha quince de noviembre del dos mil uno ha estimado procedente el recurso por las causales contempladas en los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código adjetivo; a) la aplicación indebida del artículo novecientos del Código Civil, en tanto que supuestamente verifica que en autos no existe ningún elemento de juicio que determine la posesión que ostenta el demandado se haya adquirido por la tradición conforme a la disposición referida, coligiéndose más bien que al no haber tenido lugar la tradición de la posesión por parte de la recurrente al demandado, resulta pues una posesión clandestina o de facto; b) la inaplicación del artículo novecientos once del Código sustantivo que establece que “la posesión precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que se tenía ha fenecido”, es decir desnaturalizando el proceso, se ha avocado a discutir el mejor derecho que le asiste a las partes, en cuanto a la posesión del mismo, si éste se dio por tradición de la recurrente a los demandados o si la recurrente tuvo anteriormente la posesión del mismo para poder ahora reclamar su desocupación a través de la vía jurisdiccional; y CONSIDERANDO: Primero: Que, este Supremo Tribunal en reiterada y uniforme jurisprudencia ha establecido en armonía con el artículo
novecientos once del Código Civil, que la ocupación precaria de un bien inmueble se configura con la posesión del mismo sin detentar título alguno que justifique dicha posesión o el que se tenía ha fenecido; asimismo, quien pretenda la restitución o entrega en su caso de un predio ocupado bajo dicha calidad debe acreditar el derecho de propiedad o que lo ejerce en representación del titular o, en todo caso la existencia de título válido y suficiente que otorgue el derecho a la restitución del bien, de conformidad con los artículos quinientos ochenticinco y quinientos ochentiséis del Código adjetivo; Segundo: Que, en ese orden para el amparo de la pretensión de desalojo por ocupación precaria debe acreditarse única y exclusivamente: a) el derecho de propiedad de la actora; y b) la posesión sin título alguno o fenecido éste, de lado de la parte demandada; asimismo, para la desestimación de la referida demanda la parte emplazada debe alegar y acreditar la no configuración de alguno o ninguno de los referidos presupuestos; consecuentemente, toda otra controversia o cuestionamiento ajenos a estos puntos resultan improcedentes a la referida pretensión; Tercero: Que, en el caso de autos, la sentencia de vista ha desestimado la demanda de desalojo por ocupación precaria dirigida contra Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx bajo el argumento de que si bien la Municipalidad recurrente es propietaria del inmueble que se reclama – cumplimiento del primer requisito para el amparo de la demanda -, la demandada no ha ingresado al predio por entrega que haya efectuado el Municipio a su persona o a través de cualquier otra modalidad de tradición a que se refiere el artículo novecientos del Código Civil; y que por tanto, no tiene la calidad de ocupante precaria sino de detentador del bien litigado; Cuarto: Que, como se puede advertir, el Superior Colegiado no ha cumplido con verificar el cumplimiento o no del segundo requisito para el amparo de la citada pretensión no ha desvirtuado la alegada carencia de título de parte de la demandada o inexistencia de vínculo contractual con la demandante; por el contrario, lo ha estimado irrelevante en virtud al modo de cómo ingresó al predio; situación que es ajena a este tipo de pretensiones; máxime si de acuerdo a la doctrina, el
detentador de un bien es aquel que ejerce la posesión con conocimiento de que a otro le pertenece la propiedad y que por tal razón la ejerce sin animus domini; Quinto: Que, siendo ello así, resulta evidente la aplicación indebida del artículo novecientos del Código Civil y la inaplicación del artículo novecientos once del Código material; estando a las consideraciones que preceden declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas doscientos treintitrés su fecha cuatro xx xxxx del dos mil uno y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas ciento cuatro su fecha veintiséis de octubre del dos mil; que declara fundada la demanda de fojas treintiuno; con todo lo demás que ella contiene; DISPUSIERON que la presente resolución sea publicada en el diario oficial “El Peruano”; en la causa seguida por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo con Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx; sobre Desalojo por Ocupación Precaria; Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron.-