ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recurso nº 134/2013 Resolución nº 134/2013
ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En Madrid, a 19 de septiembre de 2013.
VISTO el recurso interpuesto por Xxx. P.G.M., en nombre y representación de la mercantil COS MANTENIMIENTO S.A., contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de “Servicios de Mantenimiento Hardware de equipos Informáticos de diferentes marcas, de IAM y Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Madrid”. Exp. 300/2012/01425, este Tribunal ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 17 de julio de 2013 fue publicada en el D.O.U.E la convocatoria de Informática del Ayuntamiento de Madrid para la adjudicación, mediante criterio único el precio, de los “Servicios de Mantenimiento Hardware de equipos informáticos de diferentes marcas, de IAM y dependencias municipales” (Referencia 300/2012/01425). El contrato está dividido en dos lotes: 1 “servidores y dispositivos asociados” y 2 “subsistemas de almacenamiento”. El valor estimado del contrato alcanza 7.852.264,75 euros.
Segundo.- En el apartado 12.1 del anexo X xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) establece que para poder contratar será exigible estar clasificado en el grupo V, subgrupo 3, categoría C, para el lote 2 y categoría D para el lote 1.
Asimismo en el apartado 12.2 “certificaciones preceptivas” se indica expresamente que: "Los licitadores deberán presentar certificaciones de los fabricantes y/o acuerdos con otras empresas (entendiendo por acuerdo la habilitación del fabricante para la prestación del servicio de mantenimiento sobre el equipamiento objeto de este contrato, y por certificación, la habilitación del fabricante para prestar el servicio sobre el equipamiento de su marca). Dichos acuerdos y/o certificaciones deberán contemplar los aspectos importantes de las prestaciones técnicas del servicio de mantenimiento: hardware, firmware (para todos los componentes objeto de este contrato, de los lotes 1 y 2) y software básico (en el caso de la robótica, comprendida en el lote 1, y los subsistemas de almacenamiento, comprendidos en el lote 2, tal y como se especifica en el PPTP), de tal forma que aseguren que la empresa licitadora que finalmente preste el servicio en cada lote, esté capacitada y tenga los permisos necesarios para, en virtud de dichas certificaciones y/o acuerdos, realizar las tareas de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y sustitución de piezas que sean necesarias para dejar los sistemas en perfecto funcionamiento.
Se admite la posibilidad de que exista un compromiso de firma de acuerdo o certificado en el caso de que el licitador resulte adjudicatario, compromiso que debe presentarse por escrito, firmado por ambas partes, junto con el resto de la documentación administrativa como parte del sobre nº 1.
Además de los acuerdos y/o certificados requeridos, se deberá cumplimentar la tabla que figura en el anexo VIII, en la que se especificarán, para cada uno de los grupos de componentes de los lotes, la forma o formas de ejecutar la prestación del servicio".
Por otra parte el apartado 17 del anexo 1 del PCAP se indica un porcentaje máximo de subcontratación del 50%.
Tercero.- El 5 xx xxxxxx de 2013, por la empresa COS Mantenimiento S.A. se presenta anuncio de interposición de recurso especial en materia de contratación y el 14 xx xxxxxx de 2013 tuvo entrada en el Tribunal escrito en el que se impugna el PCAP.
COS Mantenimiento entiende que el requerimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid de aportar certificaciones de fabricantes para acreditar la correcta prestación del servicio de mantenimiento, constituye una conducta colusoria tipificada en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que este requerimiento limita la competencia en la prestación del servicio de mantenimiento, quedando excluidos del concurso todos aquellos proveedores que, incluso disponiendo de la clasificación V3D para la contratación de servicios a la Administración Pública y experiencia satisfactoria demostrable, no disponen de los acuerdos con los fabricantes o con otras empresas que sí los tengan.
Alega vulneración de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia.
Finaliza suplicando que “se tenga por presentado este escrito de impugnación xx xxxxxx, en base a la denuncia de los hechos y conductas enunciados más arriba. Xxxxx adopte, con la urgencia requerida por las circunstancias, las siguientes decisiones:
a) Ordene la eliminación del requisito de acreditación de capacidad técnica en base a la aportación de certificaciones con fabricantes o acuerdos con empresas que dispongan de esos acuerdos, sustituyéndolo por la aportación de la clasificación V3D de proveedor para la contratación de servicios de la Administración Pública y, si lo considera oportuno, certificaciones de clientes donde se haya prestado un servicio de características similares.
b) Permita presentarse a COS al concurso para la contratación de servicios de mantenimiento hardware de equipos informáticos de diferentes marcas, de Informática del Ayuntamiento de Madrid y dependencias municipales”.
Cuarto.- El órgano de contratación remitió el expediente de contratación y su correspondiente informe el 20 xx xxxxxx de 2013.
El órgano de contratación entiende que toda la información del informe debería ser tratada como información confidencial sin que trascienda al recurrente ni al resto de los interesados en el procedimiento.
Entiende, en primer lugar, que el recurso ha sido presentado fuera del plazo legal establecido para recurrir. Asimismo, se solicita que se considere si ha podido existir algún tipo de intencionalidad en la presentación del recurso fuera de plazo.
Entre otras alegaciones que luego se tendrán en cuenta, señala que en ningún caso el contenido del PCAP impediría a COS Mantenimiento presentar oferta al procedimiento abierto que nos ocupa, toda vez que en la segunda parte de la cláusula citada se da la opción siguiente: “Se admite la posibilidad de que exista un compromiso de firma de acuerdo o certificado en el caso de que el licitador resulte adjudicatario, compromiso que debe presentarse por escrito, firmado por ambas partes, junto con el resto de la documentación administrativa como parte del sobre n° 1. De resultar adjudicatario, presentará el acuerdo o el certificado, junto con el resto de la documentación obligatoria para la adjudicación, en el plazo xxxxxx xx xxxx días hábiles a contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del órgano de contratación”.
Concluye que el órgano de contratación no podría haberse avenido a la eliminación de la aludida cláusula 12.2 toda vez que con ello se conculcaría el derecho de propiedad intelectual sobre el firmware y software.
Quinto.- Con fecha 11 de septiembre de 2013 el Tribunal acordó la suspensión de la tramitación del expediente de contratación.
Sexto.- El Tribunal da traslado del recurso al resto de interesados, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 46.3 del TRLCSP, concediéndoles un plazo, de cinco días hábiles, para formular alegaciones.
Finalizado el plazo no se ha recibido ninguna alegación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Se acredita en el expediente la legitimación de la empresa COS Mantenimiento S.A., para interponer recurso especial al tratarse de una persona jurídica potencialmente licitadora “cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso”. (Artículo 42 del TRLCSP).
La noción de legitimación implica una relación específica entre el actor en un proceso y el objeto de la pretensión o petición que se ejercita. Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una titularidad jurídica por parte de quien ejercita la acción y se materializa de prosperar ésta. Luego para que exista interés legítimo la resolución impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso, sin que sea suficiente el mero interés por la legalidad.
Al objeto de examinar la legitimación de la empresa recurrente conviene traer x xxxxxxxx la Sentencia del Tribunal Supremo de 00 xx xxxxx xx 0000, Xxx. 0x, xxxxx la cual “Tratándose de contratos administrativos, el interés legítimo viene determinado en general por la participación en la licitación (ss. 7-3-2001 citada por la de 4-6-2001), por cuanto quienes quedan ajenos a la misma, en principio no resultan afectados en sus derechos e intereses, si bien no puede perderse de vista que la
determinación de la legitimación, en cuanto responde a los intereses que específicamente estén en juego en cada caso, ha de efectuarse de forma casuística, lo que tiene una proyección concreta en los supuestos de procedimientos de concurrencia, en los cuales la condición de interesado no deriva de la genérica capacidad para participar en los mismos sino de la actitud de los posibles concursantes respecto del concreto procedimiento de que se trate, es decir, la condición de interesado no es equiparable a la genérica condición de contratista con capacidad para participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite tal condición, ya sea participando en el procedimiento o de cualquier otro modo, sin que pueda descartarse la impugnación de la convocatoria del concurso por quien no participa en razón de las propias condiciones en que es convocado”. Por tanto, no es necesario ser licitador para que se tenga la condición de interesado en el procedimiento.
Asimismo se acredita la representación del firmante del recurso.
Segundo.- El recurso se interpone contra el PCAP de un contrato de servicios incluido en la categoría 7 del Anexo II del TRLCSP, sujeto a regulación armonizada. El acto es recurrible, de acuerdo con el artículo 40.1.a) y 2.a) en relación al 16.2.b) del TRLCSP.
Tercero.- Se alega por el órgano de contratación extemporaneidad en la interposición del recurso dado que la documentación del expediente –PCAP Y PPT- se hicieron públicos en la página web del Ayuntamiento de Madrid y en el perfil del contratante el 16 de julio, con lo cual el plazo para presentar el “escrito de impugnación xxx xxxxxx” finalizó el 2 xx xxxxxx, habiendo sido presentado el recurso el 14 del mismo mes.
Al tratarse de un recurso contra el contenido de los pliegos, es criterio de este Tribunal, mantenido en resoluciones anteriores, atendiendo a razones de seguridad jurídica, cuando no se puede acreditar la fecha en que se tuvo conocimiento,
computar los quince días de plazo que establece la Ley, a partir del último día estipulado para la presentación de ofertas, al objeto de garantizar que los candidatos o licitadores han tenido acceso a los mismos, siempre que no pueda acreditarse el conocimiento previo.
Siendo el plazo para la interposición del recurso especial en materia de contratación de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado, esta regla general tiene una concreción en el apartado a) del punto 2 del artículo 44 del TRLCSP cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, en cuyo caso el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento, conforme se dispone en el artículo 158 del texto refundido. Así, de acuerdo con el citado artículo 158 habrá que distinguir si el acceso a los pliegos e información complementaria se realiza por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, o si por el contrario se facilita el acceso por otros medios.
Concretamente el citado precepto dice que “cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los pliegos y a cualquier documentación complementaria, éstos se enviarán a los interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de una solicitud en tal sentido, siempre y cuando la misma se haya presentado, antes de que expire el plazo de presentación de las ofertas”. La aplicación de este precepto en relación con el 44.2 nos lleva a concluir que el plazo para interponer el recurso cuando el pliego no se haya facilitado por medios electrónicos comenzará a partir de la fecha en que se hayan recibido éstos por el interesado que los solicitó, fecha que muy bien puede ser anterior, puede coincidir, o incluso ser posterior a la de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, mientras que en el caso de que se hubiera accedido a los mismos de forma telemática, si no es posible conocer la fecha efectiva en que el recurrente tuvo acceso a los pliegos, dicho plazo comenzará a contar desde la fecha límite establecida para la presentación de ofertas indicada en
la convocatoria de licitación, que es el único hito en que puede darse por cierto el conocimiento del contenido de los pliegos por parte de los potenciales licitadores.
Por lo tanto, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 19 xx xxxxxx, el recurso interpuesto el día 14 se presentó dentro del plazo legal del artículo 44.2 a) del TRLCSP.
Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 41.4 del TRLCSP y el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, corresponde a este Tribunal la competencia para resolver el presente recurso.
Quinto.- El informe del órgano de contratación entiende que toda la información del informe debería ser tratada como confidencial sin que trascienda al recurrente ni al resto de los interesados en el procedimiento.
No puede compartir el Tribunal tal aseveración. El artículo 46.3 del TRLCSP establece que la entidad, órgano o servicio que hubiera tramitado el expediente lo remitirá al órgano encargado de la resolución del recurso acompañado de su informe.
Un informe es un documento administrativo (de juicio u opinión) que, por definición, contiene una declaración emitida por el órgano designado en la ley, sobre las cuestiones de hecho o derecho que son objeto de un procedimiento, (en este caso el recurso especial en materia de contratación).
La finalidad del informe, dentro del procedimiento contradictorio que supone la tramitación del recurso es proporcionar al Tribunal datos, valoraciones y opiniones precisos, para la formación de su voluntad y la adopción de sus acuerdos o resoluciones. Para la resolución del recurso se han de tener en cuenta tanto los fundamentos del recurso como la justificación del órgano de contratación acerca del
acto impugnado. En el informe se debe hacer constar la enumeración de los hechos, las disposiciones aplicables, fundamentos de la decisión adoptada y cualesquiera otras alegaciones que quiera realizar el órgano gestor del expediente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 del TRLCSP, deberá incluir las alegaciones que considere oportunas referidas a la adopción de las medidas cautelares.
No se puede alegar de forma genérica confidencialidad de la información remitida, pues no estamos ante los supuestos de garantía de reserva de la información facilitada por los empresarios a que se refiere el artículo 140, ni a la información que éstos hayan obtenido con ocasión de la ejecución del contrato. Tampoco ante la obligación que establece el artículo 46.5 del TRLCSP al órgano encargado de la resolución del recurso de confidencialidad y derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la información contenida en el expediente. La omisión en los fundamentos de los antecedentes tenidos en cuenta para la resolución del recurso, entre ellos la posición del órgano de contratación, implicaría una defectuosa motivación y podrían resultar perjudicados los derechos de los demás interesados a la protección jurídica efectiva y al derecho de defensa en el procedimiento o en el ulterior recurso. A la vista del informe y contenido de la documentación que se adjunta el Tribunal no aprecia la existencia de documentación confidencial.
Sexto.- En primer lugar se alega por la recurrente prácticas colusorias y vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia cuyo control no es competencia de este Tribunal. No obstante se solicita la eliminación del requisito del apartado 12.2 del anexo I del PCAP cuyo control sí corresponde a este Tribunal debiendo decidir si concurre causa limitativa de la libre competencia o libertad de acceso a las licitaciones, principios garantizados por el artículo 1 del TRLCSP a la contratación del sector público.
COS Mantenimiento entiende que el requerimiento del apartado 12.2 del Anexo I del PCAP, reproducido en los antecedentes de hecho, favorece a los proveedores de servicios que sean fabricantes de los equipos informáticos o aquellas empresas que disponen de buena relación comercial con el proveedor fabricante, en perjuicio del resto de empresas proveedoras de servicios. Tal cual está redactado el pliego, la decisión de participar o no en la licitación queda en manos directa o indirectamente de los proveedores fabricantes, quienes podrán decidir sobre si quieren o no alcanzar acuerdos con los proveedores (en este caso también competidores) que no disponen de dichas certificaciones o acuerdos, pudiendo actuar conforme a sus intereses.
Señala que a pesar que hasta la fecha, COS Mantenimiento ha demostrado su capacidad para la prestación de servicios de mantenimiento hardware en las plataformas indicadas en el pliego, tanto en clientes del sector público como en el sector privado, sin necesidad de acudir a la subcontratación ni de alcanzar acuerdos con fabricantes o terceros, la redacción actual xxx xxxxxx obliga necesariamente a COS Mantenimiento a alcanzar dichos acuerdos y subcontratar servicios que no necesita. “Al no tener ningún acuerdo con los fabricantes, le obligaría a subcontratar la totalidad de los servicios, quedando excluido del concurso puesto que existe una limitación a la subcontratación de un máximo del 50%, limitándonos una vez más nuestra participación en el concurso público”.
En relación al fondo del asunto que estamos examinando, considera el órgano de contratación, en su informe al recurso, que se trata de un contrato de mantenimiento de servidores corporativo, robot de cartuchos y sistemas de almacenamiento en unidades de discos, dividido en dos lotes, que incluyen en su objeto elementos que están en contratos vigentes de mantenimiento adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad por protección de derechos de exclusiva de acuerdo con lo establecido en el articulo 170.d) del TRLCSP, ya que se trata de equipos cuyo firmware y software básico están sometidos a los derechos de propiedad intelectual, extremo que ha sido certificado por los respectivos
constructores propietarios de los equipos y sobre cuya base se ha procedido a adjudicarles los correspondientes contratos. Esta es la razón fundamental por la que se ha introducido el apartado 12.2 en el Anexo I al PCAP. Se adjunta al informe copia de los certificados de derechos de exclusiva de los expedientes de contratación a los que pretende sustituir este contrato.
Se afirma por el órgano de contratación que Informática del Ayuntamiento de Madrid al tomar la decisión de convocar un procedimiento abierto para cubrir la contratación del mantenimiento del equipamiento corporativo pretendió fomentar la competencia y abrir la posibilidad de presentarse al mismo a prestadores solventes de servicios de mantenimiento de sistemas grandes y medios y robots (Lote 1) además de unidades de almacenamiento (Lote 2) y que estuvieran clasificados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en el grupo V, subgrupo 3, categoría D; pero al tratarse de elementos sometidos a la Ley de propiedad intelectual “era imprescindible exigir las autorizaciones legales pertinentes que recoge la cláusula 12.2 del Anexo 1 del PCAP. De no incluirse la misma habría que haber recurrido para su contratación al procedimiento negociado sin publicidad por protección de derechos de exclusiva como venía haciéndose hasta ahora”.
Sobre la capacidad técnica de la recurrente para prestar servicios de mantenimiento señala que, sin duda quedaría salvaguardada por la clasificación que posee, pero en este caso no se pone en duda la misma, sino que se trata de un requisito derivado del derecho de propiedad intelectual del constructor. Se entiende que no tiene por qué procederse a la subcontratación (en ese caso no se habría puesto el límite del 50%), sino que cabe aportar "acuerdo o certificación" para poder soslayar el problema de los derechos de exclusiva.
Se impugna el apartado 12.2 del anexo I del PCAP “certificaciones preceptivas”, reproducida en los antecedentes de hecho. Asimismo en conexión con lo anterior la cláusula 2.2 del PPTP se refiere a los acuerdos con terceros declarando que “si para la prestación del servicio de mantenimiento aquí descrito
fueran necesarios, por motivos de exclusividad, acuerdos con terceras empresas (ya sean certificaciones del fabricante, o contratos de mantenimiento con los fabricantes y/o empresas certificadas por ellos), éstos serán responsabilidad de los licitadores”.
Según consta en la preceptiva memoria de necesidad a que se refiere el artículo 22 del TRLCSP, donde se expone la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas:
“El Ayuntamiento no dispone de medios propios para acometer la prestación de este servicio debido a la especificación, organización, y recursos necesarios para atender y solucionar averías y debido a los niveles de servicio exigidos, que en muchos casos son con cobertura horaria de 24x7. Asimismo no se dispone de la capacidad técnica ni legal de acceder ni mantener en versiones actualizadas el firmware de los equipos, dado que están sometidos a derechos de propiedad intelectual de los constructores de los equipos, y por tanto sometidos a derechos de exclusiva –sólo con acuerdos empresariales con el “propietario legal” pueden hacerlo empresas que no sean las constructoras de los equipos”.
La redacción del apartado impugnado no explicita ni los certificados exigibles, ni cuáles son los derechos exclusivos que se han de acreditar en esta fase del procedimiento pudiendo dar lugar a dudas a la hora de valorar la documentación aportada por la Mesa de contratación. No obstante, la relación de equipos y la interpretación conjunta con el anexo VIII del PCAP y con el PPT permiten la comprensión de esta exigencia. Así, se relacionan en el citado anexo, en cuyo modelo se ha de especificar la forma de abordar la prestación de cada uno de los grupos que componen cada lote: mediante acuerdo/certificación o mediante subcontratación.
Se trata de una condición esencial para la ejecución del contrato que debe ser acreditada solo por el adjudicatario bastando para ser admitido como licitador el compromiso de firma de acuerdo o certificado.
En este caso la actividad de mantenimiento de hardware, software y firmware estarían comprendidas dentro del subgrupo 3 del grupo V de la clasificación de las empresas de servicios cuyo contenido según el anexo II del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, es “trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo o perfectivo y de reparación de equipos y sistemas físicos y lógicos para el tratamiento de la información, así como de los equipos emisores y receptores de la misma y sus correspondientes sistemas y medios de transmisión”. No obstante, el órgano de contratación documenta mediante certificados de los fabricantes los derechos exclusivos de propiedad industrial o intelectual que ostentan los productores de los equipos o sistemas lógicos incluidos en el objeto del contrato.
Según acredita la clasificación el licitador que la obtiene puede mantener, instalar o configurar el software pero serán previas las licencias y permisos cuando se trate de derechos exclusivos. Por ello el órgano de contratación ha querido garantizar, con carácter previo, que las empresas licitadoras aún no teniendo el contrato con el fabricante, pues no es exigible hasta la fase de ejecución del contrato, sí cuentan con el compromiso de su firma.
La Administración se asegura con este requisito que los trabajos de mantenimiento que se realicen en sus equipos y el software que se instale en los equipos o aquél que sea usado para implementar sus funciones, es original, y no vulnera ninguna ley, derecho o interés xx xxxxxxx alguno, en especial los referidos a propiedad industrial e intelectual, y que cuenta con las correspondientes licencias de uso.
No se trata de una condición restrictiva de la competencia, sino de un requisito de aptitud para el cumplimiento del objeto del contrato. Las licencias o derechos exclusivos pueden ser objeto de cesión mediante los acuerdos o certificados que se solicitan en el apartado 12.2 del anexo I del PCAP objeto de impugnación, por lo que están al alcance de los posibles licitadores, ello sin perjuicio
de que las condiciones para su obtención puedan ser denunciadas, si se considera procedente ante los organismos encargados del control de la competencia.
Tampoco cabe admitir que se está imponiendo una subcontratación. En la subcontratación una empresa contrata a otra, para que ésta última realice parte de las prestaciones por las que la primera ha sido contratada directamente. En cambio la necesidad de la certificación del fabricante supone una autorización del mismo para realizar el mantenimiento, pero no que lo vaya a realizar una empresa diferente de la adjudicataria.
Séptimo.- Se alega por la recurrente que el artículo 11.5 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, dispone que "en los bienes de naturaleza duradera el consumidor o usuario tendrá derecho a un adecuado servicio técnico, y a la existencia de repuestos durante un plazo determinado" y el artículo 12 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, establece, en su número 3, que "el productor o, en su defecto, el importador garantizará, en todo caso, frente a los compradores la existencia de un adecuado servicio técnico para los bienes de carácter duradero que fabrica o importa, así como el suministro de piezas de repuesto durante un plazo mínimo de cinco años a contar desde la fecha en que el producto deje de fabricarse".
Por dicho motivo, considera que la exigencia de acuerdos o certificaciones con el fabricante en directo o indirectamente, no aportan mejoría en la prestación del servicio para el cliente, sino que sólo limita la concurrencia de competidores en la licitación, pudiendo dar lugar a prácticas restrictivas de la competencia.
Según informa el órgano de contratación la referencia que se hace a los repuestos y la obligación del suministro de piezas de repuesto es una obligación a la que no se alude en la cláusula 12.2 del PCAP.
La obligación de utilizar piezas originales para los repuestos que sean precisos para el correcto funcionamiento del equipo averiado es una condición técnica recogida en el apartado 2.1 del PPT.
La exigencia de acuerdo o certificación para las tareas de sustitución de piezas pretende asegurar que la adjudicataria del contrato esté capacitada para reponer piezas originales y tenga los permisos necesarios para la sustitución de las piezas que sean necesarias, pero no supone que necesariamente ha de realizarse por la empresa productora sino que cualquier empresa habilitada para labores de mantenimiento puede adquirir dichas piezas y proceder al mantenimiento y sustitución si ello no vulnera derechos exclusivos que quedan garantizados con la exigencia recurrida.
En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el 41.4 del TRLCSP y el artículo 3.2 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
ACUERDA
Primero.- Desestimar el recurso especial, interpuesto por Xxx. P.G.M., en nombre y representación de la mercantil COS MANTENIMIENTO S.A., contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de “Servicios de Mantenimiento Hardware de equipos Informáticos de diferentes marcas, de IAM y Dependencias Municipales del Ayuntamiento de Madrid”. Exp. 300/2012/01425.
Segundo.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.
Tercero.- Dejar sin efecto la suspensión acordada por este Tribunal el día 11 de septiembre.
Cuarto.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 49 del TRLCSP.