DAÑOS Y PERJUICIOS POR CESE DE ENTRENADOR DE FÚTBOL CONTRATADO A PLAZO FIJO

DAÑOS Y PERJUICIOS POR CESE DE ENTRENADOR DE FÚTBOL CONTRATADO A PLAZO FIJO

VOTO Nº 819-2012 DE LAS 10:55 HRS

DEL 12 DE SETIEMBRE DE 2012

[…]

“IV.- Mediante el contrato a plazo fijo visible a folios 19 a 21 del 8 xx xxxxx de 2010 el actor fue contratado como director técnico del ADCSH, para el campeonato xx xxxxxx 2010. Luego por el contrato a plazo fijo de fecha 29 xx xxxxx siguiente se le contrató con ese carácter para los campeonatos de invierno 2010 y verano 2011. Las cláusulas de ambos contratos son en lo que interesa similares. Así se contempló un salario de un millón de colones mensuales; con incentivos de dos millones de colones por clasificar a cuartos de final, tres millones de colones por clasificar a la final y cinco millones de colones por obtener el campeonato. Ambos contienen una cláusula tercera que reza: “DE LA RESCISIÓN UNILATERAL: Además de las demás causales establecidas legalmente, el presente contrato puede ser rescindido unilateralmente por parte de EL CSH sin causa justa, pagando a EL DIRECTOR TÉCNICO el importe correspondiente a un cuarto de mes xx xxxxxxx, es decir, la suma de ¢250.000.00 (doscientos cincuenta mil colones)” (sic). A folio 64 consta la nota del 21 de diciembre de 2010, dirigida al accionante y suscrita por el apoderado generalísimo de la sociedad demandada que expresa: “El día 08 xx xxxxx de 2010, con fundamento en los artículos 27 y 31 del Código de Trabajo, suscribimos un Contrato Laboral a Plazo Fijo o por Tiempo Determinado./De conformidad con la cláusula tercera, ambas parte convenimos libre y voluntariamente en que el citado contrato puede ser unilateralmente rescindido por parte nuestra pagándole el equivalente al importe de un mes xx xxxxxxx./ Hemos decidido efectuar una reorganización y reorientación estratégica en el Cuerpo técnico de nuestro equipo de la Primera División, y vamos a prescindir de sus servicios./ La decisión adoptada tiene efectos inmediatos desde el recibido de esta nota, y en consecuencia queda Usted en plena libertad de negociar con cualquier otro equipo que le resulte conveniente./ Previa coordinación con nuestra Administración, le estaremos cancelando la suma correspondiente a la cláusula de rescisión del referido contrato./ Le agradecemos los servicios prestados”.

De ahí que en dicha fecha terminó la relación entre las partes.

V.- El artículo 31 del Código de Trabajo dispone: “En los contratos a tiempo fijo y para obra determinada, cada una de las partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios concretos que demuestre, en relación con el tiempo de duración del contrato resuelto, con la importancia de la función desempeñada y con la dificultad que el trabajador tenga para procurarse cargo o empleo equivalente, o el patrono para encontrar sustituto, todo a juicio de los Tribunales de Trabajo./ Cuando el patrono ejercite la facultad aludida en el párrafo anterior, además deberá pagar al trabajador, en el mismo momento de dar por concluido el contrato, el importe correspondiente a un día xx xxxxxxx por cada siete días de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo menor, si no se hubiera ajustado dicho término; pero en ningún caso esta suma podrá ser inferior a tres xxxx xx xxxxxxx./ No obstante, si el contrato se ha estipulado por seis meses o más o la ejecución de la obra, por su naturaleza o importancia, deba durar este plazo u otro mayor, la referida indemnización adicional nunca podrá ser inferior a veintidós xxxx xx xxxxxxx”. En aplicación de esa norma la sentencia impugnada condenó a las codemandadas a cancelarle al actor la cantidad de cinco millones de colones por daños y perjuicios y setecientos sesenta y nueve mil doscientos treinta colones con ochenta céntimos, por veinte xxxx xx xxxxxxx. En el recurso se muestra inconformidad con ese reconocimiento por daños y perjuicios, al considerar que el demandante no acreditó la existencia esos daños y perjuicios a indemnizar según los términos del citado numeral 31. Sin embargo, esa tesis no se comparte. Si bien, es cierto que ese numeral contempla la indemnización por daños y perjuicios, respecto de los concretos que se demuestren, en relación con el tiempo de duración del contrato resuelto, con la importancia de la función desempeñada y con la dificultad que la persona trabajadora tenga para procurarse cargo o empleo equivalente; en este asunto fueron acreditados. No hay duda alguna que la cesación de un director técnico de un equipo de primera división, por sí misma genera daños y perjuicios, precisamente, porque las contrataciones se hacen con anticipación para cada temporada, tomando en cuenta las disponibilidades económicas del club contratante, las expectativas que se tengan y las cualidades específicas del trabajador a

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SALA SEGUNDA

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la luz de éstas. Es evidente que un cese como el sufrido por el accionante, le dificultó de por sí procurarse prontamente un nuevo empleo en condiciones similares. En un antecedente, de esta sala, se dejó en evidencia lo expuesto, así “Tomando en cuenta que la separación del jugador tuvo lugar cuando ya la competición de la primera temporada futbolística, objeto de contratación, se había desarrollado en parte, es humano presumir (artículo 417 del Código Procesal Civil) que existió para el desempleado dificultad para conseguir una nueva contratación equivalente en cuanto a niveles de asociación, salarios y fichajes; pues ya, para entonces, todos los equipos importantes de primera división, muy posiblemente, habían satisfecho sus necesidades en cuanto a jugadores, para esa campaña en curso, y si no fue así, por tratarse de una cuestión excepcional, fuera de lo normalmente esperable en el momento en que se dio la ruptura, y que en tal caso serviría para fundamentar la defensa de falta de derecho, debió el demandado invocar esa situación excepcional y acreditarla, lo que también omitió.” (sentencia número 221 de las 9:00 horas del 8 de octubre de 1993). Nótese que según las declaraciones de los señores OO y RBC, por su orden, para la época asistente del demandante y encargado de las finanzas de la sociedad accionada, en la temporada anterior el equipo había disputado la final del campeonato (folios 84 a 86). Esa situación, de por sí le daba prestigio, posicionaba positivamente y de manera significativa a la persona que lo dirigía, en este caso al actor, todo lo cual difícilmente podía procurarse en otro equipo. En todo caso, se echa de menos prueba de que inmediatamente él fuera contratado en otro

equipo de igual categoría y con condiciones similares a las descritas. Por ello, no se estima que el tribunal incurriera en error al establecer la existencia de daños y perjuicios a indemnizar. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que la impugnación planteada en cuanto pretende hacer valer la cláusula tercera del respectivo contrato, en la cual se contempló una indemnización fija por un monto inferior al concedido por el tribunal, no es de recibo. Lo anterior por cuanto, el numeral 14 del Código de Trabajo dispone: “Esta ley es de orden público y a sus disposiciones se sujetarán todas las empresas, explotaciones o establecimientos, de cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, existentes o que en lo futuro se establezcan en Xxxxx Rica, lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexos ni de nacionalidades…”. En aplicación de la citada norma no pueden pactarse indemnizaciones inferiores a las que conforme con dicho cuerpo normativo les corresponderían a las personas trabajadoras; motivo suficiente, para que la referida cláusula no constituya ningún obstáculo para otorgarle al actor lo que realmente le corresponde por el expresado concepto. Cabe agregar que efectivamente en la sentencia de esta sala número 665 de las 10:05 horas del 28 de julio de 2006, citada en el recurso, no se reconoció la mencionada indemnización prevista en el artículo 31, al echarse de menos la demostración de daños y perjuicios concretos; mas también lo es que este otro asunto tiene características particulares que hacen concluir sin lugar a dudas acerca de la existencia de una lesión sufrida por el accionante que la parte demandada debe indemnizar conforme esa norma.

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