RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recurso nº 1039/2016 X. Xxxxxxxxxx 000/0000 Resolución nº 1049/2016
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
En Madrid, a 16 de diciembre de 2016.
VISTO el recurso interpuesto por D. J. M. R. S., actuando en nombre y representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., contra el acuerdo de exclusión de 19 de septiembre de 2016, adoptado en el procedimiento de licitación del contrato de “Suministro mediante arrendamiento con opción de compra de mobiliario habitaciones paciente / camas UCI para el Hospital de San Xxxx de Alicante”, tramitado por el Hospital de Sant Xxxx d'Alacant (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Generalitat de Valencia), el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente Resolución
ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero. El Hospital de Sant Xxxx d'Alacant (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Generalitat de Valencia), ha tramitado el contrato de suministro mediante arrendamiento con opción de compra de mobiliario habitaciones paciente / camas UCI para el Hospital de San Xxxx de Alicante, expediente PA 184/2016.
El procedimiento de licitación se publicó en el Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea el día 13 xx xxxxxx de 2016; el 0 xx xxxxxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx; y el 22 xx xxxxxx de 2016 en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana.
El contrato de suministro se divide en cuatro lotes. El valor estimado de los diferentes lotes, excluido el IVA, es el siguiente: Lote 1, 181.030,21 Euros; Lote 2, 184.283,51 Euros: lote 3, 735.759,86 Euros; y lote 4, 206.010,73 Euros. Ello hace un valor estimado total del contrato de 1.307.084,23 Euros.
XXXX. XXXXXXX XXXXX, 00, 0x XXXX 00000 - XXXXXX
TEL: 00.000.00 19
FAX: 00.000.00.00
Xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Segundo. La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con los trámites previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en las disposiciones de desarrollo de la Ley y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Tercero. El anuncio de licitación en el DOUE indicaba en el apartado IV.3.4, que el plazo límite para la presentación de ofertas era el día 13 de septiembre de 2016, hasta las 12:00.
Pues bien, los licitadores Galmédica, S.L., Industrias Xxxxx, S.L y Xxxx Room, S.L., presentaron sus ofertas los días 12 y 13 de septiembre antes de las 12:00.
Por su parte, Ibersurgical, S.L., presentó su oferta el 13 de septiembre a las 12:29, y El Corte Inglés, S.A., entidad recurrente, presentó su oferta el 13 de septiembre a las 12:50.
La mercantil Xxxxxxx, S.L., registró su oferta el día 15 de septiembre en el Hospital de Sant Xxxx, sin embargo, registró la presentación en correos a las 12:47 del 13 de septiembre. Las mercantiles Orsal Informática, S.L. y Linet Iberia, S.L., registraron sus ofertas el día 16 en el Hospital de Sant Xxxx, no obstante, las presentaron previamente en correos el día 13, a las 11:51 y 11:23, respectivamente.
Como consecuencia de lo anterior, la Mesa de Contratación en la sesión de 19 de septiembre de 2016, acordó excluir, por haber presentado su oferta fuera de plazo, a las siguientes empresas: Ibersurgical, S.L., El Corte Inglés, S.A., y Striker Iberia, S. L.
A la vista de ese acuerdo de exclusión, la entidad excluida El Corte Inglés S.A formula recurso especial.
Cuarto. De acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se solicitó por el Tribunal al órgano de contratación, la remisión del expediente, habiendo sido recibido acompañado del correspondiente informe.
Quinto. El 17 de noviembre de 2016, la Secretaria del Tribunal actuando por delegación dictó resolución denegando la suspensión del procedimiento de contratación producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP.
Sexto. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso al resto de interesados para que en el plazo de cinco días hábiles realizaran las alegaciones que estimaran oportunas, sin que se haya evacuado el trámite conferido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.5 del TRLCSP y 22.1.1º del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (RPERMC), en aplicación del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat de Valencia el 22 xx xxxxx 2013, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 17 xx xxxxx de 2013.
Segundo. El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de un licitador que ha presentado oferta de licitación, y sin embargo ha sido excluido del procedimiento de contratación.
Tercero. El procedimiento licitado es un contrato de suministro, susceptible de impugnación conforme al artículo 40.1.a TRLCSP. Por otro lado, el acto recurrido es el acuerdo de 19 de septiembre de 2016, por el que se excluye la oferta de EL CORTE INGLÉS en el procedimiento de licitación. En atención al acto recurrido, susceptible de recurso conforme al artículo 40.2.b del TRLCSP; así como al procedimiento licitado, un acuerdo marco, el objeto del recurso se ha conformado de acuerdo a derecho.
Cuarto. La interposición se ha producido dentro del plazo legal del artículo 44 del TRLCSP, y de los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales; al no haber transcurrido más de quince días hábiles entre la fecha de notificación del acuerdo y la presentación del recurso.
Quinto. El recurso planteado por El Corte Inglés S.A se fundamenta única y exclusivamente en la contradicción existente sobre la fecha de presentación en el registro administrativo, considerando la recurrente que sí fue presentada la oferta antes de que expirase el plazo de admisión de ofertas. En concreto, a juicio de la recurrente la oferta fue presentada en plazo, pues su documento consta sellado el 13 de septiembre sin indicar hora.
Sin embargo, el órgano administrativo aporta certificado del registro administrativo, en el que consta como hora de presentación las 12:50, del día 13 de septiembre, asiento 4.365. Por tanto, considera la Administración que ha de ser confirmado el acto recurrido.
Sexto. Planteada la discusión, hemos de ubicar la normativa aplicable, como con acierto suscita la Administración en su informe de recurso. Y tal controversia se resuelve a favor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC).
La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicada en el B.O.E. de 2 de octubre de 2015, entró en vigor el día 2 de octubre de 2016. Para realizar la anterior afirmación nos remitimos a la Disposición final séptima, atinente a la entrada en vigor, que dispone: “La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».”
La Disposición transitoria tercera, sobre el régimen transitorio de los procedimientos administrativos en curso, dispone en su letra A: “a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.” Toda vez que fue el 8 xx xxxxxx de 2016 cuando se dictó el acuerdo por el que se aprobaba la tramitación del expediente administrativo, el mismo quedó iniciado y sujeto entonces a la normativa aún vigente, Ley 30/1992.
Bien, determinada la normativa aplicable, pasamos entonces a resolver el recurso interpuesto. Y para ello, hemos de advertir en primer lugar que la posición de la recurrente se encuentra huérfana de respaldo probatorio, pues no aporta una sola prueba que justifique el motivo de su
recurso. Su único argumento es la fecha de presentación sellada en el sobre de su oferta, que recoge sólo el día, 13 de septiembre de 2016. Pero nada justifica sobre la hora en la que presentó su oferta.
Es fácil de entender que un tampón administrativo de sellado de fecha por tinta no disponga de hora, pues no puede cambiarse la hora cada vez que se utilice el sello. Sólo en aplicación de la nueva Ley, y con sellados digitales, podrá incorporarse la hora de presentación en el resguardo administrativo.
La anterior afirmación se encuentra amparada por la normativa aplicable. El artículo 70.3 LRJPAC dispone: “3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.” Como vemos, no ha de constar la hora en la copia que al efecto se otorgue a los administrados como prueba de su presentación en el registro administrativo. En consecuencia, no actuó irregularmente la Administración.
No habría ocurrido lo mismo sin embargo, en caso de que se hubiera aplicado la normativa actualmente en vigor, pues para regular la misma cuestión, señala el artículo 66.3 Ley 39/2015: “3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.”
A su vez, estos preceptos deben cohonestarse con los artículos reguladores de los registros administrativos. El artículo 38.3 LRJPAC establece:
“3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte informático.
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano administrativo.”
Luego, si bien es cierto que no es preciso otorgar una copia justificativa de la presentación de un documento al administrado en la que conste la fecha y la hora, sí que es preceptivo expresar la hora y la fecha en el registro administrativo del órgano en cuestión. En el presente caso, como ya hemos indicado, el Órgano de Contratación ha identificado y aportado copia del resguardo o certificado del registro administrativo, en el que consta que la oferta se presentó fuera del plazo establecido al efecto.
No existe ningún motivo para dudar de la veracidad y legalidad del certificado presentado por la Administración, sino todo lo contrario. Dicho documento administrativo certifica la hora de presentación, y si la misma fuera falsa, algo que no se ha invocado por el recurrente, podrían existir consecuencias legales, incluso de índole penal, algo que debe descartarse porque no se ha justificado lo contrario.
Tampoco consta que el administrado solicitara expresamente que se recogiera la hora en su copia de presentación, lo cual habría sido un acto de diligencia al haber presentado su oferta al límite del plazo, para poder así justificar su admisibilidad.
Por todo lo expuesto, y bajo el amparo a su vez de la presunción de legalidad de los actos administrativos del artículo 57.1 LRJPAC (los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa) hemos de considerar probado que la oferta se presentó fuera del plazo máximo fijado en los pliegos de contratación.
Séptimo. Aunque no se ha invocado por el recurrente, quiere este Tribunal desechar de oficio la aplicación de la Disposición Final Decimosexta del TRLCSP. El texto de dicha disposición reza como sigue:
“1. El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos contemplados en esta Ley se ajustará a las normas siguientes:
[…]
e) Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones, notificaciones y envíos documentales entre el licitador o contratista y el órgano de contratación deben poder acreditar la fecha y hora de su emisión o recepción, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia de la hora y la fecha exactas de la recepción de las proposiciones o de las solicitudes de participación y de cuanta documentación deba presentarse ante el órgano de contratación.”
Esta disposición exige la adición de la fecha y la hora en las comunicaciones electrónicas, pero será sólo aplicable en aquellos casos en los que se establezca en los pliegos que las comunicaciones del contrato se realizarán por tales medios telemáticos. Lo que no ocurre en el presente caso.
Si se observan los apartados 15 y 16 del cuadro de características xxx xxxxxx administrativo de cláusulas particulares, se verá que los mismos prescriben:
“15- XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX: Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxx Xxxx x'Xxxxxxx, Xxxx. Xxx. 000 Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, xxx 00000 Xxxx Xxxx x'Xxxxxxx
16- ENVÍO DE PROPOSICIONES POR CORREO ELECTRÓNICO: NO.”
Por tanto, las comunicaciones entre la Administración y los licitadores no iba a producirse por medios telemáticos en el presente contrato, motivo por el cual no resultaba de aplicación la Disposición Adicional Decimosexta del TRLCSP.
En definitiva, procedía aplicar las disposiciones de la Ley 30/1992, vigente en el momento de tramitación del expediente de contratación, y que se ha sido interpretada y cumplida correctamente.
Por todo lo anteriormente expuesto, procede la desestimación íntegra del recurso formulado por la recurrente, debiendo confirmar el acuerdo de exclusión.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
8
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. J. M. R. S., actuando en nombre y representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., contra el acuerdo de exclusión de 19 de septiembre de 2016, adoptado en el procedimiento de licitación del contrato de “Suministro mediante arrendamiento con opción de compra de mobiliario habitaciones paciente / camas UCI para el Hospital de San Xxxx de Alicante”, tramitado por el Hospital de Sant Xxxx d'Alacant (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Generalitat de Valencia), confirmando en consecuencia dicho acuerdo de exclusión.
Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 de TRLCSP.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.