RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
MINISTERIO DE HACIENDA
Recursos nº 1345 y 1381/2018 Ciudad de Melilla 8 y 9/2018 Resolución nº 514/2019
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
En Madrid, a 09 xx xxxx de 2019.
VISTOS los recursos interpuestos por D. L.M.R.P., en representación de SERGLOBIN, S.L.U. y por D. S.S.B., en representación de la mercantil XXXXXXX XXXXXX Y CIA, S.L., contra la Orden de 26 de noviembre de 2018 de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, dictada en el procedimiento de contratación “Servicio de generación de contenidos digitales audiovisuales para la difusión de la actividad de la administración autonómica mediante Internet en la Ciudad Autónoma de Melilla”, expediente 4406/2018, convocado por la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, con valor estimado de 549.230,76 € (IPSI excluido); el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente Resolución:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por Resolución de la Consejería de Presidencia y Salud Pública (Dirección General de la Sociedad de la Información) se acordó la incoación del expediente de contratación relativo el servicio de generación de contenidos digitales audiovisuales para la difusión de la actividad de la administración autonómica mediante Internet en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Segundo. Aprobado el expediente de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para la licitación por procedimiento abierto, el anuncio de licitación se publicó en el Perfil de Contratante de 5 xx xxxxx de 2018 y se procedió a su envío al DOUE el 10 xx xxxxx y se publicó en el B.O.E. de 3 xx xxxxx de 2018, señalando como plazo para la presentación de ofertas hasta el 20 xx xxxxx de 2018, a las 13:00 horas.
XXXX. XXXXXXX XXXXX 00, 0x XXXX. 00000 - XXXXXX
TEL: 00.000.00.00
FAX: 00.000.00.00
Xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
Tercero. La licitación se llevó a cabo de conformidad con los trámites previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo TRLCSP), en el Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).
Cuarto. El valor estimado del contrato se anunció por un total de 549.230,76 € y con una duración total de veinticuatro meses.
Quinto. Según el certificado expedido por el registro del negociado de contratación de la Consejería de Hacienda, a la licitación se ha presentado las siguientes licitadoras:
- XXXXXXX XXXXXX Y CIA, S.L.,
- TRESFORCAS DIGITAL, S.L.U.,
- XXXXXXXXX, X.X. x,
- XXXXX XXXXXXX XXXXX.
Sexto. Tras la apertura de los sobres de documentación administrativa y de los que contenían los criterios de evaluación sujetos a juicios de valor, la mesa de contratación una vez aprobado el informe técnico al respecto y por unanimidad, acordó la apertura de los sobres en los que obraban los criterios objetivos de las licitadoras. En el acta levantada por la mesa el 25 xx xxxxx de 2018 tras la integración de ambos criterios de adjudicación se constatan las siguientes puntuaciones finales, referidas a las empresas que presentaron sus ofertas:
CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE… | % | ANANO | JFERRER | SERGOBLIN | TRES FORCAS |
JUICIOS DE VALOR | 40 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 14,00 |
APLICACIÓN DE FÓRMULAS | 60 | 52,00 | 22,63 | 11,31 | 53,82 |
TOTAL PUNTOS | 100 | 52,00 | 62,63 | 51,31 | 67,82 |
Se detectan en las ofertas económicas, dos posibles exclusiones por sobrepasar el presupuesto base de licitación, -ANANO y JFERRER- y se estima que la formalizada por TRES FORCAS está incursa en una presunción de baja desproporcionada.
Séptimo. Reunida la mesa de contratación el 2 xx xxxxxx de 2018 con el fin de evaluar el informe evacuado por el Director General de la Sociedad de la Información relativo a la justificación dada por la mercantil TRES FORCAS en lo concerniente a su oferta anormalmente baja y visto que, el referido informe considera cuestionable las explicaciones dadas, propone a la mesa la desestimación de la justificación de dicha oferta económica y plantea la propuesta de adjudicación a favor de la siguiente licitadora, esto es, a favor de SERGLOBIN, S.L.U.
Octavo. No obstante, la mesa de contratación acuerda conceder un nuevo trámite de audiencia a la empresa TRES FORCAS explicativa de ciertos extremos que, a su juicio deben ser aclarados en torno a la referida oferta económica, tales como el coste de la creación del portal, el coste del mantenimiento técnico del portal y las facturas sobre equipamientos disponibles. Recibido el informe ampliatorio sobre la baja desproporcionada, el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 xxxxxxx xx xxxx de contratación acuerda aceptar la oferta de dicha empresa, proponiendo a ésta como adjudicataria del servicio.
Noveno. Por Orden de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla de 26 de noviembre de 2018 se acuerda cuanto sigue:
1º Excluir de este procedimiento a las empresas XXXXX XXXXXXX XXXXX y XXXXXXX XXXXXX Y CIA, por haber presentado ambos licitadores la oferta económica por encima del tipo de licitación del expediente.
2º Dejar sin efecto la propuesta de adjudicación del expediente de referencia, de la Mesa de Contratación realizada en su sesión de fecha 2 xx xxxxxx, a favor de la empresa SERGLOBIN, S.L.
3º Adjudicar el expediente denominado “Generación de contenidos digitales audiovisuales para difusión de la actividad de la administración autonómica mediante Internet de la Ciudad Autónoma de Melilla a la empresa TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U. por importe de 198.893,76
€.
Décimo. Contra esta Resolución han tenido entrada en el registro electrónico de este Tribunal con fechas de 4 y 17 de diciembre de dos recursos interpuestos, por un lado, por el primer
propuesto como adjudicatario, SERGLOBIN, S.L.U. y por otro, por una de las licitadoras excluidas por la interpretación en alza de su oferta económica, XXXXXXX XXXXXX Y CIA, S.L.
Décimo primero. De conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, este Tribunal ha acordado la acumulación de los dos recursos y por ende, la emisión de una única resolución y un único fallo.
Décimo segundo. Recibido en este Tribunal el expediente, acompañado del informe del órgano de contratación, la Secretaria dio traslado a las demás licitadoras concurrentes para que por un plazo común de cinco días pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen. Han presentado alegaciones, la adjudicataria, TRES FORCAS y JFERRER (en el recurso nº 1345/2018) y por otro lado, la adjudicataria, TRES FORCAS y SERGLOBIN (en el recurso nº 1381/2018).
Décimo tercero. Por Resolución dictada por delegación, la Secretaría de este Tribunal con fecha 27 de diciembre de 2018, acordó mantener la suspensión del expediente de contratación producida como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 53 de la LCSP, de forma que, según lo establecido en el artículo 57.3 del texto citado, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento.
En la tramitación de este recurso, se han observado todos los trámites legal y reglamentariamente establecidos, esto es, lo prescrito por la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (artículos 44 y siguientes) y por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Disposición Transitoria Primera.4 de la LCSP).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Este Tribunal es competente para conocer del recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 46.2 LCSP, por tratarse de una actuación en materia de contratación del sector público de una Ciudad Autónoma, Melilla que, con fecha 9 xx xxxxxx de 2012, suscribió un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Hacienda, atribuyendo a este Tribunal las competencias de la Ciudad Autónoma para entender de este tipo de recursos contractuales (BOE 9-8-2012). La eficacia de este convenio fue prorrogada por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda publicada en el BOE 11-2-2018.
Segundo. Las recurrentes, SERGLOBIN, S.L.U. (en adelante, SERGLOBIN) y XXXXXXX XXXXXX Y CIA, S.L. (en adelante, JFERRER) presentaron sus ofertas en la licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio de generación de contenidos digitales audiovisuales para la difusión de la actividad de la administración autonómica mediante Internet en la Ciudad Autónoma de Melilla, por lo que con claridad meridiana ostentan legitimación en los términos recogidos en el artículo 48 de la LCSP.
Tercero. Se recurre un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada, susceptible de impugnación ex artículo 44.1, a) de la LCSP y los actos impugnados, la exclusión de la oferta y la adjudicación pueden ser objeto de los recursos especiales ex artículo 44.2, b) y c) de la LCSP.
Cuarto. El recurso se ha interpuesto dentro del plazo legal concedido de quince días hábiles, cumpliendo así las prescripciones formales del artículo 50 de la LCSP. Se han dado debida satisfacción a los demás trámites rituarios exigidos en la LCSP y en el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización de este Tribunal.
Quinto. Dado que nos hallamos ante un mismo acto administrativo impugnado, la Orden de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla acordando la adjudicación del contrato y la exclusión de una de las ofertas, con el fin de dar claridad en la exposición de las alegaciones, hemos de distinguir, por una lado, las dadas por la mercantil SERGLOBIN frente a la resolución de adjudicación; y por otro, las esgrimidas por JFERRER cuya oferta
económica fue excluida de la licitación, por exceder su oferta económica del presupuesto base de licitación.
A) Argumentos de la mercantil SERGLOBIN en el recurso nº 1345/2018.
SERGLOBIN solicita la declaración de nulidad de la resolución de adjudicación por considerar que es contraria a Derecho, pues entiende que no procede la adjudicación del contrato a favor de TRES FORCAS, a la que reprocha el incumplimiento de las prescripciones recogidas en los pliegos rectores de la contratación. En esencia, achaca a la adjudicataria las siguientes deficiencias que han de provocar su exclusión de la licitación. A saber:
1. Falta de vinculación del objeto social de la mercantil adjudicataria TRES FORCAS con las prestaciones propias del contrato. Esgrime lo exigido en el aplicable Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, derogado por la vigente LCSP y así cita el artículo 57 del referido cuerpo legal. Además, al amparo de la cláusula 2ª del PCAP, el apartado 1 del Cuadro de Características y la prescripción 3 del PPT, considera que el objeto social de la empresa de la adjudicataria no guarda una relación directa con las prestaciones propias que constituyen el objeto del contrato que se licita. Este motivo, a su juicio, ya hubiera sido suficiente para expulsar a la licitadora del procedimiento, por la ausencia de idoneidad del objeto social de la empresa.
2. Irregularidades en la forma de presentación de la oferta económica por parte de la adjudicataria, pues no se ha detallado ni desglosado por unidades funcionales de gasto claramente identificables, tal y como exigía el pliego. La oferta económica de la adjudicataria contraviene el apartado 22 del Cuadro de Características del contrato anejo al PCAP que literalmente exige que: “Junto con la oferta económica realizada, conforme al modelo anexo, se adjuntará un desglose de la misma por conceptos, que incluirá como mínimo: Oferta económica desglosada por unidad funcional de gasto claramente identificable”.
3. Falta de solvencia económica y financiera y técnica de la mercantil adjudicataria del contrato. De la interpretación conjunta de la cláusula 11.4 del PCAP y apartado 12 del Cuadro de Características, entiende la recurrente que las declaraciones presentadas por la adjudicataria no son válidas a los efectos de acreditar las solvencias, así como el compromiso de adscripción de medios personales y materiales.
4. La tramitación de la oferta económica de la adjudicataria incursa en valores anormales o desproporcionados, en opinión de la recurrente no ha sido la legalmente establecida en el artículo 152 del TRLCSP, pues se le ha dado un trato de favor concediéndole dos audiencias con el fin de justificar su oferta económica. Y así expresa que: “En resumidas cuentas, no se ajusta al artículo 152 del TRLCSP, un segundo trámite de audiencia, ni menos aún, en el presente caso, cuando el primero lo fue para que la actora aportara el desglose de costes de su oferta económica, lo que omitió en el sobre C) (y ello debía haber dado lugar a la exclusión directa por incumplimiento del apartado 22 del Cuadro de Xxxxxxxxxxxxxxx).
5. Cambio de criterio no justificado del informe técnico sobre la oferta anormalmente baja. A juicio de la defensa de la impugnante, lo único adicional que aportó la licitadora en el segundo trámite de audiencia fue documentación adicional, sin variar su situación de base, insistiendo en que tiene personal ocioso y con coste no imputado a ciertas prestaciones tales como la creación y el mantenimiento del portal Web. Por ello expresa que: “Ante una baja tan desproporcionada (30,36%) se emite un primer informe muy reforzado (ocioso es citar la doctrina del TACRC sobre la correlación entre el porcentaje de la baja y la exigencia de la justificación –vid. Resoluciones nº 559/2014 y 662/2014). Y tras la segunda audiencia, sin verse alteradas las circunstancias determinantes de la misma, se emite un segundo poco o nada <<reforzado>> que, además, no explica realmente el cambio de criterio, y pese a todo, sigue expresando sus reservas a que el contrato se pueda ejecutar”.
6. A mayor abundamiento SEGLOBIN en su recurso mantiene la inadmisibilidad de la oferta de la adjudicataria que se funda en su valor anormalmente bajo por no imputar xxxxxx al contrato contraviniendo la prescripción 4 del PPT, constituyendo además un fraude a los principios de competencia, igualdad de trato y no discriminación.
7. Por último, sostiene la recurrente que dar un coste 0 a los trabajos de creación y mantenimiento del portal web institucional so pretexto de que dichas prestaciones serán ejecutadas por el proveedor habitual de servicios tecnológicos con los que trabaja la adjudicataria es permitir la subcontratación, infringiendo la prohibición contenida en los pliegos.
En conclusión, suplica la estimación del recurso para declarar la nulidad de la Orden de adjudicación que constituye el objeto del mismo, con el fin de ordenar la adjudicación a favor de la proposición presentada por su representada, SERGLOBIN.
El sucinto informe del órgano de contratación remitido a este Tribunal viene a contrarrestar los argumentos empleados por la recurrente e insiste que de acuerdo con la totalidad de la documentación presentada por TRES FORCAS esta Dirección General, la de la Sociedad de la Información, no efectúa un cambio de criterio.
B) Argumentos de la mercantil JFERRR en el recurso nº 1381/2018.
Esta licitadora, cuya oferta económica fue excluida del procedimiento por entender que superaba el presupuesto base de licitación, impugna la Orden de la Consejería de Hacienda, argumentando no solo su indebida exclusión, sino también motiva la existencia de vicios o defectos en la oferta hecha por la adjudicataria. Resumidamente podemos sistematizar así sus argumentos:
1. Incumplimiento de la adjudicataria de las prescripciones técnicas xxx xxxxxx, por entender que su oferta no da satisfacción a las prestaciones exigidas en la prescripción 3ª del PPT sobre tipología y nivel funcional de los servicios a desarrollar. En especial, analiza el punto referido al equipo técnico para concluir con que la oferta de la adjudicataria no cumple dichas exigencias.
2. Impugna también las valoraciones hechas a favor de la adjudicataria y a favor de la otra recurrente, SERGLOBIN en lo tocante a los criterios subjetivos sujetos a juicios de valor, pues ambas debieron de ser valoradas con 0 puntos, ya que no han aportado en sus ofertas tres técnicos con experiencia previa y suficiente en trabajos para la Administración, reputando que este “para” la Administración es un requisito indispensable.
3. Estima que la mercantil adjudicataria TRES FORCAS debió ser excluida de la licitación, por hallarse su oferta ante valores anormales y desproporcionados difícilmente justificables, entendiendo que el informe relevante de la Dirección General de la Sociedad de la Información fue desestimatorio de la oferta y, por ende, de su exclusión.
4. En lo relativo a su oferta económica, entiende que su exclusión ha sido a todas las luces indebida, pues se refería a la totalidad de la duración del servicio, esto es, doce meses prorrogables por otros doce meses, además sostiene que incluso esa fue la primera interpretación que hizo el Director General en el análisis de las ofertas económicas. En su caso, y antes de la exclusión podía haberse instado la aclaración pertinente.
Insta la declaración de la nulidad de la Orden impugnada y la inclusión de su oferta para que pueda la mesa de contratación proceda a su evaluación y con exclusión de las concurrentes, SERGLOBIN y TRES FORCAS, se acuerde la adjudicación del contrato a su favor.
El órgano de contratación, también para este recurso, remite un breve informe expedido desde la Dirección General de la Sociedad de la Información pidiendo la desestimación del recurso por considerar pertinente la exclusión de la oferta de JFERRER pues la misma resultaba más alta que el precio base de la licitación.
Sexto. En cuanto al Recurso 1345/2018, hemos de comenzar examinando si la empresa adjudicataria reúne ella misma, y con carácter previo al análisis de su oferta, capacidad para contratar, y en particular, capacidad para ser licitadora en el especifico contrato de servicios licitado desde la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Dado que nos hallamos ante un contrato de servicios cuya licitación en el perfil de contratante fue anunciada con anterioridad de la entrada en vigor de la LCSP, hemos de realizar el control de legalidad con el anterior TRLCSP y como no, con el carácter preceptivo y vinculantes de los pliegos, tanto de cláusulas administrativas particulares (cuadro de características) como del de prescripciones técnicas. Todo ello, al amparo del régimen de Derecho intertemporal contenido en la Disposición Transitoria primera, regla 1, de la LCSP.
Recordemos que el artículo 54 del TRLCSP sobre las condiciones de aptitud para contratar con el sector público disponía que: “1. Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas”.
La capacidad para las licitadoras que revisten la forma jurídica societaria la hallamos en el artículo 57 del mismo cuerpo legal, advirtiendo que: “1. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propio”.
En esencia, tanto el TRLCSP como la vigente LCSP (artículos 65 y 66) exigen que la capacidad de las empresas venga determinada por la afinidad entre las prestaciones que constituyen el objeto del contrato licitado y el objeto social de la empresa interesada en el procedimiento de contratación.
Ello nos obliga a analizar en primer lugar, cuáles son las prestaciones demandadas por el órgano de contratación para configurar el objeto del contrato de servicios y cuál es el objeto social de la mercantil adjudicataria, TRES FORCAS.
Si acudimos al PCAP y al cuadro de características anejo al mismo como Anexo I, hallamos las siguientes reglas:
- Cláusula 2ª del PCAP. Capacidad para contratar: “(…) Además las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato”. Y prosigue esta cláusula: “Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las tareas que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil, o en aquel otro registro social que corresponda en función del tipo de entidad social”.
- Cláusula 3ª del PCAP. Objeto del contrato: “El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los servicios descritos en el apartado 1 del Anexo I al mismo y definido en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato (…)”.
-Apartado 1 del Cuadro de Características: “Constituye el objeto del contrato la realización de los trabajos de generación y recopilación de contenidos digitales, principalmente audiovisuales, directamente relacionados con el funcionamiento y gestión desarrollada por la Administración Autonómica, para su difusión a través de Internet, como complemento multimedia al portal oficial de la Ciudad Autónoma en Internet, promoviendo así la existencia de un canal más de comunicación entre la Administración y el Ciudadano, con importantes ventajas en cuanto a las posibilidades de interacción en la comunicación y en cuanto al alcance de la información introducida, al hacerla accesible a través de Internet.
Código CPV: 72590000-7. Servicios profesionales relacionados con la informática”.
Las prestaciones quedan concretadas en el PPT, resultando significativas las siguientes prescripciones:
- Prescripción 1ª del PPT. Objeto del contrato: “El presente pliego tiene por objeto recoger las prescripciones técnicas que han de regir la contratación de los servicios de determinadas actuaciones en materia de generación de información pública mediante el uso de tecnología audiovisual sobre diversas actividades de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de Internet, tal y como se detallan en el pliego de prescripciones técnicas, debiendo presentarse una oferta en la que deberá constar, como mínimo, una propuesta de cierto detalle técnico de ejecución en relación con las actuaciones que a continuación se relacionan.
La definición y descripción de los elementos que constituyen el objeto del contrato tienen la consideración de alcance mínimo. El adjudicatario estará obligado a realizar las operaciones fijadas y relacionadas en este Pliego, con la frecuencia y plazos de actuaciones que se establecen para cada una de ellas”.
- Prescripción 3ª del PPT. Tipología y nivel funcional de los servicios a desarrollar: “Los servicios amparados por el contrato estarán relacionados con el desarrollo de las funciones de generación y recopilación de contenidos digitales, principalmente audiovisuales, directamente relacionados con el funcionamiento y gestión desarrollada por la Administración Autonómica, para su difusión a través de Internet, como complemento multimedia al portal oficial de la Ciudad Autónoma en Internet, promoviendo así la existencia de un canal más de comunicación entre la Administración y el Ciudadano, con importantes ventajas en cuanto a
las posibilidades de interacción en la comunicación y en cuanto al alcance de la información introducida al hacerla accesible a través de Internet (…)”.
-Prescripción 4ª del PPT. Prestaciones: “Las prestaciones que deberán contemplarse dentro del contrato y para cada uno de los servicios cubiertos, así como sus condiciones particulares, serán las siguientes:
4.1. Coordinador del servicio (COOR). “(…)”
4.2. Sitio WEB (WEBS).
El oferente deberá crear un portal que ofrecerá la información generada durante el desarrollo del contrato. El portal como mínimo deberá tener los siguientes contenidos: (…).
El adjudicatario deberá mantener y administrar el portal creado, corriendo de su cargo todos los costes de funcionamiento del mismo que se produzcan (…)”.
4.3. Equipamientos (EQUIP).
El oferente aportará una relación detallada de los equipamientos físicos y lógicos que utilizará el adjudicatario para el desarrollo de los servicios objeto de este contrato, los cuales podrán ser comprobados por la Ciudad Autónoma. Estos equipamientos deberán estar disponibles desde el principio del contrato y mientras el mismo esté en vigor. Todos los costes de mantenimiento, consumibles, etc., relacionados con el funcionamiento regular de los mismos correrán a cargo del adjudicatario hasta la finalización de los servicios prestados (…)”.
4.4. Oficina Local (OFI)
La oferente deberá disponer, al menos durante la duración del contrato, de una oficina de su empresa en la Ciudad de Melilla, al objeto de facilitar la disponibilidad inmediata de recursos en la ciudad (…)”.
4.5. Equipo Técnico (ETEC)
El oferente deberá detallar en su oferta el equipo técnico de su empresa que cubrirá los servicios objeto de este contrato, al objeto de garantizar la ejecución del mismo en los términos recogidos en este pliego, por lo que deberá tenerse en cuenta que:
- Deberá disponer al menos de TRES TÉCNICOS en la estructura de su empresa, con conocimientos y experiencia acreditados para realizar, entre otras, las funciones de redacción de información, maquetación, grabación de imagen y audio, tratamiento de vídeo, tratamiento de sonido, tratamiento de fotografías, organización y grabación de información en un portal en Internet, así como cualquier otra relacionada con estas y sea requerida para el desarrollo del proyecto como asistencia y apoyo a las tareas antes citadas y con presencia física durante la totalidad de la jornada laboral en las instalaciones que indique el cliente, desde el inicio del contrato. En definitiva, deberán acreditar conocimientos y experiencia suficiente para posibilitar la prestación de un servicio de calidad (…)”.
4.6. Equipo Técnico de Apoyo (EAPO) “(…)”.
4.7. Bolsas de horas (HORAS) “(…)”.
4.8. Promoción y difusión (PROMO) “(…)”.
4.9. Informes de incidencias de gestión y del funcionamiento del Servicio (INFO) “(…)”.
4.10- Horario de servicio (HSERV) “(…)”.
4.11. Línea de atención al cliente (LIN) “(…)”.
El conjunto de estas prestaciones responde a la codificación del contrato dentro del código CPV: 72590000-7, servicios profesionales relacionados con la informática.
Para el estudio de la alegación vertida por la recurrente, SERGLOBIN sobre la falta de capacidad, hemos de estudiar el objeto social de la adjudicataria en la documentación obrante en el expediente remitido a este Tribunal. Entre la documentación administrativa de TRES FORCAS hallamos las siguientes escrituras notariales:
- Escritura pública otorgada ante Notario de Melilla el 23 xx xxxx de 2017 para hacer constar que la Junta General de Socios acordó la ampliación del objeto social, mediante la reforma del artículo 2 de los Estatutos societarios, que pasan a tener la siguiente redacción: “Artículo
2. Objeto. Constituye su objeto social:
- La explotación de medios de comunicación escritos y audiovisuales.
- La explotación de centros socio-sanitarios propios o ajenos.
- El transporte aéreo de emergencias sanitarias mediante aeronaves propias o fletadas a otras compañías, así como la actividad de intermediación aérea.
- Servicio de grabación, edición de contenidos, realización de directos con unidad móvil, realizaciones en plató y redacción-locución, tanto para empresas públicas como privadas”.
- Escritura pública otorgada ante Notario de Melilla el 19 xx xxxxx de 2018 para hacer constar la ampliación del objeto social, dando nueva redacción al artículo 2 de los Estatutos de la mercantil, con el siguiente tenor: “Artículo 2. Objeto. Constituye su objeto social:
- La explotación de medios de comunicación escritos y audiovisuales.
- La explotación de centros socio-sanitarios propios o ajenos.
- El transporte aéreo de emergencias sanitarias mediante aeronaves propias o fletadas a otras compañías, así como la actividad de intermediación aérea.
- Servicio de grabación, edición de contenidos, realización de directos con unidad móvil, realizaciones en plató y redacción-locución, tanto para empresas públicas como privadas.
- Generación de contenidos digitales de audio y video para difusión en medios de comunicación y en Internet.
- La gestión de centros y servicios socio sanitarios, el transporte sanitario aéreo y terrestre con medios propios y ajenos y la intermediación aérea”.
Esta reforma estatutaria de ampliación del objeto social fue inscrita en el Registro Mercantil de Melilla el 19 xx xxxxx de 2018, un día antes del día del vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones.
Por tanto, de conformidad con el artículo 57.1 del TRLCSP, el objeto social definido en los estatutos de la empresa otorga a la misma capacidad de obrar para ejecutar el presente contrato de servicios de generación de contenidos digitales audiovisuales, para su difusión en Internet, por lo que este motivo de recurso debe desestimarse.
Séptimo. El segundo argumento empleado por la defensa de SERGLOBIN es la irregularidad de la oferta económica presentada por la adjudicataria, lo que en su opinión también le hace acreedora de su exclusión del procedimiento de licitación.
Si acudimos al Cuadro de Características en el apartado 22 singulariza cómo los operadores económicos interesados en el procedimiento han de presentar su oferta económica y así expresa que: “Junto con la oferta económica realizada, conforme al modelo de anexo, se adjuntará un desglose de la misma por conceptos, que incluirá como mínimo: Oferta económica desglosada por unidad funcional de gasto claramente identificable”.
La rigidez exigida por la invocación del recurrente de que la oferta económica de la adjudicataria no ha sido desglosada por unidad funcional, se observa que no ha sido debidamente satisfecha por la mayor parte de las empresas concurrentes a la licitación, que se han limitado a dar cumplimiento al modelo del Anexo II adjunto al PCAP.
La recurrente tampoco ha realizado una oferta económica propiamente dicha desglosada por unidades de gasto, sino un desglose de costes, por los conceptos que ha tenido a bien, e indicando únicamente una cifra global anual y total de los dos años por cada concepto de coste, a los que suma un beneficio global total, para hacerlo coincidente con el importe de su oferta económica. Por tanto, no ha desglosado un precio (que incluya beneficio), es decir, una oferta económica, por cada unidad funcional de gasto, sino una serie de costes (los que ha considerado, porque los pliegos no definían modelo alguno a seguir; ni siquiera indicaban cuales debían ser las unidades de gasto), añadiendo un beneficio aplicable globalmente a todas las unidades de gasto.
En consecuencia, la omisión de este desglose no puede tener por efecto la exclusión del procedimiento, y así lo ha considerado el órgano de contratación respecto de todos los licitadores que lo omitieron, o no lo realizaron debidamente.
Además, con carácter general este Tribunal considera que este desglose de la oferta económica no puede tener por efecto una consecuencia tan grave como la exclusión del licitador, salvo que el mismo se encuentre incurso en presunción de anormalidad o desproporción. Dijimos en nuestra Resolución 542/2018 que:
“Para resolver este recurso hay que referirse en primer lugar, como ya lo hicimos en nuestra Resolución 164/2018, a la Sentencia 52/2016 del Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxx que afirma, en relación con el valor que debe asignarse a la justificación de costes de la oferta económica, que “si se produjo algún error de cálculo el imprevisión por la adjudicataria, lo cierto es que sólo a ella podía afectarle al obligarse, a su riesgo y xxxxxxx, a llevar a cabo su oferta técnica conforme al precio de adjudicación; sin que viniera obligada la Administración, como pretende la recurrente, a una comprobación exhaustiva de todas y cada una de las partidas que integran el estudio económico con base en el cual se hizo la oferta, hasta el punto de que los errores o incorrectas valoraciones (...) hubiesen de determinar que no pudiera ser tenida en cuenta la oferta económica presentada. Cuestión distinta hubiera sido que, atendidos la oferta económica presentada y el estudio económico, pudiera concluirse, lo que no es caso (...), que la propuesta de la presentada contuviera valores anormales o desproporcionados que evidenciarán que aquella no podía cumplirse”.
El motivo de recurso se desestima.
Octavo. Pasando al análisis sobre el reproche de falta o inadecuación de las solvencias por parte de la adjudicataria, tanto la económica como la técnica, hemos de estar a las exigencias relatadas en el apartado 12 del Cuadro de Características que establece la forma de acreditarlas así:
“Solvencia económica, financiera y técnica o profesional”
Acreditación de la solvencia económica y financiera:
La solvencia económica o financiera se acreditará por el siguiente medio:
- Artículo 75.1, a) TRLCSP. Volumen anual de negocios del licitador, igual o superior a
150.000 euros, referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos años.
Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
La solvencia técnica o profesional se acreditará por el siguiente medio:
- Artículo 78.1, a) TRLCSP. Relación de trabajos efectuados por el licitador en el curso de los últimos cinco años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución y por importe igual o superior a 150.000 €.
Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales:
Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida:
- Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato. Este compromiso de adscripción es obligación contractual esencial. Deberá incluirse (…)”.
Dado que nos hallamos ante requisitos de capacidad del contratista (no de cualificación de su oferta) hemos de acudir al expediente de contratación remitido a este Tribunal para enjuiciar, primero si las acreditaciones hechas por la adjudicataria en su documentación administrativa dan satisfacción a las solvencias y segundo, si se cumple el compromiso de adscripción de medios personales y materiales en la forma y con la exhaustividad exigida en el apartado 12 del Cuadro de Características del contrato.
Comenzando por la solvencia económica, en la documentación administrativa hallamos una declaración del responsable de la empresa en la que relaciona el volumen anual de negocios de los tres últimos años, expresando cantidades superiores a los 150.000 € exigidos. En el trámite establecido por el artículo 151.2 del TRLCSP aporta una declaración responsable del representante de la empresa sobre el volumen de actividad de los tres años, junto con un certificado del Registro Mercantil de Melilla del asiento de presentación de las cuentas anuales con fecha 30 de julio de 2018, que reflejan un importe de la cifra de negocios por cuantía superior a los 150.000 € exigidos en los pliegos para justificar la solvencia económica, por lo que se desestima este motivo de recurso.
Y por lo que concierne a la solvencia técnica, se aporta un certificado expedido por el Jefe del Gabinete de Comunicación de la Ciudad Autónoma de Melilla, es decir, del mismo ente contratante, expresivo de que: “la empresa TRES FORCAS DIGITAL, SL. (CIF…) ha proporcionado servicios de creación y difusión de contenidos por medios audiovisuales a la Ciudad Autónoma de Melilla al objeto de mantener canales de comunicación entre la administración y los Ciudadanos, por un valor superior a 150.000 euros en cada uno de los 5 años anteriores al 2018”.
Posteriormente aportó otro certificado del mismo Jefe de Gabinete de Comunicación de la Ciudad Autónoma de Melilla en el que se precisa que los servicios se habían prestado correctamente, en tiempo y forma, durante los años 2013 a 2105.
Por tanto, siendo el objeto del contrato “el servicio de generación de contenidos digitales audiovisuales, para la difusión de la actividad de la administración autonómica a través de Internet”, los servicios certificados por un órgano de la propia Ciudad Autónoma de Melilla, prácticamente coincidentes con el objeto del presente contrato, por la cuantía de 150.000 euros que exige el PCAP, hace que deba tenerse por justificada la solvencia técnica de la empresa adjudicataria, por lo que se desestima también este motivo de recurso.
Noveno. A continuación, impugna la recurrente, en relación con el compromiso de adscripción de medios, el hecho de que, no admitiéndose la subcontratación, una de las personas que la licitadora adscribe al proyecto (B.R.V.) no era trabajadora de la adjudicataria al tiempo de la licitación, habiéndose declarado como personal propio de la empresa una persona que al tiempo de presentación de la oferta era un autónomo.
El motivo de recurso se desestima, porque el compromiso de adscripción de medios se refiere al periodo de ejecución del contrato, fase durante la cual se apreciará por parte del órgano de contratación si los medios personales ofertados y comprometidos son los exigidos en los pliegos, y si, en caso de sustituciones, los nuevos trabajadores tienen unas características de titulación y experiencia equiparables al personal que se sustituye.
Décimo. El recurrente alega en siguiente lugar que los gastos de personal de la adjudicataria son de 62.000 euros anuales y, por tanto, inferiores a los 80.000 euros que exige el pliego.
Como alega el órgano de contratación, el punto 4.5 del PPTP establece que el oferente debe garantizar que destinará una cantidad mínima de 80.000 euros a las retribuciones del equipo técnico, pero no dice que dicha cantidad sea anual. Como el contrato tiene una duración de dos años, TRES FORCAS SLU cumple con la cláusula, por lo que se desestima esta impugnación.
Undécimo. A continuación, el recurrente impugna el hecho de que el órgano de contratación haya considerado suficientemente justificada la oferta del adjudicatario, que se encontraba incursa en presunción de anormalidad o desproporción. Alega que se le han concedido dos audiencias para la justificación, que ha habido un cambio de criterio injustificado de los informes técnicos sobre la admisibilidad de la oferta, y que no es admisible no imputar determinados costes al contrato.
Sobre esta cuestión este Tribunal ha declarado reiteradamente que cuando el órgano de contratación excluye a una empresa incursa en presunción de anormalidad, debe expresar los motivos por los que considera que la oferta no se puede cumplir en sus propios términos con el precio ofertado, pero que si, por el contrario, estima que la misma puede ser cumplida, no es necesaria una motivación adicional, más allá de la ofrecida por el licitador en su justificación.
Para formar su criterio, la mesa y el órgano de contratación pueden solicitar cuantos informes consideren oportunos, así como pedir aclaraciones sobre la justificación de la baja al licitador incurso en la presunción de anormalidad. No olvidemos que se trata de la oferta económicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación establecidos, y que la defensa del interés general ampara e, incluso, exige esta forma de actuar.
En el presente caso, el diferente sentido de los informes se basa precisamente en la información y documentación aportada a requerimiento de la Administración.
Por tanto, el motivo de recurso se desestima.
Duodécimo. Finalmente, alega la empresa recurrente que se incumple la prohibición de subcontratar establecida en el apartado 4.5 del PPTP, porque la creación y mantenimiento del portal web se hará por un tercero.
Este motivo también debe ser desestimado, y con él todo el recurso, porque como ha declarado este Tribunal no todos los contratos que el adjudicatario celebre con terceros para ejecutar la prestación objeto del contrato, deben calificarse como “subcontratación”.
Así lo manifestamos en nuestra Resolución 1071/2018, Fundamento de Derecho Undécimo. B:
“Los artículos 61.1 de la LCSPDS y 215.1 de la LCSP no definen de forma precisa qué debe entenderse por subcontratación. Se limitan a indicar, a efectos de la subcontratación, que el contratista puede concertar con terceros la realización parcial de la prestación (salvo que los pliegos lo prohíban en determinados casos).
El Tribunal entiende que no todas las contrataciones con terceros que el adjudicatario realice para ejecutar la prestación contratada con la Administración son necesariamente “subcontrataciones”, a los efectos establecidos en las Leyes de Contratos.
Como dijimos en nuestra Resolución 579/2018, en relación con la subcontratación:
“Pues bien, a falta de una definición legal de este concepto (salvo lo que dispone el artículo 29 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones), el Tribunal comparte la opinión vertida en el Anuario Aragonés del Gobierno Local de 2013, de que en puridad sólo puede hablarse de subcontratos en aquellos en que los contratistas ponen su trabajo – la realización de una obligación de hacer, una prestación – y no a quienes ponen material, que serán más bien suministradores, pero no técnicamente subcontratistas. El diccionario de la RAE define la subcontratación como “contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios, asignados originalmente a la primera”. En conclusión, dice el mencionado Anuario, el subcontrato puede definirse como el contrato mediante el cual el sujeto de derecho que ha recibido el encargo de realizar una determinada prestación, encarga a su vez la realización de la misma – en realidad, de parte de la misma – a un tercer sujeto de derecho”.
El lote II de este contrato tiene por objeto los servicios de un operador logístico. Tal y como afirma el órgano de contratación en su informe al recurso, la logística comprende todas las actividades relacionadas con el flujo de materiales, desde el punto inicial hasta el punto final, determinados por el Mº de Defensa, contemplando, además de las actividades materiales,
aquellas otras mediante las que se planifica, organiza, regula y controla dicho flujo material, de forma eficiente.
Por tanto, en este caso la actividad en que consiste el contrato conlleva la necesidad de concertar por parte del adjudicatario los contratos de transporte precisos para ejecutar la prestación, dado que, como afirma el órgano de contratación, no es exigible que un operador logístico deba disponer de flotas xx xxxxxx o aviones. Por tanto, el normal cumplimiento del contrato exige que el adjudicatario contrate con empresas de transporte para llevar a cabo la prestación comprometida.
Como dice el artículo 29 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (norma que lógicamente no es aplicable en este ámbito, pero que sirve como criterio interpretativo ante la falta de definición de este concepto por la LCSPDS y la LCSP): “queda fuera de este concepto [el de subcontratación] la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada”. En nuestro caso, la normal ejecución de la actividad contratada con la Administración, la “realización por sí mismo del contrato de operador logístico”, implica la necesidad de celebrar contratos de transporte con empresas transportistas, por lo que no es lógico ni procedente someter estos contratos a los límites que sobre la subcontratación establecen los artículos 61 de la LCSPDS y 215 y siguientes de la LCSP. Contratos que, por tanto, no se consideran “subcontratación”.
Así pues, este motivo de recurso debe desestimarse”.
En nuestro caso, el mantenimiento del portal web es meramente instrumental del servicio objeto de licitación: el servicio de generación de contenidos digitales audiovisuales para la difusión de la actividad de la administración autonómica mediante Internet en la Ciudad Autónoma de Melilla, por lo que encomendar esta actividad a un tercero no implica que el adjudicatario deje de realizar por sí mismo la prestación encomendada, la generación de los contenidos digitales.
No se considera por tanto que el adjudicatario esté concertando con terceros la realización parcial de la actividad, en los términos del artículo 215 de la LCSP. Es decir, que esté subcontratando en términos estrictos: encomendando a un tercero la realización parcial de la
actividad a que está obligado; sino simplemente contratando una actividad instrumental necesaria para realizar por sí mismo la prestación objeto del contrato.
Decimotercero. En cuanto al Recurso 1381/2018 interpuesto por JFERRER, son varios los argumentos empleados por esta empresa, si bien hemos de comenzar a revisar la Orden impugnada en lo que afecta a su derecho o interés legítimo, esto es, la exclusión de su oferta económica. Además, argumenta en contra de la adjudicación hecha a TRES FORCAS por falta de equipo técnico y subsidiariamente, en contra de la eventual adjudicación a favor de SERGLOBIN.
En todo caso, y de conformidad con el artículo 00 xx xx xxxxxxx XXXX, xxxx Tribunal ha de revisar en este recurso la Orden de la Consejería de Hacienda de 26 de noviembre de 2018 en lo relativo a la exclusión de la ahora recurrente, JFERRER.
La oferta económica referida fue rechazada y, por ende, excluida en la Orden impugnada por exceder del presupuesto base de licitación. El tenor literal de dicha oferta rezaba así, tras la debida identificación del representante de la licitadora y del expediente de contratación:
“(…) se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones en el plazo total de 12 meses, prorrogables por otros 12 meses, por un precio de DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (247.990 €), al que corresponde por IPSI (4%) la cuantía de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (9.919,6 €) –sic-totalizándose la oferta en DOSCIENTOS CIENCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS
CON SEIS CÉNTIMOS (257.909,6 €) –sic- por año, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente”.
Las ofertas económicas han de ser formalizadas con rigor y formalidad por los operadores económicos interesados en el procedimiento de contratación, sin que puedan ser rectificadas, interpretadas, corregidas o reconducidas primero, por las mesas y posteriormente, en su caso, por los órganos de contratación.
Del tenor literal de lo transcrito, esto es, la voluntad de la licitadora se muestra en ejecutar el contrato por doce meses prorrogables por otros doce meses, por un importe de 257.909,6 € por año. In claris non fit interpretatio, pues resulta evidente que dicha oferta económica supera con creces el presupuesto base de licitación, fijado en los pliegos por un total de 274.615,38
€ por los dos años de duración del servicio.
Es de aplicación al caso el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, que sobre el rechazo de las proposiciones determina que: “Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición”
La motivación dada en el cuerpo de la Orden impugnada sobre los elementos esenciales en que se funda el juicio de valor para decretar la exclusión de la oferta, satisface los parámetros legales que sobre la fundamentación de los actos administrativos establece el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De otro lado, no es concebible en esta oferta económica conceder un trámite de subsanación, pues nuevamente implicaría una ruptura de los principios de igualdad y no discriminación rectores del procedimiento de contratación administrativa. En este sentido y con apoyo en la Resolución de este Tribunal nº 624/2018, de 29 xx xxxxx: “como regla general, nuestro Ordenamiento (artículo 81 RGLCAP) sólo concibe la subsanación de los defectos que se aprecien en la documentación administrativa, no en la oferta técnica o en la económica (cfr.: Resolución 151/2013), y ello, además, en el sentido de que la subsanación se refiere a la justificación de un requisito que ya se ha cumplido y no a una nueva oportunidad para hacerlo (Resoluciones 128/2011, 184/2011, 277/2012 y 74/2013, entre otras)”. Y prosigue: “En definitiva, siendo admisible solicitar aclaraciones respecto de las ofertas técnicas o económicas, "debe considerarse que ese ejercicio de solicitud de aclaraciones tiene como límite que la aclaración no puede suponer uno modificación de los términos de la oferta,
bien por variar su sentido inicial, bien por incorporar otros inicialmente no previstos" (Resoluciones 64/2012, de 7 xx xxxxx, 35/2014, de 17 de enero o 876/2014, de 28 de noviembre, entre otras). Así, "una vez presentada su oferta, en principio esta última no puede ya ser modificada, ni a propuesta del poder adjudicador, ni del candidato" toda vez que, "en el caso de un candidato cuya oferta se estime imprecisa o no ajustada a las especificaciones técnicas xxx xxxxxx de condiciones, permitir que el poder adjudicador le pida aclaraciones al respecto entrañaría el riesgo, si finalmente se aceptara la oferta del citado candidato, de que se considerase que el poder adjudicador había negociado confidencialmente con él su oferta, en perjuicio de los demás candidatos y en violación del principio de igualdad de trato". Este Tribunal ha dictado numerosas Resoluciones (por todas, 136/2011, 164/2011, 219/2011, 244/2011, 151/2012, 156/2012, 242/2012, 82/2013) que, salvo en supuestos en que se hubiera cometido un flagrante error material en que la voluntad del licitador pudiera ser fácilmente integrada, presentada la oferta no cabe posibilidad de su modificación, no existiendo obligación alguna por parte del órgano de contratación de solicitar subsanación de la misma y debiendo soportar el licitador las consecuencias del incumplimiento de su deber de diligencia en la redacción de la oferta resulta posible solicitar aclaraciones que en ningún caso comporten alteración de la oferta, pero no la adición de otros elementos porque ello podría representar dar la opción al licitador afectado de modificar su proposición lo que comportaría notable contradicción con el principio de igualdad proclamado como básico de toda licitación”.
En el caso de la recurrente, si se le diera la posibilidad de subsanar el pretendido error sobre su oferta se le estaría concediendo, en realidad, una nueva oportunidad de cumplir con un requisito esencial, la reformulación de su oferta económica.
Desestimado el recurso contra la exclusión, carece el recurrente de legitimación para recurrir la adjudicación, pues en ningún caso podría resultar adjudicataria del contrato. Ello determinaría que no fuera necesario entrar a valorar las demás cuestiones que se plantean en el recurso.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
Primero. Desestimar los recursos interpuestos por D. L.M.R.P., en representación de SERGLOBIN, S.L.U. y por D. S.S.B., en representación de la mercantil XXXXXXX XXXXXX Y CIA, S.L., contra la Orden de 26 de noviembre de 2018 de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, dictada en el procedimiento de contratación “Servicio de generación de contenidos digitales audiovisuales para la difusión de la actividad de la administración autonómica mediante Internet en la Ciudad Autónoma de Melilla”, expediente 4406/2018, convocado por la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Segundo. Levantar la suspensión acordada por Resolución de 27 de diciembre de 2018.
Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58.2 de la LCSP.
Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.