NIG: 28.079.00.4-2017/0023658
Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 05 de lo Social
Domicilio: X/ Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 , Xxxxxx 0 - 00000
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NIG: 28.079.00.4-2017/0023658
Procedimiento Impugnación convenio colectivo 355/2017 Secc. 5 Materia: Impugnación convenio colectivo
DEMANDANTE: FEDERACION DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE UGT y FEDERACION DE SANIDAD Y SECTORES SOCIOSANITARIOS DE COMISIONES OBRERAS
DEMANDADO: ASOCIACION MADRILEÑA DE DEPENDENCIA
(AMADE) y otros 3
Ilmos. Sres
Dña. XXXXX XXXXXX DE LA CUEVA XXXX Dña. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX Dña. XXXXXX XXXXXX XXXXXX
En Madrid a diecisiete de Xxxxx de dos mil diecisiete , habiendo visto las presentes actuaciones la Sección nº 5, de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL XXXXXX XXXXXXX
Ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A nº 482
En Impugnación convenio colectivo 355/2017, formalizado por el /la LETRADO D./Dña. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX en nombre y
representación de FEDERACION DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE UGT y LETRADO D./Dña. XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX en nombre y representación de FEDERACION DE SANIDAD Y SECTORES SOCIOSANITARIOS DE
COMISIONES OBRERAS contra la empresa ASOCIACION DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A MAYORES DEL SECTOR SOLIDARIO (LARES MADRID), PLATAFORMA PARA LA ATENCION A LA DEPENDENCIA (PAD), ASOCIACION MADRILEÑA DE DEPENDENCIA (AMADE) y ASOCIACION ESTATAL DE SERVICIOS RESIDENCIALES DE LA TERCERA EDAD (AESTE), siendo
Magistrado Ponente la Ilma. Sr. Dña. XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Con fecha 22/05/2017 tuvo entrada demanda formulada por FEDERACION DE SANIDAD Y SECTORES SOCIOSANITARIOS DE COMISIONES OBRERAS y FEDERACION DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE UGT contra ASOCIACION DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A MAYORES DEL SECTOR SOLIDARIO (LARES MADRID), PLATAFORMA PARA LA ATENCION A LA DEPENDENCIA (PAD), ASOCIACION MADRILEÑA DE DEPENDENCIA (AMADE) y ASOCIACION ESTATAL DE SERVICIOS RESIDENCIALES DE LA TERCERA EDAD (AESTE) .
SEGUNDO.- Admitida a trámite se citó de comparecencia a las partes señalando para el día veintinueve xx xxxxx de dos mil siete, que se celebró con el resultado que consta en el acta y soporte de grabación incorporado a las actuaciones.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.-La demanda de conflicto colectivo rectora de las presentes actuaciones se ha interpuesto por la FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE MADRID DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (FSP-UGT) y la FEDERACION DE SANIDAD y SECTORES DE SOCIOSANITARIOS DE CCOO (FSC-CCOO) contra AMADE ( Asociación
Madrileña de Dependencia) AESTE (Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad), LARES MADRID (Federaciuón de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario), y PAD ( Palataforma de Atención a la Dependencia) ( asociaciones empresariales
) en impugnación de Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.
SEGUNDO.- En el suplico de la demanda , precisado y aclarado en el acto de la vista, se solicita que esta Sala dicte sentencia por la que se declare la inaplicabilidad de los arts. 00-00-00-00-00 y 47 del Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid , publicado en el BOE el 3 de septiembre de 2013, por concurrencia con el Convenio Xxxxx Estatal.
TERCERO.- El presente conflicto colectivo afecta a los intereses generales de todos los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.
CUARTO.- Que, el convenio de ámbito superior de aplicación en el sector, conforme al ámbito funcional, territorial y personal del mismo (artículos 2, 3 y 4), es el "VI Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal", (Código de Convenio n.° 99010825011997) que fue suscrito con fecha 16 xx xxxxx de 2012 y publicado en el BOE el 18 xx Xxxx del año 2012. (en adelante Convenio Colectivo Marco Estatal)
QUINTO.- El art.6 del VI Convenio Colectivo Marco Estatal indica que “la regulación contenida en el presente convenio en materia de organización, jornada y tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones, jubilación, estructura retributiva y salarios, (bases, complementos, horas extras y trabajo a turnos), licencias y excedencias, movilidad funcional, derechos sindicales y formación, tendrán carácter de derecho mínimo necesario con respecto a la regulación que sobre esos mismos asuntos pudiera contenerse en otros convenios colectivos de ámbito más reducido. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores.”
SEXTO.- Que siendo derecho minimo necesario la regulación recogida en el Convenio Marco Estatal de las materias relacionadas con la organización, jornada y tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones, jubilación, estructura retributiva y salarios ( bases, complementos, horas extras y trabajo a turnos) licencias, y excedencias, movilidad funcional , derechos sindicales y formación , los artículos citados en el hecho segundo de los probados de esta resolución, cuya inaplicabilidad se solicita, lo es en base a que regulan condiciones de trabajo de forma menos beneficiosa y por debajo del minimo ordenado por el citado Convenio.
SEPTIMO.- Jornada y Tiempo de trabajo
Pausa durante la jornada | Convenio Artículo 29 | Autonómico | Convenio Artículo 37 | Marco Estatal | |
El | personal contratado | a jornada | Siempre que | la duración de la | |
completa tendrá derecho a realizar | jornada diaria continuada exceda | ||||
una pausa de veinte minutos que | de seis horas, se establecerá un | ||||
no será computada como tiempo | periodo de descanso durante la | ||||
efectivo de trabajo | misma de 15 minutos de duración, que tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos. |
A.- Descanso semanal
Descanso Semanal | Convenio Artículo W | Autonómico | Convenio Marco Estatal Artículo 38 | |
Los trabajadores tendrán derecho a un | El personal tendrá derecho a un | |||
descanso semanal mínimo de un día y | descanso mínimo semanal de día y | |||
medio | (36 horas) | sin interrupción. | medio (treinta y seis horas) sin | |
Dicho | descanso | deberá coincidir | interrupción. Dicho descanso deberá | |
obligatoriamente en domingo, al menos una vez cada ocho semanas. | coincidir obligatoriamente en domingo, al menos una vez cada cuatro semanas, excepto para aquel personal con contratos específicos de fin de semana. |
B.- Estructura retributiva y salarios (art. 34)
Salario Base Año 2017 | Categoría | Convenio Autonómico Artículo 34 | Convenio Marco Estatal Artículo 34 | Diferencia |
Administrador | 1.731,76 E | 1.766,86 E | -35,10 E | |
Médico | 1.455,76 € | 1.505,10 E | -49,34 € | |
ATS/DUE | 1.163,21 E | 1.316,95 € | -153,74 E | |
Oficial admón. | 941,74 E | 990,53 € | -48,79 € | |
Gerocultor | 956,02 € | 974,62 € | -18,60 € | |
Recepcionista | 922,62 € | 957,53 € | -34,91 € | |
Limpiador | 853,10 € | 883,43 E | -30,33 € | |
Resto Categorías ....... | ........ | ... ..... |
Antigüedad | Convenio Autonómico | Convenio Marco Estatal Artículo 34 |
18,28 € | ' 18,32 E |
Plus Nocturnidad | Convenio Autonómico Artículo 34 | Convenio Marco Estatal Artículo 34 |
91,13 emes | Retribución hora nocturna variable de 1,73€ a 3,45€ según categoría profesional |
Plus Domingos y Festivos | Convenio Autonómico Sin regulación | Convenio Marco Estatal Artículo 34 |
0,00 E | 18,29 E |
Plus Festivos Especiales | Convenio Autonómico Sin regulación | Convenio Marco Estatal Artículo 34 |
0,00 € | Retribución variable de 29,27€ a 58,54€ según categoría profesional |
Plus Disponibilidad | Convenio Autonómico Sin regulación | ConvenioMarcoEstatal . Artículo 34 |
0,00 € | 20,32 E |
D.- Licencias y excedencias
Licencias Retribuidas | Convenio Autonómico Artículo 41 | Convenio Marco Estatal Artículo 52 |
3 días de libre disposición a lo largo del año considerados como tiempo efectivo de trabajo. | 4 días de libre disposición a lo largo del año considerados como tiempo efectivo de trabajo. |
Licencia por asuntos propios | Convenio Autonómico Artículo 43 | Convenio Marco Estatal Artículo 53 |
Un mes al año no retribuido por asuntos propios | Tres meses al año no retribuidos por asuntos propios. Siete días no retribuidos al año para asuntos de carácter personal. |
Reducción jornada por lactancia | C o n v e n i o A x x x x x x x x x A r t í c u l o 4 7 | Convenio Marco Estatal Artículo 55 |
Hasta los nueve meses del menor | Hasta los 12 meses del menor | |
OCTAVO- Que el presente Conflicto Colectivo se sometió al procedimiento de mediación y conciliación del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, regulado en el Reglamento de Funcionamiento del Sistema de Solución Extrajudicial y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, por haberse previsto expresamente en el vigente Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de día para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid 2012- 2013, publicado en el B.O.C.M. el 3 de septiembre del año 2013, conforme dispone el artículo 59 de dicho Convenio, con el fin de cumplimentar el intento de conciliación previa que la ley exige.
NOVENO - Se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 97 LPL, los hechos declarados probados se apoyan en la documental que consta en autos, habiendo sido valorada a tenor de las argumentaciones vertidas por las partes en el Acto de la vista , segun consta en Acta, estando conforme las partes en que se trata de una cuestión estrictamente jurídica.
SEGUNDO.-Con carácter previo, antes de entrar en el fondo del asunto hemos de examinar las excepciones alegadas en el acto de la vista por la representacion letrada de las demandadas AMADE-AESTE Y PAD, asi como la representación letrada de LARES MADRID que se adhirió , que excepcionaron, incompetencia de jurisdicción, por conflicto de intereses y falta de acción., e inadecuación de procedimiento.
El carácter improrrogable que la jurisdicción tiene (artículo 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), obliga, en supuestos como el traído a la consideración de la Sala en la que los demandados alegan la excepción de incompetencia de este Orden Jurisdiccional para conocer del objeto del proceso, a examinar y resolver por la Sala, con carácter preferente la excepción invocada, pues, se trata de una cuestión que, por su propia naturaleza y efecto de presupuesto procesal previo a cualquier otro, dado que cualquier cuestión procesal o sustantiva que haya de ser resuelta en el proceso debe serlo por el órgano jurisdiccional que tenga competencia para ello so pena de incurrir en nulidad de todo lo actuado, debe ser resuelta en primer término.( Art. 238 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985) (LOPJ).
El artículo 2 de la L.R.J.S . limita la competencia de esta jurisdicción a los pleitos entre los empresarios y sus trabajadores como consecuencia del contrato entre ellos existente y a los procesos de conflicto colectivo pidiendo la efectividad de un convenio colectivo. La cuestión aquí planteada impugnación de un convenio colectivo, encaja en el marco de la LRJS siendo competente este Tribunal para el conocimiento del asunto.
Por ello no podemos estimar la excepción alegada, a pesar de la amplia exposición de la parte demandada en representación xx XXXXX-AESTE Y PAD, realizada en el acto de la vista, que alego que la demanda no es sino un ejercicio de presion frente a la patronal , ejercitado por los sindicatos demandantes ante la dificultad de llegar a un entendimiento , habiendo hasta este momento mantenido sus acuerdos.
En cuanto a la falta de accion, como ausencia de conflicto en la STS de 18 de julio de 2002 ( rec.1289/2001) se razona que la denominada “ falta de acción” no tiene, al menos desde la visión de los Tribunales laborales, un estatuto procesal claramente delimitado que lo otorgue autonomía propia. Ello ha propiciado que, según las ocasiones se le haya identificado y no en todos los casos acertadamente, con: A) Un desajuste subjetivo entre la acción y su titular.
B) Una inadecuación objetiva del proceso elegido en relación la pretensión ejercitada. C) La ausencia de un interés litigioso actual y real de modo especial cuando se ejercitan acciones declarativias. D) Una falta de fundamentación de la pretensión ejercitada.
Como recuera la STS de 14 de Febrero de 2008 ( recurso 119/2006) sobre la frontera entre el conflicto colectivo jurídico y el de intereses se ha pronunciado la Sala muchas sentncia, como las de 19 xx xxxxx de 2000 ( rec.2980/1999 ( rec. 3380/00) y de 7 de febrero de 2006 ( 23/2005), entre otras. La última de ellas
precisa que conviene poner de relieve las notas identificadoras del conflicto colectivo jurídico único que puede seguirse por los trámites previstos en la Ley Procesal Laboral.
Cnforme a esa jurisprudencia, se viene exigiendo la concurrencia de un triple condicionamiento para la conformación del conflicto colectivo “ el objetivo en cuanto a la generalidad del interés debatido, el subjetivo que se refiere a los sujetos afectados y el finalista, caracterizado por el fín perseguido con su planteamiento (..). Precisamente la nota finalista es la que marca la frontera entre el conflicto colectivo jurídico y el de reglamentación , económico o de intereses y la distinción entre una y otra figura cobra especión interés porque implica la competencia del orden social para conocer solamente de los primeros. La impugnación de convenio propone presupone la controversia que puede ser solventada declarando si el convenio conculca la legalidad vigente, pues lo que se cuestiona es si un determinado precepto del convenio es ajustada a derecho o no, en tganto que el conflicto de intereses o económico tiene finalidad de modifiación (..) del orden jurídico preestablecido, es decir cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y como es lógico, estas controversias no pueden encontrar solución en derecho, ni el Juez puede suplantar la actividad negociadora de las partes, único procedimiento para pacificar la situación”
En el presente caso existe un conflicto jurídico real.
La demanda formulada por la FEDERACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE MADRID DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (FSP-UGT) y la FEDERACION DE SANIDAD y SECTORES DE SOCIOSANITARIOS
DE CCOO (FSC-CCOO) persigue la obtención de una declaración de inaplicabilidad de los arts. 29- 30 -34 -41 -43 y 47 del Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid y no cabe duda de que existe una efectiva controversia entre las partes y que la acción ejercitada es cauce adecuado para dilucidar quien tiene razón.
En este caso hay interés real y actual, se trata de una discrepancia entre las partes sobre la interpretación de un precepto del Convenio Colectivo Marco Estatal . No hay aquí un interés futuro , sino presente y real . La existencia de una negociación antes e incluso después del acto del juicio, en modo alguno descarta la discrepancia. Que las partes intenten solventar el objeto litigioso la margen del cauce judicial en absoluto supone que no haya posibilidad de residenciarlo ante los Tribunales.
Adicional mente la negociación de un nuevo Convenio no tiene por que zanjar la discrepancia surgida con ocasión de la interpretación cuestionada del precepto.
No se trata de decidir como han de ser las cosas (conflicto de intereses) que daría lugar a declarar la incompetencia de jurisdicción, sino como son a la vista de las normas aplicables (conflicto jurídico).
Por otra parte la impugnacion de un precepto o varios de un convenio colectivo es materia prototípica del procedimiento de impugnación de convenio y de eso se trata ahora., no estimándose la inadecuación de procedimiento excepcionada, y desestimándose el resto de las excepciones planteadas.
TERCERO.- La cuestión debatida nos lleva a examinar, el problema de interpretación de la normativa citada en el procedimiento. Art 6.- 83 y 84 ET, como centro de discusion.
El Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de pronunciarse en múltiples supuestos sobre esta materia, y así en STS 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 , xxxxx xx xxxxxxxx que "el problema esencial se deriva de la interpretación de los convenios. Y es doctrina constante que la interpretación de los convenios colectivos y demás contratos ( y el convenio colectivo participa de esta naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de Instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional o lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual".
Y en sentencia de 16 de diciembre de 2002, del mismo Alto Tribunal se indicaba que "en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos comitentes".
El artículo 3.1 del Código Civil prescribe que "las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras", y el artículo 128 l del Código Civil , dispone que "si los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas".
Siendo ello así habrá de estarse a la voluntad expresada por el sentido literal de las cláusulas, puesto que el primer canon de interpretación en la exégesis de los contratos es «el sentido propio de sus palabras» a que se refiere el art. 3.1 CC y el «sentido literal de sus cláusulas» de que habla el art. 1281 CC [STS 25/ que constituyen «la principal norma hermenéutica - palabras e intención de los contratantes-» [ STS 01/07/94 -rec. 3394/93 -], de forma que cuando los términos de un contrato son claros y terminantes, no dejando lugar a dudas sobre la intención de los pactantes debe estarse al indicado sentido literal, sin necesidad de acudir a ninguna otra regla de interpretación [ SSTS 29/09/86 ; y 20/03/90 ], puesto que las normas de interpretación de los arts. 1282 y siguientes del CC tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación, [ SSTS 01/04/87 ; y 20/12/88 ].
El fundamento de este artículo consiste en que la interpretación de todo contrato debe conducir a evitar su ineficacia, pero no exige que la interpretación atribuya a la cláusula dudosa un efecto determinado, sino que lo que excluye es una hermenéutica que conduzca a hacer baldías o ilusorias las cláusulas contractuales.
La prevalencia de la interpretación literal de los contratos resulta incuestionable al amparo de los artículos 3.1 y 1281 del Código Civil y así ha sido entendido por nuestro Alto Tribunal en doctrina reiterada (por todas ST TS 5-07-07 ) al señalar en un análisis de los criterios hermenéuticos de interpretación contractual que ha de atenderse a aquellas que disciplinan la relativa a los contratos, a saber, los artículos 3.1 y 1281 a 1289, del Código Civil , - STS de 13-6-00, recurso 3839/99 -. El primer canon hermenéutico en la interpretación de los contratos es "según el sentido propio de sus palabras" ( artículo 3 º del Código civil ) "sentido literal de sus cláusulas" (artículo 1281 del Código civil )
- S.T.S. de 25-1-05, recurso 24/03 -y que "si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes se estará al sentido de sus cláusulas", viniendo ello a significar que su finalidad es evitar que se tergiverse lo que parece claro en el supuesto de las palabras empleadas o que, en la segunda norma, el tenor literal de la cláusula sea contraria a la intención evidente de los contratantes - STS. De 1-7-1994, recurso 3394/93 -. STS 23/05/2006 (b) la de que el primer canon hermenéutico en la exégesis de los contratos es «el sentido propio de sus palabras» [ art.3.1 CC ], el «sentido literal de sus cláusulas» [ art. 1281 CC ] ( STS 25/01/05 -rec. 24/03 -), que constituyen «la principal norma hermenéutica -palabras e intención de los contratantes-» ( STS 01/07/94 -rec. 3394/93 -), de forma que cuando los términos de un contrato son claros y terminantes, no dejando lugar a dudas
sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin necesidad de acudir a ninguna otra regla de interpretación [ STS 29/09/86 ] ( STS 20/03/90 -infracción xx xxx-); (c) las normas de interpretación de los arts. 1282 y siguientes del CC tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación, [ SSTS 01/04/87 ; y 20/12/88 ], de forma que cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato sean claras, no son de aplicar otras diferentes que las correspondientes al sentido gramatical, o dicho de otro modo, el art. 1281 CC consta de dos párrafos, que persiguen la doble finalidad de evitar que se tergiverse lo que aparece claro [ SSTS 22/06/84 ], o que se admita, sin aclarar lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en el primer supuesto las palabras empleadas [ SSTS 20/02/84 ; 04/06/84 Ar. 694 ; 15/04/88 Ar. 3171], y en el segundo la intención evidente de los contratantes ( STS 30/01/91 - infracción xx xxx-); y (d) los órganos de instancia gozan de un amplio margen de apreciación interpretativa, por haberse desarrollado ante ellos la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos concomitantes ( SSTS 20/03/97 -rec. 3588/96 -; 27/09/02 -rec. 3741/01 -; 16/12/02 -rec. 1208/01 -; 25/03/03 -rec. 39/02 -; 30/04/04 -rec. 156/03 -), hasta el punto de afirmarse que en la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos, el criterio de los Tribunales de instancia ha de prevalecer - por más objetivo sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual ( STS 16/12/02 -rec. 1208/01 -, con cita literal de STS 27/04/01 -rec. 3538/00 -, que a su vez cita las sentencias de 12/11/93 -rec. 2812/92 -, 03/02/00 -rec. 2229/99 - y 21/07/00 -rec. 4097/99 -).
Citaremos la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 xx xxxx de 2.006 , dictada en función unificadora: "(...) los órganos de instancia gozan de un amplio margen de apreciación interpretativa, por haberse desarrollado ante ellos la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos concomitantes ( SSTS 20/03/97 ; 27/09/02 ; 16/12/02 ; 25/03/03 ; y 30/04/04 ), hasta el punto de afirmarse que en la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos, el criterio de los Tribunales de instancia ha de prevalecer, por más objetivo, sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual ( STS 16/12/02 , con cita literal de STS 27/04/01 , que a su vez cita las sentencias de 12/11/93 , 03/02/00 y21/07/00 )", defectos hermenéuticos que, desde luego, no concurren en el caso enjuiciado, solamente cabe cuando, conforme al artículo 1281 las palabras usadas en el contrato parecieran contrarias a aquella intención - S.T.S. Sala Xxxxxxx xx 00-0-00 , 00-0-00 x 00- 00-00 -".
CUARTO.- Se somete a la consideración de la Sala la determinación por la misma de la aplicabilidad o inaplicabilidad de los arts., 29, 30, 34, 41, 43 y 47 del “ Convenio Colectivo del Secto Privado de Residencias y Centros de día para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid”, por entender las partes demandantes, que los mismos minoran o regulan las condiciones de trabajo, recogidas en el relato factico, de forma menos beneficiosa, es decir por debajo del minimo ordenado por el VI Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atencion a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomia Personal.
La Sala comparte las razones alegadas por los actores por cuanto el objeto de este proceso queda limitado a constatar si los preceptos cuya inaplicabilidad se solicita, vulneran los derechos que se alegan, lo que daría lugar a declarar su inaplicabilidad, o no, lo que provocaria la ratificacion de los mismos.
Expuesta la doctrina sobre la interpretación de las normas, en casos de concurrencia o complementariedad en el ámbito territorial de un convenio el art. 6 del citado Convenio Marco Estatal dispone: “ La regulación contenida en el presente convenio en materia de organización, jornada y tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones, jubilación, estructura retributiva y salarios, (bases, complementos, horas extras y trabajo a turnos), licencias y excedencias, movilidad funcional, derechos sindicales y formación, tendrán carácter de derecho mínimo necesario con respecto a la regulación que sobre esos mismos asuntos pudiera contenerse en otros convenios colectivos de ámbito más reducido.
En todo caso, son materias no negociables ni adaptables. en ámbitos inferiores el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, las funciones, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y movilidad geográfica.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art. 84 del Estatuto de los Trabajadores".
Dicho precepto, como anticipamos más arriba, regula el régimen de concurrencia y complementariedad en el ámbito territorial y prevé en su párrafo primero un listado de materias, que los negociadores consideran mínimos de derecho necesario con respecto a la regulación que sobre dichas materias pudiera contenerse en otros convenios de ámbito más reducido. El
párrafo segundo precisa qué materias no son negociables, ni adaptables en otros ámbitos negociadores, reproduciendo, a estos efectos, las materias listadas en el art. 84.4 ET. - El último inciso del art. 6 del convenio, precisa que los apartados recedentes están sometidos a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art. 84 ETS.
En efecto, un convenio marco sectorial estatal puede, conforme dispone el art. 83.3 ET, elaborar acuerdos sobre materias concretas. así como estructurar la negociación colectiva, determinando, en su caso, las reglas de concurrrencia para resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito a tenor de lo dispuesto en el art. 83.2 ET- Por consiguiente, un convenio marco sectorial estatl puede establecer mínimos de derecho necesario, que deberán respetarse obligatoriamente por los convenios de ámbito inferior, que podrán supliementar o complementar dichos mínimos, pero no reducirlos, de conformidad con lo dispuesto en el art´. 37. 1 CE, en relación con el art. 82.3 ET salvo, claro está la prioridad aplicativa de las materias tasadas de los convenios de empresa, grupos de empresa o empresas en red, dispuestas por el art. 00.0.XX. Como anticipamos más arriba, el art. 6 del convenio impugnado regula en sus dos primeros párrafos el régimen de concurrencia y complementariedad en el ámbito territorial del convenio. Dicha regulación permite, por las razones expuestas, determinar que las materias, listadas en su párrafo primero, constituyan mínimos de derecho necesario, que no pueden minorarse en convenios de ámbito más reducido, pudiendo, del mismo modo, bloquear la negociación y/o adaptación de las materias, listadas en el párrafo segundo, que co[nciden íntegramente con el listado tasado en el art. 84.4 ET, en otros ámbitos convencionales.
Lo que no puede el convenio marco sectorial estatal es bloquear o limitar la prioridad absoluta de los convenios de empresa, grupos de empresa o empresas en rede en las materias tasadas en el art. 84.2 ET, entendiéndose por (x Xxxx que el art. 6 del convenio impugnado no bloquea, ni limita dicha prioridad aplicativa, puesto que salva expresamente lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del art. 84 ET, lo cual despeja cualquier duda sobre qué significa la mención, contenida en el párrafo primero del artículo citado, a otros convenios colectivos de ámbito más reducido, que se refiere a convenios de distinto ámbito territorial, entre los que no se incluyen los convenios colectivos de empresa, grupos de empresa o empresas en red.
Consideramos también, que el artículo examinado no vulnera tampoco el art.
84.3 ET, aunque su párrafo segundo impida la negociación y adaptación de
las materias listadas en convenios de ámbitos inferiores, puesto que dicha limitación se refiere exclusivamente a convenios territoriales de ámbito inferior y no a los convenios de empresa, grupos de empresa o empresas en red. En efecto, el artículo 84.3 ET permite que el convenio de ámbito autonómico, suscrito por sujetos especialmente legitimados, regule contra lo pactado en el convenio estatal, salvo pacto en contrario, suscrito el convenio ajustado al art. 83.2 ET, que es exactamente lo que se pactó aquí.
A juicio de la parte demandada en representación de xx XXXXX-AESTE Y PAD, este art. su interpretación puede realizarse de tres formas hermenéutica , sistematica y teológica . Contiene un derecho minimo , un derecho máximo y una salvedad que queda recogida en su ultimo párrafo , todo ello a su juicio para defender los convenios de empresa y los autonómicos, siendo imposible que se plantee la cuestión aquí suscitada después de mantener su conformidad durante años
Por su parte la representación letrada de LARES MADRID, se adhiere a la parte demandada y expresa su criterio en el sentido de que el art. 6 citado , cuya interpretación es el centro de la cuestión, no se encuentra , en todo su vigor , sino que se encuentra en ultra actividad por lo que no tiene la fuerza suficiente para afectar a uno u otro convenio.
QUINTO.- El art.83.2 ET dice textualmente lo siguiente: “Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma, podrán establecer, mediante acuerdos interprofesionales, cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva, fijando, en su caso, las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.
Estas cláusulas podrán igualmente pactarse en convenios o acuerdos colectivos sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria, de conformidad con lo establecido en la presente Ley"
SEXTO .- El art. 84.2,3 y 4 ET dice lo siguiente:
" 2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior tendrá prioridad aplicativa respecto del
convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias;
a) La cuantía xxx xxxxxxx base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa.
b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos.
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones.
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa.
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el art. 83.2.
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el art. 87.1.
Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el art. 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado.
3. Salvo pacto en contrario negociado según el art. 83.2, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los arts. 87 y 88 de esta Ley podrán, en el ámbito de una Comunidad Autónoma, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación.
4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, y salvo que resultare de aplicación un régimen distinto establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal negociado según el art. 83.2, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una Comunidad Autónoma el período de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.
Dichos apartados constituyen excepciones a la regla general, contenida en el art. 84.1 ET, según la cual un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto salvo pacto de
contrario negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 83. como se desprende de la excepción, contenida en el inciso final del citado apartado, que dice expresamente “ y salvo lo previsto en el apartado siguiente”.
Se podrá del mismo modo, negociar convenios de ámbito autonómico por los sujetos descritos en el art. 84.3 E.T. que podrán apartarse de los contenidos de los convenios de ámbito estatal, salvo en los supuestos excepcionados por el art. 84.4 ET, siempre que el convenio estatal no pacte de contrario.
SEPTIMO- Tal y como se recoge en el convenio citado los negociadores del convenio establecen una estructura de la negociación colectiva que se ordena jerárquicamente mediante el convenio estatal, el convenio autonómico , y el convenio de empresa o grupos de empresas.
Los negociadores del convenio precisan que la unidad de negociación preferente es la de ambito estatal por cuanto su objetivo es evitar la atomización de la negociación colectiva, lo cual constituye una opción negociadora legitima en tanto que no excluye ninguna otra como es de ver por el propio listado de la estructura de la negociación colectiva, convenio estatal, autonómico , de empresa o grupos de empresa.
Dicho lo anterior y expuesto el contenido de los arts. citados, expuesta la doctrina sobre la interpretación de las normas, visto el relato de hechos probados, no controvertidos, no podemos dejar de citar al art. 5 del citado Convenio Colectivo Marco Estatal respecto a la concurrencia en el ámbito funcional del convenio dispone:
“ Definido el ámbito funcional del presente convenio general en los términos de su artículo 1 y de conformidad con el prinicipio de prohibición de concurrencia de convenios colectivos establecido en el artículo 84.1 del Estatuto de los Trabajadores, ni este convenio colectivo ni cualesquiera otros convenios o pactos que se negocien en desarrollo o complemento del mismo podrán resultar afectados, interferidos, ni solapados por cualquier otra norma convencional o pacto de empresa con pretensiones de abarcar por forma total o pacial, tal ámbito funcional que le es propio y exclusivo.
En consecuencia, si llegara a producirse cualquier concurrencia en los términos anteriormente descritos, la misma se resolverá siempre a favor del presente convenio por aplicación del principio de especialidad, con independencia de la fecha de entrada en vigor de uno otro convenio .”
Por su parte el art. 7 del Convenio Colectivo del Sector de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores, de la Comunidad de Madrid a su vez dice: “ se respetaran las condiciones superiores y mas beneficiosas ( jornada , descansos, vacaciones, salarios, etc) que venga percibiendo y disfrutando el personal contratado de plantilla a la firma de esta Convenio , sean percibidas o disfrutadas estas por pacto entre las empresas y los trabajadores o aplicación a estos de convenio colectivo superior al presente”.
A la vista de lo recogido en los citados arts., ( todo ello según el sentido literal de las palabras), queda claro que en caso de concurrencia, tendrá siempre preferencia el Convenio Colectivo Marco Estatal y al mismo tiempo se respetaran las condiciones superiores y mas beneficiosas que vinieran disfrutando los trabajadores, por lo que debemos, con estimación de la demanda declarar la inaplicabilidad de los arts. 29 -30 -34 -41 -43 y 47 del Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, por minorar los mismos las condiciones de trabajo de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.
OCTAVO.- Tratandose de un proceso de conflicto colectivo y no apreciando la Sala temeridad o mala fe en la actuación de ninguna de las partes, cada una de ellas , de conformidad con el art. 235.2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre Reguladora de la Jurisdiccion Social , deberá hacerse cargo de las costas causadas a su instancia.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
F A L L A M O S
Estimamos la demanda interpuesta por las representaciónes Letradas de FEDERACION DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE UGT y de la FEDERACION DE SANIDAD Y SECTORES
SOCIOSANITARIOS DE COMISIONES OBRERAS, contra las asociaciones empresariales, AMADE, AESTE, LARES MADRID y PAD declaramos la inaplicabilidad de los arts. 29- 30- 34- 41 -43 y 47 del Convenio Colectivo del Sector Privado de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, por minorar los mismos las condiciones de trabajo de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo
del Sector Privado de Residencias y Centros de Dia para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.
Cada parte se hara cargo de las costas causadas a su instancia.
Notifíquese esta resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Cabe interponer recurso de casación que deberá prepararse en esta misma Sala dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notificación, para lo que bastará la mera manifestación -de la partes o de de su abogado, graduado social colegiado o representante-, al hacerle la notificación. También podrá prepararse por comparecencia o por escrito de cualquiera de ellos. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2876-0000-69-0355-17 que esta sección nº tiene abierta en BANCO XX XXXXXXXXX sita en PS. del General Xxxxxxxx Xxxxxx, 35; 00000 Xxxxxx, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito( at.230.1 L.R.J.S).
Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de BANCO XX XXXXXXXXX. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:
Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el campo “observaciones o concepto de la transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento 2876-0000-69-0355-17.
Una vez firme la sentencia, se notificará a los trabajadores que pudieran ser afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento de
este Tribunal un domicilio a efectos de notificaciones. Asimismo se notificará para su conocimiento a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestación por desempleo y la Administración de la Seguridad social.
Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación a los autos de esta Sala.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.