ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recurso nº 230/2018 Resolución nº 237/2018
ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En Madrid, a 25 de julio de 2018.
VISTO el recurso especial en materia de contratación presentado por doña E.S.C., en nombre y representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, (COAM), contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas que han de regir la licitación del contrato de servicio de “Redacción del Plan Funcional, Plan de Espacios, Plan de Dotación y Estudio Previo Arquitectónico que servirá de base para la posterior licitación de un Proyecto de Obra que permita la reforma del todo el Complejo Hospitalario Universitario La Paz”, número de expediente 14/2018, este Tribunal ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 21 de julio de 2018, se publicó en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid el anuncio de licitación del referido servicio para su adjudicación por procedimiento abierto y con pluralidad de criterios. El valor estimado del contrato es 180.000 euros y el plazo de ejecución es de 150 días naturales, sin posibilidad de prórroga, exigiendo constitución de garantía provisional y definitiva. El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 9 de julio de 2018. El
código CPV asignado al contrato es 71000000-8, Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
Interesa señalar que en la cláusula 1.1 el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) al definir el objeto del contrato se explica que “El objeto del contrato es la elaboración del Plan Funcional, Plan de Espacios, Plan de Dotación y Estudio Previo Arquitectónico que servirá de base para la posterior licitación de un Proyecto de Obra que permita la reforma del todo el Complejo Hospitalario Universitario La Paz, formado por:
Hospital Universitario La Paz: | 186.747,71 m2 | 962 camas funcionantes. |
Hospital xx Xxxxxx XXX: | 17.727,59 m2 | 81 camas funcionantes. |
Hospital Cantoblanco: | 14.217,19 m2 | 110 camas funcionantes. |
Para ello se estima imprescindible la redacción conjunta y/o paralela de un plan funcional, un plan de espacios, un plan de dotación y un estudio previo arquitectónico de reforma por fases para todo el Complejo Hospitalario, que permita definir la actividad del hospital en los próximos 25 años contando con el consenso de profesionales y pacientes, que recoja las necesidades actuales y futuras del hospital en áreas propias e interrelacionadas así como las dotaciones necesarias con las que desarrollar dicha actividad sanitaria y todo ello desglosado en las fases necesarias que permitan el habitual funcionamiento del hospital en todo momento, evitando retrasos en las fases, diferencia de criterios, mala interpretación en la documentación, etc.(...)”.
En relación con la solvencia técnica o profesional exigida en la cláusula 1ª.6.2 del PCAP se establece: “Artículo 90.1. a) de la LCSP, apartado/s:
Criterios de selección:
Para garantizar un nivel adecuado de competencia se hace necesario ampliar los plazos máximos según se indican:
a. Haber realizado al menos 5 trabajos entre planes funcionales, de espacios o de dotación en los últimos 10 años en hospitales, indicando número de camas, importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
b. Un mínimo de 5 Proyectos de Ejecución en hospitales, bien de nueva planta, ampliación o de gran reforma en los últimos 10 años.
c. Experiencia de al menos 3 años en la ejecución de obras de reforma y/o ampliación integrales de hospitales, tanto de Dirección Facultativa como de Dirección Material de la Ejecución en el curso de los últimos 10 años.
Los servicios o trabajos efectuados deberán ser de la misma naturaleza que el objeto del contrato y se acreditarán mediante la presentación de al menos un certificado de cada apartado (a, b y c) de buena ejecución, expedidos o visados por el promotor u órgano competente, indicando número de camas del hospital, importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos”.
A continuación en el punto 6.5 exige el compromiso de adscripción de los siguientes medios personales:
“- Existencia de al menos 3 titulados universitarios superiores/licenciados con más de 5 años de experiencia relacionados con el objeto del contrato, Arquitectos Superiores y/o Ingenieros Superiores.
- Además de los titulados anteriores un Ingeniero Superior con al menos 1 año de experiencia relacionada con el objeto del contrato.
- De entre los tres titulares del primer párrafo, se designará un Director Técnico del equipo consultor con más de 5 años de experiencia en la realización de trabajos de similar naturaleza a la del objeto del presente procedimiento.
- Existencia de al menos un arquitecto con más de 5 años de experiencia en redacción de proyectos en arquitectura sanitaria, además de los titulados anteriores.
Deberá aportarse la documentación que acredite la experiencia del personal descrito anteriormente y su vinculación a la empresa (al menos en los últimos 12 meses) así como su compromiso individual firmado por cada uno de ellos, de adscripción a la ejecución del contrato.
Lo establecido en este apartado tendrá la consideración de obligaciones esenciales del contrato a los efectos de lo que determina el artículo 211.1 f de la LCSP”.
En cuanto a los criterios de adjudicación, la cláusula 1ª.1.9 atribuye hasta 49 puntos al precio, hasta 5 puntos a otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, en concreto al Plazo de ejecución en días naturales. Los 46 puntos restantes corresponden a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, repartidos en 5 subcriterios, y para cuya valoración prevé el siguiente baremo:
“- EXCELENTE: 100% puntuación criterio.
La oferta supera las características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y su calidad sobresale del resto de las ofertas.
- NOTABLE: 70% puntuación criterio.
La oferta supera las características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y supera la calidad media del resto de las ofertas.
- BUENO 30% puntuación criterio.
La oferta se ajusta a las características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y se encuentra en la media de las ofertas presentadas.
- SUFICIENTE 10% puntuación criterio.
La oferta se ajusta a las características técnicas mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, pero es inferior a la media del resto de las ofertas.
- NO APORTA: 0% puntuación criterio.
La oferta no aporta nada por encima de las exigencias mínimas marcadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”.
Además, en su último párrafo advierte que “Las ofertas que no alcancen en la valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor una puntuación mínima de 23 puntos, se considerarán NO APTAS y serán excluidas de la licitación”.
Por último, en materia de garantías el PCAP exige la constitución de la provisional por importe de 3.000 euros (cláusula 1ª.1.11) además de la definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido (cláusula 1ª.1.14).
Segundo.- Con fecha 10 de julio de 2018 se ha recibido en este Tribunal recurso especial en materia de contratación presentado el día 6 de julio mediante correo certificado, formulado por la representación del COAM, en el que solicita la anulación de los Pliegos por considerar contrarios a los principios que deben presidir la licitación los requisitos de solvencia técnica exigidos, el plazo de presentación de ofertas, la exigencia de garantía provisional, los criterios de adjudicación establecidos y su ponderación y la documentación complementaria publicada en el Portal. Solicita además la suspensión del procedimiento hasta la resolución del recurso.
El órgano de contratación remitió el 16 de julio de 2018 al Tribunal copia del expediente administrativo y el preceptivo informe, conforme establece el artículo
56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), oponiéndose a la estimación del recurso y a la suspensión del procedimiento.
Se debe advertir que finalizado el plazo de presentación de ofertas, han presentado oferta tres empresas.
Tercero.- Con fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx xxxxxx denegar la suspensión de la tramitación del procedimiento de licitación.
Cuarto.- La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso al resto de interesados, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 56.3 de la LCSP, concediéndoles un plazo, de cinco días hábiles, para formular alegaciones. Con
fecha 24 de julio ha presentado escrito de alegaciones la licitadora UTE GTE54 La Paz, de cuyo contenido se dará cuenta al examinar el fondo del asunto, pero que en síntesis solicitan la desestimación del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la LCSP y el artículo 3.5 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, corresponde a este Tribunal la competencia para resolver el presente recurso.
Segundo.- El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, al tratarse de una persona jurídica que ostenta la representación de los arquitectos y la defensa de su intereses profesionales y “cuyos derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta por las decisiones objeto del recurso” (artículo 48 de la LCSP).
Asimismo se acredita la representación del firmante del recurso.
Tercero.- El recurso se dirige contra los pliegos por los que ha de regirse un contrato de servicios, con un valor estimado superior a 100.000 euros. El acto es susceptible de recurso especial, de acuerdo con el artículo 44.1.a) y 2.c) de la LCSP.
Cuarto.- En cuanto al plazo para interponer el recurso el artículo 51.3 de la LCSP dispone que “El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible”.
Si bien el recurso se presentó el día 6 de julio en la oficina de correos, el COAM no lo ha comunicado inmediatamente al Tribunal, que tuvo conocimiento del mismo en la fecha de entrada en su Registro, el 10 de Julio de 2018. El anuncio de licitación fue publicado el día 21 xx xxxxx de 2018 por lo que, en cualquier caso, se ha realizado dentro del plazo establecido en el artículo 50.1 de la LCSP.
Xxxxxx.- Varios son los motivos en los que el COAM fundamenta su recurso.
En primer lugar califica la solvencia exigida de excesiva y discriminatoria limitando la participación de un gran número de profesionales ya que una de las condiciones establecidas es “haber realizado un mínimo de 5 Proyectos de Ejecución en hospitales de nueva planta, ampliación o gran reforma en los últimos 10 años”. Afirma que según refleja la información anual del Catálogo Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recogida de la página web de dicho Ministerio, desde el año 2007 al año 2017, en España se han dado de alta 160 hospitales. Por lo que solo podrán acreditar esta solvencia, en el mejor de los casos, 32 equipos, estimación que calcula dividiendo el número total de hospitales por cinco años. El mismo argumento aplica al resto de condiciones.
El órgano de contratación opone que los criterios elegidos no son elevados ni discriminatorios, sino que se ajustan a la discrecionalidad que permite el artículo 90 de la LCSP dada la entidad del proyecto que se va a acometer.
Advierte que el requisito es haber realizado planes y proyectos de hospitales de “nueva planta, ampliación o gran reforma”, no solo, proyectos de hospitales de nueva planta, lo que significa un numero amplísimo de trabajos de este tipo en nuestro país y en el extranjero e informa que de hecho el propio Hospital Universitario La Paz, realiza varios al año, como los efectuados en la UCI Pediátrica,
UCI neonatal o la Urgencia del Hospital Infantil, por citar algunos de los últimos y cita licitaciones anteriores con requisitos de solvencia incluso mayores.
En cuanto a la alegación al punto 6.5 del PCAP sobre adscripción de medios personales, señala que el recurrente se opone sin especificar cuáles de los requisitos que ahí se piden son elevados o discriminatorios.
Por su parte la UTE GTE54 La Paz después de exponer el alcance de las prestaciones objeto del contrato, considera justificada la solvencia exigida, teniendo en cuenta las características del Hospital La Paz, uno de los más grandes de España con más de 200.000 m², en 18 edificios y 1250 camas. Así mismo examina el nivel concreto de solvencia exigido, -5 trabajos entre planes funcionales en los 10 últimos años en Hospitales- y después de exponer la situación en el mercado de las obras y proyecto hospitalarios, concluye que la solvencia exigida es de mínimos (una obra cada dos años).
A tenor de lo dispuesto en el artículo 28.1 de la LCSP “Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación”. En relación con los requisitos de solvencia el artículo 74.2 de dicha Ley prevé que “2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo”.
En cuanto a su acreditación, dispone el artículo 90.1 de la LCSP que “1. En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios
deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de tres años antes (…). Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV (…)”.
Comprueba el Tribunal que en la orden de inicio del expediente se justifica la solvencia requerida en los siguientes términos “La selección de los criterios de solvencia especificados obedece a la naturaleza misma de las prestaciones en que se concreta el objeto del contrato a fin de garantizar que el adjudicatario dispone de los medios y cualificación adecuados para llevar a término la ejecución del contrato y ello respetando el principio de concurrencia y no discriminación por cuanto dichos criterios están vinculados al objeto del contrato y son proporcionales al mismo”.
Por otra parte, tal y como indica el órgano de contratación en su informe, son trabajos similares no solo los relativos a la construcción de hospitales de nueva planta sino también “cualquier trabajo de ampliación o gran reforma”. Sin olvidar que el CPV 78000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
engloba una amplia variedad de trabajos entre otros los relativos “Servicios de arquitectura y servicios conexos”, “Servicios de ingeniería”, “Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística”, “Servicios relacionados con la construcción”, “Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos”, “Servicios de monitorización y control”.
Vista la amplia y compleja definición del objeto del contrato que figura en la cláusula 1ª del PCAP, a tenor de las prescripciones recogidas en el PPT, y estando justificada en el expediente tanto la necesidad de la solvencia requerida considera el Tribunal que no contraviene la normativa contractual vigente y no puede ser considerada como desproporcionada, ni restrictiva de la concurrencia.
En segundo lugar, el COAM alega que el plazo de dieciocho días dado para la presentación de ofertas, es a su juicio, muy restringido, puesto que el alcance de los trabajos a realizar es lo suficientemente complejo como para necesitar un plazo mayor para presentar una oferta creíble y valorable y con un mínimo nivel de calidad.
Por su parte el órgano de contratación manifiesta que no contraviene el mínimo legal establecido en el artículo 156.6 de la LCSP y señala que los profesionales que están acostumbrados a realizar ofertas sobre este tipo de trabajos pueden presentar la documentación. No obstante indica que la recurrente podía haberlo manifestado incluso telefónicamente, como ha hecho en otras ocasiones, en la que este órgano de contratación ha accedido a su petición.
La UTE GTE54 La Paz, considera que dado que en el contrato solo se exige aportar para valorar una memoria metodológica de organización del trabajo que no una memoria del proyecto que deberá ser entregada en ejecución del contrato, cualquier empresa con experiencia en este tipo de trabajos puede efectuar una oferta en el plazo indicado.
Comprueba el Tribunal que el plazo para presentación de oferta no ha impedido presentar ofertas al menos a tres licitadoras. Por otro lado aunque hubiera sido posible un plazo más amplio, el establecido es plenamente conforme a derecho, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 156 de la LCSP, “En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. En los contratos de obras y de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días”, por lo que se debe desestimar el motivo alegado.
En tercer lugar alega la recurrente que con la exigencia de una garantía provisional lo único que se conseguirá con la misma es dificultar la participación en el proceso a un buen número de profesionales, “ejerciendo sobre ellos una desproporcionada presión económica que fue precisamente la causa de que en el TRLCSP, se restringiera la exigencia de este tipo de garantías a casos excepcionales suficientemente justificados”.
El órgano de contratación argumenta de contrario, siendo potestativo apreciar por el órgano de contratación la necesidad de su exigencia excepcional, se trata de un procedimiento complejo y de gran trascendencia para el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid e incluso a nivel estatal, y que se causaría un perjuicio notable con la retirada de la oferta por el posible adjudicatario, que es lo que se pretende evitar. Por otra parte añade que su importe de 3.000 euros no puede suponer un quebranto muy importante para cualquier entidad que se dedique a la confección de planes y proyectos como en este caso, máxime tratándose en muchos casos de licitadores que se presentan en forma de UTE, que se devuelve con la formalización del contrato. La alegante se pronuncia sobre esta cuestión en términos semejantes.
Según dispone el artículo 106.1 de la LCSP “En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de
forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En este último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato”.
El órgano de contratación, si bien no consta en la documentación preparatoria del contrato, justifica de manera racional y razonada su necesidad en el informe de contestación al recurso.
Por otro lado, no es imprescindible que se constituya la garantía en metálico, permitiéndose cualquiera de las formas del artículo 106.3 de la LCSP, de manera que el coste de su constitución (normalmente el coste financiero de un aval bancario) no coincidiría con el de la garantía solicitada, no dándose en tal caso las circunstancias invocadas de dificultar la participación de los profesionales.
A la vista de lo cual este Tribunal considera que siendo su importe, de conformidad con lo establecido en el artículo 106.2 de la LCSP, inferior al 3% del presupuesto de licitación, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es solo 150 días, se debe desestimar este motivo del recurso.
En cuarto lugar entiende la recurrente que por coherencia con el objeto del contrato lo correcto sería revisar la ponderación otorgada a cada uno de los criterios, otorgando una mayor puntuación a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP.
Señala el órgano de contratación que efectivamente “en este pliego los criterios por juicio de valor tienen una importancia máxima, mucho mayor de lo habitual en la contratación administrativa en el ámbito sanitario (46 puntos sobre
100) por tanto la oferta económica no tiene más valor que la oferta técnica, sino más bien al contrario, la oferta económica significa 49 puntos y la oferta técnica 51 puntos”.
La alegante defiende la legalidad de la ponderación de los criterios a la vista de lo establecido en el artículo 145 de la LCSP.
Consta en la orden de inicio del expediente en relación con la justificación de los criterios de valoración de las ofertas y adjudicación del contrato, en los términos del contenido del artículo 145 de la LCSP, que se han trasladado al PCAP tal y como más arriba se ha transcrito. Lo que exige el artículo 145 de la LCSP es que en el caso de contratos que tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como es el caso, el peso específico de los criterios cualitativos, tendentes a la valoración óptima de la calidad de las proposiciones no sea inferior al 51% de la puntuación asignable a la valoración de ofertas, pudiendo tratarse de criterios evaluables mediante fórmula o mediante juicio de valor. En este caso de los criterios de calidad, se asignan 5 puntos a los evaluables mediante fórmulas y 46 a los evaluables mediante juicios de valor, por lo tanto un total de 51 sobre 100, respetando las exigencias de artículo 145 LCSP.
Constatado por el Tribunal que tanto el contenido y puntuación de los criterios de adjudicación recogidos en la cláusula 1ª.1.9 (y que se han especificado en el antecedente de hechos primero de esta resolución) como los criterios de desempate que figuran en la cláusula 17ª del PCAP, son plenamente conforme a derecho, se debe desestimar el motivo del recurso.
Por último, alega el COAM que “En la documentación complementaria publicada en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid encontramos el documento “Estudio y análisis volumétrico de sustitución del Hospital por fases”, donde aparecen las plantas e imágenes 3D del nuevo Hospital.
Proporcionar una imagen y forma final debe ser el resultado de lo que se pide en la propia licitación, además del proyecto básico y de ejecución posteriores, ya que la información proporcionada en el estudio volumétrico condiciona la propuesta arquitectónica de los licitadores.
El diseño arquitectónico final ha de ser el cómputo de diversos factores más allá de la simple forma y distribución ofrecida en este estudio volumétrico”.
Señala el órgano de contratación que lo que se aporta es solo como información para que los licitadores puedan valorar mejor la oferta a presentar, ya que precisamente lo que se requiere es un análisis crítico del estudio de fases facilitado, en caso necesario plantear alternativas que resuelvan los problemas detectados, sin que la propuesta facilitada suponga un condicionante, es más, en el propio objeto del contrato se manifiesta que “el Estudio Previo Arquitectónico (…) presentará las primeras aproximaciones gráficas acerca de cómo será el proyecto definitivo”.
De acuerdo con el punto 3 del PPT, el adjudicatario deberá presentar entre otras documentaciones:
“• Imágenes tridimensionales realistas de cada una de las orientaciones de la parcela así como de las diferentes fases, que permitan la máxima comprensión del estudio previo para el conjunto de la población, con texturas de materiales, iluminaciones, circulaciones, etc.
• También se presentarán imágenes tridimensionales de piezas de alto interés para cada uno de los grupos de trabajo de los profesionales que se hayan formado, de manera que puedan verse reflejado dicho trabajo en el estudio previo a desarrollar”.
Por lo que, como afirma el Hospital, precisamente lo que se requiere es un análisis crítico del estudio de fases facilitado, en caso necesario plantear alternativas que resuelvan los problemas detectados y siendo precisamente uno de los trabajos requeridos la presentación de propuestas en 3D, la información complementaría que en ese mismo formato facilita el Hospital resulta necesaria o al menos conveniente a fin de elaborar y presentar cada licitador las alternativas ofertadas.
En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 46.1 de la LCSP y el artículo 3.2 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid,
ACUERDA
Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por doña E.S.C., en nombre y representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, (COAM), contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas que han de regir la licitación del contrato de servicio de “Redacción del Plan Funcional, Plan de Espacios, Plan de Dotación y Estudio Previo Arquitectónico que servirá de base para la posterior licitación de un Proyecto de Obra que permita la reforma del todo el Complejo Hospitalario Universitario La Paz”, número de expediente 14/2018.
Segundo.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP.
Tercero.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 59 de la LCSP.