RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES
Recurso 44/2015 Resolución 241/2015
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Sevilla, 7 de julio de 2015
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Asociación ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES Y ADOLESCENTES
EN RIESGO (XXXXX) contra el acuerdo de la mesa de contratación, de 13 de febrero de 2015, por el que se excluye a la citada asociación del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Servicio para la realización de acciones destinadas a la inserción socio laboral de jóvenes procedentes del sistema de protección de menores, modalidad alta intensidad”, promovido por la Delegación Territorial xx Xxxxx de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, actualmente de Igualdad y Políticas Sociales (Expte. SVC/05/14/ISL), este Tribunal, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente
RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El 21 de enero de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el anuncio de licitación, por procedimiento abierto y tramitación anticipada y urgente, del contrato indicado en el encabezamiento de esta resolución. En igual fecha, se publicó el citado anuncio en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
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Posteriormente, con fecha 29 de enero de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía corrección de los errores advertidos en el anuncio de licitación y en el Anexo I-Lote 2 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares, ampliando el plazo de presentación de ofertas hasta el 4 de febrero de 2015. Esta corrección fue asimismo publicada en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía con fecha 28 de enero de 2015.
El valor estimado del contrato asciende a 1.161.018,17 euros.
SEGUNDO. La licitación se llevó a cabo de conformidad con la tramitación prevista en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), en el Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
En el procedimiento de adjudicación presentaron ofertas varias entidades y entre ellas se encontraba la asociación recurrente.
TERCERO. Con fecha 13 de febrero de 2015 la Mesa de contratación, a la vista de las subsanaciones presentadas por los licitadores requeridos, acuerda excluir a la asociación XXXXX por no quedar acreditada la solvencia económica, de conformidad con el Anexo III-B del PCAP.
Esta acta fue publicada con fecha 19 de febrero de 2015 en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.
CUARTO. El 18 de febrero de 2015, se presentó en el Registro auxiliar de este Tribunal escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto por la asociación XXXXX, contra el acuerdo de la mesa de contratación por el que se
QUINTO. Mediante oficio de la Secretaría del Tribunal de 18 de febrero de 2015, se dio traslado del escrito de interposición del recurso al órgano de contratación solicitándole asimismo el expediente de contratación completo, el informe correspondiente sobre el recurso y el listado de licitadores con los datos precisos a efectos de notificaciones, así como las alegaciones que estimara procedentes en relación con la medida cautelar de suspensión del procedimiento solicitada por el recurrente.
Dicha documentación tuvo entrada en este Tribunal el 23 de febrero de 2015.
SEXTO. Con fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxx adoptó la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato impugnado.
SÉPTIMO. Mediante escritos de la Secretaría del Tribunal de 27 de febrero de 2015, se dio traslado del escrito de interposición del recurso a los interesados concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, no habiendo sido presentadas por ninguno de ellos.
OCTAVO. En la tramitación del presente recurso se han cumplido todos los plazos legales salvo el plazo para resolver previsto en el artículo 47.1 del TRLCSP, dada la acumulación de asuntos existente en este Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 41.4 del TRLCSP, en el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y en la Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del citado Tribunal.
SEGUNDO. Ostenta legitimación la recurrente para la interposición del recurso, dada su condición de licitador en el procedimiento de adjudicación, de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP.
TERCERO. Debe analizarse ahora si el acto impugnado es susceptible de recurso especial en materia de contratación en los términos previstos en el artículo 40 del TRLCSP.
El recurso especial se ha interpuesto contra el acuerdo de exclusión del recurrente respecto al procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios de la categoría 25 del Anexo II del TRLCSP, no sujeto a regulación armonizada pero con un valor estimado superior a 207.000 euros y convocado por una Administración Pública. Por tanto, es procedente el recurso especial de conformidad con lo establecido en los artículos 40.1 b) y 40.2 b) del TRLCSP.
CUARTO. En cuanto al plazo de interposición del recurso, el artículo 44.2 b) del TRLCSP establece que “el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:
b) Cuando se interponga (el recurso) contra actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción.”
En el supuesto examinado, el recurrente reconoce en su escrito haber sido notificado verbalmente de su exclusión en la reunión de la Mesa de contratación celebrada el 13 de febrero de 2015, por lo que al haberse presentado el recurso el 18 de febrero en el Registro auxiliar de este Tribunal, el mismo se ha interpuesto en el plazo legalmente establecido.
QUINTO. Entrando a analizar el motivo de fondo del recurso, el recurrente indica que ha sido excluido de la licitación por no haber presentado en el plazo de subsanación el recibo del pago del Seguro por Indemnización por Riesgos Profesionales para acreditar la solvencia económica y financiera. Explica que en el plazo de presentación de proposiciones, aportó en el Sobre 1 un escrito de la entidad financiera BBVA en el que se hacía referencia “a la ausencia de prácticas mercantiles ilegales, a la inexistencia de deudas y en la misma se indicaba el saldo medio de la Cuenta Bancaria correspondiente al año 2014 por importe de 84.000,00 euros como fondos propios.” La recurrente entendió que con este documento sería suficiente para acreditar la capacidad económica.
No obstante, recibió un escrito de la Mesa de contratación solicitando la subsanación de dicho informe de la entidad financiera BBVA, escrito en el que, según indica el recurrente, no se explicaba de forma motivada la razón por la que había de subsanar dicha documentación. El recurrente optó entonces por la contratación de un seguro por riesgos profesionales, fórmula descrita en el Anexo III-B del PCAP.
Respecto de este seguro presentado a la Mesa de contratación el recurrente puntualiza que en el plazo de subsanación presentó la póliza completa con el contrato correspondiente y debidamente firmado por las partes, compañía aseguradora y tomador del seguro, donde se expresan las condiciones particulares de dicho contrato, respecto de las cuales indica que:
- No se trata de un acuerdo de compromiso, ni de una mera declaración de intención de contratar, sino de un contrato de seguro en vigor, de fecha 4 de febrero de 2015, y acorde con la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, artículo 1254 del Código Civil y 50 del Código de Comercio.
- El importe de la póliza suscrita (424.00Euros) y el riego contratado (300.000 euros por reclamación y anualidad con franquicia de 500 euros), se corresponde con lo exigido en el Anexo III-B del PCAP .
- La póliza de seguro contratada entró en vigor el 4 de febrero de 2015, por lo que en el momento de la reclamación de la subsanación ya estaba vigente, tal como acreditan los certificados de la compañía de seguros y xxx xxxxxxxx que realiza la operación que se aportan junto con el escrito de recurso. No puede por tanto vincularse la validez del contrato de referencia al recibo de haberlo abonado, ya que el contrato mercantil está plenamente vigente como argüimos, no aportándose el recibo correspondiente porque el PCAP no lo exigía y, además, nunca la recurrente fue requerid ni informada tanto por escrito como de forma verbal de que debíamos presentar dicho recibo como justificante de pago.
- En la página 5 de la póliza se indica que “según el artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 en vigor, el pago de la prima debe realizarse en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de efecto del presente contrato”. Esta página cuenta con la firma del tomador del seguro (Asociación XXXXX), y por parte del representante de la Compañía HISCOX. Por tanto, está perfectamente justificada la presentación de la prima y no el recibo bancario, ya que la misma compañía es la que pasa al pago el recibo por domiciliación bancaria el primer mes siguiente a la firma del contrato con la póliza correspondiente, teniendo dicha compañía los datos necesarios para el cobro del recibo tal y como marca la legislación vigente.
- El contrato de seguros presentado está perfectamente formalizado, no pudiendo vincularse su validez a la presentación de un justificante bancario o por cualquier otro medio, de que se ha abonado la cantidad total de dicho seguro.
Por todo lo anterior, la recurrente entiende que por parte de la Mesa de Contratación se ha producido una actuación totalmente desproporcionada y generadora de indefensión a la recurrente, puesto que, a pesar de haberse presentado la póliza de seguros contratada, debidamente firmada y autorizada por la Compañía de seguros, dicha póliza no ha sido tenida en cuenta en virtud de una condición que ha puesto la Mesa como es la presentación del recibo del seguro.
En opinión de la recurrente, el excesivo rigor de la Mesa de Contratación es contrario a los principios del artículo 1 del TRLCSP que deben regir la contratación pública, opinión que apoya en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 xx xxxxx de 1972, de 29 xx xxxxx de 1981 y de 26 xx xxxxx de 1999, así como en el informe 18/2010, de 24 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Puntualiza además, que la Administración goza de discrecionalidad en la fijación de los criterios de solvencia, pero no en la valoración a la vista de la documentación presentada, en la que debe respetar las reglas que ella estableció en el correspondiente pliego (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 14 de febrero de 2011).
Indica por último que en otras licitaciones que el recurrente ha podido consultar, o bien la Administración ha especificado en el escrito de subsanación que era necesario justificar el pago de la póliza contratada, o bien el justificante del seguro se ha podido sustituir por una declaración de la entidad aseguradora de que no existen impedimentos para la contratación del seguro y que contemple el compromiso de la misma de garantizar la citada cobertura. En este último caso, el justificante de la contratación del seguro debía ser aportado por el licitador como documentación previa a la formalización.
Por su parte, el órgano de contratación defiende su actuación con los siguientes argumentos:
Con respecto a la solvencia económica acreditada mediante el certificado de la entidad bancaria aportado por XXXXX en el sobre nº 1, la Mesa no la admitió acogiéndose al Informe 78/09 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de 23 de julio de 2010, “Requisitos respecto de los medios de acreditación de solvencia económica y financiera referido a informe de instituciones financieras y seguro de riesgos profesionales”, cuyo contenido analizaremos más adelante.
Tras la primera sesión de la Mesa de contratación, a la asociación XXXXX se le requirió que subsanase, respecto a la solvencia económica, de conformidad con el Anexo III-B, la declaración apropiada de entidad financiera en los términos recogidos en dicho Anexo: “que de los datos e información suministrada por la declaración de la entidad financiera se desprenda que el licitador posee capacidad económica para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente contrato”, o bien que acreditase la solvencia económica por cualquier otro de los medios recogidos en el Anexo III-B.
En cuanto a los motivos para haber excluido a la asociación recurrente, reproduce los motivos expuestos por la Mesa en su acta nº 2:
“Por la Asociación XXXXX se aporta documento que consta de:
. Condiciones Particulares- número de póliza HD IP6 2034330/XXXXXXXXX
. Riesgos Profesionales- Condiciones Generales
. Módulo de Cobertura-Hiscox Profesional- Responsabilidad Civil Profesional para Profesiones Específicas.
En el mismo se concreta lo que parece ser una propuesta de seguro, y no contrato de seguro en vigor, por las razones que se concretan a continuación:
i. El referido documento aparece referido a un eventual contrato de seguro a suscribir entre Hiscoz Insurance Company Ltd, Sucursal en España y Asociación XXXXX, para un periodo de seguro desde el 0 xx xxxxxxx xx 0000 xx 0 xx xxxxxxx de 2016. No obstante, en las Condiciones Particulares no consta firma de la entidad aseguradora.
Únicamente aparece la firma de HISCOZ Insurance Company Ltd en el documento de aceptación expresa y constancia de recibo de la información por parte del tomador. En consecuencia no se puede comprobar la aceptación por parte de la entidad aseguradora en relación a las Condiciones Particulares de la eventual póliza.
ii. Por otra parte, tampoco se acredita la vigencia del contrato de seguro. Así, ha de destacarse que el documento de información anteriormente referido,
aparece expresamente que 'el pago de la prima debe realizarse en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de efecto del presente contrato'.
Por otra parte, en las Condiciones particulares (entendemos que se refiere a las Condiciones Generales) del seguro se establece, en relación con el pago de la prima que 'Usted está obligado al pago de la primera prima o de la prima única en el momento de la perfección del contrato. Las sucesivas primas se deberá hacer efectivas a los correspondientes vencimientos.'
'Si por su culpa, la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, nosotros tendremos derecho a resolver e contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. En todo caso y salvo pacto en contrario en las condiciones particulares, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro o reclamación, nosotros quedaremos liberados de nuestra obligación'.
Como se viene exponiendo, en el presente supuesto no se aporta por la recurrente documento acreditativo del pago de la prima, lo que determinaría la vigencia del contrato de seguro. En este sentido, y conforme a lo expuesto, se establece en el clausulado que dicho pago deberá tener lugar en el plazo de un mes a partir de 4 de febrero de 2015, fecha en la que finalizó el plazo para la presentación de solicitudes, con lo que no queda acreditada la vigencia del contrato de seguro en dicho momento.
A mayor abundamiento, de conformidad con el Anexo I del PCAP, el inicio del presente contrato está previsto para el 1 xx xxxxx de 2015. En caso de producirse el pago de la prima al final de los 30 días, la perfección del contrato de seguro se produciría el día 4 xx xxxxx de 2015, con lo que podría quedar un periodo del contrato administrativo sin cobertura.
Por todo lo anterior, la Mesa de Contratación considera que no queda suficientemente acreditada la solvencia económica conforme a los términos del Anexo III-C del PCAP, es decir, 'justificante de tener contratado un seguro
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de indemnización por riesgos profesionales por cuantía de al menos el importe del contrato o del lote al que licita'.
A mayor abundamiento, el órgano de contratación indica que la propia Asociación, en su escrito de interposición del recurso, hace constar que es en el momento del requerimiento de subsanación de la solvencia económica cuando optó por la contratación de un seguro por riesgos profesionales, reconociendo la no disposición de ese medio en un primer momento.
SEXTO. En primer lugar, debemos analizar si fue correcta la decisión de la Mesa de contratación de no admitir, y por tanto pedir su subsanación, el informe de instituciones financieras presentado en un primer momento por la asociación XXXXX en el sobre nº 1, y que ésta considera que era suficiente, así como si los términos en que solicitó dicha subsanación eran suficientemente aclaratorios del sentido en que ésta debía realizarse.
El PCAP establece en su Anexo III-B como uno de los medios que, de forma alternativa, podrán elegir los licitadores para acreditar la solvencia económica y financiera las declaraciones apropiadas de entidades financieras, considerando que la empresa tiene solvencia económica y financiera si de los datos e información suministrada por la declaración de la entidad financiera se desprende que el licitador posee capacidad económica para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente contrato.
El recurrente presentó dos declaraciones emitidas por la oficina del BBVA de San Xxxxx 10, xx Xxxxxxx, en la que literalmente se afirma respecto de dos cuentas bancarias de la asociación recurrente que su saldo medio durante el año 2014 es de 55.658,49 euros en una, y de 30.000 euros en la otra, “no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.”
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A juicio de este Tribunal, es procedente que la falta de referencia alguna en estas certificaciones a las obligaciones que pudieran derivarse de la ejecución del presente contrato llevara al órgano de contratación a solicitar la subsanación de esta documentación en el sentido de que de los datos e información suministrada por la declaración de la entidad financiera se desprenda que el licitador posee capacidad económica para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente contrato, o bien acreditar la solvencia económica por cualquier otro de los medios recogidos en el Anexo III-B.”
En este sentido, el Informe 78/09, de 23 de julio de 2010, de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, invocada en su escrito por el órgano de contratación, indica que “debe tenderse a excluir la presentación de declaraciones apropiadas de entidades financieras si éstas no versan sobre la situación financiera y patrimonial de los licitadores referida al contrato, ya que la mera referencia a que la empresa cumple con sus obligaciones no indica los elementos necesarios para constatar que dispone de recursos financieros que le permiten cumplir la obligación que asumen si se les adjudica el contrato”.
En conclusión, este Tribunal considera correcta la decisión de la Mesa de contratación de solicitar la subsanación en relación con el informe de instituciones financieras, siendo los términos en los que la misma se formula aclaratorios de la razón de su petición, al reiterar claramente que “se desprenda que el licitador posee capacidad económica par hacer frente a las obligaciones derivadas del presente contrato”.
Por tanto, no procede estimar esta alegación del recurrente en cuanto a este primer punto.
SÉPTIMO. En cuanto al rechazo por parte de la Mesa de contratación de la póliza de seguro presentada por la asociación recurrente, en primer lugar hemos
de subsanación la opción de acreditar la solvencia económica y financiera por cualquier otro medio de los establecidos en el Anexo III-B del PCAP, por lo que no se cuestiona la procedencia de que el licitador optara por subsanar mediante la presentación justificativa de un medio distinto del inicialmente elegido y sobre el que se le solicitó la subsanación.
Aceptado lo anterior, hemos de analizar la regulación que contiene el PCAP sobre este otro medio alternativo de acreditar la solvencia económica y financiera. De acuerdo con el Anexo III-B esta solvencia podrá acreditarse mediante la presentación de un justificante de tener contratado un seguro de indemnización por riesgos profesionales, considerando que la empresa tiene solvencia económica y financiera si aporta justificante de tener contratado un seguro de indemnización por riesgos profesionales por cuantía de al menos el importe del contrato o del lote al que licita.
El recurrente presenta una póliza de seguros integrada por un primer documento de Condiciones Particulares, número de póliza 2034330/XXXXXXXXX, firmada en su última página al pie de la cláusula “Aceptación Expresa. Constancia de Recibo de Información”, tanto por el tomador del seguro, que da su “leído y conforme”, como por la Aseguradora HISCOX Europe Underwrinting Ltd, Sucursal en España en representación de Hiscox Insurance Company Ltd. Asimismo se aportan los documentos Riesgos Profesionales. Condiciones Generales y Xxxxxx xx Xxxxxxxxx. Hiscox Professional. Responsabilidad Civil Profesional para Profesiones Específicas, firmados ambos por el tomador del seguro.
La cuestión se centra por tanto en determinar si la póliza presentada cumple con los requisitos establecidos en el PCAP. La cuantía del seguro no es cuestionada por ninguna de las partes, pues siendo el límite de la indemnización prevista de 300.000 euros, la exigencia de que la cuantía de ésta sea al menos la
Queda por tanto determinar si, a fecha fin de plazo de presentación de ofertas, la póliza está en vigor, como alega el recurrente, o si por el contrario, como ha entendido el órgano de contratación, nos encontramos simplemente ante una propuesta de contrato, en cuyo caso habría sido correcta la exclusión del recurrente.
El órgano de contratación niega la vigencia de la póliza, en primer lugar, por entender que lo presentado es una propuesta, lo cual deduce de los propios documentos. Pero no hace mención expresa de qué expresiones o en qué lugar de la póliza presentada se hace mención a dicho carácter de propuesta o a su carácter de eventual. En dichos documentos, como indica el recurrente, las referencias que encontramos son al “presente contrato” (2 veces en la página 5 de las Condiciones particulares).
También afirma el órgano de contratación que en las Condiciones Particulares no consta la firma de la entidad aseguradora, sino únicamente en el documento denominado Aceptación expresa y constancia de recibo de la información por parte del tomador. El documento denominado Condiciones Particulares consta de 5 páginas numeradas, siendo en la última página en la que constan la cláusula denominada Aceptación expresa y constancia de recibo de la información, seguida de la fecha (4 de febrero de 2015) y los pies de firma de las partes.
A juicio de este Tribunal, el que sea en esta última página de las Condiciones Particulares de la póliza en la que figuran la firma de las partes no puede interpretarse en ningún modo como que el consentimiento afecta únicamente al texto de esta última página, sino a todo el documento, más cuando precisamente la cláusula que figura en esta última página se denomina “Aceptación Expresa” referida a las Condiciones Generales, Especiales y Particulares.
mismas, y el asegurador suscribe la póliza con fecha 4 de febrero de 2015, por lo que no podemos dar la razón al órgano de contratación al considerar este documento como una propuesta solo por el hecho de que las firmas de las partes se encuentren en la última página del documento.
El órgano de contratación tampoco entiende acreditado el periodo de vigencia del contrato, cuya determinación debe analizarse de acuerdo con lo estipulado en la propia póliza. Este periodo viene establecido con toda claridad en las Condiciones Particulares del 04/02/2015 00:00 hora local hasta el 03/02/2016 a las 24:00 hora local en la dirección de contacto del asegurado, pero el órgano de contratación vincula la validez de esta previsión al previo pago de la prima por parte del recurrente.
Efectivamente, como alega el órgano de contratación, las Condiciones Generales del contrato indican que “usted está obligado al pago de la primera prima o de la prima única en el momento de la perfección del contrato.” Asimismo reproduce lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro: “Si por su culpa, la prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, nosotros tendremos derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. En todo caso y salvo pacto en contrario en las condiciones particulares, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro o reclamación, nosotros quedaremos liberados de nuestra obligación.”
Pero precisamente, en esas condiciones particulares, lo que encontramos es que “según el artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro 50/1980, el pago de la prima debe realizarse en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de efecto del presente contrato.” Este plazo no aparece configurado como una condición futura para la entrada en vigor del presente contrato, pues los 30 días son a partir de la fecha de efecto del contrato.
Por otro lado, hemos de tener en cuenta que los PCAP exigen únicamente “justificante de tener contratado un seguro”, no explicitando que se deba aportar el recibo de pago de la prima, y de la documentación presentada por el licitador no se deduce que dicha contratación no estuviera en vigor.
Llegados a este punto, conviene traer x xxxxxxxx lo ya expuesto en otras ocasiones por este Tribunal, recientemente en la Resolución 64/2015, de 17 de febrero, citando la Resolución 278/2012, de 5 de diciembre, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales: <<... Y no cabe, en este sentido obviar que, como se refleja en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2004, que cita a su vez la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/93, de 22 xx xxxxx, la doctrina jurisprudencial (Sentencias de 5 xx xxxxx de 1971; 22 xx xxxxx de 1972; 27 de noviembre de 1984; 28 de septiembre de 1995 y 0 xx xxxxx xx 0000, xxxxx xxxxx), así como la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informes 26/97, de 00 xx xxxxx; 00/00, xx 0 xx xxxx; y 1/94, de 3 de febrero), se inclina cada vez más por la aplicación de un criterio antiformalista y restrictivo en el examen de las causas de exclusión de las proposiciones, afirmando que “una interpretación literalista que conduzca a la no admisión de las proposiciones por simples defectos formales, fácilmente subsanables, es contraria al principio de concurrencia”>>.
Asimismo, en la Resolución de este Tribunal 77/2013, de 12 xx xxxxx, citando la Resolución 98/2012, de 25 de octubre, se indica que “ya se ha indicado que la doctrina del Tribunal Supremo preconiza el principio antiformalista en el ámbito de la contratación pública y mantiene que la preclusión de aportaciones documentales tiene por objeto evitar sorpresas para los demás concursantes, o estratagemas poco limpias, pero no excluir a los participantes por defectos en la documentación de carácter formal y no esencial.”
En cualquier caso, y a mayor abundamiento, la Mesa de contratación, antes de excluir en supuestos como el analizado, debe aplicar lo dispuesto en el artículo
82 del TRLCSP a la documentación acreditativa de la solvencia y conceder al recurrente un plazo de cinco día hábiles para complementar el contenido de aquélla. En este sentido el artículo 82 del TRLCSP establece que “el órgano de contratación o el órgano auxiliar de éste podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores (referidos a la capacidad y solvencia) o requerirle para la presentación de otros complementarios”.
El precedente normativo inmediato de este precepto se encuentra en el artículo 22 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, cuyo tenor es el siguiente “A los efectos establecidos en los artículos 15 a 20 de la ley, el órgano y la mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días, sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6.”
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, en su Recomendación 2/2002, de 5 xx xxxxx, sobre el funcionamiento de las mesas de contratación previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, analiza la distinta finalidad de los plazos previstos en los artículos 22 y 81.2 del RGLCAP concluyendo que ambos plazos no son excluyentes y que se pueden presentar supuestos en que hayan de aplicarse los dos plazos en un mismo procedimiento, bien sea de forma simultánea o sucesiva. En este sentido, manifiesta que mientras el plazo de tres días hábiles previsto en el artículo 81.2 del RGLCAP se concederá para la subsanación de omisiones, errores o defectos materiales subsanables, entendidos éstos como los que no afectan al cumplimiento de los requisitos sino a su acreditación, el artículo 22 se refiere a la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales de capacidad y solvencia y no estar incursos en prohibición de contratar, pudiendo la Administración en este caso hacer uso del
plazo de cinco días cuando considere que dicho cumplimiento debe ser aclarado.
Por todo lo anterior, hemos de estimar la pretensión del recurrente de que no se le debería haber excluido puesto que resulta acreditado que el recurrente tenía suscrito un seguro de responsabilidad civil en vigor en los términos exigidos en el PCAP.
OCTAVO. Aun cuando con lo hasta aquí expuesto queda resuelta la pretensión del recurrente, no se debe dejar pasar otra de las cuestiones planteadas, en distinto sentido, tanto por el recurrente como por el órgano de contratación.
De acuerdo con lo expuesto en su informe, una de las dudas, planteadas a mayor abundamiento, que han llevado a la Mesa de contratación a excluir al recurrente es que si el recurrente agotaba el plazo de pago de la prima establecido en la póliza, los siniestros que pudieran producirse en los primeros días de ejecución del contrato podrían no estar cubiertos por el seguro, pues el inicio de ejecución del contrato estaba previsto para el 1 xx xxxxx de 2015 y el plazo de pago terminaba el 5 xx xxxxx de 2015.
A este respecto hemos de diferenciar, como hace el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la Resolución 130/2011, de 27 xx xxxxx, que “la exigencia de la póliza (de seguro de responsabilidad civil) en cuestión puede jugar un doble papel en el ámbito de la contratación del sector público. En primer lugar, puede ser entendida (…) como una exigencia de solvencia patrimonial adicional y, en segundo, como una garantía adicional para el caso de que la empresa incurra en responsabilidad como consecuencia de la ejecución del contrato.”
Pero en el caso que nos ocupa, el seguro exigido se encuadra claramente como una exigencia de solvencia, por lo cual su aceptación como medio válido de acreditación de la misma no puede vincularse a su vigencia durante el plazo
previsto de ejecución del contrato, sino a su vigencia a fecha fin de plazo de presentación de ofertas.
El encuadre de la exigencia de tener contratado un seguro de indemnización por riesgos profesionales dentro de las condiciones de solvencia, y no de las garantías adicionales de ejecución del contrato, nos lleva también a no considerar procedente la posibilidad que apuntaba el recurrente de poder sustituir el justificante del seguro exigido por una declaración de la entidad aseguradora de que no existen impedimentos para la contratación del seguro y que contemple el compromiso de la misma de garantizar la citada cobertura.
Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal
ACUERDA
PRIMERO. Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por por la asociación ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO (XXXXX) contra el acuerdo de la mesa de contratación, de 13 de febrero de 2015, por el que se excluye a la citada asociación del procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Servicio para la realización de acciones destinadas a la inserción socio laboral de jóvenes procedentes del sistema de protección de menores, modalidad alta intensidad”, promovido por la Delegación Territorial xx Xxxxx de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, actualmente de Igualdad y Políticas Sociales (Expte. SVC/05/14/ISL), en el sentido de entender vigente la póliza de seguro de indemnización por riesgos profesionales presentado por la Asociación recurrente, que debe ser en consecuencia admitida a licitación.
SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47.4 del TRLCSP, el levantamiento de la suspensión del procedimiento acordado por este Tribunal en Resolución de 25 de febrero de 2015.
TERCERO. Declarar que no se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de multa en los términos previstos en el artículo 47.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
CUARTO. Notificar la presente resolución a todos los interesados en el procedimiento.
Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra K) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.