TEMA 5- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
TEMA 5- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
1. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, de 0 xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx presente ley tiene por objeto regular:
a) La contratación de la Administración pública.
b) La contratación de los municipios.
c) La contratación del sector público.
2. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, dicha ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajuste a los principios de:
a) Libertad de acceso a las licitaciones, mérito y capacidad.
b) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos.
c) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
3. En atención a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, no constituye uno de los objetivos de dicha ley:
a) Garantizar una eficaz utilización de los recursos públicos.
b) Asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras.
c) La salvaguarda de la libre competencia.
4. ¿Cuál de los siguientes entes, organismos y entidades se considera que forman parte del sector público a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público? (artículo 3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de un organismo autónomo sea inferior al 50 por 100.
b) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades privadas.
c) La Administración general del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local.
5. Dentro del sector público y a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes entes no tendrá la consideración de Administración pública? (artículo 3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social.
b) Las universidades públicas.
c) Las mutuas colaboradoras con la seguridad social.
6. A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes entes se considera un poder adjudicador? (artículo 3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Las asociaciones constituidas por administraciones públicas.
b) Las fundaciones cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por una o varias entidades integradas en el sector público.
c) Todos los entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia que no sean Administración pública que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, si uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador nombran al menos a la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
7. A tenor de lo dispuesto por los artículos 4 y 11 de la Ley 9/2017, de 0 xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx cuál de las siguientes proposiciones en relación a los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación es correcta:
a) Se regirán por la ley de contratos siempre y cuando sean celebrados por las consideradas administraciones públicas.
b) Se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de la ley de contratos para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
c) Para determinar si les resulta de aplicación la ley de contratos es necesario atender a la cuantía de las prestaciones ofertadas.
8. Una de las condiciones que se han de cumplir para que un convenio entre la Administración general del Estado y una comunidad autónoma se considere excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 0 xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx que las entidades intervinientes no tengan vocación xx xxxxxxx, y establece que esta se presumirá cuando realicen en el mercado abierto (artículo 6 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Un porcentaje igual o superior al 20 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
b) Un porcentaje igual o superior al 30 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
c) Un porcentaje igual o superior al 50 por ciento de las actividades objeto de colaboración.
9. Según el artículo 6.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, quedan excluidas del ámbito de la presente ley:
a) Los contratos de obra.
b) Los contratos de servicios.
c) Las encomiendas de gestión.
10. De conformidad con el artículo 7.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se excluyen del ámbito de la presente ley los acuerdos que celebre el Estado:
a) Con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.
b) Con las Islas Canarias.
c) Con las sociedades cooperativas.
11. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, quedan excluidos de la presente ley los contratos de:
a) Solo los contratos de investigación.
b) Solo los contratos de desarrollo de programas.
c) Los contratos de investigación y desarrollo, con las excepciones previstas en la propia ley.
12. Según el artículo 9.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se encuentran excluidas de la presente ley:
a) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público.
b) Solo las autorizaciones sobre bienes de dominio público.
c) Solo las concesiones sobre bienes de dominio público.
13. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 9/2017, de 0 xx xxxxxxxxx , xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores:
a) Están incluidos en el ámbito de aplicación de la ley.
b) Están parcialmente incluidos en el ámbito de aplicación de la ley.
c) Están excluidos del ámbito de la presente ley.
14. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general (artículo 11 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Están excluidas del ámbito de aplicación de la ley de contratos del sector público.
b) Se materializarán a través de un contrato de servicios.
c) Están excluidas del ámbito de aplicación de la ley de contratos del sector público, sin perjuicio de que el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a la ley de contratos del sector público, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato.
15. Cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión, se considera (artículo 14 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Que existe un motivo para que el concesionario pueda desistir del contrato sin que por ello resulte penalizado.
b) Que el concesionario asume un riesgo operacional.
c) Que el concesionario debe quedar eximido de prestar fianza.
16. Según el artículo 15.1 de la Ley 9/2017, de 0 xx xxxxxxxxx , xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, que tipo de contrato es aquel en cuya virtud uno o varios poder adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia?:
a) El contrato de concesión de servicios.
b) El contrato de obra.
c) El contrato de suministro.
17. A tenor de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes no tendrá la consideración necesariamente de contrato de suministro?:
a) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos.
c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
18. El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público define los contratos de servicios como aquellos:
a) Que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
b) En los que la contraprestación a favor de aquél consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
c) Xxxx objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
19. Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase y contenga en concreto prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios, se atenderá al carácter de la prestación principal (artículo 18 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Para la determinación del órgano competente para su adjudicación.
b) Para la determinación de las normas que regirán su adjudicación.
c) Para la determinación de si le es exigible la clasificación al contratista.
20. ¿Cuál de los siguientes tipos de contratos no está sujeto a regulación armonizada según el artículo 19 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público?:
a) Los contratos de concesión adjudicados para el suministro de energía eléctrica.
b) Los contratos de obra, en todo caso.
c) Los declarados secretos o reservados.
21. La representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado en un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje (artículo 19 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Están excluidas del ámbito de aplicación de la ley de contratos del sector público.
b) No se consideran sujetas a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado.
c) Están sujetas a regulación armonizada.
22. Señala el artículo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:
a) 2.250.000 euros.
b) 5.548.000 euros.
c) 4.500.000 euros.
23. Cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contratos de suministro adjudicados por la Administración general del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, están sujetos a regulación armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad de (artículo 21 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) 221.000 euros.
b) 5.186.000 euros.
c) 186.000 euros.
24. De conformidad con el artículo 21.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades indicadas en el apartado anterior:
a) No se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote.
b) Se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote.
c) Se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación solo del primero lote.
25. Cuando un contrato de servicios haya de ser adjudicado por la Administración general del Estado, estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a (artículo 22 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) 144.000 euros.
b) 750.000 euros.
c) 80.000 euros.
26. Se consideran contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras que tengan por objeto la construcción de hospitales, cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros, que sean subvencionados (artículo 23 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) De forma directa y en más de un 20 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de administraciones públicas
b) De forma directa y en más de un 50 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores.
c) De forma directa y en más de un 10 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de administraciones públicas.
27. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de:
a) Derecho tributario.
b) Derecho penal.
c) Derecho administrativo o de derecho privado.
28. De acuerdo con lo señalado por el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes contratos tendrá carácter administrativo?:
a) Los contratos de suministros que sean celebrados por una Administración pública.
b) Los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria.
c) Los contratos de servicios que sean celebrados por cualquier ente que forme parte del sector público.
29. Según lo señalado por el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos celebrados por una Administración pública que tengan por objeto la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos tendrán la consideración de:
a) Contratos privados.
b) Contratos administrativos.
c) Contratos mixtos.
30. De acuerdo con el artículo 26.1. b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, tendrán la consideración de contratos privados:
a) Los celebrados por entidades del sector privado que son poder adjudicador, pero no reúnen la condición de administraciones públicas.
b) Los celebrados por entidades del sector privado que no son poder adjudicador y no reúnen la condición de administraciones públicas.
c) Los celebrados por entidades del sector público que son poder adjudicador, pero no reúnen la condición de administraciones públicas.
31. Será el competente para conocer de las cuestiones referidas a los efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores (artículo 27 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
b) El orden jurisdiccional social.
c) El orden jurisdiccional civil.
32. Dispone el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales:
a) Y xxxxx a conocer los contratos que pretendan licitar a lo largo del año mediante la publicación de un plan anual de actuación.
b) Y darán a conocer su plan de contratación al finalizar el ejercicio mediante su remisión al Tribunal de Cuentas u órgano autonómico equivalente.
c) Y xxxxx a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa.
33. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta (artículo 29 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) La entidad de las prestaciones.
b) Las características de su ejecución.
c) La necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las prestaciones.
34. De acuerdo con lo señalado por el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que:
a) Sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas.
b) No se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada.
c) Se haga por mutuo acuerdo entre la Administración y el empresario.
35. Establece el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que los contratos menores no podrán tener una duración superior a:
a) Cuatro años
b) Dos años.
c) Un año.
36. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su aviso previo se produzca (artículo 29 Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
a) Al menos con cuatro meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
b) Al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
c) Al menos con seis meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
37. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración, ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la colaboración de empresarios particulares, cuando concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Una de las siguientes se encuentra entre ellas, señálese cuál:
a) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables cuyo empleo suponga una economía inferior al 5 por 100 del importe del presupuesto del contrato.
b) Que no haya habido al menos tres ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada.
c) Cuando se trate de un supuesto de emergencia.
38. A tenor de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 0 xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx de los requisitos que tendrá que cumplir una persona jurídica para tener la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público es uno de los siguientes:
a) Que más del 50 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleve a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.
b) Que más del 70 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.
c) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.
39. ¿Qué sucederá en el caso de incumplimiento sobrevenido de alguno de los requisitos que tendrá que cumplir una persona jurídica para tener la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público? (artículo 32 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Comportará la pérdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada, sin perjuicio de la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución.
b) Podrá comportar la pérdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada, así como de concluir los encargos que estuvieran en fase de ejecución.
c) Se requerirá a la persona jurídica en cuestión para que subsane el incumplimiento concediéndole para ello un plazo xx xxxx días y advirtiéndole de que, para el caso de que no se atienda dicho requerimiento en dicho plazo, se iniciará un expediente de revocación de los encargos que le hayan sido efectuados.
40. Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del encargo (artículo 32 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Sea igual o superior a diez millones de euros.
b) Sea igual o superior a doce millones de euros.
c) Sea igual o superior a quince millones de euros.
41. A tenor de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 9/2017, de 0 xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx de los requisitos que tendrá que cumplir una persona jurídica para tener la consideración de medio propio personificado respecto de una entidad perteneciente al sector público que no tenga la consideración de poder adjudicador es uno de los siguientes:
a) Que más del 80 por ciento del capital social o patrimonio del ente destinatario del encargo sea de titularidad pública.
b) Que más del 50 por ciento del capital social o patrimonio del ente destinatario del encargo sea de titularidad pública.
c) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del encargo sea de titularidad pública.
42. A tenor de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en los contratos del sector público podrán incluirse:
a) Cualquier pacto, cláusula y condición.
b) Cualquier pacto, cláusula y condición, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.
c) Cualquier pacto, cláusula y condición, siempre que no sean contrarios al interés público, a la buena fe y a los principios de buena gestión.
43. Una de las siguientes menciones no se encuentra entre las relacionadas por el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público como una de las que debe incluirse necesariamente en los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos. Indíquese cuál:
a) La definición del objeto del contrato.
b) El domicilio a efectos de notificaciones de las partes.
c) Las condiciones de pago.
44. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público deben incluir necesariamente la identificación de las partes, salvo que:
a) Los licitadores estén debidamente clasificados.
b) Se trate de un contrato que se vaya a adjudicar en virtud de un procedimiento negociado.
c) Ya se encuentren recogidas en los pliegos.
45. Respecto de la enumeración de los documentos que integran el contrato que debe contener todo contrato que celebren los entes, organismos y entidades del sector público, señala el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que, si así se expresa en el contrato:
a) Esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva en caso de que existan contradicciones entre diversos documentos.
b) Esta enumeración estará jerarquizada, pudiendo ordenarse según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva en caso de que existan contradicciones entre diversos documentos.
c) Esta enumeración estará jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva en caso de que existan contradicciones entre diversos documentos.
46. De conformidad con el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos subvencionados que deban considerarse sujetos a regulación armonizada se perfeccionarán:
a) De conformidad con la legislación por la que se rijan.
b) Mediante su formalización.
c) Mediante la adjudicación del contrato, cualquiera que sea el procedimiento que se haya seguido para ello.
47. Conforme al artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar:
a) Xxxxx se vaya a realizar la prestación objeto del contrato.
b) Donde resida el adjudicatario del contrato.
c) Donde se encuentre la sede del órgano de contratación.
48. Según señala el artículo 37 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que:
a) El contrato tenga carácter de emergencia.
b) El contrato sea un contrato menor.
c) El contrato tenga carácter de urgencia.
49. Señala el artículo 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que, salvo en los supuestos de emergencia, la carencia o insuficiencia de crédito será:
a) Una causa de nulidad de derecho administrativo.
b) Una causa de anulabilidad de derecho administrativo.
c) Una causa de invalidez de derecho civil.
50. Dispone el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que la competencia para declarar la nulidad o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar:
a) En todo caso.
b) Salvo determinación expresa en contrario.
c) Salvo para el caso de que la nulidad se haya de declarar por la inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato.
51. ¿En qué supuestos podrá disponerse en el mismo acuerdo en el que se declare la nulidad de un contrato la continuación de los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas? (artículo 42 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) En caso de que la declaración administrativa de nulidad del contrato produjese un grave trastorno al servicio público.
b) En caso de que el contrato tenga por objeto la gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
c) En caso de que el órgano de contratación, atendiendo a las circunstancias excepcionales que concurran, considere que existen razones imperiosas de interés general que lo exijan.
52. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y, si esto no fuese posible (artículo 42 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Ambas partes se deberán indemnizar mutuamente por los daños y perjuicios que hayan sufrido.
b) Se devolverá su valor.
c) Se dispondrá la continuación de los efectos del contrato.
53. Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-administrativo (artículo 44 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Los pliegos que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite en todo caso.
c) Los defectos de tramitación en todo caso.
54. En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación estará encomendado a un órgano especializado, que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias, denominado (artículo 45 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Tribunal Económico-Administrativo Central.
b) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
c) Tribunal Administrativo de Contratos de la Administración General del Estado.
55. En el supuesto de que antes de haberse interpuesto un recurso especial en materia de contratación las personas legitimadas para ello hubiesen solicitado, ante el órgano competente para resolver el recurso, la adopción de medidas cautelares, este deberá adoptar decisión en forma motivada sobre las medidas cautelares (artículo 49 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) En cualquier momento anterior a la interposición del recurso.
b) Dentro del plazo xx xxxx días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.
c) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.
56. Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el procedimiento de recurso especial en materia de contratación se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados (artículo 50 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) A partir del día siguiente a aquel en que se hayan entregado estos al interesado.
b) A partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos.
c) A partir del día siguiente a aquel en que el interesado haya podido acceder al contenido de estos a través del perfil de contratante.
57. Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso se requerirá al interesado a fin de que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en un plazo de (artículo 51 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) 10 días.
b) 5 días.
c) 3 días.
58. Los interesados podrán hacer la solicitud de acceso al expediente dentro del plazo de interposición del recurso especial, y el órgano de contratación deberá facilitar el acceso (artículo 52 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) En los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
b) En los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
c) En los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
59. ¿Qué plazo se debe conceder a los restantes interesados en la interposición de un recurso especial en materia de contratación para que formulen sus alegaciones? (artículo 56 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Cinco días hábiles
b) Dos días hábiles.
c) Tres días hábiles.
60. En caso de que el órgano competente para resolver un recurso especial en materia de contratación aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma cuyo importe será como máximo de (artículo 58 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) 50.000 euros.
b) 30.000 euros.
c) 60.000 euros.
61. Señala el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá:
a) Firmar el contrato en nombre de la Administración contratante.
b) Acordar, en su caso, la resolución del contrato.
c) Supervisar la ejecución del contrato.
62. En virtud de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la publicación de la información relativa a los contratos menores que debe constar en el perfil del contratante deberá realizarse:
a) Al menos semestralmente.
b) Al menos trimestralmente.
c) Anualmente.
63. De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que:
a) Tengan plena capacidad jurídica.
b) No estén incursas en una prohibición de contratar.
c) Se encuentren debidamente clasificadas.
64. Según establece el artículo 66 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos:
a) Cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
b) Cuyo contenido implique la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
c) Que sean celebrados con entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores.
65. ¿Para celebrar qué tipo de contratos podrán adicionalmente los pliegos de cláusulas administrativas particulares exigir que las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias abran una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil? (artículo 68 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) De obras.
b) De suministro.
c) De concesión de obras.
66. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública (artículo 69 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) En ningún caso.
b) A no ser que se trate de una empresa no española de Estados miembros de la Unión Europea.
c) Hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
67. Las personas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes (artículo 71 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) No podrán contratar con el sector público.
b) Dispondrán de un plazo de 10 días para cumplir con sus obligaciones a partir de la apertura de las licitaciones.
c) Tendrán que prestar una garantía especial prevista en la ley para poder contratar con la Administración.
68. ¿Cuál de las siguientes prohibiciones previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público se extiende también a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes?:
a) Estar incursa en alguno de los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.
c) Haber sido condenada mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
69. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no está prevista como una de aquellas cuya concurrencia determina la prohibición de contratar con la Administración de aquellos que se encuentren en estas? (artículo 71 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Xxxxx solicitado la declaración de concurso voluntario.
b) En el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 5 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad.
c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de extranjería.
70. ¿Cuál de las siguientes prohibiciones no será inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o equivalente en el ámbito de las comunidades autónomas? (artículo 73 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por un delito de tráfico de influencias.
b) Haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento.
c) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
71. Dispone el artículo 73 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que la inscripción de la prohibición de contratar en el registro de licitadores correspondiente caducará pasados:
a) 6 meses desde que termine su duración.
b) 3 meses desde que termine su duración.
c) 12 meses desde que termine su duración.
72. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar estos se indicarán (artículo 74 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) En los pliegos de cláusulas administrativas generales.
b) En el anuncio de licitación.
c) En los pliegos de prescripciones técnicas.
73. El requisito de la acreditación de estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación para celebrar contratos con el sector público será sustituido por el de la clasificación en los contratos de obras (artículos 74 y 77 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
b) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 euros.
c) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros.
74. ¿Con respecto a cuál de los siguientes tipos de contratos se dice que se podrá exigir a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación cuando incluyan trabajos de colocación e instalación? (artículo 76 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) De concesión de servicios.
b) De obras.
c) De suministros.
75. Será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las administraciones públicas para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a (artículo 77 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) 207.000 euros.
b) 500.000 euros.
c) 186.000 euros.
76. La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en (artículo 79 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Niveles, subniveles y tipos.
b) Grupos generales, subgrupos y categorías.
c) Tipos, subtipos y unidades.
77. Según el artículo 80 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, se adoptarán por:
a) La Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
b) El órgano competente para contratar.
c) Las comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
78. En el artículo 81 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se establece que los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas adoptados por los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan asumido dicha competencia:
a) Serán inscritos de oficio en el registro de licitadores de la respectiva comunidad autónoma, si dispone de tal registro, y comunicados por el órgano que los adoptó al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para su inscripción.
b) Serán inscritos a instancia de las empresas en el Registro General de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y comunicados al órgano competente de cada comunidad autónoma.
c) Serán inscritos de oficio en el registro de licitadores de la respectiva comunidad autónoma, si dispone de tal registro, y a instancia de las empresas en el Registro General de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
79. Tal y como señala el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia:
a) Indefinida, en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión.
b) De 3 a 5 años, en función de la capacidad económica acreditada por el empresario en el momento de efectuar la solicitud de clasificación.
c) De 3 años prorrogables por otros 3, en el caso de que el empresario así lo solicite.
80. ¿Cada cuánto tiempo habrá de justificarse la solvencia profesional según el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público?:
a) Cada tres años.
b) Cada año.
c) Cada dos años.
81. Según el artículo 84 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se aceptará una declaración jurada para acreditar la capacidad de obrar de:
a) Las personas jurídicas en general.
b) Los empresarios extranjeros.
c) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea.
82. En virtud de lo establecido por el artículo 85 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante:
a) Testimonio notarial.
b) Certificación administrativa.
c) Providencia judicial.
83. ¿Cuál de los siguientes está previsto como uno de los medios para acreditar la solvencia económica y financiera del empresario en el artículo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público?:
a) En los casos en que resulte apropiado, declaraciones suscritas por entidades financieras.
b) Cuentas de resultados presentadas semestralmente en el Registro Mercantil, excepto en casos debidamente justificados.
c) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por un importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato.
84. ¿Cuál de los siguientes no está previsto en el artículo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público como uno de los medios que se puede exigir para acreditar la solvencia económica y financiera en todo tipo de contratos?:
a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato.
b) Ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por un importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
85. Uno de los medios previstos en el artículo 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público como uno de los que se podrá utilizar para acreditar la solvencia técnica del empresario en los contratos de obras será la relación de las obras ejecutadas en el curso de los:
a) Cinco últimos años.
b) Seis últimos años.
c) Tres últimos años.
86. ¿Cuál de los siguientes no está previsto en el artículo 89 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público como un medio para acreditar la solvencia técnica para un contrato de suministro?:
a) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato.
b) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
c) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas.
87. ¿Qué se entiende por empresa de nueva creación a efectos de poder acreditar la solvencia técnica en los contratos de suministro o servicios no sujetos a regulación armonizada (artículos 89 y 90 Ley 9/2017, de 8 de noviembre?:
a) Que tenga una antigüedad inferior a cinco años.
b) Que tenga una antigüedad inferior a tres años.
c) Que tenga una antigüedad inferior a dos años.
88. La descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa es un medio expresamente previsto para acreditar la solvencia técnica de los empresarios en los contratos de (artículo 90 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):
a) Servicios
b) Obras.
c) Concesión de obras.
89. Establece el artículo 92 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional:
a) Para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.
b) Para los contratos cuya adjudicación se haga en beneficio de varios empresarios.
c) Para los contratos en cuyo importe esté incluido el impuesto sobre el valor añadido.
90. Según el artículo 96 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el ámbito de la Administración general del Estado, acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público las condiciones de aptitud del empresario la inscripción:
a) En el Registro de Contratos del Sector Público.
b) En el Registro Público de Empresas Licitadoras y Empresas Clasificadas.
c) En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.