ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recurso nº 136/2013 Resolución nº 146/2013
ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En Madrid, a 2 de octubre de 2013.
VISTO el recurso especial interpuesto por Xxx X.X.X., en nombre y representación de la empresa Sonomaster S.L., contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, de 19 de julio de 2013, por el que se adjudica el contrato de servicios “Apoyo y asistencias técnicas en la realización de actividades en teatros y salones de actos del Ayuntamiento de Leganés”, expediente 55/2012, este Tribunal ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 21 xx xxxxxx de 2013, se ha recibido en este Tribunal escrito de Xxx X.X.X., en nombre y representación de la empresa Sonomaster S.L., formulando recurso especial en materia de contratación, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, de 19 de julio de 2013, por el que se adjudica el contrato de servicios.
Segundo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria de 8 de enero de 2013, se acordó el inicio del expediente, se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y de Condiciones Técnicas (PCT) del contrato de servicios citado, con un valor estimado del contrato de 968.519,01 euros.
La Mesa de Contratación en sesión extraordinaria de 10 xx xxxx de 2013 procedió la apertura de la documentación administrativa de las tres empresas que habían presentado ofertas y en la sesión del día 16 xx xxxx procedió, en acto público a la calificación de la documentación administrativa y apertura de la documentación económica.
Según consta en el acta, concluida la lectura de las ofertas admitidas, se pregunta por el Presidente de la Mesa a los asistentes si tenían alguna pregunta al respecto sin que se formule ninguna y seguidamente se hace constar que toda la documentación de las ofertas presentadas pasará a informe de los Servicios Jurídicos y Técnicos Municipales y a la vista de dicho informe la Mesa de Contratación efectuará la clasificación de las ofertas presentadas.
Consta igualmente que el recurrente asistió a la sesión xx Xxxx de contratación en la que se realizó el acto de admisión de las empresas sin realizar ninguna objeción ni posteriormente interponer recurso especial sobre dicho acto de trámite.
Realizada la tramitación pertinente, el contrato se adjudicó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de julio de 2013.
Tercero.- El PCAP en su Anexo I, apartado 1, define el objeto del contrato y las necesidades a cubrir siguientes:
“1.- El objeto del presente contrato es la realización de tareas de apoyo, asistencia técnica, control y seguimiento de las labores de sonido, iluminación, maquinaria, tramoya, sastrería, en los espacios municipales en los que se desarrollen actividades culturales así como la revisión y mantenimiento del material técnico de audio, iluminación, maquinaria, escenografía, etc. su sustitución mientras
dure la reparación y su reposición en caso de imposibilidad de reparación. El ámbito de actuación será en los espacios escénicos contenidos en el punto 2.4 xxx Xxxxxx de Condiciones Técnicas.
Necesidades a satisfacer con este contrato: Las necesidades que pretenden cubrirse mediante este contrato son las derivadas del servicio de apoyo, asistencia técnica, control y seguimiento de las labores de sonido, iluminación, maquinaria, tramoya, sastrería, etc., en los espacios municipales en los que se desarrollen actividades Culturales, Debido a la insuficiencia de medios materiales y humanos del Ayuntamiento de Leganés tanto el objeto, como el contenido atendida la singularidad del servicio de asistencia técnica, resulta idónea la resulta idónea la ejecución mediante el contrato de servicios objeto de la presente contratación”.
El apartado 5.1 del Anexo I exige para acreditar la solvencia estar “clasificado en Grupo U Subgrupo 7 categoría D”.
El apartado 5.3 exige la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y materiales suficientes para ello, indicando que se especificará en la oferta los nombres, formación, titulación y experiencia profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, asignando un responsable técnico por teatro y a estos efectos y señala los que serán como mínimo.
En el apartado 19 permite la subcontratación en un porcentaje máximo en el que el contratista está autorizado el 15/% y se permite la subcontratación en auxiliares y personal de carga.
El Pliego de Condiciones Técnicas en la cláusula 2.1 define en los términos del PCAP el objeto del contrato y añade “así como la revisión y mantenimiento del material técnico de audio, iluminación, maquinaria, escenografía, etc., su sustitución mientras dure la reparación y su reposición en caso de imposibilidad de reparación”.
La condición 2.2 relativa a las características técnicas de los servicios a realizar, dispone que para la realización de dichas tareas, se solicitarán uno o varios técnicos con alguno de los siguientes perfiles profesionales:
- Operador xx xxxx. Conocimiento de la instalación, criterios y experiencia necesaria en el diseño de cada una de las secciones solicitadas, en espectáculos complejos y de gran magnitud.
- Técnico de teatro. Conocimiento de la instalación, materiales, manejo y experiencia en todas y cada una de las secciones solicitadas para los diversos teatros de los Centros Culturales. Colabora en las labores de carga I descarga.
- Ayudante de teatro. Conocimiento de la instalación, manejo de material y experiencia en cada una de las secciones solicitadas para los diversos Centros Culturales. Realiza labores de carga/descarga. Su presencia estará siempre acompañada de un Técnico de teatro.
- Auxiliar de carga. Conocimiento básico de la instalación y del material existente, realiza labores de carga y descarga así como ayuda en el uso, montaje y desmontaje
- Planchadora.
Seguidamente el Pliego relaciona las prestaciones a realizar en tres apartados que denomina “Refuerzo de equipo en instalaciones”, “Megafonía Media y Pequeña megafonía” y exige en el apartado de Refuerzo de equipo en instalaciones entre otros Sonido: Equipo de PA 40.000W (volado), mesa digital de 48 canales, Ecualizador grafico estéreo, Reproductor CD/MP3USB. Monitores 12.000W, 12 Cajas; 1 Drumfill y 4 sistemas de monitoraje personal, Mesa digital 48/16/L-C-R 13 ecualizadores gráficos estéreo. Juego de micrófonos específicos según necesidades (batería, percusión, cuerda, ambiente, suelo (...). En Megafonía Media PA 8.000X. Xxxx digital de 48 canales, Ecualizador gráfico estéreo, Reproductor de CD/MP3/USB. En Pequeña megafonía, P.A. 2.000W (Mínimo) 2 Micrófonos inalámbricos y 2 micrófonos dinámicos con cable.
En refuerzo de equipo y relativo a Iluminación dispone:
“12 proyectores robotizados de 000 X. 0 mesa de control con 4 puertos DMX.
Infraestructura de montaje, corriente y señal. Incluido personal para su manejo, transporte, carga, descarga, montaje y desmontaje”.
Cuarto.- En el expediente se encuentra la documentación administrativa de la Sociedad Cooperativa que resultó adjudicataria donde consta que se constituyó en 1987 que se encuentra inscrita en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración con el número 23.380, que sus estatutos fueron aprobados por el Ministerio y adaptados a la Ley de Cooperativas 3/1987, de 2 xx xxxxx y posteriormente a la ley 27/1999 de 16 de julio de Cooperativas.
En los Estatutos el Artículo 2 dispone: “Objeto o actividad económica:La actividad económica, que, para el cumplimiento de su objeto social, desarrollará esta Sociedad Cooperativa, es:
Prestación de servicios en las especialidades de sonido profesional. Comercio de audio
Reparación de equipos de audio Fabricación y montaje de equipos de audio Compra y venta de inmuebles
En este objeto implicarán todos los socios trabajadores su personal trabajo”.
Igualmente en el expediente se encuentra el certificado de clasificación de contratistas de 29 xx xxxx de 2012, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que acredita estar clasificada en contratos de servicios en el Grupo P, subgrupo 01, categoría A y en el Grupo U, subgrupo 7, categoría X.
Xxxxxx.- El 21 xx xxxxxx de 2013, se recibe en el Tribunal escrito interponiendo recurso especial contra la adjudicación del contrato formulado por la representación de la empresa Sonomaster S.L. El recurrente manifiesta que solicitó acceso al expediente y vista la documentación de la adjudicataria y los certificados de Impuesto de Actividades Económicas emitidos por la Agencia Tributaria y el objeto social que contemplan los Estatutos de la empresa, resulta que en las cláusulas de la licitación correspondiente al expediente, se determina que “cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad, conforme a sus estatutos o reglas fundaciones, les sean propios”.
Que conforme los estatutos del adjudicatario, Espiral S. Coop. L., no comprende en su objeto social ni la asistencia técnica, control y seguimiento de las labores de iluminación, maquinaria, tramoya y sastrería, ni la revisión y mantenimiento del material técnico de iluminación, maquinaria, tramoya, sastrería.
Expone que en el contrato licitado, más del cincuenta por ciento del trabajo a realizar es relativo a las labores de iluminación y una parte importante también está constituida por las labores con maquinaria escénica, y como se puede desprender de la lectura de sus estatutos, estas labores no están comprendidas dentro de los fines de esta Sociedad Cooperativa.
Pone de manifiesto que Espiral S. Coop. L., adjudicataria del contrato no posee la capacidad para contratar que es necesaria según las cláusulas xxx xxxxxx de condiciones del expediente y solicita, que se declare la nulidad del acuerdo de adjudicación realizada por el Ayuntamiento de Leganés.
El recurrente presentó el anuncio previo de interposición del recurso ante el órgano de contratación el día 19 xx xxxxxx.
Sexto.- Mediante Resolución 1/2013, de 00 xx xxxxx xx 0000, xx xx Xxxxxxxxxx xxx
Xxxxxxxx Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, se prevé la suspensión de los procedimientos de recurso especial en materia de contratación pendiente ante el Tribunal, durante el mes xx xxxxxx de 2013, quese comunico al Ayuntamiento.
Séptimo.- El recurso fue remitido al Órgano de contratación el día 21 xx xxxxxx y se solicitó la remisión del expediente y el informe a que se refiere el artículo 46.2 del TRLCSP.
El órgano de contratación remite una copia del expediente de contratación y el informe el día 29 xx xxxxxx, en este y sobre la falta de capacidad de la empresa por no estar incluidas las prestaciones objeto del contrato en el objeto social de la Cooperativa expone que el PCAP define en el punto 1 del anexo I, “Características del Contrato”, el objeto de la contratación donde establece que: “El objeto del presente contrato es la realización de tareas de apoyo, asistencia técnica, control y seguimiento de las labores de sonido, iluminación, maquinaria, tramoya, sastrería, en los espacios municipales en los que se desarrollen actividades culturales así como la revisión y mantenimiento del material de audio, iluminación, maquinaria, escenografía, etc., su sustitución mientras dure la reparación y su reposición en caso de imposibilidad de reparación. El ámbito de actuación será en los espacios escénicos contenidos en el punto 2.4 xxx xxxxxx de condiciones técnicas”.
Manifiesta que el citado Xxxxxx recoge en el punto 5.1 del Anexo I, Características del Contrato, la clasificación exigible a las empresas licitantes determinando la siguiente: Grupo U. Subgrupo 7. Categoría D y el objeto de la actividad económica de la empresa Espiral Sociedad Cooperativa se determina en el artículo 2, de sus Estatutos que reproduce, y que la empresa se encuentra clasificada en dicho grupo y subgrupo y también en el Grupo P, Subgrupo 1, Categoría A.
Considera por tanto que la adjudicataria, cumple con la exigencia de la clasificación exigida en el Pliego. Por otro lado, está dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas según consta en el Certificado sobre dicho Impuesto expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con fecha 30 xx xxxx de 2013 y presentado por la empresa: en los epígrafes:
- IAE.- 355.2 - Edición soportes audio, video, informática.
- IAE.- 999 - Otros servicios N.C.O.P.
Entiende que se impugna el acto de admisión de la empresa por la Mesa de contratación en el acto público del día 16 xx xxxx de 2013 al calificar la documentación administrativa y admitir a las tres empresas que presentaron ofertas al procedimiento de licitación, sin que este acto de trámite fuese recurrido por Sonomaster S.L. estando presente un representante de la empresa y recurre ahora la adjudicación realizada por este motivo.
Sobre el fondo del recurso cita Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales nº 169/2012, de 3 xx xxxxxx de 2012, sobre “La capacidad de obrar de las personas jurídicas y la determinación por su objeto social”, y la Resolución n° 82/2012 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, remitiéndose a otras resoluciones anteriores 49/2012, de 9 xx xxxx, o 29/2011, de 29 xx xxxxx, donde señala que para apreciar la existencia de capacidad de obrar en relación con el objeto del contrato de acuerdo con el artículo 57 del TRLCSP “debe existir una coincidencia siquiera de forma parcial entre el objeto social de la empresa con el contenido de cualquiera de las prestaciones del contrato”.
Cita igualmente el Informe 11/2008 de la Junta Consultiva del Gobierno de las Islas Baleares que afirma “cabe interpretar el artículo 46.1 LCSP (actual artículo 57 del TRLCSP) en un sentido amplio”.
Octavo.- Con fecha 11 de septiembre de 2013, el Tribunal acordó la mantener suspensión de la tramitación del expediente de contratación.
Noveno.- La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso a todos los licitadores, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 46.3 del TRLCSP, concediéndoles un plazo, de cinco días hábiles, para formular alegaciones.
Dentro del plazo de alegaciones se formularon alegaciones por la adjudicataria que después de realizar una exposición de los antecedentes y la tramitación del expediente, sobre lo manifestado en el recurso alega que la recurrente incurre en inventar deliberadamente hechos que no se corresponden con la verdad, como es el decir que Espiral S. Coop., tan solo se dedica a la actividad del alquiler de equipos de sonido. Que en el mercado de una misma actividad, se conocen de forma pormenorizada las actividades que realizan los competidores, de modo que a la recurrente le consta con certeza que su recurso no se fundamenta en la verdad, pues las actividades de Espiral S. Coop., quedan encuadradas no solo en el ámbito del sonido, sino también en el de la iluminación y servicios necesarios en toda sede de actividades culturales, de manera que es complementario a tales actividades, la asistencia técnica para las mismas la puesta de maquinaria necesaria para sus sujeción, instalación, etc.
Aporta para probar lo anterior, Acuerdo del Ayuntamiento de Leganés de 1 de septiembre de 2009, por el que se le adjudicaba la contratación del Servicio de Asistencia Técnica y Alquiler de infraestructuras de equipos de sonido, iluminación, Back-Line y efectos especiales. Presenta igualmente certificados de trabajos realizados para el Ministerio de Cultura y Deporte de 23 xx xxxxx de 2013, por los que acredita durante el año 2012, haber realizado trabajos de sonido e iluminación en distintas exposiciones. Presenta facturas del Ayuntamiento xx Xxxxxxxx, que acreditan que durante dos años sucesivos, ha sido contratada para suministrar los equipos de sonido e iluminación, y su montaje, así como personal técnico; facturas del INAEM, de 11 xx xxxxx de 2013, por la que acredita que ha realizado en el Centro
Dramático Nacional, trabajos de asistencia técnica de sonido e iluminación; así como de la entidad Gestión de Centros Culturales GECESA o La Casa Encendida, de 21 xx xxxxx de 2013, en el que acredita que proceden a renovar el contrato de servicios de asistencia técnica a actividades de imagen, sonido e iluminación del edificio de la casa encendida con la sociedad Espiral.
Manifiesta en segundo lugar, que la recurrente realiza la trascripción del objeto social estatutario de Espiral S. Coop., deliberadamente parcial, pues omite al decir que “el suministro de personal para la realización de esos servicios no se haya comprendido en el objeto social”, cuando en realidad es todo lo contrario, al expresarse en los Estatutos sociales, art., 2°, in fine, “En este objeto implican todos los socios trabajadores su personal trabajo”.
Expone que el IAE de la sociedad, recoge el Epígrafe 999 comprensivo de otros servicios N.C.O.P (no clasificados en otras partes), de modo que conforme al RDL 1175/90 de 28 de septiembre por el que se aprueba las Tarifas y la Instrucción del IAE, le cabe realizar cualquier tipo de prestación o servicio no clasificado en otros epígrafes.
Que además se ha dado cumplimiento a lo exigido en la Cláusula 5 del PCAP, acreditando, mediante el documento de Clasificación empresarial que, tiene la capacidad exigida como empresa, para la realización de la obra o servicio objeto del contrato adjudicado, puesto que su solvencia técnica o profesional ha quedado probada mediante dicha Clasificación.
Igualmente alega que consta también en el expediente, el Informe técnico de valoración de ofertas y propuesta de adjudicación, de modo que ha de tenerse en cuenta que la adjudicación ha sido consecuencia de un estudio pormenorizado de los Técnicos municipales de valoración de ofertas y propuesta de adjudicación, atendiendo a las exigencias del PCAP y normas de aplicación.
Por último, cita las Resoluciones de este Tribunal “Resoluciones 82/12 de 1.8; 49/12 de 9.5; 29/11 de 29.6 entre otras” que vienen manteniendo, respecto a si existe o no capacidad de obrar de una persona jurídica conforme a su objeto social, en relación con el objeto del contrato administrativo, donde se manifiesta que para apreciar la existencia de capacidad de obrar en relación con el objeto del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del TRLCSP, debe existir una coincidencia siquiera de forma parcial entre el objeto social de la empresa con el contenido de cualquiera de las prestaciones del contrato.
Que de su Escritura fundacional y en los Estatutos, se observa en el art. 2, Objeto social, es muy amplio y no específico y minucioso, lo que aunado al Alta en el IAE de ejercer otros servicios no clasificados en otras partes, da lugar a esa amplitud de capacidad de obrar de esta sociedad y que el objeto social de las sociedades, en gran medida, es anterior al TRLCSP, de modo que resulta hartamente difícil que sea coincidente a pié juntillas lo dispuesto en dicha norma con el texto del objeto social. Solicita, por último, que se acuerde desestimar el recurso especial interpuesto por la sociedad Sonomaster S.L., contra el acuerdo de adjudicación de fecha 19 de julio de 2013 dictado por el Ayuntamiento de Leganés.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, al tratarse de una persona jurídica licitadora “cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso” (Artículo 42 del TRLCSP). Asimismo queda acreditada la representación con que actúa el firmante del recurso.
Segundo.- En cuanto al objeto del recurso, se dirige contra la adjudicación del contrato basado en que la empresa adjudicataria carece de capacidad al no coincidir el objeto social de la adjudicataria con el objeto del contrato.
Sobre el acto recurrido el órgano de contratación en su informe alega que un representante de la empresa recurrente estaba presente en el acto de calificación de la documentación y no lo recurrió.
Referente a esta alegación el artículo 40.2.b) del TRLCSP enumera entre los actos recurribles: “b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores”.
En este caso la calificación de la documentación administrativa a que se refiere el artículo 146 del TRLCSP realizada por la Mesa de contratación y de la que en este caso resultaron admitidas todas las empresas presentadas a la licitación, no se encuentra entre los actos susceptibles de recurso especial antes citados ya que no decidía directa o indirectamente sobre la adjudicación, ni determinaba la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni producía indefensión.
El recurrente, en el acto de la Mesa de contratación en el que se da cuenta del resultado de la calificación de la documentación presentada, únicamente podría haber manifestado dudas o pedir aclaraciones a la Mesa de contratación como prevé artículo 83.6 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).
El recurso por tanto se considera interpuesto contra la adjudicación del contrato, efectuada el de 19 de julio de 2013, y fue planteado en tiempo y forma, pues fue practicada la notificación el día 7 xx xxxxxx e interpuesto el recurso el 21 xx xxxxxx, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la primera fecha, de conformidad con el artículo 44.2 del TRLCSP.
La recurrente cumplió con la obligación de anunciar previamente al órgano de contratación la interposición del recurso.
Tercero.- El recurso se ha interpuesto contra la adjudicación de un contrato de servicios clasificado en la categoría 1 del Anexo II del TRLCSP, cuyo valor estimado asciende a 968.519,01 euros. El acto es recurrible de acuerdo con el artículo 40.1.a) y 2.c) en relación con el artículo 16.1 b) del TRLCSP.
Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 41.4 del TRLCSP y el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, corresponde a este Tribunal la competencia para resolver el presente recurso.
Quinto.- En cuanto al fondo del asunto el recurrente alega que, vista la documentación de la adjudicataria y los certificados del Impuesto de Actividades Económicas emitidos por la Agencia Tributaria y el objeto social que contemplan los Estatutos de la empresa, resulta que en las cláusulas xxx Xxxxxx, se determina que “cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad, conforme a sus estatutos o reglas fundaciones, les sean propios”.
El objeto del contrato establecido en el Anexo I, apartado 1, PCAP, consiste en la realización de tareas de apoyo, asistencia técnica, control y seguimiento de las labores de sonido, iluminación, maquinaria, tramoya, sastrería, así como la revisión y mantenimiento del material técnico de audio, iluminación, maquinaria, escenografía y las necesidades a satisfacer con este contrato son las derivadas del servicio de apoyo, asistencia técnica, control y seguimiento de las labores de sonido, iluminación, maquinaria, tramoya, sastrería, en los espacios municipales donde se desarrolle la actividad.
El artículo 54.1 TRLCSP, dispone que sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
El requisito de capacidad para contratar con el sector público se regula en el artículo 57.1 del TRLCSP que dispone:“1. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios”.
Para la acreditación de esta capacidad de obrar dispone el artículo 72.1 del TRLCSP: “La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate”.
En los Estatutos de la Sociedad Cooperativa se encuentra establecido en el Artículo 2, su objeto social o actividad económica consistente en:
“Prestación de servicios en las especialidades de sonido profesional. Comercio de audio.
Reparación de equipos de audio. Fabricación y montaje de equipos de audio. Compra y venta de inmuebles.
En este objeto implicarán todos los socios trabajadores su personal trabajo”.
Como ya se ha señalado por este Tribunal en otras resoluciones como la Resolución 49/2012, de 9 xx xxxx, o 29/2011, de 29 xx xxxxx, para apreciar la
existencia de capacidad de obrar en relación con el objeto del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del TRLCSP, “Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios”, debe existir una coincidencia siquiera de forma parcial entre el objeto social de la empresa con el contenido de cualquiera de las prestaciones del contrato.
Es también criterio del Tribunal puesto de manifiesto en anteriores resoluciones el de considerar que es a las prestaciones, y no a la denominación del contrato, a las que hay que atender para verificar la indicada coincidencia entre el objeto social y el del contrato.
En este caso el objeto social o ámbito de actividad de la Sociedad Cooperativa según el artículo 2 de sus Estatutos coincide con el objeto del contrato en cuanto a servicios en especialidades de sonido profesional y equipos y material técnico de audio.
En cuanto a iluminación el recurrente afirma que en este contrato más del cincuenta por ciento del trabajo a realizar es relativo a las labores de iluminación, y una parte importante también está constituida por las labores con maquinaria escénica, y como se puede desprender de la lectura de sus estatutos, estas labores no están comprendidas dentro de los fines de esta Sociedad Cooperativa.
Resultan contradictorios los porcentajes que cita le recurrente sobre el peso de las prestaciones objeto del contrato, ya que por otra parte alega que el 90% “consiste en el suministro de personal”, no obstante sobre su afirmación de que más del cincuenta por ciento del trabajo a realizar es relativo a las labores de iluminación, cabe considerar lo siguiente:
La Sociedad se encuentra clasificada como empresa de servicios Grupo U. Subgrupo 7. Categoría D exigido en el PCAP correspondiente a servicios generales, pero además se encuentra clasificada en el Grupo P, Subgrupo 1, Categoría A, correspondiente a Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas.
Del objeto del contrato definido en el PCAP y en el de Condiciones técnicas y las prestaciones que este especifica, en la condición 2.2, se advierte que dichas prestaciones corresponden a trabajos de apoyo, asistencia técnica y control de seguimiento esencialmente en relación con material técnico de sonido y megafonía media y baja, audio y las de iluminación se limitan a la instalación de 12 proyectores robotizados, una mesa de control e infraestructura de montaje, corriente y señal y el personal para su montaje manejo trasporte carga y descarga.
Igualmente estas tareas de apoyo se corresponden con el perfil profesional que se requiere que se concreta en Técnico de teatro y Ayudante de teatro con conocimiento de las instalaciones, materiales, manejo y experiencia en las secciones y que realizan también las labores de cargaIdescarga y auxiliares de carga con conocimiento de las instalaciones, materiales, manejo y experiencia en las secciones.
Por todo ello se considera que aunque no existe una mención específica en el objeto social relativa al termino iluminación, procede interpretar en sentido amplio el cumplimiento del requisito de capacidad para contratar con el sector público que establece en el artículo 57.1 del TRLCSP por cuanto las prestaciones de este contrato están englobadas en los fines y ámbito de actividad del objeto social de la Cooperativa.
Igualmente la recurrente alega que “por otro lado, más del noventa por ciento del trabajo consiste en el suministro de personal para la realización de estos
servicios, y esta labor de suministro de personas tampoco se haya comprendida dentro de la actividad económica que recogen los estatutos de Espiral S. Coop.”.
En cuanto al personal el artículo 2 de los estatutos sobre el objeto social dispone: “En este objeto implicarán todos los socios trabajadores su personal trabajo”.
Sobre el suministro de personas a que se refiere el recurrente, el PCAP exige la adscripción de medios que la adjudicataria deberá realizar para ejecutar el contrato y fija los que se consideran mínimos para la prestación permitiendo la subcontración de un 15%. Ello no implica que la Cooperativa deba incluir en su objeto social el suministro de personas y por otra parte cuenta con socios trabajadores que como indica en sus estatutos “los socios trabajadores implican su trabajo en el objeto social”.
Los términos en que está redactado el objeto social y las prestaciones amparadas por el mismo y el objeto del contrato precisan interpretarse conforme a criterios que han sido establecidos por los órganos consultivos en materia de contratación pública.
Así el informe 11/2008, de la Junta Consultiva de las Islas Baleares afirma que “cabe interpretar el artículo 46.1 LCSP (actual artículo 57 TRLCSP) en un sentido amplio, es decir, que las prestaciones objeto del contrato deben estar comprendidas en los fines, objeto o ámbito de actividad de la empresa, sin que sea necesaria la coincidencia literal entre el objeto social y el objeto del contrato. Así, es suficiente que se pueda interpretar que las prestaciones objeto del contrato encajan o quedan amparadas o englobadas en estos fines, objeto o ámbito de actividad”.
La redacción del objeto social en los estatutos de la licitadora no es preciso que sea en idénticos términos a los que definen las prestaciones objeto del contrato, bastando con que se encuentren dentro del “ámbito de actividad” de aquélla.
El artículo 57.1 del TRLCSP no cita solo fines u objeto sino también el “ámbito de actividad” y está claro que las prestaciones del contrato licitado por el Ayuntamiento forman parte del ámbito de actividad de la Cooperativa.
La finalidad de la Ley en esta materia reside en evitar que pueda resultar adjudicatario de un contrato público una empresa cuya actividad no tenga relación con las prestaciones a desempeñar, pero en este caso se aprecia que la Sociedad cooperativa tiene capacidad para licitar a este contrato ya que su objeto social coindice mayoritariamente con las prestaciones que constituyen el objeto del contrato referidas a servicios en las especialidades de sonido profesional y de instalación y fabricación de audio.
Finalmente en cuanto a que se declare la nulidad del acuerdo de adjudicación que solicita la recurrente, el artículo 31 del TRLCSP sobre las causas de invalidez dispone: “Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado, los contratos de las Administraciones Públicas y los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17, serán inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se refieren los artículos siguientes”.
El grado de invalidez de los actos puede determinar que sean nulos de pleno derecho o anulables. El artículo 32 del TRLCSP establece las causas de nulidad de derecho administrativo y, aunque la recurrente no invoca una causa concreta, del texto del recurso se deriva que correspondería a la establecida en el citado artículo apartado “b), falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional debidamente acreditada, del adjudicatario” y no se aprecia de conformidad con lo antes analizado que dicha causa concurra en este supuesto.
No se advierte tampoco la concurrencia en este caso de alguna otra causa de nulidad de las establecidas en dicho artículo ni en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el 41.4 del TRLCSP y el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
ACUERDA
Primero.- Desestimar el recurso especial interpuesto por Don M.B.Z., en nombre y representación de la empresa Sonomaster S.L., contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Leganés, de 19 de julio de 2013, por el que se adjudica el contrato de servicios “Apoyo y asistencias técnicas en la realización de actividades en teatros y salones de actos del Ayuntamiento de Leganés”, expediente 55/2012.
Segundo.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.
Tercero.- Levantar la suspensión de la tramitación del expediente de contratación cuyo mantenimiento se acordó por este Tribunal el día 11 de septiembre de 2013.
Cuarto.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 49 del TRLCSP.