Ley 50/80 de Contrato de Seguro

Ley 50/80 de Contrato de Seguro

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Título Primero. Disposiciones generales

Sección Primera.- Preliminar.

Artículo 1.

El contrato de seguro es aquél por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto

de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

Artículo 2.

Las distintas modalidades del contrato de seguro, en defecto xx Xxx que les sea aplicable, se regirán por la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo, a no ser que en ellos se disponga otra cosa. No obstante, se entenderán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado.

Artículo 3.

Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de

seguro si la hubiera y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública en los términos previstos por la Ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.

Artículo 4.

El contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la Ley, si en el momento de su conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro.

Sección Segunda.- Conclusión, documentación del contrato y deber de declaración del riesgo.

Artículo 5.

El contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizadas por escrito. El asegurador está obligado a entregar al tomador del seguro la póliza

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Título I. Disposiciones generales

o, al menos, el documento de cobertura provisional. En las modalidades de seguro en que por disposiciones especiales no se exija la emisión de la póliza el asegurador estará obligado a entregar el documento que en ellas se establezca.

Artículo 6.

La solicitud de seguro no vinculará al solicitante. La proposición de seguro por el asegurador vinculará al proponente durante un plazo de quince días.

Por acuerdo de las partes, los efectos del seguro podrán retrotraerse al momento en que se presentó la solicitud o se formuló la proposición.

Artículo 6 bis. (Derogado). Artículo 7.

El tomador del seguro puede contratar el seguro por cuenta propia o ajena. En caso de duda se presumirá que el tomador ha contratado por cuenta propia. El tercer asegurado puede ser una persona determinada o determinable por el procedimiento que las partes acuerden.

Si el tomador del seguro y el asegurado son personas distintas, las obligaciones y los deberes que derivan del contrato corresponden al tomador del seguro, salvo aquellos que por su naturaleza deban ser cumplidos por el asegurado. No

obstante, el asegurador no podrá rechazar el cumplimiento por parte del asegurado de las obligaciones y deberes que correspondan al tomador del seguro.

Los derechos que derivan del contrato corresponderán al asegurado o, en su caso, al beneficiario, salvo los especiales derechos del tomador en los seguros de vida.

Artículo 8.

La póliza del contrato deberá redactarse, a elección del tomador del seguro, en cualquiera de las lenguas españolas oficiales en el lugar donde aquélla se

formalice. Si el tomador lo solicita, deberá redactarse en otra lengua distinta, de conformidad con la Directiva 92/96 , del Consejo de la Unión Europea, de 10 de noviembre de 1992. Contendrá, como mínimo, las indicaciones siguientes:

1. Nombre y apellidos o denominación social de las partes contratantes y su domicilio, así como la designación del asegurado y beneficiario, en su caso.

2. El concepto en el cual se asegura.

3. Naturaleza del riesgo cubierto.

4. Designación de los objetos asegurados y de su situación.

5. Suma asegurada o alcance de la cobertura.

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Título I. Disposiciones generales

6. Importe de la prima, recargos e impuestos.

7. Vencimiento de las primas, lugar y forma de pago.

8. Duración del contrato con expresión del día y la hora en que comienzan y terminan sus efectos.

9. Si interviene un mediador en el contrato, el nombre y tipo de mediador.

En caso de póliza flotante, se especificará, además, la forma en que debe hacerse la declaración del abono.

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la Entidad aseguradora en

el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. Lo establecido en este párrafo se insertará en toda póliza del contrato de seguro.

Artículo 9.

La póliza del seguro puede ser nominativa a la orden o al portador. En cualquier caso, su transferencia efectuada, según la clase del título ocasiona la del crédito contra el asegurador con iguales efectos que produciría la cesión del mismo.

Artículo 10.

El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él.

El asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al tomador del seguro en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud del tomador del seguro. Corresponderán al asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al período en curso en el momento que haga esta declaración.

Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del tomador del seguro quedará el asegurador liberado del pago de la prestación.

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Título I. Disposiciones generales

Artículo 11.

El tomador del seguro o el asegurado deberán durante el curso del contrato comunicar al asegurador, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas.

Artículo 12.

El asegurador puede, en un plazo de dos meses a contar del día en que la agravación le ha sido declarada, proponer una modificación del contrato. En tal caso, el tomador dispone de quince días a contar desde la recepción de esta proposición para aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo, o de silencio por parte del tomador, el asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al tomador, dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes comunicará al tomador la rescisión definitiva.

El asegurador igualmente podrá rescindir el contrato comunicándolo por escrito al asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo

conocimiento de la agravación del riesgo. En el caso de que el tomador del seguro o el asegurado no haya efectuado su declaración y sobreviniera un siniestro, el asegurador queda liberado de su prestación si el tomador o el asegurado ha actuado con mala fe. En otro caso, la prestación del asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

Artículo 13.

El tomador del seguro o el asegurado podrán, durante el curso del contrato, poner en conocimiento del asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato, lo habría concluido en condiciones más favorables.

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el importe de la prima futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho el tomador en caso contrario a la resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

Sección Tercera.- Obligaciones y deberes de las partes.

Artículo 14.

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera xx

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Título I. Disposiciones generales

ellas será exigible una vez firmado el contrato. Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que éste ha de hacerse en el domicilio del tomador del seguro.

Artículo 15.

Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido. En

cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.

Si el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pagó su prima.

Artículo 16.

El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración.

Este efecto no se producirá si se prueba que el asegurador ha tenido conocimiento del siniestro por otro medio.

El tomador del seguro o el asegurado deberá, además, dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave.

Artículo 17.

El asegurado o el tomador del seguro deberán emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a reducir su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del asegurado.

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Título I. Disposiciones generales

Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al asegurador, éste quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro.

Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que no sean inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados serán

de cuenta del asegurador hasta el límite fijado en el contrato, incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos. En defecto de pacto se indemnizarán los gastos efectivamente originados. Tal indemnización no podrá exceder de la suma asegurada.

El asegurador que en virtud del contrato solo debe indemnizar una parte del daño causado por el siniestro, deberá reembolsar la parte proporcional de los gastos

de salvamento, a menos que el asegurado o el tomador del seguro hayan actuado siguiendo las instrucciones del asegurador.

Artículo 18.

El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto el asegurador deberá efectuar dentro de los cuarenta días, a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, según las circunstancias por él conocidas.

Cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado lo consienta, el asegurador podrá sustituir el pago de la indemnización por la reparación o la reposición del objeto siniestrado.

Artículo 19.

El asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado.

Artículo 20.

Si el asegurador incurriera en xxxx en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas:

1º Afectará, con carácter general, a la xxxx del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la xxxx respecto xxx xxxxxxx perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro de vida.

2º Será aplicable a la xxxx en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la xxxx en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.

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Título I. Disposiciones generales

3º Se entenderá que el asegurador incurre en xxxx cuando no hubiera cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiera procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

4º La indemnización por xxxx se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.

5º En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comiencen a devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado 6º subsiguiente. En los demás casos será base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el asegurador puede deber.

6º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.

No obstante si, por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro.

Respecto xxx xxxxxxx perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción directa.

7º Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la

fecha de este pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado.

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Título I. Disposiciones generales

8º No habrá lugar a la indemnización por xxxx del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuera imputable.

9º Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en xxxx únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por xxxx en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante, cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo.

10º. En la determinación de la indemnización por xxxx del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo

las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia.

Artículo 21.

Las comunicaciones efectuadas por un corredor de seguros al asegurador en nombre del tomador del seguro surtirán los mismos efectos que si la realizara el propio tomador, salvo indicación en contrario de éste.

En todo caso se precisará el consentimiento expreso del tomador del seguro para suscribir un nuevo contrato o para modificar o rescindir el contrato de seguro en vigor.

Sección Cuarta.- Duración del contrato y prescripción.

Artículo 22.

La duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por un período no superior a un año cada vez.

Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada por un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación en cuanto sea incompatible con la regulación del seguro sobre vida.

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Título I. Disposiciones generales

Artículo 23.

Las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años si se trata de seguro de daños y de cinco si el seguro es de personas.

Artículo 24.

Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguro el del domicilio del asegurado, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

Título II. Seguros contra daños

Sección Primera.- Disposiciones generales.

Artículo 25.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo cuarto, el contrato de seguro contra daños es nulo si en el momento de su conclusión no existe un interés del asegurado a la indemnización del daño.

Artículo 26.

El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.

Artículo 27.

La suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro.

Artículo 28.

No obstante lo dispuesto en el artículo veintiséis, las partes, de común acuerdo, podrán fijar en la póliza o con posterioridad a la celebración del contrato el valor del interés asegurado que habrá de tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización.

Se entenderá que la póliza es estimada cuando el asegurador y el asegurado hayan aceptado expresamente en ella el valor asignado al interés asegurado.

El asegurador únicamente podrá impugnar el valor estimado cuando su aceptación haya sido prestada por violencia, intimidación o dolo, o cuando por error la estimación sea notablemente superior al valor real, correspondiente al momento del acaecimiento del siniestro, fijado pericialmente.

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Título II. Seguros contra daños

Artículo 29.

Si por pacto expreso las partes convienen que la suma asegurada cubra plenamente el valor del interés durante la vigencia del contrato, la póliza deberá contener necesariamente los criterios y el procedimiento para adecuar la suma asegurada y las primas a las oscilaciones del valor de interés.

Artículo 30.

Si en el momento de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al valor del interés, el asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que aquélla cubre el interés asegurado.

Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza, o con posterioridad a la celebración del contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo anterior.

Artículo 31.

Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado, cualquiera de las partes del contrato podrá exigir la reducción de la suma y de la prima, debiendo restituir el asegurador el exceso de las primas percibidas. Si se produjera el siniestro, el asegurador indemnizará el daño efectivamente causado.

Cuando el sobreseguro previsto en el párrafo anterior se debiera a mala fe del asegurado el contrato será ineficaz. El asegurador de buena fe podrá, no obstante, retener las primas vencidas y las del período en curso.

Artículo 32.

Cuando en dos o más contratos estipulados por el mismo tomador con distintos aseguradores se cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo el tomador del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto en contrario, comunicar a cada asegurador los demás seguros que estipule. Si por dolo se omitiera esta comunicación, y en caso de sobreseguro se produjera el siniestro, los aseguradores no están obligados a pagar la indemnización.

Una vez producido el siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberá comunicarlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, a cada asegurador, con indicación del nombre de los demás.

Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite el asegurado puede pedir a cada asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato. El asegurador que ha pagado una cantidad superior a la que proporcionalmente le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores.

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Título II. Seguros contra daños

Si el importe total de las sumas aseguradas superase notablemente el valor del interés, será de aplicación lo previsto en el artículo 31.

Artículo 33.

Cuando mediante uno o varios contratos de seguros, referentes al mismo interés, riesgo y tiempo, se produce un reparto de cuotas determinadas entre varios aseguradores, previo acuerdo entre ellos y el tomador, cada asegurador está obligado, salvo pacto en contrario, al pago de la indemnización solamente en proporción a la cuota respectiva.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, si en el pacto de coaseguro existe un encargo a favor de uno o varios aseguradores para suscribir los documentos

contractuales o para pedir el cumplimiento del contrato o contratos al asegurado en nombre del resto de los aseguradores, se entenderá que durante toda la vigencia de la relación aseguradora los aseguradores delegados están legitimados para ejercitar todos los derechos y para recibir cuantas declaraciones y reclamaciones correspondan al asegurado. El asegurador que ha pagado una cantidad superior a la que le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores.

Artículo 33-A.

1. Un contrato de seguro tendrá la calificación de coaseguro comunitario a los efectos de esta ley si reúne todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Que dé lugar a la cobertura de uno o más riesgos de los definidos en el art. 107,2 de esta ley.

b) Que participen en la cobertura del riesgo varias aseguradoras teniendo todas ellas su domicilio social en alguno de los Estados miembros

del Espacio Económico Europeo, y siendo una de ellas abridora de la operación.

c) Que el coaseguro se haga mediante un único contrato, referente al mismo interés, riesgo y tiempo y con reparto de cuotas determinadas entre varias aseguradoras, sin que exista solidaridad entre ellas, de forma que cada una solamente estará obligada al pago de la indemnización en proporción a la cuota respectiva.

d) Que cubra riesgos situados en el Espacio Económico Europeo.

e) Que la aseguradora abridora, esté o no domiciliada en España, se encuentre habilitada para cubrir la totalidad del riesgo conforme a las disposiciones que le sean aplicables.

f) Que al menos uno de los coaseguradores participe en el contrato por medio de su domicilio social o de una sucursal establecida en un Estado

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Título II. Seguros contra daños

miembro del Espacio Económico Europeo distinto del Estado de la aseguradora abridora.

g) Que la abridora asuma plenamente las funciones que le corresponden en la práctica del coaseguro, determinando, de acuerdo con el tomador y de conformidad con lo dispuesto en las leyes, la ley aplicable al contrato de seguro, las condiciones de éste y las de tarificación.

2. Las aseguradoras que participen en España en una operación de coaseguro comunitario en calidad de abridoras, así como sus actividades como tales coaseguradoras, se regirán por las disposiciones aplicables al contrato de seguro por grandes riesgos.

Artículo 34.

En caso de transmisión del objeto asegurado, el adquirente se subroga en el momento de la enajenación en los derechos y obligaciones que correspondían en el contrato de seguro al anterior titular. Se exceptúa el supuesto de pólizas nominativas para riesgos no obligatorios, si en las condiciones generales existe pacto en contrario.

El asegurado está obligado a comunicar por escrito al adquirente la existencia del contrato del seguro de la cosa transmitida. Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarla por escrito al asegurador o a sus representantes en el plazo de quince días.

Serán solidariamente responsables del pago de las primas vencidas en el momento de la transmisión el adquirente y el anterior titular o, en caso de que éste hubiera fallecido, sus herederos.

Artículo 35.

El asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la transmisión verificada. Ejercitado su derecho y notificado por escrito al adquirente, el asegurador queda obligado durante el plazo de un mes, a partir de la notificación. El asegurador deberá restituir la parte de prima que corresponda a períodos de seguro, por los que, como consecuencia de la rescisión, no haya soportado el riesgo.

El adquirente de cosa asegurada también puede rescindir el contrato si lo comunica por escrito al asegurador en el plazo de quince días, contados desde que conoció la existencia del contrato.

En este caso, el asegurador adquiere el derecho a la prima correspondiente al período que hubiera comenzado a correr cuando se produce la rescisión.

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Título II. Seguros contra daños

Artículo 36.

Las pólizas a la orden o al portador no se pueden rescindir por transmisión del objeto asegurado.

Artículo 37.

Las normas de los arts. 34 a 36 se aplicarán en caso de muerte del tomador del seguro o del asegurado y, declarado el concurso de uno de ellos, en caso de apertura de la fase de liquidación.

Artículo 38.

Una vez producido el siniestro, y en el plazo de cinco días, a partir de la notificación prevista en el artículo 16, el asegurado o el tomador deberán comunicar por escrito al asegurador la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los salvados y la estimación de los daños.

Incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos. No obstante, el contenido de la póliza constituirá una presunción a favor del asegurado cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas más eficaces.

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la indemnización, el asegurador deberá pagar la suma convenida o realizar las operaciones necesarias para reemplazar el objeto asegurado, si su naturaleza así lo permitiera.

Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo previsto en el artículo 18, cada parte designará un Perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiera designado el suyo, y de no hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta el dictamen que emita el Perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo.

En caso de que los Peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización, según la naturaleza del seguro de que se trate y la propuesta del importe líquido de la indemnización.

Cuando no haya acuerdo entre los Peritos, ambas partes designarán un tercer Perito de conformidad y de no existir ésta, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallaran los bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites previstos para la insaculación de Peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días, a partir de la aceptación de su nombramiento por el Perito tercero.

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Título II. Seguros contra daños

El dictamen de los Peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata y en forma indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo

de treinta días, en el caso del asegurador y ciento ochenta en el del asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial xxxxxxxx inatacable.

Si el dictamen de los Peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo a que se refiere el artículo 18, y si no lo fuera abonará el

importe de la indemnización señalado por los Peritos en un plazo de cinco días.

En el supuesto de que por demora del asegurador en el pago del importe de la indemnización devenida inatacable el asegurado se viera obligado a reclamarlo judicialmente, la indemnización correspondiente se verá incrementada con el interés previsto en el artículo 20, que, en este caso, empezará a devengarse desde que la valoración devino inatacable para el asegurador y, en todo caso, con el importe de los gastos originados al asegurado por el proceso, a cuya indemnización hará expresa condena la sentencia, cualquiera que fuera el procedimiento judicial aplicable.

Artículo 39.

Cada parte satisfará los honorarios de su Perito. Los xxx Xxxxxx tercero y demás gastos que ocasione la tasación pericial serán de cuenta y cargo por mitad del asegurado y del asegurador. No obstante, si cualquiera de las partes hubiera hecho necesaria la peritación por haber mantenido una valoración del daño

manifiestamente desproporcionado, será ella la única responsable de dichos gastos.

Artículo 40.

El derecho de los acreedores hipotecarios, pignoraticios o privilegiados sobre bienes especialmente afectos se extenderá a las indemnizaciones que

correspondan al propietario por razón de los bienes hipotecados, pignorados o afectados de privilegio, si el siniestro acaeciese después de la constitución de la garantía real o del nacimiento del privilegio. A este fin el tomador del seguro o el asegurado deberán comunicar al asegurador la constitución de la hipoteca, de la prenda o el privilegio cuando tuviera conocimiento de su existencia.

El asegurador a quien se haya notificado la existencia de estos derechos no podrá pagar la indemnización debida sin el consentimiento del titular del derecho real

o del privilegio. En caso de contienda entre los interesados o si la indemnización hubiera de hacerse efectiva antes del vencimiento de la obligación garantizada, se depositará su importe en la forma que convenga, a los interesados, y en defecto de convenio en la establecida en los artículos 1.176 y siguientes del Código Civil.

Si el asegurador pagase la indemnización, transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación del siniestro a los acreedores sin que éstos se hubiesen presentado, quedará liberado de su obligación.

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Título II. Seguros contra daños

Artículo 41.

La extinción del contrato de seguro no será oponible al acreedor hipotecario, pignoraticio o privilegiado hasta que transcurra un mes desde que se le comunicó el hecho que motivó la extinción.

Los acreedores a que se refiere este artículo podrán pagar la prima impagada por el tomador del seguro o por el asegurado, aun cuando éstos se opusieren. A este efecto, el asegurador deberá notificar a dichos acreedores el impago en que ha incurrido el asegurado.

Artículo 42.

En el caso de que la indemnización haya de emplearse en la reconstrucción de las cosas siniestradas, el asegurador no pagará la indemnización si el asegurado y los acreedores a que se refieren los artículos anteriores no se ponen de acuerdo sobre las garantías con las que aquéllas han de quedar afectadas a

la reconstrucción. En caso de que no se llegue a un acuerdo se depositará la indemnización conforme a lo dispuesto en el artículo cuarenta.

Artículo 43.

El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización.

El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. El asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse.

El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el causante de siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato.

En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés.

Artículo 44.

El asegurador no cubre los daños por hechos derivados de conflictos armados, haya precedido o no declaración oficial xx xxxxxx, ni los derivados de riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes, salvo pacto en contrario.

18 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título II. Seguros contra daños

No será de aplicación a los contratos de seguros por grandes riesgos, tal como se delimitan en esta Ley, el mandato contenido en el artículo 2 de la misma.

Sección Segunda.- Seguro Contra Incendio.

Artículo 45.

Por el seguro contra incendios el asegurador se obliga dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato a indemnizar los daños producidos por incendio en el objeto asegurado.

Se considera incendio la combustión y el abrasamiento con llama, capaz de propasarse, de un objeto u objetos que no estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento en que se produce.

Artículo 46.

La cobertura del seguro se extenderá a los objetos descritos en la póliza.

Si se tratase de seguro sobre mobiliario, la cobertura incluirá los daños por el incendio en las cosas de uso ordinario o común del asegurado, de sus familiares, dependientes y de las personas que con él convivan.

Salvo pacto expreso en contrario, no quedarán comprendidos en la cobertura del seguro los daños que cause el incendio en los valores mobiliarios públicos o privados, efectos de comercio, billetes de Banco, piedras y metales preciosos, objetos artísticos o cualesquiera otros objetos de valor que se hallaran en el objeto asegurado, aun cuando se pruebe su preexistencia y su destrucción o deterioro por el siniestro.

Artículo 47.

La destrucción o deterioro de los objetos asegurados fuera del lugar descrito en la póliza excluirá la indemnización del asegurador, a menos que su traslado o cambio le hubiera sido previamente comunicado por escrito y éste no hubiese manifestado en el plazo de quince días su disconformidad.

Artículo 48.

El asegurador estará obligado a indemnizar los daños producidos por el incendio cuando éste se origine por caso fortuito, por malquerencia de extraños, por negligencia propia o de las personas de quienes se responda civilmente.

El asegurador no estará obligado a indemnizar los daños provocados por el incendio cuando éste se origine por dolo o culpa grave del asegurado.

Artículo 49.

El asegurador indemnizará todos los daños y pérdidas materiales causados

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 19

Título II. Seguros contra daños

por la acción directa del fuego, así como los producidos por las consecuencias inevitables del incendio y en particular:

1. Los daños que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por la autoridad o el asegurado para impedir, cortar o extinguir el incendio, con exclusión de los gastos que ocasione la aplicación de tales medidas, salvo pacto en contrario.

2. Los gastos que ocasione al asegurado el transporte de los efectos asegurados o cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del incendio.

3. Los menoscabos que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas en los dos números anteriores.

4. El valor de los objetos desaparecidos, siempre que el asegurado acredite su preexistencia y salvo que el asegurador pruebe que fueron robados o hurtados.

5. Cualesquiera otros que se consignen en la póliza.

Sección Tercera.- Seguro contra el robo.

Artículo 50.

Por el seguro contra robo, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar los daños derivados de la sustracción ilegítima por parte de terceros de las cosas aseguradas.

La cobertura comprende el daño causado por la comisión del delito en cualquiera de sus formas.

Artículo 51.

La indemnización del asegurador comprenderá necesariamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintisiete:

1. El valor del interés asegurado cuando el objeto asegurado, efectivamente, sea sustraído y no fuera hallado en el plazo señalado en el contrato.

2. El daño que la comisión del delito, en cualquiera de sus formas, causara en el objeto asegurado.

Artículo 52.

El asegurador, salvo pacto en contrario, no vendrá obligado a reparar los efectos del siniestro cuando éste se haya producido por cualquiera de las siguientes causas:

1. Por negligencia grave del asegurado, del tomador del seguro o de las personas que de ellos dependan o con ellos convivan.

2. Cuando el objeto asegurado sea sustraído fuera del lugar descrito en la póliza o con ocasión de su transporte a no ser que una u otra circunstancia hubieran sido expresamente consentidas por el asegurador.

20 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título II. Seguros contra daños

3. Cuando la sustracción se produzca con ocasión de siniestros derivados de riesgos extraordinarios.

Artículo 53.

Producido y debidamente comunicado el siniestro al asegurador, se observarán las reglas siguientes:

1. Si el objeto asegurado es recuperado antes del transcurso del plazo señalado en la póliza, el asegurado deberá recibirlo, a menos que en ella le hubiera reconocido expresamente la facultad de su abandono al asegurador.

2. Si el objeto asegurado es recuperado transcurrido el plazo pactado, y una vez pagada la indemnización, el asegurado podrá retener la indemnización percibida abandonando al asegurador la propiedad del objeto asegurado, o

readquirirlo, restituyendo, en este caso, la indemnización percibida por la cosa o cosas restituidas.

Sección Cuarta.- Seguro de transportes terrestres.

Artículo 54.

Por el seguro de transporte terrestre el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos por la Ley y en el contrato, a indemnizar los daños

materiales que puedan sufrir con ocasión o consecuencia del transporte las mercancías porteadas, el medio utilizado u otros objetos asegurados.

Artículo 55.

En el caso de que el viaje se efectúe utilizando diversos medios de transporte, y no pueda determinarse el momento en que se produjo el siniestro, se aplicarán las normas del seguro de transporte terrestre si el viaje por este medio constituye la parte más importante del mismo.

En caso de que el transporte terrestre sea accesorio de uso marítimo o aéreo se aplicarán a todo el transporte las normas del seguro marítimo o aéreo.

Artículo 56.

Podrán contratar este seguro no sólo el propietario del vehículo o de las mercancías transportadas, sino también el comisionista de transporte y las agencias de transportes, así como todos los que tengan interés en la

conservación de las mercancías, expresando en la póliza el concepto en que se contrata el seguro.

Artículo 57.

El seguro de transporte terrestre puede contratarse por viaje o por un tiempo determinado. En cualquier caso, el asegurador indemnizará, de acuerdo con

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 21

Título II. Seguros contra daños

lo convenido en el contrato de seguro, los daños que sean consecuencia de siniestros acaecidos durante el plazo de vigencia del contrato, aunque sus efectos se manifiesten con posterioridad, pero siempre dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su expiración.

El asegurador no responderá por el daño debido a la naturaleza intrínseca o vicios propios de las mercancías transportadas.

Artículo 58.

Salvo pacto expreso en contrario, se entenderá que la cobertura del seguro comienza desde que se entregan las mercancías al porteador para su transporte en el punto xx xxxxxxx del viaje asegurado, y terminará cuando se entreguen al destinatario en el punto de destino, siempre que la entrega se realice dentro del plazo previsto en la póliza.

No obstante, cuando se pacte expresamente, el seguro puede extenderse a los riesgos que afecten a las mercancías desde que salen xxx xxxxxxx o domicilio del cargador para su entrega al transportista hasta que entran para su entrega en el domicilio o almacén del destinatario.

Artículo 59.

Salvo pacto expreso en contrario, la cobertura del seguro prevista en los artículos anteriores comprenderá el depósito transitorio de las mercancías y de la inmovilización del vehículo o su cambio durante el viaje cuando se deban a incidencias propias del transporte asegurado y no hayan sido causados por algunos de los acontecimientos excluidos del seguro.

La póliza podrá establecer un plazo máximo y, transcurrido éste sin reanudarse el transporte, cesará la cobertura del seguro.

Artículo 60.

El asegurado no perderá su derecho a la indemnización cuando se haya alterado el medio de transporte, el itinerario o los plazos del viaje o éste se haya realizado en tiempo distinto al previsto, en tanto la modificación no sea imputable al asegurado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12.

Artículo 61.

El asegurador indemnizará los daños que se produzcan en las mercancías o valores conforme a lo dispuesto en los números siguientes:

1. Se considerarán comprendidos en los gastos de salvamento del artículo diecisiete los que fuera necesario o conveniente realizar para reexpedir los objetos transportados.

2. En caso de pérdida total del vehículo el asegurado podrá abandonarlo al

22 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título II. Seguros contra daños

asegurador, si así se hubiese pactado, siempre que se observen los plazos y los demás requisitos establecidos por la póliza.

Artículo 62.

En defecto de estimación, la indemnización cubrirá, en caso de pérdida total, el precio que tuvieran las mercancías en el lugar y en el momento en que se

cargaran y, además, todos los gastos realizados para entregarlas al transportista y el precio del seguro si recayera sobre el asegurado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el seguro cubra los riesgos de mercancías que se destinen a la venta, la indemnización se regulará por el valor que las mercancías tuvieran en el lugar de destino.

Sección Quinta.- Seguro de lucro cesante.

Artículo 63.

Por el seguro de lucro cesante el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado la pérdida del rendimiento económico, que hubiera podido alcanzarse en un acto o actividad de no haberse producido el siniestro descrito en el contrato.

Este seguro podrá celebrarse como contrato autónomo o añadirse como un pacto a otro de distinta naturaleza.

Artículo 64.

Cuando el tomador del seguro o el asegurado realicen, respecto a un determinado objeto un contrato de seguro de lucro cesante con un asegurador y otro de seguro de daños con otro asegurador distinto, deberán comunicar sin demora alguna, a cada uno de los aseguradores, la existencia del otro seguro. En la comunicación se indicará no sólo la denominación social del asegurador con el que se ha contratado el otro seguro, sino también la suma asegurada y demás elementos esenciales. La inexistencia de esta comunicación producirá en su caso los efectos previstos en la Sección segunda del Título primero de la presente Ley.

Artículo 65.

En defecto de pacto expreso, el asegurador deberá indemnizar:

1. La pérdida de beneficios que produzca el siniestro durante el período previsto en la póliza.

2. Los gastos generales que continúan gravando al asegurado después de la producción del siniestro.

3. Los gastos que sean consecuencia directa del siniestro asegurado.

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 23

Título II. Seguros contra daños

Artículo 66.

El titular de una Empresa puede asegurar la pérdida de beneficios y los gastos generales que haya de seguir soportando cuando la Empresa quede paralizada total o parcialmente a consecuencia de los acontecimientos delimitados en el contrato.

Artículo 67.

Si el contrato tuviera exclusivamente por objeto la pérdida de beneficios las partes no podrán predeterminar el importe de la indemnización.

Sección Sexta.- Seguro de caución.

Artículo 68.

Por el seguro de caución el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites establecidos en la Ley o en el contrato. Todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del seguro.

Sección Séptima.- Seguro de crédito.

Artículo 69.

Por el seguro de crédito el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato a indemnizar al asegurado las pérdidas finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores.

Artículo 70.

Se reputará existente la insolvencia definitiva del deudor en los siguientes supuestos: 1º Cuando haya sido declarado en quiebra mediante resolución judicial firme.

2º Cuando haya sido aprobado judicialmente un convenio en el que se establezca una quita del importe.

3º Cuando se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio, sin que del embargo resulten bienes libres bastantes para el pago.

4º Cuando el asegurado y el asegurador, de común acuerdo, consideren que el crédito resulta incobrable.

No obstante cuando antecede, transcurridos seis meses desde el aviso del asegurado al asegurador del impago del crédito, ésta abonará a aquél el cincuenta por ciento de la cobertura pactada, con carácter provisional y a cuenta de ulterior liquidación definitiva.

Artículo 71.

En caso de siniestro, la cuantía de la indemnización vendrá determinada por un

24 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título II. Seguros contra daños

porcentaje, establecido en el contrato, de la pérdida final que resulte de añadir al crédito impagado los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos procesales y cualesquiera otros expresamente pactados.

Dicho porcentaje no podrá comprender los beneficios del asegurado, ni ser inferior al cincuenta por ciento de la pérdida final.

Artículo 72.

El asegurado, y en su caso el tomador del seguro queda obligado:

1º A exhibir, a requerimiento del asegurador, los libros y cualquiera otros documentos que poseyera relativos al crédito o créditos asegurados.

2º A prestar la colaboración necesaria en los procedimientos judiciales encaminados a obtener la solución de la deuda, cuya dirección será asumida por el asegurador.

3º A ceder al asegurador, cuando éste lo solicite, el crédito que tenga contra el deudor una vez satisfecha la indemnización.

Sección Octava.- Seguro de responsabilidad civil.

Artículo 73.

Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del

nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho.

Serán admisibles, como límites establecidos en el contrato, aquellas cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados ajustadas al artículo 3 de la presente Ley que circunscriban la cobertura de la aseguradora a los supuestos en que la reclamación del perjudicado haya tenido lugar dentro de un período de tiempo, no inferior a un año, desde la terminación de la última de las prórrogas del contrato o, en su defecto, de su período de duración. Asimismo, y con el mismo carácter de cláusulas limitativas conforme a dicho artículo 3 serán admisibles, como límites establecidos en el contrato, aquéllas que circunscriban la cobertura del asegurador a los supuestos en que la reclamación del perjudicado tenga lugar durante el período de vigencia de la póliza siempre que, en este caso, tal cobertura se extienda a

los supuestos en los que el nacimiento de la obligación de indemnizar a cargo del asegurado haya podido tener lugar con anterioridad, al menos, de un año desde el comienzo de efectos del contrato, y ello aunque dicho contrato sea prorrogado.

Artículo 74.

Salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 25

Título II. Seguros contra daños

ocasionen. El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el asegurador.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también asegurado con el mismo asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, éste comunicará inmediatamente al asegurado la existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa. El asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza.

Artículo 75.

Será obligatorio el seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de aquellas actividades que por el Gobierno se determinen. La Administración no autorizará el ejercicio de tales actividades sin que previamente se acredite por el interesado la existencia del seguro. La falta de seguro, en los casos en que sea obligatorio, será sancionada administrativamente.

Artículo 76.

El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero.

La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva

del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido.

Sección Novena.- Seguro de defensa jurídica.

Artículo 76-A.

Por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro.

Artículo 76-B.

Quedan excluidos de la cobertura del seguro de defensa jurídica el pago de multas y la indemnización de cualquier gasto originado por sanciones impuestas al asegurado por las autoridades administrativas o judiciales.

26 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título II. Seguros contra daños

Artículo 76-C.

El seguro de defensa jurídica deberá ser objeto de un contrato independiente.

El contrato, no obstante, podrá incluirse en capítulo aparte dentro de una póliza única, en cuyo caso habrán de especificarse el contenido de la defensa jurídica garantizada y la prima que le corresponde.

Artículo 76-D.

El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento.

El asegurado tendrá, asimismo, derecho a la libre elección de abogado y procurador en los casos en que se presente conflicto de intereses entre las partes del contrato.

El abogado y procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a las instrucciones del asegurador.

Artículo 76-E.

El asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro.

La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada. Artículo 76-F.

La póliza del contrato de seguro de defensa jurídica habrá de recoger expresamente los derechos reconocidos al asegurado por los dos artículos anteriores.

En caso de conflicto de intereses o de desavenencia sobre el modo de tratar una cuestión litigiosa, el asegurador deberá informar inmediatamente al asegurado de la facultad que le compete de ejercitar los derechos a que se refieren los dos artículos anteriores.

Artículo 76-G.

Los preceptos contenidos en esta Sección no serán de aplicación:

1º A la defensa jurídica realizada por el asegurador de la responsabilidad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 74.

2º A la defensa jurídica realizada por el asegurador de la asistencia en viaje.

En este caso, la no aplicación de las normas de esta Sección quedara subordinada a que la actividad de defensa jurídica se ejerza en un Estado distinto del de la residencia habitual del asegurado; a que dicha actividad se halle contemplada en un contrato que tenga por objeto única y exclusivamente la asistencia a personas que se encuentren en dificultades con motivo xx

Xxx 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 27

Título II. Seguros contra daños

desplazamientos o de ausencias de su lugar de residencia habitual, y a que en el contrato se indique claramente que no se trata de un seguro de defensa jurídica, sino de una cobertura accesoria a la de asistencia en viaje.

3º A la defensa jurídica que tenga por objeto litigios o riesgos que surjan o tengan relación con el uso de buques o embarcaciones marítimas.

Sección Décima.- Reaseguro.

Artículo 77.

Por el contrato de reaseguro el reasegurador se obliga a reparar, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato la deuda que nace en el patrimonio del reasegurado a consecuencia de la obligación por éste asumida como asegurador en un contrato de seguro.

El pacto de reaseguro interno, efectuado entre el asegurador directo y otros aseguradores, no afectará al asegurado, que podrá, en todo caso, exigir la totalidad de la indemnización a dicho asegurador, sin perjuicio del derecho de repetición que a éste corresponda frente a los reaseguradores, en virtud del pacto interno.

Artículo 78.

El asegurado no podrá exigir directamente del reasegurador indemnización ni prestación alguna. En caso de liquidación voluntaria o forzosa de su asegurador gozarán de privilegio especial sobre el saldo acreedor que arroje la cuenta del asegurador con el reasegurado.

Las alteraciones y modificaciones de la suma asegurada del valor del interés y, en general, de las condiciones del seguro directo deberán comunicarse al reasegurador en la forma y en los plazos establecidos en el contrato.

Artículo 79.

No será de aplicación al contrato de reaseguro el mandato contenido en el artículo 2 de esta Ley.

Título III. Seguros de personas

Sección Primera.- Disposiciones comunes.

Artículo 80.

El contrato de seguro sobre las personas comprende todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal o salud del asegurado.

28 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título III. Seguros de personas

Artículo 81.

El contrato puede celebrarse con referencia a riesgos relativos a una persona o a un grupo de ellas. Este grupo deberá estar delimitado por alguna característica común extraña al propósito de asegurarse.

Artículo 82.

En los seguros de personas el asegurador, aun después de pagada la indemnización, no puede subrogarse en los derechos que en su caso correspondan al asegurado contra un tercero como consecuencia del siniestro.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior lo relativo a los gastos de asistencia sanitaria.

Sección Segunda.- Seguro sobre la vida.

Artículo 83.

Por el seguro de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de los líimites establecidos en la Ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestacines convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente.

El seguro sobre la vida puede estipularse sobre la vida propia o la de un tercero, tanto para caso de muerte como para caso de supervivencia o ambos conjuntamente, así como sobre una o varias cabezas.

Son seguros sobre la vida aquellos en que, cumpliendo lo establecido en los párrafos anteriores, la prestación convenida en la póliza ha sido determinada por el asegurador mediante la utilización de criterios y bases de técnica actuarial.

En los seguros para caso de muerte, si son distintas las personas del tomador del seguro y del asegurado, será preciso el consentimiento de éste, dado por escrito, salvo que pueda presumirse de otra forma su interés por la existencia del seguro.

A los efectos de lo indicado en el art. 4, en los seguros sobre la vida se entiende que existe riesgo si en el momento de la contratación no se ha producido el evento objeto de la cobertura otorgada en la póliza.

Si el asegurado es menor de edad será necesaria, además, la autorización por escrito de sus representantes legales.

No se podrá contratar un seguro para caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce años de edad o de incapacitados. Se exceptúan de esta prohibición los contratatos de seguros en los que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la póliza o al valor de rescate.

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 29

Título III. Seguros de personas

Artículo 83.A

1. El tomador del seguro en un contrato de seguro individual de duración superior a seis meses que haya estipulado el contrato sobre la vida propia o la de un tercero tendrá la facultad unilateral de resolver el contrato sin indicación de los motivos y sin penalización alguna dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha en la que el asegurador le entregue la póliza o documento de cobertura provisional.

Se exceptúan de esta facultad unilateral de resolución los contratos de seguro en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, así como los contratos en los que la rentabilidad garantizada esté en función de inversiones asignadas en los mismos.

2. La facultad unilateral de resolución del contrato deberá ejercitarse por el tomador mediante comunicación dirigida al asegurador a través de un soporte duradero, disponible y accesible para éste y que permita dejar constancia de la notificación. La referida comunicación deberá expedirse por el tomador del seguro antes de que venza el plazo indicado en el apartado anterior.

3. A partir de la fecha en que se expida la comunicación a que se refiere el apartado anterior cesará la cobertura del riesgo por parte del asegurador y el tomador del seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte correspondiente al período de tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia. El asegurador dispondrá para ello

de un plazo de 30 días a contar desde el día que reciba la comunicación de rescisión.

Artículo 84.

El tomador del seguro podrá designar beneficiario o modificar la designación anteriormente realizada, sin necesidad de consentimiento del asegurador.

La designación del beneficiario podrá hacerse en la póliza, en una posterior declaración escrita comunicada al asegurador o en testamento.

Si en el momento del fallecimiento del asegurado no hubiera beneficiario concretamente designado, ni reglas para su determinación, el capital formará parte del patrimonio del tomador.

Artículo 85.

En caso de designación genérica de los hijos de una persona como beneficiarios, se entenderán como hijos todos sus descendientes con derecho a herencia. Si la designación se hace en favor de los herederos del tomador, del asegurado o de otra persona, se considerarán como tales los que tengan dicha condición en el momento del fallecimiento del asegurado. Si la designación se hace en favor de los herederos sin mayor

30 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título III. Seguros de personas

especificación, se considerarán como tales los del tomador del seguro que tengan dicha condición en el momento del fallecimiento del asegurado.

La designación del cónyuge como beneficiario atribuirá tal condición igualmente al que lo sea en el momento del fallecimiento del asegurado. Los beneficiarios que sean herederos conservarán dicha condición aunque renuncien a la herencia.

Artículo 86.

Si la designación se hace en favor de varios beneficiarios, la prestación convenida se distribuirá, salvo estipulación en contrario, por partes iguales. Cuando se haga en favor de los herederos, la distribución tendrá lugar en proporción a la cuota hereditaria, salvo pacto en contrario. La parte no adquirida por un beneficiario acrecerá a los demás.

Artículo 87.

El tomador del seguro puede revocar la designación del beneficiario en cualquier momento, mientras no haya renunciado expresamente y por escrito a tal facultad. La revocación deberá hacerse en la misma forma establecida para la designación.

El tomador perderá los derechos de rescate, anticipo, reducción y pignoración de la póliza si renuncia a la facultad de revocación.

Artículo 88.

La prestación del asegurador deberá ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del contrato, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier clase del tomador del seguro. Unos y otros podrán, sin embargo, exigir al beneficiario el reembolso del importe de las primas abonadas por el contratante en fraude de sus derechos.

Cuando el tomador del seguro sea declarado en concurso o quiebra, los órganos de representación de los acreedores podrán exigir al asegurador la reducción del seguro.

Artículo 89.

En caso de reticencia e inexactitud en las declaraciones del tomador, que influyan en la estimación del riesgo, se estará a lo establecido en las disposiciones generales de esta Ley. Sin embargo, el asegurador no podrá impugnar el contrato una vez transcurrido el plazo de un año, a contar desde la fecha de su conclusión, a no ser que las partes hayan fijado un término más breve en la póliza y, en todo caso, salvo que el tomador del seguro haya actuado con dolo.

Se exceptúa de esta norma la declaración inexacta relativa a la edad del asegurado, que se regula en el artículo siguiente.

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 31

Título III. Seguros de personas

Artículo 90.

En el supuesto de indicación inexacta de la edad del asegurado, el asegurador sólo podrá impugnar el contrato si la verdadera edad del asegurado en el momento de la entrada en vigor del contrato excede de los límites de admisión establecidos por aquél.

En otro caso, si como consecuencia de una declaración inexacta de la edad, la prima pagada es inferior a la que correspondería pagar, la prestación del asegurador se reducirá en proporción a la prima percibida. Si, por el contrario, la prima pagada es superior a la que debería haberse abonado, el asegurador está obligado a restituir el exceso de las primas percibidas sin intereses.

Artículo 91.

En el seguro para caso de muerte el asegurador sólo se libera de su obligación si el fallecimiento del asegurado tiene lugar por alguna de las circunstancias expresamente excluidas en la póliza.

Artículo 92.

La muerte del asegurado, causada dolosamente por el beneficiario, privará a éste del derecho a la prestación establecida en el contrato, quedando ésta integrada en el patrimonio del tomador.

Artículo 93.

Salvo pacto en contrario, el riesgo de suicidio del asegurado quedará cubierto a partir del transcurso de un año del momento de la conclusión del contrato. A estos efectos se entiende por suicidio la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado.

Artículo 94.

En la póliza de seguro se regularán los derechos de rescate y reducción de la suma asegurada, de modo que el asegurado pueda conocer en todo momento el correspondiente valor de rescate o de reducción.

Artículo 95.

Una vez transcurrido el plazo previsto en la póliza, que no podrá ser superior a dos años desde la vigencia del contrato, no se aplicará el párrafo dos del artículo 15 sobre falta de pago de la prima. A partir de dicho plazo, la falta de pago de la prima producirá la reducción del seguro conforme a la tabla de valores inserta en la póliza.

La reducción del seguro se producirá igualmente cuando lo solicite el tomador, una vez transcurrido aquel plazo.

El tomador tiene derecho a la rehabilitación de la póliza, en cualquier momento, antes del fallecimiento del asegurado, debiendo cumplir para ello las condiciones establecidas en la póliza.

32 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título III. Seguros de personas

Artículo 96.

El tomador que haya pagado las dos primeras anualidades de la prima a la que corresponda el plazo inferior previsto en la póliza podrá ejercitar el derecho de rescate mediante la oportuna solicitud, conforme a las tablas de valores fijadas en la póliza.

Artículo 97.

El asegurador deberá conceder al tomador anticipos sobre la prestación asegurada, conforme a las condiciones fijadas en la póliza, una vez pagadas las anualidades a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 98.

En los seguros de supervivencia y en los seguros temporales para caso de muerte no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 94, 95, 96 y 97.

Los aseguradores podrán, no obstante, conceder al tomador los derechos de rescate, reducción y anticipos en los términos que se determinen en el contrato.

Artículo 99.

El tomador podrá, en cualquier momento, ceder o pignorar la póliza, siempre que no haya sido designado beneficiario con carácter irrevocable. La cesión o pignoración de la póliza implica la revocación del beneficiario.

Si la póliza se emite a la orden, la cesión o pignoración se realizarán mediante endoso.

El tomador deberá comunicar por escrito fehacientemente al asegurador la cesión o pignoración realizada.

Sección Tercera.- Seguro de accidentes.

Artículo 100.

Sin perjuicio de la delimitación del riesgo que las partes efectúen en el contrato, se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o muerte.

Las disposiciones contenidas en los artículos 83 a 86 del seguro de vida y en el párrafo 1 del artículo 87 son aplicables a los seguros de accidentes.

Artículo 101.

El tomador debe comunicar al asegurador la celebración de cualquier otro seguro de accidentes que se refiera a la misma persona. El incumplimiento de este deber sólo puede dar lugar a una reclamación por los daños y perjuicios

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 33

Título III. Seguros de personas

que originen, sin que el asegurador pueda deducir de la suma asegurada cantidad alguna por este concepto.

Artículo 102.

Si el asegurado provoca intencionadamente el accidente, el asegurador se libera del cumplimiento de su obligación.

En el supuesto de que el beneficiario cause dolosamente el siniestro quedará nula la designación hecha a su favor. La indemnización corresponderá al tomador o, en su caso, a la de los herederos de éste.

Artículo 103.

Los gastos de asistencia sanitaria serán por cuenta del asegurador, siempre que se haya establecido su cobertura expresamente en la póliza y que tal asistencia se haya efectuado en las condiciones previstas en el contrato. En todo caso, estas condiciones no podrán excluir las necesarias asistencias de carácter urgente.

Artículo 104.

La determinación del grado de invalidez que derive del accidente se efectuará después de la presentación del certificado médico de incapacidad.

El asegurador notificará por escrito al asegurado la cuantía de la indemnización que le corresponde, de acuerdo con el grado de invalidez que deriva del certificado médico y de los baremos fijados en la póliza. Si el asegurado no aceptase la proposición del asegurador en lo referente al

grado de invalidez, las partes se someterán a la decisión de Peritos Médicos, conforme al artículo 38.

Sección Cuarta.- Seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria.

Artículo 105.

Cuando el riesgo asegurado sea la enfermedad, el asegurador podrá obligarse, dentro de los límites de la póliza, en caso de siniestro, el pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y farmacéutica. Si el asegurador asume directamente la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, la realización de tales servicios se efectuará dentro de los límites y condiciones que las disposiciones reglamentarias determinan.

Artículo 106.

Los seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria quedarán sometidos a las normas contenidas en la sección anterior en cuanto sean compatibles con este tipo de seguros.

34 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Título IV. Normas de derecho internacional privado

Artículo 107.

1. La ley española sobre el contrato de seguro será de aplicación al de seguro contra daños, en los siguientes casos:

a) Cuando se refiera a riesgos que estén situados en territorio español y el tomador del seguro tenga en él su residencia habitual, si se trata de persona física o su domicilio social o sede de dirección efectiva de negocios, si se trata de persona Jurídica.

b) Cuando el contrato se concluya en cumplimiento de una obligación de asegurarse impuesta por la ley española.

2. Fuera de los casos previstos en el número anterior, regirán las siguientes normas para determinar la ley aplicable al contrato de seguro contra daños:

a) Cuando se refiera a riesgos que estén situados en territorio español y el tomador del seguro no tenga en él su residencia habitual, domicilio social o sede de dirección efectiva de negocios, las partes podrán elegir entre la

aplicación de la ley española o la ley del Estado en que el tomador del seguro tenga dicha residencia, domicilio social o dirección efectiva.

b) Cuando el tomador del seguro sea un empresario o un profesional y el contrato cubra riesgos relativos a sus actividades realizadas en distintos Estados de

la Comunidad Económica Europea, las partes podrán elegir entre la ley de cualquiera de los Estados en que los riesgos estén situados o la de aquél en que el tomador tenga su residencia, domicilio social o dirección efectiva de negocios.

c) Cuando la garantía de los riesgos que estén situados en territorio español se limite a los siniestros que puedan ocurrir en un Estado miembro distinto de España, las partes pueden elegir la ley de dicho Estado.

3. A los efectos de lo previsto en los números precedentes, la situación territorial de los riesgos se determinará conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 xx xxxxxx, sobre Ordenación del Seguro Privado.

4. La elección por las partes xx xxx aplicable, cuando sea posible, deberá expresarse en el contrato o desprenderse claramente de su contenido. Si faltare la elección, el contrato se regirá por la ley del Estado de entre los contemplados en este número con el que presente una relación más estrecha. Sin embargo, si una parte del contrato fuera separable del resto del mismo y presentara una relación más estrecha con algún otro Estado de los contemplados en este número, podrá, excepcionalmente,

aplicarse a esta parte del contrato la ley de ese Estado. Se presumirá que

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 35

Título IV. Normas de derecho internacional privado

existe relación más estrecha con el Estado miembro en el que se sitúe el riesgo.

5. Lo dispuesto en los números precedentes se entenderá sin perjuicio de las disposiciones de orden público contenidas en la ley española, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato de seguro de daños. Sin embargo,

si el contrato cubre riesgos situados en varios Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, se considerará que existen varios contratos a los efectos de lo previsto en este número, y que corresponden cada uno de ellos únicamente a un Estado.

Artículo 108.

Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación a los seguros de personas distintos al seguro sobre la vida.

Artículo 109.

En lo no previsto en el art. 107 se aplicarán al contrato de seguro las normas generales de Derecho Internacional Privado en materia de obligaciones contractuales.

Disposiciones Adicionales

Primera. Soporte duradero.

Siempre que esta ley exija que el contrato de seguro o cualquier otra información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá cumplido si el contrato o la información se contienen en papel u otro soporte duradero que permita guardar, recuperar fácilmente y reproducir sin cambios el contrato o la información.

Disposición Adicional Segunda. Contratación a distancia. (Derogado). Disposición Adicional Tercera. Contratación electrónica.

Los contratos de seguro celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.

En cuanto a su validez, prueba de celebración y obligaciones derivadas del mismo se sujetarán a la normativa específica del contrato de seguro y a la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

36 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Disposición Transitoria

Disposición Transitoria.

Los contratos de seguro celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se adaptarán a la misma en el plazo máximo de dos años a partir de su vigencia, quedando sometidos desde su adaptación, o desde el momento en que transcurren los referidos años, a los preceptos de la misma.

Disposición Final

Disposición Final.

La presente Xxx entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el

«Boletín Oficial del Estado». Permanece vigente la Ley diez mil novecientos setenta, de cuatro de julio, por la que se modifica el régimen del Seguro de Crédito a la Exportación.

A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán derogados los artículos 1.791 a 1.797 del Código Civil, los artículos 380 a 438 del Código de Comercio y cuantas disposiciones se opongan a los preceptos de esta Ley.

Estatutos Sociales

De “XXXXXX” Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

Estos Estatutos han sido aprobados en Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas celebrada el día 18 xx xxxxx de 1999 y modificados posteriormente mediante acuer- dos aprobados en Asambleas Generales Extraordinarias de Mutualistas de fechas 30 xx xxxxx de 2004, 23 xx xxxxx de 2007, 18 xx xxxxx de 2010 y 16 xx xxxxx de 2011

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 41

Capítulo I: Denominación, objeto, domicilio, ámbito, duración y régimen legal

Artículo Preliminar: Denominación.

Se fundó esta asociación Mutua de Seguros el día 7 xx xxxxx de 1.933, con la denominación “La Mutua de Automóviles de Alquiler de Madrid”. Por Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 12 de julio de 1.961, pasó a denominarse “XXXXXX” Mutua de Automóviles y en virtud de Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 13 de Octubre de 1.978 (B.O.E. núm. 279 de 22-11-1.978) cambió de nuevo de denominación pasando a ser la de “XXXXXX” MUTUA DE SEGUROS.

Opera con autorización de la dirección General de Xxxxxxx, figurando inscrita en el Registro Especial de dicho Organismo con el número M-50, denominándose de acuerdo con el Real Decreto 1348/85 de 1 xx xxxxxx, “XXXXXX” MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA.

En los presentes Estatutos, se entenderá por “XXXXXX” MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, cuando se haga la referencia: “La Mutua”.

Artículo 1º: Objeto Social.

Xxxxxx Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija tiene por objeto el resarcimiento mutuo y recíproco entre sus mutualistas, contra los riesgos cuya cobertura sea legal, mediante las condiciones que se establezcan en sus contratos de seguros. Podrá efectuar cualquier operación de seguro y reaseguro que autorice la legislación vigente, actuando en los xxxxx que, acordados por el Consejo de Administración de la Mutua, estén aprobados por el organismo competente y aquellas otras actividades complementarias, accesorias o relacionadas con ellos, en cuanto sean permitidas por la legislación de seguros.

La Mutua practicará la actividad aseguradora con una finalidad de utilidad legal, sin lucro, no siendo, por tanto, su actividad objeto de industria.

Artículo 2º: Domicilio Social.

El domicilio social está establecido en Madrid, C/ Santa Xxxxxxxx número 69, Edificio “Pelayo”, teniendo facultad el Consejo de Administración para trasladarlo, si las exigencias de la Entidad así lo aconsejaran. Se precisará autorización de la Asamblea General, para el traslado del domicilio social fuera de Madrid.

Artículo 3º: Ámbito.

La actividad de la Mutua se extiende a todo el espacio económico europeo, pudiendo también operar en otras naciones previa autorización de los organismos competentes.

42 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo I: Denominación, objeto, domicilio, ámbito, duración y régimen legal

Artículo 4º: Duración.

Esta Asociación Mutua está constituida por tiempo indefinido, no pudiendo ser disuelta sino por las causas y en los términos que estos Estatutos señalan.

Artículo 5º: Personalidad Jurídica.

La Mutua tiene personalidad jurídica propia y distinta de la que respectivamente ostentan los asegurados integrados en ella, y podrá realizar toda clase de actos y contratos relacionados con los fines de su institución; podrá adquirir, poseer, enajenar y gravar toda clase de bienes y derechos, contraer obligaciones

y, asimismo, podrá comparecer ante toda clase de Juzgados, Tribunales y Organismos de la Administración Pública, Nacionales e Internacionales,

Comunidades Autónomas, de Régimen Local y Laborales, siendo las facultades aquí citadas meramente enunciativas, y no limitativas.

La Mutua está basada en los principios de asociación mutua a prima fija, sin responsabilidad de los mutualistas por sus deudas sociales.

Artículo 6º.

La Mutua en su actuación, y los mutualistas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, se regirán por los presentes Estatutos, por el Código de Buen

Gobierno (integrado por los Reglamentos del Consejo de Administración y de la Asamblea General), el Código Ético, la legislación especifica vigente, y en todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable a las Sociedades Anónimas, en cuanto no contradiga el régimen específico de las Mutuas, quedando la Mutua expresamente sometida a la normativa de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y disposiciones complementarias y en particular al Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Capítulo II: De los mutualistas, derechos y obligaciones

Artículo 7º: Condición de Mutualista.

Tendrá la condición de mutualista cualquier persona física o jurídica que tenga interés en asegurar todos o algunos de los riesgos que constituyen el objeto de la Mutua, según el artículo primero de los presentes Estatutos. Los menores de edad, incapacitados y personas jurídicas, actuarán por medio de sus representantes legales. La condición de mutualista comienza y cesa al mismo

tiempo que el contrato ó póliza de seguros. El documento comprensivo de dicho Contrato de Seguros se denominará póliza.

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 43

Capítulo II: De los mutualistas, derechos y obligaciones

Artículo 8º.

Todos los mutualistas tendrán los mismos derechos y obligaciones, dentro de las disposiciones de los Estatutos. Cada mutualista, siempre que esté al corriente de pago en sus obligaciones, tendrá derecho a un voto en la Asamblea General, sin privilegio ni excepciones a favor de ninguno de ellos.

Artículo 9º: Altas.

Podrán asociarse a la Mutua tanto las personas físicas como las jurídicas.

El ingreso de los mutualistas se propondrá mediante una solicitud en la que constarán cuantos datos personales y del riesgo a asegurar precisase conocer la Mutua. Esta solicitud estará debidamente firmada y bajo la responsabilidad del solicitante, cuya inexactitud o falsedad podrá llevar aparejada la rescisión del contrato.

La aceptación por parte de la Mutua originará el contrato cuyo documento, suscrito por ambas partes y por duplicado, dará carácter de Mutualista una vez cumplidas las obligaciones económicas exigibles, comenzando desde ese instante todos

sus derechos y obligaciones sociales que le confieren los presentes Estatutos. En el momento de la firma, por parte del mutualista, del contrato de seguro correspondiente, se entiende que este presta su conformidad al cumplimiento de estos Estatutos, que se consideraran formando parte integrante del expresado

contrato a cuyo efecto se entregará un ejemplar impreso de los mismos junto con la póliza del seguro contratado.

Artículo 10º: Bajas.

La baja del mutualista podrá ser voluntaria o forzosa. Se entenderá dado de baja voluntariamente el mutualista cuando así lo exprese por comunicación suscrita por él mismo y dirigido a la Entidad, o cuando al vencimiento de la póliza no satisfaga la prima correspondiente al período de seguro siguiente en los plazos que concede la Ley de Contrato de Seguro.

Para la baja forzosa se estará a las condiciones y requisitos que para la rescisión de la póliza dispone la Ley de Contrato de Seguro, las Condiciones Generales de la póliza y demás disposiciones concordantes.

La Mutua, por acuerdo del Consejo de Administración, podrá también dar de baja al mutualista que cometiere acto doloso contra los intereses de la Entidad.

La falta de pago de las derramas pasivas o aportaciones obligatorias será causa de baja del mutualista una vez transcurridos sesenta días desde que hubiera sido requerido para el pago; no obstante, el contrato de Xxxxxx continuará vigente hasta el próximo vencimiento de período del seguro en curso, en

cuyo momento quedará extinguido pero subsistiendo la responsabilidad del mutualista por sus deudas pendientes.

44 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo II: De los mutualistas, derechos y obligaciones

Cuando el mutualista cause baja en la Entidad, tendrá derecho al cobro de las derramas activas y obligación de pago de las pasivas acordadas y no satisfechas.

También tendrá derecho a que le sean devueltas las cantidades que hubiera aportado al Fondo Mutual, debiendo justificar fehacientemente su aportación, salvo que hubiesen sido consumidas en cumplimiento de la función específica del mismo, o se tratará de aportaciones no reintegrables, con deducción de las cantidades

que adeudase a la Entidad. No procederá otra liquidación con cargo al patrimonio social a favor del mutualista que cause baja ni la devolución de las aportaciones no reintegrables salvo que se den las condiciones previstas en el artículo 12.j).

Artículo 11º.

Los mutualistas, a efectos de derramas, se considerarán adscritos a la Mutua por ejercicios completos, cualquiera que sea la fecha en que se integren o causen baja dentro del ejercicio. Las derramas se calcularán en proporción a las primas anuales pagadas por cada mutualista en el ejercicio económico de que se trate. Estas serán distribuidas de forma individualizada y hechas efectivas en el ejercicio siguiente, o se traspasarán también a las cuentas patrimoniales en dicho ejercicio.

Artículo 12º: Derechos de los Mutualistas.

Son derechos fundamentales inherentes a la condición de mutualistas, que los podrán ejercer siempre y cuando estén al corriente de pago en sus obligaciones para con La Mutua, los siguientes:

a) Los que nacen del Contrato de Seguro expresado por la póliza, a condición de que se cumpla exactamente lo reflejado en dicho contrato.

b) Promover la reunión de las Asambleas Generales de La Mutua en la forma que establecen estos Estatutos, cuidando de expresar clara y concretamente su objeto al solicitarla.

c) Separarse de La Mutua con arreglo a sus Estatutos.

d) Intervenir con voz y voto en las reuniones de la Asamblea General.

e) Xxxxxx y ser elegido para los diversos cargos de La Mutua, de acuerdo con lo preceptuado en estos Estatutos y de acuerdo con la legislación vigente.

f) Tener acceso, previa solicitud al Consejo de Administración, a examinar el Balance y Cuentas de Resultados de cada ejercicio, desde la convocatoria de la Asamblea, hasta el día de la celebración.

g) Asistir a las Asambleas Generales de la Mutua personalmente o formalmente representado por otro mutualista de acuerdo con los requisitos de estos Estatutos.

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 45

Capítulo II: De los mutualistas, derechos y obligaciones

h) A la participación en las derramas activas que se acuerden en relación con los resultados de estos Estatutos.

i) Participar en la distribución del patrimonio de La Mutua, según estatutariamente se determina.

j) Tendrá derecho al reintegro de sus aportaciones al Fondo Mutual, según estatutariamente se determina.

k) A obtener certificaciones de los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales.

l) Solicitar, por escrito, al Consejo de Administración, las aclaraciones o informes que considere necesarios sobre cualquier aspecto del funcionamiento o los resultados de La Mutua, solicitud que deberá ser contestada por escrito dentro de un plazo máximo de 30 días desde la petición.

Dicha información podrá ser denegada cuando a juicio del Consejo de Administración, pudiera poner en grave peligro los legítimos intereses de La Mutua.

m) Los mutualistas podrán solicitar la verificación contable establecida en el artículo 41 del Código de Comercio, debiendo efectuarse cuando lo soliciten por escrito 5.000 mutualistas o el 5% de los que hubiere el 31 de diciembre último, si resulta cifra menor y antes de que hubieran transcurrido 6 meses desde la fecha del cierre de dicho ejercicio.

n) Formular propuestas a la Asamblea General y al Consejo de Administración. Las propuestas para la Asamblea General deberán presentarse en el domicilio social de la Entidad con 20 días naturales de antelación a la fecha de su celebración, firmadas por el propio o propios mutualistas y nunca por delegación; para que estas propuestas sean tomadas en consideración, es necesario que el firmante o firmantes estén al corriente de sus obligaciones para con La Mutua.

o) Todos los demás derechos que se desprendan de estos Estatutos, y ejercer el voto en la aprobación de las cuentas anuales siempre que haya sido mutualista en el ejercicio económico de que se trate.

Artículo 13º: Obligaciones de los Mutualistas.

Serán obligaciones de los mutualistas las siguientes:

a) Satisfacer el importe de los recibos xx xxxxxx correspondientes a los seguros contratados en los plazos, forma y cuantía que se determinen por los órganos directivos, así como las derramas pasivas acordadas en Asamblea General.

46 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo II: De los mutualistas, derechos y obligaciones

b) Satisfacer los recargos legales exigibles en las condiciones establecidas.

c) Facilitar al personal de la Mutua, debidamente autorizado por ésta, la inspección de inmuebles, muebles o cosas que sean objeto de seguro.

d) Cumplir lo dispuesto en los Estatutos, los acuerdos válidamente adoptados en las Asambleas Generales de la Mutua, así como los del Consejo de Administración.

e) Desempeñar fielmente los cargos para los que sean elegidos, una vez aceptados los mismos, salvo justa causa de excusa.

f) Colaborar en la práctica, desarrollo y cumplimiento de los fines perseguidos por la Mutua, favoreciendo la acción de la misma en cuantos derechos y acciones le correspondan contra terceros.

g) Cumplir con cualquier otra obligación que nazca de la póliza, de los Estatutos o disposiciones legales.

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

Artículo 14º: Órganos de Gobierno.

La Mutua estará representada, regida y administrada por los siguientes órganos de gobierno:

a) Asamblea General de Mutualistas.

b) Consejo de Administración.

Asamblea general

Artículo 15º.

La Asamblea General es el órgano supremo de representación y gobierno de la Mutua y estará integrada por todos los mutualistas al corriente de pago de sus obligaciones con la Mutua, que por sí o debidamente representados, asistan a cada una de sus reuniones, participando cada mutualista con voz

y voto en las decisiones y acuerdos que se adopten. Los menores de edad, incapacitados y personas jurídicas ejercitarán su voto por medio de su representante legal.

Artículo 16º.

La Asamblea General, debidamente convocada y constituida, representa a la totalidad de los mutualistas que integran la Mutua, sin distinción ni diferencia.

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 47

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

Artículo 17º.

La Asamblea General puede ser ordinaria o extraordinaria. Una y otra serán convocadas por el Consejo de Administración con un mes de antelación por lo menos, mediante anuncio publicado en el domicilio social, en la página web de la Mutua y en un periódico de los de mayor difusión del lugar donde tenga el domicilio social La Mutua, y en uno de las provincias en las que resida,

al menos, el 15% de los mutualistas que formen el cuerpo de socios al 31-

XII último, pudiendo además si el Consejo de Administración lo estimase conveniente, extender este anuncio de convocatoria a otros medios de difusión.

En el anuncio de convocatoria de la Asamblea General se indicará la fecha, hora y lugar de reunión, se expresará con claridad y precisión los asuntos que componen el orden del día, y se hará constar el derecho que corresponde

a los mutualistas de obtener, desde la fecha de su publicación y de forma gratuita, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos, informes y demás documentación requerida por la Ley y los Estatutos.

Igualmente se incluirán los detalles necesarios sobre los servicios de información al mutualista, indicando los números de teléfono, dirección de correo electrónico, oficina y horarios de atención.

Además, se incorporarán a la página Web de la Mutua los documentos relativos a la Asamblea General, con información sobre el orden del día, las propuestas que realice el Consejo de Administración, así como cualquier información relevante que puedan precisar los mutualistas para emitir su voto.

Se incluirá, en su caso, información acerca de los sistemas que faciliten el seguimiento de la Asamblea a distancia a través de medios de difusión telemáticos cuando así se hubiese establecido, y cualquier otra que se considere conveniente y útil para el mutualista a estos efectos.

Las convocatorias de las Asambleas Extraordinarias, podrán efectuarse por el Consejo de Administración, a instancias de 5.000 socios o del 5% de los que hubiere al 31-XII último, si resultara cifra menor, mediante escrito suscito por los mismos, cuyas firmas han de ser coincidentes con las que consten en la Mutua, en el que se indicarán los asuntos que se proponen para ser sometidos a la Asamblea General Extraordinaria. En este último supuesto, el Consejo

de Administración tendrá que convocar la Asamblea General Extraordinaria solicitada, en un plazo de dos meses a contar desde el recibo en el domicilio social, de la solicitud correspondiente.

Artículo 18º.

Las Asambleas Generales se celebrarán necesariamente en Madrid, tanto en reuniones ordinarias como extraordinarias, debiendo celebrarse las mismas

48 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

con la asistencia del Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Colegio Notarial de Madrid que designe, en cada caso, el Consejo de Administración. Estará válidamente constituida si concurren a la misma, presentes o debidamente representados, la mitad más uno de los mutualistas, si fuera en primera convocatoria, o

de cualquier número, en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, una hora de diferencia. Los mutualistas que hayan acreditado su derecho de asistencia, pueden delegar su representación para asistir a la Asamblea General a favor de otro mutualista que también tenga derecho de asistencia. La delegación deberá hacerse

de forma escrita y expresa para cada Asamblea, y deberá registrarse en el domicilio social de la mutualidad con veinte días naturales de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de la Asamblea General para su cotejo y anotación correspondiente.

Cotejadas las representaciones y comprobado el derecho de asistencia de los representados, se emitirá el oportuno documento en el que figurará el número de representaciones que ostenta el asistente que en ningún caso podrá ser superior a tres.

Para el mejor control y agilidad en la admisión de las personas con derecho a estar presentes en las Asambleas Generales y para la correcta adecuación y disponibilidad de los medios telemáticos que se acuerde poner a disposición de los mutualistas durante la celebración de la reunión, deberá acreditarse dicho derecho y obtener el oportuno documento de asistencia, que el Consejo de Administración entregará en el domicilio social a todos los mutualistas que acrediten su personalidad por medio de DNI, presenten el último recibo al corriente de pago y lo soliciten hasta quince días antes de la celebración de la Asamblea. Aquellos mutualistas que quieran concurrir a la Asamblea General por medios telemáticos y ejercitar su derecho al voto, igualmente, por medios telemáticos (voto electrónico), deberán acreditar su personalidad y obtener

su tarjeta de asistencia con los mismos requisitos y plazos que el resto de mutualistas, debiendo registrar, además, el día en que se les haga entrega de su tarjeta de asistencia, su correspondiente firma electrónica avanzada. Estas tarjetas de asistencia se extenderán nominalmente indicando, en su caso, si es el propio mutualista o en representación, y serán válidas únicamente para la reunión que se especifique en la misma. Podrán asistir a las Asambleas

Generales, con voz pero sin voto, siempre que no sean mutualistas, el personal técnico y administrativo que el Consejo de Administración determine para mejor información a los asistentes a la Asamblea General.

Artículo 19º.

La Asamblea General se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social, en el día, la hora y lugar que se fijará por el Consejo de Administración.

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Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

Artículo 20º.

Las competencias de la Asamblea Ordinaria son las siguientes:

a) Nombrar y revocar a los miembros del Consejo de Administración.

b) Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, distribución y aplicación de los resultados. Todos los documentos básicos contables

correspondientes estarán en el domicilio social a disposición de los mutualistas, desde la convocatoria hasta la celebración de la Asamblea, para cuyo examen deberán solicitarlo al Consejo de Administración con tres días de antelación, y podrán solicitar también por escrito, las explicaciones o aclaraciones que estimen convenientes para que sean contestadas en el acto de la Asamblea General.

c) Acordar nuevas aportaciones obligatorias al Fondo Mutual y aportaciones reintegrables o no reintegrables, e igualmente, acordar el reintegro de dichas aportaciones en las condiciones previstas en los Estatutos.

d) Nombrar y revocar a los Auditores de Cuentas.

Serán nulos los acuerdos sobre asuntos que no consten en el Orden del Día, salvo en los siguientes casos, el de convocatoria de una Asamblea General, el de realización de censura de cuentas y cualquier otro si se halla presente la totalidad de los mutualistas y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 21º.

Competencias de la Asamblea General Extraordinaria:

a) La aprobación y modificación de los Estatutos.

b) La adopción de acuerdos para la fusión, escisión, transformación y disolución de la Mutua.

c) La adopción de acuerdos para la enajenación o cesión de la Mutua por cualquier título.

d) Y, en general, todos los asuntos propios de la Mutua que se incluyan en la convocatoria.

Incumbe a la Asamblea General reunida en sesión extraordinaria, únicamente la discusión y resolución de los asuntos que se hayan fijado concretamente en la convocatoria, sin que pueda tratarse ningún otro tema, salvo que se refieran a las siguientes cuestiones:

a) Convocatoria de una nueva Asamblea General.

b) Realización de censura de cuentas.

c) Cualquier otra, si se hallaran presentes la totalidad de los mutualistas y así lo acuerden por unanimidad.

50 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

Artículo 22º.

Presidirá la Asamblea General el Presidente del Consejo de Administración y actuará de Secretario el que lo sea del Consejo; en su defecto o ausencia, por quien ejerza sus funciones de conformidad con lo previsto en estos Estatutos. La Asamblea General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los mutualistas presentes y representados, siendo de calidad el voto del Presidente. Será necesaria una mayoría reforzada de los dos tercios de los

mutualistas presentes y representados, para adoptar acuerdos de modificación de estatutos, fusión, escisión, transformación y disolución de la Sociedad,

así como para exigir nuevas aportaciones obligatorias al Fondo Mutual. Cada mutualista tendrá un voto. El derecho de voto puede ejercitarse en la Asamblea General bien personalmente por la presencia del propio mutualista, por medio de otro mutualista mediante delegación expresa y escrita en la forma que determinan estos Estatutos, o bien mediante voto electrónico. En caso de

que el mutualista opte por ejercer el voto electrónico éste no podrá delegarse y sólo podrá emitirse durante la celebración de la Asamblea que se trate. A estos efectos, el Consejo de Administración de conformidad con el artículo 17 de estos Estatutos informará, debidamente, a los mutualistas de los medios disponibles y la forma para el ejercicio del voto electrónico. Las conclusiones y acuerdos tomados por la Asamblea obligan a todos los mutualistas y serán inmediatamente ejecutivos. Se hará constar en el libro de actas certificándose con las firmas del Sr. Presidente y del Sr. Secretario, o de quien ejerza sus funciones.

El Notario designado por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de estos Estatutos, levantará acta de la sesión en la que deberá expresar el lugar y la fecha de las deliberaciones, el número de asistentes entre presentes y representados, un resumen de los asuntos discutidos, y de las intervenciones de las que se haya pedido que quede

xxxxxxxxxx, las decisiones adoptadas y los resultados de las votaciones. El acta de la Asamblea General deberá ser aprobada por la misma, a continuación de haberse celebrado o dentro del plazo de quince días, debiendo en este caso, ser firmada por el Sr. Presidente, el Sr. Secretario y tres mutualistas designados en aquélla para su aprobación, uno de los cuales deberá ser escogido entre

los mutualistas que hayan disentido de los acuerdos y se incorporará al correspondiente libro. Cualquier mutualista podrá obtener, previa solicitud al Consejo de Administración certificación de los acuerdos adoptados.

Los acuerdos de la Asamblea General podrán ser impugnados, observándose las normas procesales de la Ley de Sociedades Anónimas relativas a la impugnación de acuerdos sociales, aunque refiriendo la proporción de capital social a la de votos.

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Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

Artículo 23º.

La representación, gobierno y gestión de La Mutua se hallan confiadas con la mayor amplitud de poder, al Consejo de Administración, salvo las atribuciones y facultades que estos Estatutos otorgan a la Asamblea General. El Consejo de Administración podrá no obstante, con arreglo a la Ley, delegar parte de sus facultades en otros órganos o personas. El Consejo de Administración será único para todos los Xxxxx de Seguro en que opere La Mutua.

Composición del consejo

Artículo 24º.

El Consejo estará compuesto por nueve miembros. Los componentes del Consejo de Administración serán personas físicas con plena capacidad para obrar y deberán ser mutualistas al corriente de sus obligaciones económicas con la Mutua. Deberán cumplir, además, con los requisitos de honorabilidad y competencia exigidos por el artículo 15 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. De entre los miembros del Consejo

de Administración como máximo un tercio podrán desarrollar actividades ejecutivas bajo relación de dependencia laboral con La Mutua.

Cuando el mutualista sea persona jurídica podrá ser elegido miembro del Consejo el representante legal, quien actuará en nombre de la misma

y ostentará el cargo durante todo el período, a no ser que pierda la representación que ostenta en la entidad mutualista, en cuyo supuesto cesará también como Consejero de La Mutua. El Consejo estará compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y seis Consejeros. Los cargos del Consejo de Administración son obligatorios una vez aceptados y

reelegibles sin límite alguno. Los Consejeros cesarán automáticamente en sus cargos si en el transcurso de su mandato pierden la condición de mutualistas o alcanzan la edad de 65 años. En caso de producirse vacantes, el Consejo

de Administración podrá cubrirlas, mediante cooptación, hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, por mutualistas al corriente de sus obligaciones económicas con la Mutua. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos mediante votación por la Asamblea General Ordinaria. La duración del mandato será por un periodo de tres años. El Consejo se renovará por terceras partes cada año. Los que hayan xx xxxxx en las dos primeras renovaciones se designarán por sorteo.

Artículo 25º.

Elección de miembros del Consejo. Para que la Asamblea General Ordinaria pueda proceder anualmente a la elección o renovación de los miembros del Consejo, se procederá de la siguiente forma:

52 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

a) Los candidatos a ocupar las vacantes, deberán estar al corriente de pago de sus cuotas y con una antigüedad ininterrumpida de dos años como mínimo. Habrán de ser propuestos por el Consejo de Administración o por el número mínimo de mutualistas a que se refiere el artículo 12 m) de estos

Estatutos, indicando el cargo para el que optan, mediante escrito que deberá ser presentado al Consejo de Administración, con veinte días de antelación

a la fecha de celebración de la Asamblea General, firmado por los propios mutualistas y nunca por delegación. Tanto los mutualistas proponentes como los candidatos propuestos, deberán estar al corriente de sus obligaciones económicas con la Mutua, y los candidatos deberán cumplir las exigencias de la legislación vigente respecto a esta materia.

b) El Consejo de Administración podrá proponer a la Asamblea General, como candidatura, la reelección de aquellos miembros del Consejo que cesen y no tengan inconveniente en seguir desempeñando el puesto que tuvieran asignado.

c) La lista de los candidatos para cada una de las vacantes, se publicará en el domicilio social de la Mutua con quince días de antelación, por lo menos, a la celebración de la Asamblea General.

d) En el supuesto de que solo hubiera una candidatura para cada terna del Consejo a cubrir, quedará automáticamente proclamada sin necesidad de votación.

e) En el supuesto de que hubiera varios candidatos para los puestos de Consejeros vacantes, se formarían las correspondientes candidaturas, y se llevaría a

cabo la elección entre estos candidatos propuestos, en la Asamblea General, mediante votación que podrá ser secreta o abierta, a elección de la Asamblea General y a propuesta del Sr. Presidente, y se podrá votar personalmente o por representación con los requisitos previstos en estos Estatutos.

Competencias del consejo de administración

Artículo 26º.

Son competencias del Consejo de Administración las siguientes:

a) Designar cuantos cargos de responsabilidad estime conveniente, así como al Defensor del Cliente.

b) Aprobar la extensión del radio de acción de La Mutua y acordar la ampliación del Seguro a otros Xxxxx de los ya implantados.

c) Aprobar las condiciones particulares de los contratos o pólizas y sus modificaciones para los distintos Xxxxx del Seguro, a que La Mutua se dedique o se implanten en lo sucesivo.

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Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

d) Xxxxxxxx, vender, hipotecar y gravar, de cualquier forma, toda clase de bienes muebles o inmuebles; conceder cantidades sobre prendas o garantías; contraer toda clase de empréstitos y préstamos, constituir fondos y reservas de garantías; autorizar compras o ventas de acciones, obligaciones, créditos y cualesquiera otros valores, así como inmuebles y cosas; autorizar, igualmente, los arrendamientos o alquileres y, en fin, poder realizar o autorizar toda

clase de operaciones de orden económico en nombre de La Mutua. Retirar toda clase de depósitos y fianzas constituidas por La Mutua ante cualquier organismo. Cobrar cuantas cantidades se adeuden a La Mutua. Comparecer por medio de representación, en Juicios y Juzgados, Tribunales, incluso

el Supremo y Constitucional, Magistraturas, organismos, corporaciones, autoridades y funcionarios de cualquier rango, grado y jurisdicción.

e) Nombrar al Director General, Directores y Gerentes; contratar a todo el personal laboral necesario y fijar la cuantía de sus sueldos y remuneraciones y, si procede, determinar la cuantía y forma de fianza a exigir, así como rescindir su relación laboral con La Mutua si el interés de la Entidad lo exige.

f) Asignar funciones específicas a los Consejeros, nombrar comisiones o delegados y conferir facultades propias y otorgar poderes a los delegados, jefes administrativos, técnicos o terceras personas que estén o no al servicio de La Mutua.

g) Resolver, con carácter provisional, las dudas que ofrezcan los Estatutos Sociales, hasta la primera Asamblea General.

h) Acordar la celebración de Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y señalar lugar, día, hora y orden del día para su celebración.

i) Presentar a conocimientos de la Asamblea General, una memoria acerca de las actividades sociales, desarrolladas durante cada ejercicio, así como el balance, las cuentas de gastos e ingresos y las propuestas de imputación y asignación de resultados.

j) Realizar todo cuanto en los Estatutos esté reservado al Consejo directamente o le corresponda por ser actos de administración y de gestión.

k) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, los Códigos de Buen Gobierno y Ético, así como los acuerdos tomados por la Asamblea General y por el propio Consejo. Los Estatutos, el Código de Buen Gobierno y el Código Ético de la Mutua serán objeto, en todo caso, de publicación en la web corporativa de la entidad.

l) Acordar la baja de los mutualistas que faltasen gravemente a sus deberes para con La Mutua, y la de aquellos otros que por la frecuencia e importancia de los accidentes su permanencia sea lesiva para los intereses del colectivo mutual.

54 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

m) El Consejo de Administración podrá contratar las operaciones de Seguros y Reaseguros que crean necesarias, bien sea como aceptante o como cedente en nombre de La Mutua.

La precedente enumeración de atribuciones es meramente enunciativa y no limitativa, debiendo entenderse que el Consejo se encuentra revestido de las facultades y poderes más amplios para la representación, disposición, gestión y administración de los asuntos sociales, salvo los reservados expresamente a la Asamblea General y las limitaciones establecidas con carácter general en Las Leyes.

Constitución del consejo

Artículo 27º.

Se considerará el Consejo legalmente constituido si entre presentes y representados concurren la mitad más uno de sus miembros en primera convocatoria y, cualquiera que sea su número, en segunda. Esta segunda reunión se efectuará siempre una hora después de la señalada para la primera. Adoptará sus acuerdos por mayoría, a razón de un voto por cada miembro presente o representado, siendo de calidad el voto del Presidente. Las representaciones se harán por escrito y con las firmas de los representantes y representados. El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo decida el Presidente, o lo soliciten la tercera parte de sus miembros y, por lo menos, una vez al mes. La convocatoria

se realizará con antelación suficiente, debiendo ir acompañada del orden del día correspondiente. No será precisa convocatoria previa cuando hallándose presentes todos los miembros del Consejo, acepten por unanimidad la celebración de la reunión. Los miembros del personal técnico y administrativo que sean convocados a las reuniones del Consejo de Administración, participarán sin derecho a voto.

El Acta de la reunión recogerá en forma sucinta, los debates y el texto de los acuerdos e irá firmada por el Sr. Secretario y el Presidente.

Atribuciones del presidente

Artículo 28º.

El Presidente del Consejo de Administración ostentará las siguientes atribuciones.

a) Representar legalmente a la Mutua en juicio y fuera de él, pudiendo, para ello, conferir los poderes y autorizaciones que sean necesarias.

b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración, así como presidir las Asambleas Generales, llevando a efecto las convocatorias correspondientes.

c) Ejecutar los acuerdos de las Asambleas Generales y del Consejo de Administración, y cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos.

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Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

d) Firmar la documentación social de la Entidad, pudiendo delegar esta facultad en un miembro del Consejo o en el Director General.

e) Adoptar las decisiones que estime convenientes cuando así lo requiera la urgencia, desarrollo y actividad de la Entidad, dando cuenta de ello en la primera reunión del Consejo.

f) Desempeñar todas las funciones que en él haya delegado el Consejo y cumplir los deberes que le son propios con arreglo a los presentes Estatutos.

g) Designar las personas que hayan de ser delegados en los distintos servicios que tenga o puedan crearse en esta Mutua, previo acuerdo del Consejo.

h) Disponer, con las limitaciones que establezca el Consejo de Administración de los Fondos de la Mutua para el desarrollo de la actividad económica de la misma, pudiendo delegar esta función hasta determinado límite que fijara en cada caso el Consejo de Administración a favor de los propios Consejeros, empleados o terceras personas.

i) Ordenar la compra, sustitución o venta de activos de todas clases, cuando se estime conveniente en interés de la Mutua, previo acuerdo del Consejo de Administración.

j) Todas las demás facultades que en estos Estatutos y en los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales o en las juntas del Consejo de Administración, le sean atribuidas especificamente o le correspondan por ser actos propios de la alta representación y gobierno que ostenta.

Misión del vicepresidente

Artículo 29º.

Son misiones del Vicepresidente las siguientes:

a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o enfermedad, con plenitud de atribuciones. Si la presidencia quedara vacante, la desempeñará interinamente el Vicepresidente hasta la próxima Asamblea General. En

defecto del Vicepresidente, será sustituido por el Consejero que designe el Consejo de Administración.

b) Realizar todas aquellas funciones que en él delegue el Presidente.

Misión del secretario

Artículo 30º.

Corresponden al Secretario del Consejo de Administración, quien también lo será de la Asamblea General, las siguientes funciones:

56 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

a) Ejercer las funciones como tal, en todas las Asambleas y Consejos que se celebren, llevando los libros de Actas reglamentarios, redactando en dichas Actas los acuerdos que se tomen, firmando las mismas con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

b) Redactar la Memoria anual, según disponga el Consejo de Administración.

c) Expedir las certificaciones precisas, derivadas tanto de los libros de Actas, como de la documentación y archivos de la Entidad.

d) Formalizar la convocatoria, por orden del Presidente, de las reuniones de las Asambleas Generales y del Consejo de Administración.

e) Su ausencia será suplida por el Consejero que designe el Consejo de Administración.

Artículo 31º.

Corresponden a los miembros del Consejo de Administración las siguientes misiones:

a) Asistir a las reuniones del mismo y promover, en la forma Estatutaria, dichas reuniones.

b) Desempeñar las delegaciones que les confiera el Consejo de Administración o el Presidente del mismo, en su nombre.

c) Sustituir, con arreglo a los presentes Estatutos y en la forma que determine el Consejo de Administración, a cualquiera de los restantes miembros del Consejo en caso de ausencia, enfermedad o vacante.

Causarán baja del Consejo los componentes del mismo que dejen de asistir, sin motivo justificado, a tres reuniones consecutivas o cinco alternas, dentro del mismo ejercicio económico.

Para garantizar la mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas, el Consejo de Administración ordenará su trabajo mediante la constitución de Comisiones que asuman la decisión de determinados asuntos, faciliten la preparación y propuesta de decisión sobre los mismos y refuercen las garantías de objetividad y control en la actividad del Consejo. Sin perjuicio de la facultad del Consejo para designar otras Comisiones, con facultades delegadas o no, se constituirán en todo caso las siguientes:

La Comisión Ejecutiva que tiene el carácter de órgano delegado del Consejo.

La delegación de facultades por parte del Consejo de Administración podrá comprender todas o parte de las facultades del Consejo, salvo las indelegables de acuerdo con la ley y los Estatutos. En todo caso será el

Consejo de Administración quien determinará las facultades concretas de la Comisión Ejecutiva.

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 57

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

La Comisión de Auditoria y Cumplimiento Normativo es el órgano, bajo la dependencia del Consejo de Administración, para el ejercicio de las facultades relativas a la supervisión y control de la actividad de La Mutua, de la veracidad, objetividad y transparencia de la contabilidad social, de la información económica y financiera, así como del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la Mutua.

La Comisión de Retribuciones y Nombramientos es el órgano, bajo la dependencia del Consejo de Administración, para el ejercicio de las facultades relativas a la propuesta de nombramiento, reelección, retribución y cese de los miembros del Consejo, la evaluación de la actividad de las diferentes

Comisiones Delegadas de Control, así como de la propuesta de nombramiento, cese y retribución de los altos directivos de La Mutua.

Y la Comisión de Inversiones es el órgano, bajo la dependencia del Consejo de Administración, para el ejercicio de las facultades de supervisión y vigilancia de las inversiones financieras, de las inversiones financieras temporales, de las inversiones inmobiliarias y de cualquier otro tipo que realice La Mutua.

En relación al funcionamiento de estas Comisiones serán de aplicación las reglas que a estos efectos dicte el Consejo de Administración en el Reglamento del Consejo, y de forma supletoria las que rigen para el propio Consejo de Administración.

Artículo 32º.

La toma de posesión de los miembros del Consejo de Administración elegidos por la Asamblea General para desempeñar los respectivos cargos del Consejo para los que fueron elegidos, se verificará el último día hábil del mes en que resulten elegidos.

Dicha toma de posesión se realizará, a ser posible, en presencia de todos los miembros del Consejo de Administración, (tanto entrantes como salientes). En tal acto el consejero cesantes hará entrega al entrante de todos los documentos, libros, saldos de fondos y otros, propios de su cargo y función que hasta el

momento vino desempeñando, aclarando cuantos extremos considere oportunos al entrante, y prometiendo solemnemente a este el asesoramiento que pueda brindar su experiencia sobre materias propias del cargo y función que desempeñaba.

Cuando por razón del cargo cesante la entrega se refiera a cuentas del Activo de la Entidad se procederá a la verificación, por parte del entrante, de todas y cada una de dichas cuentas.

De los resultados de todo ello quedará constancia detallada en el correspondiente Libro de Actas del Consejo de Administración. Acta que será firmada por el Secretario, el Consejero o Consejeros cesantes, el entrante o entrantes y el Presidente.

58 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo III: Régimen administrativo de la mutua. Órganos de gobierno

Organización administrativa

Artículo 33º.

Los seguros en que opera la Mutua constituirán Xxxxx distintos que funcionarán con independencia contable y serán regulados por estos Estatutos, por sus Reglamentos y por las normas contenidas en sus correspondientes pólizas.

Artículo 34º.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural y se cerrará al 31 de diciembre de cada año, el Balance General, Cuenta de Resultados de cada uno de los Xxxxx y cuantos datos se consideren necesarios para el conocimiento de la situación económica y financiera de la Entidad. Se publicará una Memoria comprensiva de tales datos, que será puesta a disposición de todos los mutualistas que lo hubieran solicitado, a partir de la convocatoria de la Asamblea General del ejercicio que se trate y dentro del año siguiente a dicho ejercicio.

Una vez aprobada dicha Memoria en Asamblea General, se remitirán ejemplares de aquella a los organismos oficiales correspondientes. Se registrarán todas las operaciones realizadas en el ejercicio, en los libros establecidos por el Código de Comercio y en los especiales para la actividad de seguros, realizándose tal registro, así como los demás documentos estadísticos-contables a formular, ajustándose a las normas y modelos establecidos por el Ministerio de Economía y Hacienda y organismos dependientes del mismo, en aplicación de la legislación general vigente y normas específicas del Ministerio de Economía y Hacienda y Dirección General de Seguros.

Capítulo IV: Ingresos y fondos sociales. Fondo mutual. Fusión, escisión y transformación.

Disolución. Liquidación de la mutua. Jurisdicción

Ingresos y fondos sociales

Artículo 35º.

Para el cumplimiento de sus fines, la Mutua contará con los siguientes recursos:

a) Con el importe de las primas y recargos que con arreglo a sus pólizas o contratos deban satisfacer los mutualistas.

b) Con las provisiones técnicas y los fondos de reserva que tenga constituidos.

c) Con los dividendos, rentas e intereses procedentes de la inversión de sus fondos.

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 59

Capítulo IV: Ingresos y fondos sociales. Fondo mutual. Fusión, escisión y transformación. Disolución.

Liquidación de la mutua. Jurisdicción

d) Con los ingresos derivados de cualquier otro origen lícito en una Entidad de su naturaleza.

e) Con las aportaciones extraordinarias de los mutualistas, acordadas en Asamblea General.

f) Con las aportaciones de los mutualistas al Fondo Mutual, así como con otras aportaciones reintegrables o no reintegrables que acuerde la Asamblea General.

Fondo mutual

Artículo 36º.

El Fondo Mutual tendrá carácter permanente y responderá, en última instancia, de las obligaciones de la Mutua.

Con excepción de las reservas patrimoniales que puedan constituirse, la Asamblea General Ordinaria decidirá, a propuesta del Consejo de Administración, la aportación a Fondo Mutual de las siguientes partidas:

a) Los excedentes de los ejercicios sociales, de actualización de valores, o con cargo a reservas patrimoniales voluntarias o cuentas de regularización.

b) Las cantidades que pueda acordar la Asamblea General como aportación de cada mutualista.

c) Cualquier otra dotación lícita que acepte la Asamblea General y las cantidades que en su caso, quieran aportar voluntariamente los mutualistas como garantía del cumplimiento de las obligaciones sociales, cuando se admitan por la Asamblea General. Estas aportaciones podrán ser retribuidas anualmente con los intereses que acuerde la Asamblea General, que no podrán ser superiores al tipo legal. El contenido de este artículo y del siguiente se reflejará en las condiciones particulares de cada póliza.

Artículo 37º.

Los resultados positivos de cada ejercicio, una vez constituidas las garantías financieras exigidas por la Ley, se destinarán a:

1. Restituir en su caso, las aportaciones realizadas al Fondo Mutual.

2. Incrementar los Fondos y reservas de la entidad.

3. A distribuir los excedentes que correspondan entre los mutualistas.

4. Realizar una dotación a la Fundación Pelayo como mínimo del 1% de los beneficios netos anuales.

60 Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales

Capítulo IV: Ingresos y fondos sociales. Fondo mutual. Fusión, escisión y transformación. Disolución. Liquidación de la mutua. Jurisdicción

Artículo 38º.

El eventual resultado negativo de un ejercicio, será absorbido, en primer lugar, por derramas pasivas acordadas en Asamblea General, con las reservas Patrimoniales voluntarias, y con cargo al Fondo Mutual, en último extremo.

Artículo 39º.

La Mutua constituirá anualmente las provisiones técnicas legales que correspondan en razón de los seguros en que opera, quedando de que su constitución e inversión se haga con arreglo a las disposiciones vigentes.

Junto con las cantidades destinadas a Fondo Mutual y a las anteriores provisiones técnicas, así mismo se destinarán a reservas libres las cantidades que acuerde la Asamblea General a propuesta del Consejo de Administración, de conformidad con las previsiones económicas y de estabilidad que aconseje una prudente administración. En todo caso se destinará, como mínimo, un 25% de cada excedente anual.

Fusión, escisión, transformación

Artículo 40º.

La Mutua podrá realizar las aceptaciones y cesiones de cartera que considere convenientes; efectuar las fusiones con otra u otras entidades, y ser absorbida o actuar como absorbente y realizar la escisión en dos o más sociedades de su propia naturaleza, así como transformarse en Entidades de otra naturaleza jurídica o clase, y constituir agrupaciones, asociaciones o uniones con otras entidades de Seguros. Todo ello con arreglo a la legislación vigente y previo acuerdo de Asamblea General Extraordinaria convocada el efecto, cuando se

trate de cesiones de cartera, fusión, absorción, escisión o transformación de su naturaleza jurídica o clase. En los demás supuestos, será suficiente el acuerdo del Consejo de Administración.

Disolución, liquidación de la mutua

Artículo 41º.

Procederá la disolución de la Mutua en los siguientes casos:

a) Cuando sea ordenada por disposiciones legales o reglamentarias o como sanción, dentro de las facultades de los organismos públicos que regulan la actuación y funcionamiento de las Entidades Aseguradoras.

b) Cuando se acuerde en Asamblea General Extraordinaria, convocada especialmente con dicho fin. En caso de liquidación de La Mutua, la Asamblea General podrá disponer libremente de los Fondos de la Mutua y fijará normas para su empleo

Ley 50/80 de Contrato de Seguro y Estatutos Sociales 61

Capítulo IV: Ingresos y fondos sociales. Fondo mutual. Fusión, escisión y transformación. Disolución.

Liquidación de la mutua. Jurisdicción

o reparto, hecha deducción de todas las cargas que lo graven. Participarán en la distribución del patrimonio resultante, los mutualistas que la integren en el momento en que se acuerde la disolución, y quienes no perteneciendo a ella en dicho momento, lo hubiesen sido en los tres últimos ejercicios, todo ello sin perjuicio del derecho que les asiste a los partícipes, en el Fondo Mutual.

Se tendrá en cuenta que la distribución ha de realizarse en función de las primas abonadas por cada mutualista en los tres últimos ejercicios. Para la validez de los acuerdos de estas Asambleas Generales, será necesario que se adopten por mayoría de los dos tercios de los mutualistas asistentes o representados.

La devolución de las aportaciones sociales no reintegrables, sólo se harán efectivas después de liquidar todas las demás deudas de la empresa habiéndose notificado con un mes de antelación a su pago a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El Organismo de Control podrá prohibir dicha devolución mediante resolución motivada en el plazo de un mes desde que éste tuviera conocimiento de la notificación de la empresa.

Sea la disolución voluntaria o por imperativo legal, en la Asamblea General Extraordinaria se nombrará una Comisión Liquidadora formada por 7 miembros designados por la Asamblea General, al objeto de determinar y hacer frente

a todas las obligaciones y responsabilidades de La Mutua, encargándose de determinar el inventario - balance definitivo, procediendo a la realización del activo y extinción del pasivo.

Una vez constituida esta Comisión, el Consejo de Administración quedará desprovisto de las competencias que le atribuyen los presentes Estatutos, asumiendo, dicha Comisión, todas las funciones que correspondan estatutariamente a aquél, y que sean necesarias a los únicos fines de la liquidación de la Entidad.

Los mutualistas elegidos para formar parte de la Comisión Liquidadora, tendrán la obligación de desempeñar tales cargos, salvo causas graves o de fuerza mayor convenientemente justificadas.

Disposición transitoria primera

Las aportaciones de mutualistas, distintas de las aportaciones al Fondo Mutual, realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 297/2004,

de 20 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998 de 20 de Noviembre, se consideran no reintegrables, de acuerdo con los requisitos exigidos por la nueva redacción del párrafo d) del artículo 59.1 uno del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a efectos de su cómputo en el margen de solvencia, en cumplimiento de lo preceptuado por la disposición transitoria segunda del citado Real Decreto.

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Disposiciones adicionales

Las disposiciones de estos Estatutos, así como sus modificaciones en lo referente a las aportaciones no reintegrables de mutualistas, habrán de ser sometidas a la preceptiva aprobación por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Jurisdicción

Disposición final.

Los mutualistas renuncian al propio fuero de su domicilio y quedan sometidos expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, salvo en las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento

y ejecución de los contratos de seguros, en cuyo caso, tanto los mutualistas como la Mutua, se someterán a lo en ellos establecido.

Cláusula Derogatoria

Los presentes Estatutos derogan y sustituyen expresamente a los anteriores, que quedan sin ningún valor ni efecto a partir de la fecha de aprobación de los presentes, por la Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas celebrada el 16 xx xxxxx de 2011, su inscripción en el Registro Mercantil y su comunicación a la Dirección General de Seguros.