INCLUSIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES Y CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA ETICA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.

INCLUSIÓN DE CLAUSULAS SOCIALES Y CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA ETICA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO XX XXXXXXXXXX.

A.- Objetivo: El objetivo de este título de la «Instrucción municipal sobre eficiencia y sostenibilidad en la contratación municipal» es, potenciar a la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, de modo, que se convierta en un referente de la «compra pública social y ética».

La «Estrategia Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», tiene como uno de sus tres objetivos básicos es lograr una economía con alto nivel de empleo y de cohesión social. Uno de los medios para lograr ese objetivo es la utilización estratégica de la contratación pública para implementar con los recursos que invierte el sector público en su aprovisionamiento de obras, bienes y servicios, los objetivos de la política social. Por ello, lograr una contratación pública socialmente más responsable, una mayor rentabilidad social, es a la vez un reto y un mandato de las nuevas Directivas sobre contratación pública y concesiones, aprobadas por la Comisión y el Parlamento Europeo el 14 de enero de 2014.

Ello requiere incorporar en todos los procedimientos contractuales objetivos específicos de política social y ética, como fomentar el empleo de personas en situación o en riesgo de exclusión social, la inserción social y laboral de personas con discapacidad física y/o intelectual, la estabilidad y calidad en el empleo, la mejora de la seguridad y salud laboral, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la responsabilidad social de la empresa, las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas, el diseño y accesibilidad para todos, y criterios de comercio justo y compra pública ética.

Este reto no es sin embargo nuevo ni en el contexto europeo, ni en el español, ni tampoco en el del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx.

La incorporación de criterios sociales en la contratación pública a nivel comunitario se analizaba ya en el «Libro Verde sobre la Contratación Pública en la Unión Europea, reflexiones para el futuro (COM (96) 583, noviembre 1996», y más específicamente en la «Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos Bruselas, 15.10.2001 COM(2001) 566 final». La recién derogada Directiva 2004/18/CE recogió las consideraciones de esos documentos previos. La guía publicada por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, «Adquisiciones Sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas» SEC (2010) 1258 final, da nuevas pautas para la incorporación en la contratación pública de aspectos como la calidad en el empleo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad y personas en situación o riesgo de exclusión social, o la subcontratación de empresas de inserción sociolaboral o centros especiales de empleo. Esta guía denomina «compra pública responsable» a la que incluye la «compra pública social» y la «compra ética y verde».

En esta línea, la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública contempla ya en su considerando segundo el objetivo antes mencionado de “permitir que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes como la promoción del empleo y la integración social y la prestación de servicios sociales de alta calidad en las mejores condiciones posibles”. La Directiva requiere a los Estados la adopción de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales legal y convencionalmente establecidas, exigiendo en el artículo 18, junto con el cumplimiento de los principios básicos de la contratación pública, que “Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas en el anexo X”¹. Además de este mandato general, se alude expresamente a los aspectos sociales en la definición del objeto de los contratos (art. 62 D. 24); en los motivos de exclusión de contratistas (art. 57 D. 24), criterio de adjudicación (art. 67 D. 24); y como posible condición de ejecución de los contrato (art. 70 D. 24).

La normativa española, como no podía ser de otro modo, ha ido evolucionando al ritmo que la europea en este campo. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 18 xx xxxx de 1995 contempla alguna medida para favorecer a las personas con discapacidad en la contratación pública (Art. 20 d, disposición adicional 18ª), y en la práctica, en algunos pliegos de condiciones pliegos de condiciones se empiezan a contemplar criterios de adjudicación para fomentar la contratación de determinados colectivos de personas socialmente desfavorecidas. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público da un salto cualitativo, al amparo de la Directiva 2004/18, permitiendo introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, tanto como condiciones especiales de ejecución del contrato como criterios para valorar las ofertas, con el objetivo, señala su exposición de motivos (IV.3) de “acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales, como son los de acomodación de las prestaciones a las exigencias de un «comercio justo»”. Estas posibilidades han pasado lógicamente al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), y sin duda se mantendrán y ampliaran en la nueva Ley de Contratos del Sector Público que traspondrá las nuevas Directivas comunitarias.

El TRLCSP ya contempla varias posibilidades para tener en cuenta aspectos sociales en la contratación: el artículo 118 la posibilidad de establecer «condiciones especiales de ejecución del contrato» de carácter social; y el artículo 150 prevé que se establezcan como «criterios de adjudicación» la satisfacción de determinadas “exigencias sociales”, aunque vinculadas a las necesidades definidas expresamente en el contrato propias de categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficios de las prestaciones a contratar. La Disposición Adicional Cuarta establece medidas concretas relativas a la preferencia en la adjudicación en igualdad de condiciones a empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro y a entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo. La Disposición Adicional Quinta del TRLCSP prevé la reserva de participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de Centros Especiales de Empleo.

Otras disposiciones normativas, tanto estatales como autonómicas, inciden en esta vía de incentivar políticas sociales a través de la contratación pública. Así, el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 xx xxxxx, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, regula el régimen de colaboración entre las entidades del «Tercer Sector» y la Administración General del Estado y define aquellas, cuestiones ambas que se valoran también en esta Instrucción. El Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, exige a los poderes públicos adoptar las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales (art. 22.2), establece plazos y mecanismos para lograr unas “condiciones básicas” para las personas con discapacidad en los campos citados.

La utilización estratégica de la contratación pública para implementar aspectos concretos de política social se recoge en planes gubernamentales muy recientes. Así, el Plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 2014-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de septiembre de 2014, contempla como objetivo operativo 4: Fomentar la contratación pública socialmente responsable, con una actuación precisa (40): “Promover el empleo de personas con discapacidad fomentando la inclusión en los contratos públicos, de obras o servicios, de cláusulas que favorezcan una aplicación creciente y efectiva de la contratación pública socialmente responsable”. La Estrategia española de responsabilidad social de las empresas 2014-2020, aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de octubre de 2014, dirigida a armonizar y reforzar las distintas actuaciones que, en relación con la Responsabilidad Social, se están desarrollando, tanto en el ámbito público, como en el privado, plantea reforzar y alinear los compromisos de las empresas y de las Administraciones públicas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española, entre las que se encuentra la generación de empleo y la cohesión social.

Y desde el ámbito privado se trata de también de promover la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, como hace el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, plataforma inspirada e impulsada por la Fundación ONCE y el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) al que están adheridos algunos Ayuntamientos y grandes empresas, cuyo principal objetivo es favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de la contratación pública.

En la legislación autonómica, cabe destacar la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico (de Galicia), impone en su artículo 25 una “Contratación pública ecológica y socialmente responsable”. Esta Ley hace obligatorio en esa CCAA tener en cuenta en la propia definición del objeto de los contratos en los pliegos, criterios sociales y de sostenibilidad ambiental, incluidos criterios referidos a la igualdad de género; y la ponderación de estos aspectos como criterios de valoración y como condiciones especiales de ejecución, así como su posible consideración a efectos de descartar ofertas anormales o desproporcionadas.

La Junta xx Xxxxxxxx y León es especialmente activa en el impulso de una contratación socialmente responsable en todas las Administraciones de la Comunidad Autónoma. Aparte del el Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta xx Xxxxxxxx y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad xx Xxxxxxxx y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública², ha impuesto a las Entidades locales de la Comunidad la obligación de incorporar cláusulas sociales en su contratación³. La Ley 2/2013, de 15 xx xxxx, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 48 dispone lo siguiente:

“1. Las Administraciones Públicas de Castilla y León, en el marco de la legislación de contratos del sector público, aplicarán un régimen de contratación pública socialmente responsable.

2. Entre otras cuestiones, promoverán la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades, fomentando y apoyando iniciativas que comporten la generación de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, estableciendo medidas de discriminación positiva, mediante porcentajes de reserva en la contratación pública de bienes y servicios del ente autonómico, ayuntamientos y diputaciones, destinados a ser cubiertos por centros especiales de empleo de iniciativa social u otro tipo de centros de trabajo destinados a personas con discapacidad de difícil empleabilidad.”

Por lo tanto, hay sobrada cobertura legal para la incorporación de aspectos de política social y ética en los procesos de contratación pública, ya sea como elemento definitorio del propio objeto de los contratos, como criterio de valoración de las ofertas, y/o como condición especial de ejecución de los contratos. Como se ha expuesto, esta posibilidad viene siendo admitida y fomentada por las instituciones europeas, de tal forma que, si bien la contratación pública se rige por los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos y no discriminación e igualdad entre los candidatos, estos principios deben articularse en el marco del Estado Social de Derecho y en atención al Proyecto Social que constituye la Unión Europea; y es en el marco de las Directivas de contratación, de conformidad con la jurisprudencia del TJCE, donde se ha de buscar la viabilidad de la introducción de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública.

En esta línea, el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, en el marco de sus políticas para tratar de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, especialmente de los más desfavorecidos, también ha desarrollado medidas en pos de una contratación socialmente responsable para hacer realidad el compromiso de favorecer una compra pública ética y social. Así, ya el 3 de diciembre de 1999 se aprobó un «Pacto local por el empleo de personas con discapacidad» con veintiocho asociaciones relacionadas con estos colectivos de personas, cuya cláusula quinta recogía el compromiso municipal de incluir en sus pliegos de contratación la referencia expresa al cumplimiento por parte de los contratistas con más de 50 trabajadores de la obligación de emplear al menos un 2% de personas con discapacidad que establecía la Ley 13/1982, de 7 xx xxxxx, de integración social de minusválidos. En la sesión plenaria de 14 xx xxxxx de 2006, anticipándose a la normativa estatal en materia de contratación y siguiendo la línea marcada por los principios del Tratado de la UE, aprobó una moción relativa a la inclusión, en los pliegos de condiciones para la adjudicación de material textil de trabajo para los diferentes servicios municipales, cláusulas que aseguren que su proceso de producción no se han vulnerado los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo, con una especial vigilancia de la no existencia de mano de obra infantil, así como la inclusión de la ciudad xx Xxxxxxxxxx dentro de la Red por la compra pública ética ó Red de ciudades por el Comercio Justo”⁴.

Por su parte, el I Plan Municipal de accesibilidad (2011-2014) del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, aprobado por la Junta de Gobierno el 4 de febrero de 2011, con el objetivo de fomentar el empleo de personas con discapacidad, prevé la posibilidad de incluir en los contratos administrativos del Ayuntamiento, cláusulas de tipo social, referidas a la contratación efectiva de personas con discapacidad por parte de las empresa adjudicatarias.

Asimismo, el I Plan Municipal de cooperación para el desarrollo (2011-2014) del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, aprobado por la Junta de Gobierno el 15 xx xxxxx de 2011, incluye, dentro del área de «compra pública ética», el objetivo general de contribuir como administración y como comprador institucional al desarrollo sostenible de los países empobrecidos, mediante la aplicación de estrategias y prácticas de compra pública ética. También se está tramitando la solicitud por parte del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx del estatus de “Ciudad por el Comercio Justo”.

El V Plan de Igualdad de mujeres y hombres xx Xxxxxxxxxx (2014-2018), aprobado por la Junta de Gobierno el 2 xx xxxx de 2014, incluye el área de estrategia municipal, cooperación administrativa y comunicación, el objetivo de incorporar la perspectiva de género y la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la actividad municipal, y plantea como acción a desarrollar la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas de la contratación del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx como uno de los criterios de valoración en aquellos contratos que se considere oportuno, la presentación por los licitadores de un plan de igualdad específico que el licitador se comprometa a aplicar en la ejecución del contrato.

El IV Plan Municipal sobre Drogas (2014-2018) del Ayuntamiento (aprobado por la JGL el día 3 de octubre de 2014), contempla, dentro del Área de inserción socio- laboral, la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas de la contratación del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, como uno de los criterios de valoración en aquellos contratos que se considere oportuno, la presentación por las empresas licitadoras de un plan social en el que se comprometan a contratar personas en exclusión social en la ejecución del contrato.

En el II Plan Municipal de lucha contra la violencia de género (2014-2018) del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx (JGL de 20 de noviembre de 2014), si bien no se incluye una acción específica de este tipo, se plantea como objetivo del Área de detección y atención integral, facilitar a las víctimas cauces para la búsqueda de empleo como puerta de salida al maltrato. Esta medida está en consonancia con el objetivo señalado en el V Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Y en materia de seguridad y salud en el trabajos realizado por empresas contratadas por el Ayuntamiento, en cualquier tipo de contrato y procedimiento, la Junta de gobierno Local ha aprobado el día 21 de febrero de 2014 un protocolo de actuación específico: «Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales: Procedimiento de coordinación de actividades empresariales».

El compromiso, pues, del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx con una política social activa es, pues, constante, y en consonancia con ello se propugna la utilización de los recursos municipales invertidos mediante cualquier tipo de contrato para implementar esas políticas municipales de protección y promoción social. Se trata por lo tanto de estimular la «rentabilidad social» de los contratos que realice el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx y las entidades de su sector público, además de su rentabilidad económica y funcional.

Para avanzar en esta línea se ha partido para proponer las medidas que se recogen en esta Instrucción, de las mejores prácticas llevadas a cabo por este mismo Ayuntamiento y otras Administraciones públicas, especialmente locales, así como de la doctrina jurídica y la jurisprudencia para abundar en una interpretación de la legislación vigente que ofrezca el mayor campo de actuación posible para implementar las políticas sociales del Ayuntamiento con su contratación pública. Se pretende dar un salto cualitativo para potenciar una contratación socialmente responsable, lo que servirá además como palanca para fomentar la corresponsabilidad social estableciendo relaciones xx xxxxx influencia entre Administraciones Públicas, agentes sociales y la propia ciudadanía, lo que nos conduce al «territorio socialmente responsable».

B.- Fuentes normativas y doctrinales aplicadas:

A.- FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO

El objetivo concreto en esta fase de la contratación es que tratar de garantizar desde el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación el cumplimiento de toda la normativa sociolaboral aplicable, y se valore la posibilidad de la inclusión de cláusulas sociales en la propia definición del objeto de los contratos que tramite el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx y las diversas entidades de su sector público.

Para ello, se proponen medidas concretas que tratan de garantizar que en la preparación de todos los contratos que se celebren por el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx y las entidades de su Sector Público, se tenga en cuenta ya en la primera fase de la contratación, en la preparación de los documentos que definen el objeto del contrato, las siguientes cuestiones: el cumplimiento de la normativa social y laboral vigente, incluidos los convenios de la OIT firmados por la UE y los respectivos convenios colectivos, la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, accesibilidad para las personas con discapacidad, integración social e igualdad. Para ello se propone la inclusión de objetivos sociales en la definición y ejecución de los contratos, previendo en los proyectos, memorias u otros documentos que definan el objeto del contrato y en los pliegos de prescripciones técnicas, referencias expresas a los objetivos de responsabilidad social y compra pública ética que promueve este Ayuntamiento.

A.1. No adquisición de bienes y servicios producidos sin garantías de cumplimiento de la normativa sociolaboral de la Organización Internacional del Trabajo.

1. En la definición del objeto de los contratos que concierte este Ayuntamiento y las entidades de su sector público y/o en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, se recogerá expresamente la obligación de que los bienes o servicios objeto del contrato hayan sido producidos respetando las normas sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea, o de la Organización Internacional de Trabajo si se han producido en todo o en parte fuera de la UE.

2. La acreditación de este requisito se realizará en la «declaración responsable» por todos los empresarios que presenten ofertas. Sin perjuicio de las actuaciones que el Ayuntamiento realice en caso de tener dudas sobre el efectivo cumplimiento material de tal exigencia, se admitirá también la denuncia y acreditación del incumplimiento por parte de cualquier licitador o tercero, de que los productos o servicios presentados por determinada oferta no cumplen esta exigencia. La acreditación de tal incumplimiento supondrá las penalizaciones previstas en los pliegos para el quebranto de una obligación contractual esencial.

A.2. Garantía de respeto a la normativa social y laboral vigente y a los compromisos adoptados por el Ayuntamiento en materia sociolaboral en la definición del objeto de los contratos.

1. En la redacción de los proyectos, memorias, estudios económicos, pliegos de prescripciones técnicas y cualquier otro documento que defina el objeto de un contrato municipal, se deberá prestar especial atención a la normativa sociolaboral vigente, incluidos los convenios colectivos que resulten de aplicación, de manera específica en la valoración de los costes salariales, cuotas a las Seguridad Social y demás derechos de los trabajadores que hayan de intervenir en el proceso productivo y/o en la ejecución material del contrato. Igualmente se tendrá en cuenta las repercusiones de la normativa sectorial aplicable en función del objeto del contrato.

2. Se tendrán singularmente en consideración, en cuanto resulten de aplicación en función del objeto del contrato de que se trate, los planes municipales de cooperación para el desarrollo, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de comercio justo, o cualquier otro compromiso en materia social y/o de compra ética que asuma el Ayuntamiento. Para verificar que se ha tenido en cuenta toda la normativa aplicable, se incluirá una relación de la misma en el propio documento que defina el objeto del contrato.

A.3. Verificación del cumplimiento de las normas de accesibilidad universal y diseño para todos en la definición del objeto de cada contrato.

1. La definición del objeto de cualquier contrato se realizará con criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, en los términos que se establezcan en cada momento en la normativa más avanzada en la materia, buscando soluciones que, sin incrementar sensiblemente el precio de los bienes y/o servicios a adquirir, permitan su utilización por personas con discapacidad, tanto física como intelectual.

2. Específicamente, en la redacción de todo proyecto de obras de infraestructuras y edificaciones que pueda afectar a la movilidad de los usuarios en general, se incorporará una «memoria de accesibilidad» que examine las alternativas y determine las soluciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y no discriminación a todos los ciudadanos con discapacidad, incluida la accesibilidad para personas con discapacidad intelectual.

A.4. Inclusión de objetivos sociales en la definición del objeto de los contratos.

• En los contratos que celebre el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx o cualquiera de sus entidades se valorará la inclusión en la misma definición de su objeto y en la concreción de las prestaciones que lo integran, determinados aspectos sociales que paralelamente al objeto principal del contrato, puedan lograse durante la ejecución del mismo y resulten compatibles con su objeto material principal. En todo caso, en los contratos cuyo objeto sea de marcado carácter social y/o en su ejecución tenga un peso significativo la mano de obra, se deberá realizar un estudio previo por los técnicos municipales a la redacción de los pliegos de condiciones, para determinar en qué medida resulta posible y conveniente la inclusión de cláusulas sociales en el articulado del contrato en la mayor medida posible, estudio que quedará incorporado al expediente de contratación.

A.5. Reserva de contratos para centros especiales de empleo y promoción de la contratación con empresas de inserción y otras entidades destinadas a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.

• El Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx reservará anualmente un porcentaje del presupuesto municipal para la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y otras Entidades destinadas a la Inserción Sociolaboral de personas con una discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, y/o personas en riesgo de exclusión social legalmente constituidos y registrados. Esta reserva se indicará en el título del contrato y en el anuncio de licitación.

B.- FASE DE LICITACION

Objetivo concreto: Potenciar que por las Unidades de tramitación se incluyan en los pliegos criterios de adjudicación de carácter social y verificar el cumplimiento de las exigencias sociales en las ofertas.

B.1.- Exigencia de una declaración responsable del cumplimiento de los requerimientos legales en materia social y laboral por parte de todos los licitadores.

1. En la «declaración responsable» que se exige a cada contratista interesado en participar en una contratación promovida por el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, se recogerá una referencia expresa en la que manifieste si tiene o no más de 50 trabajadores en su plantilla, y en ese caso, de que cumple la reserva mínima del 2% de trabajadores discapacitados o ha adoptado las medidas sustitutorias legalmente previstas. Así mismo se recogerá una declaración expresa de que la oferta que presenta garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables en función de la rama de la actividad de que se trate, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias enumeradas en el anexo X de la Directiva comunitaria de Contratación Pública.

2. En la fase de ejecución de los contratos se realizará por parte del responsable de cada contrato una inspección específica dirigida a garantizar la veracidad de los datos señalados a este respecto por parte del contratista que resulte adjudicatario.

3. En el caso de que la empresa adjudicataria tenga más de 50 trabajadores y trabajadoras y haya declarado, en el momento de la licitación, que no cumple la reserva mínima obligatoria de personas con discapacidad, o que no ha adoptado las medidas sustitutorias legalmente previstas, se le requerirá, en el momento de formalización del contrato, para su cumplimiento efectivo en un plazo de un mes.

Una vez transcurrido este plazo sin que la empresa adjudicataria haya comunicado al Ayuntamiento la subsanación de este requisito legal, el Ayuntamiento advertirá de este incumplimiento a la administración laboral competente, para su inspección.

B.2.- Inclusión de aspectos sociales como criterio de valoración de las ofertas.

1. En los contratos tramitados por el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx se incorporarán criterios sociales para la valoración de las ofertas, salvo que sean incompatibles con el objeto y/o duración del contrato de que se trate, o se hayan incorporado las exigencias sociales adecuadas en la concreción de las prestaciones que integran el contrato de y/o como condiciones especiales de ejecución. Estos criterios deberán estar vinculados a las «cualidades intrínsecas» de dicho objeto, y se incluirán obligatoriamente en aquellos contratos en los que en la definición de su objeto se hayan incorporado objetivos concretos de carácter social. A tal efecto se exigirá a todos los licitadores la presentación como parte de sus ofertas de un «Plan Social para la ejecución del contrato» en el que cada licitador proponga las medidas concretas de carácter ético y social que se compromete a implantar en la ejecución del contrato en cuestión. Este plan deberá abordar, en función del objeto del contrato y de acuerdo con lo especificado en el respectivo pliego, todos o algunos de los siguientes aspectos u otros similares, referidos expresamente al personal directamente relacionado con la ejecución del contrato:

• Nueva contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, sin que ello implique el despido o reducción de jornada de otro personal integrado previamente en la plantilla de la empresa.

• Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el contrato.

• Medidas concretas de prevención, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecución material del contrato.

• Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados con la ejecución del contrato.

• Plan de igualdad efectiva en el trabajo de hombres y mujeres implicados en la ejecución del contrato.

• Plan de conciliación de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato.

• Aplicación en la ejecución del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de compra pública ética -«comercio justo»-.

• Consideraciones en relación con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso, mejora de la misma, tanto para personas con discapacidad física como intelectual.

• En el caso de subcontratación, propuesta de realizarla con empresas de economía social (cooperativas SSL, empresas de inserción y centros especiales de empleo), autónomos y/o pymes.

Estos aspectos podrán valorarse de manera matemática cuando se opte por elementos fácilmente cuantificables, y/o como criterios de apreciación técnica (juicios de valor no matemáticos) cuando se valoren cuestiones no traducibles a números.

Las propuestas concretas del «Plan Social» del adjudicatario tendrán la consideración de obligaciones contractuales esenciales, cuyo incumplimiento será causa de penalización y, en su caso, resolución del contrato.

2. En los contratos cuyo objeto sean prestaciones a recibir directamente por los ciudadanos, se valorarán las ventajas que las ofertas propongan para determinados colectivos de usuarios especialmente desfavorecidos, y en general las que beneficien a los vecinos del municipio frente a los posibles usuarios de otros: propuesta de integración para personas con discapacidad como usuarios de los servicios objeto del contrato; mejoras que superen el estándar legalmente exigido en materia de accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad; tarifas especiales para colectivos especialmente desfavorecidos, etc.

B.3.- Especial análisis en las ofertas anormales o desproporcionadas del cumplimiento de las exigencias sociolaborales.

1. Cuando la propuesta de adjudicación de un contrato se realice en favor de una oferta que, por aplicación de los criterios legales y los establecidos en el pliego, sea calificada como “anormal o desproporcionada”, se requerirá en la preceptiva audiencia que se dé al contratista, que entre las consideraciones oportunas para motivar su oferta, justifique expresamente que los productos o servicios que oferta han sido elaborados respetando las disposiciones sociolaborales vigentes en la UE o en los convenios internacionales suscritos por ésta cuando se trate de productos procedentes de terceros países, así como, en la ejecución del contrato, el cumplimiento en relación con todos los trabajadores que van a intervenir en dicha ejecución material, propios o aportados por subcontratas, de la normativa española en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, incluida la derivada del convenio colectivo aplicable.

2. Se considerará no justificada la baja en las ofertas, y por lo tanto motivo de exclusión, cuando no acredite fehacientemente que se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicación de dicha normativa, especialmente la que tenga en cuenta un salario/hora de los trabajadores inferior al derivado del convenio colectivo sectorial de ámbito más inferior que resulte de aplicación.

B.4.- Establecimiento de criterios de desempate de las ofertas en base a las consideraciones sociales de las mismas o de las ofertas.

• En el caso de que se produzcan empates entre varias ofertas con la aplicación de los criterios de valoración, se establecerán en los pliegos criterios de desempate que primen directamente la responsabilidad social de los licitadores, y la mayor puntuación del «Plan Social para la ejecución del contrato», cuando haya sido éste uno de los criterios de valoración d las ofertas. Entre los criterios de responsabilidad social a tener en cuenta, se atenderá en primer lugar mayor número de trabajadores fijos con discapacidad, y, de ser necesario, al cumplimiento de las directrices relativas a la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y a la naturaleza del licitador como de entidades del tercer sector social o de entidades reconocidas como Organización de Comercio Justo.

C.- FASE DE EJECUCIÓN. INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL.

Objetivo concreto: Asegurar que en la ejecución de los contratos se tienen en cuenta aspectos sociales y de compra pública ética, imponiéndoselos al adjudicatario en los pliegos como condiciones esenciales de ejecución.

La imposición de condiciones especiales de ejecución puede hacerse directamente en los pliegos, en aplicación de la posibilidad que al respecto contempla el artículo 118 del TRLCSP y también puede derivar de los propios compromisos adquiridos por los licitadores al formular sus ofertas. Es necesario además establecer mecanismos eficaces para controlar que durante la ejecución del contrato se cumplen las condiciones pactadas y en caso contrario, compeler al adjudicatario a cumplir tales compromisos.

C.1.- Establecimiento de condiciones especiales de ejecución de los contratos de carácter social y penalizaciones en caso de incumplimiento.

• En los pliegos de condiciones se analizará la conveniencia de establecer como condiciones especiales de ejecución del contrato de exigencias sociales específicas y adecuadas al objeto material del mismo, especialmente medidas de fomento del empleo y de la economía social, garantía de la estabilidad en el empleo para los trabajadores que ejecutan el contrato, promoción de la igualdad efectiva de hombres y mujeres durante la ejecución material del contrato, incorporación de productos de «comercio justo», facilitar la utilización de las prestaciones contratadas por colectivos de vecinos socialmente desfavorecidos, etc. En todo caso, las posibles medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podrán llevarse a cabo x xxxxx de los trabajadores con los que ya cuente la empresa adjudicataria.

Estas condiciones permanecerán vigentes durante toda la duración del contrato, y para verificar su efectiva aplicación, al menos cada seis meses se presentará ante la Unidad que tramita el contrato, la documentación acreditativa de su cumplimiento.

En los casos en que durante la ejecución del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones especiales de ejecución de carácter social, se deberán cubrir con personas que reúnan los mismos requisitos.

Las condiciones de ejecución de carácter social se considerarán “obligaciones contractuales de carácter esencial”, cuyo incumplimiento será causa de penalización del contrato en los términos previstos en el Pliego. Las medidas propuestas por el adjudicatario en el «Plan Social para la ejecución del contrato» de su oferta se considerarán en todo caso condiciones especiales de ejecución de carácter social.

• En el informe semestral que el adjudicatario han de remitir a la unidad tramitadora del contrato se incluirá una declaración responsable de que la empresa sigue manteniendo en su plantilla un porcentaje de la menos el 2% de trabajadores con discapacidad, o que realiza las medidas sustitutorias legales. En los contratos de duración inferior a seis meses se exigirá este informe al finalizar la ejecución del contrato.

C.2.- Establecimiento de medidas concretas seguridad y salud laboral durante la ejecución de todos los contratos.

• En todos los contratos que celebre el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx y las entidades de su sector público se incluirán unas normas mínimas en materia de prevención y seguridad y salud en el trabajo que habrá de aplicar el adjudicatario con los trabajadores que ejecutan materialmente el contrato; igualmente se contemplará al respecto la necesaria coordinación al respecto con las medidas de los propios servicios municipales directamente afectados mediante las declaraciones y obligaciones de comunicación establecidas en el protocolo municipal «Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales: Procedimiento de coordinación de actividades empresariales».

Estas normas mínimas podrán ser implementadas con medidas adicionales propuestas por el adjudicatario en su oferta, dentro del «Plan Social para la ejecución del contrato», y en el contrato de obras en el correspondiente «proyecto de seguridad y salud».

C.3.- Previsiones para desincentivar la aplicación de condiciones de trabajo más desfavorables para los trabajadores que ejecutan los contratos.

• Valorándose positivamente la rentabilidad social de la estabilidad o mejora salarial de todos los trabajadores, el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, sin interferir en la libertad de pactos entre empresario y trabajadores, tratará de desincentivar que durante la ejecución de sus contratos los trabajadores encargados de la misma, sufran mermas en sus derechos sociales. A tal efecto, si durante la ejecución del contrato, por inaplicación del fin de la ultraactividad de los convenios colectivos o cualquier otro motivo, el contratista o subcontratista rebajase las condiciones salariales y/o sociales del personal adscrito a la ejecución del contrato, en relación con las tenidas en cuenta en el momento de presentar las ofertas, el Ayuntamiento analizará la repercusión de la rebaja en los costes salariales, en la relación económica del contrato para restablecer el equilibrio económico en su favor.

C.4.- Subcontratación con entidades socialmente responsables y control del cumplimiento de las exigencias sociolaborales por parte de los subcontratistas.

• Se realizará un especial seguimiento por parte de los responsables de la ejecución de los contratos para verificar la existencia de subcontrataciones en todos los contratos que celebre el Ayuntamiento y el resto de sus entidades, así como el cumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones que al respecto se hayan establecido en los correspondientes pliegos, y de los subcontratistas en relación con sus trabajadores adscritos a la ejecución de un contrato municipal.

• En el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el cuadro de características, se establecerán disposiciones específicas e imperativas para tratar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de comunicación de la subcontratación, las limitaciones legales a las empresas con las que se puede subcontratar, el pago al subcontratista por parte del adjudicatario en el mismo plazo que éste cobra del Ayuntamiento y el pago por parte de los subcontratistas de los salarios, cotizaciones y retenciones de sus empleados adscritos a la ejecución del contrato.

• Cuando el adjudicatario voluntariamente subcontrate la realización de las tareas accesorias no técnicas o que no requieran una cualificación especial, deberá hacerlo con entidades del denominado «tercer sector social», micropymes, cooperativas y autónomos, empresas creadas con el apoyo de los programas municipales de promoción a emprendedores o empresas que acrediten tener en su plantilla mayor número de personas con discapacidad de las que legalmente le sean exigibles o que hayan contratado en el último año a personas en riesgo de exclusión social, incluidas las víctimas de violencia de género y/o doméstica.

C.5.- Medidas para evitar actuaciones que puedan implicar una «cesión ilegal de trabajadores» y para promover la «subrogación laboral» eficiente en los casos de posible sucesión de empresa.

• Para tratar de evitar situaciones tipificables como «cesión ilegal de trabajadores», en los pliegos se regularán medidas tendentes a evitar situaciones de empleo que puedan conducir a una condena por tal motivo, vigilándose el cumplimiento de las mismas durante la ejecución del contrato.

• En los contratos en los que concurran los supuestos legales y convencionales para que se produzca la «subrogación laboral» derivada de una sucesión de empresa en la adjudicación de contratos municipales, los pliegos facilitarán la información necesaria para que los licitadores conozcan los datos laborales de los trabajadores que deberán asumir de resultar adjudicatarios. No obstante, cuando fruto de estas situaciones el coste del personal subrogado sea superior al municipal de la misma categoría, se analizará la oportunidad de adoptar medidas para evitar ese sobre coste, incluida la ejecución directa de las prestaciones objeto del contrato o cualquier otra para romper la unidad productiva autónoma de la que derivase la sucesión de empresa.

C.6.- Control de la ejecución de los aspectos sociales exigidos u ofertados

• El responsable municipal de cada contrato supervisará de forma periódica el cumplimiento de las obligaciones que en materia social se hayan impuesto al adjudicatario directamente en el pliego o hayan sido ofertadas por éste, así como las que deriven de la legislación social y laboral vigentes.

• Cualquier interesado podrá formular una denuncia o reclamación sobre el incumplimiento por parte de un contratista de la normativa social aplicable, a cuyo efecto podrá consultar el correspondiente contrato en las dependencias municipales. Estas denuncias serán objeto de una comprobación material y de un informe expreso por parte del responsable municipal del contrato.

• Con la factura final deberá aportar el contratista una declaración responsable de haber cumplido todas las obligaciones que en materia social le fueran exigibles legal o contractualmente, declaración a la que se acompañará un informe al respecto del responsable municipal del contrato o del director de obra si se trata de uno de otro tipo.

• En aquellos contratos en los que esté contemplada una posible prórroga del mismo, no se acordará ésta si el adjudicatario hubiera incumplido de manera grave las condiciones especiales de ejecución de carácter social

ANEXO CLAUSULAS SOCIALES

(Ejemplos no limitativos de medidas de carácter social y responsabilidad social empresarial que se pueden incluir en los documentos de preparación de los contratos y en sus pliegos)

1. FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO.

A.1.- EXCLUSIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS SIN GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOCIOLABORAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE HA DE FIRMAR EL ADJUDICATARIO (incluida en el apartado B.1)

A.2.- GARANTIA DE RESPETO A LA NORMATIVA SOCIAL Y LABORAL VIGENTE Y A LOS COMPROMISOS ADOPTADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN MATERIA SOCIAL EN LA DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS Y EN SU VALORACIÓN

ANEXO A INCLUIR POR PARTE DE LOS REDACTORES EN LOS PROYECTOS, MEMORIAS, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN ESTOS DOCUMENTOS

En la definición del objeto del contrato se han tenido en cuenta las normas sociales y laborales aplicables, así como su repercusión económica al determinar el precio del contrato, especialmente las siguientes (a título meramente indicativo, debiendo señalarse las que procedan):

• Informe de cumplimiento de las exigencias del Artículo 117 del TRLCSP en la redacción de proyectos y PPT.

• Plan Municipal de accesibilidad (2011-2014)

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

• Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

• Normativa sobre cotizaciones a la Seguridad Social

• Convenio colectivo de … (el que proceda según las prestaciones objeto del contrato)

• I Plan Municipal de cooperación para el desarrollo (2011-2014)

• I Plan Municipal de accesibilidad (2011-2014)

• Compromisos del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx en su solicitud para recibir el estatus de “Ciudad por el Comercio Justo”,

• V Plan de Igualdad de mujeres y hombres xx Xxxxxxxxxx

• Ley Orgánica 3/2007 de 22 xx xxxxx para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

• Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

• Convenios de la OIT en materia de protección de los trabajadores:

— Convenio OIT n o 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

— Convenio OIT n o 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,

— Convenio OIT n o 29 sobre el trabajo forzoso,

— Convenio OIT n o 105 sobre la abolición del trabajo forzoso,

— Convenio OIT n o 138 sobre la edad mínima,

— Convenio OIT n o 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación),

— Convenio OIT n o 100 sobre igualdad de remuneración,

— Convenio OIT n o 182 sobre las peores formas de trabajo infantil,

Así mismo, en la definición de las prestaciones que integran el objeto del contrato no se incluyen descripciones de bienes, sistemas productivos, o servicios que puedan resultar restrictivos de la competencia.

A.3.- INCLUSIÓN DE OBJETIVOS SOCIALES EN LA DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS.

(ejemplos)

1. Es objeto del presente contrato la inserción social de personas con especial dificultad de acceso al mercado de trabajo mediante su participación en la ejecución de las obras de … o de las prestación de los servicios de….

2. Constituye el objeto de la ejecución del presente contrato la prestación de los servicios de… así como promover en la prestación del mismo el acceso al mercado laboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, aplicando además en la ejecución del miso medidas de promoción de la igualdad efectiva de hombre y mujeres en los puestos de trabajo.

3. El objeto del contrato es el suministro de … con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo con el mismo mediante la compra de productos que garantizan un pago justo de los mismos a sus productores.

4. …..

A.4. RESERVA DE CONTRATOS PARA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y PROMOCIÓN DE LA CONTRATACIÓN CON EMPRESAS DE INSERCIÓN Y OTRAS ENTIDADES DESTINADAS A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

El presente contrato está reservado para Centros especiales de empleo y/o Empresas de inserción y otras entidades destinadas a la inserción sociolaboral de personas con especial dificultad de acceso al mercado de trabajo, por lo que sólo podrán presentar ofertas entidades que acrediten el reconocimiento oficial de este carácter.

MODELO DE INFORME DE REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RESPETANDO LAS REGLAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS.

ASUNTO: (Proyecto xx xxxx y)⁵ Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de…….

El (Proyectos de obras y) PPT redactado por quien suscribe el presente informe para el contrato de referencia, define con precisión el objeto del contrato y el alcance de las prestaciones que lo integra, y ha sido elaborado tendido en cuentas las reglas establecidas en el artículo 117 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que contenga ninguna estipulación que pueda suponer una restricción a la competencia efectiva en el mercado para ninguna de las prestaciones que integran el objeto del contrato.

Especialmente se han tenido en cuenta criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, sostenibilidad y protección ambiental, establecidos en la normativa vigente, incluidos los planes municipales aprobados por el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx sobre estas cuestiones.

En Valladolid, a …. de …. de 201...

TÉCNICO DE ….

Fdo.: D./Xx……

2. FASE DE LICITACIÓN-ADJUDICACIÓN

Con carácter meramente indicativo y sin perjuicio de la posibilidad de formular nuevos criterios y condiciones dependiendo de la naturaleza del contrato se establecen los siguientes:

B.1. DECLARACIONES DE CARÁCTER SOCIAL EXIGIBLES A LOS LICITADORES

DECLARACIÓN RESPONSABLE

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍSICAS

D………………………….………., con DNI nº………………, en nombre propio, y domicilio a efecto de notificaciones en……………………………………………………….,

a efectos de contratar con el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx,

 DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1º.- Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación profesional, clasificación y/o solvencia exigida en el cuadro de características particulares, para ejecutar el contrato de ………………………………………….

2º.- Que  no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3º.- Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

4º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea..

5º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es…………….

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del TRLCSP, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato………………….., indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx a su verificación directa.

En Valladolid, a  ….  de …………… de ………..

Fdo: ………………………………………..

------

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS

D………………………….………., con DNI nº………………, en nombre de la sociedad…………………………………………………………., con NIF nº…………………, de acuerdo con la escritura de poder ……………………………………………………..………………….(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la que representa), a efectos de contratar con el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx,

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, necesaria para concertar con el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx la ejecución del contrato de …………………………………………. El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el artículo ..… de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.

2º.- (Alternativamente)

Que dicha empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para dicha contratación. /

Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación / solvencia establecidos para concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes…..

Dichos medios externos consisten en…… y serán aportados por ..……. A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un ………

3º.- (Alternativamente)

Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento /

Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: …………………….

(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).

4º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público.

5º.- Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

6º.- Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese lo que proceda) tiene un número de 50 o más trabajadores,

(en caso de superar esa cifra, alternativamente, según el caso) siendo el número de trabajadores con discapacidad en la empresa de…., lo que supone un …..% trabajadores pertenecientes a este colectivo,

(o), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con más del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas legalmente previstas siguientes:…..

7º.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea..

8º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente es…………….

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del TRLCSP, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato………………….., indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx a su verificación directa.

En Valladolid, a …. de …………… de ………..

Fdo: ………………………………………..

B.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (MATEMÁTICOS O DE VALORACIÓN TÉCNICA)

B.2.1- PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:

«PLAN SOCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO».

H.2.2.- Plan social de ejecución del contrato. De 0 a … puntos.

(Valorar en cada caso cuales de los aspectos siguientes se deben tener en consideración, algunos son sólo apropiados para los contratos de larga duración, o pueden incorporarse como condiciones obligatorias de ejecución cuando se considere que deben exigirse en todo caso):

Los licitadores presentarán un documento con esta denominación en el que analicen y realicen propuestas concretas en la ejecución del contrato en relación con los aspectos siguientes

- Nueva contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, sin que ello implique el despido o reducción de jornada de otro personal integrado previamente en la plantilla de la empresa.

- Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el contrato.

- Medidas concretas de prevención, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecución material del contrato.

- Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados con la ejecución del contrato.

- Plan de igualdad efectiva en el trabajo de hombres y mujeres implicado en la ejecución del contrato.

- Plan de conciliación de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato.

- Aplicación en la ejecución del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de compra pública ética -«comercio justo»-.

- Consideraciones en relación con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso, mejora de la misma.

- En el caso de subcontratación, propuesta de realizarla con empresas de economía social (cooperativas SSL, empresas de inserción y centros especiales de empleo), autónomos y/o micropymes.

- Aplicación en la ejecución del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de compra pública ética -«comercio justo»-.

- En los contratos cuyo objeto sean prestaciones a recibir directamente por los ciudadanos se valorarán las ventajas que las ofertas propongan para determinados colectivos de usuarios especialmente desfavorecidos, y en general las que beneficien a los vecinos del municipio frente a los posibles usuarios de otros.

VALORACIÓN MATEMÁTICA DE ASPECTOS SOCIALES

FOMENTO DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL.

Se puntuará hasta con……… puntos a los licitadores que se comprometan a integrar en su plantilla de obra para la ejecución del contrato, sin despedir al personal que ya integre la plantilla de la empresa, a personal proveniente de grupos de riesgo (jóvenes desempleados, mayores desempleados, parados de larga duración, personas que se encuentren en rehabilitación con problemas de drogadicción o alcoholismo, ex reclusos, víctimas de malos tratos, etc…). Otorgando mayor puntuación a la empresa que más personal se comprometa a integrar.

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

Se valorará con hasta ……….. puntos a los licitadores que se comprometan a integrar en su plantilla para la ejecución del contrato, a personal con contratos indefinidos, o a otorgar este carácter a trabajadores ya integrados en la plantilla de la empresa que se van a destinar a la ejecución del contrato. Se otorgará la máxima puntuación a la empresa con un mayor compromiso de contratación indefinida y se puntuará al resto de licitadores de forma decreciente y proporcional.

SUCONTRATACIÓN CON ENTIDADES SOCIALMENTE RESPONSABLES

Se valorará con …………puntos el compromiso de subcontratar un mayor porcentaje del presupuesto de adjudicación Centros especiales de empleo y/o Empresas de inserción, otras entidades destinadas a la inserción sociolaboral de personas con especial dificultad de acceso al mercado de trabajo y/ trabajadores autónomos, sin que la medida implique directa o indirectamente el despido de trabajadores que estuviesen en la plantilla de la empresa⁶.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

1.- Se valorará con …… puntos, la presentación por los licitadores de un Plan de Igualdad especifico que el licitador se comprometa a aplicar en la ejecución del contrato.

2.- Se valorará con .... puntos, la presentación por el licitador de medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, que el licitador se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren las mínimas establecidas en la Ley 3/2007, de 22 xx xxxxx, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Se otorgará motivadamente la máxima puntuación a la empresa que presente el mejor plan de igualdad y de conciliación, puntuándose al resto de licitadores su plan de forma proporcional.

B.2.2 .- COMPRA PÚBLICA ÉTICA

COMERCIO JUSTO

1.- En aquellos contratos susceptibles de incorporar en su prestación productos de comercio justo se valorará hasta con …. puntos a los licitadores que se comprometan a una mayor incorporación de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estándares de Comercio Justo recogidos en el Art. 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre “Comercio Justo y Desarrollo” nº 2245/2005 (INI), debiendo ser acreditado mediante certificación de la Organización Mundial de Comercio Justo –WFTO, sello FAIRTRADE (Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Justo), u otro medio de prueba equivalente.

B.2.3 CRITERIOS SOCIALES EN RELACIÓN CON LOS USUARIOS O DESTINADOS DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS

En los contratos cuyo objeto sean prestaciones a recibir directamente por los ciudadanos se valorarán las ventajas que las ofertas propongan para determinados colectivos de usuarios especialmente desfavorecidos, y en general las que beneficien a los vecinos del municipio frente a los posibles usuarios de otros:

1.- Se valorará con … puntos las propuestas de integración de personas discapacitadas como usuarios de los servicios objeto del contrato. La máxima valoración corresponderá a la oferta que garantice una mejor o y mayor integración como usuarios del servicio a personas con algún tipo de discapacidad, valorándose las restantes ofertas de manera proporcional.

2.- Se valorará con … puntos las propuestas que propongan unas menores tarifas para colectivos especialmente desfavorecidos. La valoración se realizará proporcionalmente al reducción de las tarifas y al número de posibles beneficiarios

3.- Se valorará con … puntos las mejoras que superen el estándar legalmente exigido en materia de accesibilidad, mejora de las condiciones de movilidad de personas con discapacidad (por ejemplo avisadores acústicos etc..) Esta valoración se realizará de forma proporcional al mayor valor económico de las medidas complementarias propuestas.

B.2.4. MEMORIA DE ACCESIBILIDAD

Se valoraran con ……puntos las ofertas que mejoren, las condiciones de accesibilidad, indicadas en la memoria del presente contrato

B.2.5. FORMACIÓN

Medidas específicas de formación de los trabajadores directamente relacionados con la ejecución del contrato.

B.2.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Medicas concretas de prevención, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecución material del contrato.

B.3.- ESPECIAL ANÁLISIS EN LAS OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS SOCIOLABORALES.

JUSTIFICACIÓN EN LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOCIAL Y LABORAL DE LOS TRABAJADORES

En caso de ofertas desproporcionadas en cuanto al precio de acuerdo con el criterio que establece el artículo 85 del RGLCAP (RD 1098/2001), deberá justificar expresamente el contratista que los costes de personal se han estimado de acuerdo con el convenio colectivo vigente para los trabajadores que han de realizar los trabajos, y sus cotizaciones sociales, rechazándose la justificación que no acredite adecuadamente tal extremo.

La reducción del plazo superior el 25% del previsto en este CCP será considerada anormal, con los efectos previstos en el artículo 152 del TRLCSP. En la justificación de la posibilidad de ejecutar una oferta desproporcionada en cuanto al plazo de ejecución, deberá acreditar la empresa cuya oferta esté incursa en tal presunción, que la reducción del plazo de ejecución no supondrá una merma de los derechos sociales y salariales de los trabajadores que han de ejecutar el contrato, acreditación que habrán de verificar el técnico o técnicos municipales que analicen tal justificación.

B.4.- CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DE EMPATES EN LAS OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el contrato de que se trate, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1º. Se adjudicará el contrato a la oferta que mayor puntuación haya obtenido en la valoración del «Plan social para la ejecución del contrato».

2º.- En caso de que «Plan social de ejecución» no haya sido un criterio de valoración, o persista el empate, se adjudicará el contrato a la empresa que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo de presentar la proposición, un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad por encima del 2% legalmente establecido como mínimo (disposición adicional cuarta del TRLCSP).

3º. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicará el contrato a la proposición presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta, cumpla con las directrices relativas a la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el contrato de trabajo, en los términos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 xx xxxxx (art. 34.2 de esta Ley).

4º. De persistir el empate con los criterios anteriores, en la misma forma y condiciones tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial las proposiciones presentadas por cooperativas de autoempleo, entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.

5º. Cuando se trate de servicios que incluyan productos en los que exista alternativa de comercio justo, se dará preferencia, de mantenerse el empate aplicando los tres criterios anteriores, a las entidades reconocidas como Organización de Comercio Justo, en los términos establecidos en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del TRLCSP.

6º.- Si aún con la aplicación de todos los criterios anteriores se mantuviese el empate, se adjudicará el contrato a aquel licitador cuya oferta haya obtenido mayor puntuación en el criterio que más peso relativo tenga en el conjunto de los criterios de valoración establecidos en el pliego para la selección de la oferta más ventajosa, y sucesivamente los demás criterios por orden de su ponderación.

Xxxxxxx acreditarse las circunstancias declaradas en relación con los criterios incluidos en la presente cláusula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

C.- FASE DE EJECUCIÓN

Con carácter meramente indicativo y sin perjuicio de la posibilidad de formular nuevas condiciones especiales de ejecución dependiendo de la naturaleza del contrato se establecen los siguientes:

C.1.- CLAUSULAS DE EJECUCION

E.1- MEDIDAS DE PROMOCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y DE ECONOMÍA SOCIAL

 FOMENTO Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO

1.- En el caso de que la empresa adjudicataria subcontrate parte de la ejecución del contrato, deberá hacerlo con Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción sociolaboral inscritos en los correspondientes registros del Departamento de Trabajo y/o a entidades sin ánimo de lucro que trabajan para la integración de personas con riesgo de exclusión social, micropymes, trabajadores autónomos, empresas de economía social (cooperativas SSL empresas de inserción y centros especiales de empleo), así como pequeñas empresas creadas con el apoyo de programas de promoción a emprendedores, en un porcentaje de …………….. (dependiendo de la naturaleza del contrato, y siempre en los términos del TRLCSP).

2.- Para la ejecución del objeto del contrato, la empresa adjudicataria tiene que contratar para la ejecución del mismo, a jóvenes menores de 35 años, en situación legal de desempleo, en un porcentaje de ……………., (dependiendo de la naturaleza del contrato).

3.- Para la ejecución del objeto del contrato, la empresa adjudicataria de este contrato tiene que contratar para la ejecución del mismo, a parados de larga duración mayores de 45 años, en un porcentaje de ……………., (en función de la naturaleza del contrato).

4.- Para la ejecución del objeto del contrato, la empresa adjudicataria de este contrato tiene que contratar, a personas en situación de exclusión social, que estén desempleadas y que estén incluidas en alguno de los siguientes colectivos:

a) Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.

b) Personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía.

c) Personas que no puedan acceder a la renta garantizada de ciudadanía.

d) Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de protección de menores.

e) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social.

f) Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo, personas en libertad condicional y personas ex reclusas.

h) Víctimas de violencia de género y doméstica

i) Prostitutas

etc…

5. La medida podrá ser sustituida por la modificación de contratos temporales o a tiempo parcial de trabajadores de la empresa de ese colectivo en contrato indefinidos o a jornada completa. En ningún caso esta contratación podrá suponer directa o indirectamente el despido de ningún personal que ya esté en la plantilla de la empresa, ni una reducción de jornada o retribuciones de sus trabajadores de plantilla.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

1.- En la ejecución del presente contrato la empresa adjudicataria deberá aplicar un Plan de Igualdad específico en el que se desarrollen aspectos recogidos en el Plan de Igualdad del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx.

2.- En la ejecución del presente contrato la empresa adjudicataria deberá aplicar las siguientes medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar:

(se pueden poner todas o optar por algunas) :

- cheque servicio o acceso a recursos sociocomunitarios que faciliten la atención de menores o personas dependientes

- mejoras sobre la reducción de jornada, excedencias, licencias o permisos de paternidad o maternidad

- la flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las necesidades de conciliación

3.- En la ejecución del presente contrato la empresa adjudicataria deberá contratar a ….mujeres, (optativo) de las que …. deberán estar con una situación acreditada de víctimas de violencia de género y/o doméstica.

Esta medida podrá ser sustituida por la modificación de contratos temporales o a tiempo parcial de mujeres que ya estén en la plantilla de la empresa de la empresa en contrato indefinidos o a jornada completa. En ningún caso esta contratación podrá suponer directa o indirectamente el despido de ningún personal que ya esté en la plantilla de la empresa, ni una reducción de jornada o retribuciones de sus trabajadores de plantilla.

C.2- MEDIDAS DE COMPRA PÚBLICA ÉTICA:

COMERCIO JUSTO

1.- En aquellos contratos susceptibles de incorporar en su prestación productos de comercio justo, y siempre que la unidad tramitadora determine expresamente esta posibilidad, la empresa adjudicataria deberá incorporar en la prestación del servicio o en el conte­nido del suministro productos de comercio justo:

- Sobre determinados productos (café, té, infusiones, cacao, azúcar, arroz, miel, especias, algodón, frutos secos, productos textiles, u otros) .

- ó bien sobre un importe determinado o un porcentaje de productos de comercio justo sobre el total de presupuesto de licitación.

La utilización de productos de comercio justo, deberá acreditarse mediante los dos sistemas de garantía reconocidos a nivel interna­cional son la acreditación de WFTO —otorgada por la Organización Mundial de Comercio Justo— que avala a entidades, o el Sello Fair­trade (otorgado por la Fair Labelling Organisation/Organización del Sello de Comercio Justo) , que certifica productos y es accesible a empresas convencionales, u otro medio de prueba equivalente.

En concreto se plantean los siguientes supuestos en los que es posible incluir productos de Comercio Justo:

1.- En los eventos organizados por el Ayuntamiento, se utilizarán productos sostenibles tales como: papel reciclado, en el material de difusión y publicidad del evento, así como en el material para asistentes; soportes digitales para el almacenamiento de datos (CD-ROMs, USB, etc.); bolsas de algodón elaboradas bajo los principios de Comercio Justo, y bolígrafos elaborados con material renovable y/o reciclado (pasta de maíz, cartón, etc.). En la medida de lo posible se utilizarán dichos productos siempre que sea imprescindible, promoviendo el ahorro. De todas estas medidas se informará a los asistentes al evento por los medios que se consideren oportunos.

2.- En la medida de lo posible en los regalos institucionales (a ponentes de jornadas x. ej) se incluirán productos procedentes de un Comercio Justo.

3.- En los contratos para el suministro de productos textiles se exigirá como condición especial de ejecución que durante la cadena de producción se han respetado las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); dicho requisito se podrá acreditar mediante la presentación de una declaración responsable de la empresa, la presentación de un Código de Conducta que incluya dicho requisito, la presentación de un certificación social (como SA8000, Made in Xxxxx, o similar) u otro medio de prueba verificable; asimismo, en caso de que el mercado lo permita, se adquirirán productos de Comercio Justo (camisetas promocionales, bolsas de algodón, etc.).

4.- En los contratos para el servicio de instalación y mantenimiento de máquinas expendedoras de alimentos, en aquellas de bebidas calientes, se exigirá que, al menos el café y el azúcar sean de Comercio Justo ó se ofrezca el café de comercio justo como una de las alternativas. En el caso de otras máquinas, al menos un porcentaje ….. de los productos deberán ser de Comercio Justo.

5.- En los contratos de servicios de catering y restauración (cafeterías municipales, caterings para eventos, etc.) y/o suministro de alimentos (caramelos para la cabalgata xx xxxxx, comedores escolares, etc.) se exigirá como especificación técnica que al menos, dos productos de las gamas a utilizar sean de “Comercio Justo” (café, cacao y derivados (productos de chocolate), azúcar de caña, zumos, pasta, arroz, etc.), valorando positivamente aquellas ofertas que contengan un mayor número de productos de Comercio Justo. Asimismo se informará a los comensales sobre los principios de Comercio Justo a través de los medios que se consideren convenientes.

7.- Los nuevos contratos de suministro de papel, o aquellos contratos de servicios en los que durante su ejecución incluyan la utilización de este producto, deberán exigir como especificaciones técnicas los siguiente: que el papel sea 100% reciclado y contenga como mínimo un 65% de fibras recicladas postconsumo, esté libre de Cloro (PCF); en casos excepcionales que determine el Servicio de Protocolo, se contratará el suministro de papel de fibra virgen (blanco) que contenga como mínimo un 70% de fibra procedentes de bosques gestionados de forma sostenible (según estándares FSC, PEFC o equivalente) y estar completamente exentos de cloro (TFC); en ambos casos deberán tener una durabilidad de más de 100 años (según estándar ISO 5630-1:1991, DIN 6738:1999 o equivalente), una blancura superior al 70% (según estándar ISO 2470:1999 o equivalente) e idoneidad técnica para la impresión y el fotocopiado (según estándar AFNOR Q11-0134, DIN 193094 o equivalente).

F) CLAUSULAS SOCIALES DE EJECUCION DESTINADAS A LOS CIUDADANOS XX XXXXXXXXXX

Debe valorarse en todos los contratos gestionados por el Ayuntamiento, las condiciones especiales que favorezcan a los usuarios destinatarios del mismo como por ejemplo:

1.- En los pliegos de ejecución del contrato podrá establecerse como condición especial de ejecución propuestas de integración para personas discapacitadas como usuarios de los servicios objeto del contrato.

2.- En los contratos que las tarifas se establezcan en el pliego podrá establecerse como condición especial de ejecución dependiendo de la naturaleza del contrato (por ejemplo centro deportivos), que las empresas propongan tarifas especiales para colectivos especialmente desfavorecidos.

3.- En los contratos de obras podrá establecerse como condición especial de ejecución mejoras que superen el estándar legalmente exigido en materia de accesibilidad, mejora de las condiciones de movilidad de personas con discapacidad (por ejemplo avisadores acústicos etc..)

C.2. SEGURIDAD Y SALUD

Condición de ejecución a incluir en las ofertas y que poder ser valorable.

En los contratos cuyo objeto consista en la DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, la memoria de prestación del servicio contendrá un plan de dirección de las obras, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra y analizando los siguientes aspectos:

- Medidas concretas para el control de la seguridad y salud de la obra y visitas programadas del coordinador de seguridad y salud (análisis de frecuencia y de documentación que se compromete a aportar a la Administración).

- Informes mensuales a remitir por la dirección de la obra incluyendo un esquema procedimental del modo en que se van a tramitar las certificaciones mensuales y sus plazos.

- Calendario de visitas programadas por la dirección en las distintas semanas de duración de las obras, que relacione las principales fases constructivas descritas en el estudio con las actuaciones tanto de la dirección técnica como de la ejecutiva.

- Planteamientos en cuanto a la ejecución del Plan de de tratamiento de residuos, limpieza y desescombro de las obras.

- Actuaciones propuestas para inspeccionar y realizar el control de calidad en la obra.

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A. MEDIDAS GENERALES

En la ejecución del contrato deberá respetarse íntegramente la totalidad de la normativa sectorial y técnica de aplicación según la naturaleza de las prestaciones objeto de cada contrato en materia de prevención y de seguridad y salud en el trabajo, y especialmente el «Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales: Procedimiento de coordinación e actividades empresariales» del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, aprobado por su Junta de Gobierno Local el día 21 de febrero de 2013.

El adjudicatario deberá adoptar en la ejecución del contrato todas las medidas necesarias para evitar que las actuaciones que realice en ejecución del contrato puedan causar daños al propio personal del servicio, al personal municipal y a los ciudadanos en general. Igualmente deberá adoptar las medidas de coordinación de su actividad en la ejecución del contrato con las del centro de trabajo municipal en el que se materialicen las prestaciones contratadas

Las actividades y actuaciones estarán convenientemente señalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible los daños y accidentes. Se dará cuenta al responsable municipal del contrato, y al Departamento de Prevención y salud laboral del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, de las medidas de seguridad, protección y señalización adoptadas en este sentido.

B. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con anterioridad al inicio de la prestación del servicio, y a los efectos de poder cumplir en los términos de la legislación vigente en cada momento con el deber de coordinación preventiva en materia de seguridad y salud laboral del adjudicatario, el contratista deberá aportar la documentación exigida por tal normativa, y al menos la siguiente:

- Relación de trabajadores que van a desarrollar las tareas en los servicios contratados, con indicación de nombre, apellidos, D.N.I. y número de afiliación a la Seguridad Social de cada trabajador, así como categoría profesional y funciones que pueden desempeñar a efectos de seguimiento de la Seguridad y salud en el trabajo.

- Copia del Modelo de organización de la prevención de riesgos laborales y copia del contrato con Servicio de Prevención Ajeno, si fuese el caso.

- Copia de los documentos de Evaluación de riesgos y de la Planificación de la actividad preventiva del servicio contratado.

- Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones en materia de información y formación específica del personal sobre los riesgos y normas de seguridad referentes a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el servicio contratado. Este documento deberá estar firmado también por los representantes legales del personal si los hubiera, o en su defecto, por los propios trabajadores y trabajadoras.

- Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si éstos se requieren para desarrollar los trabajos del servicio contratado.

- Copia del documento de información correspondiente a los riesgos específicos de las actividades que desarrollan sus trabajadores y trabajadoras en la prestación del servicio contratado y que puedan afectar a terceros y medidas preventivas que se adoptan.

- Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

- En el caso de que el servicio vaya a ser prestado por trabajadores autónomos, dado que legalmente no tienen la obligación de realizar la Evaluación de riesgos, se deberá presentar un documento indicando el listado de trabajadores autónomos, la relación de tareas a realizar por parte de los trabajadores autónomos, la relación de equipos de protección individual necesarios para desarrollar los trabajos y la formación en materia de prevención de riesgos laborales de la que disponen.

Toda esta documentación deberá entregarse por duplicado, en soporte informático, en dos CDs, con un índice en papel de la documentación. Cuando los datos aportados al inicio de la actividad sufran alguna modificación, deberá remitirse al Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, a la mayor brevedad posible, la documentación actualizada.

Además, se especificará al técnico facultativo designado por la empresa adjudicataria servicio contratado como responsable de seguridad y salud durante la ejecución del contrato.

En el caso de que hubiera subcontratas o se incorporaran trabajadores al servicio distintos de los especificados en la anterior relación que se acompañó en el momento de iniciar la prestación del servicio, el adjudicatario deberá remitir los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos trabajadores al Negociado de Contratación del Ayuntamiento, siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen a la ejecución del contrato.

Además de las actuaciones indicadas, el contratista deberá adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar que los trabajadores que destine a la ejecución del contrato y a los municipales que realizan la inspección del servicio, conocen y adoptan las medidas correspondientes de seguridad y salud en atención a los riesgos específicos propios de cada actividad. Deberá a asegurar que todas las actividades relacionadas con la ejecución de este contrato se realizan con respeto escrupuloso de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

C. OBLIGACIÓN GENERAL DE INDEMNIZACIÓN

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, a los trabajadores que intervengan en la ejecución del contrato y/ o al Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos previstos en la legislación vigente. Esta responsabilidad estará garantizada mediante el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, aunque la responsabilidad del contratita alcanzará, con independencia de la cobertura de dicha póliza, a todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

Los incumplimientos del empresario en materia de seguridad y salud será considerada falta muy grave. Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de las medidas de seguridad de los trabajos para evitar daños, será considerado incumplimiento contractual grave o muy grave con las consecuencias previstas en el contrato. Además, las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las facturas hasta que se acredite su abono, sin que esta paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

C.4.- CONTROL DE LA SUBCONTRATACIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUBCONTRATISTAS DE LAS OBLIGACIONES SOCIAOLABORALES.

Sí se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 227 del TRLCSP. La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:

a. Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:

- Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia,

- Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista

- Importe de las prestaciones a subcontratar

b. No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c. No podrá subcontratarse más del 40% del importe de adjudicación. Para el cálculo de este porcentaje máximo no se tendrán en cuenta los subcontratos realizados con empresas vinculadas al contratista principal, interpretando la vinculación según se define en el artículo 42 del Código de Comercio.

d. El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 xx xxxxx.

e. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

f. Cuando el adjudicatario voluntariamente subcontrate la realización de las tareas accesorias no técnicas o que requieran una cualificación especial, deberá hacerlo con micropymes, cooperativas y autónomos, preferentemente empresas creadas con el apoyo de los programas de promoción a emprendedores y empresas que acrediten tener en su plantilla mayor número de personas con discapacidad de las que legalmente le sean exigibles o que hayan contratado en el último año a personas en riesgo de exclusión social, incluidas las víctimas de violencia de género y/o doméstica.

g. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

h. El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley de Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato

C.5.- MEDIDAS PARA EVITAR ACTUACIONES QUE PUEDAN IMPLICAR UNA «CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES» Y PARA PROMOVER LA «SUBROGACIÓN LABORAL» EFICIENTE EN LOS CASOS DE POSIBLE SUCESIÓN DE EMPRESA

Tendrán en todo caso la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las derivadas de los criterios de adjudicación en los términos que hayan sido propuestos en la oferta del adjudicatario, las obligaciones establecidas en el presente CCP en relación con la subcontratación y las siguientes:

1. PERSONAL DEL SERVICIO

1. El contratista realizará todos los servicios incluidos en este contrato con el personal previsto en el PPT y/o en su oferta, y garantizará que en todo momento el servicio se presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan.

2. El personal que el adjudicatario destine a la ejecución de este contrato deberá tener la formación y experiencia exigido en su caso en el PPT particulares del contrato y/o ofertado por el adjudicatario, en todo caso adecuado a las tareas que va a desarrollar en ejecución de este contrato. Este personal no se identificará en la oferta ni en el contrato con datos personales, sino por referencia al puesto de trabajo y/o funciones.

3. La movilidad por parte del funcionario del personal que destine a la ejecución del contrato requerirá la previa comunicación al Ayuntamiento, y no podrá hacerse con otro personal con mayor antigüedad, unas condiciones de trabajo que resulten más gravosas o una formación inferior que los contratados inicialmente para ejecutar este contrato.

4. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato deberá estar integrado en la plantilla del adjudicatario y no tendrá vinculación laboral con el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx. Se destinará a la ejecución de este contrato preferentemente personal ya integrado en la plantilla de la empresa. Cuando puntualmente el adjudicatario precise contratar nuevo personal para la ejecución de este contrato, deberá hacerlo bajo alguna modalidad de contratación que vincule a los trabajadores directamente con la empresa adjudicataria del mismo, incluyendo, siempre que sea posible, una cláusula de movilidad geográfica en los respectivos contratos laborales. El Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx no tendrá ninguna intervención en la selección de este personal.

5. En ningún caso podrá el adjudicatario organizar las prestaciones objeto del contrato que suscribe con este Ayuntamiento de manera que sea susceptible de constituir una unidad económica con identidad propia diferenciada del resto de la actividad de la empresa.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO

1. Será responsabilidad del contratista organizar el servicio de manera que se garantice la prestación íntegra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de sus trabajadores, sin que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para cada trabajador más allá de asegurarse que en todo momento dispone de los efectivos comprometidos y de la correcta ejecución de todas las prestaciones contratadas.

2. El contratista procurará la estabilidad en el empleo del personal que entre sus funciones tenga la ejecución de este contrato, garantizando siempre que en caso de sustitución de personal se hace con otro que reúna los requisitos de titulación y/o experiencia exigidos en el contrato, dándose cuenta de estos cambios al responsable municipal del contrato. El personal que preste este servicio deberá disponer de algún elemento distintivo que acredite su relación con la empresa contratista.

3. El adjudicatario ejercerá de modo real, efectivo y continuo, la dirección del personal que destina a la ejecución del contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes a la condición de empleador: negociación colectiva; concesión de permisos, vacaciones y licencias; control de la asistencia al trabajo y productividad; pago de los salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y retención del IRPF; cumplimiento de la normativa en formación y prevención de riesgos laborales, etc.

C.6.- MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL PAGO DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL, RETENCIÓN DEL IRPF Y A LOS SUBCONTRATISTAS POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

DATOS Y REQUISITOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

(en los contractos de tracto sucesivo)

Trimestralmente se acompañará la factura correspondiente los documentos justificativos correspondientes del pago de las cuotas a la Seguridad Social, retención del IRPF y salarios de los trabajadores directamente relacionados con la ejecución de los trabajos objeto de facturación.

Mensualmente se acompañarán los documentos justificativos del pago a los subcontratistas por parte del adjudicatario a efectos de comprobar su cumplimiento con el alcance que establece el apartado P.f) y h) de este CCP, siendo su incumplimiento reiterado causa de resolución del contrato.

El adjudicatario del contrato deberá de remitir mensualmente, en su caso, relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicación.

1 Anexo X de las D. 23 y 24, y XIV de la D. 25, a los que se remiten los arts. 30.3, 18.2 y 36.2 respectivamente.

2 También se ha de destacar el esfuerzo que tanto desde la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Xxxxxx xx Xxxxxxxx y León se está haciendo para que se compruebe que todas las empresas que tienen contratos de obra o servicios con la Administración Autonómica e Institucional de Castilla y León cumplen con la reserva de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, o en su caso aplican las medidas alternativas correspondientes, según lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Integración social de los minusválidos. Y también está requiriendo la misma comprobación a las entidades locales de la Comunidad.

3 Con independencia del cuestionamiento competencial que se pueda hacer de norma autonómica que impone obligaciones en materia de contratación a otras administraciones territoriales, se trata de una Ley que está en vigor y por lo tanto se ha de acatar.

4 En ese acuerdo también se instaba al Gobierno de la nación a la inclusión de referencias a la compra pública ética en el anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público.

5 Solo en los contratos de obras, incluso aunque no hay un proyecto de obras completo sino sólo un proyecto simplificado o memoria valorada.

6 Real Decreto-ley 7/2013, de 28 xx xxxxx, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. (BOE de 29 xx xxxxx),

Amplia en campo de actuaciones excluidas de su aplicación relacionadas en su artículo 4.1 del TRLCSP. El artículo 4 de este RDL regula el régimen de colaboración entre las entidades del Tercer Sector y la Administración General del Estado, regulando los requisitos que han de tener las entidades del denominado «Tercer Sector social» para que puedan ser reconocidas como entidades colaboradoras de la AGE (reconocimiento que se ha publicar en el BOE) y qué funciones pueden desempeñar las mismas, entre las que recoge “colaborar con la Administración General del Estado en el desarrollo y aplicación de los planes, programas y medidas de fomento, cuando el objeto de la colaboración no esté comprendido en el de los contratos regulados por el TRLCSP o la colaboración se efectúe de forma no onerosa para la Administración” (art. 4.2.f).

Artículo 3. Entidades del Tercer Sector colaboradoras con las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán reconocer como entidades del Tercer Sector colaboradoras a aquellas organizaciones o entidades que desarrollen actividades de interés general.

Artículo 4. Régimen de colaboración entre las entidades del Tercer Sector y la Administración General del Estado.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, podrán reconocerse como entidades del Tercer Sector colaboradoras a aquellas organizaciones o entidades que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal y, cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente Registro administrativo de ámbito estatal en función del tipo de entidad de que se trate.

b) Carecer de fines de lucro o invertir la totalidad de sus beneficios en el cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales.

c) Desarrollar actividades de interés general considerando como tales, a estos efectos, las previstas en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.

d) Cualquier otro que se establezca legal o reglamentariamente.

En ningún caso serán reconocidas como entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado los organismos o entidades públicas adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente, aunque realicen algunas de las actividades incluidas en la letra c) del apartado anterior..

2. Las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado podrán desempeñar las siguientes actuaciones:

a) Informar y auxiliar a la Administración General del Estado en las materias propias de su ámbito de actuación, en los términos que se determine reglamentariamente.

b) Participar como interlocutores con la Administración General del Estado a través de sus órganos de participación y consulta en los términos previstos en la normativa aplicable.

c) Colaborar con la Administración General del Estado en el desarrollo y aplicación de los planes, programas y medidas de fomento, cuando el objeto de la colaboración no esté comprendido en el de los contratos regulados por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre o la colaboración se efectúe de forma no onerosa para la Administración».

d) Cualquier otra que se determine reglamentariamente.

3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el reconocimiento como entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Administración General del Estado, y se concretarán los derechos y obligaciones que dicho reconocimiento conlleva.

En todo caso, la resolución de reconocimiento como entidad del Tercer Sector colaboradora con la Administración General del Estado, así como su revocación serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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