RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recurso nº 978/2015 C.A. Castilla-La Mancha 47/2015 Resolución nº 991/2015
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
En Madrid, a 23 de octubre de 2015.
VISTO el recurso interpuesto por Xx. M. E. M. V. en nombre y representación de la mercantil MANTENIMIENTO ELECTROMÉDICO, S.A., (XXXXXXXX, S.A.) contra el
anuncio de licitación, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características y el Anexo VIII (Inventario), correspondientes al expediente de licitación del contrato de “Servicio de mantenimiento integral del equipamiento electromédico del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx (expediente n°: 2015/000277)”, el Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente resolución:
ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero. La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx convocó, mediante anunció publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 24 xx xxxxxx de 2015, en el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 xx xxxxxx de 2015, en el Boletín Oficial del Estado el 31 xx xxxxxx de 2015, y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha el 4 de septiembre de 2015, licitación para adjudicar por el procedimiento abierto el contrato de servicio de mantenimiento integral del equipamiento electromédico del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx, con un valor estimado de 3.881.350,00 euros.
Segundo. Contra el anuncio de licitación, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características y el Anexo VIII (Inventario), la entidad recurrente ha interpuesto previo anuncio ante el órgano de contratación, recurso ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en su registro de 11 de septiembre de 2015, por el que se solicita se declare la nulidad de esos documentos o, subsidiariamente, su anulabilidad.
XXXX. XXXXXXX XXXXX 00, 0x XXXX. 00000 - XXXXXX
TEL: 00.000.00.00
FAX: 00.000.00.00
Xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
“Y todo ello, señala la entidad recurrente, en aquella extensión en la que conculquen los principios y legislación aplicable a la contratación pública, imponiéndose la oportuna consecuencia en derecho que el Órgano que resuelve este recurso determine, incluida en caso de ser procedente, su modificación, o en base a las alegaciones efectuadas, se decrete la necesidad de retrotraer las actuaciones de licitación hasta su mismo origen, siempre en aras a la consolidación de un pliego en unas condiciones de conformidad a derecho, para que tras la oportuna publicidad de los mismos en caso de su modificación o nueva formulación, se otorgue plazo para presentación de proposiciones”.
El recurso comprende:
a) La impugnación xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares:
1a Fase: Análisis individual de los criterios previstos en el apartado T. 1) del PCAP.
"Equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia Hasta 5 Puntos." y "Gamas de mantenimiento, Alcance y frecuencia ~ Hasta 3 puntos".
"Acuerdos de colaboración con fabricantes de equipos" y "Aumento de las horas de personal técnico sobre las exigidas en el pliego".
"mejora de los plazos exigidos en el pliego: Hasta 2 puntos Tiempos de respuesta
Tiempos de reparación Tiempos para realizar inventario
IV. "Otras mejoras ofertadas"
2a Fase: Disconformidad a Derecho de la documentación acreditativa del criterio subjetivo configurado en el apartado T. 1) del PCAP.
b) La impugnación xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas:
Equipamiento incluido en el objeto del contrato
Otros equipos no electromédicos incluidos en este contrato Equipamiento denominado excluido del objeto del contrato
II.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA INCLUSIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO DE LA OBLIGACIÓN PARA EL ADJUDICATARIO DEL TRASLADO DE EQUIPOS DE NUEVA ADQUISICIÓN: CLAUSULA 5 del PPT. CLAUSULA
6.7. DEL PPT.
III.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LOS REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES INCLUIDOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO A CARGO DEL ADJUDICATARIO. CLAUSULA 6.3 del PPT. CLAUSULA.
IV.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA IMPOSICIÓN DE UTILIZAR SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES Y/O AUTORIZADOS Y CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE EN CUALQUIER REPARACIÓN. CLAUSULA 6.3 del PPT. CLAUSULA 8 del PPT.
V.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA IMPOSICIÓN AL ADJUDICATARIO DE QUE SU PERSONAL ESTE ACREDITADO POR EL FABRICANTE EN EL CASO DE LOS EQUIPOS DE LAS CLASES IIB Y III. CLAUSULA 6.6 del PPT. CLAUSULA 8 del PPT.
VI.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA IMPOSICIÓN AL ADJUDICATARIO DE CREAR UNA OFICINA TÉCNICA UBICADA EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD. CLAUSULA 6.6 del PPT.
Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), se solicitó del órgano de contratación la remisión del expediente, habiendo sido recibido acompañado del correspondiente informe el 15 de septiembre de 2015.
Cuarto. Interpuesto el recurso, con fecha de 1 de octubre de 2015, la Secretaria del Tribunal por delegación del mismo, dictó resolución por la que se acordaba la concesión de la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de contratación con carácter cautelar conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 46 del TRLCSP.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 del TRLCSP y en el Convenio suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma xx Xxxxxxxx- La Mancha el 22 de octubre de 2012 y publicado en el BOE el día 2 de noviembre de 2012.
Segundo. La empresa recurrente tiene legitimación, de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP para interponer el recurso, por resultar interesada en el resultado de la impugnación, puesto que de la validez o invalidez de los actos objeto de recurso depende su concurso al procedimiento.
Tercero. El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma y se ha anunciado previamente, de acuerdo con el artículo 44 TRLCSP.
Cuarto. Los actos recurridos, esto es, los anuncios de licitación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como el Cuadro de Características y el Anexo VIII (Inventario), son susceptibles de impugnación mediante recurso especial en materia de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40
Quinto. El recurso tiene por objeto, en primer lugar, el apartado T1 del Cuadro de Características que consta como Anexo I del PCAP. Son objeto de impugnación los criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor en su conjunto:
Equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia Hasta 5 Puntos.
Acuerdos de colaboración con fabricantes de equipos- Hasta 4 Puntos.
Aumento de las horas de personal técnico sobre las exigidas en el pliego- Hasta 4 Puntos. Gamas de mantenimiento, Alcance y frecuencia-Hasta 3 puntos.
Mejora de los plazos exigidos en el pliego-Hasta 2 puntos Tiempos de respuesta
Tiempos de reparación Tiempos para realizar inventario
Otras mejoras ofertadas-Hasta 2 puntos.
Asimismo, se impugnan los siguientes documentos que, según el apartado AA del Cuadro de Características, deben incluirse en el sobre 2, y cuya no presentación determina la exclusión del licitador:
Autorización para Asistencia Técnica de equipos e instalaciones xx xxxxx X con fines de diagnóstico médico, según RD 1085/2009 de 3 de julio.
Certificación y autorización administrativa como empresa instaladora autorizada en Baja Tensión, categoría especialista (IBTE), según la ITC-BT-03 del REBT.
Se refiere la entidad recurrente, en primer lugar, a los siguientes criterios: Equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia-Hasta 5 Puntos, y Gamas de mantenimiento. Alcance y frecuencia-Hasta 3 Puntos.
Señala la recurrente que en ambos criterios se vulnera el artículo 150 del TRLCSP, que configura los requisitos que han de cumplir los criterios de valoración de ofertas y específicamente la obligación que se impone al órgano de contratación de detallarlos y determinarlos de forma suficiente tanto en el PCAP como en los anuncios de licitación. A su juicio, la falta de detalle de los criterios indicados conlleva no solo un incumplimiento del artículo 150.2 del TRLCSP, sino que en la forma de puntuar, el órgano contratante puede incurrir en una arbitrariedad manifiesta, pudiendo dar más valor a unos elementos que a otros y, todo ello, sin que los licitadores lo conozcan de antemano de cara a poder presentar sus ofertas en igualdad de condiciones.
En segundo lugar, la recurrente analiza los criterios: Acuerdos de colaboración con fabricantes de equipos-Hasta 4 Puntos y Aumento de las horas de personal técnico sobre las exigidas en el pliego-Hasta 4 Puntos.
Entiende la recurrente que, en ambos criterios, se vulnera el artículo 150 del TRLCSP, que configura los requisitos que han de cumplir los criterios de valoración de ofertas y específicamente la obligación que se impone al órgano de contratación de detallarlos y determinarlos de forma suficiente tanto en el PCAP como en los anuncios de licitación.
A su juicio, de valorarse los acuerdos de colaboración y el aumento de horas mínimas de personal técnico tal cual están previstos, habría de configurarse debidamente su carácter automático, no permitiéndose que pueda escudarse quien elabora el pliego al que se adhieren las licitadoras, en prever como subjetivos criterios que realmente son automáticos, incorporando una subjetividad que o bien ha de detallarse adecuadamente o que de lo contrario no puede ser tal, debiendo establecerse la formula a aplicar para valorar. Abundando en ello, considera que estos criterios de valoración, tal y como están configurados, no son de índole subjetiva, ni requieren la emisión de un juicio de valor, y de
En tercer lugar, se refiere la recurrente al criterio: Mejora de los plazos exigidos en el pliego-Hasta 2 puntos
Tiempos de respuesta Tiempos de reparación
Tiempos para realizar inventario
Considera la recurrente que estas mejoras no han sido determinadas debidamente y no se ha concretado cómo se van a valorar. En este sentido señala que deben estar objetivadas, es decir, deben establecerse pormenorizadamente los criterios y/o subcriterios que la Mesa de Contratación utilizará para ponderar las mejoras presentadas por los licitadores. En caso contrario, se estaría vulnerando la igualdad de trato entre los licitadores, y por tanto, el principio de transparencia.
En cuarto lugar, impugna la recurrente el criterio: Otras mejoras ofertadas-Hasta 2 puntos.
A su juicio, adolece de una absoluta indeterminación, ambigüedad y oscuridad que posicionan al licitador en una situación de manifiesta indefensión. Recuerda que la posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se ha de indicar en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación. El criterio, sigue señalando, no está mínimamente delimitado, lo que atenta contra la transparencia e igualdad de trato de los licitadores, puesto que no se conoce ni qué quiere valorar el órgano de contratación, ni tampoco los criterios para hacerlo.
Finalmente, impugna la recurrente la, a su juicio, indebida exigencia de que se incluyan en el sobre 2 los siguientes documentos: Autorización para Asistencia Técnica de equipos e instalaciones xx xxxxx X con fines de diagnóstico médico, según RD 1085/2009 de 3 de julio; certificación y autorización administrativa como empresa instaladora autorizada en
A este respecto, entiende la recurrente que el PCAP confunde lo que tiene que ser objeto de consideración en el apartado de solvencia y habilitaciones legales del sobre n°1, y no en el de criterios de valoración de ofertas del sobre n°2, por tratarse de autorizaciones y certificaciones relativas a requisitos de aptitud empresarial para acceder a la presente licitación que se encuentran proyectados en el ámbito de la solvencia del empresario y sus habilitaciones legales.
Considera que no puede incluirse la exigencia de aportar los certificados y autorizaciones mencionadas en la documentación relativa a un criterio subjetivo -que ha de aportarse en el sobre 2-, por cuanto no permite valorar la oferta económicamente más ventajosa sino que su aportación constituye un requisito de acceso a la licitación: de no aportarse la mercantil no puede ejecutar los servicios objeto del contrato por cuanto ha de ser excluida.
A ello añade que, si bien es cierto que de conformidad con el artículo 80 del TRLCSP, el órgano de contratación puede exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, no lo es menos que en virtud del mismo artículo, el órgano de contratación está obligado a reconocer los certificados equivalentes que presenten los empresarios.
Asimismo, considera que contra lo señalado en el pliego, la no presentación de la documentación a aportar para un criterio subjetivo nunca puede ser causa de exclusión sino de no puntuación, por tanto una vez exigidas las certificaciones y autorizaciones en el apartado de solvencia y/o habilitaciones empresariales correspondiente, es evidente que la exclusión por la causa definida no es procedente, razonable ni proporcionada.
En el informe evacuado por el órgano de contratación se señala, respecto a este motivo de impugnación, que partiendo de la libertad de establecer los criterios de adjudicación que estime pertinentes el órgano de contratación, no puede deducirse que los establecidos en el PCAP impugnado no sean concretos.
En el caso particular de equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia, indica el órgano de contratación que se valorará la relación de equipos que presente la oferta de la empresa y la utilidad de estos en aras a que puedan paliar en mayor medida un trastorno asistencial por una avería de los existentes, consultando para ello con los responsables de cada uno de los servicios la importancia de este elemento sustitutivo, y realizando una clasificación en función de la información obtenida del lote de equipos puesto a disposición, de tal forma que el lote que presente mayor número de equipos útiles a juicio de valor por los profesionales, obtendrá la mayor puntuación, distribuyéndose el resto de forma proporcional.
En el caso de las gamas de mantenimiento sobre los equipos a mantener, considera el órgano de contratación que lo que se trata de analizar es el grado de profundidad de las gamas en relación a los equipos que se aplican, y por tanto se trata de un juicio de valor del órgano de contratación en la consideración de qué alcance y frecuencia se adapta mejor a las necesidades del parqué de equipos de electromedicina que aquel posee. No tendría sentido valorar exclusivamente la cantidad del número total de gamas y las veces que se repiten, puesto que todos los equipos electromédicos no tienen el mismo grado de importancia en la repercusión de la actividad asistencial, ni el mismo riesgo para los pacientes y profesionales.
En el caso de los acuerdos de colaboración con los fabricantes de los equipos, indica que tienen mayor importancia aquellos acuerdos sobre los equipos de tecnología más complicada y que puedan afectar en mayor medida a la actividad asistencial del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx. Se trata de los acuerdos más ventajosos para él, propuesta que será consensuada por tanto con los profesionales de este complejo usuarios de los equipos,
se trata por tanto de un juicio sobre la utilidad que dichos acuerdos de colaboración representen.
Finalmente señala, respecto al criterio número de las horas de técnico ofertadas, que en función del tipo de hora de técnico ofertada, la cualificación que posean, si son de presencia física o localizada, etc., el Complejo Hospitalario xx Xxxxxx considerará cual es la solución más ventajosa para llevar a cabo el contrato.
Expresados muy brevemente los argumentos expuestos por la entidad recurrente y por el órgano de contratación en relación con el primer motivo del recurso, nos corresponde determinar, en primer lugar, si los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor previstos en el apartado T1, del Cuadro de Características que consta como Anexo I del PCAP, son lo suficientemente concretos para garantizar los principios de igualdad y no discriminación de los licitadores, sin dejar en manos de los técnicos la decisión última sobre qué y cómo se ha de proceder a su evaluación.
A este respecto, este Tribunal, en numerosas resoluciones ha expresado la necesidad de que los criterios de adjudicación se definan y ponderen con la suficiente precisión en los pliegos, sin que resulte admisible la expresión de criterios abiertos e imprecisos que dejen plena libertad a los técnicos a la hora de su concreción en el proceso de valoración de las ofertas.
Así, en la Resolución 132/2015 de este Tribunal señalábamos que “Los principios rectores básicos de la contratación pública exigen que, tanto la descripción de los criterios de adjudicación como la determinación de las reglas de ponderación de los mismos y de igual modo las mejoras, queden fijados con el necesario nivel de concreción en los Pliegos, permitiendo a los licitadores conocer de antemano cuáles serán las reglas precisas que rijan la valoración de sus ofertas y evitando que puedan producirse arbitrariedades en dicha valoración, cuyos parámetros no pueden quedar discrecionalmente en manos de la mesa de contratación.”
Debemos tener en cuenta, asimismo, lo señalado en el apartado 4 del artículo 150 TRLCSP, con arreglo al cual “Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse
Como señalamos en la Resolución 590/2013, la falta de concreción de las puntuaciones en los Pliegos, dejando entera libertad a la discrecionalidad técnica de los órganos de valoración para trazar los criterios de valoración de la oferta, supone un vicio de nulidad de pleno Derecho del artículo 62.1, a) de la LRJPAC por infracción del principio de igualdad (artículo 14 CE).
Así las cosas, la clave para resolver la controversia radica en la apreciación de si los criterios de adjudicación establecidos por el cuadro de características son lo suficientemente precisos en su definición y alcance para garantizar la igualdad de los licitadores.
Pues bien, con la excepción que se va a indicar a continuación referida al criterio “Otras mejoras ofertadas”, el grado de concreción de los criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor es suficiente para que sean conocidos por los licitadores, sin que puedan generar desigualdad y falta de transparencia en la presentación y posterior valoración de las ofertas. Consta con toda claridad su ponderación relativa en el conjunto de criterios de adjudicación, y, si bien hay tres de ellos (equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia, acuerdos de colaboración con fabricantes de equipos y aumento de las horas de personal técnico sobre las exigidas en el pliego) dejan un significativo margen de discrecionalidad en su valoración por parte del órgano de contratación, no puede llegarse a la conclusión que en base a los mismos se impide a los licitadores formular sus ofertas con un grado suficiente de conocimiento. Por lo tanto, en este punto, el motivo debe ser desestimado.
Especial consideración, no obstante, merece el criterio de adjudicación consistente en Otras mejoras ofertadas-Hasta 2 puntos.
Respecto a las mejoras como un criterio de adjudicación evaluable debe tomarse en consideración el artículo 147 del TRLCSP que al regular específicamente las variantes y mejoras prevé que: “1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad. 2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación.
De la norma citada se debe concluir que el TRLCSP proscribe las mejoras genéricas, no determinadas en cuanto a los aspectos de la prestación que serían mejorables por las propuestas de los licitadores. En este sentido, el Tribunal sostiene un criterio consolidado a lo largo de sus resoluciones, sirviendo como ejemplo las Resoluciones 514/2013, 207/2013, 302/2011, 189/2011. En ellas hemos señalado que si no se establecen previamente las mejoras a considerar y las pautas para su valoración, las cláusulas del PCAP relativas a esas mejoras incurren en un vicio de nulidad de pleno derecho por colisionar con los principios rectores de la contratación pública exigidos por la normativa comunitaria, y contemplados en el vigente TRLCSP, en su artículo 1.
En este sentido, en la Resolución nº 302/2011 decíamos que: “la introducción de variantes o mejoras como criterio de adjudicación exige su relación directa con el objeto del contrato, una adecuada motivación, su previa delimitación en los pliegos o, en su caso, en el anuncio de licitación y ponderación de las mismas. Así ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la obligación de que el pliego de cláusulas detalle los requisitos y condiciones en la prestación de las variantes o mejoras en aras al respeto del principio de igualdad de trato de los licitadores, en la Sentencia de 00 xx xxxxxxx xx 0000, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx GMBH”.
La necesidad de que los pliegos concreten qué mejoras serán consideradas tiene como finalidad que los licitadores puedan elaborar sus ofertas con pleno conocimiento de los elementos que van a ser valorados, para evitar que la indefinición de las mejoras y su ponderación les impida poder formular sus ofertas en condiciones de plena igualdad. De
acuerdo con estas consideraciones procede declarar nula debido a su indefinición la cláusula Otras mejoras del Apartado T 1, del Cuadro de Características del PCAP.
Por otro lado, impugna la recurrente la, a su juicio, indebida exigencia de que se incluyan en el sobre 2 los siguientes documentos: Autorización para Asistencia Técnica de equipos e instalaciones xx xxxxx X con fines de diagnóstico médico, según RD 1085/2009 de 3 de julio; certificación y autorización administrativa como empresa instaladora autorizada en Baja Tensión, categoría especialista (IBTE), según la ITC-BT-03 del REBT; y certificación de aseguramiento de la calidad según la norma UNE EN ISO 9001, en cuyo alcance esté incluido el mantenimiento de equipos electromédicos.
En el análisis de esta cuestión debemos recordar que si bien el órgano de contratación goza de una amplia discrecionalidad a la hora de seleccionar los criterios de adjudicación que considere más idóneos en cada caso, dicha libertad de elección tiene su límite en la exigencia, derivada del artículo 150.1 del TRLCSP, de que los criterios de adjudicación seleccionados guarden una vinculación directa con el objeto del contrato y no con características o circunstancias de las empresas licitadoras.
Así, el artículo 150.1 del TRLCSP señala: "Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo."
En efecto, es necesario distinguir dos fases del procedimiento de licitación, por un lado la de valoración de la solvencia de las empresas, y por otra, la de valoración de sus ofertas. En este sentido, este Tribunal, en su Resolución 220/2012, señala: “Se puede por tanto concluir que la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, así como también la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han establecido la necesidad de distinguir entre criterios de solvencia de la empresa que constituyen características de la misma y los criterios de adjudicación que deben referirse a las características de la oferta, habiéndose utilizado esta diferenciación, fundamentalmente, para excluir la utilización como criterios de adjudicación de cuestiones tales como la experiencia de la empresa en la ejecución de contratos similares y otros de naturaleza análoga, que nada aportan en relación con la determinación de la calidad de la oferta efectuada por el licitador. Y ello porque lejos de referirse a cualidades de ésta última, lo hacen a circunstancias de la empresa licitadora considerada en su conjunto”.
De acuerdo con estas consideraciones, las características o circunstancias de la empresa licitadora no deben ser valoradas para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Aplicando esta doctrina al presente supuesto, podemos concluir que la presentación de la autorización para Asistencia Técnica de equipos e instalaciones xx xxxxx X con fines de diagnóstico médico, según Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio; certificación y autorización administrativa como empresa instaladora autorizada en Baja Tensión, categoría especialista (IBTE), según la ITC-BT-03 del REBT; y certificación de aseguramiento de la calidad según la norma UNE EN ISO 9001, en cuyo alcance esté incluido el mantenimiento de equipos electromédicos, no pueden ser tomados en consideración para valorar las ofertas de los licitadores, ni, por lo tanto, deben figurar en el sobre 2. Por consiguiente, procede anular en este aspecto el apartado AA del Cuadro de Características del PCAP, sin perjuicio de que la presentación de estos documentos pueda ser exigida por el PCAP como elemento para valorar la solvencia de los licitadores, en cuyo caso deberán ser presentados en el sobre 1.
Sexto. Es objeto de impugnación la cláusula 4 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas en lo referente al equipamiento incluido en el objeto del contrato; a los equipos no electromédicos incluidos en el contrato, y al equipamiento denominado excluido del objeto del contrato.
Señala la recurrente, en primer lugar, que la citada cláusula del PPT impone al contratista la prestación de los servicios de mantenimiento objeto del contrato sobre un número de equipos e instalaciones electromédicas indeterminado. Así, el párrafo primero de esta cláusula señala que En el Servicio a contratar estará incluido, la conservación y el mantenimiento de todos los equipos electromédicos, que estando o no incluidos en el Inventario actual, son propiedad del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx (en adelante CHT), compuesto por los siguientes Centros sanitarios: Hospital Virgen de la Salud, Hospital Xxxxxx xxx Xxxxx, CEDT xx Xxxxxx, CEDT xx Xxxxxxxx, CEDT xx Xxxxx, CEDT xx Xxxxxxxx, así como los Servicios y Unidades pertenecientes al CHT ubicados en el Hospital Nacional de Parapléjicos, Hospital Provincial xx Xxxxxx, Hospital Tres Culturas, y en las instalaciones de Radiología de los Centros de Salud asociados al Área de Salud del CHT, además de los Servicios que temporalmente estén desplazados por obras a otros edificios o Centros. Además, la empresa adjudicataria asumirá el mantenimiento de los nuevos equipos electromédicos que el CHT pudiera adquirir durante los dos primeros años de vigencia del presente contrato, en las mismas condiciones de mantenimiento contempladas en el presente Pliego, sin que ello suponga un incremento en el precio del Contrato.
Por consiguiente, la recurrente considera que la relación de instalaciones y equipos que integran el Inventario (Anexo VIII) sobre los que debe prestarse el servicio de mantenimiento objeto del presente contrato es únicamente orientativa, ya que realmente nos encontramos ante una lista de equipos abierta e ilimitada, pudiéndose incorporar todos aquellos que el órgano de contratación estime oportunos, en cualquier momento, sin incremento del precio del contrato.
Ello conlleva, según su criterio, la imposibilidad de que se pueda dimensionar con precisión el coste de los servicios de mantenimiento y puede conllevar un enriquecimiento injusto por parte del órgano de contratación, en detrimento del contratista, pues no se prevé modificación contractual alguna que le permita ser compensado por el aumento de unidades a mantener o por el aumento de centros en los que prestar el servicio.
Por otro lado, afirma la entidad recurrente que, en discordancia con el objeto del PCAP tal y como ha sido configurado, el PPT incluye en el objeto de la prestación de servicios que se
Se refiere la recurrente, particularmente, a los equipos de refrigeración, conservación, congelación y ultra congelación, tanto gama blanca como industrial; a los Sistemas electrónicos de control de temperaturas, incluyendo sensores, controladores y transmisores de alarma de todos los equipos antes mencionados; a las lavadoras de material de laboratorio y de biberones; y a las instalaciones eléctricas en quirófanos y salas de intervención (UVI's, paritorios, salas de radiología intervencionista, etc.).
Estima la recurrente que el PPT no puede ampliar el objeto del contrato, toda vez que su concreción forma parte del conjunto de derechos y obligaciones que van a regir la licitación, y por tanto, su regulación corresponde al PCAP. Por otro lado, los pliegos, según su criterio, deberían exigir a los licitadores la habilitación de empresa instaladora/mantenedora de instalaciones frigoríficas para poder realizar las labores de mantenimiento en estos equipos regulada por el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Por todo ello, la mercantil recurrente considera que la prestación de servicios de mantenimiento integral sobre los equipos mencionados, tiene que ser eliminada del objeto del contrato puesto que el órgano de contratación no ha exigido las habilitaciones legalmente necesarias para su prestación, incumpliendo, por tanto, la normativa legal expresada.
Por otro lado, la entidad recurrente impugna el apartado 4.2.1 del PPT en el que, en relación con los equipos de alta tecnología, se impone al contratista la obligación de realizar la primera intervención, evaluar el alcance de la avería, y solucionarla cuando sea posible sin la intervención de terceros. En caso de no poder solucionar, gestionará la reparación con el Servicio de Asistencia Técnica correspondiente. En cualquier caso, registrará en GMAO todas las intervenciones, ya sean de mantenimiento preventivo como de correctivo, dejando constancia de todo el proceso de la asistencia técnica, desde el inicio de la comunicación de la avería hasta que ésta quede resuelta por el servicio técnico contratado por el Sescam o por otros, quedando constancia también de la descripción de los trabajos realizados, el tiempo empleado y el coste de la reparación.
Esta obligación de realizar la primera intervención, según la cláusula citada, se refiere a los siguientes elementos: Equipos de radiología digital (tórax, suspensiones de techo, buckys, mamógrafos y telemandos), TC's, PET's y Resonancias Magnéticas; Equipos de Radioterapia y Medicina Nuclear, tales como aceleradores lineales, bombas de cobalto, simuladores, gammacámaras, sistemas de planificación y ciclotrón; Equipos de Hemodinámica, Electrofisiología cardiaca y Angiografos digitales; Equipos de Litotricia Extracorpórea.
Según la recurrente, dicho mantenimiento de primera intervención requiere una habilitación específica para entrar en la sala e intervenir en el equipo. En particular, en lo que se refiere a los Equipos de Radioterapia y Medicina Nuclear, la habilitación necesaria comprende, con arreglo a lo señalado en el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
En este sentido, considera que no puede realizarse el mantenimiento en lo relativo a la primera intervención sobre los equipos descritos, evaluando el alcance de la avería y solucionándola, si no se cuenta con las habilitaciones requeridas, así, no se trata únicamente de una errónea consideración de excluido sino que se exige un mantenimiento que no puede prestarse por cualquier licitadora sino que requiere de una habilitación especial.
El órgano de contratación, en su informe, se refiere, en primer lugar, al equipamiento incluido en el objeto del contrato. A este respecto considera que el inventario del Hospital, y más aquél vinculado a bienes muebles (equipamiento médico, mobiliario, instrumental,...) es dinámico por naturaleza, ya que ni las bajas (averías, pérdida, robo, obsolescencia tecnológica,...) ni las altas (condicionadas por las disponibilidades presupuestarias, las propias bajas a reponer -de manera programada o urgente - y por los plazos de entrega de los proveedores) pueden planificarse razonablemente, para dar lugar a un inventario cerrado. Por ello, es del todo consecuente con la naturaleza misma del inventario que el mismo sea orientativo, ya que nunca se cierra.
En lo que se refiere a otros equipos no electromédicos incluidos en este contrato, señala el órgano de contratación que se han incluido en este apartado los equipos de refrigeración relacionadas con actividades asistenciales: laboratorios de todo tipo, banco de sangre, farmacia, quirófanos, uvis, etc., y que es cierto que para determinados trabajos de mantenimiento y de reparación es necesario poseer la habilitación como empresa mantenedora de instalaciones frigoríficas. Ahora bien, según señala el órgano de contratación el adjudicatario podrá subcontratar siempre dicho trabajo a otra empresa bajo su control si no posee dicha habilitación. Pero que para el control diario del correcto funcionamiento de los equipos el personal de electromedicina dispone de la cualificación de sus técnicos necesaria y de los instrumentos electrónicos de medida para realizar un seguimiento continuo.
Por último, respecto al equipamiento denominado excluido del objeto contrato, señala el órgano de contratación que la recurrente no entiende correctamente el significado de primera intervención según se indica en el Pliego, ya que lo que se ha pretendido indicar con este concepto es que una primera intervención a nivel usuario técnico se realiza para poder identificar el origen de la avería, si está en el propio equipo o en un agente externo, lo más común suele ser un defecto en la alimentación eléctrica del equipo propiciada por las propias instalaciones del hospital. En ningún caso se pretende que los técnicos de la empresa de electromedicina manipulen interiormente los equipos, por la principal razón de que la tecnología de estos equipos es muy específica y sólo suele estar al alcance de los técnicos del propio fabricante o su distribuidor.
Se pretende, por tanto, según el órgano de contratación, que se realice por parte de un profesional de la electromedicina la comunicación de la avería a la empresa encargada del mantenimiento para que el técnico de la empresa mantenedora del equipo de alta
En el análisis de la cuestión controvertida, debe tenerse presente que el órgano de contratación goza de un amplio margen de discrecionalidad para determinar los requisitos técnicos de la prestación que se pretende contratar, a fin de garantizar, como señala el artículo 1 del TRLCSP, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos públicos.
Decíamos en nuestra Resolución 548/2014, de 18 de julio, “que debe partirse de la existencia de un amplio margen de discrecionalidad para el órgano de contratación a la hora de definir los requisitos técnicos que han de exigirse. Cabe citar en este sentido el informe de la Junta Consultiva xx Xxxxxxx 2/2009: “La determinación de los criterios técnicos en los pliegos, así como su aplicación concreta por la mesa de contratación, son libremente establecidos por las entidades adjudicadoras de contratos públicos, dentro de los límites de la ciencia y la técnica, por ser ellas las que mejor conocen las necesidades públicas que deben cubrir y los medios de los que disponen y que no son susceptibles de impugnación, salvo en los casos de error patente o irracionalidad”.
En definitiva, el órgano de contratación es libre de determinar qué requisitos técnicos han de ser cumplidos por los licitadores, habiendo señalado tanto este Tribunal, como otros Tribunales competentes en materia de contratación pública, que no puede considerarse contrario a la libre concurrencia el establecimiento de prescripciones técnicas que se ajusten a las necesidades del órgano de contratación. Cabe así citar la Resolución nº 9/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Madrid: “Se limita la concurrencia cuando se establecen prescripciones técnicas que sólo puede cumplir uno de los licitadores, no cuando habiendo determinado justificadamente la Administración la necesidad de un producto y estando éste presente en el mercado en una pluralidad de productores y abierto también a la producción de otros más que quieran fabricarlo, se exige una forma de presentación determinada, ajustada a las necesidades a satisfacer y que
Y en la Resolución 250/2015, de 23 xx xxxxx, citando la Resolución 756/2014, decíamos que “Pues bien, debe tenerse presente (...) lo dispuesto en los artículos 86 y 117.2 del TRLCSP, con arreglo a los cuales el contrato debe ajustarse a los objetivos que la Administración contratante persigue para la consecución de sus fines, correspondiendo a ésta apreciar las necesidades a satisfacer con el contrato y siendo la determinación del objeto del contrato una facultad discrecional de la misma, sometida a la justificación de la necesidad de la contratación y a las limitaciones de los artículos 22 y 86 del TRLCSP.
Partiendo de las anteriores consideraciones, este Tribunal, en relación con las alegaciones efectuadas por la entidad recurrente y por el órgano de contratación sobre el equipamiento incluido en el objeto del contrato, estima razonable la argumentación de que no es exigible que la prestación contratada se circunscriba a los equipos existentes al tiempo de convocar la licitación. Por su propia naturaleza, el inventario de los equipos electromédico de un conjunto hospitalario es dinámico, siendo previsible que durante la ejecución del contrato de produzcan tanto altas como bajas de los equipos incluidos en él, debiendo asumir los licitadores el riesgo inherente a las variaciones razonables del aquel. Por consiguiente, procede desestimar el recurso en este punto.
En cuanto a los equipos no electromédicos incluidos en este contrato, debemos recordar que el PCAP debe definir con exactitud el objeto del contrato, no siendo aceptable que el PPT contenga declaraciones o cláusulas que lo modifiquen. En este sentido, el artículo
115.2 del TRLCSP señala que “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se
A este respecto, el Acuerdo 84/2015, de 10 xx xxxxxx de 2015, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos xx Xxxxxx señala que El objeto de los contratos son las obligaciones que él crea, y esas obligaciones, a su vez, tienen por objeto prestaciones (sea de dar cosas, de hacer o de no hacer) que constituyen el objeto de la ejecución del contrato. Esta es la razón de que todas las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la legislación de contratos del sector público, tengan la obligación de determinar y dar a conocer de forma clara las prestaciones que serán objeto de adjudicación. Cualquier acepción genérica o confusa, comporta para el licitador inseguridad jurídica. De este modo, en función de la descripción utilizada por la Administración para definir las prestaciones que comprende el negocio jurídico a celebrar, los empresarios advierten su capacidad para concurrir a la licitación, a través de relación entre el objeto del contrato y el objeto social del licitador. En este sentido, en el anuncio de licitación y en los pliegos de condiciones, siempre se debe señalar con la mayor exactitud posible el objeto y alcance de las prestaciones que se desean contratar, de forma que los operadores económicos puedan identificarlas correctamente y en su caso, decidir presentar sus ofertas.
Así las cosas, la circunstancia de que el PCAP señale que el objeto del contrato es el servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx no determina que el PPT no pueda exigir determinadas prestaciones accesorias de menor entidad, cual es el caso del mantenimiento de los equipos no electromédicos descritos en el PPT, sin que ello suponga una ampliación indebida del objeto del contrato. Los licitadores conocen en todo momento, en virtud de lo establecido en la cláusula 4 del PPT, que la prestación del servicio comprende esta obligación, circunstancia que deberán ponderar a la hora de formular sus ofertas. De acuerdo con estas consideraciones, procede la desestimación del recurso en este punto.
Séptimo. Vamos a analizar a continuación, conjuntamente, la impugnación de las cláusulas 5 y 6.7 del PPT, en las que se establece la obligación de traslado de los equipos de nueva adquisición, y de las cláusulas 6.3 y 6.5 del PPT, relativas a los repuestos, suministros y materiales incluidos en el objeto del contrato.
Señalan textualmente las cláusulas 5 y 6.7 del PPT que las obligaciones del contratista comprenden el traslado, montaje y puesta en marcha de los equipos de nueva adquisición. A juicio de la recurrente, ello puede dar lugar a una prestación que nada tiene que ver con un servicio de mantenimiento y que exigiría la tenencia y el cumplimiento de una serie de requisitos que ni se han requerido en este caso, ni han sido debidamente anunciados. Esta prestación puede conllevar, según la recurrente, que se exija el traslado de dichos equipos a otros Hospitales o Centros con las graves consecuencias que ello generaría para la adjudicataria, que no puede calcular el coste de los mismos ni éste habría sido incluido en el valor estimado del contrato. A su juicio, en caso de no delimitarse y definirse correctamente el alcance del traslado de los equipos, podríamos encontrarnos con un servicio de transporte que constituye una prestación ajena e independiente, no accesoria, del servicio de mantenimiento de equipamiento electromédico objeto del contrato.
Se impugna también por la recurrente la cláusula 6.3 del PPT en la que se impone al adjudicatario la obligación de asumir el coste de todos los repuestos, accesorios y materiales necesarios para la reparación de los equipos electromédicos objeto del contrato, y la cláusula 6.5 del PPT, en la que se establece que el adjudicatario asumirá el coste de
Según la recurrente, el pliego impone a la adjudicataria la obligación de sustituir tantos materiales, repuestos y accesorios como sean precisos para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de los equipos sin límite de número y valor. A su juicio, esto resulta absolutamente desproporcionado y corresponde a una prestación de suministros de gran entidad económica y que goza de autonomía propia, por lo que debe ser eliminada del presente contrato o, en su defecto, licitada conforme a la modalidad contractual que corresponde. (Contrato mixto).
En este sentido considera que cualquier repuesto de equipo no puede considerarse englobado en la prestación de un servicio de mantenimiento, ya que, tal y como se ha configurado el PPT en este punto, no nos encontramos ante auténticos repuestos como tal necesarios y complementarios para prestar un adecuado servicio de mantenimiento, en este caso se exige el suministro de "partes de equipo" que no son complementarias y que tienen un coste muy elevado, de tal forma que en caso de considerarse implícitas en la prestación de este servicio de mantenimiento afectarían al valor estimado del contrato e impedirían al licitador efectuar su control gasto presupuesto.
Por su parte, el órgano de contratación señala que es frecuente que el Complejo Hospitalario xx Xxxxxx se vea en la necesidad de adquisición de nuevos equipos electromédicos para sus centros. Según el perfil del equipo adquirido, la adquisición puede implicar el suministro y puesta en marcha del equipo por parte del proveedor o simplemente se limita a su suministro, y la correspondiente puesta en marcha será realizada por el usuario. En cualquiera de los casos el Hospital deberá recepcionar los equipos adquiridos y confirmar que cumplen con las especificaciones técnicas de compra. A este respecto, señala el órgano de contratación, los trabajos de traslado de equipos previstos en las cláusulas 5 y 6.7 del PPT no son diferentes a los que se tenga que hacer diariamente en la ejecución del contrato de mantenimiento, traslados de equipos desde su ubicación habitual al taller para su reparación.
Así las cosas, procede analizar si las prestaciones establecidas en las cláusulas 5, 6.3, 6.5 y 6.7 del PPT son las propias del contrato de mantenimiento de equipos electromédicos, como defiende el órgano de contratación, o incluyen prestaciones ajenas a éste, que en su caso, pueden corresponder al contrato de suministros. Y en efecto, se observa que en las cláusulas citadas del PPT, al describir en el PPT el contenido obligacional del contrato, se impone al contratista obligaciones de suministro de los repuestos, accesorios y materiales necesarios para la reparación de los equipos y obligaciones de transporte de los nuevos equipos electromédicos a los centros del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx, sin definir con claridad el régimen jurídico de las mismas.
Por consiguiente, según el contenido obligacional del PPT, se puede concluir que, en contra de lo manifestado por el órgano de contratación, el presente contrato no es un mero contrato de servicios, limitado al mantenimiento de los equipos electromédicos del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx, sino un contrato mixto, complejo, que integra prestaciones de diversos contratos, y en el que la determinación del régimen jurídico aplicable a su adjudicación exige conocer, conforme a lo establecido en el artículo 12 del TRLCSP, cuál sea la prestación más importante desde el punto de vista económico. Por ello, es necesario que los Pliegos especifiquen el importe o precio que corresponde a cada una de las prestaciones integradas en el contrato mixto, como por otro lado se encarga de recordar el artículo 2.1 del RGLCAP: “Podrán celebrarse contratos con pluralidad de objeto, pero cada una de las prestaciones deberá ser definida con independencia de las demás.”
En el presente supuesto, la importancia de la prestación consistente en los repuestos, suministros y materiales respecto del conjunto del contrato llevan a la conclusión de que el contrato debería haberse configurado como un contrato de carácter mixto, con prevalencia de las prestaciones correspondientes al contrato de servicios (mantenimiento). Ahora bien,
2.1 del RGLCAP. A ello se une que la prestación, también adicional o accesoria, del traslado de los equipos, no se regula ni tampoco se define exactamente, lo cual permite confirmar la conclusión mencionada.
Octavo. Impugna la recurrente las cláusulas 6.3 y 8 del PPT, por imponer al contratista la obligación de utilizar repuestos originales y/o los que el fabricante autorice y certifique.
A juicio de la recurrente, se impone a la adjudicataria la obligación, no justificada, de que los repuestos que ha de suministrar sean originales, haciendo hincapié en esta exigencia cuando la pieza de repuesto sea determinante para la seguridad, sin definir exactamente qué piezas son esas y a cuales se refiere.
Considera que esta obligación implica imponer la marca y el modelo del fabricante del equipo en cuestión, favoreciendo al fabricante y a sus productos o a aquellos que estime oportuno el fabricante, otorgándole un importante poder autorizador y de certificación en materia de repuestos, cuando el artículo 117 del TRLCSP determina que basta con que el licitador pruebe en su oferta que los productos o repuestos cumplen las prescripciones técnicas establecidas por el órgano de contratación.
Señala el órgano de contratación que su propósito es mantener los equipos con las mismas prestaciones técnicas que en el momento de compra. Los equipos objeto del contrato son equipos con unas prestaciones técnicas muy específicas y los fabricantes utilizan tecnología propia. Los repuestos y accesorios de estos equipos deben de ser originales ó autorizados por el fabricante ya que en caso contrario empezaría a dar problemas de incompatibilidad, así como pérdidas de calidad y rendimiento. El uso de repuestos no originales o no autorizados por el fabricante supone la pérdida de conformidad CE de los equipos así como la pérdida de su seguridad eléctrica poniendo en riesgo la seguridad del paciente, así como posibles errores de diagnóstico.
El análisis de la cuestión controvertida exige traer x xxxxxxxx el artículo 117.8 del TRLCSP, con arreglo al cual, Xxxxx que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones
En el presente supuesto, estima este Tribunal que la previsión establecida en las cláusulas
6.3 y 8 del PPT no supone un incumplimiento del artículo 117.8 del TRLCSP, pues el objeto del contrato, consistente en el mantenimiento de unos equipos que cuentan con unas características técnicas muy complejas, justifica, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y, en definitiva, la seguridad de los pacientes, la exigencia de utilizar repuestos originales y/o los que el fabricante autorice y certifique, sin admitir productos equivalentes pues éstos no aseguran el mismo de nivel calidad y su correcta adecuación a los equipos. Procede desestimar en este punto las alegaciones realizadas por la recurrente respecto a la nulidad de las cláusulas 6.3 y 8 del PPT.
Noveno. Analizamos a continuación la impugnación de las cláusulas 6.6 y 8 del PPT en las que se impone al contratista la obligación de que su personal esté acreditado por el fabricante para el mantenimiento de los equipos de las clases IIB y III.
Conforme a lo señalado en la cláusula 3 del PPT los equipos electromédicos de las Clases llB y III son aquellos que presentan un riesgo moderado y/o alto, en función de su aplicación, tecnología involucrada y duración de uso, de acuerdo a los criterios establecidos en el anexo IX del R.D. 1591/2009.
A juicio de la entidad recurrente, la obligación impuesta en el PPT se basa exclusivamente en un informe recomendacional UNE que no ha sido desarrollado normativamente; crea una dependencia del fabricante que favorece la desigualdad en la licitación, y puede ser de cumplimiento imposible pues los propios fabricantes, especialmente cuando están interesados en la licitación, pueden negarse a acreditar a los técnicos de otras empresas.
El órgano de contratación señala que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios "los productos deberán ser mantenidos adecuadamente de forma que se garantice que durante su periodo de utilización, conservan la seguridad y prestaciones previstas por el fabricante".
A su juicio, si bien del "tenor literal" de esta norma no se deduce que el fabricante deba acreditar oficialmente la capacidad o formación suficiente, tampoco se deduce que el órgano de contratación no pueda exigirla, haciendo uso de la libertad que tiene para ordenar la prestación del servicio en las condiciones que, a su juicio, mejor garanticen la seguridad de los pacientes tratados en el CHT. Señala que mediante la aplicación de esta exigencia, el pliego pretende conseguir la máxima seguridad para los pacientes y profesionales.
Según su criterio, la cualificación del personal dedicado al mantenimiento de equipos electromédicos se contempla expresamente en la Circular 3/2012 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Anexo n° 2), cuyo punto IV.1 se reproduce a continuación:
Cualificación del personal
La instalación, utilización y mantenimiento de los productos sanitarios deben ser encargados a personas y/o entidades que posean el conocimiento necesario gracias a una formación especializada y/o a una experiencia práctica adquirida. La cualificación del personal se valorará en función de los productos y debe quedar demostrada para cada uno de los equipos sobre los que va a actuar.
Cualificación profesional
La entidad responsable de proporcionar el mantenimiento (el fabricante, su representante, el Centro Sanitario o el SAT) encargará dichas tareas a personal que haya sido previamente cualificado. La cualificación del personal se adquiere a través de una titulación académica o formación reglada específicas (por ejemplo, Técnico de Electromedicina, Ingeniero Clínico, Master en Ingeniería Biomédica), una acreditación profesional específica emitida por la
Cualificación específica
El personal encargado de realizar las actividades de mantenimiento deberá haber recibido la correspondiente formación teórica y práctica específica de acuerdo con el grado de complejidad técnica asociada a cada equipo, las especificaciones técnicas del mismo y las operaciones específicas a realizar.
De todo lo anterior, concluye el órgano de contratación que para conseguir la máxima seguridad en la reparación y mantenimiento de estos equipos, por su grado de riesgo para el paciente, los técnicos deben estar cualificados, formados y capacitados, por los fabricantes o sus representantes autorizados para acceder al conocimiento de la tecnología de los equipos.
Sentado lo anterior, estima este Tribunal que, de acuerdo con lo expresado en el Real Decreto 1591/2009 y en la Circular 3/2012 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no se puede deducir la exigencia de que, para el mantenimiento de determinados equipos, el personal tenga que estar acreditado por el fabricante. La Circular citada recomienda que el mantenimiento de los productos sanitarios se preste por personas con la titulación, acreditación o experiencia específica necesaria, pero sin exigir, repetimos, que se trate de personal acreditado por el fabricante de los productos.
Ahora bien, ello no quiere decir que los pliegos no puedan establecer la necesidad de esta acreditación cuando esté suficientemente justificado. Así ocurre en el presente caso, en el que la complejidad técnica de los equipos de las clases IIB y III descritos en el PPT, y la necesidad de garantizar su adecuado funcionamiento para la seguridad de los pacientes, son elementos que justifican, a juicio de este Tribunal, la exigencia que estamos examinando. Por consiguiente, procede la desestimación del recurso en este punto.
Décimo. La recurrente impugna la exigencia establecida en la cláusula 6.6 del PPT de crear una Oficina Técnica en el Hospital Virgen de la Salud.
Exige la Cláusula 6.6 del PPT la creación de una Oficina Técnica en los siguientes términos: "Asimismo, se creará una Oficina Técnica y taller a la vez, ubicada en el Hospital Virgen de la Salud, desde donde se coordinará todas las acciones para el mantenimiento de los equipos electromédicos"
A juicio de la entidad recurrente, la exigencia de esta Oficina carece de instrumentalidad desde el momento en que el PPT, en su Cláusula 6.11, (Pag.27) dice textualmente: "(...) El CHT pondrá a disposición del adjudicatario un local de suficiente amplitud para Oficina Técnica, taller, almacén, vestuario y aseo, con el objeto de que pueda desarrollar en las condiciones idóneas la actividad objeto del presente contrato."
Señala que carece de justificación la necesidad de abrir un establecimiento para desempeñar las mismas funciones que se llevan a cabo en la Central que tiene que facilitar el órgano contratante por obligación impuesta en el PPT, y, además, supone una carga desproporcionada para el contratista y, por supuesto, no vinculada al objeto del contrato.
Según el órgano de contratación, la existencia de una Oficina Técnica en el Hospital (oficina, almacén, despacho) es totalmente necesaria. Por ello, el Hospital pone a disposición del adjudicatario loa locales necesarios. El PPT obliga al adjudicatario a disponer en el Hospital de unos recursos humanos, técnicos y administrativos, mínimos, para la gestión del contrato. También recoge las diferentes funciones del adjudicatario: mantenimientos preventivos, correctivos, inventario, gestión y control de incidencias, documentación, uso de aplicación informática del SESCAM, etc. Será por cuenta del adjudicatario disponer en el Hospital de los medios de comunicación con el exterior necesarios, líneas telefónicas, acceso a Internet y correo electrónico,... para llevar a cabo correctamente su actividad diaria y gestiones del contrato. Es evidente que todas estas obligaciones y funciones obligan, según el órgano de contratación, a que el adjudicatario disponga en el Hospital de un espacio/local para montar una Oficina Técnica-Taller para desarrollar estos trabajos.
En este caso, la exigencia establecida en el PPT es, según el criterio de este Tribunal, proporcionada a fin de que el contratista pueda desarrollar adecuadamente las prestaciones que constituyen el objeto del contrato. A este respecto, debe recordarse que el órgano de
Undécimo. Impugnación de la cláusula 8.8 PPT en cuanto en ella se establece que se valorará que el adjudicatario esté certificado según la norma UNE - EN ISO 9001.
Señala la recurrente que incluir una valoración de este tipo en el PPT supone incumplir la normativa legal vigente puesto que no deben incluirse en el PPT aquellos elementos que sirven para la valoración de las ofertas ya que éstos son objeto de regulación en el PCAP. Por otro lado, considera que siempre habría de incluir la mención "o equivalentes" en el pliego, y, en todo caso, aun cumpliéndose todo lo anterior, nunca podría incluirse como criterio de valoración de ofertas una certificación de calidad de las empresas. Nos encontramos, pues, según la recurrente ante un triple incumplimiento.
A juicio del órgano de contratación, el recurrente realiza una mala interpretación de la palabra valorar en este apartado pues el PPT no pretende introducir criterios de valoración ya que éstos están incluidos en el PCAP, pero sí tiene la capacidad de indicar qué procedimiento y metodología seguidos en la gestión del servicio a prestar podría conseguir la máxima calidad.
Antes de analizar la cuestión controvertida, debe señalarse que cuando la recurrente menciona en su recurso la cláusula 8.8 del PPT, realmente se está refiriendo al contenido de la cláusula 6.8 del mismo.
Respecto a este motivo, cabe señalar que los certificados de aseguramiento de la calidad no pueden utilizarse como criterios de adjudicación de los contratos, aunque pueden exigirse como requisito de solvencia técnica. Así lo señala, entre otras, la Resolución 105/2015 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. En el mismo sentido se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 50/2006, de 11 de diciembre.
En el presente supuesto, la cláusula 6.8 del PPT señala que También se tendrá en consideración, en cuanto a la calidad del servicio prestado, que los procedimientos que elabore el adjudicatario y la metodología que adopte para la gestión y el mantenimiento del equipamiento electromédico objeto del contrato, estén de acuerdo a los requisitos de la serie de Normas UNE-EN ISO 9000. Igualmente se valorará que el adjudicatario este certificado según la norma UNE-EN ISO 9001, y en su alcance este incluido el objeto del presente Contrato.
Por consiguiente, no cabe duda de que, si bien de manera imperfecta, el PPT establece que los certificados de aseguramiento de la calidad se tendrán en cuenta como criterio de adjudicación del contrato, por consiguiente, procede estimar este motivo de recurso.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por Xx. M. E. M. V. , en nombre y representación de la mercantil MANTENIMIENTO ELECTROMÉDICO, S.A., (MANTELEC, S.A.) contra el anuncio de licitación, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características y el Anexo VIII (Inventario), correspondientes al expediente de licitación del contrato de “Servicio de mantenimiento integral del equipamiento electromédico del Complejo Hospitalario xx Xxxxxx”, anulando el procedimiento de contratación convocado y los pliegos que lo rigen que deberán modificarse en los términos expuestos en los fundamentos de esta Resolución.