RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Recurso 255/2017 Resolución 273/2017
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Sevilla, 22 de diciembre de 2017
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DE FLUIDOTERAPIA Y NUTRICIÓN PARENTERAL HOSPITALARIA
(XXXXXXXXXX) contra el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y documentación anexa que rigen el contrato denominado “Suministro de productos farmacéuticos: sueroterapia para todos los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria xx Xxxxxxx”, convocado por el Hospital Universitario Xxxxxx xxx Xxxxx en Sevilla, adscrito al Servicio Andaluz de Salud (Expte. 647/2017–PAAM 54/2017), este Tribunal, en el día de la fecha, ha dictado la siguiente
RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El 6 de octubre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el anuncio de licitación, por procedimiento abierto, del contrato indicado en el encabezamiento de esta resolución. Asimismo, el 23 de octubre de 2017, el
citado anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 255. El valor estimado del contrato asciende a 13.279.569,73 euros.
SEGUNDO. Es de aplicación a esta licitación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Igualmente, rige en la misma lo dispuesto en el Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley, y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
TERCERO. El 30 de octubre de 2017, XXXXXXXXXX presentó en una oficina de Correos escrito de recurso especial en materia de contratación contra los pliegos y documentación anexa de la contratación mencionada en el encabezamiento y ese mismo día remitió por correo electrónico a este Tribunal una copia en formato electrónico del citado escrito de interposición, cuyo original tuvo entrada en el Registro de este Órgano el pasado 6 de noviembre.
El 31 de octubre de 2017, la Secretaría del Tribunal dio traslado del escrito de recurso al órgano de contratación, requiriéndole la aportación del expediente de contratación, el informe al recurso, las alegaciones oportunas sobre la medida provisional de suspensión, así como el listado de licitadores con los datos necesarios a efectos de notificaciones. Tal petición de documentación hubo de ser reiterada al órgano de contratación el 8 de noviembre de 2017, presentándose la misma en el Registro del Tribunal el pasado 9 de noviembre con la salvedad del listado de licitadores que no se recibió completo hasta el 24 de noviembre de 2017.
CUARTO. El 15 de noviembre de 2017, este Tribunal dictó resolución acordando la medida provisional de suspensión del procedimiento de adjudicación.
QUINTO. Mediante escrito de 24 de noviembre de 2017, la Secretaría del Tribunal dio traslado del escrito de recurso al único licitador interesado en el procedimiento concediéndole un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, no habiéndose recibido ninguna en el plazo concedido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 41.3 TRLCSP en el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y en la Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del citado Tribunal.
SEGUNDO. Con carácter previo al estudio de la cuestión de fondo, procede abordar la legitimación de la Asociación recurrente para la interposición del presente recurso especial contra el pliego de cláusulas administrativas particulares de la contratación.
El artículo 42 del TRLCSP establece que “podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso.”
Asimismo, el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que “Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca”, y el artículo 24.1 del Reglamento de los procedimientos especiales de
revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado mediante Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, establece que “Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados”.
Sobre la legitimación activa de las Asociaciones existe abundante doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que se ha de entender, igualmente, aplicable en el ámbito del procedimiento del recurso especial en materia de contratación, pues la clave común en todos los casos está en el concepto de interés legítimo.
A priori, se ha de indicar que el estudio de la legitimación pasa por analizar el acto impugnado y su incidencia sobre los intereses defendidos por este tipo de Asociaciones, no pudiendo negárseles legitimación xx xxxxxxx y con carácter general, sin antes analizar aquella incidencia y el modo en que la misma resulta justificada e invocada en el recurso interpuesto.
En el supuesto examinado, el artículo 1 de los Estatutos de la Asociación recurrente establece que dicha Asociación es una organización profesional que desarrolla la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y comunes de las empresas que voluntariamente se integren en ella. Asimismo, el artículo 7 dispone que uno de los fines de la Asociación es representar y defender los intereses generales y comunes de sus miembros en los campos económico, profesional, social, tecnológico y comercial frente a personas físicas o jurídicas y a las Administraciones Públicas.
En este sentido, XXXXXXXXXX impugna determinados extremos de los pliegos al considerar que los mismos perjudican los intereses generales de sus asociados, por lo que es posible apreciar aquella conexión específica entre el acto impugnado y los intereses que representa y defiende la Asociación recurrente, debiendo reconocerse legitimación a la misma al amparo de lo previsto en el artículo 42 del TRLCSP.
TERCERO. Visto lo anterior, procede determinar si el recurso ha sido interpuesto contra alguno de los actos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del TRLCSP, son susceptibles de recurso en esta vía.
El recurso se dirige contra los pliegos de un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada que pretende celebrar un ente del sector público con la condición de Administración Pública, por lo que resulta procedente el recurso especial interpuesto de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 apartados 1 a) y 2 a) del TRLCSP.
CUARTO. En cuanto al plazo de interposición del recurso, el artículo 44.2 a) del TRLCSP dispone que “El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:
a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley.”
En el supuesto examinado, la publicidad obligatoria de la licitación quedó completada el 23 de octubre de 2017 , fecha en que el anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado, habiéndolo sido antes en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante.
En el caso que nos ocupa, el recurso se ha interpuesto en plazo. A tales efectos, debe tomarse como fecha de interposición -de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual, aprobado por Real Decreto 814/2015 de 11 de septiembre- el 30 de octubre de 2017. En cualquier caso, aunque se tuviera en cuenta como fecha de presentación el 6 de noviembre de 2017 -día en que tuvo entrada en el Registro del Tribunal el escrito original del recurso- el mismo estaría formalizado en plazo.
QUINTO. Una vez analizados los requisitos previos de admisión del recurso, procede abordar el estudio de sus motivos.
XXXXXXXXXX solicita la nulidad de los pliegos que rigen la contratación y funda su pretensión en una serie de motivos que se expondrán a continuación.
1. En primer lugar, esgrime que el órgano de contratación ha calificado erróneamente el contrato como de suministro, al concurrir también prestaciones propias de un contrato de servicios -instalación, formación del personal y servicio logístico de reparto de medicamentos en varios hospitales-, por lo que la calificación correcta debe ser, a su juicio, la de contrato mixto. En tal sentido, argumenta que el pliego de prescripciones técnicas prevé obligaciones relativas a un contrato de servicios tales como:
• Satisfacción de gastos de instalación y en caso de ser necesario, formación necesaria del personal propio de los centros para la utilización del objeto del contrato.
el Anexo II del PPT “Puntos de distribución de sueros”, lo que constituye, dado el número de puntos de distribución, un auténtico servicio logístico.
• Reposición de productos en los almacenes y obligación de llevarse los residuos y embalajes de los mismos.
Considera, pues, que, a través de todas estas obligaciones, el adjudicatario tiene que asumir prestaciones propias de un contrato de servicios -como la formación a los empleados, la instalación de los productos, el reparto en las distintas salas y áreas del hospital y la colocación en los almacenes de los medicamentos- que suponen un auténtico servicio logístico, completo e independiente, con una dimensión de costes que lo hace económicamente relevante en sí mismo, y que es objeto de licitaciones de contratos de servicios por parte del propio Servicio Andaluz de Salud.
Por tanto, a juicio de la recurrente, la calificación jurídica correcta es la de contrato mixto de suministro y de servicios, habiéndose incumplido lo dispuesto por el artículo 115.2 del TRLCSP en cuanto no aparece detallado en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) el régimen jurídico de las distintas prestaciones fusionadas.
En tal sentido, XXXXXXXXXX alega que los pliegos impugnados solo regulan el régimen jurídico del suministro en cuanto a los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, sin mencionar el régimen que resulta de aplicación a los servicios también incluidos, por lo que considera que debe declararse la nulidad de los pliegos a fin de que se determine en ellos el régimen jurídico de las distintas prestaciones fusionadas en el contrato. En apoyo de este alegato, cita la Resolución 326/2016, de 29 xx xxxxx, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por la que se anulan los pliegos de una contratación al estimar el Tribunal que el contrato regulado en los mismos no respondía a un mero suministro y no haberse establecido el régimen jurídico del contrato atendiendo a las distintas prestaciones fusionadas.
2. En segundo lugar, la recurrente denuncia que el objeto y precio del contrato no están correctamente definidos en los pliegos. Aduce que, teniendo en cuenta el número de empleados que trabajan en los recintos hospitalarios afectados por el contrato -solamente el Hospital Universitario Xxxxxx xxx Xxxxx cuenta con una plantilla de cerca de 7.900 trabajadores-, la variedad de instalaciones y el plazo del contrato que puede durar hasta un máximo de cuatro años, los gastos que comportan los servicios antes mencionados pueden ser de gran importancia y se hallan indeterminados, lo que resulta contrario al requisito del precio cierto establecido en el artículo 87 del TRLCSP.
A su juicio, con tal indeterminación, el contrato queda al arbitrio del órgano de contratación que puede exigir al adjudicatario múltiples servicios con autonomía propia que deben ser remunerados de forma separada al mero suministro de productos farmacéuticos.
Por tanto, solicita la declaración de nulidad de los pliegos a fin de que se redacten unos nuevos que cumplan con los requisitos legales del contrato mixto, especialmente en lo relativo a los efectos, cumplimiento y extinción de las prestaciones de servicios objeto del contrato, con concreción de sus gastos y de los mecanismos para su preceptiva retribución.
En el informe al recurso, el órgano de contratación se opone a los alegatos xx XXXXXXXXXX esgrimiendo los argumentos que se exponen a continuación:
1. En primer lugar, alega que el recurso debe inadmitirse toda vez que XXXXXXXXXX ya interpuso un recurso especial ante este Tribunal por el mismo motivo, que fue desestimado en la Resolución 114/2014, de 8 xx xxxx. Esgrime que el aspecto impugnado en aquel caso y en el presente es el mismo -a saber, la obligación de entregar la mercancía en los puntos de distribución existentes en los hospitales-, aun
2. En segundo lugar, y para el caso de no prosperar la inadmisión del recurso, el órgano de contratación señala que la Resolución 114/2014 de este Tribunal reconocía que el término “suministro” debe referirse también a las entregas físicas de la mercancía y que la distribución logística en los almacenes de consumo no sería más que la materialización de la obligación prevista en el art. 292.1 del TRLCSP para el contrato de suministro, de modo que la empresa adjudicataria debe entregar los productos en dichos lugares. También manifiesta que aquella resolución daba por probado que la distribución de sueros a los diferentes centros sanitarios de consumo viene siendo habitual y se realiza con normalidad por los proveedores.
Considera que la cláusula 2 xxx xxxxxx de prescripciones técnicas (PPT), en su último párrafo, establece una serie de prestaciones íntimamente relacionadas con el suministro en tanto constituyen elementos propios de la distribución, y prueba de ello es que tales prestaciones forman parte de la mayoría de los pliegos de otras Administraciones Públicas -realiza citas al respecto- cuando delimitan las obligaciones ordinarias conexas al contrato de suministro.
Asimismo, el órgano de contratación señala que la referencia en la cláusula 2 del PPT a la formación del personal de los centros es de carácter eventual, es decir, se menciona solo para el caso de resultar necesaria, siendo absurdo el argumento xx XXXXXXXXXX cuando extrapola dicha formación a los miles de trabajadores de los centros sanitarios de la provincia xx Xxxxxxx, toda vez que la formación solo iría dirigida a los profesionales de los Servicios de Farmacia. Por tanto, en absoluto se trataría de un servicio reglado para la impartición de cursos de formación y mucho menos para todo el personal de los centros sanitarios, concluyendo con base en todo lo anterior que no se está en presencia de un contrato mixto de suministro y de servicios.
Finalmente, en cuanto al motivo del recurso relacionado con la definición del objeto y precio, esgrime que se trata de una derivación del argumento principal de consideración del contrato como mixto, por lo que desvirtuado esto último, no cabe ya sostener aquellos alegatos colaterales.
SEXTO. Expuestas las alegaciones de las partes, procede el examen de la cuestión controvertida que, pese a la amplitud de los argumentos de las partes, se circunscribe en realidad a determinar si la calificación jurídica de contrato de suministro que hacen los pliegos es o no acorde a derecho, en la medida que pudieran regularse en los mismos prestaciones que, excediendo de las propias de un suministro, gozan de autonomía y sustantividad propia como contratos de servicios, fundamentalmente, el servicio logístico de distribución y el servicio de formación. Por tanto, la clave está en analizar la naturaleza jurídica de contrato regulado en los pliegos.
No obstante, con carácter previo, hemos de abordar el alegato del órgano de contratación acerca de la inadmisión del recurso sobre la base de que la Resolución 114/2014, de 8 xx xxxx, de este Tribunal ya desestimó un recurso interpuesto por XXXXXXXXXX contra unos pliegos anteriores donde el aspecto controvertido coincidía con el de la impugnación actual, al discutirse en ambos casos la obligación de entregar la mercancía en los puntos de distribución existentes en los hospitales.
Al respecto, se ha de indicar que el órgano de contratación -aun sin mencionarlo expresamente- se está refiriendo a la cosa juzgada; no obstante, en el supuesto examinado la misma no se produce en la medida que, entre el procedimiento resuelto y el pendiente de resolver, no existe identidad de sujetos, objeto y causa de pedir. Como ya señalábamos en la Resolución 15/2013, de 21 de febrero, “(…) el efecto de la cosa juzgada es de plena aplicación al ámbito administrativo como ya tiene reconocido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Asimismo, el Alto Tribunal sostiene que la cosa juzgada material aparece ligada a sentencias firmes –en nuestro caso, resoluciones administrativas- que resuelvan sobre el fondo del asunto
y que vinculan en un procedimiento posterior cuando entre lo planteado en este y lo ya resuelto exista plena identidad de personas, cosas y causas”.
En el supuesto examinado, solo existe la identidad de sujetos -recurrente y órgano de contratación-, pues ni coincide el objeto de la impugnación -se trata de pliegos de licitaciones diferentes- ni la causa petendi, toda vez que los motivos y fundamentos de ambas impugnaciones varían; así, en el caso resuelto con carácter firme se alegaba infracción de normativa sectorial sobre productos farmacéuticos y en el presente se invoca la infracción del régimen jurídico previsto para los contratos mixtos.
No procede, pues, acordar la inadmisión del recurso que solicita el órgano de contratación en su informe al recurso.
Debe examinarse, en consecuencia, la cuestión de fondo suscitada. Como punto xx xxxxxxx debe tenerse en cuenta que el objeto del contrato, tal y como se define en los pliegos, es el “suministro de productos farmacéuticos: sueroterapia para todos los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria xx Xxxxxxx”, centrándose el recurso en el contenido de diversas cláusulas del PPT que, a juicio xx XXXXXXXXXX, exceden de las obligaciones propias de un contrato de suministro.
La recurrente hace referencia al último párrafo del apartado 2 del PPT “El empresario está obligado a satisfacer los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación, si procede, y de los materiales, personal, trasporte, entrega, gastos de instalación y en caso de ser necesario, formación del personal propio de los centros necesaria para la utilización del objeto del contrato” que, en conexión con lo establecido en el apartado 3 del mismo pliego “La entrega, de acuerdo con la programación del servicio de farmacia destinatario, se efectuará en los almacenes de consumo de los lugares indicados en la relación del Anexo II del PPT denominado “Puntos de distribución de sueros” y siempre tendrá que ir acompañado del debido albarán”, determinan, a su juicio, la errónea calificación del contrato como de suministro, al concurrir también prestaciones propias de un contrato de servicios -instalación, formación del personal
y servicio logístico de reparto de medicamentos en varios hospitales-, que implicarían la existencia de un contrato mixto, sin que se haya atendido en los pliegos al régimen jurídico ni al coste de las citadas prestaciones de servicios.
Frente a tal alegato se alza el órgano de contratación con los argumentos antes expuestos, debiendo dársele la razón cuando manifiesta que ya la Resolución 114/2014, de 8 xx xxxx, de este Tribunal reconocía que el término “suministro” comprende la entrega física de la mercancía y que la distribución logística en los almacenes de consumo no sería más que la materialización de la obligación prevista en el art. 292.1 del TRLCSP para el contrato de suministro “El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.”
En definitiva, pues, pese a la complejidad que pueda conllevar la distribución de los sueros en los distintos lugares fijados en el contrato, ello se traduce en una obligación legal derivada del contrato de suministro que no puede alcanzar entidad autónoma como prestación propia de un contrato de servicios, máxime cuando ni siquiera se refleja en el recurso el coste aproximado que tal obligación pudiera suponer para el adjudicatario, siendo así que tal dato no debiera ser desconocido para la recurrente, pues la obligación cuestionada no se introduce ex novo en estos pliegos y debe existir experiencia en el sector sobre el gasto derivado de su cumplimiento.
Asimismo, por lo que se refiere al servicio de formación del personal, tampoco puede acogerse el alegato de la recurrente sobre su configuración como prestación propia de un contrato de servicios. El tenor del PPT es que el adjudicatario facilitará formación sobre la utilización del objeto del contrato en caso de ser necesaria, lo que pone de manifiesto dos circunstancias:
1ª) Que tal formación no es ni siquiera una obligación cierta que deba ejecutar, en todo caso, el contratista.
2ª) Que la formación, en caso de ser necesaria, solo afectará por razones lógicas al personal de los Servicios de Farmacia o que trabaje en los almacenes de consumo, pero en modo alguno a todo el personal del centro hospitalario como pretende hacer ver la recurrente en su escrito de recurso.
Así pues, la clave para determinar si estamos ante un contrato mixto en el que se fusionan prestaciones de diferentes contratos (artículo 25.1 del TRLCSP) o ante un único contrato del que derivan obligaciones que ha de asumir el contratista, exige atender a la autonomía y entidad de las obligaciones impuestas al contratista. En el supuesto examinado, la entrega de los bienes en los lugares de destino no solo es que sea una obligación legal derivada del contrato de suministro (artículo 292.1 del TRLCSP), sino que la misma carecería de autonomía como prestación de servicios al estar implícita en el suministro y no poder desligarse del mismo, pues no se entiende en el marco normativo contractual la compra de un bien sin su entrega y puesta a disposición de la entidad contratante. Asimismo, por lo que se refiere a la formación del personal en caso de ser necesaria, su propia configuración en los pliegos impugnados impide apreciar su autonomía y entidad como prestación independiente, pues la misma no subsistiría sin la existencia del suministro objeto del contrato, ni la ejecución del suministro supone necesariamente que la formación vaya a llevarse a cabo.
XXXXXXXXXX fundamenta sus alegatos en la Resolución 326/2016, de 29 xx xxxxx, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que declaró la naturaleza mixta de un contrato calificado en los pliegos como suministro de reactivos y materiales necesarios para la realización de unas concretas determinaciones analíticas. No obstante, las prestaciones recogidas en los pliegos del contrato analizado en aquella resolución excedían de las previstas en los pliegos aquí
examinados, toda vez que, además de las prestaciones propias del suministro de reactivos, calibradores, controles, consumibles y material fungible, se preveían prestaciones tales como la cesión de equipos, su instalación y puesta en marcha, el mantenimiento y actualización de los mismos, así como las obras necesarias para la adecuación del espacio físico de laboratorio y su automatización, prestaciones todas ellas claramente incardinadas en otras tipologías contractuales.
Así pues, hemos de concluir que los motivos xx XXXXXXXXXX acerca de que las obligaciones del PPT cuestionadas en el recurso constituyen prestaciones de servicios determinantes de la calificación del contrato como mixto no pueden prosperar, siendo este el criterio que, asimismo, sostiene el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la Resolución 814/2016, de 14 de octubre, cuando manifiesta que “La recurrente se muestra disconforme con el contenido de los pliegos. En el primer fundamento del recurso alega incorrecta calificación del contrato e indeterminación del objeto.
(…) En concreto considera que en el contrato se exigen prestaciones tales como el reposicionamiento, transporte y gestión logística de los productos suministrados y dicha gestión incluye la instalación de una solución de control logística compuesta por herramientas hardware y software que debe contar con determinadas características. Además, el adjudicatario ha de formar al personal del hospital que se trate y debe asegurar durante cuatro semanas, la presencia en quirófano de personal propio y experiencia contrastada para la asistencia y formación del personal. Según su criterio, estas prestaciones tienen tal entidad por sí mismas que deberían haberse licitado por separado y, si se considera que han de licitarse de forma conjunta, el contrato debería ser calificado como mixto”, concluyendo el citado Tribunal, tras el análisis de la cuestión suscitada, que “De la descripción de las tareas que se piden al eventual adjudicatario para una correcta asistencia postventa no se desprende que tengan entidad suficiente como para considerarse prestaciones de un contrato distinto, ni se aprecia a primera vista que la instalación de herramientas hardware y software y la formación sobre las mismas a los
empleados sea de tal entidad como para considerar que no puede determinar qué pesa más en el contrato, si el suministro de prendas o la citada instalación y formación. Es más, estas últimas actividades forman parte de las obligaciones del adjudicatario tras la entrega del material y no retribuyen separadamente, pues en el pliego se especifican únicamente los precios máximos de las prendas a suministrar. No puede considerarse que estemos ante un contrato mixto.
Cuestión distinta es si el órgano de contratación ha diseñado mal el pliego, estableciendo unas obligaciones postventa tan onerosas que hagan imposible la oferta por parte de las empresas. Eso determinaría la declaración de desierta de la licitación, pero no suponen una incorrecta calificación del objeto del contrato que vicie de nulidad el pliego”.
En definitiva, pues, con base en las consideraciones realizadas y doctrina invocada, no cabe estimar que las obligaciones descritas en el PPT a las que hace referencia la recurrente en su escrito de interposición desvirtúen la naturaleza del contrato de suministro objeto de los pliegos impugnados, por lo que procede la desestimación del recurso.
Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal
ACUERDA
PRIMERO. Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DE FLUIDOTERAPIA Y NUTRICIÓN PARENTERAL HOSPITALARIA
(XXXXXXXXXX) contra el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y documentación anexa que rigen el contrato denominado “Suministro de productos farmacéuticos: sueroterapia para todos los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria xx Xxxxxxx”, convocado por el Hospital Universitario Xxxxxx xxx Xxxxx en Sevilla, adscrito al Servicio Andaluz de
Salud (Expte. 647/2017–PAAM 54/2017).
SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47.4 del TRLCSP, el levantamiento de la medida provisional de suspensión del procedimiento adoptada por este Tribunal en Resolución de 15 de noviembre de 2017.
TERCERO. Declarar que no se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de multa en los términos previstos en el artículo 47.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
CUARTO. Notificar la presente resolución a los interesados en el procedimiento.
Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra K) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.