RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recurso nº 996/2017 C.A. de Cantabria 31/2017 Resolución nº 1040/2017
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
En Madrid a 10 de noviembre de 2017
VISTO el recurso interpuesto por D. J.D.D.L.R.D.S.J., en representación de la “ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA” , en adelante ASPEL,
contra los Pliegos que han de regir el procedimiento de licitación correspondiente al “Servicio de Trabajos de Limpieza de Centros Públicos, Dependencias Municipales, Instalaciones Deportivas y otras Atenciones”, convocado por el Ayuntamiento de Torrelavega, expediente 36/17; el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El Ayuntamiento de Torrelavega, Cantabria, convocó por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, licitación para la adjudicación del contrato de servicios de “Trabajos de Limpieza de Centros Públicos, Dependencias Municipales, Instalaciones Deportivas y otras Atenciones”, con número de expediente 14/17 y con un valor estimado de 1.486.664,30 €.
Segundo. La recurrente, ASPEL, considera que dos de los criterios de valoración dependientes en su aplicación de un juicio de valor- que contiene el Pliego deben ser anulados por imponer a los adjudicatarios el cumplimiento en fase de ejecución del contrato determinadas obligaciones de índole laboral, que debieran quedar cincunscritas a la relación contractual entre empresario y trabajador dentro del margen de negociación que la legislación laboral le otorgue, además de constituir en sí mismos obstáculos indebidos a la libre concurrencia. En concreto se solicita la anulación de los criterios de
XXXX. XXXXXXX XXXXX 00, 0x XXXX. 00000 - XXXXXX
TEL: 00.000.00.00
FAX: 00.000.00.00
Xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
valoración enumerados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que ha de regir la licitación como criterio 5º y 6º.
Tercero. Disponen los citados criterios de adjudicación, dependientes ambos de un juicio de valor, lo siguiente:
“Criterio 5º: Fomento de la estabilidad y de la calidad en el empleo (valorable hasta 5 puntos).
Se valorará con un máximo de 5 puntos a aquellas empresas que presenten una programación que contemple, en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, el compromiso de cubrir las necesidades de medios humanos derivadas del mismo si fueren necesarias con mejoras en las condiciones de contratación del personal de plantilla a subrogar.
Dichas necesidades son las sustituciones del personal indefinido por los siguientes motivos: vacaciones, bajas por I.T., incapacidad permanente total revisable, permisos retribuidos, excedencias, así como tareas extraordinarias que el Ayuntamiento decida acometer.
Si fuera necesario para cumplir estas obligaciones, en primera instancia, será a los trabajadores y trabajadoras subrogados a quienes habrá de ofrecérseles la ampliación de sus contratos y para ello se establece una prelación que habrá de atender a los siguientes términos por criterio de antigüedad en cuanto a los trabajadores fijos discontinuos y al personal con jornada parcial.
En caso de necesidad, únicamente se realizarán nuevas contrataciones eventuales en el caso de que los y las trabajadoras de plantilla tras recibir la propuesta de ampliación de sus contratos, voluntariamente, rechacen el ofrecimiento. Este extremo deberá ser acreditado documentalmente ante este Ayuntamiento antes de realizar nuevas contrataciones.
Tal y como se recoge en este Xxxxxx se considerará una falta grave el incumplimiento del compromiso que se formule en la oferta en relación a este apartado.
Criterio 6º: Plan xx xxxxxxx (valorable hasta 5 puntos).
Se valorará con un máximo de 5 puntos a aquellas empresas que presenten un Plan xx Xxxxxxx, mediante el cual, en el momento en que se produzca una vacante en la plantilla por ampliación del servicio o finalización de la relación laboral (por jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento, etc.) se oferte esa plaza vacante al resto de la plantilla que tenga jornada parcial, primando en el ofrecimiento como criterio la antigüedad del personal.
En caso de ofertar un plan xx xxxxxxx, la empresa adjudicataria no podrá por tanto contratar nuevo personal para cubrir vacantes si hay algún trabajador en la empresa con jornada parcial que esté interesado en aumentar sus horas de trabajo hasta el máximo de la jornada completa.
Tal y como se recoge en este Pliego se considerará una falta grave cada una de las ocasiones en las que el adjudicatario incumpla el compromiso relativo a este criterio de valoración”.
Cuarto. Recibido en este Tribunal el expediente, el órgano de contratación acompañó dos informes en los que sostiene la desestimación del recurso al considerar que los criterios cuestionados no imponen ninguna obligación en su ejecución al empresario por cuanto los compromisos que en ellos se enumeran son de cumplimiento voluntario por los licitadores, siendo libres de no ofertar las mejoras a que ambos criterios se refieren. Por lo demás argumenta el órgano de contratación que los criterios no son discriminatorios ni afectan a la libre competencia, persiguiendo simplemente fomentar la estabilidad y calidad en el empleo de las personas que trabajen en la empresa adjudicataria, todo ello de acuerdo con el considerando 37 de la Directiva 2014/24 y 145 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
Quinto. La Secretaría de este Tribunal, por Resolución de 20 de octubre de 2017, ante la solicitud en el escrito de interposición del presente recurso de la adopción de la medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación, ha resuelto su concesión y ha acordado suspender el procedimiento de contratación de conformidad con lo establecido
en los arts. 43 y 46 del TRLCSP, de modo que será esta Resolución la que acuerde el levantamiento de la medida acordada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El presente recurso, que debe calificarse como especial en materia de contratación, se interpone ante este Tribunal que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 y 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en el artículo 22.1.1º del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre (RPERMC) y en el Convenio suscrito al efecto entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre atribución de competencia de recursos contractuales, publicado en el BOE el día 13 de diciembre de 2012.
Segundo. El recurso se interpone contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación.
Dispone el apartado 2 del citado artículo 40 TRLCSP lo siguiente: “Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos: a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores. c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores”. Por tanto, el recurso se interpone de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 a) frente a un acto susceptible de dicho recurso, estando el contrato de servicios a que se refiere incluido entre los previstos en el art. 40.1 b) del TRLCSP.
Tercero. En cuanto a la legitimación de la recurrente para interponer el presente recurso, dispone el artículo 42 del TRLCSP que: “podrá interponer recurso especial en materia de
contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso”.
La legitimación de la asociación recurrente, en defensa de los intereses colectivos de las entidades integradas en la misma, debe admitirse de acuerdo con el artículo 24.1 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a tenor del cual «sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados».
Al amparo de esta disposición, Resoluciones de este Tribunal como la 1105/2015, de 4 de diciembre o la 918/2014, 12 de diciembre, han admitido la legitimación de asociaciones en defensa de los intereses colectivos, al considerar que «parece claro que la decisión acerca de si determinadas cláusulas de los pliegos son restrictivas de la concurrencia representa para una entidad que asume la defensa de los intereses colectivos del sector algo más que un interés por la mera legalidad de los actos administrativos». En esta misma línea ya se había pronunciado este Tribunal en las Resoluciones 101/2013 y la 29/2011.
Cuarto. El recurso se ha interpuesto dentro del plazo legalmente establecido al efecto en el artículo 44 TRLCSP, habiéndose cumplido el resto de formalidades exigidas para la válida interposición del recurso.
Quinto. Entrando en el fondo de la cuestión debatida, debe analizarse la validez de los criterios de adjudicación, más arriba transcritos, que enumera el Pliego como criterios 5º y 6º. La recurrente, ASPEL, considera que ambos criterios constituyen obstáculos injustificados a la libre concurrencia, además de imponer una serie de obligaciones a los licitadores referidas a la ejecución del contrato que debieran quedar a criterio del poder
de dirección del empresario, con los límites que la legislación laboral le imponga. Por el contrario el órgano de contratación considera que no constituyen tales criterios obstáculos a la concurrencia por cuanto son compromisos que libremente podrá el licitador no suscribir, siendo pacífico que la normativa comunitaria permite la inclusión en los Pliegos de mejoras sociales como criterio de adjudicación.
Pese a la inicial disparidad de pronunciamientos judiciales – muchos de ellos negaban la posibilidad de que los Pliegos incluyeran mejoras sociales como criterios de adjudicación en todo caso- tras la Directiva 2014/24/UE ha de concluirse que es posible que los Pliegos incluyan mejoras sociales como criterios de adjudicación, si bien para que sea admitida como tal deberá la mejora tener una relación directa con el objeto del contrato y guardar la debida proporcionalidad. A ello se refirió la Resolución de este Tribunal 130/2016, de 18 xx xxxxx:
“Dada la inmediatez de la fecha (18 xx xxxxx de 2016) para que el Estado español incorpore a nuestra normativa de contratación del sector público la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, hemos de enjuiciar las mejoras sociales referidas bajo los parámetros introducidos en la referida Directiva 2014/24/UE. Y así hallamos las siguientes referencias a los criterios sociales y su introducción en las distintas fases de los contratos y, en particular, como criterio de adjudicación: Considerando 40: el control del cumplimiento de dichas disposiciones de Derecho medioambiental, social y laboral debe realizarse en las respectivas fases del procedimiento de licitación, a saber, cuando se apliquen los principios generales aplicables a la elección de participantes y la adjudicación de contratos, al aplicar los criterios de exclusión y al aplicar las disposiciones relativas a ofertas anormalmente bajas. La necesaria verificación a tal efecto ha de efectuarse con arreglo a las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, en particular con arreglo a las aplicables a medios de prueba y declaraciones del interesado.
Considerando 99: las medidas destinadas a proteger la salud del personal que participa en el proceso de producción, a favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o de los miembros de grupos vulnerables entre las personas encargadas
de ejecutar el contrato o a ofrecer formación para adquirir las competencias necesarias para el contrato de que se trate podrán también estar sujetas a criterios de adjudicación o a condiciones de adjudicación de un contrato siempre que se refieran a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato en cuestión. Por ejemplo, dichos criterios o condiciones podrán referirse, entre otras cosas, al empleo para los desempleados de larga duración o a la aplicación de medidas en materia de formación para los desempleados o los jóvenes durante la ejecución del contrato que vaya a adjudicarse. En las especificaciones técnicas los poderes adjudicadores pueden establecer aquellos requisitos sociales que caractericen el producto o el servicio de que se trate, como la accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño para todos los usuarios.
Artículo 67. Criterios de adjudicación de los contratos. 1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas al precio de determinados suministros o a la remuneración de determinados servicios, los poderes adjudicadores aplicarán, para adjudicar los contratos públicos, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa.
2. La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate.
Dichos criterios podrán incluir, por ejemplo: a) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos los usuarios, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; b) la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, en caso de que la calidad del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la ejecución del contrato, o c) el servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha de entrega, el proceso de entrega y el plazo de entrega o el plazo de ejecución.
Tomando como referente de “lege lata” el artículo 150.1º del TRLCSP, sumado a las normas imperativas contenidas en la referida Directiva 2014/24/UE, analizadas las mejoras sociales contenidas en la cláusula 11ª B.2.3 y observando que guardan relación con el objeto del contrato y la debida proporcionalidad en su puntuación (de 0 a 5 puntos), hemos de deducir que no resultan contrarias a Derecho porque no introducen elementos distorsionadores de la igualdad y concurrencia ni desvirtúan el principio general de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, que rigen esta fase de la contratación administrativa, la de adjudicación.
Estas consideraciones jurídicas han de llevarnos a la desestimación del recurso y, por ende, a la confirmación de la legalidad de las actuaciones impugnadas”.
Este criterio ha sido mantenido por este Tribunal en pronunciamientos posteriores. Así la reciente Resolución 474/2017, de 1 xx xxxxx, sobre la admisibilidad de incluir en los Pliegos mejoras sociales como criterios de adjudicación ha señalado lo siguiente.
“Planteada así la cuestión, aun partiendo de la admisibilidad teórica de incluir mejoras sociales como criterio de adjudicación, debe analizarse si el compromiso de mantener durante la vigencia del contrato del personal que presta actualmente sus servicios en las instalaciones objeto del contrato y cuenten con una antigüedad superior a 1 año a fecha de fin de plazo de licitación constituye una verdadera mejora social de las amparadas por la Directiva 24/2014 y si, supuesto ello, tiene además vinculación con el objeto del concreto contrato a cuya licitación se refiere, y si es proporcionado, no creando su inclusión distorsiones o discriminación entre las empresas licitadoras.
Pues bien, lo primero que debe señalarse es que la mejora social que los Pliegos contemplan como criterio de adjudicación no tiene cabida entre las que menciona el Considerando 99 de la Directiva 2014/24/UE, ni es análoga a ninguna de ellas, pues no tiene por objeto proteger la salud del personal que participa en la ejecución del contrato, ni favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o de los miembros de grupos vulnerables, ni ofrecer formación para adquirir las competencias necesarias para el contrato de que se trate. Si a ello se añade que su exigencia no deriva en una mejor prestación del servicio (ni siquiera afecta directamente a la forma o calidad del servicio
objeto de la prestación) y que su valoración como criterio de adjudicación efectivamente puede ocasionar distorsiones entre los licitadores, debe convenirse con los recurrentes que su inclusión como criterio de valoración de las ofertas no es conforme a Derecho.
En efecto, son varios los motivos que llevan a este Tribunal a considerar discriminatorio y susceptible de crear desigualdades y distorsiones entre los licitadores la admisión de este criterio de adjudicación: a) En primer lugar, por cuanto en los contratos de servicio de mantenimiento integral los costes salariales constituyen la parte esencial del precio, hasta el punto de que la competencia entre los licitadores se limita prácticamente a este aspecto, de forma que las ofertas serán más elevadas cuanto mayores sean también los costes salariales y viceversa; b) Además, aunque el porcentaje del 5% parezca a priori proporcionado en relación con la puntuación total, no debe perderse de vista que no admite graduaciones internas, de forma que en su aplicación se otorgarán automáticamente cinco puntos a los licitadores que presenten una propuesta de mantenimiento de la plantilla actual y cero puntos a quienes no lo hagan, lo que situará a estas últimas empresas en condiciones de inferioridad manifiesta; c) Precisamente esta finalidad es además la perseguida por el órgano de contratación al incluir esta cláusula, es decir, primar a las empresas que presenten una propuesta de continuidad del personal que presta actualmente sus servicios en las instalaciones aunque no repercutan en la mejora del servicio, lo que necesariamente se traducirá en una oferta económica mayor (al ser mayores los costes a soportar por el licitador) sin que el servicio se vea beneficiado, traduciéndose esta exigencia en la presentación de ofertas más caras y menos beneficiosas económicamente para la Administración, de modo que con la aplicación de este criterio se valorará positivamente a la empresa cuya oferta no sea económicamente más ventajosa para la Administración, en contra xxx xxxxxxxx que ha de regir en la ponderación de las ofertas para seleccionar un adjudicatario en los artículos 150 y siguientes del TRLCSP, cuya finalidad es que resulte elegido el licitador cuya oferta sea económicamente la más ventajosa para la Administración.
Debe, por tanto, conforme a todo lo expuesto, estimarse el recurso en este punto, declarando la inclusión de este criterio de adjudicación no ajustado a lo previsto en los artículos 150 y siguientes del TRLCSP, al no tratarse de una cláusula social de las que la Directiva 24/2014 permite incluir como criterios de adjudicación ni estar vinculada
directamente al objeto del contrato ni resultar proporcional con el resto de los criterios, pudiendo ser además susceptible de provocar en su aplicación discriminación entre los licitadores”.
Aplicando la doctrina de este Tribunal al caso ahora debatido, y reconociendo a priori la admisibilidad teórica de incluir mejoras sociales como criterio de adjudicación, debe analizarse si el compromiso de fomentar la estabilidad en el empleo limitando contrataciones eventuales y cubriendo las necesidades de medios humanos que surjan con el ofrecimiento de ampliación de contratos en favor de los trabajadores en plantilla, así como el compromiso de sustituir las bajas definitivas de personal mediante el ofrecimiento de la vacante al resto de plantilla que tenga jornada parcial (lo que el Pliego denomina plan xx xxxxxxx) tienen vinculación con el objeto del concreto contrato a cuya licitación se refiere, y si son proporcionados, no creando su inclusión distorsiones o discriminación entre las empresas licitadoras.
Al respecto se debe comenzar advirtiendo que las dos mejoras sociales que los Pliegos contemplan como criterio de adjudicación no tienen cabida entre las que menciona el Considerando 99 de la Directiva 2014/24/UE, ni es análoga a ninguna de ellas, pues no tienen por objeto proteger la salud del personal que participa en la ejecución del contrato, ni favorecer la integración social de las personas desfavorecidas o de los miembros de grupos vulnerables, ni ofrecer formación para adquirir las competencias necesarias para el contrato de que se trate. Si a ello se añade que su exigencia no deriva en una mejor prestación del servicio (ni siquiera afecta directamente a la calidad del servicio prestado) y, por tanto, su vinculación al objeto del contrato es cuestionable, debe concluirse que su inclusión en el Pliego como criterio de adjudicación efectivamente puede ocasionar distorsiones entre los licitadores.
Y es que no puede olvidarse que los criterios de adjudicación han de estar vinculados al objeto del contrato, de modo que de su exigencia derive una mejor prestación del servicio. Así, el art. 150.1 del TRLCSP es claro al señalar lo siguiente:
“Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del
contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes”. De modo que toda exigencia que como criterio de adjudicación se contenga en los Pliegos habrá de estar vinculada directamente al objeto del contrato y de ella deberá permitirse fácilmente obtener una ventaja para el servicio (en el caso objeto de esta Resolución, para la prestación del servicio de limpieza). En otro caso, si su exigencia no aparece justificada en una mejor prestación del servicio, el criterio habrá de calificarse de discriminatorio por crear obstáculos injustificados a la libre concurrencia, cuyo único efecto será el de limitarla injustificadamente.
Por lo tanto, además de tratarse de mejoras sociales -las contenidas en los criterios 5º y 6º xxx Xxxxxx- que no tienen encaje en ninguna de las previstas en la Directiva 2014/24/UE; son varios los motivos que llevan a este Tribunal a considerar discriminatorios y susceptibles de crear desigualdades y distorsiones entre los licitadores la admisión de ambas mejoras. En primer lugar, por cuanto en los contratos de limpieza los costes salariales constituyen la parte esencial del precio, hasta el punto de que la competencia entre los licitadores se limita prácticamente a este aspecto, de forma que los precios ofertados normalmente serán mayores cuanto mayores sean también los costes salariales y viceversa. Además, las mejoras contenidas en ambos criterios no repercuten en una mejor prestación del servicio, conteniendo únicamente ventajas para la estabilidad del empleo y promoción de los trabajadores ya en plantilla en la empresa licitadora. Ello determina una absoluta desvinculación de ambos criterios del objeto del contrato, que no resulta afectado de manera directa ni indirecta con su compromiso e implantación, de modo que de su exigencia ninguna ventaja resultará para una mejor prestación del servicio y, sin embargo, es evidente que limita la libre concurrencia.
Debe, en fin, conforme todo lo expuesto, estimarse el recurso interpuesto, declarando la inclusión de los criterios de adjudicación contenidos bajo la denominación “Fomento de la estabilidad y calidad en el empleo” y “Plan xx xxxxxxx” en los criterios 5º y 6º del PCAP no ajustados a lo previsto en los arts. 150 y siguientes del TRLCSP; al no perseguir ninguna de las finalidades a que la Directiva se refiere para admitir la inclusión de mejoras sociales como criterios de adjudicación, además de no estar vinculados -directa ni indirectamente- con el objeto del contrato, provocando el único efecto de limitar la concurrencia sin mejorar con su exigencia la prestación del servicio a contratar.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha, ACUERDA:
Primero. Estimar el recurso interpuesto por D. J.D.D.L.R.D.S.J., en representación de la “ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA” contra los Pliegos que
han de regir el procedimiento de licitación correspondiente al “Servicio de Trabajos de Limpieza de Centros Públicos, Dependencias Municipales, Instalaciones Deportivas y otras Atenciones”, anulando los criterios de adjudicación 5º y 6º que contienen los Pliegos por su disconformidad a Derecho.
Segundo. Levantar la suspensión acordada por Resolución de este Tribunal de fecha 20 de octubre de 2017 conforme previene el art. 47.4 del TRLCSP.
Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.