ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX
Resolución nº 105/2018
En Madrid, a 11 xx xxxxx de 2018.
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por xxx X.X.X., en nombre y representación de Texlimca, S.A., contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato denominado “Gestión del servicio público de recogida y gestión de ropa usada a adjudicar por procedimiento abierto, con reserva xx xxxxxxx para empresas de inserción en el lote 3”, nº expediente: 131/2017/02844, del Ayuntamiento de Madrid, este Tribunal ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 8 xx xxxxx de 2018, se publicó en el BOCM y la Plataforma de Contratación del Sector Público, el anuncio de la licitación, por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, todos objetivos, para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público, concesión, mencionado, con un valor estimado de 5.472.852,50 euros, unos gastos de primer establecimiento de 862.500 euros y una duración de cuatro años, prorrogable por dos años más.
Segundo.- El día 23 xx xxxxx de 2018, se presentó ante el Tribunal el escrito de recurso especial en materia de contratación formulado por la representación de Texlimca, S.A., contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del contrato mencionado.
En el recurso se alega, en primer lugar, que no se encuentra justificada ni motivada la elección del modelo de recipiente impuesto en el Pliego, en cuanto a sus dimensiones. En segundo lugar, que la exigencia de proximidad en la gestión del residuo con obligación de que las instalaciones de clasificación estén ubicadas en la Comunidad de Madrid a partir del sexto mes del contrato, supone un limitación indebida de la concurrencia y una discriminación entre empresas que no viene amparada por ninguna norma, que existe igualmente una discriminación ilegal debida a la diferencia existente entre el precio de licitación de los lotes 1
y 2 y del 3 y finalmente, que la exigencia de contar con la certificación ISO 14001 no está bien descrita, puesto que no se especifica su alcance, es decir, si debe tenerla la empresa únicamente o se extiende la exigencia a las instalaciones vinculadas. Por todo ello solicita la anulación de los Pliegos y del procedimiento.
Cuarto.- Con fecha 3 xx xxxxx de 2018, se remitió al Tribunal copia del expediente administrativo y el informe a que hace referencia el artículo 46.2 del TRLCSP de cuyas alegaciones se dará cuenta al resolver sobre el fondo del recurso.
Quinto.- Con fecha 4 xx xxxxx de 2018 el Tribunal acordó la suspensión del procedimiento.
Sexto.- La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso al resto de interesados, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 46.3 del TRLCSP, concediéndoles un plazo, de cinco días hábiles, para formular alegaciones. Transcurrido el plazo no se ha presentado ningún escrito.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 41.4 del TRLCSP y el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, corresponde a este Tribunal la competencia para resolver el recurso.
Segundo.- Se acredita en el expediente la legitimación de la empresa Texlimca S.A. para interponer recurso especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del TRLCSP, al tratarse de una persona jurídica potencial licitadora “cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso”.
Asimismo se acredita la representación del firmante del recurso.
Tercero.- Por cuanto respecta al objeto del recurso, debe indicarse que este se ha interpuesto contra los Pliegos de un contrato de gestión de servicios públicos, concesión, con un presupuesto de gastos de primer establecimiento superior a 500.000 euros y una duración superior a cinco años, incluidas las prórrogas, por lo que es susceptible de recurso, al amparo del artículo 40.1.c) y 40.2.a) del TRLCSP.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2.a) del TRLCSP, “cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a
partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley”.
Los Pliegos fueron publicados en el BOE y puestos a disposición de los interesados mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 8 xx xxxxx de 2018, por lo que el recurso interpuesto el día 23 xx xxxxx se encuentra dentro del plazo de los quince días hábiles que establece el artículo 42.2.a) del TRLCSP.
Quinto.- En cuanto al fondo del asunto, la recurrente hace valer los siguientes motivos de impugnación:
1.- En primer lugar que la prescripción número 5 “modelo de recipientes” del PPT, establece que las dimensiones máximas de los recipientes serán de 1'80 m. de altura, 1'50 m. de anchura y 1'50 m. de fondo, “ello se hace sin motivación ni justificación alguna que guarde relación directa con el objeto del contrato, consultado con el propio Ayuntamiento se alegó que se hacía para estar en consonancia con el resto de mobiliario urbano de recogida de residuos, pero las referidas medidas colisionan con el referido resto de mobiliario al no haber la meritada consonancia, existiendo en la ciudad de Madrid mobiliario urbano de recogida de residuos de tamaño superior e inferior a las medidas exigidas, por lo que este motivo debe decaer (…) El establecimiento de estas medidas máximas sin lugar a dudas limita e impide el acceso a la licitación de forma indiscriminada a otros licitadores que puedan acceder con otros recipientes que puedan resultar de diferentes medidas pero que puedan ser plenamente efectivos de cara al cumplimiento con el objeto de contrato. Y por lo tanto estas medidas favorecen a determinados entes frente a otros, pudiendo resultar un «traje a medida» para que solo puedan acceder determinados licitadores, al restringir al máximo la concurrencia de ofertas”.
El órgano de contratación en su informe expone que las medidas máximas y demás prescripciones establecidas para los modelos de contenedor “obedecen a la necesidad de integración estética y urbanística de los contenedores de ropa usada en la ciudad de Madrid, dado que está prevista su ubicación junto a otros contenedores ya existentes (como son los de papel-cartón y vidrio), en puntos de aportación o “islas” de reciclaje, y una longitud superior en cualquiera de las dimensiones del elemento alteraría la integridad del conjunto(…) El establecimiento de las medidas máximas no condiciona el acceso a la licitación, por cuanto los contenedores deben ser fabricados “ex profeso” para el Ayuntamiento de Madrid, a quien revierten al final de la concesión, por lo que el adjudicatario podrá adquirir contenedores en el mercado que se ajusten a los requerimientos del órgano de contratación, máxime cuando se está planteando el suministro de un parque considerable de recipientes (1.150 unidades) que justificaría incluso un diseño específico con estas características, lo cual es perfectamente viable dadas las condiciones .de fabricación de éste tipo de recipientes, que no están sujetos a la disposición xx xxxxxx previos. Son los servicios técnicos del Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, los que deben fijar las características de los recipientes en
atención a su mejor funcionalidad y estética. No se ha determinado un modelo concreto, sino unas dimensiones máximas que no deben ser superadas, estando perfectamente justificada su determinación”.
Entiende el Tribunal a la vista del objeto de la concesión y sus condiciones de desarrollo, que resulta plenamente justificado el establecimiento de medidas máximas para los contenedores de recogida. No debe olvidarse que además de las razones estéticas y de integración en el entorno alegadas por el Ayuntamiento y que son perfectamente válidas, existe otra razón imperativa que es la necesidad de garantizar que todas las empresas licitan en base a las mismas condiciones económicas de desarrollo de la concesión. El tamaño de los contenedores es determinante para el cálculo del volumen de ropa que se puede recoger y por tanto de la rentabilidad potencial de cada contenedor y del conjunto del lote. Permitir distintas mediadas supondría someter a los licitadores a distintas condiciones económicas, cosa que vulneraría el principio de igualdad.
En consecuencia, debe desestimarse el recuso en cuanto a este motivo.
2.- El segundo motivo de recurso se refiere al apartado 11 del PPT, el cual establece que “se deberá tener en cuenta el principio de proximidad en la gestión global del residuo, tal y como establecen las leyes vigentes” y al apartado 12, que indica que “a partir del sexto mes de contrato desde la fecha de inicio del mismo, las instalaciones de clasificación deben estar ubicadas en la Comunidad de Madrid, pudiendo hacer uso de otras que no cumplen este requisito en el periodo de inicial de seis meses. Dichas instalaciones no se consideran como exclusivas para el presente contrato”.
Alega la recurrente que “el Tribunal Supremo de fecha 9 de febrero de 2017 de la Sala de lo Contencioso recoge que la Ley de Residuos restringe la facultad de las Comunidades para poner limitaciones al libre traslado de residuos entre comunidades autónomas únicamente para los residuos destinados a la eliminación (cualquiera que sea su naturaleza) y para los residuos domésticos mezclados (es decir, los no provenientes de recogida selectiva) destinados a la valorización, que se sujetarán en todo caso a los citados principios de autosuficiencia y proximidad. Ello quiere decir que esos flujos de residuos deberán necesariamente eliminarse o valorizarse, según sea el caso, en el territorio de la comunidad autónoma donde se generen, siempre que existan instalaciones habilitadas para ello. Y sí no fuera así, en aquellas instalaciones existentes en otras comunidades autónomas que geográficamente se encuentren más próximas al lugar de generación de los residuos. Y por lo tanto, los demás flujos de residuos, como los que son objeto del presente recurso, podrán ser eliminados o tratados en comunidad autónoma distinta a la de su procedencia, siempre sujetos al régimen de intervención administrativa previsto en la propia Ley (…) No cabe, en consecuencia, extender la virtualidad del principio de proximidad más allá de los supuestos en que dicho principio está previsto legalmente y por ende no cabe tener en cuenta el principio de proximidad en la recogida selectiva de ropa usada. Y por lo tanto vulnera los principios de libertad de acceso a las licitaciones, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos así como el de libre circulación”.
Además añade que “esta exigencia favorece a aquellas entidades que tengan instalaciones en la Comunidad de Madrid lo cual limita y restringe el acceso en igualdad de condiciones a determinados operadores. Es decir, favorece a empresas de un determinado territorio, discriminando a las que no lo son”.
El órgano de contratación explica que “el residuo recogido en el marco del contrato, no es un residuo homogéneo que como tal pueda ser gestionado y valorizado íntegramente en su conjunto, sino que requiere de un proceso previo de separación y clasificación. Por lo tanto se requiere de un proceso de tratamiento previo en instalaciones adecuadas ya que se trata de una mezcla de residuos de diversas características (que sólo tienen en común su naturaleza textil), a partir del cual se obtienen los flujos de residuos destinados a reutilización, reciclado y eliminación.
Por otro lado, efectivamente la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados determina los principios de autosuficiencia y proximidad en la gestión del residuo señalados por el recurrente. También es la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid la que señala, de una forma muy clara, en su artículo 25.5 que la valorización de los residuos generados en la Comunidad de Madrid se llevará a cabo en la propia Comunidad Autónoma, salvo que se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes autonómicos de residuos o que no existan instalaciones autorizadas para su tratamiento, todo ello en aras de los principios de proximidad y suficiencia.
Es decir, la mencionada Ley señala expresamente que la valorización del residuo debe efectuarse en la propia comunidad autónoma.
En el pliego de condiciones técnicas del contrato se han reflejado estos condicionantes legales de forma precisa, si bien se ha intentado preservar la concurrencia de licitadores previendo la posibilidad de disponibilidad de instalaciones en el plazo de seis meses a partir de la fecha de inicio del contrato”.
Debemos partir de la consideración de que el requisito de proximidad en la gestión de recursos, se basa en que las actividades de valorización tienen un componente de riesgo o impacto medioambiental que justifica la exigencia de que sea en el territorio de la Comunidad que autoriza esas actividades, en el que se lleven a cabo las mismas.
Ahora bien, el Pliego se está refiriendo a las instalaciones de clasificación, con fines, en principio, de reutilización y como define el artículo 4.15 de la Ley 3/2003 de 20 xx xxxxx, de Residuos de la Comunidad de Madrid, reutilización es “el empleo de un producto o material usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente sin necesidad de someterlo con carácter previo a ninguna de las operaciones que figuran en la lista de operaciones de valorización aprobada por las instituciones comunitarias. A los efectos de esta Ley, la reutilización no se considera una operación de gestión de residuos”
Estas operaciones de valorización son las recogidas en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados del Estado, cuyo artículo 3 r) define la valorización como “cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización”.
Ninguna de las actividades del Anexo II de la mencionada Ley, coincide o se aproxima a la clasificación de la ropa, de manera que debemos entender que no existe en este caso la exigencia de proximidad.
Por lo tanto, debemos concluir que la exigencia de contar con instalaciones de clasificación en la Comunidad de Madrid en el plazo de seis meses, supone en este caso una restricción injustificada de la concurrencia y el motivo de recurso debe ser estimado.
3.- La recurrente argumenta que apartado el 4 del Anexo I del PCAP, establece el valor estimado para cada lote, “para el Lote 1 es de 2.426.580 €, para el Lote 2 es de 2.813.585 € y para el Lote 3 es de 232.687 €. Y de igual forma el precio base de licitación es para el Lote 1 de 780 €/contenedor y año, para el Lote 2 de 790
€/contenedor y año. y para el lote.3 de 75 €/contenedor y año (…) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 0 x 0 x xx 0 xx que este último es el reservado a empresas de Inserción(…) es decir, nos respeta los principios no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. De esta forma una empresa de inserción paga diez veces menos que una mercantil ordinaria. En definitiva se discrimina una forma jurídica frente a otras.
No debemos olvidar que esa ropa que recoge una empresa de inserción acaba comercializada por ésta en su mayoría en los mismos mercados que las mercantiles ordinarias.
Si al hecho de que las empresas de inserción ya gozan de muchas prebendas en el ámbito social, tributario, etc. de las que no son beneficiarias las mercantiles ordinarias, se suma esta diferencia de precio base obtenemos que se les genera demás diferencia competitiva en costes.
Dicha diferencia de precio base se realiza sin motivación alguna que justifique el motivo o bien por el cual quien concurran al Lote 3 deberán pagar tan poco; o por que las que concurren al Lote 1 y 2 deben pagar tanto…”
El órgano de contratación respecto a esta cuestión alega que la Disposición Adicional 5ª del TRLCSP insta a los poderes públicos a fijar un porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos a centros especiales de empleo o empresas de inserción, con la condición de que, al menos, el 30% de los empleados de estas empresas sean trabajadores con
discapacidad o en riesgo de exclusión social y por lo tanto se ha hecho uso de esta reserva en el contrato de concesión que se licita.
Además, en cuanto a las condiciones económicas establecidas para el lote reservado, se argumenta que “en los tres lotes, el precio de licitación se ha establecido para garantizar una rentabilidad equivalente.
Para efectuar el estudio económico que encuadre la contratación de la gestión del servicio público de tratamiento y gestión de ropa usada debe plantearse el coste que debe asumir el prestatario del servicio (tanto de la inversión en recipientes, mantenimiento, vaciado y posterior tratamiento de los residuos), así como los ingresos que pueden generar la venta de los productos reutilizables o reciclables. Se han considerado por un lado los costes para el concesionario divididos en inversión, gastos de explotación, incluyendo el canon a abonar al Ayuntamiento, y por otro los ingresos recibidas. El balance de ambos determina la viabilidad del contrato.
Hay que considerar que, como establece la regulación, un mínimo del 30% del personal de las empresas de inserción deben ser personas en riesgo de exclusión social, lo que plantea, desde el punto de vista mercantil, unas mayores dificultades organizativas, y necesidades complementarias de apoyo que la empresa debe sufragar x xxxxx de los ingresos generados por la venta del material. Por ello, en el análisis económico financiero del contrato, es necesario considerar unos costes de personal considerablemente superiores a los del resto de los lotes, por un doble motivo: menor rendimiento de los trabajadores y necesidad de apoyo de personal especializado en materia de formación y asesoramiento a los colectivos en riesgo de exclusión.
En el caso del lote 3, reservado a empresas de inserción, se ha considerado necesario establecer refuerzos de personal para cubrir determinados servicios, considerando que el rendimiento de las personas en proceso de inserción será menor, al tener que asistir a tutorías, acompañamientos y actividades formativas, así como a presentar mayores tasas de absentismo laboral.
Las inversiones a realizar por el lote 3 son equivalentes a las de los otros lotes, sin embargo los costes de personal se han incrementado en un 50% para los servicios de vaciado y separación, clasificación y embalaje, y 100% en el caso de la recogida puerta a puerta.
En lo referente a alquiler y mantenimiento de un local, el coste puede calcularse en tomo a 15.000 euros/año para los lotes 1 y 2 (12,5 euros/m2-mes), para una superficie de 100 m2, mientras que para el lote 3, se considera que debe disponer de una superficie mayor, 150 m2, al tener más personal y mayor necesidad de zona de oficina para formación y acompañamiento, por lo que el coste anual asciende a 22.500 euros/año, para el mismo precio por superficie.
Respecto del personal indirecto, se ha considerado para los lotes 1 y 2 una persona para tareas de administración y contabilidad, según el vigente convenio de Personal de Oficinas y Despachos, categoría III. Para el lote 3, además de este perfil, se han considerado los costes de dos trabajadores sociales, que realizarán el seguimiento y acompañamiento del personal contratado en riesgo de exclusión social, valorado según los salarios establecidos en Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017, Grupo Profesional I.
Dado que este es un contrato donde la mano de obra es el componente principal de los costes del contrato, el incremento de los costes de mano de obra necesario para las empresas de inserción, tiene una gran importancia en lo relativo a la rentabilidad del contrato. Para mantener una rentabilidad equivalente a los otros dos lotes, ha sido preciso reducir el precio a abonar a la administración”.
El órgano de contratación basa el distinto tratamiento de los lotes 1 y 2 por un lado y por otro, el 3, en la distinta situación en que se encuentran las empresas de inserción respecto de las demás empresas del sector de que se trate.
No debemos olvidar que para que pueda apreciarse la existencia de una discriminación tienen que someterse a diferentes condiciones, situaciones iguales o equivalentes. En este caso, las empresas de inserción no se encuentran en igualdad de condiciones respecto de las demás debido a las especiales circunstancias del personal con el que trabajan, y de ahí que se les otorguen determinadas ventajas fiscales o económicas, que no “prebendas”, puesto que lo se persigue es que pueda actuar en el mercado con las mismas posibilidades de rentabilidad y eficacia que el resto de empresas. Como señala la STS de 4 de octubre de 2002, para que exista la vulneración del principio de igualdad se requiere igualdad de supuestos, circunstancia, que como se ha indicado, no concurre en este caso.
El estudio económico que consta en el expediente, ha tenido en cuenta esas circunstancias diferentes y ha realizado unos cálculos que la recurrente no rebate ni con la aportación de otros, ni con diferentes argumentaciones que vayan más allá de la mera constatación de los diferentes importes de licitación. Se trata por tanto de una mera alegación de desigualdad sin concreción económica, por lo que no puede ser aceptada.
El Tribunal entiende que la justificación realizada por el Ayuntamiento es razonable y suficiente para motivar el distinto importe de licitación del lote 3, que además tiene los mismos gastos de primer establecimiento que los demás, y por tanto, el motivo de recurso debe ser desestimado.
4.- La recurrente impugna el apartado 12 del Anexo I del PCAP, en cuanto establece la obligación de aportar la certificación de la Norma ISO 14001, para acreditar la solvencia. Aduce que “en los Pliegos no se indica el
alcance de la misma, así como tampoco si afecta a las instalaciones vinculadas. Es decir, una empresa o entidad puede estar en posesión de la ISO 14001 pero si tiene delegaciones, instalaciones, sedes, etc. en otros territorios, estos deben estar dentro del alcance de la certificación o certificadas aparte. Por lo tanto, en el meritado apartado no está bien descrita esta exigencia ya que no especifica que alcance debe tener, ya que cualquier licitador puede acreditar tener esa certificación ISO 14001 pero que luego alguna de la instalaciones a través de las cuales se pretenda prestar el objeto del contrato no estén dentro del alcance de la misma”.
El órgano de contratación explica que “la certificación ISO 14001 garantiza que la empresa tiene establecido un Sistema de Gestión Ambiental que le permita reducir los impactos sobre el medio ambiente y cumplir con la legislación ambiental vigente. Una vez implantada afecta a todos los aspectos ambientales de la organización, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental de la misma, por lo que la alegación del recurrente no considera que la certificación ambiental es la herramienta empresarial necesaria para garantizar que las actuaciones de la sociedad en todas sus divisiones e instalaciones consideran el componente ambiental, integrando esta variable en sus mecanismos de decisión y estableciendo procesos de mejora continua y gestión eficiente”.
Como indica el Ayuntamiento, la certificación ISO 4001 que supone contar con un sistema que optimiza la gestión de recursos y residuos, reduce los impactos ambientales negativos derivados de su actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales, se refiere a las empresas y supone que han implantado un sistema de gestión ambiental en los términos indicados, que ha sido auditado, encontrándose conforme con los requisitos de la norma y se refiere a determinadas actividades, pero con referencia, en su caso, a los centros de la empresa.
En este caso el Pliego ha establecido su exigencia como un requisito de solvencia que se refiere a la empresa licitadora y su alcance deberá entenderse referido a las actividades objeto del contrato y también a los centros en que eventualmente se desarrolle la misma.
Por todo ello, aunque no se aprecia error u oscuridad en el Pliego por esta causa, motivador de la nulidad, sí parece aconsejable, puesto que debe modificarse el Pliego en ejecución de esta resolución, que se indique que la certificación se refiera a los centros en los que se vaya a realizar la actividad objeto del contrato.
En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el 41.4 del TRLCSP y el artículo 3.5 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:
ACUERDA
Primero.- Estimar parcialmente el recurso especial interpuesto por don Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en nombre y representación de Texlimca, S.A., contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato denominado “Gestión del servicio público de recogida y gestión de ropa usada a adjudicar por procedimiento abierto, con reserva xx xxxxxxx para empresas de inserción en el lote 3”, nº expediente: 131/2017/02844, del Ayuntamiento de Madrid, anulando la disposición del PPT que obliga a que las instalaciones de clasificación estén ubicadas en la Comunidad de Madrid, que debe considerarse por no puesta, debiendo otorgarse nuevo plazo de presentación de proposiciones.
Segundo.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.
Tercero.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 49 del TRLCSP.