RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES‌

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recurso nº 127/2015 C.A. Castilla-La Mancha 3/2015 Resolución nº 220/2015‌

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES‌

En Madrid, a 6 xx xxxxx de 2015.

VISTO el recurso interpuesto por D. J.T.M., en nombre y representación de TALLER DE ARQUITECTURA XXXXXXX XXXXXXXX, S.L.P., contra la Resolución del Director Gerente del Servicio de Xxxxx xx Xxxxxxxx-La Mancha de 22 de enero de 2015, por la que se adjudica a la UTE formada por OBRASCON XXXXXX LAIN S.A., DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS DOS S.L. y ACCIONA CONCESIONES S.L., el contrato de

“Concesión de obra pública, para la construcción, conservación y explotación del Complejo Hospitalario Universitario xx Xxxxxx”, (Expediente 6105T013COP001), licitado por el Servicio de Xxxxx xx Xxxxxxxx-La Mancha (SESCAM), Organismo Autónomo de la Comunidad Autónoma xx Xxxxxxxx-La Mancha, el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. Por Resolución de Director Gerente del Servicio de Xxxxx xx Xxxxxxxx-La Mancha (SESCAM) de 5 xx xxxxxx de 2014 se acuerda la aprobación del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de la concesión de obra pública, para la construcción, conservación y explotación del Complejo Hospitalario Universitario xx Xxxxxx, Expediente 6105T013COP001, habiéndose aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Prescripciones Técnicas (PPT) el 10 de julio.

Por Resolución de dicha Dirección Gerencia de 6 xx xxxxxx de 2014, se procede al anuncio de la licitación en el Perfil del Contratante de la Administración de la Comunidad Autónoma, el 8 xx xxxxxx, en el Diario Oficial de la Unión Europea el 9 xx xxxxxx, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el 12 xx xxxxxx, y en el Boletín Oficial del Estado, el 21 xx xxxxxx de 2014.

XXXX. XXXXXXX XXXXX 00, 0x XXXX. 00000 - XXXXXX

TEL: 00.000.00.00

FAX: 00.000.00.00

Xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx

De acuerdo con el PCAP las prestaciones incluidas en el contrato son la redacción del proyecto de ejecución del Hospital, la construcción del mismo, que incluye la ejecución, dirección y coordinación de seguridad y salud por el concesionario de las obras, la dotación del mobiliario general y clínico necesario para desarrollar la actividad sanitaria excluido el equipamiento médico, la integración de las herramientas o sistemas de información propios del concesionario y adecuación a las necesidades operativas, funcionales o de gestión del SESCAM y la dotación, despliegue y mantenimiento de los elementos activos de la tecnología de la información y la comunicación durante los seis primeros años, la elaboración y ejecución del inventario y la logística de los equipamientos y materiales, la explotación de la obra pública, y la explotación de otras instalaciones del complejo hospitalario, y las actuaciones de conservación, mantenimiento, adecuación, reforma, modernización, reposición y gran reparación de todas las infraestructuras, mobiliario y equipamiento a cargo del concesionario, excluido el equipamiento médico.

El valor estimado del contrato fue de 298.952.069,03 euros, IVA excluido, con referencia de nomenclatura CPV 45215140 y 45215100-8. La adjudicación es por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación.

Segundo. El 28 xx xxxxxx de 2014 tiene entrada en el registro del Tribunal recurso especial en materia de contratación, solicitando en el petitum del mismo que se dicte resolución por la que se anule y deje sin efecto la licitación impugnada, así como el contenido de los pliegos.

Tercero. El mencionado recurso, al que se asignó el número 711/2014, fue objeto de resolución con fecha 26 de septiembre de 2014 (Resolución nº 719/2014), por la que se acordó desestimarlo.

Cuarto. Con fecha 22 de enero del año en curso el Director Gerente del Servicio de Xxxxx xx Xxxxxxxx-La Mancha dictó resolución adjudicando el contrato a la UTE formada por OBRASCON XXXXXX LAIN S.A., DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS DOS S.L. y ACCIONA CONCESIONES S.L.

Contra dicha resolución ha interpuesto el presente recurso, a través de su representación, TALLER DE ARQUITECTURA XXXXXXX XXXXXXXX, S.L.P., mediante escrito presentado

en el Registro de este Tribunal el día 12 de febrero de 2015, por el que tras las argumentaciones que a su derecho convienen, termina solicitando que “se anule y deje sin efecto la Resolución impugnada, así como el contenido todo del expediente de referencia”.

Quinto. El 23 de febrero de 2015, el órgano de contratación remite a este Tribunal el expediente de contratación, acompañándolo del informe a que se refiere el artículo 46.2 TRLCSP.

Sexto. Interpuesto el recurso, el 00 xx xxxxxxx xx 0000 xx Xxxxxxxxxx del Tribunal en el ejercicio de competencias delegadas dicta resolución por la que se acuerda conceder la medida provisional consistente en mantener la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Asimismo el día 27 de febrero de 2015 se pone de manifiesto el expediente a la adjudicataria a fin de que si a su derecho conviene presente alegaciones, habiendo sido finalmente presentadas con fecha 04 xx xxxxx.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP y lo dispuesto en la estipulación tercera apartado 2 del Convenio suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma xx Xxxxxxxx-La Mancha sobre atribución de competencia de recursos contractuales y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 2 de noviembre de 2012, al tratarse de un organismo que tiene la consideración de poder adjudicador, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.3 del TRLCSP, integrado en la Comunidad Autónoma.

Segundo. El artículo 42 del TRLCSP establece que “podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso.”

Dicha norma se reconduce necesariamente a la doctrina jurisprudencial acerca del concepto de interés legítimo en el ámbito administrativo.

Así en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada entre otras sentencias por las de 31 xx xxxx de 1990, 19 de noviembre de 1993, 27 de enero de 1998, 00 xx xxxxx xx 0000 x 0 xx xxxxxxx de 2001, se declara que por “interés” debe entenderse toda situación jurídica individualizada, dicha situación que supone una específica relación con el objeto de la petición o pretensión que se ejercita, se extiende a lo que, con más precisión, se titula interés legítimo, que es el que tienen aquellas personas, físicas o jurídicas, que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás ciudadanos o administrados y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando incidan en el ámbito de ese su interés propio.

El interés legítimo abarca todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, siempre que no se reduzca a un simple interés por la pura legalidad, en cuanto presupone que la resolución a dictar puede repercutir, directa o indirectamente, de un modo efectivo y acreditado, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien recurre o litiga.

En el presente caso la recurrente recurre, de un lado, en su condición de contratista del servicio de dirección facultativa de las obras del proyecto de construcción del Hospital General xx Xxxxxx, contrato que estima vigente al estar el acto de resolución del mismo en litigio jurisdiccional por haber sido impugnado, y de otro por cuanto entre las prestaciones objeto de la licitación recurrida se incluye el servicio de dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras, encomendadas a ella en la ejecución de la obra del mencionado Hospital.

Atendiendo a una interpretación amplia y favorable al ejercicio de la acción, se estima la existencia en el recurrente de interés legítimo en los actos objeto del recurso.

Tercero. Se recurre el acto de adjudicación de un contrato de concesión de obra pública, cuyo valor estimado es superior a 5.186.000 euros.

Por todo ello el objeto del recurso reúne los requisitos exigidos por el artículo 40.1.a) y 2.a), en conexión con el 14.1, todos del TRLCSP, para poder considerar que es susceptible del recurso especial en materia de contratación.

Cuarto. En cuanto a los requisitos de forma y plazo para la interposición del recurso, el anuncio de licitación impugnado se publicó en Perfil del Contratante de la Administración de la Comunidad Autónoma, el 27 de enero de 2015, por lo que habiéndose presentado el recurso en fecha 12 de febrero de 2015, es claro que la presentación se ha efectuado dentro del plazo de quince días hábiles a que se refiere el artículo 44.2 TRLCSP.

Quinto. Antes de entrar en el análisis del fondo de la cuestión planteada debemos pronunciarnos sobre la pretensión articulada a través del escrito de alegaciones complementarias presentado con fecha 13 de febrero, reiterando que se anule la resolución de adjudicación en base a lo dispuesto en el artículo 111.4 in fine de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a cuyo tenor: "La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso- administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud”.

La pretensión articulada debe, sin embargo, rechazarse de plano toda vez que el mencionado artículo no es de aplicación en el ámbito del recurso especial en materia de contratación. En efecto, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público contiene regulación específica de las medidas cautelares, incluida la suspensión del procedimiento, lo que excluye la aplicación de los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre antes mencionada. Máxime, cuando además, aún en el caso de que se entendiera aplicable el artículo 111.4 de ésta, no se cumplirían los requisitos del mismo. El mencionado artículo dispone que podrá prolongarse la suspensión cuando ésta deba producir efectos en la vía contencioso administrativa, circunstancia que en el caso del recurso especial en materia de contratación no concurre, por cuanto la suspensión acordada en él, en él agota sus efectos. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 47 TRLCSP

de conformidad con xxxx xxxxxxxx 0, “La resolución deberá acordar, también, el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si en el momento de dictarla continuase suspendido, así como de las restantes medidas cautelares que se hubieran acordado y la devolución de las garantías cuya constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas, si procediera”. De la redacción de este precepto debe deducirse inevitablemente que el levantamiento de la suspensión y, por tanto, el fin definitivo de sus efectos debe producirse en todo caso al término del procedimiento del recurso administrativo, y ello cualquiera que hubiera sido el sentido de la resolución, toda vez que en su redacción no se distingue entre estimación o desestimación.

Sexto. Entrando ya en los fundamentos del recurso, estos aducen como único argumento que la resolución del contrato de consultoría y asistencia relativo a la Dirección Facultativa de las Obras del Proyecto de Construcción del Hospital General xx Xxxxxx, adjudicado a la empresa hoy recurrente, TALLER DE ARQUITECTURA XXXXXXX XXXXXXXX S.L.P., por la propietaria de la obra, en fecha 5 de febrero de 2007, no se ajustó a derecho, y por tanto el Servicio de Xxxxx xx Xxxxxxxx-La Mancha (SESCAM) no puede convocar un nuevo procedimiento de contratación para la construcción y explotación del nuevo Hospital xx Xxxxxx, puesto que la resolución del referido contrato es, a su juicio, nula, y por tanto continua vigente e impide que se realice una nueva contratación que, parcialmente, coincide con el objeto de aquella.

La mencionada resolución fue adoptada como consecuencia de la acordado por mutuo disenso el 20 de enero de 2012, entre GICAMAN y la UTE Acciona Infraestructuras, S.A., Ferrovial Agromán, S.A. y Contratas-La Mancha, S.A, órgano de contratación y contratista respecto del contrato de la primitiva obra de construcción del Hospital a que se refiere el contrato cuya adjudicación se impugna en el presente recurso.

Dichos argumentos coinciden totalmente con los esgrimidos en el recurso 711/2014, anteriormente aludido, interpuesto contra la convocatoria y pliegos del mismo procedimiento de adjudicación.

Ello no obstante, una diferencia importante debe hacerse notar en relación con el recurso anterior. En efecto, mientras que en el anterior el acuerdo de resolución había sido

impugnado ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente y se encontraba pendiente de sentencia, en el actual tal sentencia ya se ha dictado, con fecha 24 de octubre de 2014, y en ella, estimando la demanda reconvencional planteada por la propiedad de la obra, se declara “conforme a derecho la resolución extrajudicial del contrato de consultoría y asistencia para la dirección facultativa de las obras de construcción del Hospital General xx Xxxxxx, de fecha 28 xx xxxxx de 2007, realizada por Gicaman y notificada x XXXX mediante resolución de 18 xx xxxxx de 2012”. Esta sola circunstancia abona la desestimación del presente recurso pues carece de todo fundamente legal la afirmación de la recurrente en el sentido de que subiste vigente el contrato celebrado con ella. Es cierto que, según sus propias manifestaciones, la sentencia de primera instancia se haya recurrida en apelación, pero este hecho no altera, en tanto no se produzca un pronunciamiento contrario, la situación del acto resolutorio.

A mayor abundamiento, la argumentación esgrimida por el recurrente como fundamento de su impugnación, la persistencia de un contrato anterior con el mismo objeto del licitado, es, como ya tuvimos ocasión de manifestar en la resolución anterior, una situación previa al procedimiento de adjudicación, sobre la cual hemos reiterado numerosas veces que el Tribunal no puede entrar a conocer al impugnarse los actos de licitación del nuevo contrato.

En dicha resolución dijimos: “En efecto, con la redacción del artículo 40.2 del TRLCSP, los actos del procedimiento sujetos a revisión se limitan a los “actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación”, sin mencionar más actos del expediente de contratación que los anuncios, los pliegos y los documentos contractuales que hagan sus veces.

Item mas, si el órgano de contratación tiene un contrato con determinado objeto con una empresa y, durante la vigencia del mismo, decide suscribir un nuevo contrato cuyo objeto coincida, total o parcialmente, con el primero, y deja de encargar a la primera empresa los servicios correspondientes para encargárselos a la segunda, nos encontraríamos ante un supuesto de incumplimiento contractual por parte de la Administración contratante, con las consecuencias que la legislación de contratos específicamente establece al efecto; cuestión que, una vez más, excedería de la competencia de este Tribunal que carece de competencia para el examen de las distintas incidencias que puedan acaecer en fase de ejecución de un contrato.

Pero es que además en el presente caso no existe, como pretende el recurrente, contrato vigente.

En efecto el contrato del que era adjudicatario fue resuelto, resolución que mantiene sus efectos, siquiera aparentemente, en tanto el órgano jurisdiccional que está conociendo de la demanda interpuesta no declare su invalidez y dicte la sentencia que en derecho proceda.

En fin es del todo improcedente, como pretende el recurrente, que este Tribunal entre a examinar una cuestión, como la pertinencia o no de la resolución del contrato en cuestión o las cantidades pendientes tras su resolución, que nada tienen que ver con los actos impugnados y que, a mayor abundamiento, se encuentran bajo pendencia judicial. En consecuencia, ha de rechazarse el recurso”.

Séptimo. El artículo 47.5 TRLCSP dispone que “En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma”.

En el presente caso cabe apreciar la indudable temeridad del recurrente en la interposición del recurso pues éste se basa en idénticos argumentos que el anteriormente desestimado, que por otra parte, lo fue en base a una doctrina reiteradamente sostenida por este Tribunal. Tales circunstancias justifican la interposición de una multa de 1.000,00 € a la recurrente.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. J.T.M., en nombre y representación de TALLER DE ARQUITECTURA XXXXXXX XXXXXXXX, S.L.P., contra la Resolución del Director Gerente del Servicio de Xxxxx xx Xxxxxxxx-La Mancha, contra la Resolución de Director Gerente del Servicio de Xxxxx xx Xxxxxxxx-La Mancha, de 22 de enero de 2015, por la que se adjudica a la UTE formada por OBRASCON XXXXXX LAIN S.A., DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS DOS S.L. y ACCIONA CONCESIONES S.L., el contrato de

“Concesión de obra pública, para la construcción, conservación y explotación del Complejo Hospitalario Universitario xx Xxxxxx”, (Expediente 6105T013COP001), licitado por el Servicio de Xxxxx xx Xxxxxxxx-La Mancha (SESCAM), Organismo Autónomo de la Comunidad Autónoma xx Xxxxxxxx-La Mancha, que se confirma en todos sus extremos.

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de licitación de conformidad con el artículo 47.4 del TRLCSP.

Tercero. Imponer una multa de 1.000,00 € al amparo de lo previsto en el artículo 47.5 TRLCSP por haberse efectuado la interposición del recurso con temeridad.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxxxx-La Mancha, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.