ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recurso nº 058/2023 Resolución nº 075/2023
ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En Madrid, a 16 de febrero de 2023
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación de la empresa Moba-Ise Mobile Automation, S.L., contra los pliegos que rigen la licitación del “Contrato de servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez” (nº de expediente CON 54/2021 SE AB), este Tribunal ha adoptado la siguiente,
RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el DOUE con fechas, respectivamente, de 11 y 16 de enero de 2023, se convocó la licitación del contrato de referencia, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.
El valor estimado del contrato asciende a 45.005.715,29 euros y su duración es de 6 años.
Segundo.- Tras la realización de los trámites correspondientes, con fecha 16 de enero de 2023, se publicó anuncio de licitación del contrato de referencia.
Con fecha 6 de febrero de 2023, Moba-Ise Mobile Automation, S.L., (en adelante MOBA) presentó recurso especial contra los pliegos que han de regir la licitación.
Tercero.- Con fecha 13 de febrero de 2023, se recibe el expediente administrativo e informe del órgano de contratación a que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
Cuarto.- No se ha dado traslado del recurso a posibles interesados al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por la recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la LCSP.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La competencia para resolver el recurso corresponde a este Tribunal, al amparo del artículo 46.4 de la LCSP, así como lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público.
Segundo.- Procede analizar la legitimación de la recurrente para la presentación del presente recurso, considerando la circunstancia de que no ha presentado oferta a la licitación.
El artículo 48 de la LCSP establece: “Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”.
La doctrina de este Tribunal respecto a la impugnación de los pliegos por empresa que no ha presentado oferta quedó fijada, entre otras en la Resolución 462/2022, de 1 de diciembre: “Como ya hemos indicado en anteriores resoluciones, (vid Resolución 181/2013, de 23 de octubre, 87/2014, de 11 xx xxxxx, o 22/2015 de 4 de febrero), la legitimación, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad por parte de quien ejercita la pretensión que se materializaría, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material, jurídico o moral o en la evitación de un perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética o eventual. Ciertamente el concepto amplio de legitimación que utiliza confiere la facultad de interponer recurso a toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso. Es interesado aquél que con la estimación de sus pretensiones pueda obtener un beneficio.
Según afirma la STC 67/2010 de 18 de octubre: ‘Como ya se ha señalado, en lo que aquí interesa, la decisión de inadmisión puede producirse por la falta de legitimación activa para accionar o para interponer un recurso, esto es, por la ausencia de derecho o interés legítimo en relación con la pretensión que se pretende articular. En tal orden de ideas, este Tribunal ha precisado, con relación al orden contencioso-administrativo, que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial
de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación xxxxxxxxxx (XXXX 000/0000, xx 00 xx xxxxxxx [RTC 2000, 252], F.3; 173/2004, de 18 de octubre [RTC 2004, 173], F.3; y 73/2006, de 13 xx xxxxx [RTC 2006, 73], F.4). En consecuencia, para que exista interés legítimo, la actuación impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso (STC 45/2004, de 23 xx xxxxx [RTC 2004, 45], F 4)’.
Este Tribunal comparte criterio con el Tribunal Administrativo Central que ha establecido, valga por todas la Resolución nº 1298/2019 que establece ‘En nuestra Resolución 990/2019, de 6 de septiembre recientemente hemos declarado que: este Tribunal viene restringiendo la legitimación para interponer el recurso especial a quienes hayan sido parte del procedimiento, entre otras, la resolución 195/2015, de 27 de febrero, en que se dijo: ‘Este derecho o interés legítimo (como hemos dicho en la Resolución nº 619/2014, en la 899/2014 o en la 38/2015) no concurre entre quienes no han participado en procedimiento, porque no pueden resultar adjudicatarios del mismo. No existe, en este caso, ninguna ventaja o beneficio que sea consecuencia del ejercicio de su acción, equiparable o asimilable a ese derecho o interés en que se concreta la legitimación activa para intervenir en este recurso especial’. Traslado este criterio a las impugnaciones de pliegos resulta, con carácter general, que únicamente los licitadores pueden impugnar los pliegos. Afirmación que se matiza para permitir la impugnación de los pliegos a aquellas personas que no hayan podido tomar parte en la licitación precisamente por el motivo en que fundamentan su recurso. En este sentido Resolución 967/2015, de 23 de octubre, reiterada en la 809/2019 de 11 de julio:
‘El recurso debe ser inadmitido también por falta de legitimación activa, pues la entidad ya no va a poder tomar parte en el procedimiento de contratación, no impidiéndole -como ya hemos visto anteriormente-el motivo de su impugnación de los pliegos licitar al procedimiento que ahora recurre. Este Tribunal ha resuelto ya en diferentes resoluciones sobre la legitimación del recurrente que no participa en el
procedimiento de contratación, admitiéndola excepcionalmente (por todas, Resolución 924/2015, de 9 de octubre) cuando el motivo de impugnación de los pliegos impide al recurrente participar en un plano de igualdad en la licitación (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 5 Junio 2013), circunstancia esta que no es el caso ahora examinado. (...) Así pues, para admitir legitimación para recurrir los pliegos que rigen una licitación resulta necesario que el recurrente haya participado en la licitación o se haya visto impedido de hacerlo en base a las restricciones introducidas en los pliegos objeto de recurso, pues no resulta admisible un recurso en materia de contratación basado en un mero interés en la legalidad abstracta del procedimiento de licitación, no admitiéndose una acción popular en esta materia.
(…) Ante la falta de desarrollo pormenorizado por la recurrente de los motivos que imposibilitaron la presentación de oferta, procede negarle legitimación para recurrir y, en consecuencia, inadmitir el recurso presentado’”.
Procede, por tanto, analizar a la luz de la doctrina expuesta los motivos del recurso.
El primer y segundo motivo se refiere a la cláusula 10.2 xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), alegando que no se justifica la puesta a disposición de un sistema informático de gestión integral fabricado y propiedad de la empresa “Tecnomovilidad, Scoop” así como imposibilidad de proporcionar un sistema informático de gestión integral equivalente.
Respecto a la legitimación, MOBA alega que, como empresa dedicada al suministro de sistemas compatibles y con las mismas funcionalidades que el requerido con carácter excluyente e injustificado en el PPT, puede verse directamente afectada por la resolución del recurso si los pliegos de la licitación se mantienen sin variación, manteniendo la palmaria restricción a la competencia, por no permitir la provisión de software compatibles.
Así mismo, sostiene que si los pliegos mantienen la redacción actual, se estará empleando un documento administrativo para prohibir sin justa causa que cualquier prestador de servicios de recogida y transporte de residuos pueda concertar libremente con MOBA el suministro de un sistema compatible con la mencionada competencia, por lo que los intereses económicos de su empresa, como recurrente, se ven directamente afectados.
A la vista de las alegaciones de MOBA y en base a la doctrina expuesta, debe reconocerse legitimación para estos motivos.
El tercer motivo esgrimido, se refiere a la falta de justificación de la no división en lotes del objeto del contrato. Respecto a su legitimación alega que vería igualmente afectados directamente sus intereses si los pliegos no habilitan la configuración de un lote individualizado para el “Suministro de un sistema informático de gestión para la digitalización y suministro de datos asociados al servicio de recogida y transporte de residuos”.
A la vista de la doctrina expuesta, procede reconocer legitimación para este motivo.
El cuarto motivo se refiere a la incorrecta calificación del contrato y defectuosa configuración del presupuesto base de licitación. Respecto a este motivo, no alega justificación respecto a su legitimación.
Nos encontramos ante un motivo que pretende la mera defensa de la legalidad, sin que se den los requisitos expuestos para considerarla legitimada, por lo que este motivo debe ser inadmitido.
Finalmente, como quinto motivo, alega un incumplimiento de la LCSP en materia de protección de datos de carácter personal.
Como en el caso anterior, se trataría de un motivo que pretende la mera defensa de la legalidad, sin que se den los requisitos expuestos para considerarla legitimada, por lo que este motivo debe ser igualmente inadmitido.
Asimismo, se acredita la representación de los firmantes de los recursos.
Tercero.- El recurso se interpone en plazo. Los pliegos fueron publicados el 16 de enero de 2023, presentándose el recurso el día 6 de febrero de 2023, dentro del plazo de quince días hábiles del artículo 50.1 de la LCSP.
Cuarto.- El recurso se interpuso contra los pliegos de un contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a 100.000 euros. El acto es recurrible, de acuerdo con el artículo 44.1.a) y 2.a) de la LCSP.
Quinto.- En cuanto al fondo del asunto, la recurrente lo fundamenta en tres motivos:
1- Falta de justificación de la puesta a disposición de un sistema informático de gestión integral fabricado y propiedad de la empresa “Tecnomovilidad, Scoop”.
2- Irrazonabilidad técnica de la configuración de la cláusula 10.2 del PPT y la imposibilidad de proporcionar un sistema informático de gestión integral equivalente.
3- Subsidiariamente, falta de lotificación del objeto del contrato.
5.1 Por su conexión se analizarán conjuntamente los motivos primero y segundo.
Antes de entrar en el fondo del asunto, resulta de interés transcribir la parte del PPT que afecta a la resolución del recurso:
- Apartado 10.1:
‘“Será, también, obligatorio para la empresa adjudicataria hacerse cargo de los costes derivados de la incorporación de un módulo de software, compatible con la Plataforma EcoSAT, para gestionar el control de calidad por parte de la empresa externa contratada por el Ayuntamiento, tal y como viene definido en el punto
10.2.11 del presente pliego’.
‘10.2 SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CONTRATO.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del Ayuntamiento dentro de los plazos previstos en este pliego un sistema telemático de gestión integral del contrato, con los elementos hardware y software necesarios, que permita realizar el seguimiento informático, abierto, automático y a tiempo real, de la flota y maquinaria vinculada al contrato, de los medios personales adscritos al servicio y del cumplimiento del resto de las obligaciones del contrato.
La información que albergue el sistema será propiedad del Ayuntamiento de Aranjuez y solo podrá ser utilizada por el adjudicatario en el ámbito de este contrato.
El sistema será plenamente accesible para el responsable del contrato, el servicio de inspección y los trabajadores de los servicios técnicos municipales que se determine.
El sistema tecnológico se ajustará a lo indicado en este pliego.
El Ayuntamiento de Aranjuez, es propietario de una licencia municipal de la Plataforma Informática de Gestión EcoSAT, fabricada por la empresa Tecnomovilidad, SCOOP. El adjudicatario objeto de los servicios licitados, deberá usar la misma plataforma y enviar los datos normalizados a dicha plataforma, con objeto de la evaluación de los trabajos y certificación de estos.
El adjudicatario será el responsable de comunicar toda la información relativa a la gestión del servicio al Ayuntamiento de Aranjuez a través de la plataforma informática de gestión, mediante la conexión de las suficientes licencias de explotación necesarias siendo el responsable de mantener actualizada la distinta información almacenada en dicha plataforma, con información del inventario, frecuencias y prestación del servicio, mediante su grado de cumplimiento.
Para ello, adquirirá las correspondientes licencias informáticas del aplicativo y
dotará a sus recursos (vehículos, maquinaria y personal) del correspondiente equipamiento electrónico que más adelante se indica. El pago de dichas licencias, equipamiento electrónico, mantenimientos, comunicaciones y demás gastos que puedan suponer el uso y explotación del sistema durante toda la duración de la contrata serán por cuenta y cargo del adjudicatario.
Una vez finalizada la contrata, las BBDD generadas, quedará en propiedad del Ayuntamiento para su posterior uso en posteriores contrataciones o para sus medios propios de explotación.
Compromiso de suministro y contratación.
En la propuesta de cada empresa licitadora se exige la inclusión de un certificado de compromiso de suministro expedido por la empresa fabricante de tecnología garantizando que, tras la adjudicación del proceso de licitación, ésta podrá cumplir con las exigencias de entrega de equipamiento electrónico, tanto en funcionalidad como en los plazos que se recogen en la oferta presentada’”.
La recurrente alega que el PPT se obliga a los licitadores a comprar las licencias informáticas de Tecnomovilidad, SCOOP, así como se prohíbe poner a disposición del servicio un sistema informático de gestión del contrato que asegure la compatibilidad de aplicaciones, la integralidad de los datos y la accesibilidad a la información por parte de los técnicos municipales, ya sea de fabricación propia del licitador o de empresas externas, como MOBA. A su juicio, queda claro que los pliegos incluyen la obligación de proporcionar un sistema/software que sólo es susceptible de suministrarse por una empresa. Considera que la cuestión a resolver en este punto es si existe en el expediente de contratación alguna justificación para ello.
Añade que, a la vista de la actual configuración de los pliegos, entendiendo que se obliga a los licitadores del expediente a adscribir determinados medios materiales (el sistema informático de gestión integral) y que estos constituyen un requisito especial de solvencia, la memoria justificativa o los pliegos de la licitación deben incluir una justificación expresa sobre su inclusión en la licitación, en
aplicación de los artículos 116.4 c) y76.3 de la LCSP.
En base a lo anterior, solicita la anulación de la cláusula 10.2 del PPT respecto de todas aquellas condiciones que obliguen a proporcionar el sistema informático de gestión integral fabricado por la empresa Tecnomovilidad, SCOOP, por falta total de justificación del requisito en el expediente de contratación.
Por otro lado, alega que el sistema informático de gestión integral necesario para cumplir con el PPT es exclusivo de Tecnomovilidad, SCOOP; esta es la única posibilidad que permite el Ayuntamiento de Aranjuez. De este modo, con la imposición del referido requisito se está excluyendo la provisión de otros modelos de sistema existentes en el mercado, como el de MOBA, impidiendo con ello participar en la licitación a su empresa y, en su caso, a todas aquellas empresas, distribuidoras de otras marcas, o a las propias licitadoras que hayan generado sistemas informáticos de gestión, capaces de proporcionar un software con funcionalidades compatibles al del Tecnomovilidad. Todo ello, supone una vulneración del artículo 126 de la LCSP, dado que la configuración de la cláusula
10.2 del PPT es arbitraria, injusta y carente de razonabilidad técnica.
Por otro lado, el PPT no permite poner a disposición del contrato un sistema informático de gestión del contrato que asegure la compatibilidad de aplicaciones, la integralidad del dato y la accesibilidad a la información por parte de los técnicos municipales.
Añade que en la página 76 del PPT se hace constancia de que el Ayuntamiento de Aranjuez ha adquirido (previamente a la publicación de la presente licitación de servicios) la plataforma EcoSAT fabricada por la empresa Tecnomovilidad, SCOOP, donde se exige al adjudicatario que debe “enviar los datos normalizados a dicha plataforma”. Este envío de datos, si la plataforma EcoSAT de Tecnomovilidad, SCOOP fuera abierta (tal y como se describe en la página 88 del PPT), se podría llevar a cabo desde cualquier tipo de plataforma desarrollada o
contratada por el licitador, ya que técnicamente es viable en las plataformas de Smart City que se implantan hoy en día en las ciudades. No obstante, el Ayuntamiento de Aranjuez bloquea la elección de la plataforma tecnológica por parte del licitador, y “obliga” al mismo a la compra del software según se puede leer: “El Ayuntamiento de Aranjuez, es propietario de una licencia municipal de la Plataforma Informática de Gestión EcoSAT, fabricada por la empresa Tecnomovilidad, SCOOP. El adjudicatario objeto de los servicios licitados, deberá usar la misma plataforma y enviar los datos normalizados a dicha plataforma, con objeto de la evaluación de los trabajos y certificación de estos (…).Para ello, adquirirá las correspondientes licencias informáticas del aplicativo (…)”.
Finalmente, alega que se obliga a la compra de la Plataforma Informática de Gestión EcoSAT y también a presentar en la propia oferta “un certificado de compromiso de compra” del licenciamiento y equipamiento electrónico. Este hecho puede ser muy perjudicial para las empresas, ya que aparte de limitar la entrada de otros proveedores de plataformas informáticas y equipamiento electrónico en el presente contrato que puedan exigir las exigencias técnicas descritas en el PPT, dejan la potestad de que sea la propia empresa Tecnomovilidad, SCOOP la que “decida” qué empresas licitadoras pueden concurrir ya que ante una negativa de Tecnomovilidad, SCOOP a expedir el “certificado de compromiso de compra” a cualquier empresa, ésta no podría aportar esta exigencia y por tanto no cumpliría las condiciones del PPT, estando por tanto descalificada xx xxxxxxx.
Por su parte, el órgano de contratación se opone a la estimación del recurso argumentando que el apartado 10.1 del PPT solo indica que el adjudicatario deberá incorporar un módulo de software que sea «compatible con la Plataforma EcoSAT para para gestionar el control de calidad por parte de la empresa externa contratada por el Ayuntamiento», por lo que, en absoluto supone ningún tipo de restricción a la libre competencia, sino que únicamente busca optimizar los recursos ya disponibles por el Ayuntamiento.
Por otro lado, sostiene que en cuanto al apartado 10.2 del PPT, el Ayuntamiento no impide la libre competencia de todos los licitadores al contrato que es un contrato de servicios dirigido a la «recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria», y no a la contratación de una u otra plataforma de gestión de flotas de camiones u otros activos. En este apartado, el Ayuntamiento solo deja claro que, puesto que ya cuenta con la Plataforma EcoSAT, cualquier licitador que quiera optar al contrato de limpieza debe contar con licencias de esta plataforma, porque “La información que albergue el sistema será propiedad del Ayuntamiento de Aranjuez y solo podrá ser utilizada por el adjudicatario en el ámbito de este contrato”. Ya que el Ayuntamiento utiliza esta plataforma, es lógico que se le exija al adjudicatario que cuente con licencias de la misma, para asegurar la compatibilidad, la integridad y la seguridad de unos datos que, en definitiva, le pertenecen al Ayuntamiento.
A su juicio, los pliegos dejan clara la posibilidad de utilizar cualquier otro software, obviamente compatible con el existente, para garantizar la eficiencia en el gasto y uso de recursos, y la interoperabilidad, de manera que la administración pueda seguir usando los medios de los que ya dispone, sin perjuicio de que el licitador pueda hacer uso de los suyos propios, o los que estime convenientes, eso sí, compatibles o conectados con los ya implantados en el Ayuntamiento.
A mayor abundamiento, señala que el PPT establece al final del citado apartado 10 (página 93) que “Se entenderá como válida cualquier marca equivalente a las descritas en el presente pliego en relación con el material o maquinaria, equipos y software”.
Finalmente, pone en cuestión la buena fe de la recurrente ya que existen numerosas licitaciones en cuyos PPT se incluían cláusulas de integración e interoperabilidad similares pero con respecto al software que suministra la ahora recurrente. Reseña una serie de licitaciones en las que se da esta circunstancia.
Vistas las alegaciones de las partes, procede dilucidar si el contenido de la cláusula 10.2 es ajustada a Derecho.
Debemos partir del hecho incuestionable de que a la fecha de publicación de la licitación, el Ayuntamiento disponía de la licencia de la plataforma EcoSAT fabricada por la empresa Tecnomovilidad, SCOOP. El PPT exige que cualquier licitador que quiera optar al contrato de limpieza debe contar con licencias de esta plataforma, porque la información que albergue el sistema será propiedad del Ayuntamiento y solo podrá ser utilizada por el adjudicatario en el ámbito de este contrato. La recurrente cuestiona esta exigencia ya que incluyen la obligación de proporcionar un sistema/software que sólo es susceptible de suministrarse por una empresa.
Considerando que el Ayuntamiento ya dispone de la licencia de la plataforma EcoSAT adquirida por el procedimiento de licitación anterior “Suministro de una licencia municipal de una plataforma informática de gestión para el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos”, resulta plenamente justificado, desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, que utilice la citada plataforma para la gestión del contrato actualmente en licitación. Como señala el órgano de contratación en su informe, ya que el Ayuntamiento utiliza esta plataforma, es lógico que se le exija al adjudicatario que cuente con licencias de la misma, para asegurar la compatibilidad, la integridad y la seguridad de unos datos que, en definitiva, le pertenecen al Ayuntamiento. Respecto la doctrina relativa a la necesidad de cohonestar los principios de competencia y eficiencia del gasto, sirva la Resolución 1172/2015, de 22 de diciembre del TACRC señala: “En cuanto a la posible vulneración de la libre competencia señala nuestra doctrina en la que hemos declarado que si bien la salvaguarda de la libre competencia es un principio inspirador de la contratación pública y está presente de forma indirecta en los de libertad de acceso, publicidad, transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato de los candidatos, también están entre esos principios, como señala el mismo artículo, el de asegurar, en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaría y control del gasto una eficiente utilización de los fondos”.
Como sostiene el órgano de contratación, en el caso que nos ocupa, la plataforma EcoSAT es un producto protegido por los derechos de propiedad industrial del fabricante y, puesto que esta es la plataforma con la que cuenta el Ayuntamiento, no es contrario al principio de libre competencia la exigencia de licencias de propiedad industrial sobre esta plataforma al adjudicatario del contrato. El procedimiento de contratación púbica tiene como finalidad satisfacer el interés general ofrecido por la Administración contratante a los ciudadanos, siguiendo para ello los necesarios principios de estabilidad presupuestaria y eficiente utilización de los recursos públicos.
Respecto a la obligación de adquirir las correspondientes licencias informáticas del aplicativo, los pliegos, así es reconocido por el órgano de contratación, dejan clara la posibilidad de utilizar cualquier otro software, obviamente compatible con el existente, para garantizar la eficiencia en el gasto y uso de recursos, y la interoperabilidad, de manera que la administración pueda seguir usando los medios de los que ya dispone, sin perjuicio de que el licitador pueda hacer uso de los suyos propios, o los que estime convenientes, eso sí, compatibles o conectados con los ya implantados en el Ayuntamiento.
En la propia cláusula 10, en su último párrafo, reconoce que “Se entenderá como válida cualquier marca equivalente a las descritas en el presente pliego en relación con el material o maquinaria, equipos y software”.
A juicio de este Tribunal, los motivos analizados de la cláusula 10 del PPT son los que se entiende cumplen los requisitos para otorgar legitimación al recurrente, al estar vinculados a un interés directo del mismo. El resto de alegaciones entran en la esfera de la defensa genérica de la legalidad, por lo que no se entra en su conocimiento.
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente motivo.
5.2 Respecto al segundo motivo del recurso alega la falta de justificación, por parte del órgano de contratación, a la hora de motivar la no lotificación del posible “Suministro de un sistema informático de gestión para la digitalización y suministro de datos asociados al servicio de recogida y transporte de residuos del Ayuntamiento de Aranjuez”.
En el apartado cuarto de la memoria justificativa del contrato, el Ayuntamiento de Aranjuez no ha incluido ningún motivo que justifique la no lotificación de este suministro; sólo se refiere a medios mecánicos, infraestructuras físicas y medios humanos, incumpliendo así el deber puesto de manifiesto por la LCSP a tal respecto, especialmente al tratarse de un “gran contrato”, de más de 45 millones de euros de valor estimado del contrato.
El órgano de contratación no hace alegaciones específicas al respecto.
El artículo 99.2 de la LCSP señala: “Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.
No obstante, lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de
defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente”.
En el caso que nos ocupa, el objeto del contrato es el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, mantenimiento y conservación de contenedores y limpieza viaria en el término municipal de Aranjuez.
Las CPV que figuran son:
PRINCIPAL
92500000-2 Servicios relacionados con desperdicios y residuos. OTROS
90511000-2 Servicios de recogida de desperdicios.
90511100-3 Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos. 90511200-4 Servicios de recogida de desperdicios domésticos.
90511300-5 Servicios de recogida de basuras. 90511400-6 Servicios de recogida de papel.
90512000-9 Servicios de transporte de desperdicios.
90600000-3 Servicios de saneamiento y limpieza en áreas urbanas o rurales y relacionados con ellos.
90610000-6 Servicios de limpieza y barrido de calles. 90611000-3 Servicios de limpieza de calles.
90612000-0 Servicios de barrido de calles.
Las especificaciones recogidas en el PPT, de forma genérica se definen a continuación:
- Recogida domiciliaria de los residuos de la “fracción resto” y transporte de los mismos a la planta de transferencia o tratamiento.
- Recogida domiciliaria de los residuos de la “fracción orgánica” y transporte de los mismos a la planta de transferencia o tratamiento.
- Recogida separada de los “envases ligeros” y transporte de los mismos a la planta de transferencia o tratamiento.
- Recogida separada de “papel-cartón” y transporte, gestión y tratamiento de los residuos.
- Recogida muebles y enseres domiciliarios. Voluminosos.
- Servicios especiales de recogida.
- Suministro, colocación, mantenimiento y lavado de todos los contenedores (fracciones, resto, orgánica, envases ligeros y papel-cartón), excluidos los contenedores xx xxxxxx.
- Limpieza viaria en todas sus modalidades contempladas en el apartado 4 del presente pliego.
- Gestión del punto limpio móvil.
Los servicios objeto de este contrato se especificarán.
A la vista de la definición del objeto del contrato, pretender que se justifique por que no se divide en lotes su objeto, en concreto la prestación de un “Suministro de un sistema informático de gestión para la digitalización y suministro de datos asociados al servicio de recogida y transporte de residuos del Ayuntamiento de Aranjuez”, resulta cuando menos excesivo. Resulta evidente que dicha prestación no forma parte del objeto del contrato en sentido estricto.
Por otro lado, tampoco resulta comprensible licitar el pretendido servicio
cuando el órgano de contratación ya dispone de una licencia de la plataforma EcoSAT fabricada por la empresa Tecnomovilidad, SCOOP obtenida en una licitación previa denominada precisamente “Suministro de una licencia municipal de una plataforma informática de gestión para el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos”.
Por todo lo anterior, procede la desestimación del presente motivo.
En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 46.4 de la LCSP y el artículo 3.5 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid,
ACUERDA
Primero.- Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación de Moba-Ise Mobile Automation, S.L., contra los pliegos que rigen la licitación del “Contrato de servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez” (nº de expediente CON 54/2021 SE AB).
Segundo.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58 de la LCSP.
Tercero.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente
ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 59 de la LCSP.