RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES
Recurso 213/2017 Resolución 214/2017
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Sevilla, 23 de octubre de 2017.
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
SERVICIOS ENERGÉTICOS contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Servicio integral con garantía total del alumbrado público y los edificios municipales del Ayuntamiento xx Xxxxxx” (Expte. PCA/27/2017), convocado por el Ayuntamiento xx Xxxxxx (Sevilla), este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El 12 xx xxxxxx de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de licitación, por procedimiento abierto, del contrato indicado en el encabezamiento de esta resolución. Asimismo, el citado anuncio se publicó, el 2 de septiembre de 2017, en el Boletín Oficial del Estado núm. 211 y el 17 xx xxxxxx de 2017, en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
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Gelves.
El valor estimado del contrato asciende a 7.428.881,40 euros y entre las empresas que presentaron sus proposiciones en el procedimiento no se encontraba la asociación ahora recurrente.
SEGUNDO. A la presente licitación le es de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Igualmente, le es de aplicación el Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
TERCERO. El 24 xx xxxxxx de 2017 se presentó en el Registro del órgano de contratación escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto por la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
SERVICIOS ENERGÉTICOS (en adelante AMI) contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de adjudicación del contrato citado en el encabezamiento de esta resolución.
CUARTO. El 12 de septiembre de 2017, se recibe en el Registro de este Tribunal oficio procedente del órgano de contratación adjuntando escrito de recurso especial, informe al mismo y expediente de contratación. Asimismo comunican que no disponen de órgano especializado para la resolución de los recursos especiales y reclamaciones en materia de contratación.
QUINTO. Por la Secretaría del Tribunal, con fecha 14 de septiembre de 2017, se solicita a AMI que aporte determinada documentación para la subsanación de su escrito de interposición del recurso. Dicha documentación fue remitida por la citada recurrente teniendo entrada en este Tribunal el mismo 14 de septiembre.
SEXTO. Una vez cumplido el plazo de presentación de ofertas, la Secretaría de este Tribunal, el 19 de septiembre de 2017, solicita al órgano de contratación el listado de entidades licitadoras en el procedimiento con los datos necesarios a efectos de notificaciones, dándose cumplimiento a lo solicitado el 25 de septiembre de 2017.
SÉPTIMO. Mediante Resolución, de 22 de septiembre de 2017, este Tribunal adopta la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación.
OCTAVO. Con fecha 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000, xxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxx Órgano se concedió un plazo de 5 días hábiles a las entidades licitadoras para que aportaran alegaciones, no habiéndose presentado ninguna en el plazo concedido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 41.3 y 4 del TRLCSP, en el artículo 10.3 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y en la Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del citado Tribunal.
El apartado 3 del artículo 10 del Decreto autonómico citado, en su redacción dada por el Decreto 120/2014, de 1 xx xxxxxx, por el que se acuerda el funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como órgano colegiado, y se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el mismo, dispone que “En el caso de que las entidades locales y poderes adjudicadores vinculados a las mismas no hayan optado por la posibilidad descrita en los apartados anteriores, el
será el competente para resolver los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad respecto a los actos de dichas entidades.”
Los apartados 1 y 2 de dicho artículo 10 del Decreto 332/2011, permiten que las Corporaciones Locales creen sus propios órganos especializados para resolver los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad o que las Diputaciones Provinciales del ámbito respectivo puedan resolverlos a través de órganos propios también especializados y solo en defecto de dichos órganos, este Tribunal autonómico asume la competencia para la resolución de aquéllos.
En el presente supuesto, el Ayuntamiento xx Xxxxxx manifiesta que carece de órgano propio para la resolución de los recursos especiales en materia de contratación, por lo que resulta competente el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
SEGUNDO. Con carácter previo al estudio de los restantes motivos de admisión, procede abordar la legitimación de la asociación recurrente para la interposición del presente recurso especial.
Al respecto, el artículo 42 del TRLCSP establece que “Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso”.
Asimismo, el artículo 24, apartado 1 del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual, señala que “Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados
con el objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados”.
Sobre la legitimación activa de las asociaciones, ya ha tenido ocasión de pronunciarse este Tribunal en numerosas ocasiones, valga por todas la Resolución 143/2016, de 17 xx xxxxx y la 83/2017, 2 xx xxxx, en la que se pone de relieve la abundante doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo existente al respecto y que debe entenderse igualmente aplicable en el ámbito del procedimiento del recurso especial en materia de contratación, pues la clave común en todos los casos está en el concepto de interés legítimo.
A priori, se ha de indicar que el estudio de la legitimación pasa por analizar el acto impugnado y su incidencia sobre los intereses colectivos defendidos por la asociación recurrente. Ello obliga a conocer cuáles son los motivos que sustentan el recurso interpuesto.
Como ya se ha indicado anteriormente, el escrito de recurso se interpone contra los pliegos que rigen la presente licitación y ello por entender que los mismos son discriminatorios y limitan la concurrencia.
Al respecto, debemos indicar que entre las funciones que implica su objeto social, los estatutos de la asociación recurrente mencionan la representación, gestión y defensa de los intereses económicos y profesionales de sus miembros.
Por lo expuesto, queda justificado el interés legitimo que ostenta la asociación recurrente en el ejercicio de la representación y defensa de sus asociados, debiendo reconocerse legitimación a la misma al amparo de lo previsto en el artículo 42 del TRLCSP.
TERCERO. Visto lo anterior, procede determinar si el recurso se refiere a alguno de los contratos contemplados legalmente y si se interpone contra
alguno de los actos susceptibles de recurso en esta vía, de conformidad con lo establecido respectivamente en los apartados 1 y 2 del artículo 40 del TRLCSP.
El contrato objeto de licitación es un contrato mixto de suministro y servicios sujeto a regulación armonizada, convocado por un ente del sector público con la condición de Administración Pública, y el objeto del recurso es el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de licitación, por lo que el acto recurrido es susceptible de recurso especial en materia de contratación al amparo de los apartados 1.a) y 2.a) del artículo 40 del TRLCSP.
CUARTO. En cuanto al plazo de interposición del recurso, el artículo 44.2 a) del TRLCSP dispone que “El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:
a) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que los mismos hayan sido recibidos o puestos a disposición de los licitadores o candidatos para su conocimiento conforme se dispone en el artículo 158 de esta Ley.”
En el supuesto examinado, la publicidad obligatoria de la licitación quedó completada el 2 de septiembre de 2017, fecha en que el anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado, habiéndolo sido antes en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante. En consecuencia, es a partir de dicha fecha cuando procede iniciar el cómputo del plazo para recurrir; en este sentido, al haberse presentado el escrito de interposición en el Registro del órgano de contratación, el 24 xx xxxxxx de 2017, aquel se presentó dentro del plazo legal indicado.
QUINTO. Una vez analizado el cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso, procede el estudio de los motivos en que el mismo se sustenta.
La recurrente interpone el presente recurso contra el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), solicitando de este Tribunal que, con estimación del mismo, acuerde declarar nula la cláusula 2 del mismo, por no ser ajustada a derecho.
Funda su pretensión la recurrente en un único alegato que será analizado en este y en el siguiente fundamento de derecho.
La recurrente denuncia que la cláusula 2 del PCAP, relativa al objeto del contrato, obliga al adjudicatario a asumir los costes relativos a las prestaciones desarrolladas por la consultora que ha realizado los trabajos para la asistencia al Ayuntamiento en la presente contratación (apoyo en la redacción de los pliegos, asistencia a la mesa de contratación y caracterización), estableciendo un importe de 12.000 euros más el IVA correspondiente.
A su juicio, en modo alguno cabría obligar a pagar al adjudicatario, un importe a la empresa que en su día fue contratada por el Ayuntamiento para prestarle asistencia, debiendo ser ello asumido por el Ayuntamiento contratante, por lo que dicha exigencia debe devenir nula.
Afirma que la redacción de los pliegos, la asistencia a la mesa de contratación y la caracterización no son actuaciones propias integrantes de la presente licitación, y sí un contrato previo y al margen, en el que ha participado el Ayuntamiento y la empresa encargada de dicha asistencia; y todo ello con independencia de que sea cuestionable y valorable, en otros ámbitos, el alcance de la asistencia a una mesa de contratación por parte de una empresa privada, a quien hay que abonarle dichos trabajos.
Señala que es de entender que en la presente licitación, el importe de la misma se ha cuidado y ajustado a las necesidades para el efectivo cumplimiento del contrato; quiere ello decir que si se pretende que el adjudicatario haya de asumir el coste de otro contrato (consultoría y asistencia), el precio entonces ya no sería adecuado al mercado, pues sería menor.
Así las cosas, a su entender, en el presente expediente de contratación tramitado, no se ha hecho referencia a los trabajos de consultoría y asistencia que han de abonarse por el adjudicatario del contrato, y es lógico pensar que dichas labores, al provenir de otro contrato, tampoco habrán tenido reflejo en el certificado de existencia de crédito destinado a la presente licitación, y ello, porque dicha asistencia no es objeto del presente contrato, sino de otro celebrado con anterioridad por el Ayuntamiento contratante.
Para reforzar su alegato la recurrente trae x xxxxxxxx el Informe 56/2004, de 12 de noviembre de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y las Sentencias 1935/2013, de 11 de noviembre y 2232/2013, de 20 de diciembre, de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxxxx y León.
Concluye la recurrente afirmando que los gastos derivados de los trabajos desarrollados por la consultora que ha realizado la asistencia al Ayuntamiento no son gastos propios del presente contrato y sí propios de un contrato previo de consultoría y asistencia concertado entre el Ayuntamiento (órgano de contratación) y la empresa que llevó a cabo dichos trabajos, sin que sea parte del mismo la empresa que vaya a ser adjudicataria del que se licita,. Por lo tanto, los gastos derivados por dicha asistencia tiene que asumirlos la Administración Local contratante, sin que quepa repercutirlos a través de la cláusula 2 “objeto del contrato” del PCAP.
Por su parte el órgano de contratación en su informe al recurso señala que los pronunciamientos alegados por la recurrente relativos a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa y al Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxxxx y León, no son extrapolables al supuesto que nos ocupa por una serie de razones que expone que aquí se dan por reproducidas.
Según el órgano de contratación se trata, en definitiva, de analizar si en el PCAP de la presente licitación puede trasladarse a la empresa que resulte adjudicataria de dicho contrato los costes de las prestaciones desarrolladas por la consultora que ha realizado la asistencia al Ayuntamiento de los trabajos de apoyo en la redacción de pliegos, asistencia a la mesa de contratación y caracterización.
En tal sentido, señala que debe recordarse que rige en el sistema español de contratación pública el principio de libertad de pactos, consagrado hoy en el actual artículo 25 del TRLCSP, con las lógicas limitaciones de que lo pactado en ningún caso pueda ser contrario al interés público, al ordenamiento jurídico ni a los principios de buena administración.
Indica que la recurrente no alega que se esté vulnerando ni el principio de buena administración ni el interés público; en cambio, sí alega que, con la previsión del PCAP, se estaría vulnerando el ordenamiento jurídico, pero dicho planteamiento, a su juicio, no puede ser compartido. Al respecto, señala que no se conoce ningún precepto de obligado cumplimiento en la normativa contractual que impida el traslado de los gastos en cuestión a la adjudicataria del contrato principal. Tal cuestión, según su entender, ha sido tratada recientemente por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su Resolución 41/2015, de 8 xx xxxxx, que transcribe parcialmente.
Concluye el informe al recurso que sí puede trasladarse el pago de los costes por los trabajos necesarios de caracterización, asistencia y elaboración de pliegos, a la empresa adjudicataria, sin que pueda argumentarse que dicho traslado no está previsto expresamente en el TRLCSP, debiendo quedar encuadrada dicha
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posibilidad en los principios de libertad de pactos y de discrecionalidad con los que cuenta la Administración a la hora de determinar las necesidades públicas a satisfacer y los pliegos en cada licitación. Para reforzar su alegato cita determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxx, fundamentalmente en relación al pago por los contratistas de las obras del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y de la tasa por licencia de obras.
SEXTO. Vistas las alegaciones de las partes procede analizar el fondo de la pretensión en la que la recurrente denuncia que la cláusula 2 del PCAP, relativa al objeto del contrato, obliga al adjudicatario a asumir los costes derivados de la asistencia técnica previa por los trabajos desarrollados por la consultora que asiste al Ayuntamiento en la contratación.
La cláusula 2 del PCAP determina el objeto del contrato y dispone que este se desglosa a su vez en una serie de prestaciones que la empresa adjudicataria está obligada a llevar a cabo. Tales prestaciones las enumera dicho pliego de la P1 a la P6, para concluir que “Ademas las prestaciones descritas [Pi a P6], el adjudicatario del presente contrato deberá asumir los costes siguientes: Los de los trabajos desarrollados por la consultora que ha realizado los trabajos para la asistencia al Ayuntamiento en la presente contratación (apoyo en la redacción de Pliegos, asistencia a Mesa de Contratación, y caracterización). Dichos trabajos ascienden al importe de 12.000 euros más el IVA que corresponda, y serán abonados por el adjudicatario al día siguiente de la formalización del contrato”.
Pues bien, los trabajos desarrollados por la consultora que ha realizado la asistencia técnica al Ayuntamiento en la presente contratación tales como apoyo en la redacción de los pliegos, asistencia a la mesa de contratación y caracterización, no tienen vinculación con el objeto del contrato que se licita, de acuerdo con las prestaciones exigidas en el mismo, pues aquellos se tratan de estudios previos y asesoramiento al Ayuntamiento en la contratación.
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En efecto, las exigencias en el contrato que se licita están definidas en las citadas prestaciones P1 a P6, dentro del objeto del contrato, esto es la gestión integral del alumbrado público y de los edificios municipales en el término municipal del Ayuntamiento xx Xxxxxx, incluyendo la gestión energética, la gestión y ejecución del mantenimiento de las instalaciones, la garantía total de reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados, las mejoras de renovación de las instalaciones, las inversiones en ahorro energético y energía renovables y el control de implantación del proyecto.
Sin embargo, la determinación de la naturaleza y extensión de los parámetros de las prestaciones indispensables para satisfacer sus necesidades, así como su objeto, contenido y el cálculo de los costes para ello, son trabajos que le corresponde realizar al órgano de contratación (artículo 22 del TRLCSP), en tanto que debe definir previamente sus necesidades y la forma de satisfacerlas, sin que los gastos en que incurra para ello puedan ser repercutidos al futuro contratista, ni tan siquiera por el principio de libertad de pactos (v.g. Resoluciones 209/2017, de 00 xx xxxxxxx x 000/0000, xx 00 xx xxxxxxx, xx xxxx Tribunal y Resolución 271/2017, de 27 de septiembre, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid).
En definitiva, estamos ante servicios propios que ha de soportar el órgano de contratación y que no pueden ser trasladados al contratista ni tan siquiera por el principio de libertad de pactos. En ese sentido se ha manifestado la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en sus Sentencias 1935/2013, de 11 de noviembre y 2232/2013, de 20 de diciembre, que determinan que “la Sala haciendo aplicación de los preceptos citados y del criterio expuesto por la Xxxx xx Xxxxxxxxxx concluye que la cláusula 7.6, párrafo segundo, y la cláusula 8, párrafo segundo, xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas particulares infringen el art. 131 del Reglamento de Contratación por cuanto que, al incluir los honorarios de la dirección facultativa e inspección de las obras y los honorarios de coordinación y dirección de la seguridad y salud de la mencionada obra en el presupuesto base de licitación del presente concurso, está necesariamente trasladando al contratista -adjudicatario de la obra o del contrato- la
xxxxxxxx de unos gastos y de unos costes que no le corresponden y que no le pueden corresponder, primero porque no pueden integrar ni el presupuesto de ejecución material y tampoco el presupuesto base de licitación, según el trascrito artículo 131, y segundo porque los profesionales que deben llevar a cabo tales funciones debe asumirlos la propia Administración en su condición de promotora y dueña de la obra, bien porque tales labores van a ser llevadas a cabo por sus propios técnicos o bien porque se va a llevar a efecto por profesionales expresamente contratados al efecto por dicha Administración, y por ello en uno y en otro caso por personal dependiente profesionalmente de la propia Administración (...)”.
Asimismo, en cuanto a la imposibilidad de trasladar al contratista servicios que son propios y a cargo del órgano de contratación, ni tan siquiera por el principio de libertad de pactos, conviene traer x xxxxxxxx el Informe 18/1997, de 14 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que en su conclusión cuarta dispone “Que en cuanto a la posibilidad de exigir aportaciones en nuevas licitaciones con destino a solventar deudas con el anterior adjudicatario se reitera el criterio de su carácter irregular expuesto en el informe de esta Junta de 21 de diciembre de 1995 (Expediente 44/95)“.
En su informe al recurso, el órgano de contratación alega que los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxxxx y León, no son extrapolables al supuesto que nos ocupa, en síntesis, por las siguientes razones:
i) no nos encontramos ante un contrato de obras, por lo que no resultaría de aplicación el artículo 131 del RGLCAP, ii) el Ayuntamiento cuenta con crédito suficiente y adecuado para la financiación del contrato de asistencia técnica suscrito con la empresa que ha llevado a cabo los trabajos de asistencia al Ayuntamiento en la redacción de pliegos, asistencia a mesas de contratación y caracterización y iii) en los supuestos del citado Tribunal Superior de Justicia los gastos que se trasladan al adjudicatario son de actuaciones correspondientes a la fase de ejecución del contrato y, por tanto, posteriores a la adjudicación.
Sin embargo, dichos razonamientos no desvirtúan el hecho de que estamos ante servicios propios del órgano de contratación que ha de soportarlos, sin que
puedan ser trasladados al contratista ni tan siquiera por el principio de libertad de pactos. En este sentido, las mencionadas sentencias del Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxxxx y Xxxx afirman que la presente licitación está necesariamente trasladando al contratista -adjudicatario de la obra o del contrato- la xxxxxxxx de unos gastos y de unos costes que no le corresponden y que no le pueden corresponder, entre otras cosas, porque los profesionales que deben llevar a cabo tales funciones deben ser asumidos por la propia Administración en su condición de promotora y dueña de la obra, bien porque tales labores van a ser llevadas a cabo por sus propios técnicos o bien porque se va a llevar a efecto por profesionales expresamente contratados al efecto por dicha Administración, y por ello en uno y en otro caso por personal dependiente profesionalmente de la propia Administración y por tanto a su cargo.
También el órgano de contratación en su informe al recurso para apoyar su argumento de que la cláusula objeto de controversia está amparada por el principio de libertad de pactos, trae colación la Resolución 41/2015, de 8 xx xxxxx el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, el supuesto allí analizado no es asimilable al examinado en la presente resolución. En aquel caso, se analizaba un contrato de suministro de absorbentes de incontinencia urinaria en el que una cláusula xxx xxxxxx obligaba a que parte del precio del contrato debía ser abonado al contratista por los usuarios de los absorbentes, mientras que en el presente supuesto se pretende que el adjudicatario abone unas prestaciones que, como se ha analizado anteriormente, no tienen vinculación con el objeto del contrato que se licita, de acuerdo con lo exigido en el mismo, pues aquellas prestaciones tratan sobre estudios previos y asesoramiento al Ayuntamiento en la contratación.
Para defender sus argumentos el órgano de contratación, al final de su informe al recurso, cita determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxx, relativas fundamentalmente al pago por los
contratistas de las obras del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y de la tasa por licencia de obras.
Al respecto, ha de manifestarse que, efectivamente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el hecho de que las tasas son exigibles a los contratistas de obras, incluso cuando se devenguen y exijan antes del inicio de las obras proyectadas. Ha sido así en las sentencias de 10 xx xxxx de 1985, de 10 de diciembre de 1985, de 28 de octubre de 1987, de 00 xx xxxx xx 0000 x xx 0 xx xxxxxxx de 1998 -ésta última alegada por el órgano de contratación-.
En este sentido, el Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Contratación del Estado, ya derogado, daba cobertura a dicha posibilidad, pues se pronunciaba sobre la inclusión en el presupuesto de ejecución del contrato de las cargas fiscales y las tasas de la Administración legalmente establecidas que inciden sobre el coste de las obras.
Actualmente, el RGLCAP, se pronuncia sobre esta cuestión prácticamente en los mismos términos. Así, su artículo 131, bajo el epígrafe “Presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación”, que tiene carácter básico, define ambos conceptos e incluye, en el presupuesto de licitación, entre otras partidas, las cargas fiscales y las tasas de la Administración legalmente establecidas. Siendo así que en el contrato de obras el presupuesto de licitación incluye el coste de los gastos generales en que incurre el contratista, entre los que figuran los tributos, inclusión que tiene por tanto soporte legal, circunstancia que no ocurre en el supuesto examinado.
Por último, además de lo anterior, se produce una disminución real en el presupuesto de licitación del presente contrato, al incluirse una partida de gastos ajena a las prestaciones objeto del mismo y que no forma parte del expediente de contratación, que las entidades licitadoras habrían de tener en cuenta al elaborar su ofertas.
En consecuencia, en base a las consideraciones expuestas a lo largo de la presente resolución, procede estimar el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el sentido expuesto, con retroacción de las actuaciones al momento anterior a la elaboración del mismo, a fin de que en el nuevo pliego que, en su caso, se apruebe se tenga en cuenta lo indicado en la presente resolución, debiendo convocarse una nueva licitación.
Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal
ACUERDA
PRIMERO. Estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y SERVICIOS ENERGÉTICOS contra el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de adjudicación del contrato denominado “Servicio integral con garantía total del alumbrado público y los edificios municipales del Ayuntamiento xx Xxxxxx” (Expte. PCA/27/2017), convocado por el Ayuntamiento xx Xxxxxx (Sevilla) y, en consecuencia, anular el acto impugnado, con retroacción de las actuaciones al momento anterior a la elaboración del mismo, a fin de que en el nuevo pliego que, en su caso, se apruebe se tenga en cuenta lo indicado en la presente resolución, debiendo convocarse una nueva licitación.
SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47.4 del TRLCSP, el levantamiento de la suspensión del procedimiento acordada por este Tribunal en Resolución de 22 de septiembre de 2017.
TERCERO. Notificar la presente resolución a los interesados en el procedimiento.
Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra K) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.