LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE:
2017
LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE:
⮚ CONTRATOS DE APOYO E IMPULSO A ACTI VIDADES DE INTERÉS PÚBLICO.
⮚ CONVENIOS DE ASOCIACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES.
⮚ CONVENIOS ESPECIALES DE COOPERACIÓN PARA EL
FOMENTO
DE ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS.
⮚ CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.
⮚ CONVENIOS DE DESEMPEÑO.
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es fijar lineamientos en la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud para la celebración de Contratos de apoyo e impulso a actividades de interés público, Convenios de asociación para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de los particulares, Convenios especiales de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas, Contratos o convenios interadministrativos, Convenios de desempeño y otros aspectos, con el ánimo de dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política Nacional y en la ley.
2. ALCANCE
Este lineamiento aplica para todas las Dependencias de la Secretaría Distrital de Salud, que requieran adelantar procesos contractuales en las modalidades que aquí se definen.
3. MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL LEY 29 DE 1990
DECRETO 393 DE 1991
DECRETO LEY 591 DE 1991
DECRETO 777 DE 1992
DECRETO 1403 DE 1992
LEY 80 DE 1993
LEY 489 DE 1998
LEY 1150 DE 2007
LEY 1286 DE 2009
LEY 1474 DE 2011
DECRETO 507 DE 2013
DECRETO 1082 DE 2015
DECRETO 092 DE 2017 (Rige a partir del 1 xx Xxxxx de 2017)
De acuerdo con este marco normativo se fija el presente lineamiento.
4. GLOSARIO
Colombia Compra Eficiente: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011.
Entidad Estatal: Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y
(c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Etapas del Contrato: Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.
Período Contractual: Cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.
Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título.
Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.
Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.
Inhabilidades: Circunstancias previstas en la Constitución o en la ley, que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, designada para un cargo público, como también en ciertos casos impiden que la persona que ya viene vinculada a la función pública continúe en ella.1
Convenios: Negocio jurídico bilateral de la administración en virtud del cual ésta se vincula con otra persona jurídica pública o con otra persona jurídica o natural privada para alcanzar sus fines de interés mutuo en el marco de ejecución de funciones administrativas, fines que, como es obvio deben coincidir con el interés general (artículo 209 de la constitución política de Colombia).2
Contratos: Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales previstas en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivado de la autonomía de la voluntad.
ISOLUCION: Es el sistema de información y herramienta que soporta la gestión documental del sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud.
5. GENERALIDADES
En el ordenamiento jurídico colombiano existen diversas formas de contratación para cumplir con los fines estatales, dentro de los cuales está el Estatuto General de la Contratación y los Regímenes Especiales de contratación. En tal virtud se hace necesario fijar unas pautas para la celebración de convenios y contratos, las cuales deben ser atendidas por las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Salud.
A. CONTRATOS DE APOYO E IMPULSO A ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO
1 Sentencia C-353/09 Magistrado Ponente: Xx. XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX
2 Guía de la Contratación Estatal, Convenios de la Administración Publica. Alcaldía Mayor de Bogotá D. C
Esta figura la regula el artículo 355 de la Constitución Política y los Decretos 777 de 1992 y 1403 de 1992, derogados por el Decreto 092 de 2017, el cual entra en vigencia el primero (1) xx xxxxx de 2017.
Estos contratos son los celebrados por las entidades públicas con personas jurídicas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo3.
El Decreto 777 de 1992 y el Decreto 1403 de 1992 consagran las siguientes exclusiones:
- Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad y que por lo tanto podría haberse celebrado con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas de contratación vigentes. Esto es que debe establecerse, en cada caso particular, si el contenido prestacional del contrato, beneficia a la entidad pública o si por el contrario, la beneficiaria del contrato es la población4.
- Las transferencias que se realizan con los recursos de los presupuestos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal a personas de derecho privado para que, en cumplimiento de un mandato legal, desarrollen funciones públicas o suministren servicios públicos cuya prestación esté a cargo del Estado de acuerdo con la Constitución Política y las normas que la desarrollan.
- Las apropiaciones presupuestales decretadas a favor de personas jurídicas creadas por varias entidades públicas, como son las cooperativas públicas, o de corporaciones y fundaciones de participación mixta en cuyos órganos directivos
3 “ARTICULO 355 - “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.”
4 “ ... los contratos a que se refiere el inciso 1o. del artículo 2o. del Decreto 777 de 1992 son los que implican una conducta de parte del contratista directamente en beneficio de la entidad contratante (entidades administrativas territoriales), distintos de los que las entidades públicas pueden celebrar con personas privadas sin ánimo de lucro, sin que ello implique una prestación en favor de la Nación, el departamento, el distrito o municipio respectivo, sino que tienen por objeto beneficiar a la comunidad, pues deben estar enderezados a impulsar programas y actividades de interés público, acordes con el Plan Nacional o los Planes Seccionales de Desarrollo, de allí que aquellos sean excluidos por el mismo artículo 2o. acusado de la aplicación del decreto del cual hace parte dicha disposición”. (Sentencia del 26 de febrero de 1993, radicación 2073, Sección Primera del Consejo de Estado que denegó la nulidad contra los artículos 1 y 2 del Decreto 777 de 1992).
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LINEAMIENTO PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS Código: SDS-CONT- LN-002 V.1 | Elaborado por: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx / Xxxxxxxx Xxxxxx / Xxxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx por: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Aprobado por: Xxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx |
estén representadas entidades públicas en forma proporcional a sus aportes, de acuerdo con las disposiciones estatutarias de la corporación o fundación.
- Los contratos que de acuerdo con la ley celebre la entidad pública con otras personas jurídicas, con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto específico por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta última les imparta.
Ahora bien, el Decreto 092 de 2017 establece que las entidades públicas podrán contratar con personas jurídicas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
- Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel de Entidad con los cuales esta busque exclusivamente promover los derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de minorías, el derecho a la educación, el derecho x xxx, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y promoción de la diversidad étnica colombiana.
- Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor de la Entidad ni instrucciones precisas dadas por ésta al contratista para cumplir con el objeto del contrato.
- Que no exista oferta en el mercado de bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privadas sin ánimo lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. En los demás eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos.
De igual manera, la norma establece dos aspectos importantes a tener en cuenta en esta modalidad de contratación, como son:
- La contratación con estas entidades debe ir justificada en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo.
- Las Entidades Estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, previa autorización expresa de su representante legal para cada contrato.
El artículo 4, de la mencionada norma establece el Proceso competitivo de selección cuando existe más de una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, el cual debe cumplir las siguientes fases:
1. Definición y publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del Riesgo y los criterios de ponderación para comparar las ofertas.
2. Definición de un plazo razonable para que las entidades privadas sin ánimo lucro de reconocida idoneidad presenten a la Entidad Estatal sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad.
3. Evaluación de las ofertas por parte de la Entidad Estatal teniendo en cuenta los criterios definidos para el efecto.
NOTA: HASTA TANTO NO ENTRE EN VIGENCIA EL DECRETO 092 DE 2017, LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 1 DE LA PRESENTE CIRCULAR, SE REALIZA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 777 DE 1992 Y EL DECRETO 1403 DE 1992.
B. CONVENIOS DE ASOCIACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICULARES
Desarrollado por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Son contratos mediante los cuales las entidades públicas se asocian con personas jurídicas particulares para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley.
El citado artículo 96 establece que los convenios de asociación se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política y en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes y aportes.
El Decreto 092 de 2017 en el artículo 5, el cual entra en vigencia el primero (01) xx xxxxx de 2017, establece que se pueden suscribir convenios de Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de Entidades Estatales, cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional.
Así mismo el Decreto 092 de 2017, establece que cuando hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones asignadas por Ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los criterios para tal selección.
Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace referencia el artículo 2 del mencionado Decreto y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
NOTA: ESTOS CONVENIOS DEBEN CONTAR CON APORTES DE AMBAS PARTES REPRESENTADOS EN DINERO O EN ESPECIE, LOS CUALES DEBERÁN SER CUANTIFICADOS.
C. CONVENIOS ESPECIALES DE COOPERACION PARA EL FOMENTO Y/O DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
Se derivan del Preámbulo y de los artículos 67, 69 y 70 de la Constitución Política y son desarrollados por la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 del 2015, la Ley 29 de 1990, modificada por la ley 1286 de 2009 y por los Decretos 393 y
591 de 1991. Son convenios especiales de cooperación para facilitar, fomentar o desarrollar algunas de las actividades científicas o tecnológicas de que tratan los Decretos 393 y 591 de 1991, los cuales señalan dentro de las actividades consideradas como de ciencia y tecnología, las siguientes:
Decreto 591 de 1991 – artículo 2:
1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos, y conformación de sedes de investigación e información.
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología.
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica.
4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica.
5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras.
6. Cooperación científica y tecnológica nacional o internacional.
Decreto 393 de 1991 – artículo 2: La celebración del convenio deberá tener los siguientes propósitos:
1. Adelantar proyectos de investigación científica.
2. Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales.
3. Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e incubadoras de empresas.
4. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y la tecnología.
5. Establecer redes de información científica y tecnológica.
6. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.
7. Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras.
8. Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales y extranjeras.
9. Realizar actividades de normalización y meteorología.
10. Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional, fondos especiales de garantías, y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos científicos.
11. Realizar seminarios, cursos o eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología.
12. Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a investigadores, grupos de investigación e investigaciones.
Para adelantar actividades científicas o tecnológicas, las entidades públicas podrán celebrar estos convenios especiales de cooperación tanto con entidades públicas de cualquier orden como con particulares; sin embargo, es necesario que las personas que los celebren aporten recursos en dinero, en especie o de industria con el ánimo de facilitar, fomentar o desarrollar algunas de las anteriores actividades ya señaladas (art. 17 Dto. 591 de 1991), idéntica disposición señalada en el artículo 3 del Dto. 393 de
1991.
D. CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
A través de esta modalidad las entidades públicas podrán asociarse entre sí para el cumplimiento de funciones administrativas o prestar conjuntamente servicios a su cargo mediante la suscripción de contratos o convenios interadministrativos
Los contratos interadministrativos se encuentran regulados por lo contemplado en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la ley 1474 de 2011.
De lo establecido en la norma, se establece que esta modalidad debe seguir las siguientes reglas:
- Las obligaciones derivadas del mismo deben tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos
- La existencia de una contraprestación entre contratante y contratista.
La ley 1474 de 2011 exceptúa de la modalidad de contratación directa, los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada.
La ley 1150 de 2007, establece que están exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales.
Por su parte, los convenios interadministrativos se encuentran previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Estos se encuentran caracterizados por lo siguiente:
- Se suscriben con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo.
- No existe una contraprestación pues ninguna de las partes le brinda un servicio a la otra, pero existen aportes de ambas partes en dinero o especie.
NOTA: ESTOS CONVENIOS DEBEN CONTAR CON APORTES DE AMBAS PARTES REPRESENTADOS EN DINERO O EN ESPECIE LOS CUALES DEBERÁN SER CUANTIFICADOS.
E. CONVENIOS DE DESEMPEÑO
Mediante esta modalidad de contratación las entidades públicas pueden recibir dineros que deberán ser utilizados, dentro de los límites y orientaciones que determinan su objeto y garantizando la eficiente utilización de los mismos, cuando la situación financiera de las entidades beneficiarias, no permita cumplir de manera eficiente y eficaz su objeto propio
Su justificación normativa se encuentra en el artículo 107 y 108 de la ley 489 de 1998, y están caracterizados por:
- Se realizan para la ejecución de planes y programas
- Se deben determinar los compromisos y obligaciones de las entidades encargadas de la ejecución, los plazos, deberes de información e instrumentos de control para garantizar la eficiencia y la eficacia de la gestión.
- Se determinarán objetivos, programas de acción en los aspectos de organización y funcionamiento y técnicos para asegurar el restablecimiento de las condiciones para el buen desempeño de la entidad, en función de los objetivos y funciones señalados por el acto de creación.
El artículo 14 de la Ley 617 de 2000 establece la prohibición al sector central municipal, departamental o distrital para girar recursos económicos a empresas con dificultades financieras, entre ellas las empresas prestadoras de servicios de salud.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C 540 de 2001 se pronunció sobre la prohibición establecida en el artículo 14 de la Ley 617 de 2000, de la siguiente manera: “Para la Corte el hecho de ordenar la no transferencia de recursos y supresión de empresas industriales ineficientes o de las entidades descentralizadas que no cumplen su finalidad de generar rentas cuando se encuentran bajo la figura de monopolio rentístico, a la luz de la Constitución Política constituye una medida justificada, razonada, objetiva y suficiente, que no pone en peligro ningún principio, valor ni derecho constitucional. Son la eficiencia administrativa y el interés general los que constituyen el propósito central de la medida en cuestión. Cosa distinta ocurre con las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud a que alude el artículo 14 de la Ley 617, cuya finalidad prioritaria no es la de reportar utilidades económicas sino beneficio social. Su función está directamente vinculada al cumplimiento de los fines esenciales y de las
obligaciones sociales del Estado, en el marco general del Estado social de derecho (C.P., arts. 1, 2 y 49). Además de no estar comprendidas en las actividades señaladas en el artículo 336 de la Constitución, por la naturaleza de su actividad, los criterios para determinar su eficiencia no pueden ser exclusivamente de carácter económico ni de rentabilidad financiera. Por las anteriores razones las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud no pueden recibir el mismo tratamiento que las demás entidades señaladas en el inciso primero del artículo 14, razón por la cual se declarará la inexequibilidad de la referencia que hace el artículo 14 a este tipo de Empresas. Para estas entidades las pérdidas en su actividad económica no deben conducir inexorablemente a su liquidación, en cuanto su finalidad primordial no es la de generar rentas a las entidades públicas sino la de participar con su actividad en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho (C.P., arts. 1º y 2º). Se precisa que la decisión de la Corte no implica que estas empresas queden exentas de las obligaciones de eficiencia, cobertura, actualización tecnológica, sistema tarifario y demás aspectos señalados en la ley para ellas, pues la naturaleza de su objeto social no permite establecer un régimen de excepción al acatamiento de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política”.
Para la Corte es claro que la entidad territorial está en la capacidad de entregar recursos a sus Empresas Sociales del Estado cuando estas se encuentren con indicadores financieros negativos que pudieran conducir a su liquidación; lo anterior con el propósito de que las mismas pueda cumplir con su objeto el cual es la preservación de la prestación del servicio esencial de la Salud
En consideración a ello, la Secretaría Distrital de Salud como ente territorial responsable de garantizar la continuidad de la prestación del servicio público esencial de salud en condiciones de calidad, podrá suscribir convenios de desempeño para adelantar para fortalecer la prestación de los servicios de Salud.
Lo anterior por cuanto la ley 489 de 1998 establece en su Artículo 4º “Finalidades de la función administrativa. La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general”.
F. OTROS ASPECTOS
• Para las modalidades de contratación dispuestas en este documento se debe tener en cuenta, además de la normatividad específica que regula cada una, los principios que rigen la actividad contractual y la función administrativa, así como lo establecido en el estatuto anticorrupción y las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan. De igual forma se deberá tener en cuenta los manuales y guías de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
• Las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 2011, y en las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, o en cualquier otra norma especial, son aplicables a estas modalidades de contratación
• Los contratos y convenios, tipificados como causales de contratación directa es decir los convenios y contratos interadministrativos, y los convenios especiales de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas, deben estar soportados con el acto administrativo de justificación, en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015.
• Se solicita consultar y hacer uso de los formatos establecidos para cada modalidad de contratación en su etapa precontractual publicados en ISOLUCIÓN, así como dar cumplimiento a los requisitos xx xxx establecidos para las diferentes modalidades de contratación.
6. BIBLIOGRAFIA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL LEY 29 DE 1990
DECRETO 393 DE 1991
DECRETO LEY 591 DE 1991
DECRETO 777 DE 1992
DECRETO 1403 DE 1992
LEY 80 DE 1993
LEY 489 DE 1998
LEY 1150 DE 2007
LEY 1286 DE 2009
LEY 1474 DE 2011
DECRETO 507 DE 2013
DECRETO 1082 DE 2015
DECRETO 092 DE 2017 (Rige a partir del 1 xx Xxxxx de 2017)
CIRCULAR 010 DEL 12 XX XXXXX DE 2007 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.
Registre en este cuadro, la versión, fecha de aprobación de la versión y los cambios generados en cada versión del documento.
VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN |
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LINEAMIENTO PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS Código: SDS-CONT- LN-002 V.1 | Elaborado por: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx / Xxxxxxxx Xxxxxx / Xxxxx Xxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx por: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Aprobado por: Xxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx |
1 | 13/02/2017 | En el ordenamiento jurídico colombiano existen diversas formas de contratación para cumplir con los fines estatales, dentro de los cuales está el Estatuto General de la Contratación y los Regímenes Especiales de contratación. Ahora bien, los cambios en el marco normativo como por ejemplo la entrada en vigencia a partir xx xxxxx de 2017 del Decreto 092 de 2017, hace necesario que la Secretaria Distrital de Salud emita los lineamientos que deben aplicar todas las áreas que requieran adelantar procesos contractuales en las modalidades definidas por el decreto en mención y por el marco legal constitucional vigente |