Contract

69.- Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Chiapas a evitar la apertura xxx xxxxxxx de recursos genéticos sin la debida discusión y construcción de consensos, y a pro- mover decididamente en su legislación el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que Mé- xico forma parte, a cargo del diputado Xxxxxx Xxxxxx Ca- rrera, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legisla- tura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Desde el mes de febrero próximo pasado se inició en el estado de Chiapas el proceso de consulta internacional so- bre la iniciativa xx Xxx para la Conservación de la Biodi- versidad y la Protección Ambiental del estado de Chiapas.

En la convocatoria que da cuenta de los diferentes eventos que se celebrarán, se señala que la gestión ambiental es una prioridad de la administración del estado de Chiapas, por lo cual se elaboró este proyecto xx Xxx. Asimismo, en este documento se indica que, sustentados en la tesis de más so- ciedad y menos gobierno, nace la necesidad de realizar una consulta internacional para enriquecer el contenido del proyecto de iniciativa.

Por una parte, sorprende que una iniciativa estatal, promo- vida por el Poder Ejecutivo de la entidad, deba someterse a opiniones extranjeras. La “consulta internacional” en torno al proyecto xx Xxx para la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental de Chiapas, que culminó el día 10 xx xxxxx en San Xxxxxxxxx de las Casas, como han se- ñalado diversas organizaciones de la sociedad civil chiapa- necas, va en contra del derecho y la soberanía nacional.

2. En su contenido, el mencionado proyecto xx xxx incluye por primera vez la bioprospección, es decir, la colecta y el uso de material genético para fines comerciales.

En el artículo 136 del Capítulo VIII referente al Aprove- chamiento Extractivo se señala que los aprovechamientos podrán autorizarse para actividades de colecta científica,

bioprospección, captura, con fines de reproducción, restau- ración, recuperación, repoblación, reintroducción o educa- ción ambiental.

También prevé normar el conocimiento tradicional indíge- na. Además de definir los conocimientos tradicionales co- mo aquellos que “entrañan estilos de vida pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad bio- lógica”. Señala en el artículo 71 que “El gobierno del esta- do y los ayuntamientos, fomentarán investigaciones cientí- ficas y promoverán programas para el conocimiento de los recursos naturales con que cuenta la entidad para propiciar su aprovechamiento racional y proteger los ecosistemas, buscando el rescate y reconocimiento de los conocimientos tradicionales...”

Por todos es conocida la riqueza que entraña el territorio chiapaneco. En Chiapas se concentra 40 por ciento de la biodiversidad total del país, así como, buena parte de las semillas madre de los alimentos que hoy consume el mun- do, y también probados remedios medicinales (herbola- xxxx), además de conformar el bastión eje de paso de los co- rredores biológicos de la región.

Como ha sido divulgado en diversos medios de comunica- ción, desde hace varios años trabajan en la entidad organi- zaciones como Conservación Internacional, agrupación es- tadounidense asentada en Chajul; la Unión Europea, con un proyecto de café cerca de la reserva El Triunfo, e inclu- so Monsanto, que adquirió la empresa Seminis, la cual tra- baja en el municipio de Comitán, en Yax Na, cerca de las xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx.

El Grupo Pulsar, antecesor de Seminis, creado por Xxxxxxx Xxxx, tenía en su haber bancos genéticos que colectó, en- tre los que no sólo había vainilla, sino amplias colecciones de frijol, chile, calabaza y experiencias con agave transgé- nico (todos originarios de México). Estos bancos pasaron a ser de acceso directo xx Xxxxxxxx, con la reciente compra de Seminis, principal subsidiaria del extinto Grupo Pulsar. Operación que por cierto incluyó que Xxxx siga dirigien- do Seminis. Monsanto por su parte ya tenía acuerdos pre- vios de “investigación” del teocintle, ancestro del maíz, en la Reserva de Manantlán.

Cientos de muestras forman parte ahora de los laboratorios de la Universidad de Georgia en Estados Unidos y de las grandes farmacéuticas. Xxxxx Berlín engañó a los pueblos indios y a cambio de pagos en especie recibía material ge- nético de las ricas regiones de Chiapas.

El objetivo central de las transnacionales biotecnológicas, farmacéuticas y agroalimentarias como Pfizer, Pharmacia, Monsanto, Coca cola, Syngenta, Glaxo, Dupont, Ford Mo- tors Co., y General Motors, entre otros, es apoderarse de los territorios mega diversos -en tanto su carácter de in- mensos bancos genéticos. Para ello cuentan con la compli- cidad consciente o inconsciente de socios y contrapartes lo- cales, como pueden ser centros de investigación y, sobre todo, de pseudo ONG “conservacionistas”.

3. La actitud de nuestras autoridades frente a esta situación que atinadamente se ha llamado “biopiratería”, no respon- de exactamente a la defensa de la soberanía nacional, como lo demuestran las declaraciones que el pasado 8 xx xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, secretario de Medio Ambiente y Recur- sos Naturales, realizó en el estado. Anunció que “en Chia- pas se abren oportunidades para mercados legales de los recursos genéticos y la biodiversidad, ya que esa entidad es la segunda más rica del país en estos recursos”. (La Jorna- da, Xxxxxxxx Xxxxxx, 8-3-05). Esto lo declara en el contex- to de la firma de una carta de intención entre el gobierno de Chiapas y la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, para abrir a la inversión privada los 6 millones de hectáre- as de bosques en ese estado.

En esa ocasión el secretario Xxxxxxxx aclaró que con la nueva iniciativa xx Xxx de Conservación de la Biodiversi- dad y la Protección Ambiental del Estado de Chiapas, tam- bién habrá oportunidades para la bioprospección, los servi- cios ambientales y el ecoturismo.

En el mismo sentido días antes (La Jornada, 23 de febrero 2005) el director del Conacyt, Xxxxx Xxxxxx, señaló que an- te la recién aprobada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados era necesario “patentar las es- pecies nativas antes que lo hagan extranjeros”.

4. El Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB es el primer acuerdo mundial integral que aborda todos los as- pectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, espe- cies y ecosistemas, mismos que se expresan en sus tres ob- jetivos:

A través del CDB se reconoce, por primera vez, que la con- servación de la diversidad biológica es del interés de toda la humanidad y que ésta, a su vez, es parte integrante del proceso de desarrollo. De hecho, la conservación de la di- versidad biológica se ha convertido en parte fundamental de las propuestas hacia el desarrollo sustentable.

El CDB quedó abierto a su firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (“Cumbre de la Tierra” de Río de Janeiro) el 5 xx xxxxx de 1992 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, con 43 países ratificantes. Actualmente, alrededor de 177 países han ratificado el Xxxxxxxx.

Xx 0000, Xxxxxx ratificó la firma al Convenio, siendo el 12avo país en hacerlo. Con esto, nuestro gobierno se de- clara responsable de la conservación de la biodiversidad nacional y se compromete a tomar medidas que así lo ga- ranticen a fin de no poner en peligro la diversidad biológi- ca del país ni la de países vecinos.

La CDB señala en particular en su artículo 8, inciso j, lo si- guiente: “Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovacio- nes y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos cono- cimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimien- tos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamen- te”.

México, tiene compromisos internacionales que cumplir, que van en contra de cualquier intento de generar normas a favor de intereses particulares sobre el bien público. Es de- cir, no se debe pretender legitimar acciones de biopirateria sobre la diversidad biológica del país.

En conclusión consideramos que el tema de la “biopros- pección”, tiene fuertes implicaciones para la riqueza cultu- ral y biológica de nuestro país por ello no podemos permi- tir que una legislación estatal abra el mercado de los recursos genéticos sin la suficiente discusión. El debate de este delicado tema deberá plantearse en el plano nacional y tener en cuenta sobre todo el punto de vista y consenso de los pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente al honorable Congre- so del estado de Chiapas y al Poder Ejecutivo del mismo estado para que evite la apertura xxx xxxxxxx de recursos

genéticos sin la debida discusión y construcción de con- sensos, y que promueva decididamente en su legislación el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica del que México forma parte, reconociendo el derecho so- berano del país sobre sus recursos naturales con el propó- sito de evitar posibles actos que legitimen acciones de bio- piratería sobre la diversidad biológica del país.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, 15 xx xxxxx de 2005.— Dip. Víc - xxx Xxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación.

70.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las auto- ridades laborales de los estados de Baja California, Chi- huahua, Coahuila y Tamaulipas a dar a conocer, de acuerdo con lo establecido en los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo, los resultados de las inspec- ciones periódicas y extraordinarias en las industrias ma- quiladoras establecidas a lo largo de sus respectivas xxxx- jas fronterizas practicadas de 2004 a la fecha, a cargo de la diputada Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Se- cretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades laborales de los estados de Baja California, Chihuahua, Co- ahuila y Tamaulipas, dar a conocer los resultados de las inspecciones periódicas y extraordinarias, de acuerdo a lo señalado en los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo en las industrias maquiladoras establecidas, a lo largo de sus respectivas franjas fronterizas, practicadas del año 2004 a la fecha.

Antecedentes

En el sexenio de 1970 a 1976, el Ejecutivo federal imple- mento un plan industrial, para incentivar la exportación de

manufacturas mexicanas, que incluyó la promoción de la instalación de empresas maquiladoras a lo largo de la xxxx- ja fronteriza norte de nuestro país, por medio de un decre- to para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, que a la fecha se sigue aplicando en reno- vadas modalidades, a lo largo de la franja fronteriza norte.

La manufactura de esta industria, aunque de escaso conte- nido de integración nacional, provocó un efecto multipli- cador que estimuló la demanda interna de la región, por efecto de la derrama económica derivada de los salarios, permitiendo el crecimiento y desarrollo principalmente de las ciudades de Tijuana, Baja California, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de otras más en los estados de Tamaulipas y Coahuila.

A partir de esos años la zona fronteriza norte se colocó en una posición de privilegio en muchos sentidos, debido a que como región estratégica cuenta actualmente con los mayores índices de desarrollo social. Sin embargo los altos niveles de vida que caracterizan a las entidades del norte de nuestro país, no alcanzan a toda su población y en conse- cuencia las oportunidades no están en proporción a los ni- veles de bienestar pleno.

Desde mediados de la década de los setentas a la fecha los mercados laborales de esta región, ofrecen un panorama atractivo a las mujeres, debido a que la oferta de trabajo es destinada principalmente a ellas, creándose mayores opor- tunidades de acceso al empleo formal remunerado, esto no significa una mejoría plena en sus condiciones de calidad de vida, ya que mantienen una constante violación de sus derechos humanos y laborales elementales, que van desde los requisitos del certificado de no embarazo, previo a la contratación; la no modificación del estado civil, el acoso sexual, las condiciones de falta de seguridad y amenazas a su salud, por exposición o manejo de materiales peligrosos y/o dañinos; la interrupción de las relaciones laborales por causa de maternidad; despidos injustificados; jornadas ex- tenuantes de trabajo y otros.

De acuerdo a datos del INEGI en el año 2004, se encontra- ban ocupadas en el sector de la maquila para exportación casi seiscientas mil trabajadoras en ocupaciones, que van desde operadoras hasta técnicas de producción y emplea- das.

Son conocidas por todos, las constantes discriminaciones por causa de género y violaciones a la Ley Federal del Trabajo, que a pesar de las recurrentes denuncias de las

trabajadoras de este sector industrial, muchas no se atien- den a satisfacción de ellas, por el temor a las represiones por parte del sector patronal quedando en situaciones de vulnerabilidad laboral continua, por su condición de clase.

El articulado comprendido en el capítulo V del título once de la vigente Ley Federal del Trabajo, encomienda a la Se- cretaría del Trabajo y Previsión Social, como también a las autoridades designadas por los gobiernos de las entidades federativas, dentro del ámbito de sus respectivas compe- tencias jurisdiccionales, conforme a los artículos 540 y 545 de la Ley en comento, a realizar visitas de inspección pe- riódicas y/o extraordinarias en los centros de trabajo y que de acuerdo al artículo 541 de la misma ley, instruye a los inspectores del trabajo, vigilar el cumplimiento de las nor- mas entre las que se consignan los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, como también las que regla- mentan el trabajo de las mujeres y los menores, además de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene. A su vez examinar las sustan- cias y materiales utilizados en las empresas y estableci- mientos cuando se trate de trabajos peligrosos. En estas vi- sitas de inspección se incluye la aplicación de la observancia de las normas oficiales mexicanas, como tam- bién es el caso para el debido pago correspondiente de la participación de utilidades generadas por las empresas y demás ordenamientos contenidos en esta misma ley.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la considera- ción del Pleno de esta Cámara del H. Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero- Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que en el ámbito de sus facultades y competencias informe a esta X. Xxxxxx de los resultados de las visitas de inspección practicadas del año 2004 a la fecha, a que se re- fiere los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo y de las acciones realizadas para combatir la discrimina- ción y violencia contra las mujeres trabajadoras, efectuadas en las plantas maquiladoras establecidas a lo largo de las zonas fronterizas de los estados de Baja California, Chi- huahua, Tamaulipas y Coahuila.

Segundo- Se exhorta a las autoridades laborales designa- das por los respectivos gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, dé conoci- miento a esta X. Xxxxxx los resultados de las inspecciones del trabajo que señalan los artículos 540 y 541, en función

a su competencia jurisdiccional, que hayan efectuado a la industria maquiladora establecidas en sus respectivas xxxx- jas fronterizas, como también de las acciones realizadas para combatir la discriminación y violencia en contra de las mujeres trabajadoras, en lo que corresponde al periodo del año 2004, y lo comprendido del presente.

Salón de sesiones de la X. Xxxxxx de Diputados.— Dip. Xxxx Xxxxx - xxxx Xxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

71.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se ex- xxxxx a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, así como a los titulares de las institucio- nes que forman la banca de desarrollo, a impulsar el mi- crocrédito y los programas referidos a éste y, en su caso, a estructurar estrategias que desarrollen esta modalidad del crédito en 2005, proclamado por la ONU Año Inter- nacional del Microcrédito, a cargo del diputado Xxxxxxx- co Xxxxxxx Xxxxxxxxx, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a tra- vés del suscrito, diputado Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, perteneciente a la LIX Legislatura de la X. Xxxxxx de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, so- mete a consideración de esta soberanía la presente proposi- ción con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La Asamblea General de la ONU en su resolución 53/197 proclama Año Internacional del Microcrédito al 2005 y es a través de ésta que pide se aproveche la ocasión para dar impulso a los programas de microcrédito en todo el mundo.

Invita a los gobiernos a que se dé publicidad y que se otor- gue reconocimiento especial a la función de erradicación

de la pobreza que cumple el microcrédito, su aportación al desarrollo social y el efecto positivo que tiene en la vida de las personas que viven en pobreza.

Invita además a todos los participantes en programas de erradicación de la pobreza a que estudien la posibilidad de adoptar nuevas medidas para que se puedan proporcionar crédito y servicios conexos, destinados a fomentar el tra- bajo por cuenta propia y las actividades de obtención de in- gresos a un número cada vez mayor de personas que viven en pobreza.

Además, en su Resolución 58/488, reconoce la importancia de elevar los servicios de microcrédito y microfinancia- miento y de usar el Año como plataforma para encontrar formas de intensificar el impacto y la sostenibilidad del desarrollo a través de la divulgación de las mejores prácti- cas y las lecciones aprendidas. Asimismo invita a los Esta- dos miembros a que consideren la posibilidad de establecer comités o centros de coordinación nacionales que se encar- guen de promover las actividades relacionadas con la pre- paración y la celebración del Año.

México como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y en vista de que la iniciativa de fomen- tar el microcrédito es de cabal importancia para nuestro país, sobre todo en el segmento de las personas que viven en pobreza y excluidos en muchas ocasiones del acceso a los servicios financieros, que les permitirían el autoem- pleo, el aumento de capital, formar un patrimonio y redu- cir su vulnerabilidad ante situaciones imprevistas, debe acoger favorablemente la invitación de la ONU.

Así se deben de fortalecer los servicios que prestan las so- ciedades nacionales de crédito y en su caso ampliarlos, cumplir a cabalidad los programas de microcréditos como el Pronamfim e incentivar a las instituciones de banca múl- tiple a desarrollar productos y servicios relacionados con el microcrédito.

Además, brindar la capacitación necesaria a los beneficia- xxxx de esta modalidad del crédito e informar en gran esca- la sobre la importancia del microcrédito, sus ventajas y las formas de acceso a éste y en su caso desarrollar estrategias nuevas que lo hagan más accesible al mayor número de fa- milias y de personas.

No se debe olvidar la integración en este esfuerzo a las or- ganizaciones de la sociedad civil, los medios de comunica- ción, las instituciones de educación y al sector privado.

Las medidas antes mencionadas y la iniciativa misma son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en donde se señala: “Promoveremos que las herramientas de acceso a la economía estén disponibles para todos y no só- lo para unos cuantos, tendremos, así, una fuerte expansión de la ciudadanía económica, se democratizarán los merca- dos y aumentarán las oportunidades para participar en la economía formal”.1 Además, el Plan señala que “el go- bierno... promoverá el círculo virtuoso ahorro-inversión; reactivará la banca de desarrollo”.2

Las Secretaría de Economía, y la de Hacienda y Crédito Público, así como las sociedades nacionales de Crédito cuentan con atribuciones suficientes para coordinar los es- fuerzos amplios referentes al microcrédito y microfinan- ciamiento.

No sería correcto dejar el impulso a esta actividad sólo en el presente año, antes bien buscar su proyección hacia el futuro y hacer de la democratización de la economía algo permanente y consistente.

Tampoco omitimos hacer un llamado a redoblar esfuerzos en cuanto a la transparencia en el manejo de los recursos y en su caso a la inspección y vigilancia de los mismos ya se- an públicos o privados.

El ahorro y el crédito son instrumentos muy importantes para hacer permanentes los logros obtenidos en el campo del desarrollo social. Sumarnos como Estado a esta inicia- tiva puede colocarnos de una manera congruente en el con- cierto de las naciones, sobre todo a aquellas comprometi- das a reducir la pobreza, a fomentar el empleo, la iniciativa y la inclusión de sus ciudadanos.

Sirva pues, este punto de acuerdo para dar un nuevo im- pulso al microcrédito y a la participación del sector públi- co, privado y social para el bien de aquellos con dificultad de acceder a oportunidades que permitan su desarrollo in- tegral.

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secre- taría de Economía, y a la de Hacienda y Crédito Público, y en general a los titulares de las instituciones que forman la banca de desarrollo, a impulsar acuciosamente el micro- crédito, los programas que se refieran a éste y, en su caso estructurar estrategias que desarrollen esta modalidad del

crédito en 2005, que ha sido proclamado por la Organiza- ción de las Naciones Unidas Año Internacional del Micro- crédito.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, página 55.

2 Ibídem, página 56.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx.- México, Distrito Federal, a 12 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

72.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se ex- xxxxx al Ministerio Público Militar a conducirse con im- parcialidad y transparencia, a cargo del diputado Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo- crática, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es- tados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la si- guiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las si- guientes consideraciones.

El Ejército Mexicano es una institución encargada de de- fender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. El Ejército como parte del Estado debe garantizar a sus integrantes las garantías establecidas en la Constitu- ción Política, sin menoscabo de los derechos humanos ad- quiridos para todos los mexicanos.

El Procurador General de Justicia Militar (PGJM) y otros oficiales de la Procuraduría General de Justicia Militar han reafirmado en distintas ocasiones su compromiso a favor de la protección de los derechos humanos en México.

Lamentablemente los abusos e injusticias que se comenten al interior del ejército son una realidad. No se denuncian por miedo a ser despedidos, degradados o dados de baja del instituto castrense. La sociedad tiene la percepción genera- lizada de que la PGJM no investiga o juzga con seriedad los casos de abusos perpetrados por los militares a milita- res o a la población civil.

La falta de transparencia del sistema de procuración e im- partición de justicia militar menoscaba la actuación que los integrantes del Ejército pudieran tener a favor de la defen- sa de los derechos humanos de este instituto.

Diversos actos ocurridos en el campo militar, ubicado en Rancho Nuevo Chiapas durante 2003 denotan actitudes prepotentes, irregularidades y tráfico de influencias, por parte xxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx. Actos que denunciaron integrantes de este campo militar y que hasta la fecha uno de ellos se encuentra en calidad de indi- ciado en un proceso por demás irregular.

Es necesario que la CNDH emita una resolución dirigida a las autoridades de la Secretaría de la Defensa, en la cual se solicite que el ejército realice investigaciones profundas y no superficiales.

Reiteramos nuestra exigencia en la necesidad de mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia militar, lo ideal sería a través de una participación más activa de la población civil en las investigaciones y en el juicio como coadyuvantes.

El secretario de defensa mexicano ha reconocido la necesi- dad de reactivar el sistema de coadyuvancia que no ha es- tado activo durante los últimos años. La opción del ampa- ro es complicada porque el período durante el que se pueden presentar las peticiones es restringido (dos semanas a partir de que el caso ha sido cerrado por la PJGM), y por- que requiere el uso de recursos legales que muchas vícti- mas y sus familiares no pueden permitirse.

Punto de Acuerdo

Primero: La X. Xxxxxx de Diputados manifiesta su preo- cupación por las averiguaciones previas 35ZM/- 84/2003 y 31ZM/068/2003 que se encuentran en posesión del Ministerio Público Militar, por lo cual se exhorta a las autoridades correspondientes para que realicen las investi- gaciones con imparcialidad y transparencia.

Segundo: La X. Xxxxxx de Diputados solicita que se res- peten los derechos de los indiciados con la finalidad de sal- vaguardar su integridad personal y las garantías del debido proceso legal en el procedimiento penal militar.

Tercero: La X. Xxxxxx de Diputados exhorta a la Comi- sión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie una investigación de oficio y emita la recomendación res- pectiva a la queja 2005/793.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, 12 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional

73.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Gobernación a informar a esta soberanía sobre las acciones realizadas en materia de juegos y sor- teos y, a su vez, a comparecer ante las Comisiones de Go- bernación, de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx de la Xxxxx, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx- to Xxxxxxxxx de la Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxx- sieu Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx y Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, y Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institu- cional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Ver- de Ecologista de México, Partido del Trabajo, y Partido de Convergencia, así como la diputada independiente Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, en la X. Xxxxxx de Diputados de la LIX

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60 y 159 del Regla- mento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 22 numeral 3 de nuestra Ley Orgánica, sometemos a consideración de esta xxxxxx- nía proposición con punto de acuerdo de urgente resolu- ción, mediante el cual se exhorta al xxxxxxxxxx xx Xxxxx- nación, Lic. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, en materia de juegos con apuesta y sorteos, así como se solicita su comparecencia para ese efecto, ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. El 31 de diciembre de 1947, durante la administración del Presidente Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la vigente Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuyos parámetros son los siguientes:

1. Todos los juegos con apuesta están prohibidos, sal- vo limitativamente el de ajedrez, damas, dominó, bo- liche, bolos, billar, dados, pelota, carreras de perso - nas, de vehículos, de animales y en general toda clase de deportes. En todos encontramos como eje la des- treza o habilidad desarrollada en competencia entre personas o animales. Por tal motivo está prohibido el juego con apuesta de ruleta, naipes y por supuesto, las máquinas tragamonedas.

2. Todos los juegos xx xxxx están prohibidos, salvo los sorteos, siempre y cuando no estén reservados a la Lo- tería Nacional para la Asistencia Pública; buscando con ello el fortalecimiento de las instituciones del Estado mediante reservas a su favor.

3. La Secretaría de Gobernación reglamenta, autoriza, controla y vigila los juegos con apuesta no prohibidos y los sorteos no reservados a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

4. Tanto los juegos con apuesta como los sorteos debe- rá destinarse invariablemente su aprovechamiento a la asistencia pública.

5. Las ferias regionales son el único caso en que existe una reserva total reglamentaria para el Ejecutivo.

6. Las autoridades locales, es decir, gobiernos estatales, y municipales su única intervención en esta materia, es

en apoyo a la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que no intervienen en autorización o permiso alguno.

II. Después de 57 años sin tener un reglamento de la citada ley, se emite por el Presidente de la República, licenciado Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, con el refrendo de los secretarios de Gobernación y de Hacienda, respectivamente, licenciado Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxx Xxxx, el Regla- mento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre del 2004 para entrar en vigor el 15 de octubre del mismo año.

III. En sesión de esta X. Xxxxxx de Diputados de fecha 14 de octubre del 2004, se aprueba un punto de acuerdo de ur- gente resolución, exhortando al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación, para que se aplazara por 90 días naturales su entrada en vigor. Exhorto que el Eje- cutivo federal desatendió de manera absoluta.

IV. Con fecha 28 de octubre del 2004, el Pleno de la Cá- mara de Diputados instruyó a su Presidente a que interpu- siese controversia constitucional en contra del Reglamento antes referido, la cual fue presentada ante la Suprema Cor- te de Justicia de la Nación, el 3 de noviembre de 2004 y ra- dicada bajo el expediente 97/2004, designándose a la mi- nistra Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx como Ministro Instructor; expediente que actualmente se encuentra para resolución dentro de los plazos previstos en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

V. La controversia constitucional de mérito se interpuso en razón de que el reglamento en cita va más allá de la ley, da- do que permite juegos con apuesta distintos a los señalados limitativamente por la ley y aún más, no tienen relación al- guna con la habilidad o la destreza; asimismo, amplia el concepto de sorteos, estableciendo modalidades que no tie- nen relación con el azar, y por último, olvida que el espíri- tu de la ley es el destino de estas actividades a la asistencia pública, tan es así, que es omiso respecto del destino de los premios no reclamados, llegando al extremo de reglamen- tar sorteos reservados a la Lotería Nacional para la Asis- tencia Pública.

VI. Con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación pretende legitimar autorizacio- nes conforme al cuadro que siguiente:

VII. Cabe señalar que el referido Reglamento instituye dos figuras para supuestamente contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, la primera de ellas, la encontramos en su Capítulo II, intitulado “Del Consejo Consultivo de Jue- gos y Sorteos” el cual se integra por 3 (tres) funcionarios de la Secretaría de Gobernación, únicos con derecho a vo- to y 4 (cuatro) invitados permanentes, en los que se en- cuentran 3 (tres) miembros de la sociedad civil designados por el secretario de Gobernación. Su función principal es fungir como órgano de consulta de la Secretaría, hacer re- comendaciones y emitir opiniones para la expedición de permisos en materia de juegos con apuestas y sorteos. A su vez, se instituye la figura del Órgano Técnico de Consulta que lo constituyen asociaciones civiles registradas ante la Secretaría y que de igual modo, emiten opiniones no vin- culatorias sobre la materia.

VIII. Sobre el particular, con fecha 11 de noviembre del 2004, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se solicitó al Ejecutivo federal realizara por convocatoria pública la designación de los 3 (tres) miembros de la sociedad civil del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos. Exhorto que el Ejecutivo federal, al igual que el anterior, desatendió de manera absoluta.

IX. Cabe recordar que el 23 xx xxxxx del 2004 se presen- tó por conducto del diputado Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx un pun- to de acuerdo mediante el cual se solicitó que la Secretaría de Gobernación informara a esta soberanía respecto a los fundamentos, cantidad, criterios y condiciones bajo las cuales se concedieron permisos a las televisoras nacionales para que realizaran sorteos a través de llamadas telefóni- cas; asimismo, que informara respecto de la participación que ha correspondido al Gobierno Federal en relación a las

utilidades generadas por estos sorteos; y la información re- lativa a los establecimientos de prevención social y asis- tencia a los cuales se canalizaron tales participaciones. Ac- tualmente este punto de acuerdo se encuentra pendiente de resolver en las Comisiones de Gobernación y Turismo de esta X. Xxxxxx de Diputados.

X. Con fecha 9 xx xxxxxx de 2004 y 28 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos por los que se da a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoriza a la Secretaría de Gobernación los montos de con- tribuciones fiscales bajo el esquema de aprovechamientos en materia de permisos de juegos y sorteos, mismos que entraron en vigor al día siguiente de su publicación y que son adicionales a los impuestos causados.

XI. Es conveniente advertir que la Conferencia Nacional de Gobernadores conformó hacia su interior, la Comisión de Juegos y Sorteos, integrada por los gobernadores de Nuevo Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx; Aguascalien- tes, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx; Baja California, Eu- genio Xxxxxxx Xxxxxx; Campeche, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx; Chiapas, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx; Guanajuato, Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx; Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx- gal; Querétaro, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx; Tamaulipas, Eu- genio Xxxxxxxxx Xxxxxx; y de Tlaxcala, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, la cual informó en el mes xx xxxxx del año próximo pasado, las siguientes propuestas:

1. Fortalecimiento de las atribuciones de los estados y municipios para regular las actividades de juegos xx xxxx, ferias, peleas xx xxxxxx, carreras con apuestas y lo- terías, cuando estas últimas no ocurran simultáneamen- te a nivel nacional.

2. Distribución equitativa entre las haciendas estatales y municipales de los recursos provenientes de tales activi- dades, privilegiando su destino para la asistencia públi- ca y grupos vulnerables.

3. Establecimiento de criterios comunes de manera con- junta para la operación control y supervisión de dichas actividades.

Asimismo, informaron sobre las reuniones que por con- ducto de sus representantes se celebraron con la Secretaría de Gobernación, en las que efectuaron observaciones a lo que en esa fecha era el proyecto del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de entre las que encontramos,

la falta de un verdadero espíritu federalista; que su emisión crearía incertidumbre jurídica al contemplar aspectos no incluidos en la ley y a su vez, se sugirió la inclusión de una representación de los gobiernos de las entidades federati- vas en el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos. Dicho informe lo encontramos en la sesión del 23 xx xxxxx del 2004 celebrada en la ciudad de San Xxxx Potosí, SLP.

Solicitud que el Ejecutivo federal, al igual que los exhortos enviados por esta X. Xxxxxx de Diputados en esa materia, desatendió de manera absoluta.

Conclusiones

Los juegos y sorteos son por su naturaleza un tema que in- xxxxxx no sólo al H. Congreso de la Unión, sino como pue- de advertirse, es de sumo interés para los gobiernos de los estados y los municipios, ya que es a ellos en quienes re- percute en forma directa las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Gobernación, así como aquellos actos al mar- gen de la ley en los que esta última no toma acciones in- mediatas. Actos de los que las atribuciones locales están sumamente acotadas o prácticamente no existen.

Al respecto, es aplicable la tesis que se cita a continuación: Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Parte: II Segunda Parte –1

Página: 309

“JUEGOS Y SORTEOS, EL PRESIDENTE MUNICI- PAL DE PUEBLA ES INCOMPETENTE PARA DIC- TAR ACUERDOS DE CARACTER REGLAMENTA - RIO CON APOYO EN LA LEY FEDERAL DE

JUEGOS Y SORTEOS. De acuerdo con los artículos 3, 7 y 10 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se des- prende que corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación y apli- cación de la propia ley, y todas las demás autoridades sólo cooperarán para hacer cumplir las determinaciones dictadas por dicha Secretaría con apoyo en la misma. Por lo tanto, es claro que el ayuntamiento de Puebla, es incompetente para prohibir el funcionamiento de esta- blecimientos de juegos videoelectrónicos con apoyo en la Ley de Juegos y Sorteos, pues independientemente de que estos juegos se encuentran o no comprendidos den- tro de ese ordenamiento, lo cierto es que la reglamenta- ción del mismo es única y exclusivamente competencia

de la Secretaría de Gobernación, dependiente del Ejecu- tivo federal, de ahí que el ayuntamiento mencionado, carezca de facultades para prohibir, el funcionamiento de esos establecimientos, con base en la multicitada ley.”

II. El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos independientemente que en nuestro concepto es inconstitu- cional, no ha solucionado una realidad en nuestro país co- mo lo es la proliferación ilegal del juego, sino por el con- trario, con base en él, se legitiman figuras como los sorteos de símbolos o aquellos transmitidos por medios de comu- nicación masiva, o en su caso, invaden aquellos reservados a la Lotería Nacional; a mayor abundamiento, a partir de su expedición, en áreas metropolitanas, como es el caso de la de Monterrey, Nuevo León, se han instalado estableci- mientos con el giro de “máquinas tragamonedas” clara- mente prohibidas por la ley, pero sumamente confusa su prohibición en el propio Reglamento.

III. La voluntad de los legisladores, gobernadores y presi- dentes municipales de solucionar este problema ha queda- do demostrada, más sin embargo, la Secretaría xx Xxxxx- nación ha hecho oídos sordos a los llamados al diálogo o en su caso, a transparentar el ejercicio de sus atribuciones.

Información básica

Con la finalidad de que esta X. Xxxxxx de Diputados esté en posibilidad de cumplimentar su atribución constitucio- nal en materia de juegos y sorteos, es indispensable que la Secretaría de Gobernación proporcione la siguiente infor- mación:

I. Los permisos otorgados, sus modificaciones y xxxxx- cia para hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y xx xxxxx de sorteos de números a partir de la entrada en vigor del Reglamento; así como aquellos que actualmente se encuentren en trámite, in- cluyendo la identidad de los permisionarios y de los operadores que contraten, y la identidad de los funcio- narios y empleados de primer nivel de cada permisiona- rio.

II. Los permisos otorgados, para sorteos transmitidos por medios de comunicación masiva, incluyendo su mo- dalidad, identidad del permisionario, vigencia y crite- xxxx para su otorgamiento.

III. Los permisos otorgados a partir de la entrada en vi- gor del Reglamento, para ferias regionales, especifican- do los espectáculos en los que se permite el cruce de apuestas, así como la descripción de aquellas ferias re- gionales cuyo número mínimo de visitantes sea superior a 250,000 (doscientos cincuenta mil) durante el año in- mediato anterior.

IV. La descripción de los integrantes del Consejo Con- sultivo de Juegos y Sorteos, tanto miembros como invi- tados permanentes; los criterios para designar a los 3 (tres) miembros de la sociedad civil, así como de sus opiniones respecto de la expedición de los permisos.

V. La descripción de los Órganos Técnicos de Consulta registrados ante la Secretaría de Gobernación, así como las opiniones de cada uno de ellos, para la expedición de permisos en materia de hipódromos, galgódromos, fron- tones y xx xxxxxxxx de caballos en escenarios tempora- les.

VI. Los sorteos que a juicio de la Secretaría xx Xxxxx- nación son reservados para la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

VII. Los montos reportados a la Tesorería de la Federa- ción por concepto de aprovechamientos correspondien- tes al ejercicio 2004, bajo la clave 700037 denominada “participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos”, desglosando por juego con apuesta y sorte- os en sus distintas modalidades.

VIII. Descripción de las acciones tomadas por la Secre- taría de Gobernación respecto de las atribuciones pre- vistas en los artículos 4, 8, 12, 13, 14 y 17 de la Ley Fe- deral de Juegos y Sorteos a fin de erradicar la proliferación de los juegos con apuesta y sorteos prohi- bidos por la ley y en especial, el de las máquinas traga- monedas.

IX. Descripción desglosada de los premios no reclama- dos que a partir de la entrada en vigor del citado Regla- mento hayan sido entregados por esta Secretaría, así co- mo los criterios para su entrega y destinatario.

X. Relación de las disposiciones administrativas emiti- das por la Secretaría de Gobernación para el cumpli- miento eficaz y oportuno de lo dispuesto en el Regla- mento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta H. Cá- mara de Diputados exhorta al xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx- xxxx, licenciado Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx para que:

Primero. Remita la información solicitada en el capítulo que antecede.

Segundo. A fin de coadyuvar con las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas y con fundamento en el artículo 7 segundo párrafo de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se incluya en adición a los actuales integrantes, con el carácter de invitados permanentes del Consejo Con- sultivo de Juegos y Sorteos a un diputado federal; un sena- dor de la República y un representante de los gobiernos es- tatales.

Tercero. Con fundamento en el artículo 93, segundo pá- rrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General y del artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene- ral de los Estados Unidos Mexicanos, comparezca ante las Comisiones Unidas de Gobernación, Turismo y Hacienda y Crédito Público, a fin de que informe sobre las acciones en ejercicio de sus atribuciones en materia de juegos y sor- teos.

Posterior a la aprobación del presente punto de acuerdo de urgente resolución por el Pleno de esta X. Xxxxxx de Diputados: 1. Túrnese a la Junta de Coordinación Política para que se fije la fecha de su comparecencia y se determi- ne el formato de la misma; 2. Comuníquese al Senado de la República y a los gobiernos estatales a fin de que por con- ducto de estos últimos, mediante su solicitud respetuosa, se realice la comunicación a los gobiernos municipales de su entidad.

Dado en el Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx el 12 xx xxxxx de dos mil cinco.— Diputados: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xx Xxx - za, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx y Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxx - zález, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (rúbricas).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Turismo y de Hacienda y Crédito Público.

74.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a resolver el conflic- to de tierras que enfrenta la comunidad indígena Misión Chichimeca, en el municipio de Xxx Xxxx xx xx Xxx, xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, suscrita por los diputados Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx y Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, de los grupos parlamentarios del PRD, PRI y PAN, respectivamente

Los que suscribimos, diputados federales a la LIX Legisla- tura del H. Congreso de la Unión Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, del grupo parlamentario del PRI, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, del grupo parlamentario del PAN, y Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx, del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Me- xicanos, nos permitimos poner a consideración de esta so- beranía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las si- guientes

Consideraciones

La comunidad indígena denominada Misión de Chichime- cas, del municipio de San Xxxx de la Paz, se encuentra ubi- cada en el noreste del estado de Guanajuato.

Este municipio colinda al norte con el estado de San Xxxx Potosí, al este con el municipio de Victoria; al sur con los municipios de Xxxxxx Xxxx, Xxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx con los municipios de Xxxxxxx Xxxxxxx, San Xxxxx de la Unión y con el estado de San Xxxx Potosí.

En la comunidad de Misión de Chichimecas habitan al me- nos 5,000 habitantes, cuya población en general está con- formado por los últimos descendientes de las naciones Chi- chimecas que en el siglo XVI ocuparon territorios que iban desde el río Xxxxx hasta más allá de los territorios de Ári- do América, cuya lengua chichimeca jonáz se preserva hasta nuestros días y que a pesar de la agresión y presión de que ha sido objeto por el proyecto “modernizador” arrancado en nuestro país desde el siglo XVI, han logrado defender sus usos y costumbres, así como sus instituciones representativas.

A partir de entonces se han visto involucrados en un pro- blema jurídico de naturaleza agraria, en donde se pone en riesgo su continuidad y preservación como muestra vivien- te de los pueblos originarios y las culturas que nos dan identidad.

Y es precisamente este tema el que el día xx xxx pongo a su consideración ante esta tribuna.

En el año 2002 les fue legalmente reconocida a la comuni- dad Misión de Chichimecas su calidad de comuneros con una extensión de 546 hectáreas de tierra, que desde tiem- pos inmemoriales han ocupado, sin embargo, actualmente existen registrados 8 casos de supuestos propietarios don- de se involucra una superficie en controversia de 141.5 hectáreas, de las cuales 65.5 se encuentran en juicio en el Tribunal Unitario Agrario, la comunidad chichimeca sólo les reconocen a los supuestos propietarios 10 hectáreas, es- ta situación ha tensado de una manera alarmante los áni- mos en la localidad, llevando a estos habitantes x xxxxxxx- llar escenarios de violencia entre estos comuneros y los supuestos propietarios, en su mayoría habitantes de la pro- pia comunidad.

A pesar de que se han hecho esfuerzos por solucionar el conflicto y las instituciones han impulsado una mesa de conciliación entre los actores involucrados, no se han visto avances sustanciales para llegar a una conciliación, y en cambio las confrontaciones son cada vez más fuertes.

En tanto no exista una resolución del tribunal que conoce del asunto, no se puede hacer uso de los terrenos, y por consiguiente los actores involucrados en el conflicto se ven enfrascados en confrontaciones graves, que pueden llegar a la violencia física.

En virtud del alto riesgo que implica el conflicto en co- mento y con la finalidad de encontrar una solución pacífi- ca y jurídica a este tan delicado problema es necesario que las autoridades en la materia intensifiquen el trabajo y re- suelvan el expediente, ya que al dilatar su resolución úni- camente están alentando el descontento de los pobladores de éste, el único rincón indígena del estado.

Por lo que a través de este punto de acuerdo y con el apo - yo de todos ustedes, ciudadanos diputados, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de sus atribuciones, exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a resolver el conflicto de tierras que enfrenta la comunidad indígena Misión de Chichimecas, municipio de Xxx Xxxx

xx xx Xxx, xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, con particulares al fin de que los indígenas de esta comunidad encuentren por la vía jurídica el camino a una solución a este problema y se eviten los conatos de violencia registrados en los últimos meses.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a 14 xx xxxxx de 2005.— Diputados: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

75.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, y de Salud a instrumentar los mecanismos necesarios, a efec- to de revisar e implementar mejoras al sistema de dietas y alimentación de los internos que habitan en los centros federales de readaptación social, a cargo del diputado Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, del grupo parlamenta- rio de Convergencia

Consideraciones

La población penitenciaria de los centros de readaptación debe y tiene el derecho a recibir, por parte del Estado, ali- mentación de buena calidad, programada semanalmente por un dietista, preparada y servida correcta e higiénica- mente, de manera que contenga el valor nutricional para mantener la salud y fuerza de los internos. Más aún, deben tomarse en cuenta las características especiales de los in- ternos que por prescripción médica deben llevar una dieta especial.

El artículo 94 del Reglamento de Reclusorios regula la obligación de la Secretaría de Salud de coadyuvar en la ela- boración y ejecución de los programas nutricionales, así como en la labor de prevención de enfermedades en los in- ternos.

El presupuesto diario para alimentación es de aproximada- mente nueve pesos por cada interno. El pan y las tortillas son elaborados para consumo de la población penitenciaria por internos comisionados en los centros establecidos por la propia institución, lo cual disminuye el costo de estos alimentos, a pesar del gasto inherente en cuanto a materias primas, mantenimiento de la maquinaria y salario de quie- nes laboran en estas áreas.

El porcentaje de internos que consumen los alimentos pro- porcionados por la institución es de 76 por ciento. El resto de los reclusos hace sus comidas principalmente xx xxx- mentos de los que les llevan sus familiares en los días de visita.

La autoridad penitenciaria calcula una porción promedio de 120 a 150 gramos en cárnicos, complementados con verduras, pastas, arroz y frijoles para cada recluso, pero 74 por ciento de la población interna ha opinado que las can- tidades resultan insuficientes. El hecho de que los centros de reclusión no cuenten con los utensilios necesarios para la distribución de los alimentos genera problemas de salu- bridad, higiene y de reparto de las raciones.

Si bien la materia prima es de buena calidad, el proceso de elaboración y distribución de los alimentos carece de me- didas de higiene, por lo cual llegan en condiciones inade- cuadas para ser consumidos por el interno.

Las cocinas funcionan de manera deficiente: hay fugas de agua y vapor en los ductos y tubos. Se requiere, además, un mantenimiento correctivo-preventivo de dichas tuberías, ya que su funcionamiento se ve mermado hasta en 50 por ciento. Además, a causa del mal funcionamiento de los ex- tractores de aire, se genera un ambiente de calor sofocante en las cocinas, lo cual contribuye a la falta absoluta de hi- giene que haga propicia la elaboración de alimentos sanos.

En las áreas de aislamiento, la distribución de alimentos es aún más precaria y degradante, pues se reparten a través de los barrotes, ocasionando que la ración colectiva se entre- gue de estancia a estancia, por lo que se afecta la de por sí deteriorada calidad higiénica de los comestibles, además de la merma en las cantidades y porciones.

En cuanto a las dietas especiales para internos con proble- mas de salud, se ha dado a conocer que se entregan los in - sumos alimenticios necesarios en crudo para que los mis- mos internos se hagan cargo de su elaboración, con base en las recetas que les proporcionan los médicos. Esta situa-

ción ha sido verificada y por sí misma resuelve un proble- ma administrativo, pero no lo referente a la salud pública y el régimen alimentario en los centros penitenciarios, au- nando a ello la mencionada falta de higiene y las insufi- cientes raciones alimenticias para los internos.

Por ello, el partido de Convergencia considera que deberán verificarse las medidas prudentes para que, a través de los organismos públicos competentes, se provea de raciones suficientes a los internos, que impliquen una sana alimen- tación como parte de su proceso de reintegración y readap- tación al núcleo social, así como la implantación de las me- didas necesarias para que dichos alimentos sean preparados en un ambiente propicio que contenga las nor- mas elementales de higiene.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene- ral y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso Ge- neral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a conside- ración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que se exhorte a las Secretarías de Seguridad Pú- blica federal, y de Salud para que coordinen las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, a efecto de que se revisen y se implementen mejoras al sistema de die- tas y alimentación de los internos que habitan en los cen- tros federales de readaptación social.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a 14 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Salud.

76.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a evaluar la situa- ción que guarda la Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad Solidaria Social, situada en la cabece- ra municipal xx Xxxxxx, Jalisco, a cargo del diputado Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Na- cional de la LIX Legislatura, haciendo uso de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitu- ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, frac- ción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a que se avalúe la situa- ción que guarda la Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social, que se ubica en la cabecera municipal xx Xxxxxx, Jalisco, mismo que se pre- senta con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el 0 xx xxxxx xx 0000, xx xx xxxxxx xx Xxx- xxx, Xxxxxxx, y mediante asamblea general se constituyó la Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social.

Segunda. El 10 xx xxxxx de 1976 se llevó a cabo el regis- tro de la Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, So- ciedad de Solidaridad Social, y se instituyó como su Presi- dente el señor Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx.

Tercera. El registro de la sociedad se realizó ante la Se- cretaría de la Reforma Agraria (SRA), por tratarse de una industria de carácter rural, como lo señala el artículo 7 de la Ley de Sociedad de Solidaridad Social, y que es el mar- co jurídico que rige la constitución y funcionamiento de es- te tipo de sociedades.

Cuarta. En el mismo registro de la sociedad mencionada se especifica que su constitución tiene como objetivos, y los cuales se encuentran enumerados en el artículo 2 del Capítulo I de la ley en mención, los siguientes:

1. La creación xx xxxxxxx de trabajo.

2. La producción, industrialización, y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios.

3. Y la educación de los socios y de sus familiares en la práctica de la solidaridad social, la afirmación de los va- xxxxx cívicos nacionales, la defensa de la independencia política, cultural y económica del país y el fomento de las medidas que tienden a elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad.

Quinta. El día 9 xx xxxxx de 1978 los miembros de la Cor- poración Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad de So- lidaridad Social, ratificaron como presidente de su Comité Ejecutivo al señor Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx, y la señora Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, quien hasta la fecha po- see el mismo nombramiento.

Sexta. Para el día 18 de octubre de 1981 se aprobó, me- diante acuerdo en la Asamblea de Representantes de dicha corporación, la integración de un nuevo Comité Ejecutivo, y en donde se nombró como Presidente del mismo a la Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, quien hasta la fecha po- see el mismo nombramiento.

Séptima. La Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social, a lo largo de su historia ha logrado, por un lado, el incrementar su fondo social, pa- xxxxx de $738,479.29 mn a $4,115,847.63 mn en el mismo año de 1977; y, por otro lado, también ha acrecentado su patrimonio social al recibir en contrato de donación, con número 265 y celebrado ante el notario público número 2, de Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Jalisco, licenciado Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, los siguientes bienes inmuebles ubicados en Tuxpan, Jalisco:

1. Una fracción del predio rústico denominado “Apa- nec”, con superficie de 1-00-00 Has. (una hectárea). Di- cho predio colinda al norte y oeste con el predio de Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx; al sur, con el predio de Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx; y al este, con el límite del derecho de vía de la carretera Atenquique-Xxxxxxxxx. La propiedad se registró bajo el número de inscripción 15 del libro 298 en el Registro Público de la Propiedad.

2. El predio rústico denominado “Cajita”, con superficie aproximada de 5-58-34 Has (cinco hectáreas, cincuenta y ocho áreas y cuatro centiáreas). Este predio colinda al norte con los predios de Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx y Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx; al sur, con el predio xx Xxxxxxxx Ma- gaña Xxxxxxxx; al este, con la colonia General Xxxxxx Xxxxxxxx; y al oeste, con los predios de Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx y Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. El predio se registró bajo el número 16 del libro 298 en el Registro Público de la Propiedad.

3. Y una fracción del predio rústico denominado “La Cajita”, con superficie de 3-00-00 Has. (tres hectáreas). El predio colinda al norte con el predio de Xxxxxxxxx Xxxxx, al sur, con le predio de Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xx- ce; al este, con el predio de los Ferrocarriles Nacionales de México; y al oeste; con el límite de derecho de vía de la carretera Atenquique-Xxxxxxxxx. Dicho predio se re- gistró bajo inscripción número 17 del libro 298 en el Re- gistro Público de la Propiedad.

Octava. El actual H. Ayuntamiento Constitucional de Tux- pan, Jalisco, reconoce que la Corporación Colectiva Indus- xxxxx del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social, llevó a buenos términos el cumplimiento de sus objetivos plantea- dos en su acta constitutiva y que coadyuvó a impulsar el desarrollo del municipio; pero el mismo Ayuntamiento considera que actualmente dicha corporación so cumple lo estipulado en los artículos 2 y 32 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.

Novena. El mismo H. ayuntamiento constitucional de Tux- pan, Jalisco, basa esta última aseveración en base a los he- chos de que: 1) la corporación actualmente no realiza nin- guna actividad inherente al objeto de su constitución; 2) una parte del patrimonio social de la corporación está en completo abandono; y 3) otra parte del mismo patrimonio social se le estaba dando un uso diferente al estipulado por la ley, pues se están rentando a particulares.

Décima. Es preocupación e interés del H. ayuntamiento constitucional de Tuxpan, Jalisco, el que tanto el fondo y patrimonio social de la Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social, sean utilizados en beneficio de la comunidad del municipio.

Por lo expuesto, y en ejercicio de mis atribuciones, pongo a consideración de la LIX Legislatura el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta asamblea exhorta a la SRA, y de acuerdo con las atribuciones otorgadas a dicha Secretaría por el ar- tículo 34 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, solicite al Comité Ejecutivo de la Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social, la información necesaria a fin de establecer si dicha corpora- ción maneja y aplica su patrimonio y fondo social en los términos de la ley en mención, de las demás disposiciones derivadas de ella, y conforme a sus bases constitutivas.

Segundo. En caso de que la Corporación Colectiva Indus- xxxxx del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social, contra- venga lo estipulado en la fracción II del artículo 34 de la mencionada ley, esta misma Asamblea exhorta a la propia SRA proceda a aplicar lo estipulado en la ley; en primer lugar, a la revocación de la autorización del funciona- miento de la sociedad; y en segundo término, a la liqui- dación de la misma, tal y como lo establecen la fracción III del artículo 34 y el artículo 38 de la ley en comento.

Tercero. Asimismo, y en casi de proceder a lo menciona- do en el punto segundo de este acuerdo, exhortar a la mis- ma SRA a que se tome en cuenta la disposición y el interés que tiene el H. Ayuntamiento Constitucional xx Xxxxxx pa- ra que el patrimonio social de la Corporación Colectiva In- dustrias del Pueblo, Sociedad de Solidaridad Social, pase a ser administrado por el mismo, ya sea mediante el meca- nismo de comodato, compra o el que asigne la SRA, y con base en lo marcado por el párrafo segundo del artículo 40 de la ley en comento. Esto, con el fin de que el propio ayuntamiento lo utilice para el beneficio de su colectivo.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx.- México, DF, a 14 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

77.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a establecer medidas de protección coordina- das que permitan detener las acciones ilegales de des- monte y alteración ambiental en el cerro El Molcajete, de Zitácuaro, así como a dar seguimiento a las denuncias presentadas por las autoridades de San Xxxxxx Xxxxxx- mequillas, de dicho municipio, a cargo del diputado Pas- cual Xxxxxx Xxxx, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fun- damento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento

para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Uni- dos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de las si- guientes

Consideraciones

El patrimonio forestal de México encierra una riqueza bio- lógica y ecológica con la que muy pocas naciones pueden competir, sin embargo es objeto de una destrucción siste- mática e irracional, nuestro país posee alrededor de 56 mi- llones de hectáreas arboladas de bosques y selvas, lo que equivale a una cuarta parte del territorio nacional.

Sin embargo, la tala inmoderada, los incendios forestales, el manejo irracional al que ha estado sometido el patrimo- nio forestal, es cada día más evidente y se convierte en una realidad irreversible.

Los bosques y selvas de México, así como los bienes pú- blicos de valor estratégico que ellos producen se pierden rápidamente ante nuestra mirada y la de las autoridades responsables de protegerlos sin que se haga nada al respec- to, mirada que proyectada a futuro nos revela un panorama desolador que no solamente afectará a los bosques y selvas, sino a los demás ecosistemas que se encuentran relaciona- dos con estos últimos hechos, que nos obliga a prever es- cenarios desastrosos e irreversibles.

El asunto es complejo; los intereses económicos de un sec- tor de la sociedad, aunados a la nula cultura de la protec- ción hacia el medio ambiente en nuestro país, a la fecundi- dad demográfica, la pobreza de las sociedades rurales, así como a las fallas institucionales relacionadas con una esca- sa vigilancia del cumplimiento del orden jurídico se conju- gan y contribuyen a exterminar la riqueza forestal de Mé- xico, con todo el costo ambiental, social y económico que esto implica.

Por lo que la conservación de los ecosistemas forestales de México es un tema de gran importancia nacional.

Ahora bien, en el caso del estado de Michoacán, de donde se obtiene casi el 17% de toda la producción forestal, la si- tuación es muy alarmante, ya que aún y cuando es un esta- do con gran diversidad medioambiental, desgraciadamente cuenta con el grave problema de la tala inmoderada, y la ejecución de otros delitos forestales, como es el caso del impune despalme del cerro El Molcajete en el ejido Chi- chimequillas del municipio de Zitácuaro.

En Chichimequillas hay una gran biodiversidad, compues- ta de 174 especies de plantas y 27 de hongos; donde pre- dominan los bosques templados xx xxxx, encino, selva ba- ja y matorral; además con respecto de la fauna se reportan seis especies de anfibios, 83 de aves y 20 de mamíferos.

Es necesario precisar que este ejido cuenta con una super- ficie de mil 395 hectáreas, de las cuales 760 se encuentran dentro del área de amortiguamiento de la Zona de la Re- serva de la Mariposa Monarca lo que se traduce en una zo- na rica en biodiversidad, que depende del escurrimiento de los cerros Pelón, El Cacique, El Molcajete, en el municipio de Zitácuaro en Michoacán.

Sin embargo, en el caso del cerro del Molcajete, caracteri- zado en antaño por su nutrida vegetación, desde hace más de una década ha sido destruido literalmente por la instala- ción de bancos de materiales pétreos, que han arrasado con hectáreas xx xxxxxx y ocasionado graves deformaciones al interior del cerro afectando de este modo al principal cen- tro de filtración de una decena de manantiales que abaste- cen de agua potable a 50 mil personas y son fuente de ri- quezas para los fruticultores y campesinos.

No obstante que las autoridades del ejido en mención, han denunciado reiteradamente a los responsables de este eco- cidio, el problema no ha sido atendido aún por las autori- dades correspondientes.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que este pro- blema no solo afecta a esta comunidad y a los mantos acu- íferos que abastecen de recurso hídrico al sistema Cutza- mala que proporciona del vital liquido a la Ciudad de México, sino que también afecta directamente a la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Mariposa Monarca, en donde según los datos proporcionados por los poblado- res de ese municipio, la tala inmoderada a esta zona prote- gida permite obtener clandestinamente hasta 200 camiones de arena y grava diariamente, material ilegal, desmantelan- do y despalmando el cerro sin ningún miramiento y talan- do importantes áreas xx xxxxx y encinos que son irreme- diablemente devastadas.

Las denuncias ya se han realizado, sin que hasta el mo- mento existan actuaciones judiciales que frenen el abuso contra este cerro y por consiguiente con todo su entorno ecológico.

Es necesario que las autoridades federales encargadas de la política ambiental, asuman las responsabilidades explícitas

en este problema de manera coordinada con las autoridades estatales.

Por lo que a través de este punto de acuerdo y con el apo - yo de todos ustedes ciudadanos diputados comprometidos con el medio ambiente someto a la consideración del Ple- no el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados con pleno respeto a sus atribuciones, exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del estado de Michoacán a establecer medidas de protección coordinadas que permi- tan detener las acciones ilegales de desmonte y alteración ambiental en el cerro El Molcajete, del ejido Chichimequi- llas del municipio de Zitácuaro, Michoacán, así como a dar seguimiento a las denuncias presentadas por las autorida- des de esta comunidad.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a 14 xx xxxxx de 2005.— Dip. Pas - cual Xxxxxx Xxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

78.- «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a las dependencias y entidades competentes del Gobierno Federal que aseguren condiciones de competencia entre las compañías telefónicas y realicen una investigación minuciosa sobre este servicio, así como la expedición de una norma oficial mexicana que verifique el servicio me- dido telefónico, a cargo del diputado Xxxxxx Xxxxx Xx- xxxxxxxx, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, inte- grante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacio- nal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Cámara de Diputados

el siguiente: punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias y entidades competentes del Gobierno Fede- ral, asegurar condiciones de competencia entre las compa- ñías telefónicas; se realice una investigación minuciosa so- bre el servicio que prestan estas compañías, y que se expida una norma oficial mexicana que verifique el servi- cio medido telefónico, bajo las siguientes

Consideraciones

Las telecomunicaciones son herramientas indispensables para apoyar el desarrollo económico, político y social del país, así, hoy en día, se perfilan como un factor estratégico para aprovechar las ventajas y oportunidades del mundo globalizado y satisfacer los bienes y servicios que se de- mandan.

En México, la evolución de las telecomunicaciones se orientó hacia la privatización, desregulación y el libre mer- cado, con la intención de mejorar y extender el servicio, al tiempo que disminuyeran los precios o tarifas. Al respecto, reconocemos la mayor participación de compañías telefó- nicas en el país, así como el incremento significativo del número de líneas, ahora existen alrededor de 16 millones de líneas fijas y 32 millones de móviles, sin embargo, las tarifas telefónicas en nuestro país siguen siendo de las más altas en el mundo, por encima del promedio de la OCDE y de países de América Latina.

El documento preliminar “Communication Outlook 2005”, elaborado por la OCDE, señala que el costo promedio por llamada de telefonía fija comercial y residencial en Méxi- co es 50 por ciento superior a la media de los 30 países in- tegrantes de la OCDE. Esta medición se basa en una ca- nasta de llamadas de larga distancia internacional y a teléfonos móviles. Las familias mexicanas gastan en pro- medio 671 dólares anuales por 72 llamadas residenciales, mientras que las familias de los otros países 433 dólares. Panorama similar enfrentan las empresas nacionales, que tienen que cubrir por 216 llamadas mil 935 dólares anua- les, en cambio las empresas del resto de la OCDE pagan solo mil 290 dólares.

Esta situación, sin duda, perjudica el gasto familiar y resta competitividad a las empresas nacionales, por ello, es ne- xxxxxxx promover un ambiente de competencia económica en el sector telefónico, dado que está demostrado que la competencia y la libre concurrencia, conducen a mercados más eficientes, más competitivos que favorecen, principal- mente, a los consumidores.

Como sabemos, el mercado de telefonía en México es oli- gopólico, con un agente dominante, que tiene poder sus- tancial en los mercados relevantes de telefonía básica local, de acceso, larga distancia nacional, transporte interurbano y larga distancia internacional, de acuerdo con la resolu- ción (expediente AD-41-97) de la Comisión Federal de Competencia (CFC), esto en gran medida, como resultado xx xxxxxxxx a la entrada existentes que limitan la compe- tencia y que propician la práctica de conductas anticompe- titivas.

En tal sentido, se hace necesario que la CFC, con las atri- buciones que le confiere el artículo 28 Constitucional y la Ley Federal de Competencia Económica, realice una es- tricta vigilancia de las compañías telefónicas, para evitar alguna práctica que distorsione este mercado, y que vaya en detrimento de la competencia, así como del bienestar de los usuarios.

Por otro lado, son recurrentes las quejas contra las compa- ñías telefónicas, dado que algunos usuarios tanto del servi- cio fijo como móvil, las acusan de llevar a cabo un fraude sistemático de cobros indebidos a través del cargo de lla- madas que no son realizadas, elevando cuantiosamente la facturación.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señala que durante 2004 recibió 26 mil 483 reclamaciones en con- tra de las compañías telefónicas, de las cuales 16 mil 66 fueron de servicio fijo, 6 mil 888 de servicio móvil y 3 mil 529 de larga distancia, donde los principales fundamentos de la demanda fueron cobro indebido, servicio deficiente, incumplimiento del servicio y del contrato, aún cuando es- te porcentaje resulta insignificante en comparación con el total de usuarios, el monto de reclamación es considerable, dado que ascendió a más de 37 millones 499 mil pesos. Además, hay que subrayar que en muchas ocasiones los usuarios no acuden a presentar su querella, en virtud de que el costo de oportunidad en la inversión del tiempo es ma- yor al monto en disputa.

No obstante, reconocemos los esfuerzos y la inversión que están haciendo algunas compañías para certificar sus siste- mas de facturación, empero, es ineludible que la Profeco y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consu- midor y el Decreto por el que se crea la Cofetel, lleven a cabo una investigación severa y profunda sobre el servicio que prestan las compañías telefónicas, y de manera parti-

cular, lo relativo al cobro de llamadas realizadas a teléfo- nos locales, de celular, conexión a Internet y de larga dis- tancia, para erradicar este problema que frecuentemente es denunciado por los usuarios.

Una manera de ayudar a dirimir las controversias sobre los problemas de facturación, entre las compañías y los usua- xxxx del servicio telefónico, podría ser a través de la elabo- ración de una Norma Oficial Mexicana (NOM), que regu- le y verifique los sistemas e instrumentos de medición que contabilizan el número de llamadas que realizan los usua- xxxx, para que éstos tengan la seguridad de que su factura- ción es correcta.

La Secretaría de Economía incluyó en los Programas Na- cionales de Normalización de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, la elaboración de la NOM “Instrumen- tos de medición – Sistemas e instrumentos de medición pa- ra la facturación del servicio telefónico – Especificaciones y métodos de prueba”, misma que tiene por objetivo esta- blecer las especificaciones técnicas, cualidades metrológi- cas, métodos de prueba, estadísticos y métodos de verifica- ción que deben cumplir los sistemas e instrumentos de medición que se usan para la facturación del servicio tele- fónico.

Por lo tanto, es urgente que las autoridades competentes y las empresas interesadas, con fundamento en la Ley Fede- ral sobre Metrología y Normalización, se pongan de acuer- do para expedir esta NOM, lo que facilitará la resolución de las quejas y brindará mayor transparencia en el servicio y la facturación del teléfono, ocasionando que, disminuyan los costos de aclaración para las autoridades, las empresas y los usuarios.

Con estos elementos, se podría mejorar la calidad y reducir las tarifas del servicio telefónico, apoyando de esta mane- ra, la economía de las familias que, en algunas veces, tie- nen que distraer recursos de necesidades elementales para cubrir el pago del teléfono, asimismo, se contribuiría a ele- var y extender la competitividad de las empresas, diminu- yendo sus gastos de producción e incidiendo hacia la baja en los precios al consumidor.

Es por todo lo anterior, que someto a esta Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Regla- mento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión Federal de Competen- cia que mantenga una estricta vigilancia de las compañías telefónicas que prestan el servicio fijo y móvil, para evitar posibles prácticas monopólicas y asegurar condiciones de competencia en este mercado.

Segundo. Se solicita a la Procuraduría Federal del Consu- midor y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que cada entidad, en el ámbito de sus atribuciones y competen- cia, lleven a cabo una investigación minuciosa sobre el ser- vicio que proporcionan las compañías telefónicas tanto fi- jas como móviles, en particular, lo relativo al servicio de llamadas realizadas a teléfonos locales, de celular, cone- xión a Internet y de larga distancia.

Tercero. Se solicita a las Secretarías de Economía y de Co- municaciones y Transportes, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Tele- comunicaciones, desarrollen los trabajos y las acciones ne- cesarias para emitir, a la brevedad, la Norma Oficial Mexi- cana “Instrumentos de medición – Sistemas e instrumentos de medición para la facturación del servicio telefónico – Especificaciones y métodos de prueba”.

Cuarto. Que se informe a esta Cámara de Diputados sobre las acciones que lleven a cabo las dependencias y entidades referidas, en cumplimiento del presente acuerdo.

Dip. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Economía.

79.- «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Segob que ponga fin a la campaña que realizan medios de comunicación sobre legalidad y desafuero, a cargo del diputado Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamen- tario del PRD

En días recientes hemos sido testigos de una intensa cam- paña en diversos medios de comunicación, principalmente radio y televisión a través del cual se presentan escenas o mensajes demasiado burdos, por cierto, entre delincuencia común, robo, asaltos, violación a las leyes de tránsito y via- lidad, con el estado de Derecho y la legalidad que debe im- perar en nuestro país, por una parte, con el proceso de des- afuero que enfrentó el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, por la otra.

Por si fuera poco, la grotesca campaña desplegada por la secretaría de Gobernación y el secretario Creel, responsa- ble de la misma, en el que hace llamados a la legalidad y al estado de derecho, se acompaña casi inmediatamente, por la misma voz del comercial que realiza el de la secretaría de Gobernación, de otro spot publicitario de una supuesta asociación civil de nombre “México en Paz”, en el que de manera abierta y descarada, se hace mención a los fueros de los funcionarios públicos, tratando de influir e incidir en la opinión pública, para mostrar que no existe diferencia entre el ciudadano común y quienes ocupan un cargo de responsabilidad pública y política, en virtud de que algunos pretenden escudarse en los supuestos privilegios que con- cede el fuero constitucional.

Con esta campaña mediática, el secretario de Gobernación, continúa polarizando y enrareciendo el ambiente político, buscando crear un ambiente de confrontación política entre los distintos actores políticos y los ciudadanos, pero más peligroso aún, entre la autoridad responsable de aplicar la ley con quienes, actúan al margen de la misma.

Esta campaña mediática no corresponde en ningún mo- mento con las atribuciones y facultades que la ley otorga al secretario de Gobernación, de hecho, el responsable de conducir la política interior, pasa por alto lo que dispone el artículo 27, en sus fracciones XVII y XXI, en lo relativo a que es de su competencia, “fomentar el desarrollo políti- co, contribuir al fortalecimiento de las instituciones de- mocráticas; promover la activa participación ciudada- na y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos socia- les para que, en los términos de la Constitución y de

las leyes, se mantengan las condiciones de gobernabili- dad democrática”; así como:

Vigilar que las (…) transmisiones de radio y televisión, (…)se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni pro- voquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.

De ahí que con la difusión de dichos spots, el titular de la Secretaría de Gobernación, Xxxxxxxx Xxxxx, esté privile- giando la polarización y confrontación política, que en es- tos momentos no conduce sino al estancamiento del país y pone en riesgo a las instituciones.

¿Quién si no el mismo secretario de Gobernación Xxxxxxxx Xxxxx, es responsable de violar la ley y de no exigir el cum- plimiento de la misma?. Basta un ejemplo:

El secretario de Gobernación, según el artículo 55 de la Ley sobre el Escudo, la bandera y el himno nacionales, es el responsable de su cumplimiento, cuya infracción consti- tuye un delito; el artículo 191 y 192 del Código Penal Fe- deral establece lo relativo a los ultrajes a las insignias na- cionales, y el gobierno del presidente Xxx utiliza papelería oficial, en actos públicos y en los medios de comunicación donde aparece el águila mutilada, hecho que constituye un ultraje a las insignias nacionales en los términos del artícu- lo 191 del Código Penal Federal.

De ahí que los spots publicitarios que la Secretaría de Go- bernación está difundiendo actualmente no contribuyen a la paz pública, y esconden en el fondo que en este país, en este gobierno es permitido que los ciudadanos violen fla- grantemente las disposiciones normativas que rigen a toda sociedad democrática.

Es por ello, que sometemos a la consideración de esta so- beranía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la secretaría de Gobernación a sus- pender de manera inmediata los spots que actualmente se están transmitiendo por radio y televisión, producidos por esta dependencia, en virtud de que no contribuyen a la es- tabilidad política del país.

Segundo: Se solicita al secretario de Gobernación remita a la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía el cos- to de dicha campaña publicitaria desde el inicio hasta el fi- nal de la misma.

Suscribe el punto de acuerdo, Dip. Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx (rúbri - ca).»

Se turna a la Comisión de Gobernación.

80.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Sagarpa, a con- siderar prioritaria la aplicación del Programa del Siste- ma de Seguimiento Satelital, suscrita por los diputados Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx y Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, del grupo parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputados Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx y Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx, integrantes del grupo parlamen- tario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del ar- tículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artí- culos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguien- te proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Sagar- pa, a que se considere prioritaria la aplicación del Progra- ma del Sistema de Seguimiento Satelital, al tenor de la si- guiente

Exposición de Motivos

I.- La pesca y la acuicultura constituyen una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar eco- nómico para las poblaciones de todo el mundo. Asimismo

debieran serlo para las generaciones futuras y, por tanto, la explotación pesquera tendría que llevarse a cabo de forma responsable. Antes los recursos acuáticos se percibían co- mo un don ilimitado de la naturaleza, mito que los hechos han desvanecido al constatar que, aun siendo renovables, en realidad se encuentran limitados y tienen que someterse a una ordenación adecuada si se quiere que su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la creciente población mundial sea sostenible.

Es un hecho que la excesiva demanda de alimentos provo- ca la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Este efecto negativo afecta a aquellas especies que son buscadas por los pescadores (especies objetivo) y muy a menudo ocurre la captura incidental de especies acompañantes, mu- xxxx de las cuales son simplemente descartadas en alta mar puesto que carecen de valor comercial. De manera indirec- ta, la pesca puede redundar en deterioro ambiental y conta- minación, especialmente en las áreas costeras, provocando la destrucción del hábitat. El deterioro ambiental antropo- génico y natural que se experimenta en buena parte de la zona costera, de donde se extrae el 80% de la pesca, es ca- da vez más evidente. En una buena proporción de los em- balses continentales la situación es similar, debido al dete- rioro de las cuencas hidrológicas y la sobrepesca.

Hasta fines de los sesenta el ritmo de crecimiento de la pro- ducción pesquera era superior al de la población mundial; ahora el crecimiento es nulo o negativo, salvo por la pro- ducción acuícola. Según la FAO, la producción mundial notificada de la pesca de captura y la acuicultura bajó de 122 millones de toneladas en 1997 a 117 millones en 1998, debido principalmente a los efectos de la anomalía climáti- ca El Niño sobre algunas de las principales pesquerías de captura marinas. Sin embargo, se recuperó en 1999 y, se- gún una estimación preliminar, la producción de ese año ascendió a 125 millones de toneladas. Los cambios más grandes en la producción pesquera se deben a la acuicultu- ra, que creció en alrededor de 20 millones de toneladas con respecto al decenio anterior (en especial en Asia y el Pací- fico), al tiempo que las capturas mundiales de peces, mo- luscos y crustáceos parecen haberse estabilizado en 90 mi- llones de toneladas aproximadamente.

A pesar de esta relativa estabilidad en la producción, el es- fuerzo de pesca (número de embarcaciones, tonelaje de las mismas o frecuencia con la que se lanzan las artes de pes- ca) sigue creciendo debido a la presión social derivada de la pobreza y a la falta de controles eficientes para el acce-

so al recurso pesquero. Las flotas pesqueras han registrado un incremento tanto en el número de grandes barcos pes- queros como en la incorporación de nuevas tecnologías, lo que resulta en que el tamaño de la flota pesquera mundial se encuentre sobredimensionado respecto al tamaño ópti- mo. Esto significa, entre otras cosas, que ahora se requiere un mayor esfuerzo para producir lo mismo, una evidencia del creciente deterioro de los recursos. El número de espe- cies insuficiente o moderadamente explotadas disminuye, mientras que el número de las sobreexplotadas, agotadas y en recuperación está aumentando. La cantidad de especies explotadas a plenitud se mantiene relativamente estable, abarcando la mayoría de los recursos marinos.

Los indicadores ecológicos en torno a la pesca sugieren que en la mayoría de las zonas los ecosistemas se encuen- tran próximos a la explotación plena. El Océano Índico oriental y el Pacífico centro-occidental son las únicas zonas donde hay potencial para continuar desarrollando los re- cursos y se manifiestan pocos signos de tensión. Los re- cursos acuáticos continentales siguen sometidos a la pre- sión causada por la pérdida o degradación del hábitat y la sobre pesca. Se señala que los vertebrados de agua dulce son los más amenazados entre aquellos que el hombre cap- tura, pero es difícil obtener datos exactos. En zonas donde se han realizado estudios, alrededor del 20% de las espe- cies están sobreexplotadas.

Pese a las fluctuaciones en la oferta, la demanda y el esta- do de los recursos, la pesca y la acuicultura siguen siendo muy importantes como fuentes de alimentos, empleo e in- gresos en muchos países y comunidades. Por ello, y en res- puesta a que se están alcanzando los límites de producción en las principales especies, ha tendido a aumentar la varie- dad de los recursos explotados.

Además de la preocupación relacionada con la baja en el potencial productivo de determinadas poblaciones, existe un interés creciente en los ecosistemas y en el impacto que la pesca puede ejercer en su estructura y función. Hay po- ca información regional o mundial sobre la relación entre la situación de los ecosistemas marinos y la pesca.

II.- A diferencia de lo que ocurre a escala global, el núme- ro de embarcaciones que constituyen la flota mexicana de altura (buques mayores a 15 metros de eslora) se ha man- tenido cercano a 3, 500 desde 1980. Esto no corresponde, sin embargo, a un estancamiento en la capacidad pesquera. Ha habido un recambio xx xxxxxx de medio tonelaje por

otros de mayor capacidad. En 1979 sólo el 1.8% de los bar- cos rebasaban las 100 toneladas, cifra que creció hasta un 7% en 2000.

No es éste el caso de la pesca ribereña (que comprende lan- xxxx de hasta diez metros, tanto las empleadas en el mar como en los xxxx), donde el incremento en el número de bo- tes ha sido muy rápido, superando los 100, 000 actualmen- te. Los barcos se concentran principalmente en la vertiente xxx Xxxxxxxx, que cuenta con 2, 014 embarcaciones de altu- ra y 56, 412 ribereñas, mientras que en el Golfo se regis- tran 1, 552 y 43, 392 respectivamente.

En México 268, 727 personas dependen de manera directa de la producción pesquera para su subsistencia, población que ha crecido a una tasa del 1.23% anual entre 1992 y 2001, especialmente en el Pacífico (1.17% anual), mientras que en el Golfo el número de personas que se ocupan en es- te sector se ha mantenido esencialmente constante (0.6% de incremento anual). Este crecimiento poblacional es mo- desto en comparación con el acelerado aumento en el nú- mero de embarcaciones dedicadas a la pesca ribereña, por lo que más bien estamos observando que muchos pescado- res que antes laboraban en navíos mayores ahora se des- plazan hacia pequeñas lanchas; esto es, hay cambios que están modificando la estructura social y económica de la pesca en el país.

III.- La explotación de un recurso puede ser elevada debi- do a que las condiciones económicas de los productores son adversas, por lo que extraen mayores cantidades del re- curso a fin de satisfacer sus necesidades monetarias, o bien debido a que la demanda del mismo es alta. La sobreex- plotación agota los recursos pesqueros y conlleva a la cap- tura incidental de especies no-objetivo, así como al descar- te de las especies sin valor comercial, lo que daña al ecosistema en su conjunto.

Ante el evidente deterioro de varias pesquerías en todo el mundo, se han adoptado los conceptos de desarrollo sus- tentable y pesca responsable. La sustentabilidad se consi- dera como “la relación entre la explotación o aprovecha- miento y la capacidad de renovación biológica de los recursos, modulada por las condiciones del medio ambien- te natural y social con una visión de largo plazo”. Desde luego, el reto ha sido aplicar estos conceptos a acciones prácticas que no sólo consideren lo ambiental, sino tam- bién lo económico y lo social.

IV.- Los Sistemas de Seguimiento Satelital que han sido implementados por los países del mundo, a través de sus agencias encargadas del ámbito pesquero, tienen como ob- jetivo el contribuir en la adopción de medidas de ordena- miento pesquero y lograr el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, así como complementar las acciones de seguimiento, control y vigilancia de las ac- tividades extractivas.

Para este caso particular, los Sistemas de Seguimiento Sa- telital se entienden como la totalidad de los equipos (hard- ware) y los servicios de comunicación vía satélite, así co- mo los centros de procesamiento y control de la información recibida y del comportamiento de la flota. El Equipo, está constituido por aquellos bienes y dispositivos que como parte del sistema son instalados a bordo de las embarcaciones pesqueras, y cuentan con las especificacio- nes técnicas apropiadas para la transmisión de señales vía satélite. Los Centros de Control son centros de recepción y procesamiento de los datos, que elaboran reportes y de to- da la información transmitida a través del sistema.

V.- El Sistema de Seguimiento Satelital, consiste en la transmisión vía satélite de datos de localización desde una embarcación pesquera que lleva instalado a bordo un equi- po o plataforma de transmisión de datos hasta un centro de control.

Los Sistemas de Seguimiento Satelital están orientados a complementar las acciones de seguimiento, vigilancia y control de las actividades extractivas, así como las medidas de ordenamiento pesquero.

Podríamos citar como antecedentes internacionales algu- nos VMS (Vessel Monitoring System) actualmente en uso en diferentes gobiernos y en organizaciones regionales de ordenación pesquera tales como:

Chile: Monitorea su flota pesquera utilizando varios sistemas satelitales: Inmarsat, Orbcomm, Argos, vigi- lando alrededor de 150 embarcaciones pesqueras.

Argentina: Estuvo trabajando con la tecnología Inmar- sat; actualmente no tienen operativo el Sistema de Se- guimiento Satelital.

Brasil: Vigila a su flota de 32 embarcaciones palangre- ras con el sistema Argos.

España: Un CSP que comenzó a operar en agosto de 0000.Xx certificaron tres tipos de Comunicador Auto- mático de Posición(CAP) usando la tecnologías Inmar- sat, para la instalación a bordo de más de 1 800 buques en todo el mundo.

Estados Unidos: En 1995 inició un VMS experimental para palangreros basados en Hawai para un plan de or- denación relacionado con zonas vedadas. El sistema usa los servicios de Inmarsat, Argos y Boatracs para el se- guimiento de unos 550 buques y es capaz de seguir 1 500 buques.

Francia: En mayo del 2 000 se inauguró un CSP en Xxxx (Francia), recibe datos de tres sistemas Inmarsat, Argos y Euteltracc, siendo capaz de dar seguimiento a más de 1 000 buques franceses y de la UE en aguas francesas.

Japón: Un CSP en Tokio da seguimiento a unos 200 bu- ques en varias pesquerías, para el monitoreo de la zona económica exclusiva (ZEE)

Otros Países: Varios estados, entre ellos, Australia, Alaska; Honduras, Canadá, Islandia; Malasia; Maldi- vas; Panamá, Nueva Zelanda; Noruega y Sudáfrica tie- nen VMS en varias etapas de funcionamiento. Otros co- mo Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx han expresa- do su interés en desarrollar un VMS.

VI.- Por compromisos internacionales contraídos para fo- mentar la pesca sustentable, México esta obligado a utili- zar el sistema de vigilancia satelital (VMS, por sus siglas en ingles).

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapes- ca) explicó que a nivel internacional se utilizan de manera generalizada los dispositivos de seguimiento satelital de las embarcaciones, para incrementar la seguridad en el mar, prevenir la pesca ilegal y aumentar el control de la opera- ción de las embarcaciones con objeto de asegurar el des- arrollo de una pesca responsable y sustentable.

Dichos dispositivos son útiles para transmitir información en tiempo real sobre las capturas de pesca, así como para facilitar acciones de salvamento en caso de contingencias y con ello aumentar la seguridad de la vida humana en el mar.

En diversos instrumentos y organizaciones internacionales de pesca se dispone la utilización de dichos sistemas, tal es el caso de la FAO, donde en su Plan de Acción Internacio- nal para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada (INDNR), se señala que los Estados deben considerar la elaboración de sistemas de se- guimiento satelital, incluso promoviendo sistemas de se- guimiento de las capturas y localización de buques en tiempo real, el seguimiento de los desembarques, el control en el puerto, y las inspecciones y reglamentaciones de los transbordos.

En el marco de la Comisión Internacional para la Conser- vación del Atún Atlántico (CICAA), organismo del cual México es parte y se encuentra obligado legalmente a dar cumplimiento a sus resoluciones, más de 30 países adopta- xxx en 1997 una disposición para fomentar el uso de VMS y para iniciar un programa piloto de VMS.

En este sentido, resulta una obligatoriedad para los buques mexicanos mayores de 24 metros de eslora operando en el área del Atlántico y Golfo de México, la utilización de ta- les dispositivos, así como de manera voluntaria para las embarcaciones menores a la citada eslora.

Asimismo, existe la obligatoriedad para las embarcaciones atuneras mexicanas de utilizar VMS en la zona regulada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), ya que en esta Comisión se aprobó una resolución en junio del 2004 en Lima, Perú, donde cada país con buques pes- cando en el Océano Pacífico Oriental y capturando espe- cies reguladas por la Comisión deben establecer, antes del 1° de enero de 2005 un sistema de seguimiento de buques satelital (VMS). Los países miembros de la CIAT son Cos- ta Rica, España, Ecuador, El Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Guatema- la, Japón, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Estados Uni- dos, Vanuatu y Venezuela.

En el Acuerdo de Naciones Unidas sobre Pesca en Alta Mar, en su Parte V, que se refiere a los “Deberes del Esta- do del Pabellón”, se señala que todo Estado adoptará res- pecto de los buques que enarbolen su pabellón, medidas para el seguimiento, control y la vigilancia de tales buques, y de sus operaciones pesqueras y actividades conexas, en particular mediante la elaboración y puesta en práctica de sistemas de vigilancia de buques, que incluyan, sistemas de transmisión por satélite.

Igualmente en la Convención sobre la Conservación y Or- denación de Stocks de Peces Altamente Migratorios en el

Océano Pacífico Occidental y Central (Convención MHLC); y en la Forum Fisheries Agency (FFA) existe la obligatoriedad de utilizar tales dispositivos.

VII.- Para el caso de México, este tipo de sistemas ha em- pezado a implementarse. Pues el pasado mes de diciembre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Conapesca y de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, y dentro del marco del Programa de Ordena- miento Pesquero, giró oficio número DGO- PA/13789/031204 dirigido a los permisionarios y/o conce- sionarios de las pesquerías en donde operan embarcaciones mayores en el océano pacífico.

En dicho oficio se menciona el “compromiso establecido durante la décima sesión ordinaria del Consejo Nacional, celebrada en marzo del 2004, en donde se hizo del conoci- miento de los consejeros, entre ellos tres dirigentes de las principales agrupaciones pesqueras, el Programa del Sis- tema de Seguimiento Satelital de embarcaciones pesque- ras mayores. En esta reunión se solicitó el apoyo de los productores para la instalación del dispositivo y se informó que se iniciaría con la xxxxx xxx Xxxxxxxx y que se avanzaría posteriormente en la xxxxx xxx Xxxxx y el Caribe”.

VIII.- El Sistema de Seguimiento Satelital coadyuvará en las labores de monitoreo de la flota y a colaborar en el cumplimiento del ordenamiento pesquero de nuestro país.

El nivel de control con que se contará con el Sistema de Se- guimiento Satelital será muy grande, el nivel de precisión es considerable ya que se podrá obtener la posición, velo- cidad, rumbo y ubicación de una embarcación pesquera las 24 horas del día y los 365 días al año, mostrando el reco- rrido y cualquier cambio xx xxxxx aún estando en puerto, generándose así reportes más dinámicos y completos.

Con ello se mantendrá un control efectivo sobre las áreas restringidas de nuestro litoral, realizando también un mo- nitoreo de las zonas prohibidas que se establecen de forma variable según los informes técnicos de las autoridades y normatividad correspondientes y vigentes en nuestro país.

IX.- La modernidad pero al mismo tiempo la legalidad pueden ser ahora los valiosos aliados para vigilar el mar mexicano. Así, en virtud a un nuevo y moderno sistema de satélites y redes de información cibernética, la intensa ac- tividad pesquera que se produce en las aguas territoriales de México, considerado uno de los más ricos en el planeta,

será vigilado en forma permanente y con información ac- tual, gracias al Sistema de Seguimiento Satelital.

Sin embargo, creemos que para alcanzar resultados con- cretos de esta vigilancia, se debe de integrar una normativa a fin de que existan disposiciones sobre el uso del sistema satelital. Ello con el objetivo principal de proteger la enor- me y rica biomasa que existe en las aguas continentales que, en varios casos, debido a una actividad excesiva de so- bre pesca y, por cierto, depredatoria de algunas naves, ha sido puesto en peligro.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta X. Xxxxxxxxx, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.- Esta Honorable Asamblea exhorta al Poder Eje- cutivo Federal a que el Programa del Sistema xx Xxxxx- miento Satelital, actualmente dirigido por la Sagarpa, sea considerado como un programa prioritario.

Segundo.- Que el sistema de seguimiento satelital permita rastrear la ruta y actividad de la vasta flota pesquera indus- trial no sólo nacional, sino también extranjera cuando se hagan a la mar.

Tercero.- Solicitar la instalación el Sistema de Seguimien- to Satelital en todas las embarcaciones mayores y medianas de la flota pesquera industrial, para asegurar el cumpli- miento del ordenamiento pesquero en resguardo de las zo- nas restringidas establecidas para la pesca artesanal y para asegurar el desarrollo normal y adecuado del ciclo biológi- co de las especies.

Cuarto.- Solicitar la apertura en el provisionamiento, a fin de que empresas calificadas puedan brindar el servicio de seguimiento satelital a las embarcaciones pesqueras de ma- yor y mediana escala (evitando el monopolio); establecien- do cronogramas de instalación a las embarcaciones pes- queras xx xxxxxx y metálicas.

Quinto.- Esta Honorable Asamblea, asimismo, propone que para que haya un mayor impacto, perspectivas de in- novación y mejoramiento del Sistema de Seguimiento Sa- telital, ya que la tecnología avanza a pasos agigantados, es necesario que no sólo la Sagarpa, sino también la Profepa y la Semarnat se coordinen para aplicar dicha teología, y vayan acorde con estos avances, siempre con la firme in- tención de hacer cumplir los ordenamientos pesqueros y

ambientales para llevar una pesca responsable preservando el recurso, protegiendo las zonas establecidas para la pesca artesanal, generando divisas y preservando la riqueza ictio- lógica.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx. México, DF, a 19 xx xxxxx de 2005.— Diputados: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

81.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cá- mara de Diputados hace un extrañamiento al Ejecutivo federal por no haber considerado las opiniones del Con- greso General de los Estados Unidos Mexicanos respecto al sentido del voto emitido en la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra respecto al tema de los derechos humanos en Cuba, a cargo del diputado Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, legislador de la LIX Legislatura del H. Con- greso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno In- terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexi- canos, somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 xx xxxxx, esta Cámara de Diputados votó una proposición con punto de acuerdo en el sentido de solicitar al poder ejecutivo que la delegación mexicana ante la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos votara en contra de cualquier resolución que atentara contra la digni- dad, soberanía e independencia del Estado Cubano y se manifestara en contra del bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Días después, en el Senado de la República, se aprobó otra proposición con punto de acuerdo para solicitar también al

Ejecutivo Federal abstenerse de votar en el seno de la Co- misión de Derechos Humanos de la ONU cualquier pro- yecto de resolución relativo a la situación de los Derechos Humanos en Cuba por considerar que dicha proposición constituye un instrumento de presión política sistemática, que atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y que nada tiene que ver con una preocupa- ción legítima por la situación de los derechos humanos en la isla.

Ambas propuestas, la del Senado y la de los diputados, contaron con el voto casi unánime de las fracciones parla- mentarias representadas en cada una de las Cámaras.

Sin embargo, el Ejecutivo federal votó, una vez más, como lo hizo hace un año, adhiriéndose servilmente a la pro- puesta que tradicional y obstinadamente promueve la dele- gación norteamericana cada año. Haciendo caso omiso a los exhortos del Congreso.

Si bien, este año no tuvimos que vivir la vergüenza de que el sentido del voto de la delegación mexicana fuera anun- ciado por el Departamento de Estado Norteamericano, es evidente que, en el ánimo de quienes conducen nuestra po- lítica exterior pesa más la opinión del gobierno de Estados Unidos que la del Poder Legislativo mexicano.

En este mundo al revés, muchas cosas pasan como su con- trario. En este caso se intenta disfrazar como nobilísima cruzada en pro de los derechos humanos aquello que en re- alidad es una coartada para pisotear los derechos humanos de los cubanos.

México, en realidad, votó en contra de los lazos de amistad que unen a los pueblos cubano y mexicano. Votó en contra de los principios de la política exterior que consagra nues- tra Constitución y que durante mucho tiempo dieron a nuestro país prestigio en el concierto de las naciones. Votó a favor del asedio que durante 45 años ha sufrido una na- ción pequeña y pobre por parte de la nación más poderosa de que se tenga memoria. La misma potencia que tiene el record en violaciones de los derechos humanos en el mun- do: Irak, Afganistán, Guantánamo, el apoyo al genocidio israelí contra los palestinos, son solo algunos recientes ejemplos. Votó, sobre todo, por el envilecimiento del tema de los derechos humanos, que pierde todo contenido y ra- zón de ser cuando se le usa como coartada para legitimar la agresión contra un pueblo cuyo único delito es seguir un camino distinto al dictado por la potencia hegemónica mundial.

Los dobles raseros y el uso faccioso por parte de algunos Estados del tema de los Derechos Humanos han llenado de desprestigio a la Comisión de la ONU encargada de velar por ellos. El mismo Xxxx Xxxxx en su informe: “En una mayor libertad: hacia el desarrollo, la seguridad y los dere- chos humanos para todos” donde llama a reformar la co- misión de Derechos Humanos señala que la pérdida de cre- dibilidad de esta “ ha ensombrecido la reputación de todo el sistema de la ONU” ya que “ se ha visto superada por las nuevas necesidades y reducida por la politización de sus periodos de sesiones y la selectividad de su labor” Xxxxx señala: “ Los gobiernos entran a la comisión para proteger- se a si mismos o asegurarse que otros serán juzgados. Se ha vuelto (la CDH) un contencioso y en el camino se pierden los derechos de los individuos y los derechos humanos que deben proteger”

“La Comisión pierde en consecuencia su credibilidad y la reputación del sistema de naciones Unidas se encuentra en entredicho”.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asam- xxxx el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados hace un extrañamiento al Ejecutivo Federal por no haber considerado las opinio- nes del Congreso General de los Estados Unidos Mexica- nos respecto al sentido del voto emitido en la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra con respec- to al tema de los derechos humanos en Cuba.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo a hacer suyo el llamado de Xxxx Xxxxx para reformar la Comisión de Derechos Hu- manos de la ONU.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a 19 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xx- xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

82.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a agilizar a través de las áreas corres- pondientes, como la Comisión Nacional del Agua, los trá- mites necesarios para la supresión de la xxxx xx xxxxx de la cuenca del río Papaloapan, a cargo del diputado Gon- xxxx Xxxx Xxxxx, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es- tados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Xxxxxxx Xxxx Xxxxx integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a esta H. soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus áreas correspondientes como es la Comisión Nacional del Agua, agilice los trámites necesarios para la supresión de la xxxx xx xxxxx de la cuenca del río Papaloapan.

Antecedentes

El 23 de julio de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Secretaría de Recursos Hi- dráulicos mediante el cual se declaró vedado, por tiempo indefinido, el otorgamiento de concesiones; para aprove- char las aguas del río Papaloapan y las de todos sus afluen- tes y subafluentes que constituyen su cuenca tributaria, desde sus orígenes dentro del estado de Oaxaca, hasta su desembocadura en el Golfo de México, estado de Veracruz.

Los fundamentos para emitir el citado acuerdo fueron los siguientes:

Por acuerdo presidencial de fecha 26 de febrero de 1947, publicado en el Diario Oficial del día 24 xx xxxxx de ese mismo año se creó un organismo técnico y administrativo, dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, para planear, diseñar y construir las obras requeridas para el in- tegral desarrollo de la extensión del país que constituía la cuenca del río Papaloapan, cuya extensión total es de 45,000 kilómetros cuadrados abarca zonas muy ricas de los estados de Oaxaca y Veracruz.

En aquel entonces se preveían obras fundamentales como grandes presas de almacenamiento y de derivación; xxxxxxx xx xxxxx y de drenaje; canales de fuerza; plantas hidroeléc- tricas, etcétera.

Así que para el eficaz desarrollo de los estudios prelimina- res y la realización de las obras que comprendían el amplio

proyecto que se planeaba en el acuerdo presidencial de xx- xxxxxxxx, era necesario procurar que “por ahora” no se alte- ren las condiciones hidráulicas que prevalecen en la cuen- ca del río Papaloapan.

Considerandos

A más de medio siglo de vigencia de dicho acuerdo, es in- cuestionable el cambio de las condiciones de la menciona- da cuenca y de las necesidades de ésta. En dicho tiempo só- lo se ha construido una planta hidroeléctrica para la generación de energía, quedando sin efecto los otros obje- tivos que dieron lugar a dicha veda, es decir, la construc- ción de grandes presas de almacenamiento y de derivación; xxxxxxx xx xxxxx y de drenaje y canales de fuerza.

Esta situación ha generado una grave problemática en la producción agrícola en la región de influencia del río Pa- paloapan. Existen necesidades de inversión en la construc- ción, operación, conservación y mantenimiento de obras hidráulicas; pero sobre todo, la necesidad del uso racional del agua; es decir; el manejo integral y eficiente de este re- curso.

Sin duda, una de las demandas reiteradas del sector pro- ductivo agrícola de esta región ha sido la supresión de esta veda para estar en posibilidad de utilizar de forma racional las aguas de la “cuenca del río Papaloapan”.

En la producción agropecuaria el agua es vital, sin embar- go, sólo un reducido porcentaje de la superficie dedicada a ésta, dispone de este recurso de manera segura y perma- nente, la mayor parte de dicha producción es de temporal.

La agricultura que se desarrolla en la cuenca del río Papa- loapan que abarca los estados de Oaxaca y Veracruz es fundamentalmente bajo condiciones de temporal con bajos rendimientos y prácticamente de subsistencia.

La sequías recurrentes han venido a agravar la situación de producción en esta área, sin embargo, eso no quiere decir que no se disponga de agua superficial y subterránea a po- ca profundidad, que con poca inversión se podría disponer del vital líquido que aportaría entre otras cosas, la certeza de la aplicación del agua en las etapas fenológicas que más se requieren los diferentes cultivos, mayores rendimientos y por ende mayores ingresos para los productores y una mayor aportación en la economía regional.

Debido a las condiciones favorables de clima y suelo que imperan en la cuenca del río Papaloapan, una gran variedad de cultivo se explotan como son: maíz, café, pastos, caña de azúcar, frijol, mango, limón, trigo, cacahuate, copra, piña, plátano, agave mezcalero y sorgo entre otros, pero obviamente los son más con la disponibilidad de agua, por lo que existe enorme interés de particulares en invertir en infraestructura hidroagrícola, respaldados con proyectos productivos sustentables que apoyarían el desarrollo regio- nal, sobre todo de las áreas rurales en donde se acentúa más el desempleo, sin embargo este acuerdo emitido hace más de medio siglo impide que proyectos productivos sustenta- bles se realicen en la región.

Por lo que en forma reiterada se ha solicitado la supresión de la veda, que se ha convertido en uno de los principales factores que frena el desarrollo sustentable de la región de influencia de la cuenca del río Papaloapan.

Estas solicitudes ya han tenido respuesta parcial por parte de la áreas correspondientes del Ejecutivo; a la fecha, la Subdirección General Técnica y la Gerencia Regional Gol- fo Centro han elaborado los estudios de disponibilidad y la Manifestación de Impacto Regulatorio.

De forma paralela la Gerencia Regional Golfo Centro ela- boró ya cuenta con el estudio técnico justificativo para la supresión de la veda, el cual ya ha sido presentado y apro- bado por el Consejo de la Cuenca del Río Papaloapan. Di- cho Consejo en coordinación con la Subdirección General Técnica ya han iniciado la elaboración del anteproyecto de “Supresión de Veda”.

De igual forma existen estudios que evidencian el desapro- vechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del río Papaloapan, por lo que es necesario replantear la política hídrica al respecto, para estar en posibilidad de dar res- puesta a las demandas, tanto de particulares para el uso sustentable de este recurso, como a la demanda misma de la economía regional ávida de generación de empleos.

En resumen, los sectores potencialmente beneficiarios de la supresión de la veda en comento, ya no pueden ni tienen por qué seguir esperando otro medio siglo para hacer uso racional de este vital recurso.

Por lo anteriormente expuesto someto a la Consideración de esta H. soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus áreas correspondientes como es la Comisión Nacional del Agua, agilice los trámites necesarios para la supresión de la xxxx xx xxxxx de la cuenca del río Papaloapan.

Dado en Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx a los 19 días del mes xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

83.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de los estados a reformar sus Constitu- ciones y leyes locales en materia electoral, a fin de ga- rantizar la homologación de los tiempos y periodos elec- xxxxxxx, a cargo del diputado Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, so- meto a la consideración del Pleno de esta X. Xxxxxx de Di- putados la siguiente proposición con punto de acuerdo pa- ra exhortar a las Legislaturas de los estados a reformar sus constituciones y leyes locales en materia electoral, para ga- rantizar la homologación de los tiempos y períodos electo- rales, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

I.- Como es por todos conocido cada seis años, ejerciendo nuestro derecho a voto establecido en nuestro máximo pre-

cepto legal, elegimos Presidente de la República. Todo ello se genera, a través de la realización de campañas electora- les que se efectúan durante el periodo precedente a las elec- ciones de acuerdo con la reglas que, previamente se en- cuentran establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se restringen sus mé- todos, tiempos y costos.

II. Asimismo, se dice que las campañas son una forma de comunicación política persuasiva. Se dice que es política, porque en ellas se intercambian discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre esta materia: candidatos de los parti- dos, periodistas y opinión pública. Es persuasiva, porque pretende cambiar o reforzar las opiniones y las acciones de los electores en determinada dirección, particularmente por medio de imágenes y mensajes emocionales más que defi- nir objetivos claros, precisos y específicos.

Sin embargo, en nuestro país pareciera que tenemos “cam- pañitis” o “eleccionitis”, porque cuando todavía no con- cluye un procedimiento electoral, ya en otra entidad fede- rativa o probablemente en la misma pero para aspirar a otro cargo de elección popular, nos encontramos iniciando otro.

III. Actualmente, el propio artículo 41 Constitucional esta- blece que los Partidos Políticos son entidades de interés pú- blico, que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Son personas jurídicas o colectivas reconocidas por el artículo 22 del Código Fe- deral de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofi- pe), como organizaciones o agrupaciones políticas que pre- tenden participar en las elecciones federales, su característica principal es la de gozar de personalidad jurí- dica y, desde luego, disfrutar de los derechos y prerrogati- vas, así como afrontar las obligaciones que la Constitución y la ley les imponen, en razón del tipo de registro que ha- yan obtenido.

Las prerrogativas que, según el artículo 41 del Cofipe, tie- nen los partidos políticos, son las siguientes:

• Acceso a la radio y televisión en los tiempos que le co- rresponden al Estado, y que sean previamente determi- nados de conformidad a los acuerdos que sobre la mate- ria ha expedido el IFE.

• Gozar para sus actividades de franquicias postales y telegráficas.

• Sujetarse a un régimen fiscal especial que los exenta de los impuestos y derechos relativos a rifas, sorteos, festivales y otros eventos para allegarse recursos relati- vos a sus fines; las utilidades gravables de la enajena- ción de sus inmuebles no estarán sujetas al impuesto so- bre la renta. Los impuestos relativos a la venta de impresos de difusión, y uso de equipos y medios audio- visuales, tampoco se causan en este régimen especial.

IV. Sin embargo, para apegarnos a la actualidad y moder- nidad que todo sistema político requiere, es menester reali- zar adecuaciones periódicas a la realidad política y social que México y el mundo está atravesando. Para ello, es de suma importancia adecuar nuestro marco jurídico apegán- donos a los reclamamos que la sociedad, las instituciones y los actores políticos requerimos y pregonamos a los cuatro vientos.

En este sentido, es oportuno comentar que ya hemos dado grandes pasos para lograr la modernidad jurídica que tanto anhelamos. Como ejemplo, podríamos mencionar la Trans- parencia y Rendición de Cuentas que tanto la ciudadanía como nosotros, estábamos reclamando; y con la cual ahora todos los organismos públicos están obligados a informar a la ciudadanía de sus erogaciones y sus ingresos.

Por ello, es menester comenzar a reducir el costo de la de- mocracia e iniciar la generación de condiciones que incen- tiven el diálogo y la concreción de acuerdos. Derivado de

lo anterior, y tomando como base la presentación de la Ini- ciativa en materia Electoral por el Ejecutivo Federal en marzo del año pasado, considero que es imprescindible de- jar de postergar las reformas al sistema electoral para per- mitir realmente la instrumentación de nuevas bases que de- finan, modernicen y marquen las reglas para la competencia entre los partidos políticos.

V. Por ejemplo, las campañas electorales llevan a los parti- dos y candidatos a buscar posiciones y discursos que los di- ferencien para ganar el voto popular, lo cual le da valor y sentido a la democracia. Sin embargo, esta confrontación impide llegar a acuerdos que al final redunden en beneficio para la sociedad. En consecuencia, entre más procesos electorales se tengan en un año, se dispondrá de menos tiempo para acordar y desahogar la agenda pública y la de- rrama económica seguirá siendo mayúscula. Un sistema que obliga a sus partidos a estar compitiendo de manera recurrente, acorta innecesariamente los tiempos de la ne- gociación y socava las condiciones para formar mayorías y llegar a acuerdos definidos.

México tiene uno de los calendarios electorales más desor- denados de los sistemas presidenciales. Si se toman los seis años del mandato presidencial, se encuentra que el número anual de procesos electorales, repartidos en diversos me- ses, va de ocho en el año con menor número de elecciones a quince en el año con mayor número. Para muestra de lo anterior, basta con ver el siguiente calendario:

El calendario anterior, nos da una clara muestra de la dis- paridad de los tiempos electorales que nuestro país enfren- ta. Sin embargo, el problema no versa solamente en la dis- paridad de las fechas electorales, sino en las implicaciones económicas, políticas y sociales que ello conlleva.

VI. Por lo tanto, la propuesta que hoy vengo a presentar an- te ustedes, versa sobre la conveniencia para nuestro siste- ma político y sobre todo para nuestro sistema electoral, el que los Congresos Locales adopten la homologación de los tiempos y procesos electorales. Ello implicaría que en un mismo día se celebren elecciones para elegir gobernado- res, renovar congresos locales y a los integrantes de los ayuntamientos.

Las ventajas de la propuesta que comento se verían refleja- das, primeramente, en la disminución de costos electorales.

Asimismo, para lograr la homologación de los procesos y tiempos electorales que estamos buscando, es necesario ajustar la temporalidad de los encargos de gobernadores, integrantes de los ayuntamientos y diputados locales.

Para ello, y tomando en consideración que la próxima elec- ción federal la tenemos en el muy cercano 2006, se tomó como base la elección federal que se llevará a cabo en el año 2012, lo cual nos dará mayor tiempo de planeación, se- guida de una coordinación entre los tres órdenes de gobier- no para llevar a cabo tal propuesta; el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales de las Entidades Fe- derativas podrán coadvuyar en la coordinación y planea- ción de los trabajos que para tal efecto se necesiten reali- zar, y , por último, en esta propuesta, establecemos un calendario electoral que contempla la duración de los en- cargos que se pretenden homologar.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artí- culo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con- greso General de los Estados Unidos Mexicanos, me per- mito presentar a esta H. Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a las Legislaturas Locales a reformar sus constituciones y leyes locales en materia electoral, para

garantizar la homologación de los tiempos y períodos elec- xxxxxxx, tomando en consideración que la jornada electoral ordinaria se lleve a cabo el primer xxxxxxx xx xxxxx del año de la elección.

Segundo.- Derivado de lo anterior, se propone que se ade- cuen sus respetivos órdenes jurídicos, donde el Congreso

de la Unión y las Legislaturas Locales incluirán los artícu- los transitorios necesarios para ajustar, por única ocasión, el período de duración del Gobernador, Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos, con el objeto de que los siguientes pudieran ser electos de conformidad al si- guiente calendario:

Dado en el Salón de Sesiones xxx Xxxxxxx Legislativo, a diecinueve xx xxxxx del año dos mil cinco.— Dip. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación.

84.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se ex- xxxxx al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir pa- ra que se adopten las medidas necesarias a efecto de de- tener el cierre del hospital Juárez del Centro, a cargo del diputado Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamenta- rio del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parla- mentario del PRD de esta LIX Legislatura, con fundamen- to en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me- xicanos, se permite presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, en calidad de ur- gente y obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya para se adopten las medidas necesarias a efecto de que detenga el cierre del hospital Juárez del Centro, presentado por el diputado Emi- xxx Xxxxxxx Xxxxxxx conforme a los siguientes

Considerandos

La Secretaría de Salud dentro de su Misión, reconoce: con- tribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y sustenta- ble, mediante la promoción de la salud como objetivo so- cial compartido y el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respon- dan a las expectativas de la población, al tiempo que ofre- cen oportunidades de avance profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso ho- nesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana.

Como diputados, representantes del pueblo, observamos con enorme preocupación, que al ordenar la Secretaría de Salud, de una manera tajante y autoritaria el cierre del hos- pital Juárez del Centro, se rompe con los postulados que enarbola, ya que, no esta contribuyendo a ”un desarrollo humano, justo incluyente y sustentable mediante la promo- ción de la salud como objetivo social compartido” en vir- tud de que al mandar el cierre definitivo del hospital Juárez del Centro excluye automáticamente de la promoción de la salud, a los cientos de usuarios que acuden a ese centro hospitalario y que son personas con un perfil económico bajísimo y sin ningún tipo de seguridad social, que no pue- den pagar los altos costos que tiene la promoción de la sa- lud.

Plasmada así mismo dentro de su Misión leemos “el acce- so universal a servicios integrales y de alta calidad que sa- tisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población” quien mejor que la Secretaría de Salud co- noce y reconoce que los servicios en este rubro son insu - ficientes para una población de más de cien millones de mexicanos de los cuales más de la mitad viven en situa- ción de pobreza, por lo que el acceso universal a servicios

integrales y de alta calidad, no lo tienen y aún menos lo tendrán si se cierra el hospital Juárez del Centro.

Postulan dentro de la Misión también, “oportunidades de avance profesional a los prestadores”, mismo que carece de sentido al ser materialmente expulsados todos los estu- diantes de Posgrado en sus diversas especialidades al ce- rrarse su Centro de Estudios.

También parece letra muerta el final de su llamada Misión “una amplia participación ciudadana” ya que no están to- mando en cuenta a todos los usuarios actuales y futuros así como a las Damas Voluntarias del hospital Juárez del Cen- tro.

Administrativamente dentro de la llamada Visión de la Se- cretaría de Salud tenemos que refiere que “los ciudadanos de manera individual, o en forma organizada, estarán invo- lucrados en todas las decisiones que afecten su salud: re- presentados en los cuerpos directivos de las unidades de sa- lud, participando en los foros de discusión del sector; sumando inquietudes a las agendas estatales y nacionales de salud; opinando sobre las grandes decisiones xx xxxxxx- cas. Además contarán con acceso a la información pública y con instancias sensibles y eficientes para la presentación de quejas y sugerencias”.

Resulta totalmente falso lo anterior ya que, empezando por los propios empleados del hospital Juárez del Centro, des- conocían el atentado que se fraguaba en contra suya y de los usuarios y fue hasta el día 6 xx xxxxx del presente año que tuvieron acceso a diversos documentos expedidos des- de el año pasado, como el del 28 de septiembre de 2004 fir- mado por el Presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y dirigido al Oficial Mayor de la Supre- ma Corte de Justicia de la Nación, Lic. Xxxxx Xxxxxx Xxx- xxxxx que textualmente dice en una de sus partes: “De acuerdo con las instrucciones del Señor Secretario Xxxxx- do Xxxxxx Xxxxx, me permito anexarle un plano del pre- dio que hoy ocupa el hospital Juárez en el centro de ésta ciudad, así como la ruta crítica de las actividades que ha- xxxx que realizar para lograr su uso por parte de la SCJN”.

Como se desprende de su lectura, en ninguna parte de di- cho documento hace alusión a problemas de tipo estructu- ral y de construcción –como se argumentan actualmente- pero si en cambio indica los pasos a seguir para apoderar- se de dichos predios ocupados por el mencionado Hospital, la Comisión Nacional de Bioética, y la Capilla de San Pa- blo.

El 11 de octubre de 2004 en oficio de la Secretaría de Sa- lud, firmado por el C.P. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Direc- tor General de Recursos Materiales y Servicios Generales, le solicita al Lic. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Director de Coordinación y Contratos le indica que se coordine con los representantes de la Dirección General de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y “elabore un cronograma de actividades” así como un informe sobre la comprobación documental del predio donde se ubica el hospital Juárez del Centro, dicha información deberá re- portar, lo referente al Impuesto Predial, Agua, Dictamen Estructural y otros. El dictamen estructural se refirió al ti- po de inmuebles, superficies, sin contemplar memorias de cálculo, ni peritajes estructurales, por lo que estamos ante un caso de implementación legal para apoderarse de los predios ocupados.

En otro documento de la Secretaría de Salud, de fecha 14 xx xxxxx de 2005, marcando como asunto: Relativo al hospital Juárez del Centro firmado por el C.P. Xxxxxx Vi- xxxxxxxx Xxxxxxx, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, le indica textualmente al Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Subdirector de Servicios Operativos y en- cargado de la Dirección de Servicios Generales, lo si- guiente: “Hago referencia a las gestiones que realiza ésta Secretaría con objeto de destinar a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el inmueble donde se ubica el hospital Juárez del Centro, el cual como es de su cono-

cimiento contempla una superficie de 23,299.94 m2 que

pertenece al Patrimonio de la Beneficencia Pública y otra de 6,017.53m2 propiedad del Gobierno Federal.

En tal virtud, instruyo a usted a efecto de que lleve a cabo una visita de inspección en el referido inmueble con obje- to de que identifique si existen además de la Unidad Hos- pitalaria en comento, otras Áreas o Unidades dependientes de ésta Secretaría que utilicen el inmueble, identificando, en su caso, si éstas ocupan superficies de propiedad Fede- ral y/o del Patrimonio de la Beneficencia Pública, a efecto de proceder a su desocupación inmediata y solicitar, tra- tándose de superficies federales su cambio de destino. Pa- ra mayor referencia, envío a usted antecedentes de las áre- as y superficies que se tienen identificadas como ocupantes de dicho inmueble”.

Con éste último documento se da la instrucción tajante y au- toritaria del desalojo del inmueble, sin argumentar las dizque fallas estructurales a causa del sismo de 1985 y sin informar en todo caso al Director del Hospital Xxxxx Xxxxxxx Xxxx y sin ningún aviso a todos los usuarios del nosocomio.

Resulta sumamente fácil expresar, que los enfermos y pa- cientes pueden ser atendidos en otros Centros Sanitarios cercanos al hospital Juárez, pero la realidad es tan abruma- xxxx, que termina por imponerse y es que actualmente no tenemos la capacidad de atención para cubrir con calidad y oportunidad a tantos mexicanos que en este momento de- mandan servicios de salud. Tan es así, que, en éste Hospi- tal se atiende a enfermos de toda la República con cuotas desde $16 a $50 pesos y cirugías de corta estancia con pre- cios de $600 a $800 pesos.

Como representantes ciudadanos, no debemos permitir un atropello a la salud pública donde se hace uso del argu- mento de la seguridad de los trabajadores y usuarios y que no ha sido demostrado plenamente y que deja un sinnúme- ro de dudas sin aclarar como:

El por qué, si, desde 1985 estaban dañados los edificios se permitió continuar prestando el servicio.

El por qué a los empleados vía sindical se les hace el ofre- cimiento de reubicación con mejora de clasificación esca- lafonaria.

El por qué nunca se informó a la opinión pública la inten- ción de dar los predios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El por qué a los enfermos jamás se les pregunto su opinión al respecto.

El por qué se cierra un Hospital fundado el 23 xx xxxxxx de 1847 en plena intervención americana y que durante déca- das se le ha identificado como “el hospital de los pobres”, al privilegiar, desde su origen, a la población con menores recursos como son ancianos abandonados, indigentes, prostitutas, niños de la calle y diableros de la Merced.

El por qué se ha hecho tortuguismo en la descentralización hospitalaria y concluir ya la entrega de 6 hospitales en ma- nos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal al Go- bierno capitalino.

¿Que acaso le resulta más fácil al Secretario de Salud Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxx “regalar” para su destrucción un hospital que funciona a cabalidad que descentralizarlo o mejorarlo?

Queremos creer que éste no es un arreglo entre Poderes Ejecutivo-Judicial, sino que gente menor, inescrupulosa, hace arreglos y pactos para su beneficio personal, gente a

la que no le importa nuestro País ni los mexicanos que ha- bitamos aquí.

Señores Diputados no continuemos condenando a la enfer- medad y sufrimiento a miles de compatriotas, no permita- mos el cierre del hospital Juárez del Centro por caprichos o convenios hechos a espaldas de los legítimos interesados.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad xx xxxxx- nuar brindando el servicio de salud integral a familias me- xicanas de escasos recursos, pongo a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguien- te:

Punto de Acuerdo

Uno. Esta Honorable Cámara de Diputados hace un exhor- to al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya, se adopten las medidas necesarias a efecto de que detenga el cierre del hospital Juárez del Centro girando su instruc- ción al C. Secretario de Salud a fin de que implemente una política de remodelación del inmueble o lleve a cabo la descentralización del mismo.

Dos. Que éste Punto de Acuerdo sea de urgente y obvia re- solución.

Dip. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud.

85.- «Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que se extiendan los subsidios anun- ciados para los consumidores domiciliarios de gas natu- ral y los de gas licuado de petróleo –o LP–, así como al consumo agrícola de estos energéticos; y que declare una suspensión inmediata de cualquier autorización de au- mentos a estos energéticos, a cargo del diputado Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexica- nos, el de la voz, diputado Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamentario del PRI, presento a esta H. soberanía el si- guiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

El gas natural y licuado de petróleo, es de la nación, y por lo tanto del pueblo de México.

El artículo 27 constitucional, en su segundo párrafo, nos in- dica que:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el in- terés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscepti- bles de apropiación, con objeto de hacer una distribu- ción equitativa de la riqueza pública, cuidar de su con- servación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla- ción rural y urbana.”

Ése es el mandato, y este gobierno no lo ha cumplido, ha cometido deslealtad a la Constitución, y como somos los representantes del pueblo, debemos demandárselo a su nombre.

El Ejecutivo federal, ha mentido al pueblo, ha utilizado los bienes de la nación en contra del beneficio social, y cree ser dadivoso al ir repartiendo monedas en el camino a quien le demanda apoyo, como fue cuando dijo a los campesinos en Tlaxcala, que “el precio del diesel en el país era el más ba- rato del mundo“, para después de que arreciaban los recla- mos, decir: “y si no, lo hacemos”.

Así es como se maneja la política económica, energética o alguna, en este gobierno, a puntadas. Basta ya de depender del humor del Ejecutivo federal, es hora de imponer en es- te país el respeto a la Constitución.

Ahora le tocó el turno al gas natural, que se le ha permiti- do un aumento que ya afecta la competitividad de nuestras

empresas y los hogares del pueblo mexicano, un ejemplo de esto son: La Laguna y Nuevo León. Y como siempre, en este gobierno, a las voces de demandas del pueblo, el Eje- cutivo anuncia un subsidio al consumo de este energético tan necesario.

Pero esta respuesta, antes de que alguno de los tantos pre- goneros que tiene el Ejecutivo federal salga a su defensa, no corresponde a un Ejecutivo sincero y comprometido con el pueblo. Una vez más, la realidad le ganó a sus fantasías. La sociedad mexicana completa, se da cuenta del fracaso de su política energética, al ver que los permisionarios pri- vados han demostrado su despiadado objetivo, xxxxxxx- xxxxxxse x xxxxx del fracaso del país. ¿No es claro que nuestra industria se muere por que la competencia interna- cional recibe a menor precio sus energéticos? ¿No esta cla- ro que los industriales le han venido diciendo desde hace 2 años que estos precios los saca de la competitividad?

No es lanzando migajas a los hambrientos como se solu- cionan los problemas del país, señor Presidente; es hacien- do con seriedad las cosas, y, pensando en un gobierno com- prometido socialmente con el pueblo, como se realiza.

Usted anunció un subsidio del gas natural al consumo do- méstico, de 35 metros cúbicos al mejor precio del año 2004, lo que es un paliativo que no resuelve el problema. Sin embargo, no sólo debe el Ejecutivo federal hacer esta oferta al consumo del gas natural, sino que debe extender- se de inmediato al consumidor del gas LP, porque de no ha- cerlo estará violando la ley, al discriminar a un sector de la sociedad que también esta sufriendo el embate de los au- mentos criminales en las tarifas del consumo del gas LP.

Esta soberanía deberá hacer cumplir la Constitución en cuanto al uso de los recursos naturales en beneficio de la sociedad mexicana. Exijámonos el cumplimiento de la res- ponsabilidad adquirida como representantes populares, ha- gamos lo que nos ordena nuestra ley, nuestra conciencia nacionalista y revolucionaria, aunque le pese a la derecha, que fue derrotada por las armas y por la razón.

Por lo anterior, solicito a esta H. soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se le exige al Ejecutivo federal, de conformidad con la Constitución Política que juro cumplir, se extiendan los subsidios anunciados a los consumidores domiciliarios del gas natural, a los consumidores del gas licuado de pe- tróleo o gas LP, así como, al consumo agrícola de estos

energéticos; y declare, en beneficio de la nación, una sus- pensión inmediata de cualquier autorización de aumentos a estos energéticos.

Siendo en San Xxxxxx, a los 18 días del mes xx xxxxx de 2005, en el se- gundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LIX Legis - latura.— Dip. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Energía.

86.- «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinemato- grafía de la Secretaría de Gobernación que cumpla las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y su respectivo reglamento, en materia de restricción a la tras- misión de programas de radio y televisión con contenido sexual y violento en horarios para menores, a cargo del diputado Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, del grupo parlamenta- rio del PAN

El suscrito, diputado federal Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, inte- grante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacio- nal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputa- dos el siguiente punto de acuerdo: se solicita a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Se- cretaría de Gobernación, cumpla con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y su respectivo regla- mento, en materia de restricción a la trasmisión de progra- mas de radio y televisión con contenido sexual y violento en horarios para menores, bajo las siguientes

Consideraciones

La libertad de expresión y el derecho a la información, ga- rantías individuales contempladas por nuestra Constitu- ción, representan elementos fundamentales para fortalecer y avanzar con solidez en nuestra transición democrática.

En este sentido, es menester que el Estado garantice que los medios de comunicación escritos, de radio y televisión puedan ejercitar libremente y sin censura, su función social de trasmitir programas que fomenten la convivencia huma- na, la educación, la cultura y el sano entretenimiento.

Por otro lado, debemos reconocer que en las sociedades ac- tuales, toda libertad demanda el establecimiento de reglas que prevengan el abuso y la violación de otros derechos. En este orden, es responsabilidad del legislador, garantizar que las leyes y políticas públicas, respondan a criterios téc- nicos, democráticos, éticos y xxxxxxx que satisfagan el in- terés público.

El progreso tan acelerado de la tecnología y la globaliza- ción, reta a los legisladores a responder con leyes moder- nas que se adecuen a la realidad de la sociedad en que vi- vimos.

En materia de trasmisión de programas de radio y televi- sión, enfrentamos la influencia de otras culturas y socieda- des distintas a la idiosincrasia de los mexicanos. En mu- chos casos, esto se traduce en un enriquecimiento cultural y de entretenimiento que permite una sana apertura de cri- terios, pero también introduce la influencia de contenido no apto para todas las edades. Esta es la realidad que po- demos observar en películas, telenovelas, reality shows, programas, concursos, publicidad, así como series nacio- nales e internacionales que se trasmiten en horarios indis- tintos en nuestro país.

La Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 63, prohíbe todas las trasmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes pro- caces, frases y escenas xx xxxxx sentido, apología de la vio- lencia o del crimen, también, todo aquello que sea deni- grante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; así mismo el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.

Por su parte, el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Conte- nido de las trasmisiones de Radio y Televisión contempla en el artículo 24, la autorización y clasificación de progra- mas para niños, adolescentes y adultos. No obstante, debe- mos reconocer que algunas cadenas nacionales y extranje- ras, aprovechándose de la subjetividad de la ley, rebasan las garantías a las libertades de expresión e información al

incluir en horarios aptos para menores, programación con contenido sexual y de violencia.

En consecuencia, es fundamental que esta Cámara de Di- putados como un Poder Soberano, solicite a la Secretaría de Gobernación, que emprenda las acciones necesarias pa- ra vigilar la aplicación efectiva de los lineamientos y los criterios de clasificación de contenidos establecidos en la Ley Federal de Radio y Televisión y su respectivo regla- mento, a fin de que se restrinja la trasmisión de programas no aptos para menores antes de las veintiuna horas.

Es por todo lo anterior, que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación, haga las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Trasmisiones de Radio y Televisión, para delimitar claramente lo que en esta materia representa una práctica contraria a la moral, a la integridad o bien cause una influencia nociva.

Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación, apli- que estrictamente a las cadenas de radio y televisión tanto abierta como cerrada, la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, a fin de que se restrinja la trasmisión de programas con contenido sexual y violento en horarios pa- ra menores.

Dip. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación.

87.- «Proposición con punto de acuerdo, para que la Cá- mara de Diputados solicite al titular de la SEP que inves- tigue y, en su caso, aplique las sanciones correspondien- tes a los responsables de haber coaccionado a comunidades de instituciones educativas a asistir a un acto proselitista organizado por el PAN, a cargo del dipu- xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución De- mocrática a la LIX Legislatura, con fundamento en los ar- tículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las si- guientes:

Consideraciones

En algunos casos, las palabras salen sobrando ante la con- tundencia de los hechos. Por ello, me voy a permitir leer la misiva que la maestra Xxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, directora académica de la Universidad ETAC, ubicada en el munici- xxx xx Xxxxxxxx, envió al profesorado de asignatura de esa institución educativa, de fecha 11 xx xxxxx del presente año.

Leo textual, es decir, con las faltas sintaxis: “Le solicita- mos informar a sus estudiantes que el viernes 15 xx xxxxx, administrativos, docentes y alumnado de la Universidad ETAC, participará (sic) en la inauguración del Puente “Xxxx xxxxx XX”, ubicado en el Boulevard Xxxx Xxxxx Xxx- tillo.

“La ceremonia será encabezada por la Lic. Xxxxxxx Vi- xxxxxxxxx, presidenta municipal de Coacalco, estado de México, y estará como invitado principal el presidente de México, licenciado Xxxxxxx Xxx.

“Por tal motivo, sugerimos que vengan vestidos xx xxxx azules, camisa blanca o playera “tipo polo”, blanca, te- nis blancos y llevar gorra o sombrilla.

“Partiremos a las 9:00 am, por lo cual la clase de la pri- mera hora se llevará a efecto.

“Asimismo, pedimos que el docente instrumente un guión para que sus estudiantes recuperen esta experiencia

y realicen una análisis o trabajo de investigación para su asignatura. Además, a cada profesor se le comisiona pa- ra vigilar el orden y la integridad física de sus estudian- tes, coadyuvando al buen comportamiento de los mis- mos.

“No olviden pasar lista de llegada y de despedida de su grupo, en el lugar de la reunión”

En efecto en esos términos participó la comunidad de esa institución. Sólo que no fue la única coaccionada a asistir al evento. Profesores, personal administrativo y alumnos de otros planteles educativos también fueron obligados a acudir con similares exigencias.

Lo anterior no tendría ninguna relevancia o trascendencia, sino fuera porque entraña consecuencias de carácter políti- co, social, jurídico y administrativo, porque ese tipo de ac- tividades va más allá de una simple invitación. Se trata, en esencia, de una acto de carácter proselitista a favor de un partido político, es decir, el PAN, y en el contexto del ac- tual proceso electoral en el estado de México.

Pero, lo más grave es que se infringe, sin derecho, razón o justificación los derechos consagrados en la Constitución Política, no solo del alumnado, sino también de los profe- sores y del personal administrativo, a quienes además les vulneran los derechos de la Ley Federal de Trabajo y de- más ordenamientos legales en materia laboral.

Se viola, en perjuicio de los objetivos de la educación y sus instituciones de nivel superior, lo dispuesto en el artículo 3 constitucional, respecto a su obligación de realizar los fines para los cuales fueron creadas, esto es, educar, investigar y difundir la cultura.

Se viola, en perjuicio de los docentes y del personal admi- nistrativo, el artículo 5 Constitucional, ya que se les obligó a asistir a un evento que nada tiene que ver con sus labores o prestar servicios personales fuera de la institución educa- tiva y sin su pleno consentimiento, porque además en el oficio que recibieron los hacen responsables de la integri- dad física y las conductas de los alumnos en un lugar aje- no a la fuente de trabajo.

Asimismo, se infringe el artículo 16 constitucional, en ra- zón de que indebidamente y a través de la coacción, se cau- sa molestia a los convocados, cuando muchos de ellos no tendrían interés de asistir a un acto que no es prioritario para su formación educativa o personal, y también porque

no necesariamente comparten la ideología de los convo- cantes.

En materia educativa, la legislación al respecto es muy cla- ra al estipular que los particulares que presten servicios educativos, deben respetar y regularse por el contenido del artículo 3 constitucional y sus leyes reglamentarias.

Así, los artículos 75 de la Ley General de Educación y 107 de la Ley de Educación del estado de México señalan que se considerarán como infracciones de quienes presten ser- vicios educativos, las siguientes:

II. Suspender el servicio educativo sin que medie moti- vo justificado, caso fortuito o causa de fuerza mayor;

III. Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o causa de fuerza mayor;

IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;

Por otro lado, el artículo 114 de ese mismo ordenamiento establece que tratándose de sanciones aplicables a los par- ticulares se estará a lo siguiente:

I. Las infracciones enumeradas en el artículo 107 de es- ta ley, se sancionarán con multa de 100 a 5000 veces el salario mínimo diario vigente en la zona donde se ubi- que el plantel;

II. Sin perjuicio de la multa que corresponda, procede- rá la revocación de la autorización o el retiro del reco- nocimiento de validez oficial de estudios, cuando se pre- sente alguna de las conductas previstas en las fracciones I, VI y VII del artículo 107 de esta ley;

III. Cuando el infractor haya reincidido en las conduc- tas señaladas en las fracciones II, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIV, XVI y XXI del Artículo 107 de esta ley proce- derá la revocación de la autorización o el retiro del re- conocimiento de validez oficial de estudios, indepen- dientemente de la multa que proceda;

IV. Procederá la clausura, cuando el particular incurra en el supuesto previsto por las fracciones I, XVIII y XIX del Artículo 107 de esta ley, independientemente de la multa que proceda; y

V. La imposición de las multas, debidamente fundadas y motivadas, se hará del conocimiento del infractor, me- diante el oficio que al efecto dicte la autoridad respon- sable de determinar la sanción.

También, la Ley General de Educación en su artículo 76 prevé, que las infracciones enumeradas en el artículo 75 se sancionarán con:

I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geo- gráfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reinci- dencia, o

II.- Revocación de la autorización o retiro del reconoci- miento de validez oficial de estudios correspondiente.

La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa”

Queremos ser claros en cuanto que somos respetuosos de la libertad de asistir a un evento público, como es la inau- guración de la obra en comento. Sin embargo, una cosa es asistir por voluntad propia y otra muy distinta hacerlo bajo coacción; sobre todo cuando se trata instituciones educati- vas que están protegidas constitucionalmente.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, propongo el siguiente:

materia laboral, en perjuicio de los docentes y el personal académico de la institución educativa.

Segundo.- La Cámara de Diputados solicita al secretario Xxxxx Xxxxx investigue porqué se conminó al profesora- do, para que el alumnado asistiera vestido xx xxxxxx y azul al acto mencionado en el párrafo anterior y que reviste un carácter proselitista político a favor del Partido Acción Na- cional.

Tercero.- La Cámara de Diputados solicita al secretario Xxxxx aplique, si es el caso, la normatividad en materia educativa a quien resulte responsable de la comisión de las infracciones estipuladas en el párrafo segundo del numeral primero del presente punto de acuerdo.

Cuarto.- La Cámara de Diputados solicita al secretario Re- yes Xxxxx emita un acuerdo, a fin de prohibir que los alumnos, profesores y personal administrativo o cuales- quiera que labore en instituciones educativas del país, sean públicas o particulares, sean obligados dentro o fuera del horario oficial de clases y labores, a asistir a actos proseli- tistas de carácter político.

Dip. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisión de Educación Pública y Servi- cios Educativos.

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, in- vestigue porqué se coaccionó a alumnos, docentes y perso- nal administrativo de la Universidad ETAC y, si fuera el caso de otras instituciones educativas, para asistir el pasa- do 15 xx xxxxx del presente, a la inauguración del puente “Xxxx Xxxxx XX”, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xx- xxxx xx Xxxxxx; toda vez que entraña consecuencia de ca- rácter político, social, jurídico y administrativo.

Lo anterior, con base en la presunta y fundada infracción a lo dispuesto en los artículo 3, 5 y 16 de la Constitución Po- lítica de los Estados Unidos Mexicanos; las leyes de Edu- cación del estado de México y General de Educación; así como la Ley Federal del Trabajo y demás normatividad en

88.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Sagarpa a integrar en el Programa Nacional de Normalización 2005 la XXX-XXX-000- XXXX/-0000 x xx XXX-000 XXXXXXXX/XXXXX-0000,

con objeto de que se actualicen, a cargo del diputado Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx, del grupo parlamentario del PAN

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx, del Partido Acción Nacional, solicita que se turne a la Co- misión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cá- mara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Re- cursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería y Pesca a que integren al Programa Nacional de Normalización 2005 la NOM-CCA-002-ECOL/1993 y la XXX-000 XXXXX-

XXX/XXXXX-0000, con el objeto de que sean actualizadas. Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes

Antecedentes

El estado de Veracruz cuenta con una gran diversidad bio- lógica que ha sido base de su desarrollo. Sin embargo, des- de hace ya más de media década, esta diversidad se ha de- teriorado de manera paulatina.

Los programas agropecuarios y de agua durante muchos años han sido de corto alcance y con una gran desvincula- ción con los principios de conservación ambiental. Las de- ficiencias de estos programas han provocado el aumento de la contaminación de suelos, agua dulce, salobre y marina en los xxxxxxx, xxxx, embalses, humedales y plataforma cos- tera de mi estado, colocando la situación en un punto muy cercano a la alteración irreversible de sus ecosistemas.

Veracruz ha perdido gran parte de su cubierta forestal, de- xxxx a que los pastizales, potreros y el cultivo de caña de azúcar han sustituido a su vegetación original. La tasa de deforestación ha sido muy alta, aproximadamente el 40% de su territorio padece una erosión grave.

Sabemos que esta situación no es propia únicamente de mi Estado, sino que México destaca por la acelerada degrada- ción del suelo que afecta la base productiva del sector ru- ral, impacta al ciclo hidrológico y acentúa el deterioro am- biental.

También sabemos que entre las principales causas, está el acortamiento de ciclos xx xxxxxxxx en los sistemas de tum- ba-roza-quema, lo cual adicionalmente representa una fuente de contaminación atmosférica que genera monóxido de carbono, dióxido de azufre, y ozono.

Por otra parte, en lo correspondiente al manejo de desechos líquidos en el estado de Veracruz, es importante reconocer que existe un alto índice de contaminación de las cuencas hidrológicas que reciben descargas agroindustriales.

Los ingenios azucareros contribuyen de manera importan- te en el proceso de descarga de residuos con un alto conte- nido orgánico, lo que incrementa la demanda bioquímica de oxígeno, y de elevada temperatura como es el caso del agua empleada en los condensadores. En particular, las vi- nazas producidas en los ingenios que cuentan con destile- rías para la producción de alcohol, son consideradas como uno de los afluentes más nocivos para los cuerpos de agua.

Todo ello amenaza con crear un efecto de hipoxia en las desembocaduras de las principales xxxxxxx xxx xxxxx de México.

Para la atención de esta situación, se han desarrollado di- versas acciones, entre las que se encuentra la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-015- SEMARNAP/SAGAR-1997, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1997 y tiene, entre otros fines, el de regular el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios.

Asimismo, desde 1993 se cuenta con la NOM-CCA-002- ECOL/1993, que establece los límites máximos permisi- bles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de la industria producto- ra de azúcar de caña.

Estas normas están enfocadas a la delimitación clara de ac- ciones de control y prevención de áreas verdes y de los re- cursos acuíferos de nuestro país, dentro de un marco nor- mativo más amplio delineado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sin embargo, al revisar su contenido se aprecia la necesi- dad de adecuaciones y actualizaciones para que cumplan mejor los objetivos que en ellas se plantean. Esto aunado a una mayor vigilancia en el cumplimiento de las mismas por parte del Gobierno Federal y del Estado, permitirá avanzar en la restauración del flujo y calidad del agua y

de la fertilidad del suelo, la superficie de la cubierta fores- tal y vegetal, y por ende el mantenimiento de la diversidad biológica de Veracruz.

En tal virtud, resulta necesario que el ejecutivo Federal em- prenda las acciones correspondientes para incorporar di- xxxx Normas en el Programa Nacional de Normalización 2005, que es el instrumento para planear, informar y coor- dinar las actividades de normalización, y mediante el cual se integra el listado de normas oficiales mexicanas, entre otras, a ser iniciadas y desarrolladas cada año.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Para exhortar a las Secretarías de Medio Am- biente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería y Pesca que integren al Programa Nacional de Normaliza- ción 2005 la NOM-CCA-002-ECOL/1993 y la NOM-015

SEMARNAP/SAGAR-1997, con objeto de que sean ac- tualizadas.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Veracruz, en el ámbito de sus respectivas competencias, a implantar programas permanentes de vigilancia e inspec- ción del cumplimiento de las normas antes mencionadas, con el fin de controlar la pérdida de áreas naturales y las emisiones de residuos a los cuerpos de agua el estado de Veracruz.

Tercero. Se pide a los gobiernos federal y del estado de Ve - racruz que informen a esta soberanía sobre los resultados alcanzados por la aplicación del programa permanente de vigilancia e inspección del cumplimiento de las normas an- tes mencionadas.

Dado en el Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.

89.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a establecer un programa de apoyo a los invidentes que cursan primaria, secundaria y educación media superior, a cargo del diputado Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, in- tegrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, por conducto de la Secre- taría de Educación Pública, a que establezca un Programa de apoyo a los estudiantes de educación primaria, secunda- ria y media superior que son invidentes.

Exposición de Motivos

Las limitaciones físicas que tienen algunas personas, que se conocen como discapacidades, representan un obstáculo para acceder a la Educación así como a otros satisfactores. Según el censo del año 2000, la escolaridad promedio de las personas con necesidades educativas especiales en nuestro país era de 3.8 años, cuando el promedio nacional es de 7.3 años.

No puede negarse que el Gobierno Federal se ha esmerado en apoyar el desarrollo de estas personas con diferentes ac- ciones. Una muestra de ello, que se ubica en el campo edu- cativo, es que el Instituto Nacional de Antropología e His- toria trabaja en la creación de materiales y las condiciones para que las personas con necesidades educativas especia- les puedan acceder a los museos.

Se calcula que hay unos 190 mil jóvenes con alguna disca- pacidad en nuestro país. En una población de más de 100 millones de habitantes, quizás no se consideren muchos, pero desde un esquema de autentica equidad, y aunque fue- ran menos, estaríamos obligados a que se haga realidad la garantía de igualdad que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero resaltar que el arti- culo tercero constitucional de nuestra Carta Fundamental, habla de la igualdad de oportunidades que los mexicanos tenemos a la educación, y que a las personas con capacida- des diferentes lamentablemente no se les ofrece de manera eficaz.

En materia de apoyo para el acceso a la Educación, la Se- cretaría de Educación Pública fundo a fines de los años 70, la Dirección General de Educación Especial, para organi- zar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar lo que en aquel entonces era el Sistema Federal de Educación Espe- cial y la formación de maestros especializados. Con ello se le dio una mejor estructura a planes y programas de educa- ción, diseñados para las personas con necesidades educati- vas especiales. En épocas más recientes, a partir de 1992, con el Acuerdo para la Modernización de la Educación Bá- sica, algunas reformas al articulo 3° Constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, se inicia un proceso de integración, de los alumnos con necesidades educativas especiales, y es así como, en algunos casos asis- ten a los planteles regulares del Sistema Educativo.

Dado que el Censo señala que el 26% de las personas con capacidades diferentes son invidentes o débiles visuales, es importante darle seguimiento a la atención que el Sistema Educativo le presta a estas personas.

En este sentido podemos observar que la Secretaria de Educación Pública ha realizado algunas acciones. Así por ejemplo, desde 1996 la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito produce libros en Braille para Educación Primaria, y esta, publicó el primer Diccionario en sistema Braille para preescolar, primeras lecturas, libros xxx xxxxxx y otros materiales. También sabemos que dentro de las me- tas Presidenciales para el año 2004, inició la producción de libros en Braille para secundaria y libros para personas dé- biles visuales que estudian el nivel básico.

No se puede negar que el Sistema Educativo ha realizado un esfuerzo notable para dar apoyo a los estudiantes invi- dentes o con debilidad visual. Pero como en otros renglo- nes, el crecimiento de la población ha rebasado a la canti- dad de recursos disponibles para darles atención de calidad a estos estudiantes. Una muestra de ello es que en Preesco- lar y Primaria los libros de texto a veces no alcanzan, en Secundaria no existen y en los tres casos los estudiantes no reciben otros apoyos como útiles especiales. No hablemos ya de la educación media superior la cual es poco accesible para estos estudiantes, los cuales tienen que valerse por sus propios medios para alcanzar sus metas educativas.

Dado lo anterior es que se propone a esta X. Xxxxxx de Di- putados la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Que la X. Xxxxxx de Diputados exhorte al Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Edu- cación Pública se establezca un programa de producción de libros y material didáctico especializado para estudiantes invidentes y débiles visuales, de los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Media Superior.

X. Xxxxxx de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Méxi- co, Distrito Federal, a 19 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Públi- ca y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vul- nerables.

90.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se so- licita a diversas secretarías que revisen el incumplimien- to de Pemex a las medidas de seguridad y de las empresas contratistas al requisito de contar con adecuados planes de protección civil y seguridad industrial, así como que realicen las investigaciones conducentes y finquen las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, a cargo del diputado Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xx- xxxxx, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; de conformidad con lo es- tablecido en los artículos 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60 y 90 del Reglamento Interior del Congreso General; someto a consideración de este pleno la Proposición con punto de acuerdo para solicita a diversas Secretarías, a revisar el in- cumplimiento de Pemex y las empresas contratistas de con- tar con adecuados planes de protección civil y seguridad industrial, así como realizar las investigaciones conducen- tes a fincar responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

A escasos tres meses de que en el mismo municipio de Nanchital se registrara un derrame de crudo que ocasionó daños graves a la ecología, este miércoles 13 xx xxxxx del presente, un error humano ocasionó la muerte de cinco tra- bajadores y heridas a treinta personas, al explotar a la altu- ra de la colonia Los Mangos de dicha ciudad, un ducto de amoniaco de 10 pulgadas de diámetro, de una línea de po- lipropileno, que corre de Minatitlán a la Terminal Marítima de Pajaritos. Además, unas seis mil personas debieron ser evacuadas ante la amenaza de ser alcanzados por la nube de gas amoniaco, fugado de la tubería de Pemex. Los obre- ros que murieron son Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx San- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Según lo consigna la prensa de Coatzacoalcos, a las 22:35 horas (casi 7 horas después del percance), el director de Pe- mex Petroquímica, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, llegó a esa ciudad acompañado del representante de la compañía Re- paraciones Navales y Petroquímicas SA de CV, contratada por Pemex para efectuar el cambio de tubería en ese pun- to, y señaló que no tenía conocimiento de que hubiera fa- llecido alguna persona en el percance. Por otra parte y siempre de acuerdo con los diarios de Coatzacoalcos, Cel- so Xxxxx Xxxxxxxxx, quien era uno de los obreros que tra- bajaban en el lugar, afirmó que trabajaban sin un equipo de seguridad y desconocían lo que contenían dichas tuberí- as, las cuales terminarían de reparar en estos días.

Horas más tarde, el secretario de Protección Civil del esta- do, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, informó a los medios de comunicación que la explosión se registró a consecuencia de que los trabajadores de la empresa contratista habían cortado una tubería de amoniaco confundiéndola con una de polipropileno.

Además de lamentar profundamente la pérdida de vidas, queremos centrar nuestra intervención en torno a la dismi- nución de las capacidades técnicas de Pemex, producto de una irracional política de despilfarro de los recursos huma- nos formados a lo largo de décadas en nuestra industria pe- trolera.

En lo que va de la administración foxista, se ha venido atentando sistemáticamente contra el sustento intelectual socialmente construido en Pemex a lo largo de los años, despidiendo o jubilando de manera forzada a personal alta- mente calificado, inflando artificial e irresponsablemente

con esta medida, la carga del pasivo laboral de nuestra em- presa petrolera.

Simplemente por poner un ejemplo, en su sesión del 11 de febrero de 2004, con el pretexto de acatar los lineamientos de austeridad establecidos por esta Soberanía, el Consejo de Administración de la paraestatal; decidió suprimir 3206 plazas de técnicos y profesionistas en las subsidiarias que son el corazón mismo de las actividades sustantivas de Pe- tróleos Mexicanos.

En contraste, y burlando la supuesta austeridad, fueron contratados miles de profesionistas provenientes en buena medida del sector privado y en particular del sector finan- ciero, lo que muestra claramente cuál es la intención de es- te recambio de personal: hacer de nuestra empresa una sim- ple agencia de administración de contratos.

Los resultados de este irresponsable manejo de los recursos humanos de la empresa están a la vista de todos:

El primero de ellos es la exacerbación del contratismo. Así, todo un conjunto de trabajos que durante décadas eran efectuados en forma rutinaria por personal experto de Pe- mex, ahora es encomendado a empresas cuya calidad téc- nica es, por decir lo menos, dudosa. De hecho, este caso muestra hasta qué punto dichas empresas se valen de per- sonal sin calificación alguna contratado en condiciones la- borales precarias y al que nunca se preocupan en capacitar. Si bien, un sector como el petrolero puede y debe servir pa- ra estructurar y fomentar el desarrollo de diversas activida- des de la industria nacional, la forma en que desde hace va- xxxx años se ha manejado este aspecto, sólo ha servido para facilitar los negocios de un sector privilegiado de empresa- xxxx nacionales y extranjeros, con un casi nulo efecto en el incremento del savoir faire nacional en el terreno de las empresas parapetroleras y de servicios.

A diferencia de otros accidentes, en los que se ha aducido la escasez presupuestal para mantener en buen estado la red de ductos, todo apunta a que en esta ocasión el origen se encuentra en la nula o casi nula supervisión de Pemex, en la incompetencia para formular, convenir y licitar dichos contratos y en la incapacidad técnica del contratista. El ac- cidente nos muestra que la calidad de la supervisión de los trabajos encomendados a empresas contratistas que Pemex está obligada a hacer, deja mucho que desear. De hecho, en muchos casos la inexperiencia e incluso incompetencia de los nuevos responsables de la misma, vuelve completa- mente ineficaz e inútil el trabajo de supervisión. En no po-

cos casos, la inoperancia de la supervisión no es sino la ex- presión de lazos crecientes de connivencia con los contra- tistas. Un abandono técnico equiparable a una especie de corrupción intelectual, cuando no corrupción a secas.

Tras la cadena de percances en los que se ha visto envuel- to Pemex en los últimos meses, es evidente también que ni la empresa paraestatal ni en este caso la contratista, cuen- tan con adecuados planes de protección civil y de seguri- dad industrial; y que sólo reaccionan casuísticamente ante los hechos. De tal suerte que las autoridades de la Secreta- rías de Gobernación, de la Función Pública, del Trabajo y del Medio ambiente, deben cumplir cabalmente con su obligación de revisar el incumplimiento de la petrolera en la materia.

Asimismo, se deben realizar investigaciones serias y pro- fundas sobre este y los demás accidentes, que ya no sólo han dañado a la población y al medio ambiente, sino que están costando vidas humanas, para terminar con la impu- nidad de quienes resulten responsables de los mismos, a quienes se les deben fincar todas las sanciones que las le- yes administrativas y penales indiquen.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura xxx xx- norable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Para presentarse de urgente y obvia resolución

Único. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, de Tra- bajo y Previsión Social, de Medio Ambiente, y de la Fun- ción Pública, a revisar el incumplimiento de Pemex y sus empresas contratistas de contar con adecuados planes de protección civil y seguridad industrial, así como realizar las investigaciones conducentes a fincar responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, derivado de los accidentes acontecidos en los ductos de la paraestatal en los últimos meses.

Dado en el Salón de Sesiones, a 19 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.

91.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las fuerzas políticas representadas en el estado de Chi- huahua a formar un frente amplio junto con las autori- dades contra la delincuencia organizada, a cargo del di- putado Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, en su calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta X. Xxxxxx de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para ex- hortar a las fuerzas políticas representadas en el estado de Chihuahua a conformar un frente amplio junto con las au- toridades en contra de la delincuencia organizada, aten- diendo a las siguientes

Consideraciones

En noviembre del 2004, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y PC, presentamos a su consideración una iniciati- va de Reforma Constitucional Federalista, cuyo objetivo primordial es lograr un federalismo subsidiario, en el que la coordinación intergubernamental se de en los hechos, y la cooperación entre los tres ámbitos de gobierno se tra- duzca en la solución de los problemas ciudadanos.

Estoy convencido de que ésta fórmula bien podría aplicarse en una gran cantidad de asuntos de interés público para ob- tener más y mejores resultados, como en educación, salud, seguridad social, vivienda, pero también contra un problema que parece estar ganándonos la batalla, la delincuencia.

El estado de Chihuahua, por su cercanía y frontera con Es- tados Unidos, se ha convertido en una zona estratégica pa- ra las actividades del crimen organizado.

Los narcotraficantes encontraron en ciudades medias, lu- xxxxx ideales para planear y fortalecer sus estructuras de- lictivas, mientras que otras ciudades pujantes e industriali- zadas, les ofrecieron la oportunidad de lavar su dinero sin mucho riesgo ante una economía en crecimiento.

Entre enero y marzo del 2005, los homicidios en Ciudad Juárez ascendieron a 64, un incremento del 45% si se com- para con los 44 registrados en el mismo periodo del año anterior.

De esta cantidad, 10 fueron contra mujeres, 14 reúnen ca- racterísticas para ligarlos con el crimen organizado, 9 más ocurrieron por enfrentamientos entre pandillas y el resto responde a distintos móviles, según declaraciones de auto- ridades a medios periodísticos. Para el 11 xx xxxxx, la cifra de muertes se incrementó a 69.

Los asesinatos son continuos y algunos ante la vista de to- dos los ciudadanos a plena luz del día, retando a las autori- dades.

El 18 de enero de este año se localizaron los cuerpos de Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, de 40 años, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, de 55, y Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, de 52. Los mataron a balazos, les taparon los ojos con cinta adhe- siva gris, y los ataron de pies y manos.

El 23 xx xxxxx pasado, el empleado de una cerrajería San- xxxxx Xxxxx, de 23 años de edad, fue ejecutado en presen- cia de la esposa del dueño del negocio. Quince días antes, ya habían pretendido dar muerte x Xxxxx en el mismo lu- gar, pero en esa ocasión resultó ileso.

Conforme a estadísticas oficiales del 2002 relativas a deli- tos sentenciados del fuero federal1 –en su mayoría narcóti-

cos y violación a la xxx xx xxxxx de fuego-, 9 entidades re- gistran cifras muy por arriba de los demás, casi todos del norte del país o identificados con la operación del narco- tráfico y/o el crimen organizado: Xxxx Xxxxxxxxxx, 0000; Chihuahua, 1,767; DF, 1,980; Guanajuato, 1,138; Jalisco;

1,788; Michoacán, 1,154; Sinaloa, 1,164; Sonora, 2,631,

Tamaulipas, 1,312.

Estas mismas entidades presentan altas cifras de homici- dios, conforme a estadísticas de la misma fuente relativa a delitos sentenciados del fuero común, por ejemplo Chihua- hua con 356 casos de este tipo, cuando el promedio gene- ral fue de 189.

Esto nos indica que existe una estrecha relación entre los delincuentes que cometen ilícitos del orden federal y los del fuero común, porque alrededor del crimen organizado, específicamente del narcotráfico, se dan otros ilícitos como el robo de autos, el secuestro y los homicidios.

Y al margen de argumentos en el sentido de que los asesi- natos se dan por lo regular sólo entre los miembros de las organizaciones criminales, lo cierto es que desde hace tiempo se han rebasado los límites poniendo en riesgo la seguridad de todos los mexicanos.

El viernes 1 xx xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, reconocido em- presario, ex dirigente de Coparmex y xxxxxxx xxx Xxxxxx- miento de Chihuahua, fue cobardemente acribillado preci- samente frente a su domicilio.

Dos crímenes más, ocurridos apenas el 11 xx xxxxx pasado, son de llamar la atención. El primero por la saña con la que fue cometido, y el segundo por ser consecuencia de ame- nazas directas hacia funcionarios estatales por parte de cri- minales y un abierto reto a las autoridades policíacas y de procuración de justicia.

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, de 34 años, fue localizado en el in- terior de su casa en Parral, Chihuahua, con el cráneo des- trozado a martillazos.

El abogado Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Jefe de Inspectores de Gobernación del Estado, fue acribillado frente a su despa- cho en Ciudad Juárez. Un amigo cercano reveló que había recibido amenazas a raíz de la clausura de varios estableci- mientos que expenden bebidas alcohólicas, donde se deco- misaron drogas.

Y si estos hechos son lamentables, debe también preocu- parnos que quienes se encargan de brindar seguridad a los ciudadanos caigan en excesos y se hagan justicia por su propia mano. Los chihuahuenses tampoco deseamos eso.

El miércoles 23 xx xxxxx, un día después de que dos poli- cías municipales de Ciudad Juárez fueran desarmados, ase- sinado uno de ellos y herido el otro, decenas de uniforma- dos se trasladaron al domicilio de los presuntos responsables, donde abrieron fuego para dar muerte a cua- tro hombres y herir a una niña y una mujer.

En conclusión, lo que el problema exige es un compromi- so serio de las autoridades, federales, estatales y municipa- les. Lo que la ciudadanía pide a gritos y ya no puede espe- rar más, es una actuación coordinada y eficaz de los cuerpos de seguridad y de las instituciones encargadas de la administración de la justicia.

El desafío de los criminales a la autoridad, exige medidas concretas para la prevención del delito, para la captura de los delincuentes y para la aplicación de sanciones contun- dentes por parte de los tribunales.

Compañeras y Compañeros que me acompañan en este recinto legislativo, el asunto de la seguridad pública es imprescindible para el desarrollo de la sociedad, para la

protección y tutela de los valores de la familia, es algo que no puede esperar más. No es posible que no estemos segu- ros en ninguna parte. Antes creíamos que al llegar a nues- tro hogar encontraríamos la seguridad y certidumbre que la calle nos quitaba.

Al día xx xxx, no hay lugar seguro. Los ciudadanos tienen en la mente que saldrán de su casa pero nada, escúchenlo bien, nada les garantiza que regresarán a su hogar al ano- checer.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta X. Xxxxxx de Diputados la si- guiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Primero. Que esta X. Xxxxxx de Diputados haga un aten- to exhorto a al C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, para que convoque con carácter de urgente a todas las fuerzas políticas, públicas, privadas y sociales, para la integración de un frente amplio y común en contra del crimen.

Segundo. Que como resultado de dicha convocatoria, se apruebe un documento en el que se establezcan compromi- sos de todos los participantes, para involucrarse en tareas definidas previamente. Los Diputados Federales del Esta- do de Chihuahua, de todos los partidos políticos, nos com- prometemos a integrarnos a este esfuerzo conforme se de- cida en esta asamblea que nuestra colaboración es necesaria.

Tercero. Que derivado del Punto anterior, se informe a es- ta Honorable Soberanía sobre los resultados del mismo y se mantenga un canal de comunicación constante para cono- cer el desarrollo de esta petición, por tratarse de la seguri- dad de la población del estado de Chihuahua.

Nota:

1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (2005), “La seguridad pública en México: Indicadores delictivos y su presupuesto público federal ejercido y aprobado, 1994-2005”, X. Xxxxxx de Diputados, páginas 41 y 42.

Dado en el Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a los catorce días del mes xx xxxxx del año dos mil cinco.— Dip. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.

92.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se so- licita al Ejecutivo federal la suspensión de la publicidad en los medios electrónicos de los programas sociales y asistenciales donde se menciona la frase “el gobierno xx Xxx”, a cargo de la diputada Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xx- xxxx, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es- tados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Xxxxx Mar- xxxxx Xxxxxx, del grupo parlamentario del PRI, presento a esta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgen- te y obvia resolución.

Queremos denunciar en esta tribuna, que sí es la más alta de la Nación, el uso ilegal, faccioso, tramposo y perverso del Gobierno Federal y su Partido Acción Nacional, de los programas sociales de la Sedesol, en una verdadera acción electorera a su favor, lo que rompe la equidad electoral.

Hemos sido testigos de campañas intensivas, en los medios electrónicos, en los tiempos oficiales y comprados, donde se usan los programas sociales a la exaltación y culto de una persona, “el Gobierno xx Xxx”, lo que representa el uso ilegal de programas oficiales a favor de un gobernante y su partido, contraviniendo el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, agregando que el Gobierno Federal no es el Gobierno xx Xxx. Constituyendo, además del ilícito, una grave ofensa al federalismo, ya que estos programas usan las infraestructu- ras educativas y de salud de las entidades federativas, y re- cursos de la Federación que no son propiedad del señor Xxx y su esposa. Dónde quedaron las denuncias de antaño de los panistas sobre el uso faccioso de los recursos públi- cos a favor de un partido. ¡Actúan ahora como sepulcros blanqueados!

El PAN usa ilegalmente los programas del Gobierno Fede- ral, como publicidad en su campaña electoral. El Gobierno Federal está obligado a realizar sin intereses partidistas es- tos programas. Ahora los usan como parte de su campaña electoral, usando su logo, en la propaganda de quien es su verdadero jefe, el señor Xxx.

Denunciamos el trabajo tramposo y perverso del Gobierno Federal y la señora Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, de la Sedesol, por la utilización del supuesto blindaje electoral de los pro- gramas sociales y asistenciales, a través de la firma del convenio interinstitucional con la PGR-Fepade, como fa- xxxxx de una verdadera acción electoral a favor del PAN,

usando de manera facciosa el padrón de beneficiarios para aplicar una selección rigurosa de las familias beneficiadas, como poder fáctico de decidir quien vive o muere al aban- dono de su miseria, aplicando criterios partidistas. Como sucede en el estado de México, Coahuila y Nayarit.

El término “selección rigurosa” tiene el objetivo de excluir a los contrincantes políticos. Los programas asistenciales solo deben tener el criterio del combate a la pobreza. Cual- quier familia mexicana, independientemente del partido de su preferencia, tiene el derecho a recibir los apoyos que la sociedad mexicana paga a través de sus impuestos. ¿Será suficiente saber que un grupo de mexicanos pobres son del PRI, para dejar de entregarles los apoyos que son xxx xxx- blo y para el pueblo? ¡Como pueden decir que van a vigi- lar el uso de los programas sociales que ellos mismos ad- ministran!

La Sedesol utiliza sus recursos humanos, físicos y finan- cieros, el padrón de beneficiarios (que ellos guardan celo- samente), para realizar actividades que no son de su natu- raleza y objetivo, como sí lo es el combate frontal a la pobreza. La Ley de Desarrollo Social no faculta a la Sede- sol a realizar actividades de prevención de delitos electora- les, no son órgano fiscalizador.

Bajo una estrategia llamada “Compromiso manos limpias”, utilizan al personal de Sedesol, de Oportunidades, Salud y Educación, Enlaces y municipal, así como a los titulares de becas y beneficiarios, para actos de vigilancia a favor del PAN, escondiéndose en el supuesto de prevención de deli- tos electorales. Aplicando una estrategia fascista para usar- los como un ejercito de denunciantes, sabiendo que este personal recibe salario de la propia Secretaría. Ya sabemos para quien van a trabajar. El uso de la miseria, ignorancia, necesidad y miedo es en si un acto de la más baja delin- cuencia. Se induce a la insidia, traición, contubernio, usan- do el terrorismo y la amenaza velada de ser denunciados a la PGR y convertidos en posibles delincuentes electorales por el simple hecho de ser de otro partido, o simplemente, atacar a miembros de los partidos de oposición bajo pre- sunciones sesgadas o utilizadas solo por interés partidista.

Son preocupantes las acciones soterradas y agazapadas de Sedesol al utilizar técnicas subliminales de publicidad para promocionar de manera clara al partido del Ejecutivo fede- ral. En la publicidad que se maneja, lleva, sin el menor ru- bor, los colores azules del Partido Acción Nacional. Uno de los carteles tiene el título “En tus manos ésta. ”, dice:

“si eres beneficiaria del Programa Oportunidades ¡consér-

valo! Solo tienes que ir a tus pláticas de orientación”. Y abajo aparece la leyenda “el Gobierno del Cambio...Cum- ple” para rematar con “Tu voto es libre”. Lo cual es igual a decirles: “todo te lo da el Gobierno xx Xxx y por eso tu vo- to es...mío”.

Este tipo de campañas corresponden a las autoridades fa- cultadas para ello, los institutos electorales, federal y esta- tales, lo que significa duplicidad en el gasto del presupues- to federal. No puede la Fepade transferir a la Sedesol en todo caso, sus funciones, esto es un acto ilegal.

Por lo anterior, propongo a esta H. soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Exigir al Ejecutivo federal la inmediata suspen- sión de la publicidad, en los medios electrónicos, de los programas sociales y asistenciales donde se menciona la frase: “el Gobierno xx Xxx”.

Segundo.- Exigir al Ejecutivo federal la inmediata suspen- sión de las acciones de la Sedesol, bajo el supuesto blinda- je del programa Oportunidades, y que sean las autoridades electorales competentes, así como la Fepade, la que hagan las labores de promoción y prevención de delitos electora- les, respectivamente, de acuerdo a la Ley aplicable.

Tercero.- Se investigue, por esta X. Xxxxxx de Diputados, el uso por la Sedesol de los recursos públicos, de su perso- nal y los beneficiarios de los programas asistenciales y so- ciales, en estas acciones de vigilancia, con el fundamento de la posible desviación de recursos públicos para otra fun- ción a la que no fueron asignados.

Siendo en San Xxxxxx, los 18 días del mes xx xxxxx del año 2005.— Dip. Xxxxx X. Xxxxxxxx Xxxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación.

93.- «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar que comparezca ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, a fin de que explique la situación de las muestras de virus de influenza H2N2 encontradas en nuestro país, a cargo del diputado Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx- bos; a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Salud, y con las atribuciones que me confiere el artícu- lo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de este Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con la finali- dad hacer comparecer al director general del Centro Na- cional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfer- medades, ante la Comisión de Salud de la LIX Legislatura para que explique los hechos relacionados con la entrada a nuestro país de una variante del virus de la influenza.

Antecedentes

El pasado mes xx xxxxx, funcionarios de salud canadien- ses identificaron el virus de la influenza durante las prue- bas de rutina de una muestra de un paciente en uno de sus laboratorios. Inmediatamente realizaron una investigación que determinó que una pequeña cantidad del mortal virus de la influenza fue hallado en un equipo de prueba.

El 14 xx xxxxx, nos enteramos por los medios de comunica- ción que la administración de salud pública en Estados Unidos y otros 17 países, entre los que se encuentra Méxi- co, recibieron un llamado urgente para localizar y destruir la peligrosa cepa del virus de influenza que fue enviada por error a tres mil 747 laboratorios, situación que pone a estos países en un riesgo inminente de un brote epidémico.

Según los medios de comunicación estas circunstancias se suscitaron cuando una compañía privada, Meridian Bios- ciences Inc. xx Xxxxxxxxxx, envió el virus a más de seis mil laboratorios de 18 países, a petición del College of Ameri- can Pathologists así como a otros grupos como parte de unas pruebas rutinarias de certificación para laboratorios.

La OMS precisó que el 90 por ciento de los laboratorios implicados se encuentran en América del Norte. Otros 61 están repartidos en 16 países de Asia, Europa, Medio Oriente y América del Sur.

Del mismo modo, los medios de comunicación dieron a co- nocer que la Secretaría de Salud informó que el Centro Na- cional de Vigilancia Epidemiológica, junto con la Comi- sión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario, destruyeron las muestras del virus letal de influenza H2N2 que recibieron por error tres laboratorios privados de la red mexicana Flunet perteneciente a la Organización Mundial de la Salud.

Por la misma fuente se dio a conocer que el Xx. Xxxxx Xx- xx, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud de- claró que a México sólo llegaron tres kits a tres laborato- xxxx clínicos que reciben muestras para certificar controles de calidad, no la fabricación de vacunas, descartando así un posible riesgo.

Por su parte la Secretaría de Salud aseguró que el error en que incurrió el College of American Pathologists (CAP) de Estados Unidos, al enviar a 18 países, incluido el nuestro, dichas muestras, fueron controladas inmediatamente por las autoridades sanitarias de México mediante un operativo conjunto entre el Centro Nacional de Vigilancia Epidemio- lógica y Control de Enfermedades (Cenavece) y la Comi- sión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Además, aclara que desde el miércoles 13 xx xxxxx, a las 17:00 horas, la Organización Mundial de la Salud fue en- xxxxxx de que en México las muestras fueron destruidas y la situación controlada en su totalidad y que no existe nin- gún riesgo para la población mexicana, ello, toda vez que dicha cepa nunca ingresó a territorio mexicano.

Consideraciones

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la gri- pe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por cepas A del virus de la gripe. Esta enfermedad, identi- ficada por vez primera en Italia hace más de cien años, se da en todo el mundo.

Se conocen 15 subtipos de virus de la gripe que infectan a las aves, lo que representa un amplio reservorio de virus gripales potencialmente circulantes en las poblaciones de aves. Hasta la fecha, todos los brotes de la forma hiperpa- tógena han sido causados por los subtipos H5 y H7 de la cepa A.

Los virus de la gripe aviar no suelen infectar a otros ani- males aparte de las aves y los cerdos. El primer caso de que

se tiene noticia de infección del hombre por virus de la gripe aviar se produjo en Hong Kong en 1997, cuando la cepa H5N1 causó una enfermedad respiratoria grave a 18 personas, seis de las cuales fallecieron. Esa infección coin- cidió con una epidemia de gripe aviar hiperpatógena, cau- xxxx por esa misma cepa, en la población de aves de xxxxxx xx Xxxx Kong.

Una amplia investigación de ese brote concluyó que el con- tacto estrecho con las aves infectadas vivas había sido el origen de la infección humana. Los estudios genéticos rea- lizados posteriormente mostraron que el virus había salta- do directamente de las aves al hombre. Se produjo también una transmisión limitada al personal sanitario, sin llegar a causar síntomas de gravedad.

De los 15 subtipos del virus de la gripe aviar, la cepa H5N1 es especialmente preocupante por varias razones. Es una cepa que muta rápidamente y tiene una tendencia demos- trada a adquirir genes de virus que infectan a otras especies animales. Su capacidad para causar una enfermedad grave en el hombre ha quedado ya constatada en dos ocasiones. Además, los estudios de laboratorio realizados han demos- trado que los aislados de este virus tienen una alta patoge- nicidad y pueden tener serios efectos en el hombre. Las aves que sobreviven a la infección excretan el virus duran- te al menos 10 días, oralmente y por las heces, lo que faci- lita la ulterior propagación en los mercados de aves de co- rral vivas y a través de las aves migratorias.

La epidemia de gripe aviar altamente patógena causada por la cepa H5N1, que comenzó a mediados de diciembre de 2003 en la República xx Xxxxx y está afectando ahora a otros países asiáticos, representa por tanto una amenaza es- pecial para la salud pública. La cepa de H5N1 demostró su capacidad de infectar directamente al hombre en 1997, y ha vuelto a hacerlo en Vietnam en enero de 2004. La propa- gación de la infección entre las aves aumenta la probabili- dad de una infección directa del hombre. Si a medida que pasa el tiempo crece el número de personas infectadas, au- mentará también la probabilidad de que el ser humano, cuando se vea infectado simultáneamente por cepas de la gripe humana y la gripe aviar, sirva también de “tubo de ensayo” del que emerja un nuevo subtipo que posea los su- ficientes genes humanos para poder transmitirse fácilmen- te de una persona a otra. Ese hecho marcaría el inicio de una pandemia de gripe.

Según la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud informó, a través de la oficina en México de la Or-

ganización Panamericana de la Salud, que ya fue localiza- da la muestra de influenza H2N2 en las bodegas de la com- pañía que la iba a transportar y ahí se aseguró; sin embar- go, los diputados integrantes de la Comisión de Salud de esta LIX Legislatura, como representantes de los mexica- nos, manifestamos nuestra preocupación ya que según los medios de comunicación, solo 4 países han confirmado la destrucción de las muestras infectadas y entre esos países, no se encuentra el nuestro; razón por la que solicitamos la comparecencia del director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, para que dé a conocer las acciones de prevención que esa Área está realizando, y si las muestras localizadas han sido destruidas.

Debido al peligro que la muestra de virus de influenza H2N2, representa para la población Nacional, los diputa- dos integrantes de la Comisión de Salud de la X. Xxxxxx de Diputados, de la LIX Legislatura, sometemos a la con- sideración ésta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la comparecencia del director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Con- trol de Enfermedades, ante la Comisión de Salud de ésta X. Xxxxxx de Diputados para que explique la situación de las muestras de virus de influenza H2N2 encontradas en nues- tro país.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx a 19 xx xxxxx de 2005.`aea— Dipu - tados: Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (rúbrica), Xxxxx Xxxxx Xxxxxx (rúbrica), Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx (rúbrica), Xxxxxx Xxxxxx Tinaje- ro Xxxxx (rúbrica), Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.»

Se turna a la Comisión de Salud.

94.- «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la actuali- zación del Reglamento de Asociaciones de Padres de Fa- milia, a cargo del diputado Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe diputado Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, inte- grante del grupo parlamentario del Partido de la Revolu- ción Democrática, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La educación en nuestro país ha sufrido cambios de acuer- do a la evolución de las características de la sociedad, des- de los Constituyentes de 1917, se ha dado énfasis a la pro- curación de la educación de acuerdo a las necesidades y condiciones sociales, económicas, culturas, internaciona- les, políticas y sobretodo en la evolución de los valores y principios de la familia.

La Constitución Política establece en su artículo 3º el dere- cho a recibir educación; la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; será democrática, entendiéndola más allá de un régimen políti- co, como un sistema de vida fundado en el constante me- joramiento, económico, social y cultural del pueblo; con- tribuirá a la mejor convivencia humana robusteciendo el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, así como la convicción del interés general de la so- ciedad.

La familia es el núcleo de la sociedad, en ella se emanci- pan los valores de las personas, se forja el carácter; la es- cuela forma a los individuos en el ámbito científico, cultu- ral, deportivo. La familia y la escuela persiguen fines comunes en la educación de la humanidad, por ello resulta necesaria la existencia de un puente de comunicación entre ambas instituciones que permita la mejor coadyuvancia pa- ra la mejor obtención de los beneficios de la formación educativa.

El desarrollo de las capacidades, habilidades, conocimien- tos, preparación y potencialidades de los niños depende en gran medida de las condiciones físicas de los planteles edu- cativos a donde asisten a aprender, en este orden de ideas,

la organización de los padres de familia resulta ser una res- puesta natural para la búsqueda de soluciones que permitan el mejoramiento de la formación y educación tanto en el hogar como en la escuela. La organización de los padres, tutores y responsables de los educandos se cristaliza en la creación de las agrupaciones de padres de familia.

La organización de los padres de familia por medio de las asociaciones en las escuelas es un fenómeno que se ha pre- sentado de manera natural y como respuesta al interés y cuidado con los hijos. La esencia de las asociaciones ha si- do el procurar el acercamiento y cooperación entre los pa- dres de los estudiantes y las autoridades para el mejora- miento de las condiciones educativas.

En un principio el espíritu y preocupación sobre estos te- mas se expresaron en el primer Reglamento de la Confede- ración Nacional de Padres y Maestros emitido por la Se- cretaría de Educación Pública en 1929, el cual abarcaba la atención de las condiciones educativas en el hogar, en la escuela y en los alrededores de la misma con una función social más allá del edificio escolar resaltando sobre todo la importancia del entorno social.

Entre las atribuciones principales que tenían los padres de familia en el reglamento de 1929 resaltan la procuración de medidas para resolver problemas higiénicos relacionados con la educación, tanto en el hogar como en la escuela y la sociedad; procurarían una alimentación sana y suficiente para los educandos, extraña de enervantes, estimulantes, tóxicos y sedativos; buscarán los medios apropiados y líci- tos para constituir un fondo numerario, pero sin señalar cuotas, ni la falta de pago podía influir en la asistencia de los niños, ni privaba de ninguno de los derechos que les co- rresponden; procurarían el mejoramiento del servicio mé- dico escolar; las agrupaciones tenían ingerencia en las ins- tituciones escolares desde el punto de vista material, social y económico; procurarían que los edificios tuvieran las me- jores condiciones posibles en cuanto a amplitud, comodi- dad, higiene y belleza, que el mobiliario fuera suficiente y se conservara en las mejores condiciones de servicio; pro- curarían que las escuelas contaran en su interior y en sus al- rededores con lugares apropiados para esparcimiento y di- versión de los niños, celebración de fiestas escolares, reuniones sociales y conferencias de carácter higiénico, moral, instructivo y recreativo; y Las Uniones de Padres que resultaban de la conformación de varias agrupaciones procurarían el establecimiento dentro de sus respectivas ju- risdicciones de parques, jardines, campos para deportes,

bibliotecas, teatros y en general de cuanto influyera al sa- no y culto esparcimiento de la sociedad y muy especial- mente de los alumnos, así como del establecimiento de dis- pensarios.

En 1933, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de las Agrupaciones de Padres de Familia en el Distrito Fede- ral que abrogaba al de 1929, su objetivo era procurar el me- joramiento de la escuela en su aspecto material, moral y técnico pedagógico de acuerdo con el director, sin embar- go, con este reglamento se le quitaron las siguientes atri- buciones a las agrupaciones: se eliminó la competencia re- lacionada con el mejoramiento y aprovisionamiento del exterior de la escuela en materia de higiene, salud y espa- cios de recreación y esparcimiento; se eliminaron los as- pectos de la alimentación y de hábitos en el hogar; se xxx- xxxx la libre participación de los padres en el mejoramiento de los edificios y mobiliarios escolar; y se eliminó la atribución a las Uniones de Padres de la procu- ración de establecimientos en las afueras de las escuelas. Asimismo se incluían estas consideraciones: el mejora- miento de los edificios y mobiliarios escolar se realizaría con acuerdo del director; la convocatoria y designación de la mesa directiva será a través de la mesa saliente o en su caso por el director; la integración de la mesa directiva era por el presidente, el secretario y un tesorero; la disposición de un salón para sus reuniones o asambleas; la SEP fo - mentará el desarrollo de las agrupaciones y procurará el es- tablecimiento de las uniones de zonas y agrupaciones de padres en donde haga falta.

Posteriormente, el 22 de enero de 1949, se expidió un nue- vo reglamento que derogaba al de 1933, éste era el Regla- mento para la Constitución y Funcionamiento de las Aso- ciaciones de Padres de Familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

Los cambios entre el reglamento de 1933 y el de 1949 eran mínimos, solo incluían aspectos como el de las Asociacio- nes de Zona, las cuales tendrían que resolver las quejas presentadas sobre irregularidades en la constitución y funcionamiento de las asociaciones de su jurisdicción; las Asociaciones de Padres de Familia organizadas en cada establecimiento de educación tenían la obligación de en- viar a la SEP un tanto del acta de su constitución y el nombramiento de su mesa directiva debidamente legali- zado con la firma del director de la escuela de que se tra- te; podían recurrir en queja a las autoridades educativas denunciando irregularidades y proponer ante las autorida- des correspondientes cuando estimaran necesario para el

mejoramiento cultural, moral y material de los planteles y educandos.

La última versión de este reglamento se dio el miércoles 2 xx xxxxx de 1980, cuando se publicó el Reglamento de Aso - ciaciones de Padres de Familia, las atribuciones que se adi- cionan a las Asociaciones con este reglamento son: podrán constituirse asociaciones regionales de padres de familia cuando la SEP así lo establezca y señale las circunscrip- ciones territoriales respectivas; colaboraran con las autori- dades e instituciones educativas en las actividades que es- tas realicen; propiciaran el establecimiento de centros y servicios de promoción y asesoría de educación para adul- tos; participaran en el fomento de las cooperativas escola- res, del ahorro escolar, de las parcelas escolares y de otros sistemas auxiliares de la educación; cooperaran en los pro- gramas de promoción para la salud y participaran coordi- nadamente con las autoridades competentes en las acciones que estas realicen para mejorar la salud física y mental de los educandos, la detención y prevención de los problemas de aprendizaje y el mejoramiento del medio ambiente; las asociaciones nacional, estatales y del DF, elaborarán y aprobarán sus estatutos; colaborarán a solicitud de las au- toridades escolares en las actividades culturales y sociales que se realicen en los planteles; establecerán para su fun- cionamiento como órganos de gobierno las asambleas, consejos y mesas directivas; y es facultad del director con- vocar a la constitución de las nuevas mesas directivas. Es- te reglamento tuvo una adición el 16 de octubre de 1981.

Este recuento de los reglamentos de las Asociaciones de Padres de Familia, nos permite apreciar como se ha ido pro- curando construir espacios para la cooperación y participa- ción de los Padres de Familia y tutores, reconociendo el in- terés en la calidad de la educación y formación personal de los niños y jóvenes, además, los padres organizados han con- seguido ir ganando en diversos campos una mayor colabo- ración; sin embargo, las limitantes establecidas en el marco jurídico de las asociaciones han detenido o entorpecido el desarrollo y crecimiento de estos espacios de participación.

Entre los problemas más evidentes que podemos encontrar, citaremos las limitaciones que las asociaciones encuentran para la participación en actividades de gestión administra- tiva. Las necesidades físicas de los planteles educativos son sentidas en primera línea por los estudiantes, éstos, a su vez lo hacen saber a los padres de familia quienes forman escenarios sobre las necesidades y requerimientos de man- tenimiento, reparaciones y materiales en la escuela, por ejemplo, los padres y tutores son los primeros en reconocer

la necesidad de la impermeabilización de las aulas, la re- paración de instalaciones hidráulicas en los baños y bebe- deros, el cambio xx xxxxxxxxx, la sustitución xx xxxxxxx, la falta de bombas de agua; esto sin mencionar que la preo- cupación de los padres y tutores en estos momentos, va más allá del interior de la escuela, ahora, el interés se am- plia a la seguridad del plantel, las condiciones del entorno y la imagen en el entorno de la escuela, entre otras consi- deraciones.

Hace más de 25 años que se expidió el último reglamento que norma las actividades de las asociaciones de padres de familia en los planteles educativos de nuestro país y es por ello que resulta necesaria su actualización. Esto obedece a que las condiciones sociales, políticas, económicas, tecno- lógicas y culturales han rebasado las consideraciones del reglamento de 1980, además de que la legislación que le dio sustento, en este caso la Ley Federal de Educación de 1973, fue abrogada por la Ley General de Educación en 1993.

Actualmente podemos encontrar diversos programas orien- tados a incrementar la calidad en la educación, tales como las escuelas de tiempo completo, donde las asociaciones de padres de familia no tienen participación. Resultaría pro- vechoso regresar a los padres de familia las atribuciones sobre el entorno y exterior de las escuela. Es preciso reco- nocer que la escuela no es un espacio apartado de la socie- dad, podemos observar que muchos de los problemas de la población se trasladan al interior de los planteles educati- vos.

Los índices delictivos, el deterioro del tejido social y las condiciones generales del entorno urbano influyen directa- mente en la vida interna de las escuelas. La falta del culti- vo y promoción de los valores reside en el incremento de la violencia social, en el uso xx xxxxx, en el consumo y trá- fico de drogas, en la proliferación de la pornografía infan- til, en el cuidado de los giros mercantiles cercanos y en ge- neral en detrimento de la calidad humana de los estudiantes.

La evolución de una sociedad conservadora hacia una so- ciedad más liberal, en constante cambio ha generado mo- dificaciones en el objetivo inicial de las Asociaciones de Padres de Familia circunscribiéndola a tan solo aspectos del interior de las escuelas relativos a la representación de los padres de familia, colaboración del mejoramiento de la comunidad escolar y la denuncia de quejas e irregularida- des ante las autoridades correspondientes.

Es por ello, que se somete a la consideración de ésta H. Cá- mara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que esta Cámara de Diputados solicite al C. Presi- dente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Xxxxx- te Xxx Xxxxxxx, la actualización del Reglamento de Padres de Familia, considerando para ello, la realización de foros de consulta pública organizados por la Secretaría de Edu- cación Pública y la Asociación Nacional de Padres de Fa- milia.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx a 21 xx xxxxx del 2005.— Dip. Ho - xxxxx Xxxxxxxx Xxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servi- cios Educativos.

95.- «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al subsecretario de Infraestructura Carretera de la Secreta- ría de Comunicaciones y Transportes y al secretario de la Función Pública que comparezcan y expliquen ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados por qué no se han reanudado los trabajos de las carrete- ras Lagos xx Xxxxxx-Las Xxxxxxxxx y Lagos xx Xxxxxx- Xxxx; y exhortar al procurador general de la República a que consigne conforme a derecho la averiguación previa 3554/04, que se encuentra en la delegación Jalisco de la PGR, e informe amplia y detalladamente a esta soberanía sobre el estatus de dicha averiguación, a cargo del dipu- tado Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, del grupo parlamenta- rio del PAN

El suscrito diputado federal por el Distrito 02 de Jalisco, con cabecera en Lagos xx Xxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx Ro- dríguez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura xxx xx- norable Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II artículo 71 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformi- dad con lo previsto en los artículos 55 y 57, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene- ral de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante esta ho- norable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia y amplia explicación a las comisiones correspondientes de esta H Cámara del subsecretario de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al C. secre- tario de la Secretaría de la Función Pública, del por qué los trabajos de la carretera Lagos xx Xxxxxx - Las Xxxxxxxxx y la carretera Lagos xx Xxxxxx - León no han reanudado los trabajos de dichas obras y al titular de la Procuraduría Ge- neral de la República exhortarle a que consigne conforme a derecho la Averiguación Previa 3554/04 que se encuen- tra en la delegación Jalisco de la PGR e informe amplia y detalladamente a esta soberanía sobre el status de dicha averiguación.

Antecedentes

El pasado 29 de diciembre del 2004, en la Comisión Per- xxxxxxx del Congreso de la Unión, se manifestó a través de un punto de acuerdo la urgente necesidad de que en con- junto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Publica Federal “…que realicen en conjunto actividades necesarias para llevar a la breve- dad posible y en buen término las obras de la carretera La- gos xx Xxxxxx - San Xxxx Potosí, en el tramo comprendi- do entre Lagos xx Xxxxxx y Las Xxxxxxxxx y el nodo vial que está inconcluso en Lagos xx Xxxxxx.”

El 5 de enero del presente año la Tercera Comisión de Tra- bajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dictaminó lo siguiente: “Los legisladores se manifiestan a favor de que los responsables xxx xxxx, de acuerdo con sus facultades legales realicen las acciones necesarias y cum- plan con los principios de eficiencia y eficacia en el des- empeño de los cargos públicos a favor de los intereses de los ciudadanos y realicen las acciones necesarias para que concilien los conflictos y se reinicien a la brevedad las obras de construcción de los tramos carreteros enunciados y que retrasan las acciones de progreso de los ciudadanos de los municipios del norte de Jalisco y de los cientos de miles de personas que transitan por esas importantes vías de comunicación.”

Hasta hoy es día en que no se ha visto ninguna solución al conflicto entre la Secretaría de Comunicaciones y Trans- portes y la constructora Qhuazcani, SA, de CV, y lo que sí

hemos visto con mayor insistencia han sido los accidentes de tránsito en dichas vías de comunicación, accidentes que ya han costado la vida de personas, sin contar los daños materiales que se han manifestado. ¿Cuántos mexicanos más necesitan morir, quedar inválidos o lisiados de por vi- da en dicha vía carretera para que la Secretaría de Comu- nicaciones y Transportes resuelva este problema que desde tiempo atrás viene manifestándose?

La inconformidad de los habitantes de los Altos de Jalisco, transportistas foráneos, líneas de autobuses foráneos está llegando al límite de la tolerancia, por la falta de sensibili- dad de nuestras autoridades federales para resolver un con- flicto que en sus manos esta dar una puntual y pronta solu- ción.

Por la antes expuesto ante esta honorable Cámara de Dipu- tados me permito presentar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar la comparecencia y amplia explicación a las comisiones correspondientes de esta H Cámara del sub- secretario de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al C. secretario de la Se- cretaría de la Función Pública, del por qué los trabajos de la carretera Lagos xx Xxxxxx-Las Xxxxxxxxx y la carretera Lagos xx Xxxxxx-León no han reanudado los trabajos de dichas obras y al titular de la Procuraduría General de la República exhortarle a que consigne conforme a derecho la averiguación previa 3554/04 que se encuentra en la dele- gación Jalisco de la PGR e informe amplia y detallada- mente a esta soberanía sobre el status de dicha averigua- ción

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a 18 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes y de Justicia y Derechos Humanos.

96.- «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la actuali- zación del Reglamento de Cooperativas Escolares, a car- go del diputado Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, del grupo parla- mentario del PRD

El que suscribe diputado Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, inte- grante del grupo parlamentario del Partido de la Revolu- ción Democrática, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge- neral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consi- deración de esta soberanía la presente proposición con pun- to de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La impartición de la educación en México se ha dado en un contexto de varias transformaciones en el tejido social, desde la Independencia de México, pasando por la Revolu- ción Mexicana que dio origen a las instituciones en nuestro país, hasta la actualidad.

La educación en México tiene como principal característi- ca la gratuidad y el carácter laico, plasmados ambos en la Constitución Política de 1917, sin embargo, resultaba ne- cesaria la coadyuvancia en la participación de los gastos y el manejo de los recursos para alcanzar una impartición de la educación con más calidad.

Consciente de esta situación, el Presidente Xxxxxxxx X. Ro- dríguez promulgó el 29 de noviembre de 1934 el primer Reglamento de las Cooperativas Escolares Federales, el cual reconocía la figura de la cooperativa escolar integrada por alumnos y profesores de la escuela en la que se consti- tuyera dicha cooperativa, la cual tenía entre sus funciones establecer las normas generales de la administración de la cooperativa; aprobar y desechar el balance de las cuentas y los informes relacionados con el manejo y la administra- ción de la sociedad; integrar los certificados de las aporta- ciones; determinar el plan general de los negocios sociales; e integrar las Comisiones de Administración y Vigilancia.

Más tarde en abril de 1937, la Secretaría de Educación Pú- blica da a conocer por medio del Diario Oficial de la Fede- ración un nuevo Reglamento de Cooperativas Escolares dependientes de la misma secretaría, argumentando que el Reglamento de 1934 se apartaba de las tendencias plasma- das en el artículo 3º constitucional. En el nuevo reglamen- to reconocía tan solo a los maestros, alumnos y empleados para la integración de las cooperativas escolares y a su vez

para la creación de los consejos de administración y vigi- lancia; las cooperativas escolares tenían como finalidad desenvolver la iniciativa; realizar trabajo productivo y so- cialmente útil; reconocía que con los recursos se integraría un fondo de operaciones de reserva, de previsión social, de recreación y acción social, de fomento y el distribuible; el fondo de reserva era irrepartible y de propiedad colectiva y se integraba por el 10% de los rendimientos y era para re- poner las pérdidas y no sería mayor al fondo de operacio- nes; el fondo de previsión se constituía con el 10% de los rendimientos y era con fines de auxilio de los socios en ca- so de accidente, invalidez o quebranto de económico; el fondo de recreación, también se integraba con el 10% de los rendimientos y era para fines de esparcimiento, de ac- ción social y cultural, este era distribuible; el fondo de fo- mento se constituía con el 10% de los rendimientos y era para impulsar las operaciones de la misma cooperativa; el 60% de los rendimientos restantes era para distribuirlos en- tre los miembros de acuerdo a su consumo y trabajo verifi- cado.

El Consejo de Administración se integraba exclusivamen- te por alumnos y éstos tenían diversas comisiones; el Con- sejo de Vigilancia se integraba con socios alumnos; las co- operativas escolares en ese reglamento, también contaban con un Consejo de Asesores, éste se conformaba con el di- rector de la escuela, dos maestros de la misma y dos padres de familia, cabe recalcar que este fue el único Reglamento de Cooperativas Escolares que reconocía la participación de los padres de familia y tutores; al Consejo de Asesores le correspondía orientar y ayudar con su experiencia la marcha de la cooperativa contando para ello en las asam- bleas únicamente con voz, obtener de los consejos de ad- ministración y vigilancia los datos relativos a la autoridad de la cooperativa y enterarse del manejo de fondos de la misma y ocurrir en queja cuando hubiese motivo ante la SEP.

En marzo de 1962, el Presidente Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx xmite un nuevo Reglamento de Cooperativas Escolares, és- te volvía a reconocer tan solo a los maestros, alumnos y empleados para la integración de las cooperativas escolares excluyendo a los padres de familia y tutores, además, no permitía realizar actividades comerciales a la cooperativa escolar en los establecimientos educativos; suponía una fi- nalidad exclusivamente educativa; las cooperativas escola- res debían proveer a los socios de útiles escolares, vestua- rio y alimentos durante la jornada escolar; sus actividades eran exclusivamente en el recreo y sus precios inferiores a los comerciales; este reglamento reconocía que con los

rendimientos se constituirían dos fondos: el social y el re- partible, el primero sería con el 50% del rendimiento y se destinaría para actividades culturales, cívicas, deportivas, de recreación, de mejoramiento de la biblioteca escolar, las excursiones educativas y el aseo y embellecimiento del edificio escolar, el segundo fondo era formado por el 50% restante y era para distribuirse al finalizar el año escolar; los recursos en efectivo eran manejados de manera manco- munada entre el director y el tesorero de la sociedad; la función de asesoría se circunscribía tan solo a los maestros del plantel; el Consejo de Administración se integraba por maestros y el de Vigilancia por alumnos.

La última modificación al Reglamento de Cooperativas Es- colares la realizó el Presidente Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xn abril de 1982 y desde entonces tiene finalidad eminentemente educativa, para ello, las cooperativas escolares deberán promover actividades de solidaridad, ayuda mutua, coope- ración, responsabilidad de tareas, de beneficio individual y colectivo; facilitar la asimilación teórica y experimenta- ción práctica de principios básicos de convivencia social, igualdad, democracia, comunidad de esfuerzo y espíritu de iniciativa; vincular la realidad del medio ambiente con el educando; procurar un beneficio económico para la comu- nidad escolar mediante la reducción del precio de venta de los artículos con respecto a los precios xx xxxxxxx, dismi- nución de los costos de producción y la contribución eco- nómica para la mejora de las instalaciones, equipamiento y el desarrollo de las actividades docentes del plantel.

Este último reglamento reconoce diversos tipos xx xxxxx- rativas escolares, entre ellas las de consumo y las de pro- ducción, las primeras son las que se organicen para la ad- quisición y venta de materiales didácticos, útiles escolares y alimentos que requieran los socios durante la jornada es- colar, y las de producción son las que administren y explo- ten bienes, instalaciones, talleres, herramientas, u otros ele- mentos con el objeto de elaborar productos y en su caso prestar servicios que beneficien a la comunidad escolar. Como en los anteriores, únicamente se reconoce la partici- pación de los maestros, alumnos y empleados en la inte- gración de la Cooperativa Escolar, ésta a su vez contará con un Consejo de Administración, un Comité de Vigilan- cia y demás comisiones que se formen.

Estas cooperativas escolares integraran su capital social con aportaciones de los socios, de los fondos que cree la Secretaría de Educación Pública u otras dependencias pú- blicas y privadas, los rendimientos del capital social y de

las donaciones en especie o efectivo de los padres de fami- lia y demás particulares. Los recursos obtenidos por de- pendencias o donaciones de los padres de familia no po- drán ser distribuidos entre los socios.

Con los rendimientos del capital social se constituirán tres fondos: el social, el de reserva y el repartible, el primero es conformado con el 40% de los rendimientos y sirve para apoyar las necesidades prioritarias del plantel; el segundo se constituye con el 20% de los rendimientos y será para evitar interrupciones e incrementar las actividades de la cooperativa; y el tercero se forma con el 40% restante del rendimiento y se empleará para distribuirse entre los socios al finalizar el ejercicio social. Los recursos serán deposita- dos a nombre de la cooperativa en cuentas mancomunadas con el nombre del Presidente del Comité de Administra- ción y el tesorero de la cooperativa

En este sentido, y a 23 años de su última reforma, resulta necesaria su actualización para adecuarlo a los tiempos de la nueva sociedad, en donde se de prioridad a la atención de las condiciones físicas del plantel. Es necesario recono- cer que los objetivos planteados en el Reglamento de Coo- perativas Escolares de 1982 no son cumplidos; actualmen- te, las cooperativas escolares existentes son de consumo, y los productos que éstas venden no resultan ser del todo be- neficiosos a la alimentación de los educandos por tratarse de productos chatarra; en el actual reglamento se establece que los alumnos que son menores de edad podrán ser re- presentados por los maestros, negando de ésta manera el derecho al padre de familia o tutor; el reglamento propicia el desconocimiento del monto global de los ingresos perci- bidos por la cooperativa escolar; y es necesario reconocer la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las cooperativas escolares, con el fin de darle mayor prioridad al buen estado físico del plantel educativo.

Por esta razón, la propuesta es en el sentido de reconocer tres fondos a partir de los rendimientos netos del capital so- cial, uno, el Fondo Social que sería formado por el 70% de los rendimientos y se destinaría para el mantenimiento del plantel, el segundo Fondo de Reserva que se integraría con el 10% de los rendimientos y el tercer Fondo Distributivo que se formaría con el restante 20% de los rendimientos netos del capital social y que se repartiría entre los socios al término del año escolar.

Por último y como reconocimiento y justicia a la aporta- ción hecha por los padres de familia y tutores, además de

su natural interés en el desarrollo integral de los niños, es necesario establecer dentro de la actualización del regla- mento, la participación de los mismos en la cooperativa es- colar con voz y voto.

Es por ello, que se somete a la consideración de ésta H. Cá- mara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Que esta Cámara de Diputados solicite al C. Presi- dente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Xxxxx- te Xxx Xxxxxxx, la actualización del Reglamento de Coo- perativas Escolares, considerando para ello la realización de foros de consulta pública organizados por la Secretaría de Educación Pública y la propia Asociación Nacional de Padres de Familia.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx a 21 xx xxxxx del 2005.— Dip. Ho - raxxx Xxxxxxxx Xxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servi- cios Educativos.

97.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me- xicanos, presenta ante esta asamblea proposición con pun- to de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a ex- pedir con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, basada en las siguientes

Consideraciones

En la agenda de todo gobierno, la implantación de políticas sociales en favor de la población más vulnerable deber ser uno de los puntos centrales del quehacer cotidiano, de tal forma que las acciones instrumentadas tengan como obje- tivo fundamental cumplir el principio de equidad para que los sectores más desprotegidos tengan condiciones que les garanticen mejores condiciones de bienestar.

El fenómeno del envejecimiento de la población, inédito en la historia demográfica del país, trae consigo oportunida- des y costos, ya que –por un lado– se tiene una esperanza de vida mayor, lo que permite aprovechar la experiencia y los conocimientos de las personas adultas mayores, pero

–por otro lado– en edad avanzada es cuando se enfrentan los mayores problemas de salud, desempleo, pobreza, mar- ginación y vulnerabilidad.

En junio de 2002, hace casi tres años, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. No obstante, hasta el mo- mento el Ejecutivo federal no ha expedido el reglamento correspondiente, conforme a su atribución establecida en la fracción I del artículo 89 constitucional, aunque es cierto que no todas las normas legales requieren un reglamento para su inmediata puesta en práctica.

Pero, en el caso que nos ocupa, considero que es necesaria su expedición, principalmente porque los beneficios que en términos económicos contempla la ley sólo se pueden con- cretar a través de la aplicación de decisiones administrati- vas, las que se inscriben dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la información obtenida en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, para ese año había en este país alrededor de 6.8 millones de personas con 65 años y más de edad. Si consideramos que este segmento de la población registra un crecimiento de 3.7 por ciento anual, entonces actualmente la población de personas adul- tas mayores debe rondar 8 millones de individuos. Esto re- presenta un enorme reto a las instituciones públicas para dar atención especializada que se requiere en esta etapa de la vida en materia de salud, trabajo y esparcimiento.

Por parte del Congreso, los legisladores aportaron precisa- mente la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Ma- yores, que busca integrar a través de un texto normativo los esfuerzos que ya se llevan a cabo por parte de las diversas

dependencias de la Administración Pública Federal a tra- vés de los distintos programas de atención especializados para este grupo poblacional. Sin embargo, existen disposi- ciones en la ley que requieren la expedición de instrumen- tos administrativos para su ejecución y, por tanto, para que las personas adultas mayores puedan disfrutar de los bene- ficios que estableció el Congreso en dicha ley.

Como ejemplo de lo anterior se encuentra la fracción XIII del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que establece como un objetivo de la po- lítica pública nacional en la materia establecer las bases pa- ra la asignación de descuentos y exenciones para este sec- tor de la población. Asimismo, el Capítulo II de la ley en comento establece que en el diseño y la puesta en práctica de la política pública en la materia habrá concurrencia en- tre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Considero que estas características de la ley pueden difi- cultar la expedición de un reglamento, sobre todo porque se requieren diversos acuerdos específicos entre las autori- dades para hacer realidad el apoyo económico que se ga- rantiza en dicho instrumento normativo. Sin embargo, es necesario que las dependencias y las entidades tanto de la Administración Pública Federal como de las respectivas autoridades en los ámbitos estatal y municipal traduzcan con la mayor brevedad en decisiones y acciones concretas las disposiciones de la ley.

Por señalar sólo un ejemplo, deseo resaltar la necesidad de apoyo que las personas adultas mayores requieren para ha- cer frente a los costos de la energía eléctrica en el estado de Baja California, necesidad que si bien no es exclusiva de este grupo poblacional, sí lo afecta de forma más intensa, dadas las condiciones económicas y sociales que deben en- frentar.

Como es de su conocimiento, en la ciudad de Mexicali, ca- pital del estado, se presentan algunas de las temperaturas más extremosas tanto del país como del mundo entero: se- gún datos de la Comisión Nacional del Agua, el promedio de temperatura entre abril y octubre –los meses más calu- rosos del año– de 1994 a 2003 fue de 43.8° C.

Esas condiciones climáticas obligan al uso intensivo de equipos de refrigeración para las viviendas, máxime en aquellas donde habitan menores y personas adultas mayo- res, dada su predisposición a sufrir deshidratación. Como consecuencia, los recursos económicos que estas personas deben destinar para el pago de la energía eléctrica repre- sentan una parte sustancial de sus ingresos.

Por lo anteriormente expuesto, y remarcando que los dere- chos de las personas adultas mayores no podrán ser real- mente ejercidos si no se cuenta con las normas reglamen- tarías para dotarlos de operatividad, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que, con fundamento en la fracción 1 del articulo 89 de la Constitu- ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley de los Dere- chos de las Personas Adultas Mayores.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a 21 xx xxxxx de 2005.— Dip. Nor - xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulne- rables.

98.- «Proposición con punto de acuerdo, para que las Co- misiones de Energía, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados soliciten a las comisiones de la Cámara de Senadores encargadas de dictaminar la mi- nuta de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de De- rechos, aprobada por esta soberanía el 28 de octubre de 2004, que sesionen en conferencia, a cargo del diputado Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamen- tario del PRD

El suscrito, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congre- so de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Par- tido de la Revolución Democrática; de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción II, de la Constitu- ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60 y 90 del Reglamento Interior del Congreso General; some- to a consideración de este pleno la Proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Energía y Hacien- da de la Cámara de Diputados, soliciten a las Comisiones de la Cámara de Senadores encargadas de dictaminar la

minuta de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de De- rechos, aprobada por esta soberanía el 28 de octubre de 2004; sesionar en conferencia, al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

El 28 de octubre del año pasado, esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad diversas reformas a la Ley Federal de Derechos que, en conjunto, implican una transforma- ción substancial del draconiano régimen fiscal que durante años ha asfixiado a Petróleos Mexicanos.

El nuevo régimen fiscal, producto de las reformas aproba- das busca garantizar la viabilidad financiera de Pemex y de cada una de sus empresas subsidiarias; el aprovechamiento racional de los yacimientos que ya están produciendo y de los que serán puestos en explotación; la inversión en ex- ploración suficiente no sólo para remplazar las cantidades extraídas, sino para incrementar las reservas probadas, probables y posibles; así como generar las condiciones de desarrollo industrial y tecnológico para reproducir la ren- ta petrolera en el mediano y largo plazos.

El nuevo modelo fiscal está diseñado también para dife- renciar los impuestos a la actividad industrial petrolera, de los gravámenes que sirven como mecanismo de transferen- cia de la renta petrolera al Estado. Al mismo tiempo, otor- ga transparencia a las Entidades Federativas en su partici- pación de la renta petrolera, incluidos los hoy denominados “excedentes petroleros”, vía el Sistema Na- cional de Coordinación Fiscal; y sienta las bases para un manejo menos opaco del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

En suma, el objetivo central de este régimen fiscal es ex- traer la renta que le corresponden a la Nación, pero dejan- do a Pemex mayores recursos financiar la reproducción de la misma renta, sobre todo en condiciones de elevados pre- cios del petróleo.

Ahora bien, la iniciativa se ha enfrentado con la incom- prensión de muy variados actores políticos y sociales.

Una primera crítica que se nos hace va en el sentido de que el nuevo régimen acelerará el agotamiento de los hidro - carburos, acentuando el carácter monoexportador de Pe- tróleos Mexicanos. Quxxxxx xfirman esto parecieran des- conocer que al no diferenciar el tratamiento fiscal de las actividades extractiva e industrial de Petróleos Mexicanos, el régimen actual inhibe el desarrollo de la refinación y la

petroquímica, canalizándose los escasos recursos para in- versión a la producción y con ello acelerando el agota- miento de los hidrocarburos, al no estimularse la explora- ción para reposición de reservas. De ahí que en el esquema propuesto las inversiones en exploración sean deducibles a

100.0 por ciento, y se diferencie el tratamiento fiscal a las actividades industriales de Pemex, para que nuestra empre- sa pueda agregar valor a la cadena productiva del petróleo. Por supuesto, nos parece de un gran simplismo afirmar que bastaría bajar 60.8 por ciento sobre ingresos que actual- mente paga Pemex, puesto que las actividades industriales no generan una renta económica como si lo hace la extrac- tiva, lo que permite gravar de esta forma los ingresos por explotación del crudo.

Otro argumento que se ha esgrimido, tiene que ver con la temeraria aseveración de que el nuevo régimen es un paso hacia la privatización, pues to que al pagar Pemex menores derechos por la extracción de gas se busca legalizar los contratos de servicios múltiples. La legalidad o ilegalidad de los contratos de servicios múltiples no se dirime en la definición de las obligaciones fiscales de Pemex. Además, en la medida que Petróleos mexicanos pueda contar con mayores recursos para financiar sus proyectos, dependien- do menos del endeudamiento, en esa misma medida menos se justificará recurrir a esquemas como el de los CSM. Adicionalmente, se establece una menor tasa fiscal para el gas respondiendo a la necesidad de que Pemex invierta más en su explotación; y en virtud de que la rentabilidad del gas es menor a la del crudo.

Como resultado de las diferencias expuestas anteriormen- te, en la Cámara de Senadores se han presentado dos pro- puestas alternas a lo aprobado por esta Cámara. Esto nos lleva a plantear las siguientes

II. Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 72 constitucional, to- do proyecto xx xxx o decreto cuya resolución no sea ex- clusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesiva- mente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

2. Asimismo, como lo estipula la fracción segunda del Artículo 77 de nuestra Constitución Política, cada una de las Cámaras puede comunicarse con la Cámara cole- gisladora por comisiones de su seno.

3. Por su parte, el último párrafo del artículo 90 del Re- glamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene- ral de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las comisiones de ambas Cámaras pueden “tener conferen- cias entre sí, para expeditar el despacho de alguna Ley u otro asunto importante”. Lo anterior se ha acreditado a lo largo de nuestra práctica parlamentaria, en el estu- dio y dictamen de reformas constitucionales y xx xxxxx secundarias.

4. Por la importancia del tema y porque es necesario que senadores y diputados compartan la misma información y contrasten opiniones que enriquezcan el debate en tor- no al dictamen de la reforma a la Ley de Derechos, se- ría conveniente que las comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras sesionaran en conferencia. Ello ayuda- ría a facilitar el proceso legislativo en la Cámara reviso- ra, con esta reforma que resulta vital para la viabilidad de nuestra industria petrolera.

Por todo lo antes expuesto y con fundamento en las dispo- siciones invocadas, sometemos a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Con la solicitud de que sea dictaminado como de urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados instruye a las Comisiones de Hacienda y Energía para que soliciten a sus comisiones homólogas de la Cámara de Senadores, encargadas de dic- taminar la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, aprobada por esta soberanía el 28 de octubre de 2004; a se- sionar en conferencia, con el objeto de que los Diputados y los Senadores puedan efectuar el debate conjunto, tanto del dictamen ya votado en esta Cámara, como de las propues- tas actualmente en proceso legislativo en la Cámara de Se- nadores, a fin de que el dictamen que procesalmente deba votarse en dicha Cámara, contenga ya el consenso de su colegisladora y de este modo poder obtener un decreto po- sitivo en el actual periodo de sesiones; dada la urgencia que el tema reviste para el país.

Dado en el Salón de Sesiones, a 21 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Ha- cienda y Crédito Público.

99.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Infonavit, al Fovissste y a la SHF a investigar y sancio- nar, en su caso, a la empresa inmobiliaria Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, filial de Consorcio Ara, SA de CV, y a sus empresas subsidiarias, en relación con los proyectos, permisos y licencias en el conjunto habita- cional Real de San Xxxxxxx, en sus etapas I, II y III, en el municipio de Chicoloapan, México, a cargo del diputado Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, del grupo parlamen- tario del PRI

El suscrito, diputado federal Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Bo- xxxxxxx, integrante del grupo parlamentario del Partido Re- volucionario Institucional en el Estado de México, con fun- damento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar punto de acuer- do, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El crecimiento poblacional de los últimos años en el muni- cipio de Chicoloapan del Estado de México, ha sido caóti- co por la excesiva migración de los habitantes del Distrito Federal, dando origen a la proliferación de promotores in- mobiliarios sin escrúpulos que en aras de su beneficio per- sonal explotan la necesidad de la gente por contar con una vivienda digna, pues saben perfectamente que, comprar un departamento y pagarlo en efectivo, es imposible.

Para lograr tal propósito, prometen el paraíso terrenal con falsa propaganda en los medios de difusión, ofreciendo in- existentes expectativas como son; el mejor lugar para vivir con su familia en sana armonía, excelentes instalaciones educativas, con profesores calificados, servicios médicos de primer nivel, tiendas de autoservicio, mercados, áreas deportivas, seguridad y privacidad para la familia; además ofreciéndose como gestores para la obtención de un crédi- to hipotecario ante las Instituciones públicas como el Info- navit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal, con el cual podrán hacer realidad su sueño.

El engaño continúa en la preventa que realiza el promotor, con la presentación de una fastuosa maqueta del fracciona- miento que da la impresión de que nada le hace falta. Ello, con la finalidad de inducir la compra, sin importar lo más mínimo que algunos de estos servicios exhibidos, no se va- yan a construir jamás o se incumpla en su entrega.

Además, exhiben la casa muestra para enganchar a los po- tenciales clientes, esta artimaña surte sus efectos corres- pondientes, porque se compra una casa en función de lo que esta viendo, y lo que ve es un modelo engañoso de lo que será su casa, pues ese si, no tiene ningún “defecto”, dándonos un panorama color xx xxxx, que dista mucho de la realidad.

La ambición desmedida de los desarrolladores inmobilia- xxxx, ha provocado un desenfrenado crecimiento poblacio- nal, una peligrosa fiebre de construcción de unidades habi- tacionales de interés social en Chicoloapan, encabezados por la empresa Consorcio de Ingeniería Integral (Ara), quien ha llevado a cabo la construcción de viviendas de mala calidad y no ha garantizado los servicios indispensa- bles para los condóminos en el Conjunto Urbano de interés social denominado “Real de San Xxxxxxx” en sus Etapas I, II y III donde han entregado “casas desechables”, al no cumplir con las especificaciones técnicas y los procesos constructivos establecidos en la normatividad, aflorando múltiples vicios ocultos de; fugas de agua en tuberías, con- ductos tapados, aplanados “botados”, filtraciones de agua en techo y paredes, grietas en muros, manchas xx xxxxxxx. Asimismo, se han detectado defectos en la infraestructura y la urbanización, como han sido: coladeras tapadas, calles sin pavimentar o de mala calidad, áreas comunes que nun- ca se concluyeron, instalaciones eléctricas inconclusas, lo cual difiere con mucho, a lo convenido con el promotor.

Otra queja más sentida de la población, y que debe ser con- siderada en la investigación solicitada, es el cobro indebi- do que se viene realizando por los derechos del servicio de agua potable, ya que la obligación del desarrollador en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, publicado el 21 de diciembre del 2001 y el 7 xx xxxxxx del 2003 para las Etapas I y II respectivamente, es de prestar gratuitamente los servicios de agua potable, vigilancia, drenaje, alumbra- do público y recolección de basura hasta que dichas obras sean recibidas por el gobierno estatal y municipal. Cosa que aún no ha ocurrido.

De donde se infiere una presunta complicidad con las au- toridades municipales, ya que la entrega se debió haber realizado desde el 3 de noviembre del 2003, para la Etapa I, y el 9 de noviembre del 2004 para la Etapa II. Informan- do la inmobiliaria que la obra ya fue municipalizada y el municipio, a su vez, dice que no ha sido entregada por la compañía, sufriendo las consecuencias de esta indefini- ción, el pobre ciudadano.

Lo mismo sucede en el pago de la luz y de otros servicios públicos como son la basura, la salud y la seguridad.

En virtud de la trascendencia que representa a mis conciu- dadanos afectados, el día jueves 3 xx xxxxx del año en cur- so, realizamos una marcha de protesta, a fin de sensibilizar a la empresa inmobiliaria para una pronta atención y solu- ción al problema, recibiendo como respuesta la burla y el desprecio de sus ejecutivos.

Pero, al parecer, a las autoridades estatales y municipales y a las instituciones publicas de crédito hipotecario no les importan todas estas irregularidades, ya que se siguen construyendo en estas mismas condiciones, otras 40 mil vi- viendas.

Por lo expuesto, la ciudadanía de manera urgente ha solici- tado nuestra intervención como representantes populares que somos de ellos, para que esta empresa inmobiliaria cumpla con las obligaciones establecidas en la normativi- dad y en los contratos respectivos. Es decir, se cumpla es- trictamente la ley. No pedimos más, pero tampoco menos.

Por ello solicito a esta soberanía la aprobación del si- guiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y a Sociedad Hipo- tecaria Federal (SHF) a que se practique una auditoría téc- nico-financiera a la empresa Consorcio de Ingeniería Inte- gral, SA de CV, con relación a los proyectos ejecutivos, permisos y licencias, procedimientos constructivos, cali- dad de las obras, habitabilidad de las viviendas, y que cuenten con los servicios adecuados de urbanización e in- fraestructura en el conjunto habitacional Real de San Vi- cente, en sus etapas I, II y III, en el municipio de Chicolo- apan, estado de México.

Segundo. Exhortar a los organismos descentralizados de la administración pública descritos en el punto que antecede para que obliguen en forma inmediata a la empresa Con- sorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, a reparar por su cuenta todos y cada uno de los vicios ocultos a fin de ga- rantizar el adecuado funcionamiento y estado de los in- muebles, además de preservar en óptimas condiciones la infraestructura primaria, de urbanización y equipamiento.

Tercero. Se exhorta a los citados organismos a que lleven a cabo una revisión exhaustiva a los expedientes técnicos y realicen una inspección a los inmuebles para certificar que las características físicas de los mismos sean acordes con el crédito otorgado y con lo asentado en los avalúos respecti- vos, en cuanto a condiciones de la vivienda y su costo; y, en caso contrario, se reconsidere el mismo crédito.

Cuarto. Que una vez que se cuente con los elementos que fundamenten la situación de incumplimiento de la empre- sa, así como con la opinión jurídica correspondiente, se proceda a la cancelación del registro xxx xxxxxx y boletinar a la empresa Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV (CIISA), y a Consorcio Ara, SA de CV, como sociedad controladora de la misma, además de las empresas subsi- diarias, como son Proyectos Urbanos Ecológicos, SA de CV (PUESA); Constructora y Urbanizadora Ara, SA de CV (Cuara); Inmobiliaria Acre, SA de CV (Acre); Aseso- ría Técnica y Administrativa Gavi, SA de CV; Comerciali- zación y Ventas, SA (Covensa); y Promotora y Desarrolla- xxxx de Centros Comerciales, SA de CV, así como a sus principales accionistas y a difundir esta información ante las instancias correspondientes.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a 26 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previ- sión Social y de Vivienda.

100.- «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la solidaridad internacional en torno al desafuero del je- fe de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos

Mexicanos, me permito poner a consideración de esta so- beranía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Con azoro la opinión pública internacional ha recibido la noticia del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Fe- deral. Diarios y revistas de todo el orbe han dado cuenta del desaseo que ha llevado al Gobierno Federal a perpetuar un auténtico atentado contra la democracia mexicana. A las expresiones de repudio que día con día están creciendo en nuestro país, se ha sumado una comunidad internacional enterada y preocupada por el acontecer nacional.

2. Prestigiados rotativos, agencias internacionales de pren- sa, intelectuales y artistas han dado cuenta, en los últimos días de su opinión sobre lo que califican como un grave re- troceso en la vida pública de México. “Dejen que los me- xicanos decidan”, cabeceó el New York Times, agregando que “la campaña presidencial para el 2006 ha tomado el ai- re de los viejos malos tiempos, cuando el PRI dictatorial inclinaba las elecciones para sus candidatos…” El Was- hington Post resumió: “Si el señor Xxxxx Xxxxxxx no pue- de competir por la presidencia, entonces el avance históri- co del 2000, quedará viciado. México regresará a la era cuando fue gobernado por el fraude y la fuerza; el próximo presidente será desacreditado en casa y en el extranjero. Los legisladores deberían escuchar la oposición del pueblo mexicano al desafuero y evitar perpetuar una injusticia”.

3. La prensa europea también ha abordado con preocupa- ción el asunto. El periódico francés Le Monde destacó que “la decisión para excluir al alcalde de la Ciudad de Méxi- co de la próxima elección presidencial de 2006, está carga- da de amenazas para la frágil democracia mexicana…, existiendo el riesgo de sumir a México en un período de turbulencias y poner en peligro la legitimidad de las elec- ciones”. Igualmente, un artículo aparecido en el diario francés Libération denuncia que “el golpe de mano, disfra- zado de respeto escrupuloso de la legalidad constitucional, no tiene más objetivo que separar de la xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 0000 xx xxxxxxxxx de la izquierda que todas las encuestas dan como favorito, con al menos 10 puntos de ventaja sobre sus dos competidores”.

4. Así, el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Fede- ral no solo ha dividido a los mexicanos, sino que ha lleva- do al piso la imagen internacional de nuestro país. No es justo. Y no lo es porque el prestigio y el buen nombre de

nuestro país no son propiedad de nadie. No le pertenecen a la administración en turno, ni al Presidente de la Repúbli- ca y mucho menos a los diputados del PRI, del PAN y del PVEM que aprobaron el desafuero.

5. No es exagerado decir que en las últimas semanas Mé- xico ha recibido las críticas internacionales más severas desde los aciagos días de 1994 cuando, bajo el gobierno de PRI, el alzamiento del ELZN, los asesinatos políticos y la crisis económica pusieron al país al borde de la quiebra. Las recientes notas informativas y editoriales de la prensa internacional han cuestionado la viabilidad de la democra- cia mexicana y han derrumbado la confianza en el avance democrático que se había logrado en el exterior.

6. Estas son llamadas de atención que deberíamos estar to- mando en cuenta los mexicanos. El llamado “bono demo- crático” que la comunidad internacional otorgó a nuestro país no fue una graciosa concesión brindada al mal llama- do “gobierno del cambio”, sino un reconocimiento al es- fuerzo y sacrificio de varias generaciones de mexicanos que en algunos casos hasta con sus vidas ayudaron a la construcción de un régimen donde sólo los votos determi- narían quien debía ocupar la más alta magistratura. Es ese principio de la vida democrática el que se ha roto con el desafuero del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

7. Es evidente que el desafuero ha generado un clima de in- certidumbre que podría resultar en una eventual denuncia de la “cláusula democrática” contenida en el Acuerdo Glo- bal entre la Unión Europea y México. Según este apartado, los Estados deben respetar y promover la integralidad y universalidad de los derechos humanos y en este sentido se reconoce la posibilidad de utilizar la “cláusula” como un mecanismo de denuncia para casos y situaciones xx xxxxx- ciones de derechos humanos en lo general.

8. La cláusula democrática se trata esencialmente de un instrumento de condicionamiento. Es decir, condiciona la ayuda de cualquier tipo de apoyo, las relaciones diplomáti- cas o comerciales, para que se cumplan los principios de la democracia representativa, de la democracia formal y des- de luego, va un acompañante siempre muy importante que es la protección de los derechos humanos, entendiendo por democracia representativa: elecciones libres, igualdad de oportunidades, etcétera.

9. Por todo lo anterior, existe el riesgo de que nuestros so- cios de la Unión Europea puedan imponer sanciones a

nuestro país por la flagrante violación a los derechos hu- manos civiles y políticos del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce que el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal ha generado inquietud e incertidumbre en la comunidad internacional, particularmente en los medios de comunicación, en los partidos políticos y en la comuni- dad europea, lo cual podría resultar en una eventual de- nuncia de la “cláusula democrática” del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace una atenta invitación para que una Comisión Plural del Parlamento Europeo se dirija a nuestro país, co- nozca las razones esgrimidas a favor y en contra del des- afuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal y coadyu- ve, respetando nuestra soberanía, a la concertación política que fortalezca nuestra democracia.

Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a 26 xx xxxxx de 2005.— Dip. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

101.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial que se encargue de vigilar el destino de los gastos federales durante el proceso electo- ral en el estado de México, a cargo del grupo parlamen- tario del PT

Los suscritos, diputados federales a la Legislatura xxx Xx- norable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parla- mentario del Partido del Trabajo , con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Go - bierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete- mos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El próximo domingo 3 de julio se realizarán elecciones en el estado de México para renovar el Poder Ejecutivo.

Desde 1997, cuando ningún Partido Político obtuvo la ma- yoría absoluta en esta Cámara de Diputados, las distintas fuerzas políticas aquí representadas han impulsado la crea- ción de Comisiones que tenían por objeto vigilar que no se desviaran recursos públicos federales por parte de los go- bernadores para favorecer a determinados candidatos en dichos procesos comiciales.

Constancia de lo anterior fueron las comisiones que se crea- xxx durante las LVII y LVIII Legislaturas. La presente Le- gislatura no ha sido la excepción y se han constituido comi- siones especiales para vigilar los comicios electorales.

La diferencia de estas comisiones creadas en la presente Legislatura respecto de sus antecesoras es que en estas in- vestigaban que no se desviaran recursos públicos federales; y las creadas en la presente Legislatura fueron para el efec- to de obtener información relacionada con la aplicación de programas y fondos federales durante el desarrollo de los procesos electorales.

Como es de todos conocido, en virtud de que en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el pre- sente ejercicio fiscal se establece una serie de fondos fede- rales que, en términos de lo que se dispone en la Ley de Coordinación Fiscal, son redistribuidos entre los distintos estados de la Federación, y ante el temor fundado de que algunas de las cantidades que se contienen en dichos fon- dos puedan ser desviadas para apoyar ilegalmente a algu- nos candidatos, los promoventes del presente punto de acuerdo consideramos que es necesario que esta Cámara de

Diputados cuente con una comisión especial que tenga las mismas atribuciones de las comisiones que se crearon para Tabasco, San Xxxx Potosí y Durango.

Considerando que este es un tema altamente sensible para la sociedad mexiquense, se hace necesario que esta hono- rable Cámara de Diputados resuelva a la brevedad posible.

Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parla- mentario del Partido del Trabajo, sometemos al pleno de esta X. Xxxxxx, para que sea turnada a la Junta de Coordi - nación Política, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados acuerda la integración de una comisión especial para obtener infor- mación relacionada con la aplicación de programas y fon- dos federales durante el desarrollo de los procesos electo- rales del estado de México. La comisión recabará dicha información de ciudadanos, partidos políticos, organiza- ciones civiles y grupos de observadores legalmente acredi- tados; establecerá interlocución con los órganos estatales electorales, sin menoscabo de las atribuciones de dichos órganos. La Comisión será integrada de manera plural, fun- cionara de forma colegiada y se trasladara a dicha entidad federativa para cumplir las responsabilidades encomenda- das.

Segundo. El programa de trabajo, que incluirá las reunio- nes y audiencias públicas, será acordado por el voto mayo- ritario de los grupos de trabajo de la comisión. Dicho pro- grama considerara sendas conferencias de prensa, una al inicio de sus trabajos y otra al término de su estancia en la propia entidad federativa. Se celebrarán conferencias de prensa en la sede de la Cámara de Diputados.

Las actividades de la comisión estarán invariablemente apegadas a los términos de la legislación electoral aplica- ble.

Tercero Tres días después de las sesiones de cómputo de la elección, se reunirá la comisión especial referida para xxx- luar la información recabada y recibida que servirá para re- dactar el informe final, el cual será presentado en la próxi- ma sesión del Pleno de la Cámara. La comisión finalizara sus funciones una vez presentado el informe final.

Cuarto. La comisión especial objeto del presente acuerdo se integrará por diez legisladores, tres diputados del grupo

parlamentario del PRI, dos del grupo parlamentario del PAN, dos del grupo parlamentario del PRD, uno del grupo parlamentario del PVEM, uno del grupo parlamentario del PT y uno del grupo parlamentario del PC.

Dado en el Xxxxxxx Legislativo de San Xxxxxx, a los veintiocho días del mes xx xxxxx del año dos mil cinco.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputados: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (rúbrica), coordinador; Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.»

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

102.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a liberar, a través de las Secretarías de la Reforma Agraria, y de Hacienda y Crédito Público los recursos necesarios para propiciar la reconciliación entre las comunidades con conflictos agrarios en el esta- do de Oaxaca, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Es- cárraga, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Heliodoro Díaz Escárraga, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Re- glamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la considera- ción de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente.

Consideraciones

Los conflictos agrarios regularmente tienen su origen en la posesión, uso y usufructo de tierras y aguas. El más serio, y nunca fácil de resolver, se presenta cuando dos o más co- munidades reclaman la propiedad de un mismo predio, conflicto que puede tardar siglos en solucionarse y ser cau- sa de trágicos enfrentamientos entre pueblos.

La disputa por la posesión de tierras lesiona el Estado de derecho y afecta la seguridad jurídica de las comunidades y los ejidos. Este tipo de problemas tiende a incrementarse en el territorio nacional, dado el crecimiento poblacional de las comunidades agrarias, los procesos de conurbación y el consiguiente incremento del precio de la tierra.

Oaxaca es el estado con mayores conflictos agrarios. Esto se debe a que cuenta con una mayor propiedad social de la tierra, donde más de 70 por ciento de la superficie es de tie- rras comunales y ejidos.

En ese marco, el pasado 13 de abril se registró una embos- cada en la comunidad de Santo Domingo Teojomulco, per- teneciente al distrito de Sola de Vega, en Oaxaca, en la que perdieron la vida tres campesinos. Dicha emboscada fue llevada a cabo por parte de habitantes de San Lorenzo Texmelucan, debido justamente a un conflicto agrario añe- jo.

El nivel de violencia alcanzado por conflictos agrarios en la región deja ver el grado a que están dispuestos a llegar los habitantes de esas zonas por defender sus escasas pro- piedades.

La marginación y la pobreza de las comunidades oaxaque- ñas son el origen de ese tipo de enfrentamientos.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Refor- ma Agraria y del Tribunal Superior Agrario, no ha aborda- do adecuadamente las acciones para solucionar de manera definitiva los conflictos agrarios derivados de la incerti- dumbre en la tenencia de la tierra.

La solución de los conflictos compete fundamentalmente al Ejecutivo federal, el cual no muestra conocimiento sufi- ciente sobre la problemática agraria, asume decisiones le- gales erróneas o mal intencionadas y no presta la debida atención a los problemas de producción y consumo en el campo.

Para evitar el derramamiento de sangre es indispensable que las instituciones del gobierno consideren que la orga- nización, la conciliación y la procuración e impartición de justicia agraria eficiente son fundamentales para impulsar la asociación productiva, la capitalización del campo, la es- tabilidad y paz social, y –con ello– prevenir la presentación de conflictos de funestas consecuencias.

En los casos de conflicto, a los que la Secretaría de la Re- forma Agraria cataloga como focos rojos, no se trata úni- camente de revisar su situación jurídica. Se necesitan la conciliación y mayores recursos presupuestales. Por ello es preciso que el Gobierno Federal, además de tratar cada ca- so de manera particular con funcionarios capaces, de aten- ción inmediata a las comunidades en conflicto.

En razón de ello, someto a la consideración de esta sobera- nía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de las Se- cretarías de la Reforma Agraria, y de Hacienda y Crédito Público, libere los recursos necesarios para propiciar la re- conciliación entre las comunidades con conflictos agrarios del estado de Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior Agrario a que agilice los procedimientos relativos a los conflictos agrarios que se presentan en el estado de Oaxaca, de tal forma que de esta manera concluya la situación de indefinición en que éstas se encuentran.

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2005.— Dip. Heliodoro Díaz Es - cárraga (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Hacienda y Crédito Público.

103.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público y al director liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural a adop- tar las medidas necesarias para que se pague a los jubi- lados y pensionados del sistema Banrural el incremento del 10% a que tienen derecho, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 53, 93 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 del Re-

glamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Demo- crática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con ca- rácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita se exhorte al se- cretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francis- co Gil Díaz y al director liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), licenciado Eugenio Garza Chapa, para que de inmediato adopten las medidas necesarias para que se pague a los jubilados y pensionados del Sistema Ban- rural el incremento del 10% a que tienen derecho.

Consideraciones

1.- Que la Ley Orgánica del Sistema Banrural fue publica- da en el Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 1986, la cual rigió la organización y funcionamiento del Sistema Banrural, integrado por 13 sociedades nacionales de crédito.

2.- Que posteriormente por decreto del 26 de diciembre de 2002, se promulgó la Ley Orgánica de la Financiera Rural, ordenando que a partir del primero de julio de 2003 queda- ba abrogada la antes mencionada Ley Orgánica del Siste- ma Banrural, por lo que se procedió a la liquidación de las Sociedades Nacionales de Crédito integrantes de este Sis- tema de Banrural.

3.- Que la referida Ley Orgánica de Financiera Rural, en sus artículos Octavo en relación con el Decimoquinto Transitorio, autorizó al Ejecutivo federal transferir al Ban- co Nacional de Crédito Rural (Sociedad Nacional de Cré- dito, Institución de Banca de Desarrollo), los recursos ne- cesarios para el puntual y debido cumplimiento de las obligaciones con los jubilados y pensionados del Sistema Banrural. Creándose al efecto por contrato del 30 de junio de 2003, un fideicomiso irrevocable denominado “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”.

4.- Que en la cláusula novena del referido Contrato de Fi- deicomiso de mención, se establece que el monto de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de Banrural deben incrementarse en un 10% como mínimo, cuando a partir del último aumento de las mismas, el índice del cos- to de la vida se haya incrementado en la misma proporción, conforme a las estadísticas del Banco de México.

5.- Que en apego a lo anterior, los trabajadores del Siste- ma Banrural debieron recibir el pago de sus jubilaciones

y pensiones incrementadas en un 10% a partir del 12 de mayo de 2004, derecho que sin embargo les ha sido viola- do. Afectándose aún más los deteriorados ingresos de los más de 7,500 trabajadores de Banrural y sus familias.

6.- Que a la fecha, los jubilados y pensionados de Banrural han agotado múltiples trámites ante las instancias compe- tentes, sin que hayan recibido una respuesta favorable a su legítima petición.

Por todo lo expuesto someto a esta H. Cámara de Diputa- dos con el carácter de urgente y obvia resolución, el si- guiente

Punto de Acuerdo

ÚNICO.- Que se exhorte al secretario de Hacienda y Cré- dito Público, licenciado Francisco Gil Díaz e igualmente al director liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, licenciado Eugenio Garza Chapa, para que en cumplimiento de lo ordenado por la cláusula novena y de- más relativas y aplicables del contrato de fideicomiso irre- vocable denominado “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”, adopten de inmediato las medidas necesarias para que se proceda a pagar a los trabajadores del Sistema de Banrural, un incremento del 10% en sus jubilaciones y pensiones, de manera retroactiva al 12 de mayo de 2004.

Palacio Legislativo de san Lázaro a 26 de abril de 2005.— Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

104.- «Proposición con punto de acuerdo, en relación con la contaminación por amoniaco en el estado de Ve - racruz, a cargo de la diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM

La diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán y el diputa- do Manuel Velasco Coello, con fundamento en los artícu- los 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocu- rrimos a solicitar sea considerada como de urgente resolu- ción, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Como hemos podido presenciar, a lo largo de la historia ambiental de nuestro país, Petróleos Mexicanos ha sido un actor constante en la ocurrencia de acciones contaminantes y depredatorias que afectan tanto el medio ambiente como la salud de los habitantes, todo esto por falta cumplimien- to de normas ambientales y de seguridad, aunado a la falta mantenimiento y de medidas precautorias en todos los pro- cesos de trabajo de esta paraestatal. Ejemplos de lo antes mencionado existen varios, uno de los casos mas graves ha sido el gran problema de contaminación al que se en- frenta la laguna de Atasta, en el estado de Campeche, de- bido a las acciones de exploración que se han realizado en la zona.

No obstante, el estado de Veracruz, al igual que todos en los que Pemex establece sus áreas de producción, ha vis- to una significativa disminución de la calidad ambiental así como un gran deterioro en los ecosistemas que lo ca- racterizan. Aunado a esto, y como consecuencia de los continuos accidentes que se generan, la calidad de vida y salud de los pobladores ha estado en constante deterioro y riesgo.

Durante la administración del secretario de Medio Am- biente, Alberto Cárdenas, y del actual director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, la situación ambiental del estado de Veracruz ha enfrentado continuos y graves accidentes. So- lamente recordemos que a finales del año próximo pasado fuimos testigos del problema de contaminación que en- frentó el río Coatzacoalcos, a causa del derrame de petró- leo crudo en el mismo.

Nuevamente, este miércoles nos encontramos ante un nue- vo accidente por parte de esta paraestatal en la cual a la fe- cha se cuentan con seis muertos, 12 hospitalizados, dos de ellos graves, 2 mil evacuados y cinco desaparecidos, todo esto debido a la perforación de un ducto de amoniaco ocu- rrido en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. Se- gún informes oficiales, el incidente se produjo tras un error de operación de la compañía Reparaciones Navales y Pe- troquímicas del Golfo, SA, contratada por Pemex para mantenimiento de ductos.

Si bien es cierto que a los pocos minutos se implementó un operativo para evacuar las colonias Tepeyac, Guadalupe y San Miguel, por la peligrosidad de los gases, también es cierto que en general la empresa paraestatal ha mostrado un desinterés para mitigar los efectos que su actividad genera en el medio ambiente. Ejemplo de lo anterior, es la mane- ra de minimizar los daños, asumiendo que el problema ya

está controlado, sin contemplar que los efectos no se dan únicamente en el momento en que ocurre el accidente sino que tiene efectos a largo plazo, principalmente en cuanto a salud y daño ambiental se refieren.

En los medios electrónicos hemos podido constatar, visual- mente, la gravedad del problema, sin embargo hasta hoy la información oficial sobre el tema ha sido escueta y poco confiable.

Sabemos que este problema, por su naturaleza, traerá gra- ves consecuencias a los ecosistemas terrestres y acuáticos de la región; sin embargo, los problemas de salud y econó- micos a los que se enfrenarán las poblaciones circundantes aún no han sido estimadas y lamentablemente son minimi- zadas. De manera oficial se ha declarado que Pemex ha cumplido con las medidas de urgente aplicación. No obs- tante, aún no sabemos cuáles serán las medidas de repara- ción del daño ambiental y los procesos y tiempos de reme- diación de las zonas afectadas. De igual forma, ninguna institución, Sea Semarnat o Pemex, ha explicado cuándo verán las personas afectadas la indemnización que les co- rresponde o si se efectuará la reparación del daño.

Por todo lo anterior, los diputados del Partido Verde Eco- logista de México, sometemos a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigue el daño ambiental y que finque responsabilida- des a los actores involucrados por el accidente causado por la fuga de amoníaco, ocurrida el pasado 13 de abril en los ayuntamientos de Nanchital, Coatzacoalcos y Minatitlán, del estado de Veracruz.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que realice los estudios necesarios y establezca medidas y programas preventivos para proteger la salud de las personas de las colonias aledañas al incidente.

Tercero: Que se implemente un programa emergente inte- rinstitucional, para disminuir el rezago en mantenimiento de las instalaciones y consecuentemente los riesgos para la seguridad de las mismas, de las poblaciones aledañas, y los daños al ambiente y a la salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de abril del 2005.— Diputados: Jac - queline Guadalupe Argüelles Guzmán, Manuel Velasco Coello (rúbri- cas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

105.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de la Función Pública, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investi- guen y dictaminen sobre el manejo de los recursos asig- nados al estado de Yucatán por medio del Programa de Mejoramiento Genético Bovino, y para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales de ese programa en la misma entidad, a cargo de la diputa- da Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamen- tario del PRI

La suscrita, diputada federal por el segundo distrito de Yu - catán, integrante del grupo parlamentario del Partido Re- volucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fun- damento en lo dispuesto en el artículo 58 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para hacer un atento exhorto a la Secre- taría de la Función Pública y a la Secretaría de Agri- cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen- tación, a efecto de que en el ámbito de su competencia, investiguen el manejo de los recursos asignados al Estado de Yucatán por medio del Programa Mejoramiento Genéti- co Bovino, y para que la Auditoría Superior de la Fede- ración realice una revisión a los fondos federales de ese programa en el Estado de Yucatán, atendiendo a las si- guientes

Consideraciones

Desde mediados del presente mes, los medios de comuni- cación del estado de Yucatán, en particular el periódico Por Esto!, han venido denunciando presuntas irregularidades en la asignación de recursos dentro del Programa Mejora- miento Genético Bovino, mismo que se solventa con dine- ros federales.

La gravedad del asunto estriba en que de las irregularida- des toman parte los secretarios de Desarrollo Rural y de la Contraloría del estado, quienes forman parte del Comité que aprueba los proyectos y asignaciones del citado pro- grama. El último funcionario incluso es el encargado de cerciorarse de la legalidad del procedimiento, o al menos así debía actuar.

Según han denunciado los medios de comunicación, el contralor del Estado, Jorge Ceballos Ancona, compró el rancho Cenote Azul, en el municipio de Buctzotz, con un valor de 400 mil pesos y, en complicidad con el secretario estatal de Desarrollo Rural, Roger González Herrera, ha obtenido de manera ilegal recursos del programa de Mejo- ramiento Genético Bovino, utilizando para tal efecto el nombre de la señora Ana Isabel Encalada Martínez, quien firma las solicitudes y compra animales para luego regis- trarlos al rancho del contralor.

En declaraciones a la prensa, el propio contralor ha reco- nocido que hace menos de año y medio compró el rancho Cenote Azul, con una superficie de 70 hectáreas en las cua- les hay extensas áreas de pastizales y cultivos citrícolas, el cual recientemente recibió los beneficios del tendido eléc- trico y sistemas de riego, presuntamente financiados con recursos públicos.

Reconoció también el contralor que mantiene con la seño- ra Encalada Martínez una relación comercial, toda vez que los animales que ella compra con los recursos del progra- ma Mejoramiento Genético Bovino se encuentran en el rancho propiedad del funcionario, ya que ella no cuenta con rancho alguno.

La interrogante surge cuando nos preguntamos: ¿cómo es que el Comité encargado de asignar los recursos y aprobar proyectos permitió la entrega de dineros públicos para la compra de ganado a una persona que no tiene rancho en dónde mantener a ese ganado? Y lo más grave: ¿cómo es que el Contralor, miembro del Comité, permaneció en si-

lencio en tanto que sabía que resultaría beneficiado con la compra de esos animales?

Han dicho los funcionarios denunciados que la solicitud de la señora Encalada Martínez procedió porque ella acreditó tener el usufructo del rancho (y, por tanto, un beneficio económico para el Contralor, quien es el propietario), pero está comprobado, según documentos exhibidos en la pren- sa local, que cuando se realizó la solicitud, aún no termi- naban los trámites ejidales para la liberación de la propie- dad y su posterior enajenación a cargo del Contralor. Por tanto, difícilmente pudo la solicitante acreditar el usufruc- to del rancho. Se ha denunciado también falsificación de firmas y ausencia de avales técnicos en varias solicitudes de esta persona que procedieron, y a raíz de las cuales ad- quirió ganado que pasta en el rancho del contralor de Yu - catán.

La legalidad y la transparencia son premisas imprescindi- bles en el servicio público. En el estado de Yucatán, como pueden ver, estas premisas están actualmente en tela de jui- cio y esta condición se agrava porque a quien se acusa de torcer la ley es precisamente quien debiera vigilar que los funcionarios públicos no se sirvan de ella para su provecho personal. No podemos adelantar juicios sobre el caso. Las denuncias han sido públicas e incluso el grupo parlamenta- rio del PRI en el Congreso local ha interpuesto una de- manda ante la Secretaría de la Función Pública para que se revise la actuación de las autoridades mencionadas en este asunto.

En consecuencia, y debido a lo delicado del caso, con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de es- ta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta H. Cámara de Diputados haga un res- petuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de la Fun- ción Pública y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, investiguen y dictaminen sobre el manejo de los recursos asignados al Estado de Yu - catán por medio del Programa Mejoramiento Genético Bo- vino.

Segundo. Que esta H. Asamblea exhorte a la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Agricultura, Ga- nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que,

una vez hechas las investigaciones a que alude el punto an- terior, si se desprenden posibles hechos constitutivos de un delito, presenten la denuncia correspondiente ante la Pro- curaduría General de la República o ante las autoridades ministeriales competentes.

Tercero. Que, independientemente de esas investigacio- nes, la H. Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, aplique una auditoría especial a los recursos aplicados por medio del programa Mejora- miento Genético Bovino en el estado de Yucatán, durante los ejercicios fiscales 2003, 2004 y 2005, a efecto de es- clarecer estas presuntas irregularidades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2005.— Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ga- nadería y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

106.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía a instaurar en el ámbito de su competencia las acciones legales pertinentes para im- pedir la entrada ilegal de artesanías, a cargo del diputa- do Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal, integrante de la LIX Legisla- tura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobier- no Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La aprobación de la Ley Federal para el Fomento de la Mi- croindustria y la Actividad Artesanal publicada en 1988,

tuvo por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y fun- cionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades fede- rales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último objeto.

La misma ley mandató a la Secretaría de Economía (antes Secofi) para que conjuntamente con otras dependencias competentes en la materia, los gobiernos de los estados y municipios, impulsara las tareas de investigación y de apli- cación de técnicas de mejoramiento para el fomento y des- arrollo de la producción artesanal.

Se facultó a la Secretaría de Economía para integrar un pa- drón nacional de la microindustria donde se inscribieran las personas físicas y morales que se dedicaran a la actividad artesanal.

También se dispuso la creación de una comisión interse- cretarial -integrada por representantes de las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Semarnat, Edu- cación Pública, Salud, Trabajo, del Gobierno del DF, Se- guro Social, Infonavit, presidida por la Secretaría de Eco- nomía y a la cual pueden ser invitados a participar en sus sesiones los representantes de otras dependencias, entida- des paraestatales, de gobiernos de los estados y de los mu- nicipios, de los sectores social y privado– que tiene como fin el fomento de la actividad de la microindustria a través de diversas medidas como la coordinación de trámites; adecuaciones administrativas y legales; requisitos para dis- poner de apoyos y estímulos, etcétera, entre otras.

Dicha Comisión Intersecretarial, además tiene la responsa- bilidad de fomentar la producción de artesanías:

Artículo 37

...

IX.- Fomentar la producción de artesanías, para lo cual podrá:

A). Formular las recomendaciones pertinentes a las de- pendencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas, con el propósito de consolidar y ampliar los niveles de productividad de la actividad artesanal; facilitar el abastecimiento de los insumos

necesarios para el desarrollo de ésta; gestionar los fi- nanciamientos que correspondan y promover la comer- cialización directa de los productos artesanales;

B). Proponer los criterios para otorgar los certificados de origen, así como las normas mínimas de calidad que deben cumplir las artesanías para su exportación;

C). Promover la celebración de acuerdos de coordina- ción con las entidades federativas, para fomentar la producción de artesanías, involucrando la participa- ción de organismos especializados en la materia, y

D). Propiciar la concentración regional de la produc- ción artesanal con el fin de facilitar su promoción, a través de la celebración de ferias y exposiciones arte- sanales, a nivel nacional e internacional, conforme a las disposiciones aplicables.

Asimismo, la propia secretaria de economía ha instrumen- tado el Programa de Apoyo al Diseño Artesanal (Proada) mediante el cual se ofrece capacitación, asesoría y asisten- cia técnica en diseño, procesos productivos y comerciali- zación a las comunidades o grupos de artesanos organiza- dos, con la finalidad de mejorar la calidad de los productos que tradicionalmente se elaboran y generar nuevos produc- tos artesanales, con innovaciones en diseño y producción.

Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Social orienta sus esfuerzos hacia los artesanos mediante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) que despliega cuatro tipos y modalidades de apoyo y cuyo universo de acción durante el año 2003 –datos del Cuarto Informe de Gobierno– fue 17 mil doscientos seis artesanos.

Pese a estas disposiciones legales y programas, de acuerdo a diversas fuentes, el sector artesanal enfrenta una proble- mática que los afrenta y daña en sus intereses.

Nos referimos a la entrada ilegal de numerosas mercancí- as, que dados los bajos precios con los que se distribuyen colocan en desventaja a este sector compuesto por aproxi- madamente ocho millones de personas.

Desconocemos que medidas concretas de orden jurídico en defensa de las artesanías ha desarrollado la Administración Pública Federal. Que acciones de contención se organizan en las aduanas para evitar el trasiego de mercancías de du- dosa calidad que ponen en peligro a los productores nacio- nales de artesanías.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Re- glamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a instrumentar las acciones legales pertinentes –en el ámbito de su com- petencia– para frenar la entrada ilegal de artesanías que afecta gravemente a los productores nacionales.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía para que

-en su calidad de titular de la Comisión Intersecretarial pa- ra el Fomento de la Microindustria– dé cuenta esta sobera- nía de las acciones llevadas a cabo para el fomento y sal- vaguarda de la actividad artesanal, así como de las acciones legales emprendidas para el combate a la entrada ilegal de artesanías provenientes de diversos países.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiséis días del mes de abril de 2005.— Dip. Bernardino Ramos Iturbide (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía.

107.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Energía, así como a los di- rectores generales de Pemex, del IMSS y del Infonavit, a resolver el problema suscitado con viudas y trabajadores integrados en la Coalición Federal de Trabajadores Pe- troleros, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es- tados Unidos Mexicanos, las suscritas: diputada Diva Ha- damira Gastélum Bajo y demás diputadas de diferentes grupos parlamentarios, mencionadas al final del presente texto, presentamos ante esta soberanía la siguiente propo- sición con punto de acuerdo, para exhortar: al titular de la

Secretaría de Energía, así como a los directores generales de Petróleos Mexicanos, del Instituto Mexicano del Segu- ro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de resolver el problema susci- tado con viudas y trabajadores petroleros, integrados en la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros.

Antecedentes

La Comisión Bicamaral Parlamento de Mujeres de México 2005, dentro del marco a su Reunión Anual, celebrada el 18 de marzo de los corrientes, llevo a cabo cinco reuniones previas en distintas ciudades del interior del país, con el objeto de acercar a las mujeres connacionales que residen fuera de la sede de los poderes federales de la República, facilitando así su participación para exponer y dar a cono- cer problemas de carácter regionales y nacionales así como también sus propuestas de soluciones, desde la perspectiva de género, en diferentes mesas temáticas de trabajo.

En la reunión celebrada en la sede de la ciudad de San Cris- tóbal de las Casas, Chiapas, el día 26 de febrero de 2005 en la mesa dos, en que se desarrolló el tema “Procuración de administración de justicia con equidad de género”, y en la mesa cinco con el tema “Presupuesto para políticas de salud con perspectiva de género” participaron y expusie- ron un grupo de viudas y esposas de trabajadores petrole- ros, integradas en el seno de la Coalición Federal de Tra- bajadores Petroleros, la situación que padecen a la fecha 750 viudas, las que en su mayoría pertenecen a la tercera edad, las cuales se encuentran en una situación económica angustiante, por no gozar del beneficio de una pensión, co- mo es el caso de aproximadamente 950 trabajadores liqui- dados, sin previsión social, no importando los años traba- jados y el de otros 900 trabajadores jubilados en situación de alta precariedad económica y de salud.

Gracias a la intervención del Senado, en la recién pasada LVIII Legislatura, se logró el servicio medico a estas viu- das, aunque no fue un logro pleno, si de resultados signifi- cativos, pues fue un reconocimiento a su causa.

A pesar de diversas gestiones realizadas por la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, en diferentes instan- cias no han logrado el otorgamiento de la pensión y aunque es verdad que PEMEX, a través de su contrato colectivo de trabajo, cuenta con un sistema propio de pensiones, asis- tencia medica y de apoyo para renta o adquisición de vi- vienda, no ha permitido alcanzar en plenitud los supuestos de la protección social que señala el artículo 123 de nues-

tra Constitución Política, en beneficio de la totalidad de los trabajadores de Petróleos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los ar- tículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secre- taría de Energía, licenciado Fernando Elizondo Barragán así como a los Directores Generales de Petróleos Mexica- nos, ingeniero Luis Ramírez Corzo; del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy Algazi; y del Ins- tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja- dores, contador público Víctor Manuel Borraz Septiens, a reunirse con los representantes de la Coalición Federal de Trabajadores Petroleros, a fin de resolver los problemas suscitados con sus representados.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- México, DF, a 26 de abril de 2005.— Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rú - brica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Tra- bajo y Previsión Social.

108.- «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo de la Federación a que excluya la edu- cación de los mexicanos del Tratado de Libre Comercio, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo par- lamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parla- mentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Go- bierno Interior del Congreso General de los Estados Uni- dos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, confor- me a los siguientes

Antecedentes

En el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Uni- dos, Canadá y nuestro país fue incluida la educación en to- dos sus tipos, niveles y modalidades. Con lo que se consu- ma un hecho por demás grave para los mexicanos, reconociendo el papel tan importante que ésta juega en la formación de identidad, en la orientación y construcción del proyecto de nación; de hecho, en la construcción de so- beranía.

Debemos recordar que el artículo 3o. constitucional está entre los pilares fundamentales del proyecto social surgido de la Revolución de 1910. Establece un proyecto de nación basado en la educación para todos, con carácter de pública y gratuita.

Para poder aplicar el TLC se hicieron ajustes del marco le- gal mexicano, incluyendo modificaciones al artículo 3o. constitucional entre 1991 y 1994, tal como negar o revocar la autorización a particulares para impartir educación.

Así también, se modificó la Ley de Inversión Extranjera en México que, por primera vez en la historia educativa del país, permite a inversionistas extranjeros prestar servicios privados de educación de preescolar, secundaria, media su- perior, superior y combinados. El artículo octavo de dicha ley establece que la participación de la inversión extranje- ra podrá ser mayor a 49%, con tan sólo el visto bueno de la Comisión Nacional de la Inversión Extranjera. En ésta no hay representante o integrante de la Secretaría de Educa- ción Pública y mucho menos del pueblo.

En la práctica, el Tratado de Libre Comercio hace que la educación deje de ser un derecho para convertirse en una mercancía. Los dos principios que abren las puertas de la comercialización son:

1.- La educación debe considerarse plenamente inclui- da en el rubro de los servicios de los Tratados de Libre Comercio, y

2.- La participación del Estado en la educación debe ser tal que no inhiba o impida el libre comercio en el ámbi- to educativo.

Se abrió la posibilidad a las transnacionales de impulsar en México la educación, en base a sus intereses. ¿A quien be- neficia una mayor apertura y la adopción de mecanismos

más específicos que faciliten la llegada de capitales y la venta de servicios educativos extranjeros en México?

Se tienen ejemplos de la creciente participación de corpo- raciones estadounidenses de distintos giros empresariales en el sector educativo en varios países en los diferentes ni- veles educativos. Las llamadas “universidades corporativas” triplicaron su expansión en el mundo entre 1998 y 2004, al pasar de 400 a mil 600. Entre sus dueños se encuentran em- presas como Motorola, Coca Cola y Home Depot. Otras em- presas participan o se están preparando para participar en el sector educativo, como inversión: Burger King, las empresas IBM, Apple, Channel One. También es un ejemplo el caso de la Universidad del Valle de México que fue adquirida en 80 por ciento de su operación por Sylvan.

Estos son casos particulares, pero forman parte de las di- námicas fundamentales en torno de la producción del co- nocimiento, de la creciente concentración y control de las corporaciones nacionales y trasnacionales sobre el conoci- miento, por la vía de su privatización.

El TLC, ha creado condiciones inequitativas para México, por nuestro subdesarrollo puesto a competir de frente con- tra dos países económicamente fuertes.

Actualmente la posición de las autoridades educativas y, en concreto, de la Secretaría de Educación Pública no ha sido del todo clara ante los proveedores educativos transnacio- nales y comerciales, dado que, hasta ahora, solamente se han dado intentos sueltos por regular las actividades vía el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de es- tudios, el reconocimiento de títulos y grados y la expedi- ción de cédulas profesionales, sin que exista normatividad adecuada. Lo más preocupante es que tampoco se han to- mado las decisiones en relación al aseguramiento de la ca- lidad de sus programas educativos.

En lo particular, considero que la educación del país es un asunto de seguridad nacional. Esta premisa se corrobora desde el Congreso Constituyente de 1856, que consideró a la educación como actividad liberadora de la conciencia y desde ese momento se convirtió en un instrumento para que los pueblos aprendieran sus derechos a la civilización y las obligaciones de los ciudadanos con el Estado y de és- te con la sociedad, por lo que debemos oponernos a esta medida; ya que su implementación deja al país en una con- dición de orfandad y subordinación extremas ante las em- presas transnacionales y su capital.

Si aceptamos la entrega de la conducción educativa a ma- nos de extranjeros, habremos perdido la posibilidad de so- ñar con un país soberano. De ese tamaño es el daño y de- bemos evitarlo.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a considera- ción del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la H. Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo de la Federación a que lleve a cabo las ac- ciones necesarias para excluir la educación de los mexica- nos del Tratado de Libre Comercio firmado con los go- biernos de Estados Unidos y Canadá.

Palacio Legislativo a 22 de abril de 2005.— Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía.

109.- «Proposición con punto de acuerdo, para que la presente Legislatura de la Cámara de Diputados, me- diante las comisiones y los comités del sector agrícola, in- tervenga ante el Gobierno Federal a efecto de exigir que se fije un precio objetivo justo y competitivo para las co- sechas de maíz con base en índices de rentabilidad y con- veniencia productiva, a cargo del diputado Armando Ley- son Castro, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Es- tados Unidos Mexicanos, hago uso de esta tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo.

En mi calidad de integrante de la diputación federal por el estado de Sinaloa del grupo parlamentario del Partido Re- volucionario Institucional de la Cámara de Diputados de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión, some- to a la consideración de esta honorable asamblea la presen- te proposición con punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dentro de los múltiples y muy graves problemas que aún urgen atender en México, destaca de manera especial el re- lativo al insuficiente apoyo que se otorga a la producción de alimentos.

La estabilidad social de que hemos gozado se debe en mu- cho a la madurez con que ha actuado el sector agrícola na- cional, sector que desde hace mucho tiempo ha estado des- atendido, al carecer del respaldo necesario y suficiente para garantizar la rentabilidad de una actividad productiva que es prioritaria para nuestra economía y para el equilibrio de nuestra vida social.

En ese tenor, de nueva cuenta se asoman serios problemas derivados de las perspectivas que se tienen en cuanto a las cosechas de maíz, producto de vital necesidad para el pue- blo mexicano.

Como se ha hecho ya costumbre, muy mala costumbre, y ante la creciente angustia de los productores, con muy ma- los augurios se han iniciado las negociaciones con el Go- bierno Federal para fijar el precio objetivo a las cosechas de maíz.

Las perspectivas para el producto son desalentadoras. La tendencia que han dejado ver las autoridades marca la po- sibilidad de que el precio que se fije quede por debajo del nivel mínimo de rentabilidad a que aspiran los productores y, al mismo tiempo, dando nuevas señales de alarma en el sentido de querer privilegiar la importación del producto, situación que en mucho ha dañado el sector agrícola nacio- nal y que demanda una muy seria revisión de las políticas públicas que se vienen ejerciendo a este respecto.

Deseo citar en forma muy señalada el caso del estado de Sinaloa, donde se espera levantar para este ciclo una cose- cha récord, de más de 4 millones de toneladas de maíz.

Sin embargo, y lejos de poder celebrar este logro, entre los productores priva la incertidumbre ante los indicios que existen de que el precio que podría fijarse para el maíz que- dará lejos de toda expectativa halagüeña.

Abro un paréntesis para reconocer la actitud del goberna- dor de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, quien junto a los pro- ductores encabeza la lucha por alcanzar un precio objetivo justo para el maíz.

Ahora bien, la incertidumbre a que hice referencia líneas anteriores está gestando ya una creciente inconformidad. Observamos que la actitud de las autoridades de la Federa- ción está por alentar una agricultura de supervivencia antes que alentar una actividad que debe ser rentable.

Los riesgos que vemos no dejan de ser preocupantes, y es mi sentir que esta Cámara debe apoyar en forma decidida las causas del agro nacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la presente Legislatura de la Cámara de Dipu- tados del honorable Congreso de la Unión, mediante las comisiones y los comités del sector agrícola, intervenga ante el Gobierno Federal a efecto de exigir que se fije un precio objetivo justo y competitivo para las cosechas de maíz, basado en índices de rentabilidad y conveniencia productiva.

México, DF, a 26 de abril de 2005.— Dip. Armando Leyson Castro (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ga- nadería y de Economía.

110.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT que se instale en todos los puntos fronterizos, aduanas, puertos y aeropuertos le- treros con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, a efecto de que se identifique plenamente nuestro país an- te los nacionales y extranjeros, se consolide nuestro principio de nacionalidad y el uso correcto del nombre de nuestra nación, a cargo del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Pablo Bedolla López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Insti-

tucional, con fundamento en los artículo 58 y 60 del Re- glamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguien- tes

Considerandos

Nuestro país ocupa una gran extensión territorial de casi dos millones de kilómetros cuadrados, con mas de 11,000 kilómetros de litorales, así como mas de 4,000 kilómetros de límites internacionales, y en tal virtud, tiene una muy amplia frontera con dos océanos y con tres países; Estados Unidos de América, Guatemala y Belice, y en razón de ello es fundamental, no sólo identificar los puntos fronterizos, puertos, aeropuertos y aduanas, para nuestros connaciona- les y aun para los extranjeros que transiten por nuestro pa- ís, a efecto de que no solo puedan identificar plenamente las líneas divisorias, sino saber que se encuentran en los es- tados unidos mexicanos, a fin de consolidar nuestros prin- cipios de nacionalidad y legalidad, así como fomentar el uso correcto del nombre de nuestra nación, y así darle una mayor identidad a la tierra, que nos ha dado patria.

Es por lo que consideramos imprescindible que la propia autoridad responsable, sea quien vele porque efectivamen- te en cada una de estos puntos exista una plena identifica- ción con los letreros o rótulos que para tal fin sean necesa- rios, en los tamaños, colores, y características que permitan identificarlos plenamente, y que no haya lugar a dudas de que se encuentran en los Estados Unidos Mexicanos, y es por lo que con ese espíritu consideramos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes atienda en ese aspecto, la posible omisión que pudiese existir en todos los puestos fronterizos, puertos, aeropuertos y aduanas ubicados en nuestro país.

Por lo cual es impostergable que se le requiera a dicha de- pendencia de la federación, con el objeto de que cumpla con carácter urgente, la apremiante necesidad de que se identifique plenamente, con los letreros que la propia auto- ridad competente establezca en todos los puntos fronteri- zos, aeropuertos, puertos y aduanas, a fin de que aparezca la siguiente leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Y es por lo que me permito someter a la amable considera- ción de ustedes, compañeros legisladores de esta honorable Cámara, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal de que se instale en to- dos los puntos fronterizos, aduanas, puertos y aeropuertos, sin ninguna excepción, letreros donde aparezca la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, a efecto de que no sólo per- mita identificar plenamente a nuestro país, ante los nacio- nales y extranjeros, sino que además consolide nuestros principio de nacionalidad y legalidad, así como el uso co- rrecto del nombre de nuestra nación, y que sea el medio que nos de igualmente una imagen ante el mundo como mexicanos.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 2005.— Dip. Pablo Bedolla Ló - pez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

111.- «Proposición con punto de acuerdo, con relación al arresto y encarcelamiento de la C. Araceli Domínguez en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a cargo de la dipu- tada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parla- mentario del PAN

Irene Herminia Blanco Becerra, diputada de la LIX Legis- latura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamen- to en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Inte- rior del Congreso General de los Estados Unidos Mexica- nos, ocurre a solicitar que se apruebe de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, con relación al arresto y encarcelamiento de la C. Ara- celi Domínguez en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Antecedentes

Primero. En julio de 2003, la empresa Wet ’n’ Wild reali- zó la importación de 28 delfines de la especie Tursiops aduncus provenientes de las islas Solomon. Dichos delfi- nes fueron colocados en una área natural protegida en Pun-

ta Nizuc, en Cancún cuyo programa de manejo prohíbe ex- presamente la introducción de especies exóticas. Dicha es- pecie esta considerada como exótica por nuestra legisla- ción, lo cual violó de manera abierta las disposiciones de protección de los ecosistemas marinos contemplados en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Am- biente.

Segundo. Con motivo de esta importación e introducción de una especie exótica en un Área Marina Protegida se le- vantó la indignación tanto nacional como internacional. Diversos grupos ecologistas nacionales como Comarino, Greenpeace, El Grupo de los 100, Cemda, Defensores de la Vida Silvestre, y otros se pronunciaron en contra de este comercio el cual se calificó de ilegal, ya que no cumplió con varios requisitos de la CITES, organismo internacional encargado de regular el comercio de especies protegidas, como es el caso que nos ocupa.

Desde julio de 2003 y hasta la fecha existen varios proce- dimientos administrativos y penales en contra de la empre- sa, por diversas violaciones a la ley.

Varios de los delfines han muerto como consecuencia de esta importación.

Tercero. Uno de los grupos ecologistas más activos a nivel local fue precisamente el Grupo Ecologista del Mayab (Ge- ma) cuya Presidenta es precisamente la señora Araceli Do- mínguez. Dicha ambientalista ha seguido protestando por dicha importación.

Cuarto. El sábado 23 de abril, la señora Araceli Domín- guez es aprehendida, debido a una denuncia de la empresa Wet ’n’ Wild antes referida por el cargo de “difamación de honor”.

Consideraciones

La señora Araceli Domínguez, Presidenta del Grupo Ge- ma, es una conocida y honorable luchadora por la protec- ción y conservación del medio ambiente.

A lo largo de ya varios años Araceli se ha convertido en un referente obligado para cualquier individuo o grupo am- bientalista que lucha por la protección del ya muy devasta- do Quintana Roo.

Nuestro estado, Quintana Roo, es un lugar increíblemente importante en lo que se refiere e biodiversidad, y belleza.

Posee diferentes tipos de bosques, manglares; posee el si- tio más grande de arrecifes coralinos, y una de las costas más importante de anidación de tortugas marinas, entre ellas, la caguama y blanca, especies en peligro de extinción

Quintana Roo posee varias áreas naturales protegidas; en- tre ellas, Arrecifes de Cozumel, Arrecifes de Puerto More- los, Isla Contoy, Sian Ka’an, Tulum y Punta Nizuc, áreas todas no sólo de extraordinaria belleza sino de vital impor- tancia ecológica.

Araceli Domínguez se ha destacado en su trabajo ya de dé- cadas por la protección de todos los ecosistemas lo que he mencionado.

Su participación en la defensa del santuario tortuguero de Xcacel-Xcacelito, donde se pretendía construir 5 hoteles destruyendo un lugar de esencial importancia para la ani- dación de las tortugas marinas fue determinante para llegar a la cancelación de dicho proyecto.

Más recientemente, Araceli se destacó en la defensa de la comunidad de Playa del Carmen contra la construcción del Muelle para embarcaciones de mediano calado que, ade- más destruirá el arrecife coralino Los Jardines.

Su actividad respecto al delfinario mencionado se refiere a llamar la atención sobre las irregularidades que han sido re- conocidas no solo por grupos ambientalistas, sino que son del dominio general e incluso han sido reconocidas por la Semarnat y Profepa.

Existen pronunciamientos en contra de esta importación de delfines tanto el esta Cámara de Diputados, como en el Se- nado.

Así pues, la sociedad en general sancionó la importación e introducción de delfines exóticos en un área natural prote- gida, no una sola persona.

Debo destacar que la actividad de la señora Araceli Do- mínguez se ha distinguido por desarrollarse dentro de la legalidad y en defensa de las instituciones que la sos- tienen.

Resulta increíble que haya sido ella precisamente quien es- ta pagando el precio de las irregularidades cometidas en contra del medio ambiente en Quintana Roo.

Su detención significa un atentado contra la libertad de ex- presión de quien defiende lo mismo los recursos naturales, que los derechos humanos.

La señora Domínguez ejerce su derecho, como ciudadana de este país de llamar la atención acerca de las irregulari- dades que cometen quienes por el provecho económico de- vastan y contaminan una de las bellezas más ricas de nues- tro país, por encima de las leyes.

No es ella quien se encuentra fuera de la ley, y por tanto, es necesario que se le otorgue la libertad y se le exonere de los cargos que se le imputan, ya que el señalar irregularidades en las actividades de una empresa que aún se encuentra ba- jo procedimiento administrativo y penal no es de ninguna manera el procedimiento para limpiar el nombre de dicha empresa Wet ’n’ Wild, sino en los tribunales.

Conclusiones

Por todo lo anterior, solicito la intervención del Ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quezada, para que intervenga directamente ante las autoridades correspon- dientes a fin de que bajo derecho la inculpada Araceli Do- mínguez, sea exonerada de los falsos cargos que se le im- putan y sea liberada inmediatamente.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional so- mete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Di- putados, y solicita que se apruebe de urgente y obvia re- solución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la intervención del ciudadano Presi- dente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, para que intervenga directamente ante las autoridades correspondientes a fin de que bajo derecho la inculpa- da Araceli Domínguez, sea exonerada de los falsos car- gos que se le imputan y sea liberada inmediatamente.

Dado en el Palacio Legislativo, a 28 de abril de 2005.— Dip. Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Huma- nos.

112.- «Proposición con punto de acuerdo, sobre instala- ciones y manejo de una planta incineradora de bifenilos policlorados y otras sustancias peligrosas en el municipio de El Higo, Veracruz, a cargo del diputado Rogelio Fran- co Castán, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parla- mentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 77, fracción II, de la Constitu- ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 53, 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta honorable asamblea proposi- ción con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución.

Antecedentes

1. En fecha 22 de abril de 2004, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, Subsecretaría de Gestión pa- ra la Protección Ambiental, recibió escrito sin número de la empresa Altecin, SA de CV, solicitud de evaluación y dic- taminación de un proyecto que consiste en llevar a cabo la preparación del sitio, construcción, operación y manteni- miento de una planta para incinerar residuos peligrosos en el municipio de El Higo, Veracruz, con capacidad inicial de 200 kilogramos por hora de residuos con 7,500 kilocalorí- as por kilogramo de poder calorífico a través de un horno rotatorio. El proyecto de referencia se registró con la clave 30VE200410011 y el 16 de agosto del propio año resolvió autorizar de manera condicionada la instalación y, en su caso, operación del proyecto, que se ubica en el kilómetro 8, desde el entronque de la carretera federal número 105 a El Higo, municipio de El Higo, en el estado de Veracruz.

2. Es de significar que en los considerandos de dicha auto- rización, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na- turales refiere –sin probarlo– que a efecto de otorgar la au- torización, se cumplió el procedimiento legal establecido.

De igual manera y con oficio DGGIMAR.710/004300, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura- les, a través de su Dirección de Materiales y Residuos Pe- ligrosos, otorgó el 30 de septiembre de 2004 a la mencio- nada empresa la autorización para realizar el protocolo de pruebas preoperativas en el incinerador de la misma. En el mismo orden de ideas, el 15 de octubre de 2004, con oficio número DGGCARETC. 715/DGA 0000276, la multicitada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a tra-

vés de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contami- nantes autoriza a la empresa Altecin, SA de CV, para obte- ner su licencia ambiental única. Posteriormente, en fecha 9 de diciembre de 2004, la empresa Altecin, SA de CV, ob- tuvo la autorización número 28-32-PS-1-37-04 para la re- colección y transportación de residuos peligrosos. En todos y cada uno de estos casos se hace referencia a que la em- presa cumplió los requisitos establecidos en la ley, situa- ción que no se acredita; pero suponiendo –sin conceder– que éste fuera el caso, lo real es que para obtener la autori- zación del proyecto se tomaron en consideración ciertos supuestos legales que no lo son y, por ende, las autoridades fueron probablemente engañadas o sorprendidas, ya que la empresa Altecin, SA de CV, no obtuvo y nunca fue autori- zada por el H. ayuntamiento de El Higo, Veracruz, con la autorización para el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial, en la superficie y lugar donde se está constru- yendo y edificando el proyecto en comento. Y en conse- cuencia, las autorizaciones que le fueron otorgadas, por es- tar fundadas y motivadas en hechos y supuestos falsos, son nulas de pleno derecho, independientemente de las conse- cuencias jurídicas que pudieran desprenderse a quien o quienes resulten responsables por el uso de documentos falsos o, en su caso, de falsedad de las declaraciones ante autoridades para obtener un beneficio.

3. En acta de sesión extraordinaria de cabildo celebrada en fecha 11 de febrero de 2005 se hace constar que, por unanimidad de votos, las autoridades municipales acorda- ron la suspensión del permiso de cambio de uso de sue- lo agrícola a industrial, supuestamente otorgado a la em- presa Altecin, SA de CV, en fecha 31 de marzo de 2004, por el entonces presidente municipal, C. Evencio de la Gar- za Rivera, toda vez que en el libro de actas de cabildo de la administración municipal 2001-2004 no existe registro de que se haya presentado solicitud de cambio de uso de suelo, ni de que dicha solicitud hubiese sido analizada y aprobada por el cabildo. Ésos y otros antecedentes, que cuestionan la legalidad y validez de los procedimientos que sirvieron para autorizar el proyecto de referencia a la em- presa, son conocidos y fueron objeto del debido estudio por las autoridades del estado. Así se expone en el oficio DGOUR/SCU-0236/05, de la Secretaría de Desarrollo Re- gional del gobierno del estado de Veracruz, de fecha 14 de marzo del año en curso, mediante el cual se informa al C. Roberto Garrido Cruz, secretario del Consejo de Admi- nistración de Altecin, SA de CV, de la negativa de licen- cia de uso de suelo industrial DGOUR/SCU-0236/05.

4. No obstante lo anterior, la empresa continúa los trabajos tendentes a la instalación del incinerador y, en tal virtud, mantiene en el sitio de ubicación del proyecto una cantidad considerable e incierta de residuos sólidos contaminantes y tóxicos almacenados, lo que motivó la denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, delegación en el estado de Veracruz, por el H. ayuntamiento de El Higo, Veracruz, representado por el MVZ Leonel Meraz Duval, presidente municipal, contra la empresa Altecin, SA de CV, ya que ésta –ha- ciendo caso omiso de la negativa de licencia de cambio de uso de suelo– continúa los trabajos previos a la instala- ción y puesta en marcha del incinerador de todos los resi- duos peligrosos y contaminantes, contenidos en la NOM- 052-ECOL-1993, y presumiblemente almacena –en el sito de operaciones de este proyecto– tambores con BPC (bifenilos policlorados).

5. Como consecuencia de lo expuesto y habida cuenta que el proyecto en cuestión se construye a un kilómetro de dis- tancia de un asentamiento humano o centro de población importante, y que además las zonas o terrenos colindantes con la superficie de asentamiento del proyecto son tierras de cultivo de caña que surten el ingenio de El Higo (a sólo 3 kilómetros de distancia), se ha suscitado un estado de alarma generalizado, y el rechazo de los habitantes del mu- nicipio en cuestión a este proyecto se ha expresado en pro- testas públicas y manifestaciones pacíficas multitudinarias, como la que tuvo lugar el pasado 11 de abril en curso y la que prevé realizar la tarde del jueves 21 de a abril.

Consideraciones

No obstante que las autoridades municipales y los residen- tes del municipio de El Higo, Veracruz, estén dando curso a sus protestas y rechazo al proyecto por los canales insti- tucionales y legales, es necesario que la Cámara de Dipu- tados, en ejercicio de las facultades que la Constitución Po- lítica de los Estados Unidos Mexicanos nos confiere y en una práctica responsable de nuestra representación popu- lar, vigilemos que las demandas de los vecinos y residente del municipio de El Higo, Veracruz, y de las autoridades locales, sean atendidas y resueltas conforme a derecho.

Es importante destacar la Norma Oficial Mexicana NOM- 052-ECOL-93, que establece las características de los resi- duos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente,

se encuentran los BPC, que son compuestos químicos for- mados por cloro, carbono e hidrógeno y que los BPC son considerados contaminantes orgánicos persistentes; es de- cir, que permanecen en el ambiente por largos periodos, constituyendo un riesgo latente para el ambiente y la salud.

Las propiedades químicas de estos residuos los hacen re- sistentes a altas temperaturas; por su estabilidad, los bife- nilos policlorados representan un elemento atractivo para la industria, tanto pública como privada, que los utiliza en diversos procesos productivos como aislantes o refrigeran- tes.

Los bifenilos policlorados exigen un manejo adecuado de- bido a los riesgos potenciales que representan para el am- biente y la salud humana. Estos residuos peligrosos pueden ocasionar daños al hígado y la piel; por otro lado, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las per- sonas que se exponen a ellos son susceptibles de desarro- llar cáncer. Asimismo, una vez que entran en contacto con el organismo, pueden comportarse como hormonas, alte- rando el sistema endocrino. También se han encontrado va- riedades de BPC en la leche materna, lo cual puede oca- sionar alteraciones al sistema inmunológico de los niños, nacimientos prematuros, con menor peso y crecimiento más lento, y alteraciones del sistema neurológico. Todo lo anterior explica y justifica el rechazo de los habitantes del municipio de El Higo a este proyecto, que amenaza su ca- lidad de vida y su derecho a la salud y a un ambiente sano. De todo lo expuesto se desprende que existen sobradas ra- zones para que, en ejercicio de sus facultades y con funda- mento en el artículo 93, párrafo segundo, de la Constitu- ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. LIX Legislatura, analizados estos antecedentes, ejerza su facultad de citar a comparecer al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al procu- rador federal de Protección del Ambiente para que, en sus respectivas áreas de competencia, informen a dicha Co- misión sobre el estado que guarda y las condiciones de avance en que se encuentra el referido proyecto, para cuyo funcionamiento la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, otorgó autorización condi- cionada a la empresa Altecin, SA de CV.

Por todo lo expuesto y con fundamento en las disposicio- nes legales invocadas, sometemos a consideración del Ple- no el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Uno. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al

C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para que a través del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales se revise íntegro el expediente S.G.P.A./DGI- RA,DEI.1588.04, relativo a la autorización emitida por di- cha Secretaría al proyecto denominado “Planta de trata- miento térmico de todos los residuos contenidos en la NOM-052-ECOL-1993”, para que en estricto apego y res- peto a la autonomía municipal y a la soberanía del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se resuelvan conforme a derecho y en justicia sus demandas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005.— Dip. Ro - gelio Franco Castán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

113.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF, a la PGJDF, al TSJDF y a la CDHDF a ordenar, vigilar y auditar la legalidad y transparencia del proceso judicial en contra de la C. Alejandra Barrios Ri- chard, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Vengo ante esta máxima tribuna de nación a solicitar, a las autoridades del Distrito Federal, la libertad inmediata de la compañera Alejandra Barrios Richard, militante de mi par- tido, quien ha sido objeto de toda una maquinación perver- sa, con fines políticos, para privarla de su libertad.

Quienes se dicen paladines de la democracia y montan es- cenarios para encumbrar ayatolas reclamando injusticias y aplicación selectiva de la ley, son los mismos que a esta li-

deresa social la mantienen tras las rejas, como presa políti- ca, violentando todas sus garantías que la ley le otorga, ma- quinando supuestos hechos que la realidad ha demostrado su total falsedad.

No vengo aquí, compañeras y compañeros diputados, a las- timar espíritus redentores o herir susceptibilidades mesiá- nicas.

Vengo aquí a exigir el cumplimiento de la ley, no de vio- lentarla.

Quien viola la ley debe asumir la consecuencia de sus ac- tos. Para eso es el Estado de derecho, para eso son las Ins- tituciones creadas por nuestro país a lo largo de su historia.

Todo a favor de las instituciones, incluso su renovación. Nada en contra de ellas. Porque, en una sociedad de insti- tuciones, que son el soporte de cualquier democracia, nadie

–¡óigase bien, nadie!– puede estar por encima de la ley,

porque la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten, y eso es posible sólo donde se respete a las insti- tuciones.

Caer en la demagogia, descalificando a las instituciones, es en la práctica, fomentar la anarquía y el desorden. Y eso es suicida para cualquier sociedad o partido.

La injusticia, compañeras y compañeros diputados, no se combate con mas injusticias, sino con la aplicación de la ley.

Alejandra Barrios es una lideresa social del Distrito Fede- ral. Es una mujer que ha sabido trabajar a favor decenas de familias, las más necesitadas de esta ciudad.

Su trabajo en defensa de los “pobres”, palabra tan hoy de moda, tiene su origen desde hace mas de cuarenta años co- mo comerciante de la vía pública.

Es fundadora de la Asociación Legítima Cívica Comercial, AC, cuya principal preocupación ha sido brindar educación a las niños y niños a través de la creación de escuelas don- de se imparten clases desde el nivel básico, hasta la educa- ción media superior.

De igual manera, ha procurado el rescate de monumentos históricos, junto con el INAH para dedicarlos a desarrollar proyectos de interés social, incluyendo plazas comerciales y viviendas para gentes de escasos recursos.

Alejandra Barrios siempre ha sido una mujer comprometi- da con las mejores causas de los que menos tienen y más lo necesitan. Procurando siempre que su trabajo al frente de la Asociación Legítima se traduzca en apoyo real para sus agremiados y sus familias, en especial los niños, las muje- res y las personas de la tercera edad.

Sin embargo, sus enemigos políticos y políticas en el PRD, con todo el abuso y el avasallamiento que el poder les da y que dicen combatir, han urdido todo un escenario para culparla de un crimen que nunca cometió.

Así lo demuestran las evidencias, las cuales se anexan a es- te punto de acuerdo.

No es casual que un miembro del PRD, el joven Pável González, estudiante de Filosofía y Letras de UNAM, miembro del Frente Zapatista de Liberación Nacional, e hi- jo de un destacado militante del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que fuera asesinado, hace un año, en las in- mediaciones del cerro del Ajusco, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal siga negando el homicidio, alegando suicidio de la víctima.

Tal situación y ante la solicitud del padre de Pavel presen- tamos ante esta soberanía un punto de acuerdo para que el caso fuera atraído por la Procuraduría General de la Repú- blica, en virtud de la nula respuesta que ha tenido esta fa- milia en un hecho tan lamentable y terrible.

Así es como en el Distrito Federal se aplica la justicia. És- ta sí, de manera selectiva.

Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, y por- que la ley no puede ser ejercida al capricho de quienes son los responsables de aplicarla, ni aplicarse de manera unila- teral y facciosa, es que vengo, ante esta honorable asam- blea, como diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a solicitar la si- guiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al Gobierno del Distrito Federal, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ordenen, vigilen y auditen, la legalidad y transparencia

del proceso judicial, que tiene instaurado la señora. Alejandra Barrios Richard, en el Juzgado Cuadragési- mo Octavo del Distrito Federal. Y en su caso, se decre- te su inmediata libertad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005.— Dip. Mar - tha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

114.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a publicar un acuerdo para que las frases de advertencia o precautorias de las caras traseras de las cajetillas de cigarros incluyan imágenes alusivas a los efectos negativos del consumo del tabaco, así como para incrementar el número de leyendas escritas, a cargo del diputado Miguel Ángel Toscano Ve - lasco, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y en nombre del grupo parlamenta- rio del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dis- puesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me- xicanos, somete a consideración de esta soberanía la si- guiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que publique un acuerdo para que las leyendas de advertencia o precautoria de las caras tra- seras de las cajetillas de cigarros incluyan imágenes alusi- vas a los efectos negativos del consumo de tabaco, confor- me a la siguiente

Exposición de Motivos

El tabaquismo se ha convertido en un grave problema de salud pública a nivel mundial, con graves consecuencias de diversos índoles por tratarse de una enfermedad adictiva, crónica, progresiva y mortal.

Dado el número de muertes causadas por múltiples enfer- medades respiratorias, cardiovasculares y de cáncer y que

son atribuibles con el consumo de tabaco; se dice que el ta- baco es la segunda principal causa de muerte en el mundo, así como la principal causa de muerte prevenible. Cobra la vida de 5 millones de personas al año, y de seguir la ten- dencia actual, se espera que para el 2020 el tabaquismo cause la muerte prematura de 10 millones de personas anualmente.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco es el único producto legal que causa la muerte de la mitad de sus consumidores habituales, por lo que de los 1,300 millones de fumadores que hay en el mundo, 650 mi- llones morirán de manera prematura.

El tabaquismo afecta también a aquellas personas expues- tas de manera involuntaria al humo del tabaco, puesto que se ha demostrado que está compuesto por más de 4 mil sus- tancias tóxicas, siendo muchas cancerígenas y mutagéni- cas, provocando el mismo tipo de enfermedades que a los fumadores.

En México, 26% de la población entre 12 y 65 años de edad fuma, y el 36% de los no fumadores están expuestos al humo del tabaco; por lo que más de la mitad de la po - blación se encuentra en riesgo por el tabaco.

En nuestro país mueren anualmente 53 mil personas a cau- sa del tabaco, lo que equivale a 147 muertes diarias; sien- do las enfermedades principales la enfermedad isquémica del corazón, cerebro vascular, enfisema muscular, bronqui- tis crónica, cáncer de pulmón, de bronquitis y de traquea.

En México –continuando con la misma tendencia que en los demás países subdesarrollados– el tabaquismo se está convirtiendo en una enfermedad pediátrica al ir disminu- yendo la edad de inicio en este vicio. Mientras la gente que nació en la década de los años treinta comenzaba a fumar a partir de los 22 años; la gente nacida en los años ochenta y en adelante empieza a fumar en promedio desde los 13 años de edad.1

Aunado a esto, existe una tendencia general en todo el mundo en el incremento de los fumadores del sexo feme- nino. En México, mientras que en 1988 habían 4 fumado- res hombres por una mujer, en el 2002 esta relación bajó a 2 hombres por una mujer;2 incrementándose así la propor- ción de abortos, partos prematuros, bajo peso en los recién nacidos, fallecimientos de bebé por muerte súbita e incre- mento de las enfermedades respiratorias en niños expues- tos al humo del tabaco.

Ante la preocupación de los diversos países del mundo por el crecimiento excesivo de la epidemia del tabaquismo, así como de sus graves consecuencias de salubridad, sociales, económicas y ambientales, cuyos costos son compartidos por las familias, por los gobiernos y la población en gene- ral; los países miembros de la OMS firmaron el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en mayo del 2003, convirtiéndose en el primer tratado internacional pa- ra combatir el tabaquismo.

El 27 de febrero del año en curso, después de haber sido ra- tificado por 40 países, entró en vigor el CMCT, el cual in- cluye una serie de medidas para luchar eficazmente contra el tabaquismo. México, al pertenecer a la OMS y ser parte contratante del Convenio, se encuentra ya jurídicamente vinculado a los demás países en cuanto a las disposiciones del tratado se refiere.

Entre otras cosas, el CMCT define las reglas de etiquetaje para los paquetes de cigarrillos, entre ellas las advertencias a los consumidores de los peligros causados por fumar, co- mo una medida más para desalentar el consumo de tabaco.

De esta manera el Convenio establece que en todo empa- quetado y etiquetado externos de los productos de tabaco, figurarán advertencias que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco; siendo rotativos, grandes y legi- bles; debiendo ocupar el 50% o más de las superficies prin- cipales; y pudiendo consistir en o incluir imágenes o pic- togramas.3

En la actualidad, México en cuanto a etiquetaje –al menos de cajetillas de cigarros– se refiere, ha logrado grandes avances, incluso superando a lo establecido por el Conve- nio Marco en ciertos lineamientos, por medio de acuerdos firmados por la Secretaría de Salud así como por la Secre- taría de Salud con las principales empresas tabacaleras en México.

La Secretaría de Salud (Ssa) es la instancia gubernamental cuyo trabajo es hacer valer la garantía del derecho a la sa- lud de los mexicanos establecida en el artículo 4° Consti- tucional; y la encargada de llevar a cabo los programas pa- ra la prevención, control y tratamiento de la adicción al tabaco, como se establece en la Ley General de Salud.

La misma Ley en comento, en su artículo 276, faculta a la Ssa para publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) acuerdos para establecer otras leyendas precauto- rias a las incluidas en ese mismo artículo, así como las

disposiciones para su aplicación y utilización. De tal ma- nera, la Ssa por medio de la Comisión Federal para la Pro- tección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de acuerdo a las atribuciones conferidas a este organismo por la Ley General de Salud; publicó el 7 de diciembre del 2004 el Acuerdo mediante el cual se emiten los lineamientos por los que se establecen leyendas precautorias que deberán figurar en las cajetillas, empaques y envases en que se ex- pendan o suministren cigarros.

En el acuerdo en cuestión, así como en el convenio firma- do en mayo del 2004 entre el gobierno federal (a través de la Ssa) y las 2 principales empresas tabacaleras en México (BAT y PMM), se establece que las leyendas de adverten- cia o precautorias de la cara posterior de las cajetillas, au- mentaría a 40% a partir del 24 de junio del 2004 y a 50% a partir del 24 de junio del 2005.

Sin embargo, estos acuerdos sólo se refieren a las leyendas escritas, por lo que se excluyen imágenes o ilustraciones, por lo que México se encuentra rezagado en comparación a otros países que; como Brasil y Canadá, ya cuentan con imágenes alusivas a los efectos del tabaquismo, o como los países miembros de la Unión Europea, que ya cuentan con la legislación para añadir las tales imágenes.

En el caso de Brasil, el Ministerio de Salud está llevando a cabo una intensa campaña antitabáquica para disuadir a sus 30 millones de fumadores (de una población de 170 millo- nes) que se abstengan de hacerlo. De esta manera, a partir de mediados del 2004 y por medio del Instituto Nacional de Cáncer, Brasil está advirtiendo las consecuencias en la salud causadas por fumar al aparecer en la cara posterior de las cajetillas de cigarros fotos impresionantes de personas u órganos afectadas por el tabaquismo: una mujer o un hombre hospitalizados y con mascarilla de oxígeno, un be- bé con bajo peso, un feto a causa de un aborto, una perso- na con las piernas amputadas, una pierna con necrosis, una boca y pulmones con tumores cancerígenos, entre otros.

Por otro lado, la Comisión Europea en septiembre del 2003, dispuso que los países miembros a partir de octubre del 2004 podrían incluir imágenes en las cajetillas de taba- co que mostrarán enfermos terminales de cáncer y órganos con necrosis. Al respecto, el comisario de Salud Pública, David Byrne, aseveró que “los estudios realizados y la ex- periencia de los países que utilizan advertencias relativas a la salud acompañadas de fotografías han mostrado que son una de las formas más eficaces. Una imagen impactante es más elocuente que un largo discurso”.

Así también, el Comisario expresó que muchas de las per- sonas que fuman o que están pensando hacerlo tienen ape- nas conocimientos vagos de los riesgos que implica el fu- mar, muchos de ellos saben que “fumar es malo para la salud” pero nada más. México no es una excepción a esta situación; así, tenemos que el 55% de los adolescentes en el Distrito Federal han fumado alguna vez, de los cuales menos de la mitad cree que les hará daño y la mayoría

piensa que puede dejarlo cuando quiera.4

Estos datos nos pueden dar una idea de la gran falta de des- información que hay entre los mexicanos, sobre los daños reales que puede causar el tabaquismo. El hecho que la gente crea que el tabaco no implica riesgos potenciales pa- ra su salud y que no lo consideren una adicción, es asunto que debiera preocuparnos a todos y que debiera hacernos trabajar en todo tipo de medidas posibles y pertinentes pa- ra luchar contra el tabaquismo.

Las leyendas precautorias o de advertencia sobre los efec- tos nocivos que puede causar el tabaquismo, son una bue- na manera para que la gente adquiera información sobre el tema y se abstenga de fumar. No obstante, y de acuerdo al principio que dice: una imagen vale más que mil palabras y tal como lo establece el Convenio Marco; la inclusión de fotografías o imágenes en las cajetillas de tabaco es una medida eficaz para reducir su consumo y prevenir que los niños y jóvenes que estén pensando en iniciarse en el vicio del tabaquismo, desistan de hacerlo.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me per- mito someter a la consideración de esta soberanía, el si- guiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Sa- lud para que por medio de la Cofepris, publique un Acuer- do en el Diario Oficial de la Federación, para que las le- yendas de advertencia o precautoria de las caras traseras de las cajetillas de cigarros incluyan imágenes a color alusivas a los efectos nocivos del consumo de tabaco.

Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Salud que incre- mente el número de leyendas de advertencia o precautorias escritas que expongan otros efectos nocivos causados por el consumo de tabaco.

Tercero.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que ha- go lo conducente para que las leyendas de advertencia o

precautorias de la cara posterior de las cajetillas de cigarros abarquen el 100% de dicha cara; integrándose por fotogra- fías o imágenes que muestren los daños causados por el consumo de tabaco, así como por leyendas escritas que ha- gan alusión a la fotografía o imagen que aparezca en la ca- jetilla.

Notas:

1 Encuesta Nacional de Adicciones, 2002.

2 Ibidem.

3 CMCT: Parte III, Medidas relacionadas para reducir la deman- da de tabaco; artículo 11, empaquetado y etiquetado de los pro- ductos de tabaco.

4 Consumo de drogas, alcohol y tabaco en estudiantes del DF. 1997. IMP/SEP.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de 2005.— Dip. Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud.

115.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades con objeto de que los tra- bajadores de Mexicana de Cananea, SA de CV, reciban el pago de 181 millones de dólares que les adeudan dicha empresa y el patrón sustituto, a cargo del diputado Fran- cisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 53 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene- ral de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integran- te del grupo parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades con objeto de que los trabajadores de la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV (y Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto), reci- ban el pago de 181 millones de dólares que les adeudan es- ta empresa y el patrón sustituto, entre otras peticiones.

Consideraciones

1) La lucha de los mineros de Cananea, Sonora, acaeci- da en el año de 1906, se levanta como un hito histórico en la consecución de condiciones laborales justas y dig- nas. Sin embargo, en la actualidad se están reeditando los mismos hechos ignominiosos de sobreexplotación que dieron origen a la batalla heroica de principios del siglo pasado.

2) Así, un total aproximado de 3 mil 500 trabajadores miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana de la Sección 65 prestaron servicios a la en- tonces denominada Compañía Minera de Cananea, SA de CV, durante más de 20 años. En el transcurso de ese tiempo, ante los problemas económicos de esta em- presa se redimensionó en una empresa estatal mayorita- ria; es decir, en paraestatal (obviamente, de carácter fe- deral).

3) Posteriormente, habiendo caído la empresa nueva- mente en supuestos problemas económicos que la lleva- ron hasta una inducida quiebra técnica, por medio de li- citación pública ordenada por el juez primero de lo Concursal con sede en el Distrito Federal, se adjudicó la Compañía Minera de Cananea, SA de CV, a Mexica- na de Cananea, SA de CV, y se dio la sustitución pa- tronal a partir del 24 de agosto de 1990.

4) Dentro de la puja del procedimiento de licitación ordenado por el referido juez de lo Concursal, la adju- dicataria Mexicana de Cananea, SA de CV, ofreció y se comprometió a pagar “el 5% del capital accionario a favor de los trabajadores de la fallida (Compañía Mine- ra de Cananea, SA de CV), representativa del capital so- cial del nuevo patrón y con la aprobación en el ámbito de las facultades y atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (enton- ces LIV Legislatura), correspondiente a la Legislatura

federal”, lo cual asciende en la actualidad a la cantidad de 181 millones de dólares (monto que incluye el adeu- do inicial, los intereses legales, más otros accesorios co- mo el daño patrimonial a los trabajadores).

5) Sin embargo, han transcurrido 15 años y la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, se ha negado a pa- gar los referidos 181 millones de dólares a que se había comprometido, a pesar de haber ejercido los trabajado- res acciones laborales, civiles y mercantiles, entre otras. Incluso, se emplazó a huelga por violación del contrato colectivo y, en un acuerdo de fecha 23 de octubre de 2004, la empresa manifestó su interés de realizar el pago referido en enero de 2005. Sin embargo, existe sobrado temor de los trabajadores de que nuevamente se violen sus derechos y la empresa vuelva a incumplir su compromiso de pago.

Por ello, de concretarse este temor, sería procedente le- galmente que se solicitara la nulidad de la adjudicación del derecho de la concesión en comento, con objeto de transformar este centro de trabajo en una cooperativa de producción y sin menoscabo de que se ejerzan las ac- ciones procedentes, incluidas las penales contra los so- cios de la empresa y funcionarios públicos responsables. Esta nulidad estaría basada principalmente en que, den- tro del proceso realizado por el juez de lo Concursal, se realizó una oferta, que era en ese momento la mejor pos- tura y ello fue el motivo principal por el que se le adju- dicó el derecho de otorgarle la concesión de explotación de la mina; y resultó que nunca se cumplió lo ofrecido por el adjudicante; es decir, nunca se ha entregado “el 5% del capital accionario a favor de los trabajadores”, motivo por el cual la empresa incumplió lo ofrecido, dando lugar a una nulidad absoluta, con independencia de las simulaciones jurídicas que ha venido ejerciendo la empresa de comento para obtener un lucro indebido.

6) Dentro de la sentencia dictada en el juicio concursal de cita, la adjudicataria Mexicana de Cananea, SA de CV, quedó obligada a ejecutar programas de coopera- ción con la ciudad de Cananea y otras aledañas, así co- mo de mejoramiento ecológico de la mina y del medio ambiente en general, entre otros. Todo ello igualmente se ha incumplido. Así, de los 72 pozos de agua que exis- ten en la ciudad de Cananea, la adjudicataria utiliza 63, además de que ha provocado una verdadera catástrofe ecológica al contaminar con arsénico, plomo, zinc, co- bre, fósforo, hasta sumar 12 metales pesados, el agua,

aire y tierra, provocando que los habitantes de Cananea padezcan alta tasa de cáncer, especialmente los niños y las mujeres. Baste señalar que esta ciudad tiene la más alta tasa de cáncer de mama a nivel nacional. También se ha presentado el nacimiento de niños anencefálicos (durante el año de 1999 se reportaron 40 niños en esa si- tuación).

7) Asimismo, señalamos que los trabajadores tienen in- terpuestas contra Mexicana de Cananea, SA de CV, más de 2 mil demandas laborales ante la Junta Especial nú- mero 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en las que reclaman su reinstalación, indemnizaciones por riesgos de trabajo y nivelaciones de salarios, entre otras acciones legales, siendo que tales procesos se han pro- longado durante más de 15 años sin que se llegue a una solución justa, lo que violenta la garantía constitucio- nal que establece el derecho a una justicia pronta y ex- pedita.

8) Que, conforme a diversas fuentes de información, en marzo pasado, Grupo México vendió 99.15% del capi- tal accionario de Mexicana de Cananea, SA de CV, a la trasnacional Southern Peru Copper Corp.

9) Complementariamente, señalamos que la Legislatura del estado de Sonora, en marzo del presente año, se so- lidarizó con la lucha de los trabajadores tanto para efec- tos del pago del porcentaje accionario que en justicia les corresponden como para que se tomen las medidas ne- cesarias en materia ecológica y de salud en el municipio de Cananea. En segundo lugar, destacamos que a la fe- cha están luchando unidos por motivos similares las secciones 65 de Cananea, incluidos los médicos y de- más personal del hospital El Ronquillo, y las secciones 207 y 290, todas del sindicato ya mencionado en el pun- to 2), comprendiéndose en total más de 10 mil trabaja- dores.

Con base en todo lo expuesto, propongo a la Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolu- ción, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Carlos Abascal Carranza, y al Presiden- te de la Junta de Conciliación y Arbitraje, licenciado Mi- guel Ángel Gutiérrez Cantú, con objeto de que, con base en

el acuerdo donde la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV (y la empresa Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto), se comprometió a realizar el pago de los 181 millones de dólares a los trabajadores que en el momento de la adjudicación estaban en activo, se proceda a dar inmediata ejecución a tal convenio, que tiene el ca- rácter de laudo debidamente ejecutoriado con fecha 23 de octubre de 2004.

Segundo. Asimismo, se exhorte a los mismos funcionarios señalados en el punto anterior para que se resuelvan en una misma cuerda y en una misma sentencia congruente los más de 2 mil juicios laborales que han sido interpuestos por los trabajadores contra la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV (y Southern Peru Copper Corp., empresa que ac- túa como patrón sustituto), ante la Junta Especial número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con la única finalidad de evitar el pago, por lo que deberán dictarse lau- dos constitucionales y en apego a los principios de justicia social que dan sustento al derecho laboral en nuestro país.

Tercero. Igualmente, se exhorte a los mismos funcionarios con objeto de que se ejecute la sentencia dictada por el juez primero de lo Concursal sito en el Distrito Federal, en el expediente 48/89, en lo relativo al cumplimiento de los programas y proyectos sociales y ecológicos también a car- go de Mexicana de Cananea, SA de CV (y de la empresa Southern Peru Copper Corp., que actúa como patrón susti- tuto), y en favor de los trabajadores y sus familias que ra- dican en las ciudades de Cananea y circunvecinas.

Cuarto. Se exhorte al secretario de Medio Ambiente y Re- cursos Naturales, licenciado Alberto Cárdenas Jiménez, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, con el fin de que se rescaten Cananea y ciudades aledañas de la catástrofe ecológica de que son víctimas a consecuencia del incum- plimiento y de la ilegal e irresponsable conducta de Mexi- cana de Cananea, SA de CV (y de la empresa Southern Pe- ru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto). Imponiéndose las sanciones y ejerciéndose las acciones pe- nales que procedan.

Quinto. Que pediré, en mi carácter de representante popu- lar, llegado el momento, al secretario de Economía, licen- ciado Fernando Canales Clariond, que en caso de que Me- xicana de Cananea, SA de CV (y Southern Peru Copper Corp., la empresa que actúa como patrón sustituto), no dé puntual cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio concursal 48/89, se nulifique la concesión otorgada a Me-

xicana de Cananea, SA de CV (y la empresa Southern Pe- ru Copper Corp., que actúa como patrón sustituto), y se transforme en cooperativa de producción en favor de los trabajadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005.— Dip. Fran - cisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

116.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar estudios de impacto am- biental en la zona que abarca el poblado de Santa Teresa, 1ª, 2ª y 3ª Secciones, y Ranchería Mundo Nuevo Arriba, en el municipio de Juárez, Chiapas; y a la Profepa, a to- mar acciones inmediatas en las irregularidades cometi- das por Pemex, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, María Elena Orantes López, diputada federal de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artí- culos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con pun- to de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha buscado evadir la aplica- ción de la legislación ambiental. La paraestatal no sólo ha incumplido de manera recurrente con medidas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para sus instalaciones, sino además ha inter- puesto numerosos procedimientos en contra de la actua- ción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ha recurrido a amparos para no ser sancionada.

La empresa es responsable de mil 500 emergencias am- bientales aproximadamente con sustancias peligrosas que

se presentaron en el país en los últimos años, y que dejaron 55 mil 600 personas afectadas, de las cuales cerca de 300 murieron. El sureste del país es la zona que ocupa el primer lugar en cuanto a afectaciones de este tipo, recalcando que estos accidentes se presentan repetidamente en las mismas regiones, sin que se apliquen medidas definitivas.

A fin de evadir el cumplimento de sus obligaciones en cuanto a su infraestructura siguiendo el parámetro de lo es- tipulado por la ley que rige la materia, Pemex interpuso an- te el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa unos 500 procedimientos contra la Profepa, en los cuales impugnó los mecanismos aplicados en su contra derivados de pre- suntas violaciones a las disposiciones ambientales donde la paraestatal obtuvo amparos en los tribunales colegiados en contra de la aplicación de sanciones impuestas por el orga- nismo ambiental, los cuales fueron otorgados porque se consideró inconstitucional el precepto 171 de la Ley Gene- ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el cual considera las sanciones aplicables por dañar el medio ambiente y violar regulaciones en la mate- ria, el cual les expongo a continuación:

Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción;

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuan- do:

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las me- didas correctivas o de urgente aplicación ordena- das;

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente; o

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas me- didas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad.

III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis ho- ras.

IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, pro - ductos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley; y

V. La suspensión o revocación de las concesiones, li- cencias, permisos o autorizaciones correspondientes.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren co- metido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, con- forme a la fracción I de este artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente im- puesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, conta- dos a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

La empresa incumple invariablemente en muchas disposi- ciones de la ley casos donde el saldo de los daños econó- micos y ambientales es aún incuantificable.

Otro aspecto que no puedo dejar fuera es la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien envió una recomendación a los directivos de esta empresa para que atendiera las constantes quejas de la población por presuntas violaciones a sus garantías individuales al negar- se la paraestatal a indemnizarlos por los daños causados en sus bienes y sobre todo en su salud.

Chiapas no es la excepción, son muchos los casos en los que la población de mi estado particularmente la zona nor- te es afectada por las constantes fallas y descuidos que tie- ne Pemex en sus instalaciones, es por eso que hoy como en repetidas ocasiones nos encontramos con protestas justas de los afectados, pidiendo sólo unos minutos de audiencia para tratar de erradicar los constantes atropellamientos. Son muchas las irregularidades, pero sólo una prueba de ello son los poblados de Santa Teresa, 1ª, 2ª y 3ª secciones,

y la Ranchería Mundo Nuevo Arriba, ambos en el munici- pio de Juárez, donde han llegado a los niveles más altos de inseguridad y peligro, donde mucha gente ha perdido la vi- da y a muchos mas se les mina la salud minuto a minuto, donde en algunos casos aun sin haber nacido ya contraen repercusiones en su salud, es alarmante el numero de per- sonas que se les ha detectado cáncer en la sangre contraído por las malas condiciones del medio que les rodea, donde permanentemente se desprende un olor fétido de la batería Artesa planta de separación de gas CO2, como consecuen-

cia hay severos daños en el sistema respiratorio de todos

los habitantes, grandes perdidas en la economía regional debido a que la agricultura y ganadería están igualmente expuestas y son susceptibles a estos factores contaminan- tes, como lo son los gases, la contaminación del agua y so- bretodo de los constantes derrames.

Las cifras no mienten y en este aspecto reflejan que 70 por ciento de los siniestros de Pemex ocasiona daños al suelo, 30 por ciento al agua y 10 por ciento al aire, reporta datos aportados por la Profepa. El 40 por ciento de los hechos se debe a fallas de material, seguidas de tomas clandestinas, fallas de equipos y errores humanos.

Lo que nos hace pensar en la necesidad de un cambio en las políticas seguidas por Pemex que se basan en la indemni- zación, eludiendo cualquier compromiso de restauración ecológica o de transformación de sus prácticas contami- nantes. Es decir, en el mejor de los casos se indemniza, mientras los daños al ambiente aumentan.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar a la Semarnat a realizar estudios de im- pacto ambiental en la zona que abarca el poblado de Santa Teresa 1ª, 2ª y 3ª secciones y a la Ranchería Mundo Nuevo Arriba en el municipio Juárez en el estado de Chiapas.

Segundo. Exhortamos al ayuntamiento municipal de Juá- rez, con el apoyo económico y técnico de Pemex, Semar- nat y Profepa, para que se adhiera al programa nacional de auditorias ambientales municipales con el propósito de contar con un plan de acción en la materia.

Tercero. Exhortar a la Profepa a dictaminar medidas de ur- gente aplicación a Pemex para subsanar los daños, en los

casos que su naturaleza así lo permita, adoptando acciones inmediatas a las irregularidades cometidas por Pemex.

Cuarto. Se turne el presente punto de acuerdo a las comi- siones de salud, Participación Ciudadana y a la Comisión Especial de daño ecológico y social generado por Pemex.

Palacio Legislativo, a 28 de abril de 2005.— Dip. María Elena Oran - tes López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

117.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca a un periodo extraordinario en el segundo rece- so del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, Emilio Zebadúa González, integrante del gru- po parlamentario del Partido de la Revolución Democráti- ca de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con - greso General, somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

En virtud de la proximidad de las elecciones federales de 2006 y ante las reformas pendientes del marco electoral mexicano, es imprescindible que acordemos entre todas las fuerzas políticas concurrir a un periodo extraordinario de sesiones para abordar, analizar y resolver este tema tan im- portante. La incipiente democracia mexicana se tiene que sellar en contra de vicios e iniquidades que aún están pre- sentes en nuestra práctica política.

La agenda mínima para la reforma electoral pendiente la definiríamos, obviamente, entre todas las fuerzas políticas aquí representadas. Sin embargo, habría que velar por la in- clusión de temas fundamentales, como

Regulación de precampañas, instrumentos de fiscalización, criterios para el financiamiento público y privado, sancio- nes a partidos políticos, acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación a través del IFE y reducción de los periodos electorales.

Estamos aún a tiempo de colocarnos como partidos políti- cos, como grupos parlamentarios, como actores políticos fundamentales a la altura de nuestro momento histórico y poner la política por encima de la coyuntura y entender que en el contexto permanente de la pluralidad política de nues- tro país siempre habrá conflictos e intereses encontrados que son materia genuina de la lucha entre partidos, pero la política es justamente el instrumento para dirimir las dife- rencias y lograr acuerdos nacionales que trasciendan nues- tro interés particular y la inmediatez de cualquier senti- miento de agravio que pudiera haber entre nosotros o entre los partidos a que representamos. En todo caso, la razón de ser del Parlamento es la convivencia simultánea entre la lu- cha y el acuerdo, respetando posturas y sin claudicar a nuestros principios fundamentales.

Busquemos entre todos los acuerdos necesarios que forta- lezcan nuestro marco jurídico electoral del proceso federal electoral en puerta.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de es- ta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Los grupos parlamentarios representados en la H. Cámara de Diputados harán las gestiones conducentes pa- ra convocar a un periodo extraordinario del segundo perio- do ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio para el miércoles 25 y jueves 26 de mayo de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2005.— Dip. Emi- lio Zebadúa González (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

118.- «Proposición con punto de acuerdo, a fin de reque- rir la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que explique las causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98 y 99 del Re- glamento de la Ley de Navegación, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Sergio Posadas Lara, pertene- ciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artí- culos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamen- to para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de este Poder de la Unión, como de urgente resolución, la siguien- te proposición con punto de acuerdo, a fin de que se re- quiera la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que explique personalmente los motivos y causas que tomó en consideración para reformar los artícu- los 98 párrafo segundo y 99 párrafo primero del Regla- mento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los pilotos de puerto en la supervisión y evaluación de aspirantes a pilotos de puerto.

I. Antecedentes

1.- El día 28 de enero próximo pasado, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decretó que reforma los artículos 98 párrafo segundo y 99 párrafo primero del Re- glamento de la Ley de Navegación, por la que se excluye a los pilotos de puerto de participar en la supervisión y eva- luación de aspirantes a pilotos de puerto.

2. Por lo anterior, en sesión celebrada el 10 de febrero del año en curso, presenté ante el Pleno de esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo como de urgente resolu- ción a fin de que se requiriera al Secretario de Comunica- ciones y Transportes explicara los motivos y causas que to- mó en consideración para reformar los preceptos legales de referencia.

3. Aprobada que fue la proposición en comento, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1535 de fecha 10 de febre- ro próximo pasado, la Presidencia de la Mesa Directiva re- mitió el requerimiento al Secretario de Comunicaciones y Transportes a fin de que de cumplimiento al punto de acuerdo.

4. Mediante oficio número SEL/300/965/05 del 2 de mar- zo último, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Se- cretaría de Gobernación envío a este Poder de la Unión el oficio número 500.-071 suscrito por el C. Coordinador Ge- neral de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Co- municaciones y Transportes, a través del cual envía la ar- gumentación con que pretende satisfacer el requerimiento hecho al titular de esa Dependencia del Ejecutivo federal.

5.- En términos de lo dispuesto por el artículo 5º fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunica- ciones y Transportes, es facultad indelegable del titular del ramo informar siempre que sea requerido por cual- quiera de las Cámara del Congreso de la Unión cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades.

II. Consideraciones

I. La argumentación expresada por el C. Coordinador Ge- neral de Puertos y Marina Mercante en el documento a que se refiere el punto 4 del apartado de antecedentes contiene una serie de inconsistencias, contradicciones e imprecisio- nes, dentro de las que se destacan las siguientes:

a) Se asevera que se elimina la intervención de los pilo- tos de puerto única y exclusivamente por cuanto hace a la firma de los comprobantes de las prácticas realizadas por los aspirantes a pilotos de puerto sin que ello afecte de modo alguno su participación en las prácticas res- pectivas, lo cual no pone en peligro la seguridad en las operaciones realizadas en los puertos nacionales.

En la página electrónica de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante aparecen publicadas dos comentarios respecto de la reforma a los artículos 98 y 99 del Regla- mento de la Ley de Navegación, al siguiente tenor:

Restan por decreto atribuciones a pilotos de puerto.

La presidencia de la República publicó en el DOF un decreto (se presenta la copia respectiva) en el cual se reforma el Reglamento de la Ley de Navegación en lo concerniente a los pilotos de puerto, por lo que desde ahora, carecerán de atribuciones en la selección de los aspirantes a dichos puestos.

Monopolio de pilotos

La nueva reglamentación para seleccionar a los pilotos de puerto en Manzanillo, que aplica a todos los destinos marítimos del país, considera la obligación de que sea la Capitanía de Puerto la que elija a los que se encar- garán de manejar los buques en el interior portuario.

Lo anterior y lo afirmado por ellos para justificar la refor- ma, que presentaron a la Comisión Federal de Mejora Re- gulatoria ,(documento consultable en la pagina electrónica de la COFEMER) pone de manifiesto que contrario a lo ar- gumentado por el Coordinador General de Puertos y Mari- na Mercante en su respuesta a esta Soberanía, la finalidad de la reforma en comento es eliminar la participación de los pilotos de puerto activos en las prácticas que realizan los aspirantes a desempeñarse como pilotos de puerto, no sólo eliminando su firma de los comprobantes de dichas prácticas.

Los pilotos de puerto son profesionales del mar con alto grado de preparación, habilidad, pericia y una probada ex- periencia en la conducción de embarcaciones, cuya función es asesorar al Capitán de un buque en la forma en que de- be de realizar las maniobras correspondientes, ello obede- ce a que cada puerto presenta características diferentes ta- les como: profundidad, dimensiones del canal de navegación, vientos y corrientes dominantes, niveles de las mareas y ubicación y características de los señalamientos marítimos, y los únicos facultados por la propia autoridad para desempeñar los servicios de practicaje que señala el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Uni- dos Mexicanos, por ende son las personas idóneas para ca- pacitar y evaluar si un aspirante está o no apto para desem- peñar dicha función; los capitanes de las embarcaciones en que realizan sus prácticas -a quienes asesoran los pilotos de puerto en la conducción del buque a su entrada a puer- to- no tienen el conocimiento necesario sobre el puerto pa- ra avalar el desempeño del aspirante durante las mismas, puesto que el mismo requiere de la asesoría del especialis- ta facultado, luego entonces contrario a lo que afirma la au- toridad marítima si se pone en riesgo la seguridad del bu- que, personas e instalaciones portuarias.

b) El mismo argumento es aplicable por cuanto a la ex- clusión de la participación de los pilotos de puerto en el examen teórico y práctico que realizan los aspirantes to- da vez que con la reforma, corresponderá evaluarlos

únicamente al Capitán de Puerto y un Capitán de Altu- ra designado por la Secretaría del Ramo; el primero de ellos, no obstante se desempeña como Capitán de Puer- to, puede ser una persona que no ha navegado y su acti- vidad profesional es netamente de carácter administrati- vo; el segundo de los nombrados puede ostentar el grado de Capitán de Altura al haberlo obtenido en forma aca- démica sin haber navegado ni tenido el mando de una embarcación y por ende carece de la experiencia nece- saria.

II. Resulta una notoria inconsistencia lo expresado por el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante en el sentido de que en virtud de que el Piloto de Puerto no tie- ne el mando de la embarcación no es autoridad en materia de seguridad y por ende no se pone en riesgo la seguridad del buque y de las instalaciones portuarias; si bien es cier- to durante las maniobras de entrada, salida, fondeo, en- mienda, atraque o desatraque en los puertos el práctico no tiene el mando, también lo es que es el único facultado por la ley para garantizar la seguridad, pues la inadecuada rea- lización de esas maniobras ponen en riesgo no solo a la em- barcación, sino también a las instalaciones portuarias, por lo que si el aspirante no demuestra durante las prácticas profesionales y los exámenes teórico y práctico la capaci- dad, destreza, habilidad y pericia, la cual solamente podrá ser avalada por un Piloto de Puerto, si se pondrá en riesgo la seguridad marítimo portuaria.

III. Si bien es cierto el Ejecutivo Federal tiene la facultad de expedir las leyes reglamentarias a través de las cuales deberá lograr la estricta observancia de las leyes, también lo es que esa facultad reglamentaria la deberá ejercer bus- cando el interés público y el bien común y de ninguna ma- nera actuar por intereses personales, como se denota con lo expuesto en el inciso a) del punto 2 del escrito de argu- mentaciones, o con notoria ignorancia, como acontece en el presente caso que poniendo en riesgo la seguridad por- tuaria reforma sin ninguna razón o motivo justificable el Reglamento de la Ley de Navegación.

Basta la simple lectura de las argumentaciones expuestas por el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante para advertir que no existe una causa práctica para haberse reformado los artículos 98 y 99 del citado reglamento.

IV. El desconocimiento y la notoria ignorancia del titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante queda de manifiesto cuando asevera que la Resolución A-

960 emitida por la Organización Marítima Internacional derivada de los Convenios Marítimos Internacionales fir- mados por México y a de la que incongruentemente señala “... carece de fuerza vinculatoria y no considera sanción alguna por su falta de aplicación. Más aún, el numeral 5.2 de la resolución citada establece entre otras disposiciones, que la experiencia práctica que se adquiere en los buques, en virtud de los avances en materia de pilotaje, puede ser reemplazada por prácticas en simuladores, computadoras, clases o cualquier otro método de entrenamiento.”

No le reconoce fuerza vinculatoria por no imponer sancio- nes si no la cumple, pero si acepta la resolución cuando él interpreta erróneamente y a su conveniencia que en la regla 5.2, que sólo para efectos de demostrarle su error se trans- cribe íntegramente y le marcamos y subrayamos lo más importante que no leyó el Señor Coordinador:

5.2 Las normas para la formación inicial se proyectarán de forma que permita al alumno desarrollar las aptitudes y los conocimientos que a juicio de la autoridad compe- tente de practicaje, son necesarios para obtener el título o licencia de práctico. “La formación incluirá la adqui- sición de experiencia en condiciones reales bajo la es- trecha supervisión de prácticos experimentados. Esta experiencia, adquirida a bordo de los buques y en medio de practicaje autentico, podrá complementarse con ejercicios de simulación, tanto con modelos informa- ticos como con dotación real, clases u otros métodos de formación”.

Pensar en eliminar las prácticas de campo sería como cre- er –según la concepción del servidor público citado-, que los pilotos de aeronaves se formarán solo en simuladores dejando a un lado las horas de vuelo necesarias para la ob- tención de la licencia como piloto.

El señor coordinador de Puertos y Marina Mercante, en la segunda parte de sus explicaciones, abunda en incongruen- cias que no solo ponen de manifiesto la falta de fundamen- tos legales, técnicos y de seguridad de la reforma realizada al Reglamento de la Ley de Navegación, que viola una re- solución emanada de un convenio internacional, sino que demuestra que muchas de las acciones que en otros puntos de acuerdo planteados a esta soberanía para que explique el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado cometiendo arbitrariedades, violando sistemática- mente tanto la Ley de Navegación, la Ley de Puertos y sus respectivos reglamentos.

En virtud de que es facultad indelegable del Secretario de Comunicaciones y Transportes dar cumplimiento a la pro- posición con punto de acuerdo presentada por el suscrito el día 10 de febrero del año en curso, respetuosamente some- to a consideración del Pleno de este Poder de la Unión, co- mo de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se requiera la presencia ante esta soberanía del se- cretario de Comunicaciones y Transportes para que en cumplimiento del artículo 5º, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, explique personalmente los motivos y causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98 párrafo segun- do y 99 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Na- vegación, relativos a la participación de los pilotos de puer- to en la preparación y evaluación de aspirantes a pilotos de puerto, lo cual no sólo pone en riesgo la seguridad de las instalaciones portuarias y buques, sino que atentan contra la seguridad nacional, y aclare las incongruentes respuestas de los otros puntos que menciona el coordinador general de Puertos y Marina Mercante.

Dip. Sergio Posadas Lara (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

119.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a atender las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Fe- deración sobre el fideicomiso Transforma México, a car- go de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, gru- po parlamentario del PRD

Consideraciones

El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2003, que entregó la Auditoría Supe- rior de la Federación (ASF) a la Comisión de Vigilancia, contiene evidencias de uso indebido de recursos públicos a favor de la fundación Vamos México. Con este fundamen-

to, la Auditoría Superior determinó recomendar evaluar la desaparición del fideicomiso Transforma México por no contar con mecanismos de control interno ni de seguimien- to de los donativos que opera.

Se debe recordar que la Comisión Permanente del Congre- so de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que la Au- ditoría Superior de la Federación realizara una auditoria in- tegral de los ejercicios de 1999 a 2003 a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ante el posible desvío y uso discrecional de recursos de ese órgano de asistencia pública para financiar instituciones privadas vinculadas con la fundación Vamos México.

Lo anterior, luego de que compareciera ante legisladores la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdés Ruiz, y se detectara la existencia de supuestos apoyos a organismos privados con recursos públicos, a través del fideicomiso Transforma México. En la investigación senatorial se puso de manifiesto la nula planeación comercial de los sorteos que tiene al borde de la quiebra a la Lotería Nacional, así como las devoluciones de los billetes de cada uno de aqué- llos, que fluctúan en alrededor del 70 por ciento lo cual la imposibilita a tener utilidades.

Las operaciones ilegales pusieron al descubierto que los vocales del comité técnico del fideicomiso Transforma México, quienes toman decisiones para la asignación de re- cursos, son al mismo tiempo contratistas y beneficiarios del mismo, o bien, a pesar de estar prohibido, se beneficia a organizaciones políticas y religiosas y a la familia presi- dencial a través de este fideicomiso, otorgando recursos multimillonarios de manera directa a diversos organismos privados que, coincidentemente, reciben también recursos de Vamos México.

El resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2002 es contundente: 110 millones 950 mil pesos fueron donados a Transforma México, así como a tres agrupaciones más. De- bió haberse enterado a la Tesorería de la Federación (Teso- fe) y ésta destinarlos a la Secretaría de Salud, con objeto de aplicarlos en obras de asistencia pública. En el caso de los 110 millones de pesos se canalizaron recursos a la creación de un fideicomiso para donativos, cuando debieron ente- rarse a la Tesofe, para que la Secretaría de Salud los apli- cara a la asistencia pública, de conformidad con la norma- tiva aplicable.

Respecto de las deficiencias en el otorgamiento de apo- yos a dos instituciones, por 22 millones 339 mil pesos, se

observaron posibles promociones indebidas a una de ellas, efectuadas por el entonces director de Evaluación de Re- cursos para la Asistencia Pública de la Lotenal; del donati- vo otorgado a una asociación para el proyecto de equipar 123 aulas de medios, el cual se concluyó en marzo de 2003, existe un remanente de 5 millones 961 mil 500 pesos, mis- mo que no ha sido reintegrado al fideicomiso.

Además, faltó supervisar el cumplimiento de los proyectos y no se han efectuado auditorías para comprobar recursos. El resultado del trabajo realizado por la ASF concluye que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública “no dio cumplimiento al concepto de rendición de cuentas, al en- contrarse grandes deficiencias en el manejo de recursos de Transforma México”.

Por otra parte, en la revisión de la Cuenta Pública 2003 la Lotería Nacional, a través del fideicomiso Transforma Mé- xico, provocó un quebranto a sus finanzas por 71 millones 725 mil pesos, al propiciar triangulaciones a través de do- nativos a 53 instituciones privadas y públicas que no lo- graron acreditar el destino de esos recursos y que en algu- nos casos deberán realizar su devolución.

En opinión de la entidad de fiscalización superior de la Fe- deración, se considera que en términos generales la Lotería Nacional para la Asistencia Pública no cumplió con las dis- posiciones normativas aplicables a la administración, eje- cución, control y supervisión de las operaciones examina- das, ya que en los donativos otorgados a 38 instituciones y asociaciones se observó que 71 millones 725 mil pesos pre- sentaron irregularidades en su comprobación y no cum- plieron con la normativa aplicable.

Entre las anomalías detectadas en el caso de la Lotenal, la ASF encontró que los cuestionarios para solicitar la canali- zación de recursos no se elaboraron en tiempo y forma, y en algunos casos se presentaron fechas de recepción ante- riores a la fecha de autorización del comité técnico del fi- deicomiso; otros presentaron dos fechas de recepción, y la mayoría manifestaron días de recepción anteriores a la constitución del fideicomiso público de la Lotería Nacio- nal, Transforma México.

Del impacto económico citado arriba, los donativos otor- gados a 24 instituciones y asociaciones representan un que- branto por 30 millones 5 mil pesos, que fundamentalmente se refiere a ausencia de comprobación de conceptos, so- breprecios en facturas y donativos que no cumplieron con la normatividad aplicable. Finalmente, como resultado de

la revisión llevada a cabo, la Auditoría Superior de la Fe- deración recomendó el cumplimiento estricto de la norma- tividad para el otorgamiento de donativos y el estableci- miento de sistemas de control a efecto de que los recursos asignados al fideicomiso Transforma México se apliquen con eficiencia, eficacia y honradez. Esta recomendación ha sido ignorada; y es por ello que hoy se recomienda la des- aparición del fideicomiso en cuestión.

Resulta importante destacar que el proceso de fiscalización que llevó a cabo la ASF determina importantes áreas de oportunidad, sobre las cuales se debe reflexionar para aca- bar con la opacidad y avanzar con mayor celeridad en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Según la Auditoría Superior un área que ha sido seriamen- te afectada por la opacidad corresponde a la de fideicomi- sos, fondos, mandatos y contratos análogos que ejercen cuantiosos recursos públicos. Al cierre de 2003 existían mil 353 figuras de este tipo cuyos activos ascendían a po- co más de 662 mil millones de pesos. La Auditoría Supe- rior de la Federación, en los Informes de Resultados de las Revisiones a las Cuentas Públicas de los años 2000, 2001 y 2002, manifiesta la apremiante necesidad de transparen- tar su operación.

Aunado a lo anterior se destaca el acuerdo expedido por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, mediante el cual los recursos federales operados por estos instru- mentos quedan sujetos a control, comprobación y rendi- ción de cuentas. Además el Poder Legislativo aprobó re- cientemente una reforma a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, mediante la cual ya se incorporan estas figuras como entes sujetos de fiscalización. Queda pen- diente para su aplicación y vigencia que el Ejecutivo sus- criba el decreto correspondiente.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge- neral de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que proceda a iniciar los proce- dimientos correspondientes para deducir o fincar responsa- bilidades tanto de carácter administrativo como –en su ca- so– penales a quien o quienes resulten responsables del uso

y desvió indebidos de recursos públicos de la Lotería Na- cional.

Segundo. Que satisfechos dichos procedimientos atienda a la recomendación que, con fecha 31 de marzo del presen- te, emitió la Auditoría Superior de la Federación, esta Cá- mara de Diputados le exhorta al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que, por conducto de su secretario de Hacienda y Crédito Público y en cumplimiento de sus facultades, proceda a la desapari- ción del fideicomiso Transforma México y se lleven a ca- bo las acciones tendientes a ejecutar dicha recomendación en sus términos.

Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2005.— Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

120.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapesca a liberar los recursos aprobados para el ejercicio fiscal de 2005, conforme al gasto calen- darizado enviado a esta soberanía por la Comisión Inter- secretarial de Desarrollo Rural Sustentable, teniendo en consideración la fórmula de distribución equitativa e in- corporando la totalidad de componentes de acuacultura, maricultura y pesca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del PRI

Consideraciones

I. México es uno de los 20 principales productores a nivel mundial en el sector pesquero gracias a sus casi 10 mil ki - lómetros de litoral. La producción asciende a 1.5 millones de toneladas anuales, significando esta cifra el 1.5% de la captura mundial, 0.7% del PIB y el 1.3% de la población está dedicada a la actividad.

II. La LIX legislatura para 2004 logró un monto por 2,569 mdp y para el 2005 la cantidad aprobada fue de 3,088 mdp.

El incremento ha sido notable, sin embargo, lo que urge es la pronta distribución de esos recursos, puesto que, al con- frontar el documento de gastos y composición del Progra- ma Especial Concurrente por dependencia, programa y ca- lendario nos encontramos con que la Comisión Intersecretarial modifica las etiquetas de los programas y eso impide llevar un seguimiento del presupuesto aproba- do por la Cámara y lo que ejercerá el Ejecutivo.

III. En el anexo 17 la suma de los programas para pesca y acuacultura representan 3,088.4 mdp, y en el documento enviado por la Comisión Intersecretarial son 2,457.7 mdp.

¿Dónde están los 630 mdp restantes? Hay diferencias entre las cantidades aprobadas y publicadas debido a los recortes en los programas, como ejemplo, en Alianza, el de Recon- versión Productiva para Pesca perdió 279 mdp.

IV. La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para el Instituto Nacional de la Pesca de 188 mdp y el documento enviado por la Comisión Intersecretarial aparece con casi 8 mdp menos. Es necesario pues revisar los manejos que se tienen con las cantidades asignadas, los pescadores son los más afectados con estos procedimientos, ya que el detri- mento a sus proyectos o a sus apoyos trae su rezago y la di- ficultad para competir en los mercados.

V. En el anexo 17 se contempla que la Conapesca ejerza 1,

412.9 mdp pesos para el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura. El documento Estrategia Programática Secto- rial aunque no especifica que será dicho organismo el en- cargado de ejercerlos. A diferencia del anexo 17, el EPS separa del programa de pesca los recursos para Obras de Infraestructura Pesquera, siendo el monto para infraestruc- tura coincidente en los dos documentos mencionados.

VI. Se necesitan publicar las reglas de operación de pro- gramas tales como Pescadores de la Tercera Edad, Infraes- tructura Social en Comunidades Indígenas o el Programa de Restauración de Esteros y Lagunas.

VII. En cuanto a los recursos que ejercerá la Conapesca, la diferencia entre lo aprobado en el Anexo 17, contra lo ex- puesto en los documentos señalado en la Estrategia Pro- gramática sectorial es de 145 millones 166 mil 956 pesos menos para la Conapesca.

VIII. Los datos presentados por la CI frente al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados no coinciden en cuanto a las etiquetas de los programas ni a los montos asignados. Es necesario que se informe con precisión para

el caso del sector pesquero, ¿Cuánto será el presupuesto re- al a ejercer para el 2005 y las preguntas importantes aquí serían ¿cuáles son los programas? Y ¿cuándo aparecerán las reglas de operación?

IX. Al considerar que las Reglas de Operación para el Campo, publicadas en el DOF el 25 de julio de 2003 y con sus modificaciones el 5 de agosto de 2004, se tienen en cuenta los apoyos del Programa Acuacultura y Pesca de Alianza para los proyectos productivos de acuacultura y maricultura, proporcionando el equipamiento, capacita- ción, consultoría e investigación.

X. Los proyectos productivos de infraestructura para el desarrollo se centrarán en fortalecer la infraestructura co- mercial y la infraestructura básica de uso común, muelles y atracaderos integrales. Se llevará también a cabo el Pro- yecto Productivo del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México y la formulación de estudios, todo ello tiene la finalidad de hacer más eficiente la explotación de los recursos y que esto no traiga consigo un deterioro am- biental de alta dimensión.

XI. En el Plan de Acciones para la Reducción del Esfuerzo Pesquero se están instrumentando paquetes de recursos an- te la formulación de proyectos, sin embargo esto muchas veces se logra gracias al pago por concepto de consultorí- as, se pueden financiar los proyectos, aún con las consulto- rías pero se necesita agilidad en el trámite.

Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Gene- ral de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que esta propuesta podrá fortalecer los proyectos y la inversión que se hagan en el rubro pesquero en el estado de Oaxaca serán benéficos, ya que al poseer una extensión de litoral considerable y su clima bondadoso lo convierten en un es- tado potencialmente competitivo, así como los demás esta- dos de la República por lo que ante esta Soberanía y en mi calidad de Diputada Federal por el V Distrito del estado de Oaxaca, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Pesca a fin de que establezca la distribución de los recursos para el ejer- cicio fiscal del 2005 y se contemplen todos los componen- tes que contiene el programa Alianza, a fin de que se libe- ren los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2005, conforme al gasto calendarizado enviado a esta Cámara por

la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustenta- ble, teniendo en consideración la fórmula de distribución equitativa, incorporando la totalidad de componentes de acuacultura, maricultura y pesca de manera semejante al Ramo 33, a todas las entidades del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de abril de 2005.— Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pesca.

121.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a las autoridades judiciales revi- sar el expediente del Bufete de Especialidades Adminis- trativas contra el Instituto Mexicano de Contadores Pú- blicos, AC, y conducirse con legalidad e imparcialidad, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo par- lamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legis- latura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobier- no Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, es una federación de colegios de profesionales que agrupa 61 co- legios y a más de 20 mil contadores públicos en todo el pa- ís. Según señala en su página electrónica, el Instituto tiene como objetivo hacer cada día más grande, más digna y más prestigiada la profesión de contador público y propugnar porque los que la ejerzan rindan a la sociedad servicios de la más alta calidad, coadyuvando con la sociedad y el Go- bierno Federal, en las áreas de su competencia, para la con- secución de los más altos objetivos del país y la solución de sus problemas apremiantes.

Luis Guillermo de Alba Navarro, quien desarrolló un soft- ware de negocios, al que denominó SIA 2000, el cual cons- ta de varios módulos, como SIA 2000 ERP, SIA 2000 NOM y SIA 2000 CON, los que registró ante el Instituto Mexicano de Derechos de Autor, Secretaría de Educación Pública y Registro Público del Derecho de Autor a nombre del antes mencionado, levantó una querella contra dicho Instituto por violación de sus derechos de autor por delitos federales graves cometidos contra sus derechos.

En mayo de 2002, el Comité Ejecutivo Nacional del Insti- tuto Mexicano de Contadores Públicos decidió adquirir el licenciamiento de uso del software de negocios SIA 2000 ERP y SIA 2000 CON, que son los módulos de distribu- ción y contabilidad, mediante contrato con IBM de Méxi- co, así como contratar los servicios de consultoría para la implantación de los módulos del SIA 2000 y el desarrollo de módulos adicionales.

Luis Guillermo de Alba Navarro, como representante legal de la persona moral Bufete de Especialidades Administra- tivas, SA de CV, firmó el contrato de prestación de servi- cios profesionales con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, con relación al proyecto de implantación, con fundamento en la carta de fecha 13 de mayo de 2002, ambos documentos firmados por la directora ejecutiva, Vil- ma Cámara Zavala (contadora pública certificada). Dicho objetivo contractual era el servicio de análisis, diseño y programación para la personalización a las necesidades del Instituto bajo el antecedente del contrato de venta de licen- ciamiento de uso de software con IBM de México. El 22 de mayo de 2002 se iniciaron los trabajos con consultores del bufete; entre ellos, Eduardo Gatica y el propio Luis Gui- llermo de Alba Navarro, quienes conocen el lenguaje de programación, la base de datos relacional, diseño del siste- ma, de registros, de reportes y cuentas, con toda la docu- mentación en su poder para llevar a cabo mejoras, modifi- caciones, adiciones y cualquier otro cambio a dicho software. Los consultores trabajaron de finales de mayo a finales de noviembre en sala privada del Instituto, con me- didas de seguridad de zippeados y passwords del código fuente para mantener seguro el código fuente.

El alcance del proyecto terminó a finales de noviembre, donde se llegó a un nuevo acuerdo por pago de consultoría con el nuevo director ejecutivo, Federico Ríos León y Vé- lez, quien sustituyó a la contadora Vilma Cámara, para continuar con modificaciones adicionales que deseaba el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La consultoría se determina en pago por horas y se queda un solo consul-

tor para dar el servicio al Instituto, el señor Eduardo Ga- tica.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos pagó por esas modificaciones tres quincenas de consultoría y deci- dió cancelar el servicio. El 17 de febrero de 2003, el direc- tor ejecutivo del Instituto Mexicano de Contadores Públi- cos, mediante escrito decidió cancelar el servicio de consultoría para modificaciones y solicitó la adquisición de la programación fuente del SIA 2000. Estas solicitudes son confirmadas el día 19 de febrero de 2003 por el propio Pre- sidente del Comité Ejecutivo Nacional, el contador Jorge Reza Monroy.

La solicitud de la adquisición de la programación fuente por parte del Instituto se da en virtud de que el contrato de licencias de uso de software no IBM establece que el re- presentante legal de Bufete de Especialidades Administra- tivas y titular de la obra SIA 2000 otorga licencia única y exclusivamente para el uso del software en la versión ins- talada; esto es, no se licencia la programación fuente, ya que el Instituto decidió no aceptar las condiciones pro- puestas para el licenciamiento.

El 24 de febrero de 2003, la directora comercial del Bufe- te de Especialidades Administrativas, la C. Laura Solís Garay, hace entrega formal del disco compacto que con- tiene los ejecutables licenciados para uso al Instituto y el documento donde se especifica claramente el contenido del CD que autoriza los archivos ejecutables del SIA 2000 CON y SIA 2000 ERP con los nombres del archivo, ta- maño en bytes, fecha y hora de la versión licenciada.

No obstante lo anterior, al no llegar a ningún acuerdo de venta de programas fuente, el Instituto Mexicano de Con- tadores Públicos se hace ilícitamente de la programación fuente y contrata al consultor del Bufete de Especialidades Administrativas Eduardo Gatica y lo provee de todos los insumos necesarios para hacer modificaciones ilícitas al SIA 2000, en los módulos de ERP y contabilidad. El SIA 2000 ha sido violado y, con ello, los derechos autorales, ocasionando perjuicio y un lucro indebido, violando con ello la ley tanto en materia penal como de derechos de au- tor.

En consecuencia, Luis Guillermo de Alba Navarro presen- tó una querella por hechos posiblemente delictuosos come- tidos en agravio de su persona como titular de la obra y de su representada Bufete de Especialidades Administrati- vas, SA de CV, contra los miembros del Comité Ejecutivo

y principales directivos involucrados en el ilícito del Insti- tuto Mexicano de Contadores Públicos, AC.

Durante la averiguación previa, el Ministerio Público soli- citó orden de cateo y el juez sexto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal giró orden de ca- teo con la finalidad de descubrir los objetos de delito o los instrumentos del mismo, libros, papeles u otros objetos que pudieran servir para la comprobación del delito o de la res- ponsabilidad del inculpado.

El cateo efectuado el 9 de Junio de 2002, como establece su acta circunstanciada, determina la violación de las obras protegidas SIA 2000 ERP y SIA 2000 CON.

La Procuraduría General de la República, en la averigua- ción previa número 1327/DDF/2004, de fecha 14 de julio de 2004, consignó a los miembros involucrados del Comi- té Ejecutivo y a los directivos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quienes cometieron las siguientes conductas: delito instantáneo, actuando de manera dolosa y conjuntamente como partícipes, en concurso real, quienes violando la Ley Federal de Derechos de Autor obtuvieron la producción, reproducción, distribución y almacenamien- to de las obras protegidas SIA 2000 ERP y SIA 2000 CON, sin autorización del titular.

Se determina que se acredita la existencia del delito pre- visto en el Código Penal Federal en su artículo 424 Bis, fracciones I y II, las cuales a la letra establecen:

Artículo 424 Bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, al- macene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma do- losa, con fin de especulación comercial y sin la autori- zación que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos co- nexos.

Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fono- gramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo an- terior; o

II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computa- ción.

La Ley Federal del Derecho de Autor, en el artículo 30, es- tablece que el titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, transferir sus derechos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas y los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimonia- les y las licencias de uso deberán celebrarse invariable- mente por escrito; de lo contrario, serán nulos de pleno de- recho.

La misma ley en comento, en el numeral 102, dispone que los programas de computación se protegen y dicha protec- ción se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuen- te o de código objeto.

No obstante lo anterior, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal no giró las órdenes de aprehensión, negando con esa actuación lo que arrojó el operativo de cateo que comprobó la produc- ción, reproducción, distribución y almacenamiento de la obra protegida. Asimismo, desvirtuó el significado del tér- mino “especulación comercial” que, de acuerdo con el Diccionario jurídico mexicano del Instituto de Investiga- ciones Jurídicas, es la operación comercial con ánimo de lucro, sosteniendo sin fundamento que existió la voluntad expresa del titular en la cesión de sus derechos autorales, negando también la existencia de dolo que tratándose del delito en programas de computación es imposible cometer de manera culposa.

Cinco meses después de la resolución del juez primero de Distrito, José Reynoso Castillo, la magistrada del Cuarto Tribunal Unitario de Circuito Graciela Rocío Santés Ma- gaña también negó órdenes de aprehensión sin fundamen- to y motivación. Derivado de lo anterior, en diciembre de 2004 se presentó la queja administrativa 851/2004 ante el Consejo de la Judicatura Federal, con base en lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por no preservar la imparcialidad y el profesionalismo. Hasta la fecha este órgano encargado de sancionar a los integran- tes del Poder Judicial no ha emitido resolución.

Las irregularidades que se han dado en el proceso de im- partición de justicia, que lleva dos años, evidencian que la

resolución judicial no conviene a los intereses del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, organismo certifi- cador de la contaduría pública en nuestro país, reconocido nacional e internacionalmente, lo que ha hecho imposible la impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, prin- cipios bajo los cuales deben actuar las instituciones en el Estado de derecho.

La piratería de software de negocios en México, de acuer- do con las cifras proporcionadas por el INEGI en 2003, fue de 63%, por lo que es de relevante importancia dar seguri- dad jurídica a la industria de software contrarrestando el fe- nómeno de la piratería, a través de dos instituciones: el Mi- nisterio Público y el Poder Judicial, el primero que deberá perseguir los delitos y acreditar la probable responsabili- dad de los inculpados, y al segundo, a los jueces, a quienes corresponde aplicar las leyes para impartir justicia logran- do con ello el fomento de la inversión y el desarrollo de la industria de software que se produce en México.

Por lo anteriormente expuesto, someto la siguiente propo- sición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a las autorida- des judiciales, con pleno respeto de sus facultades consti- tucionales y legales, revisar y valorar de manera imparcial las constancias que obran en el juicio iniciado por el Bufe- te de Especialidades Administrativas contra el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a las autorida- des del Consejo de la Judicatura Federal, con pleno respe- to de sus facultades constitucionales y legales, revisar y va- lorar de manera imparcial las constancias que obran en la queja administrativa 851/2004, iniciada por Luis Guiller- mo de Alba Navarro; asimismo, que se conduzcan con le- galidad e imparcialidad en su actuar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de 2005.— Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Huma- nos.

122.- «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a la Semarnat, a la SE, a la SEP, a la STPS, al Conaculta, al INAH, al CPTM, a la CFE, al Fonatur, al Fonart, a Banobras y a la CNA a nombrar el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, “pueblo mágico” y, como consecuencia, se incluya dicho municipio en el Programa de Pueblos Mágicos de Méxi- co, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del PRI

Proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Turismo, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Se- cretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Se- cretaría de Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropo- logía e Historia, Consejo de Promoción Turística de Méxi- co, Comisión Federal de Electricidad, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Banco Nacional de Obras y Servicios Pú- blicos, SNC, y Comisión Nacional del Agua a que nom- bren el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxa- ca, “pueblo mágico” y, como consecuencia, se incluya dicho municipio en el Programa de Pueblos Mágicos de México, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del gru- po parlamentario del PRI, con base en las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

I. Cuán importante fue Tehuantepec en el México antiguo, situada en la verde y rica región mesoamericana, su río que la dividió en dos, fue la fuente de vida y forjador del ca- rácter de sus habitantes. Sus fértiles tierras y su abundante vegetación le garantizó su alimento y el de la comarca.

II. Su riqueza y la situación estratégica en cuanto a su geo- grafía, fueron la codicia que llevaron a los aztecas a incur- sionar por las tierras del sur, hasta Guisi’i, como llamaban los zapotecas a esta ciudad, y que significa en su lengua “fuego ligero”, en el sentido que “reverbera o cintila”, alu- diendo al calor del lugar. Pero fue el “Cerro del Tigre” el que le dio su nombre toponímico y que los aztecas llama- ron “Tehuanitépetl” (cerro del jaguar). A estas tierras lle- garon para posesionarse por derecho de conquista en 1467, cuando Axayácatl la sometió a sangre y fuego y regresó con prisioneros para ofrendárselo a Huitzilopochtli en su ascenso al trono de Anáhuac.

III. El agravio y la ofensa que le hicieron a las tierras de los “Binni za” (zapotecas) fue reivindicada más tarde, hasta la llegada al trono de tzapotlán (Zaachila) del rey Cosijoeza, quien en alianza con los mixtecas diseñaron estrategias pa- ra enfrentar hasta en aquel entonces invencible ejército az- teca en el cerro del Guiengola en 1496, donde para hacer la paz el rey de los mexicanos, Ahuizotl, dio en matrimonio de su amada princesa Coyolicaltzin (copo de algodón) de cuya unión nacieron Bitoopa, Natipa, Pinopia, Cosijopi y Donaji.

IV. A Cosijopi entregó Cosijoeza el señorío de Tehuante- pec, siendo su primer y único rey hasta la llegada de los es- pañoles, a quienes recibió pacíficamente para hacer alian- za y derrocar a los mixtecos que en aquellos años habían entrado en guerra. Tácticamente abrazó la religión católica y costeó la construcción del convento de Santo Domingo, que por cédula real del 7 de septiembre de 1543 había con- cedido el Rey de España, iniciándose su construcción al año siguiente y concluyéndose en 1555.

V. Como capital del reino zapoteca del Istmo, Tehuantepec siguió conservando su importancia, desde los tiempos de Cosijoeza y Cosijopi, hasta la segunda decena del siglo

XX. Siendo la población más importante de la nación za-

poteca, fue poblada por un gran número de españoles, quie- nes vieron en el antiguo reinado de Cosijopii, el paraíso te- rrenal. En un principio se establecieron en la parte sur de Tehuantepec, a orillas del río que lleva su nombre, y que los nativos llamaban Reoloteca. Pero una gran inundación cambió de residencia a los peninsulares, quienes cruzaron el Guigu Roo Guisi’i (Río Grande Tehuantepec), para esta- blecerse en las cercanías del Convento de Santo Domingo; donde gracias a la solicitud que hicieran al Virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, dispusieron de los indígenas para construir sus nuevas residencias, asegu- rándolas de ser resistentes, para no ceder y sucumbir en las corrientes del río, cuando éste volviera a desviar su cauce, en su furor por llegar al mar.

VI. Del valle tehuantepecano sobresalía el convento de Santo Domingo. Más allá, tras el río, se levantaba majes- tuoso el templo de la Asunción de María, en Reoloteca, con mayor arquitectura y belleza, que atraía la mirada de pro- pios y extraños. Asimismo no pasaba desapercibida la obra que diseñara la naturaleza en el cerro de Lieza. Su gruta da- ba libertad a la imaginación de hacer y deshacer leyendas. Detrás, a lo lejos, sobresalía desafiante el orgullo de los za- potecas: ¡Guiengola!, que a sus pies humedecían las nítidas aguas del Guigu Roo Guisi’i, calzándolas las vastas se-

menteras que se extendían hasta muy cerca del “Dáani guie’béedxe” (cerro del tigre), que lo miraba como com- placido por su epopeya cosijoesista.

VII. Del centro histórico de la ciudad podemos decir que en la época colonial, los tejados grises-oscuros y sepias, eran tápalos cuando a lo alto se le veía. La plaza de armas y el mercado estaban rodeadas por amplios corredores en sus tres costados, sólo en la parte poniente que daba al río no contaba con esta hermosa arquitectura, en donde las cornisas descansaban en los pilares y columnas que soste- nían el tejado y que, por sí sola hablaban de la grandeza de la antigua Villa de Guadalcázar, que fue su nombre en la colonia. La casa conquistorial que fuera asiento de las au- toridades españolas, dieron paso al moderno edificio muni- cipal que comenzó a construirse en 1867 y que concluyó en 1898, de estilo neoclásico. El otro edificio colonial que igualmente fuera del cabildo de indios de Tehuantepec fue construido en 1793 y que hoy funciona como escuela pri- maria en el centro histórico.

VIII. De sus quince tradicionales barrios identificados des- de los cerros y colinas de Tehuantepec, podemos apreciar los templos católicos con campanarios y cúpulas que salpi- can en la geografía urbana de la ciudad: Vixhana, Guixibe- re, San Jacinto (Tapa Guidxi), San Jerónimo (Binni zú), San Sebastián (Dáani roo), El Cerrito (Dáani huinni), Xa- lisco, Santonio, Laborío, Santa María Reoloteca (Reu), Santa Cruz Tagolaba (Tulaba), Lieza, San Juanico Atoto- nilco (Deéche Dáani), y los antiguos barrios, hoy munici- pio libre de San Blas Atempa y San Pedro Xihui.

IX. Con lo escrito podemos justificar la importancia que tiene la conservación de la arquitectura colonial de Te- huantepec y su entorno ecológico y otros sitios naturales y de interés histórico que con las tradiciones y costumbres, gastronomía, artesanía, el carácter alegre y hospitalario de sus habitantes y la hermosura de sus mujeres que orgullo- sas portan el traje de tehuana en todas sus variedades, pue- den convertirla en otro “pueblo mágico” de México. La presencia de Diego Rivera, Rufino Tamayo, Miguel Cova- rrubias, Roberto Montenegro, Saturnino Herrán y otros grandes de la plástica mexicana desde el México postrevo- lucionario, plasmaron la vida cotidiana y festiva de Te- huantepec, promocionándola a nivel internacional, y que decir de la hija adoptiva de Tehuantepec, Frida Kahlo, la tehuana universal que amó entrañablemente a la tierra de la inmortal Sandunga, Tehuantepec, su ciudad amada. Sea es- ta nuestra presentación para conocer el tesoro escondido de Tehuantepec, y sus tehuanos y sus tehuanas.