RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recurso nº 748/2013 C.A. Valenciana 078/2013 Resolución nº 536/2013
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
En Madrid, a 22 de noviembre de 2013.
VISTO el recurso interpuesto por D. J.G.S.R. y D. J.M.A.C., en representación de VIARSA, AGUAS Y SERVICIOS URBANOS, S.L., según copia que acompañan de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales de fecha 7 de julio de 2011, del protocolo n° 1.317, xxx xxxxxxx D. A.L.C., contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se adjudica el contrato administrativo especial para la "Recogida de residuos y limpieza viaria y de espacios públicos del término municipal xx Xxxxxxx (Alicante)", al amparo del articulo 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el Tribunal ha adoptado la siguiente resolución:
ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero. El denominado “contrato administrativo especial “de la "Recogida de residuos y limpieza viaria y de espacios públicos xx Xxxxxxx (Alicante), fue convocado el 0 xx xxxxx xx 0000, x xx 0 xx xxxxx xx 0000; se publicó en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento xx Xxxxxxx, el anuncio de la licitación del contrato junto a los pliegos. Asimismo, la licitación fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n° 51, de fecha 13 xx xxxxx de 2013.
Segundo. La entidad mercantil ahora recurrente VIARSA, AGUAS Y SERVICIOS URBANOS,
S.L. (Grupo SECOPSA), el 21 xx xxxxx de 2013 anunció la interposición de recurso especial en materia de contratación contra el anuncio de licitación del contrato, recurso que interpuso el 21 xx xxxxx de 2013; y que fue tramitado y resuelto por el Ilmo. Ayuntamiento xx Xxxxxxx el 25 xx xxxxx de 2013.
XXXX. XXXXXXX XXXXX 00, 0x XXXX.
. 00000 - XXXXXX
TEL: 00.000.00.00/47/51/55 FAX: 00.000.00.00
Xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
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Tercero. Según se deduce del expediente (doc. Nº 51), la entidad ahora recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n° 2, de Alicante, de fecha 26 xx xxxxx de 2013, nº 000301/2013, contra el acuerdo del Pleno de fecha 25 xx xxxxx de 2013. Mediante auto nº 287/2013, de 23 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 desestimó la solicitud de medida cautelar en el recurso contencioso-administrativo ordinario n° 000301/2013.
Cuarto. El Ayuntamiento en Pleno, como órgano de contratación, adjudicó el 26 de septiembre de 2013 el contrato administrativo especial de la "Recogida de residuos y limpieza viaria y de espacios públicos” xx Xxxxxxx (Alicante), resolución contra la que se interpone recurso especial ante este Tribunal.
Quinto .La empresa recurrente anunció el 21 de octubre ante el Ayuntamiento xx Xxxxxxx, la interposición del recurso, que efectivamente presentó el 24 de octubre de 2013.
Sexto. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso al resto de licitadores, para que realizaran alegaciones si lo estimaran oportuno, trámite que ha sido evacuado por la empresa adjudicataria GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP y en el Convenio suscrito al efecto el 22 xx xxxxx de 2013 entre la Administración del Estado y la Generalitat de Valencia, publicado en el BOE el día 17 xx xxxxx de 2013.
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Segundo. La empresa recurrente alega que el Tribunal es competente para conocer de este recurso puesto que, aun denominándose “contrato administrativo especial”, el contrato licitado es, en realidad, un contrato de gestión de servicios públicos. Afirma como fundamentos para su impugnación que se ha producido un incumplimiento de la obligación legal y contractual de subrogación, por el nuevo concesionario, de todo el personal adscrito al servicio público. El pliego de prescripciones técnicas del contrato, establece que la empresa adjudicataria estará obligada a absorber la totalidad del personal que en el momento de hacerse cargo del servicio
objeto del contrato figura en la plantilla, y en el anexo XV de este pliego se acompaña relación nominal de todo el personal de obligatoria absorción, sin embargo, este anexo no recoge la totalidad de la plantilla adscrita al servicio, sino que se han omitido determinados trabajadores. Finalmente, alega que la adjudicación del contrato se produce en grave infracción del principio de libre concurrencia porque el pliego exigía a los candidatos interesados disponer de una determinada clasificación para poder presentar su oferta. El artículo 65.1 TRLCSP exige la clasificación exclusivamente para determinados contratos de obras y servicios, por lo que en un contrato especial nunca pudo exigir la clasificación y tampoco si se califica contrato de gestión de servicios públicos.
Tercero. Con carácter previo a cualquier análisis sustantivo de las pretensiones de la empresa recurrente, este Tribunal comprueba que los motivos en los que fundamenta el recurso están directamente relacionados con los pliegos que han servido de base a la licitación. Así sucede con las reclamaciones sobre la subrogación de personal y la exigencia de clasificación para poder licitar. Constituye doctrina de este Tribunal que no procede la impugnación, en el momento de la adjudicación, de previsiones contenidas en los pliegos que deben ser impugnados autónomamente en tiempo y forma. Así, en la resolución 17/2013, de 17 de enero, se ha dicho: “Cuestión distinta a la planteada es que la recurrente considere que el apartado G del cuadro resumen no se acomoda a lo dispuesto en el artículo 77 TRLCSP, pues no contempla la posibilidad prevista en dicho precepto de acreditar los suministros efectuados a compradores privados, a falta de certificado, mediante la declaración responsable del licitador. En ese caso debió formular recurso contra los pliegos en su momento, no procediendo que este Tribunal entre en el examen de dicha cuestión dada la ausencia de impugnación de los pliegos en tiempo y forma, en cuanto que aquéllos, tal y como se ha señalado anteriormente, constituyen la ley del contrato, y, por tanto, han de respetarse los criterios fijados en los mismos, si, como es el caso del presente procedimiento, fueron libremente aceptados por los licitadores que no los impugnaron y no se trata de un supuesto de nulidad de pleno derecho”.
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Pero es que, además, la empresa recurrente no informa a este Tribunal en su recurso que dichos pliegos, como se deduce del expediente (doc. Nº 51), fueron recurridos, como se reseña en los antecedentes de esta resolución, primero ante el Ayuntamiento xx Xxxxxxx y, posteriormente, ante la desestimación de sus pretensiones, mediante recurso contencioso- administrativo n° 000301/2013, que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n° 2, de Alicante, interpuesto por la mercantil interesada, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 xx xxxxx de 2013, por el que se desestiman los recursos especiales presentados en materia de contratación a los pliegos del contrato administrativo especial de la recogida de residuos y limpieza viaria y de espacios públicos.
En consecuencia este Tribunal no puede pronunciarse, ante la existencia de un procedimiento judicial abierto con las mismas pretensiones que se hacen valer en este recurso, dada la preferencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre la actuación de los órganos administrativos. De lo contrario se asumiría el riesgo de dictar una resolución incoherente con la que, en su momento, dicte el órgano jurisdiccional, apreciándose en consecuencia, litispendencia. Estando, por tanto, pendiente de resolución en vía jurisdiccional contenciosa la misma reclamación que la planteada en este expediente, este Tribunal debe aplicar el principio de litispendencia que le impide entrar en el fondo del asunto y por tanto pronunciarse sobre dicha reclamación. Como dice el Consejo de Estado en su dictamen 51.914/1989, de 22 de noviembre: "Existe un principio general, consagrado por las leyes procesales y aceptado sin discusión alguna por la doctrina y la jurisprudencia, en virtud del cual cuando un asunto se encuentra "sub judice", ningún otro Juez o Tribunal puede entrar a conocer del mismo". El Consejo de Estado, en el dictamen antes citado, concluye que la misma regla de "cierre procesal" y absorción plena de toda la competencia para conocer del asunto por parte del juzgador llamado a decidir sobre un pleito, debe también aplicarse a los procedimientos administrativos, y concluye que el principio de litispendencia también debe ser observado en los procedimientos administrativos para ahorrar esfuerzos procesales innecesarios y evitar posibles fallos contradictorios.
En consecuencia, procede la inadmisión del recurso, sin que quepa entrar sobre las pretensiones formuladas por la empresa recurrente.
Por todo lo anterior,
VISTOS los preceptos legales de aplicación,
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ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:
Primero. Inadmitir recurso interpuesto D. J.G.S.R. y D. J.M.A.C., en representación de VIARSA, AGUAS Y SERVICIOS URBANOS, S.L., según copia que acompañan de la escritura de elevación a público de acuerdo sociales de fecha 7 de julio de 2011, del protocolo n° 1.317, xxx xxxxxxx, D. A.L.C., contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de septiembre de 2013, por el que se adjudica el contrato administrativo especial de la "Recogida de residuos y limpieza viaria y de espacios públicos del término municipal xx Xxxxxxx (Alicante)", al apreciar litispendencia, por haber sido interpuesto un recurso contencioso-administrativo con el mismo objeto.
Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento producida de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del TRLCSP.
Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.k) y
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46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.