Caso Arbitral N° 176-2016-CCL

Caso Arbitral N° 176-2016-CCL

1. Partes:

- Demandantes: Compañía peruana dedicada a la provisión de equipamiento integral médico (Demandante 1) y Compañía peruana dedicada al comercio exterior de productos de equipamiento integral médico (Demandante 2).

- Demandados: Compañía panameña dedicada a la distribución y venta de productos farmacéuticos (Demandado 1) y compañía peruana dedicada a la construcción de edificios y proyectos de viviendas (Demandado 2).

2. Fecha de solicitud: 16.06.2016.

3. Fecha xxx xxxxx: 22.12.2017.

4. Tipo de arbitraje: Nacional | Derecho.

5. Lugar del Arbitraje: Lima.

6. Contrato: Contrato marco de proyectos inmobiliarios, superficie, obra y opción de compra.

7. Ley aplicable: Ley peruana.

- Código Civil: Artículos 1277, 1279, 1429, 1430, 1431 y 1432.

8. Monto en controversia:

- Demanda: USD 884,999.99.

- Reconvención: USD 544,000.00.

9. Monto xxx xxxxx:

- Demanda: 0.

- Reconvención: 0.

10. Costos del arbitraje:

- Gastos Administrativos: S/ 109,809.25.

- Honorarios del Tribunal Arbitral: S/ 33,492.12.

11. Distribución de costos:

- Demandante: 50% de los gastos arbitrales.

- Demandada: 50% de los gastos arbitrales.

12. Tribunal Arbitral: 3 árbitros.

13. Temas:

- Resolución de contratos.

- Cumplimiento de obligaciones.

- Novación de contratos.

14. Cláusula arbitral: 09.04.2013

El presente contrato se regirá por la legislación vigente de la República del Perú.

Toda controversia que surja entre las partes relativa a la interpretación, ejecución, resolución, terminación, eficacia, nulidad, anulabilidad o validez del presente contrato, que no puede ser resuelta de mutuo acuerdo entre ellas, será sometida a arbitraje de derecho, a la decisión inapelable de un tribunal arbitral compuesto por tres (3) árbitros, uno nombrado por (x) y (z) de manera conjunta y otro nombrado de manera conjunta por (a) y (b). Los dos árbitros elegidos por las partes elegirán a un tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal. Si no existiera acuerdo sobre la designación de los árbitros dentro de los diez (10) días hábiles de la solicitud de arbitraje, el nombramiento se hará a petición de cualquiera de las partes por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima y se sujetará al Reglamento y administración del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

En caso de materias no arbitrables, o para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios dentro del proceso arbitral, las partes se someten expresamente a la competencia de los jueves y tribunales del Distrito Judicial de Cercado de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

15. Resumen del caso:

El demandado 1 deseaba construir un centro comercial sobre cuatro de sus inmuebles. Mediante el contrato de constitución de derecho de superficie el demandado 1 otorgó un derecho de superficie sobre sus inmuebles a favor del demandado 2. Luego, los demandantes suscriben un Contrato Marco de Proyecto Inmobiliario, Superficie, Obra y Opción de Compra con los demandados. Asimismo, se celebran dos contratos de superficie: 1) el primero, entre el demandado 1, el demandado 2 y el demandante 1, 2) el segundo, entre el demandado 1, el demandado 2 y el demandante 2. Asimismo, mediante contrato de cesión de derechos, el demandado 1 transfirió a favor del demandado 2 los derechos de crédito derivados de los contratos de superficie celebrados con el demandante 1 y el demandante 2. Durante la ejecución de los contratos antes mencionados las partes empezaron a cuestionar el

cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una, así como la obtención de financiamiento y el inicio efectivo de la obra. Frente a esta situación es que los demandantes presentaron una solicitud de arbitraje en contra de los demandados.

Los demandantes solicitaron que: 1) se declare la ineficacia de la resolución contractual de los siguientes contratos: i) contrato marco, ii) contrato de superficie celebrado entre los demandados y el demandante 1 y iii) contrato de superficie celebrado entre los demandados y el demandante 2, 2) se declare válida y eficaz la resolución realizada por los demandantes respecto a los siguientes contratos: i) contrato marco, ii) contrato de superficie celebrado entre los demandados y el demandante 1 y iii) contrato de superficie celebrado entre los demandados y el demandante 2. Además los demandantes solicitaron como pretensiones accesorias a la segunda pretensión principal que los demandados les devuelvan determinados montos de dinero por el concepto de la renta pagada por adelantado por el derecho de superficie que no fue usado debido al incumplimiento de los demandados.

Por su parte, el demandado 1 solicitó al tribunal arbitral que declare que la resolución contractual realizada es eficaz. Además, el demandado 1 solicitó como pretensiones accesorias que 1) los demandantes cumplan con el pago de la penalidad en favor del demandado 1 y 2) que los demandantes cumplan con el pago de una cantidad de dinero a favor del demandado 1 de acuerdo a lo establecido en el contrato xxxxx.

Por otro lado, los demandados plantearon una excepción de legitimidad para obrar pasiva del primer demandado. Los demandados sostuvieron que los demandados celebraron un contrato de cesión crédito, mediante el cual el demandado 1 transfirió a favor del demandado 2 la titularidad de todos los derechos de crédito derivados del contrato de superficie suscrito con los demandados. Por tanto, las sumas de dinero por la renta adelantada, alegadas por los demandantes, fueron recibidas por el segundo demandado y por tanto el demandado 1 no tenía legitimidad de obrar pasiva.

Por su parte los demandantes sostuvieron que la transferencia a favor de un tercero, como el crédito, no implica la extinción de las demás situaciones jurídicas de ventaja y de desventaja que existían en la esfera patrimonial del cedente del crédito. Por ello los demandantes afirmaron que la cesión de un derecho no exime al cedente de su participación en la relación jurídica obligatoria, pues para que esto sucediera el cedente tendría que ceder su posición contractual.

El tribunal arbitral sostuvo que la discusión se centraba sobre si a pesar de la vigencia de la cláusula arbitral, respecto a todas las partes que la suscribieron,

el demandado 1 tiene legitimidad para ocupar el rol de demandada. El tribunal arbitral sostuvo que el demandado 1 ocupaba, en la relación sustancial que se pretendía en los términos propuestos en la demanda, una posición que lo habilitaba para ser demandado. La decisión sobre si el contrato de cesión de crédito, y que los pagos hayan sido recibidos por demandado 2, libera al demandado 1, será analizado en el laudo. En consecuencia el tribunal arbitral consideró infundada la excepción.

El tribunal arbitral procedió a analizar si la resolución realizada por los demandados era válida.

El tribunal arbitral sostuvo que la resolución, establecida en los artículos 1429, 1430, 1431 y 1432 del Código Civil, está sujeta a un procedimiento y requisitos de oponibilidad, de cuyo cumplimiento depende que el contrato quede o no resuelto sin una declaración judicial constitutiva de la resolución contractual.

El tribunal arbitral sostuvo que se requería el cumplimiento de ciertos requisitos de forma. De esta manera para que procediera la modalidad de resolución contenida en el artículo 1429 del Código Civil, se requiere que el acreedor requiera al deudor incumplidor que satisfaga su prestación, y solo si este no lo hiciera en un plazo no menor de 15 días, se resolverá extra jurisdiccionalmente el contrato. De manera que vencido el plazo, sin que el deudor incumplidor haya satisfecho su prestación, el contrato quedaría resuelto.

En relación a la resolución por cláusula resolutoria expresa contenida en al artículo1430, el tribunal arbitral sostuvo que parte de la doctrina sostenía que la cláusula debe referirse específicamente a determinadas obligaciones previstas en la cláusula resolutoria y que en caso la cláusula se refiriese a todas las obligaciones a cargo de una de las partes, de manera genérica, estaríamos frente a una mera cláusula de estilo que no conllevaría a la aplicación del artículo 1430 del Código Civil, sino a la aplicación del artículo 1428 del Código Civil. Por otro lado, otra parte de la doctrina sostenía que si se hubiese estipulado en el pacto comisorio que la resolución se produce de pleno derecho en caso de cualquier incumplimiento de una de las partes tal cláusula produciría efectos. En apoyo de esta postura se sostiene que la autonomía privada permite una estipulación de esta naturaleza dado que no se viola el orden público. Desde el punto de vista del tribunal arbitral, en el Perú se debe establecer con precisión la prestación cuyo incumplimiento genera la resolución automática, quedando excluidas aquellas prestaciones a las que se haga referencia de manera genérica.

El tribunal arbitral sostuvo que en este caso el contrato de superficie y el contrato marco contenían cláusulas resolutorias expresas que cumplían con los requisitos previstos en el artículo 1430.

El tribunal arbitral procedió a analizar si se había generado un incumplimiento que pudiese activar las cláusulas resolutorias de los contratos antes mencionados.

Con estos fines el tribunal arbitral sostuvo que existe cumplimiento, o pago, cuando el deudor cumpla con la prestación debida, de manera que satisfaga el interés del acreedor y se extinga el vínculo obligacional. El tribunal arbitral, guiándose de la doctrina, sostuvo que por pago se entiende, de manera general, el acto de realización de la prestación en virtud de una relación obligatoria. El tribunal arbitral sostuvo que el pago cumple una triple función:

1) En primer lugar, es un acto de cumplimiento del deber jurídico o deuda que pesa sobre el deudor, 2) En segundo lugar, el pago es la manera normal que el deudor tiene de liberarse de la obligación (solutio) y 3) el pago es la forma de satisfacer el interés del acreedor.

Por otro lado, uno de los requisitos de cumplimiento del pago es la identidad de la prestación; lo cual implica una confrontación entre lo pagado y lo que se prometió de lo que resulta su conformidad, que puede ser expresa o deducirse de la realización y aceptación de la prestación, sin reserva ni protesta, por lo menos en aquellos casos en que su carácter defectuoso sea aparente o manifiesto. Además, el tribunal arbitral sostuvo que el incumplimiento puede ser absoluto o relativo; será absoluto si se ha perdido la posibilidad de cumplirla, o si desapareció el interés del acreedor, en estos casos la obligación se extinguirá si el incumplimiento no es atribuible al deudor, o se transformará en una obligación de pago de suma de dinero si el incumplimiento le es atribuible al deudor. Por otro lado, el incumplimiento será relativo si no se ha perdido la posibilidad de ejecución y el acreedor mantiene su interés; en estos casos si el incumplimiento no es atribuible al deudor, el acreedor, puede optar por aceptar la prestación o disolver el vínculo, pero no podrá responsabilizar al deudor. Por el contrario, si el incumplimiento le es atribuible al deudor, el acreedor podrá pedir la ejecución forzada y tendrá derecho a una indemnización congruente.

Por otro lado, el tribunal arbitral sostuvo que según los contratos bajo análisis se desprendía que existía una obligación de naturaleza alternativa; la cual quedaba satisfecha ya sea: 1) entregando las cartas fianzas que garanticen los pagos correspondientes a las mensualidades de la renta por la superficie de los contratos de superficie o 2) financiando el saldo de los contratos de superficie. Respecto a este aspecto, el tribunal arbitral concluyó que no se cumplió con entregar las cartas fianzas y que los demandantes no efectuaron el pago en efectivo de los contratos de superficie.

Sin embargo, el tribunal arbitral sostuvo que las partes coincidieron en negociar un mecanismo que si bien no coincidía con las prestaciones alternativas antes

mencionadas, si satisfacía el interés por parte del acreedor por seguir con el desarrollo del proyecto. De esta manera las partes acordaron reducir el número de letras de cambio destinadas al pago de la renta sin contar con una garantía de por medio.

Frente a la modificación de la obligación alternativa el tribunal arbitral sostuvo que en este caso se había producido una novación de la obligación conforme al artículo 1277 del Código Civil. El tribunal arbitral afirmó que no era aplicable el artículo 1279 del Código Civil, el cual indica que la modificación simple del plazo constituye un cambio accesorio que no produce la novación, pues la modificación del plazo en este caso no tenía un carácter accesorio, debido a que para que se pudiese conservar la relación obligatoria la voluntad de las partes fue que la reducción del plazo y el aumento en los montos constituyese un elemento principal para sustituir la prestación de garantía o de pago en efectivo del valor presente.

Por lo antes dicho, el tribunal arbitral concluyó que las demandantes no incumplieron su obligación original de entregar las cartas fianzas por el saldo o pagar en efectivo el valor presente de ese saldo, pues dicha obligación había sido sustituida por otra obligación. Por tanto, el tribunal arbitral declaró fundada la primera pretensión de la demanda e infundada la primera pretensión de la reconvención.