ContractPlan Anual De Contratación Centralizada • February 6th, 2023
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DE HACIENDA POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (PROGRAMACIÓN 2023)
ACUERDO DE LA DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADAPlan Anual De Contratación Centralizada • December 22nd, 2023
El artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante) por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que “Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”.
ContractPlan Anual De Contratación Centralizada • February 11th, 2021
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DE HACIENDA POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (PROGRAMACIÓN 2021)
ContractPlan Anual De Contratación Centralizada • February 14th, 2022
RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERA DE HACIENDA POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (PROGRAMACIÓN 2022)
RESOLUCIÓNPlan Anual De Contratación Centralizada • May 8th, 2020
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP); como señala su propia Exposición de Motivos, la Ley no se limita a una mera transposición, sino que trata de diseñar un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos.