INTRODUCCIÓN 4
INDICE
INTRODUCCIÓN 4
CAPITOLO I
Il contratto di viaggio turistico: inquadramento normativo
1.1. Premessa: il fenomeno turistico e l’evoluzione dei viaggi organizzati.
............................................................................................................... 10
1.2. Il turismo nelle fonti internazionali: la Convenzione internazionale di Bruxelles (CCV) del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio.
............................................................................................................. 16
1.3. La protezione del turista-consumatore in àmbito europeo: la Direttiva 90/314/Cee in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Le prospettive de iure condendo alla luce della nuova Direttiva Ue 2015/2302 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati: cenni.
............................................................................................................... 24
1.4. I «servizi turistici» nella legislazione italiana: dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (All.1, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79).
............................................................................................................... 32
CAPITOLO II
La vendita di pacchetti turistici
2.1. La nuova definizione di «pacchetto turistico» ex art. 34 cod. tur.
................................................................................................................. 43
2.2. I pacchetti turistici «tradizionali» e i pacchetti turistici online.
…....................................................................................................... 60
2.3. Le parti del rapporto contrattuale: dal «consumatore di pacchetti turistici» alla nuova definizione di «turista». L’organizzatore e l’intermediario del viaggio.
................................................................................................................ 68
2.4. L’identità giuridica del contratto di vendita di pacchetti turistici. La causa del contratto e la «finalità turistica».
................................................................................................................ 78
2.5. La conclusione del contratto: vincoli formali e contenuto.
............................................................................................................... 85
2.6. Obblighi informativi, trasparenza e pubblicità ingannevole.
.............................................................................................................. 98
2.7. Il contratto di viaggio e le clausole vessatorie.
............................................................................................................... 114
2.8. Il recesso per giusta causa e la tutela del turista.
............................................................................................................... 121
CAPITOLO III
Il contratto di viaggio e le novità introdotte dalla Direttiva Ue 2015/2302 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati
3.1. Premessa. La ratio della Direttiva.
.................................................................................................................. 135
3.2. La nuova definizione di «pacchetto turistico» e la regolamentazione dei «servizi turistici collegati».
.................................................................................................................. 140
3.3. L’ampliamento dell’àmbito soggettivo di applicazione della normativa: dal «turista-consumatore» al «viaggiatore».
.................................................................................................................. 153
3.4. Le trattative pre-contrattuali: gli obblighi informativi ed il contenuto del contratto.
.................................................................................................................. 157
3.5. La responsabilità dell’organizzatore per l’esecuzione del pacchetto turistico: verso un regime di responsabilità solidale con il venditore.
................................................................................................................. 171
CONCIDERACIONES FINALES 186
BIBLIOGRAFIA 205
INTRODUCCIÓN
El fenómeno turístico es el protagonista indiscutible de la evolución socio-cultural de nuestro País y representa una voz relevante de la economía nacional.
Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx relativamente reciente, así como todo, menos antiguo, es su desarrollo dimensional.
La originaria naturaleza eminentemente elitista del turismo, ha comportado un inicial desinterés hacia tal sector por parte del legislador, que en el Código Civil del 1942 no le dedicaba ninguna norma específica, pudiéndose resolver los eventuales problemas surgidos en xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profesionales, sobre la base de la disciplina general del contrato.
El exigencia de tutela del turista-consumidor ha aumentado proporcionalmente a medida que se ha intensificado el turismo de masa: el fomento xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mediante la predisposición de rígidas y uniformes condiciones generales de contrato sobre la base de las cuales los mismos se introducen y se mueven en el mercado, ha generado la necesidad de una mayor reglamentación de las relaciones de negocio entre proveedor y usuario del servicio turístico. Este último, de hecho, se encuentra actuando en una posición de debilidad contractual, que lo hace más vulnerable con respecto a los efectos perjudiciales de los incumplimientos de los operadores profesionales.
Todo esto ha comportado la sucesión de una serie de acciones legislativas a nivel no sólo nacional, sino también internacional y comunitario, que ha dado vida a un complejo y articulado cuadro normativo. Desde la perspectiva de individuar las modalidades a través de las cuales nuestro ordenamiento ha respondido a la creciente exigencia de asegurar un suplemento de tutela para el turista-consumidor en la
contratación, cuyo objeto es la venta de paquetes turísticos, y con la finalidad de comprobar la efectiva idoneidad para la consecución del objetivo preestablecido, la primera parte de la presente tesis doctoral se centra en una reconstrucción de la evolución del fenómeno turístico y de los viajes organizados acompañada por el marco jurídico de la materia, o sea, el análisis de las diversas xxxxxxx que la regulan y que se han sucedido en el curso del tiempo hasta hoy, a la par de la evolución económica y social de turismo.
El estudio jurídico parte del análisis de la Convención internacional de Bruselas del 23 de abril de 1970 (CCV), qué ha representado la primera intervención a nivel internacional dirigida a regular, desde un punto de vista privado, la materia de los contratos turísticos mediante la predisposición de normas específicas relativas a aspectos fundamentales de la relación contractual, tales como la obligación de informar y la responsabilidad de incumplimiento.
Las lagunas dejadas por la Convención han sido colmadas a nivel europeo por la Directiva 90/314/Cee en materia de viajes, vacaciones y circuitos «todo incluido», que ha uniformado la disciplina relativa a los viajes organizados y regulado un espacio turístico comunitario, con el fin de conseguir la armonización de los derechos nacionales en este sector, objetivo fallido por la CCV a causa del escaso xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Los principios inspiradores de la Directiva 90/314/Cee han sido incorporados en el ordenamiento jurídico italiano con el Decreto Ley del
17 marzo de 1995 n. 111 que, limitándose a acompañar la ley de ratificación de la CCV (ley n. 1084 del 1977) en lugar de una regulación ex novo de la materia, en realidad ha dejado al intérprete la tarea de solucionar eventuales problemas de superposición entre una fuente normativa de derecho uniforme y una de rango comunitario.
El contenido de tal medida ha sido completamente integrado antes en el
Código de consumo (decreto Ley 6 septiembre 2005, n. 206), dentro de la Parte III, Titulo II, Capítulo II denominado “Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx”, x xxxxxxx xx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx (Xxx. 1, Decreto ley 23 mayo 2011, n. 79), que ha absorbido las normas xx xxx xxxxxxxxx 00-000 c. cons., integrándolas con las nuevas disposiciones.
La incorporación de los contratos de viaje en el Código del consumo ha tenido un alcance de gran relieve jurídico, porqué ha supuesto la inclusión del viaje entre las relaciones de consumo y, por lo tanto, la calificación del comprador del paquete turístico cómo consumidor, la consiguiente extensión al mismo, en virtud de una interpretación sistemática de las normas de consumo, de la disciplina más favorable.
La sucesiva incorporación de la disciplina en el Código de turismo ha permitido aportar novedades de carácter tanto formal cómo sustancial respecto a la anterior regulación.
La lógica de la incorporación de la normativa sobre los contratos de venta de paquetes turísticos del Código de Consumo al nuevo código de sector, ha encontrado justificación en la necesidad de garantizar un mayor nivel de protección del turista, considerado cómo «consumidor de tipo especial», no dotado de instrumentos adecuados e idóneos para solucionar los eventuales problemas que puedan surgir con ocasión de unas vacaciones, en un lugar lejano de su residencia habitual, y «generalmente propenso a padecer ineficiencias por tal de no perder el poco tiempo a disposición para relajarse».
Esto no impide que, si bien el Código de turismo represente al día de hoy la principal referencia normativa en materia de contratos de viajes organizados, las normas que contiene deben ser coordinadas, de todas formas, con las previsiones establecidas en la disciplina general del Código de consumo. Entre los dos códigos subsiste de hecho una relación de ósmosis en virtud del que la normativa turística no interfiere con la de rango general, sino que cumple una función de integración y
especificación.
Desde esta perspectiva, la entrada en vigor del Código de turismo ha supuesto una ampliación del ámbito de aplicación tanto subjetivo como objetivo de la normativa de sector. El Código introduce, de hecho, una noción innovadora del comprador de paquetes turísticos y amplía la definición establecida en el Código de consumo: el uso de la expresión
«turista» para definir al comprador permite incluir en esta categoría tanto a la persona, que motivada por finalidades esencialmente turísticas actúa por propósitos ajenos al ejercicio de su actividad profesional, comercial o empresarial eventualmente desempeñada, como al sujeto no consumidor que viaja por razones relacionadas con su actividad laboral y profesional.
Cambia, además, la fisonomía misma del paquete turístico tutelado: la eliminación del límite temporal de la duración multi diaria y del requisito de la combinación predeterminada de las prestaciones permite, de hecho, extender el «paraguas protector» de la normativa a casos que antes se quedaban sin protección como, por un lado, los denominados «mini paquete» y las excursiones diarias compradas en el ámbito de un paquete turístico más amplio; por otro lado los «viajes a medida» o «a demanda», denominados «tailor made arrangements».
El reconocimiento al turista de la facultad de realizar y comprar por sí mismo la combinación de los elementos individuales del viaje que está planeando, también mediante un sistema de comunicación a distancia permite, además, legitimar la praxis de los «paquetes dinámicos» o «self made», es decir de aquellos en los que el turista no acude a una agencia de viaje, sino que compone por sí mismo el paquete desde casa, utilizando su ordenador y sirviéndose de las varias opciones ofertadas en la red por parte del organizador.
La exigencia de asegurar protección al denominado «turismo casero» representa también uno de los objetivos principales de la Directiva Ue 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 xx xxxxxxxxx xx
0000, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vinculados, la cual revoca a partir del 1 de xxxxx de 2018 la Directiva 90/314/Cee relativa a los viajes, las vacaciones y circuitos «todo incluido».
Esta intervención normativa se justifica por la necesidad de intensificar la tutela del turista-consumidor, rectius «viajero», ante la evolución del fenómeno de los viajes combinados.
En las últimas décadas, de hecho, se ha producido un significativo cambio en el mercado turístico debido, en particular, a una ampliación de los tradicionales canales de distribución de los relativos servicios, al punto de hacer la realidad del fenómeno turístico mucho más compleja con respecto a la que había llevado al legislador comunitario a promulgar la Directiva 90/314/Cee.
El uso siempre más frecuente de internet como principal medio de promoción y oferta de servicios turísticos, ha sacado a la luz nuevas formas de combinación del viaje totalmente innovadoras, convirtiendo la normativa existente a día de hoy en anticuada e inadecuada a los cambios de la época digital, tanto por la difusión de nuevas modalidades de venta, como por un cambio en los hábitos de los viajeros con respecto a las combinaciones de los servicios.
Siempre más a menudo, de hecho, el viajero no acude a una agencia de viajes para comprar un paquete pre confeccionado o a medida, sino que se ocupa de realizarlo motu propio, eligiendo entre las varias opciones promovidas en una determinada página web por parte de un único operador, y ocupándose autónomamente de combinar los servicios promovidos de forma simultánea por parte de diferentes operadores.
La difusión de estas nuevas modalidades de compra del viaje ha hecho que muchas de estas combinaciones personalizadas se encuentren jurídicamente en una «zona gris», al no estar contempladas estrictamente en el concepto de «viaje combinado» contenido en la Directiva 90/314/Cee.
Esta situación de inseguridad, alimentada por la existencia de diferentes regulaciones en los Países de la Unión, ha desincentivado a los viajeros a la hora de comprar productos turísticos a operadores de otros países y limitado la posibilidad por parte de las empresas que xxxxxx xx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx existentes en la normativa comunitaria, han inducido el legislador comunitario a intervenir otra vez en este sector con la Directiva Ue 2015/2302, para adecuar el marco legislativo europeo a los cambios que la llegada de la era digital ha traído consigo en materia de venta y compra de paquetes turísticos; aumentar la transparencia y fortalecer la seguridad jurídica para las partes contratantes a través de un acercamiento de las diferentes legislaciones internas, y armonizar los derechos y las obligaciones que deriven de los contratos, al fin de garantizar el justo equilibrio entre un elevado nivel xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxxx y la competitividad de las empresas del sector que desean operar más allá de sus fronteras.
El objetivo es alcanzar un nivel de protección seguro y «unitario» para los viajeros que concluyan contratos de venta de paquetes turísticos o de servicios de viaje vinculados, que sea lo más uniforme posible y que les permita contar razonablemente sobre una protección adecuada, idónea para garantizar el reconocimiento de derechos claros y precisos que no xxxx diferentes en función del País en el que vivan, a efectos de contribuir a la creación de un efectivo mercado interno del turismo.
CAPITOLO I
IL CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO: INQUADRAMENTO NORMATIVO
SOMMARIO: 1.1. Premessa: il fenomeno turistico e l’evoluzione dei viaggi organizzati. - 1.2. Il turismo nelle fonti internazionali: la Convenzione internazionale di Bruxelles (CCV) del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio. - 1.3. La protezione del turista-consumatore in àmbito europeo: la Direttiva 90/314/Cee in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Le prospettive de iure condendo alla luce della nuova Direttiva Ue 2015/2302 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati: cenni. - 1.4. I «servizi turistici» nella legislazione italiana: dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (All.1, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79).
1.1.Premessa: il fenomeno turistico e l’evoluzione dei viaggi organizzati.
Nell’odierna società globalizzata il turismo assume importanza strategica in quanto fenomeno culturale, sociale1 e giuridico, intorno al quale ruotano diversi interessi2.
1 Circa l’idoneità del viaggio a soddisfare alcuni bisogni innati della persona ed a contribuire alla realizzazione della stessa, v. X. XXXXXXXX, I contratti di viaggio, Padova, 2008, p. 1 ss.
2 In proposito, v. X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, Introduzione, Torino, 2013, p. XIX.
Lo sviluppo dimensionale del turismo in termini di promozione ed organizzazione dell’offerta turistica è, tuttavia, relativamente recente (fine ‘800): sebbene la prassi di viaggiare per ragioni non solo lavorative, ma anche ricreative, religiose, culturali nasca nell’Antichità, tale fenomeno alle origini aveva una natura meramente xxxxxxxx0.
L’organizzazione di viaggi collettivi era rara e la ristretta cerchia di persone che disponeva dei mezzi sufficienti per la vacanza, la organizzava autonomamente ed individualmente in modo confacente alle proprie esigenze.
I rapporti con gli operatori professionali erano inusuali e limitati al compimento di singole operazioni aventi in alcuni casi carattere giuridico (si pensi, ad esempio, alla prenotazione alberghiera), in altri valore di atti di mera cortesia, quali fornire informazioni e/o consigli in merito ad un determinato itinerario.
La natura prettamente aristocratica del fenomeno turistico aveva causato un disinteresse ad una regolamentazione specifica da parte del nostro legislatore4 che nel Codice civile del 1942 non vi dedicava alcuna norma,
3 Per un’analisi della storia e dell’evoluzione del turismo si veda, X. XXXXXXXXX, Il contratto turistico, in Riv. dir. comm., LXXII, I, 1974, p. 276 ss.; X. XXXXXXXXXX, Il contratto di viaggio, in ID., X. XXXXXXXXX, X. XXXXXX (a cura di), Contratto d’albergo. Contratti di viaggio. Contratti del tempo libero, Milano, 1994, p. 141 ss.; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, Milano, 1998, p. 4 ss.; X. XXXXXXXXX, Vacanze di pochi, vacanze di tutti: l’evoluzione del turismo europeo, Bologna, 2009, p. 11 ss.; S. CATERBI, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, Milano, 2010, pp. 1-23; X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, Milano, 2013, pp. 1-11; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., pp. 247-250.
4 La situazione odierna è totalmente mutata: «(…) il fenomeno del turismo in genere, e del contratto di viaggio turistico in particolare, viene circondato, nella sua evoluzione, da un’attenzione sempre maggiore da parte del legislatore, spinto a questa frenetica attività dal dilatarsi di un fenomeno concreto che si intende regolare. Ne risulta un quadro normativo estremamente complesso, di fronte al quale appare evidente il rischio di un
considerato che gli eventuali problemi sorti nell’àmbito di tali rapporti potevano essere risolti sulla base della disciplina generale del contratto e, in particolare, mediante il ricorso alle norme relative al contratto di mandato, di appalto o di prestazione d’opera.
L’evoluzione in campo economico e sociale del turismo inizia ad avvertirsi contestualmente all’avviarsi del processo di industrializzazione: le importanti ripercussioni che lo stesso ha avuto tanto nel settore dei trasporti e delle reti ferroviarie, facilitando gli spostamenti ed i viaggi, quanto in quello dei redditi e, quindi, sulle possibilità di spesa degli individui, ha comportato un aumento del numero dei soggetti viaggiatori e la diffusione delle crociere turistiche5 quale particolare forma di viaggio.
Tali mutamenti hanno determinato il passaggio6 da un turismo d’élite ad un fenomeno di massa; cresce il desiderio di visitare luoghi e città nuove e
disorientamento da parte dell’interprete (…)»: cosí X. XXXXX XXXXXX, Profili generali, in ID., M. DONA (a cura di), Il contratto di viaggio turistico, in Tratt. dir. civ. Consiglio nazionale del notariato X. XXXXXXXXXXX (diretto da), Napoli, 2010, p. 3.
5 A causa della mancanza di una specifica normativa in materia, le crociere turistiche venivano ricondotte nell’àmbito del contratto di trasporto marittimo di persone, disciplinato agli artt. 1678 ss. del Codice civile. Si veda in proposito, X. XXXXXX, Sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica, in Riv. dir. nav., 1938, I, p. 93 ss.; ID., Sul contratto di crociera turistica, ivi, 1939, II, p. 263 ss.; ID., Ancóra sulla natura giuridica del contratto di crociera turistica, in Foro it., 1939, I, c. 1003 ss.; X. XXXXXXXXX, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aereomobile, in Foro it., 1947, c. 47; X. XXXXXXXX, voce Crociera (contratto di), in Enc. dir., vol. II, Milano, 1962; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 16 ss. Per un’attenta disamina sul contratto di trasporto marittimo v. X. XXXXXXXX, X. XXXXXXXXX, voce Trasporto (contratto di), in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1962; X. XXXXXXXXXXXX, Il contratto di trasporto marittimo di persone, Milano, 2008, passim.
6 «Dall’artigianato all’industria del turismo»: cosí X. XXXXXXXXXXXXX, X. XXXXXXXXXX, Introduziuone, in AA. VV., Manuale di diritto del turismo, ID. (a cura di), Torino,1999, p. XVII.
la vacanza, occasione di svago e di relax, diventa bene di consumo di natura complessa7.
Si evolve, pertanto, il rapporto tra turista e professionisti del settore8: è in questo periodo che si assiste alla nascita della figura dei tour operators, soggetti la cui attività consiste tipicamente nell’organizzazione di un viaggio «tutto compreso», ovvero nella predisposizione di un’offerta avente ad oggetto piú prestazioni vendute in un’unica formula (c.d. pacchetto turistico «all inclusive»)9 direttamente o a mezzo intermediario, con conseguente possibilità per il viaggiatore di essere esonerato dall’onere di attivarsi per la stipulazione di singoli contratti a sé stanti (trasporto, prenotazione di una camera d’albergo, servizi accessori, etc.)10.
Si passa, cosí, dall’organizzazione individuale del viaggio, ad una standardizzazione dei beni e dei servizi turistici mediante la
7 Cfr. X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, cit., p. 2, la quale annovera tra le motivazioni che hanno indotto ad una evoluzione del fenomeno turistico «la spinta culturale che porta a visitare luoghi nuovi e diversi da quelli comunemente conosciuti; il desiderio di cimentarsi in discipline sportive nuove e diverse, che ben difficilmente possono svolgersi in città o, molto piú semplicemente, la necessità, comune a tutti, lavoratori e non, di usufruire di un periodo di relax e di evasione dal c.d. logorio della vita moderna».
8 Per un’analisi esaustiva in merito all’evoluzione di tale rapporto, v. A.M.
XXXXXXXXXX, Il contratto tra agente di viaggio e tour operator, in F. XXXXXXX, X. XXXXXXX (a cura di), I contratti del turismo, dello sport e della cultura, in X. XXXXXXXX,
X. XXXXXXXXX (diretto da) Trattato dei contratti, Torino, 2010, p. 314 ss.
9 Cfr. X. XXXXXX, X. XXXXX, Linguaggio e regole del diritto privato, Padova, 2001, 2a ed., pp. 401-402, per i quali «con linguaggio tecnicamente discutibile, ma che dà il senso dell’operazione economica, si parla di “vendita” del pacchetto turistico al consumatore- turista, che “compra” in realtà un fascio di prestazioni collegate dal programma di viaggio (il “pacchetto”) proposto dal tour operator ed accettato dal consumatore».
10 Sul punto v. X. XXXXXXXXX, Contratti e responsabilità nel Codice del turismo, in
Corr. giur., 2012, p. 5 ss.
predisposizione di rigide ed uniformi condizioni generali di contratto, sulla base delle quali gli stessi vengono immessi e si muovono nel mercato11.
Diretta conseguenza di tale evoluzione è la necessità di introdurre specifici strumenti di salvaguardia volti ad assicurare al turista- consumatore, in quanto parte contrattuale debole, una tutela specifica ed ulteriore rispetto a quella garantita dalla disciplina generale del contratto di cui al Codice civile, inadeguata a garantire una soddisfacente composizione degli interessi sottostanti.
La standardizzazione contrattuale, infatti, riducendo al minimo ogni possibilità di trattativa, espone la parte acquirente ad una limitazione della propria autonomia negoziale e la rende maggiormente vulnerabile rispetto agli effetti pregiudizievoli degli inadempimenti degli operatori professionali.
L’evoluzione verso un «turismo organizzato» comporta, inoltre, un mutamento della fisionomia della relazione tra le parti contraenti e la natura dei loro rapporti giuridici.
Nella «fase elitaria» del turismo, quando la nave costituiva il principale mezzo per viaggiare, il contratto di viaggio veniva ricondotto nello schema del contratto di trasporto di persone, tanto in virtú della prevalenza della prestazione di trasporto rispetto a quelle di vitto e alloggio, considerate solo strumentali allo spostamento delle persone12, quanto a causa della normale coincidenza tra le figure dell’organizzatore e del vettore.
11 Dall’organizzazione individuale del viaggio si passa al «c.d. viaggio organizzato che incarna un tipico contratto per adesione»: cosí X. XXXXX, Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno, in X. XXXX, X. XXXXX (diretto da), Xxxxx. teorico pratico di diritto privato, Padova, 2011, p. 6.
12 In giurisprudenza, x. Xxxx., 0 maggio 1961, n. 1041, in Riv. dir. navigazione, 1962, II, p. 64 ss., con nota di X. XXXXXXXX, Contratto di crociera turistica e clausole particolarmente onerose, secondo la quale «nel contratto di viaggio turistico è preminente ed essenziale il trasferimento del partecipante nei luoghi previsti nel programma, è preminente cioè il trasporto»; Cass., 26 giugno 1964, n. 1706, in Giur. it., 1965, I, c. 438;
Successivamente, il ruolo di protagonista nell’organizzazione e nel confezionamento del viaggio viene assunto sempre piú frequentemente dalle agenzie turistiche che, superata la fase della mera attività di intermediazione tra vettori e clienti, iniziano ad agire nei confronti del viaggiatore in nome e per conto proprio, occupandosi del trasporto direttamente, ovvero affidandolo a terzi13.
Con la trasformazione del turismo in fenomeno di massa e con l’emersione della figura dei tour operators, invece, il viaggiatore non ha piú dinnanzi a sé un’unica controparte.
Le difficoltà che gli organizzatori specializzati nel confezionamento dei tourist packages incontrano sovente, nell’interagire direttamente con l’aspirante viaggiatore, li induce ad avvalersi dell’aiuto di intermediari ai fini della collocazione dei pacchetti sul mercato14.
Cass., 28 maggio 1977, n. 2202, in Foro it., 1977, I, c. 2701; Trib. Napoli, 25 maggio 1978, in Trasporti, 1979, p. 159 ss., con nota di X. XXXXX, Crociera turistica e mutamento di itinerario.
13 Mentre precedentemente l’organizzazione del viaggio rientrava nelle funzioni proprie del vettore che si avvaleva di agenti-intermediari per la gestione dei rapporti con la clientela, a partire dagli anni’70, il coinvolgimento diretto dell’agenzia nell’organizzazione del viaggio diventa maggiore. La stessa, infatti, può decidere di assumere in proprio l’esecuzione del trasporto, con conseguente applicazione al rapporto tra le parti della normativa in materia di contratto di trasporto, ovvero affidarla a terzi ed agire, quindi, in qualità di mandatario per conto del turista-mandante. Per una ricostruzione critica di tale evoluzione, v. X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 3 ss., specialmente pp.7-10 e pp. 20-23, relativamente alle trasformazioni subite nel tempo dalle agenzie di viaggio. V. anche A.M. XXXXXXXXXX, Il contratto tra agente di viaggio e tour operator, cit., pp. 314-320.
14 Per una dettagliata analisi dei rapporti tra agenzia di viaggi e tour operator v. X. XXXXXXX, X. XXXXXX, I rapporti tra tour operator e travel agent, in S. BUSTI e X. XXXXXXXX (a cura di), Attività alberghiera e di trasporto nel pacchetto turistico all inclusive: le forme di tutela del turista-consumatore, Trento, 2006, p. 103 ss.; A.M. XXXXXXXXXX, Il contratto tra agente di viaggio e tour operator, cit., pp. 326- 340 e pp. 352-354.
Si realizza, cosí, una «netta distinzione tra ramo industriale di produzione del pacchetto turistico e ramo commerciale di distribuzione del pacchetto stesso»15.
Diventa determinante, pertanto, ai fini della tutela del turista- consumatore sia l’individuazione della natura giuridica del rapporto che si instaura tra viaggiatore ed operatore turistico, sia la corretta individuazione della parte con cui il primo contrae, allo scopo di delimitare l’àmbito di responsabilità in caso di inadempimento o inesatto adempimento della pluralità delle prestazioni dedotte in contratto.
1.2. Il turismo nelle fonti internazionali: la Convenzione internazionale di Bruxelles (CCV) del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio.
L’intensificarsi del fenomeno di massificazione del turismo, unita all’esigenza di tutela del turista da un lato, e la necessità di garantire agli operatori turistici un preciso quadro normativo di riferimento dall’altro, hanno rappresentato i presupposti per una regolamentazione della materia in merito alla quale si è venuto a formare un complesso ed articolato quadro normativo.
Fino alla prima metà degli anni ’70, il contratto di viaggio non aveva ottenuto alcuna sistemazione giuridica organica, venendo ricondotto di volta in volta, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ora nello schema legale tipico del mandato, ora in quello di trasporto o di appalto.
La prima fonte intervenuta concretamente a disciplinare da un punto di vista privatistico la materia dei contratti turistici è rappresentata dalla Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV)16.
15 X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 248.
A tale normativa, adottata con la finalità di armonizzare le legislazioni dei singoli Paesi in materia turistica17, va attribuito il merito18 di aver tipizzato un contratto, mutuato dalla prassi, non ancóra inquadrato in un preciso schema giuridico di riferimento e di aver ridimensionato il problema della sua qualificazione giuridica mediante la predisposizione di
16 Tale Convenzione, predisposta dall’Unidroit (Istituto Internazionale per l’unificazione del diritto privato), è stata resa esecutiva in Italia con la l. 27 dicembre 1977, n. 1084 (in G.U., del 17 febbraio 1978, n. 48, Suppl. ord.). Per un approfondito esame della Convenzione, v. X. XXXXX, Commentario alla Convenzione relativa al contratto di viaggio (CCV), in Nuove leggi civ. comm., 1978, p. 1757 ss.; X. XXXXXXX, La disciplina uniforme dei contratti di viaggio e il diritto privato italiano, in X. XXXXXXXX, X. XXXXXXXXX (a cura di), Legislazione economica, Milano, 1979, p. 350 ss.; X. XXXXX, Le condizioni generali di contratto ed i viaggi turistici organizzati, in Riv. dir. circ. trasp., 1980, pp. 449-463; A.M. XXXXXX, Xxxxxxxxxxx (C.C.V.) di Bruxelles del 23 aprile 1970 sul contratto di viaggio, in X. XXXX, X. XXXXX (a cura di), Commentario breve al codice civile. Xxxxx complementari, Padova, 1995, pp. 923-951; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., pp. 69-87; X. XXXXXXXX, I contratti di viaggio «all inclusive» tra frontiere interne e diritto transnazionale, Torino, 2003, pp. 4-20; X. XXXXXXXXX, Il contratto di viaggio e la vendita dei «pacchetti turistici», in AA. VV., Manuale di diritto del turismo
X. XXXXXXXXXXXXX, X. XXXXXXX (x xxxx xx), Xxxxxx, 0x ed., 2007, p. 324 ss.
17 Sul punto v. X. XXXXXXX, Profilo comunitario del turismo, Padova, 1996, p. 260, il quale riconosce alla CCV il merito di «aver tracciato le linee generali per la regolamentazione uniforme della disciplina, ove il rapporto contrattuale era chiaramente sbilanciato a sfavore della parte piú debole (rectius: il consumatore), giacché l’insieme delle prestazioni offerte dall’imprenditore turistico non erano facilmente riconducibili ad un modello contrattuale unitario attesa la variegata tipologia dei servizi turistici e soprattutto dalla provenienza di quest’ultimi».
18 In senso critico v. X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, in X. XXXXXXXX (diretto da), Tratt. dir. priv., Obbligazioni e contratti, III, Torino, 1984, p. 803; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 73, per la quale «da un punto di vista della uniformazione internazionale della disciplina del contratto di viaggio, la CCV non può considerarsi un tentativo ben riuscito (…)».
norme specifiche relative ad aspetti fondamentali del rapporto contrattuale, quali gli obblighi informativi e la responsabilità da inadempimento19.
L’art. 1, comma 120, della Convenzione, tuttavia, in luogo di una definizione unitaria del «contratto di viaggio», scorpora tale genus in due distinte fattispecie: contratto di organizzazione e contratto di intermediazione21, specificandone la natura e gli elementi caratterizzanti nei due commi successivi.
La prima tipologia contrattuale ha una struttura semplicemente bilaterale22 (organizzatore-viaggiatore); la seconda, invece, molto piú
19 Cfr. A.M. XXXXXXXXXX, Il contratto tra agente di viaggio e tour operator, cit., p. 320, la quale afferma che «la CCV ha segnato il riconoscimento formale dell’evoluzione della prassi e della giurisprudenza ed ha, al tempo stesso, accelerato il processo di elaborazione della figura del contratto di viaggio (dalla tipicità sociale alla tipicità legale, da contratto innominato a contratto nominato e tipico)».
20 Art. 1, comma 1, p. 1, CCV: «Au sens de la présente Convention, on entend par Contrat de voyage: soit un contrat d’organisation de voyage, soit un contrat de intérmediaire de voyage».
21 «La differenza piú importante (…) sta nel fatto che, l’intermediario di viaggio si impegna genericamente a procurare al viaggiatore uno o piú servizi, mentre l’organizzatore di viaggio si impegna a suo nome a procurare i vari servizi che formano il viaggio. In altri termini, nei confronti del viaggiatore, l’organizzatore promette i servizi a suo nome (e rischio), mentre gli imprenditori che li erogano materialmente assumono il ruolo di ausiliari dell’organizzatore; l’intermediario, invece, non si impegna a fornire in nome proprio i servizi dedotti nel contratto, saranno i singoli imprenditori, dei quali egli è rappresentante, a fornire tali servizi (…)»: cosí X. XXXXX, Le condizioni generali di contratto ed i viaggi turistici organizzati, cit., p. 454.
22 Art. 1, comma 1, p. 2, CCV: «contratto d’organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un’altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto e qualunque altro servizio che ad essi si riferisca».
diffusa nella prassi, presenta una struttura trilaterale23, piú complessa (organizzatore-intermediario-viaggiatore).
Il discrimine tra le due fattispecie si individua principalmente nella circostanza che mentre l’organizzatore assume in nome proprio ed a proprio rischio l’obbligo di garantire la corretta esecuzione delle diverse prestazioni combinate che compongono il viaggio, l’intermediario si impegna genericamente solo a procurare uno o piú servizi, ma non si obbliga in nome proprio a fornirli.
Sotto il profilo qualificatorio, il contratto di intermediazione è riconducibile alla tipologia del mandato con rappresentanza24 conferito dal viaggiatore all’intermediario: gli effetti del contratto, pertanto, si producono direttamente tra il primo e l’organizzatore o prestatore di servizi separati25.
23 Art. 1.3, CCV: «contratto di intermediazione di viaggio: qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di un viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi».
24 X. Xxx. 00, XXX, ai sensi del quale «qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggio con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore».
25 In dottrina, si veda X. XXXXX, Le condizioni generali di contratto ed i viaggi turistici organizzati, cit., p. 439; X. XXXXX, Commentario alla Convenzione relativa al contratto di viaggio (CCV), cit., p. 1788; X. XXXXXXXXX, I contratti di trasporto e di viaggio, in ID. (diretto da), Trattato di diritto commerciale, Sez. II, Tomo III.V, Torino, 2003, p. 261 ss.; A.M. XXXXXXXXXX, Il contratto tra agente di viaggio e tour operator, cit., p. 321; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 807; X. XXXXX XXXXXX, Il contratto di viaggio turistico, in ID., M. DONA, Il contratto di viaggio turistico, cit., p. 30; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 249.
In giurisprudenza x. Xxxx., 0 giugno 1991, n. 6303 e Trib. Lecce, 21 settembre 1990, in Foro it., 1991, I, c. 3060, con nota di X. XXXXXXXXX, Contratto di viaggio, recesso unilaterale, responsabilità e obblighi; Cass., 23 aprile 1997, n. 3504, ivi, 1997, I, c. 2108; Cass., 20 settembre 2002, n. 16868, in Dir. turismo, 2003, p. 349 ss., con nota di X. XXXXXXX, Il turista deve rimborsare all’agenzia di viaggi la penale anticipata al tour
Il contratto di organizzazione, invece, è stato ricondotto dalla dottrina prevalente nello schema della locatio operis26 e, in particolare, dell’appalto di servizi, con cui presenta evidenti analogie.
La rimarcata distinzione tra la figura dell’organizzatore e quella dell’intermediario27 diventa cruciale e sempre piú netta se si guarda al differente regime di responsabilità agli stessi applicabile: solo l’organizzatore, infatti, risponde tanto del corretto adempimento degli obblighi di organizzazione, quanto dell’eventuale inadempimento dei servizi oggetto di contratto che siano stati effettuati da terzi28. L’intermediario, invece, risponde esclusivamente delle inosservanze che commette nell’adempimento degli obblighi a lui imputabili, ma non dell’inadempimento totale o parziale del viaggio organizzato.
operator; Trib. Bologna, 15 ottobre 1992, in Contratti, 1993, p. 327 ss., con nota di X. XXXXXXXXX, La responsabilità dell’intermediario nel contratto di viaggio; Trib. Genova, 12 maggio 1994, in Giur. it., 1995, I, p. 214 ss., con nota di C.S. XXXXXXXX, Il recesso unilaterale nel contratto di viaggio e l’ “imbarbarimento” dell’offerta turistica.
26 Cosí X. XXXXXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 159; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 138 ss.; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 249; X. XXXXXXXXX, Il contratto di viaggio e la vendita dei «pacchetti turistici», cit., p. 407.
27 Ai sensi dell’art. 1, nn. 5 e 6, CCV, affinché un operatore turistico possa essere qualificato come organizzatore o intermediario, è necessario che svolga la propria attività oggetto del contratto di organizzazione o di intermediazione in maniera «abituale», essendo irrilevante la natura professionale e/o principale della stessa.
28 L’organizzatore, infatti, si impegna a procurare i servizi «in nome proprio», mentre l’intermediario agisce sostanzialmente come suo rappresentante. Di conseguenza, non risponde dell’inadempimento dell’organizzatore, purché si sia comportato in maniera diligente (art. 22 CCV). In tal senso, in giurisprudenza x. Xxxx. Xxxxxxx, 00 ottobre 1992, cit.; Cass., 19 gennaio 1999, n. 460, in Contratti, 1999, p. 903 ss., con nota di X. XXXXX, Intermediario e organizzatore di viaggio: applicazione della C.C.V. del 23 aprile 1970. In dottrina, v. F. INDOVINO FABRIS, Legislazione turistica, Padova, 1997, 4a ed., pp. 325-326.
Quanto all’àmbito di applicazione oggettivo della Convenzione29, si è ampiamente dibattuto in merito alla possibilità di estendere l’applicazione della relativa disciplina al di là dei viaggi internazionali, fino a coprire anche quelli nazionali.
Il dubbio è stato generato dalla previsione di cui all’art. 40.1, lett. a30, della CCV che riconosce agli Stati aderenti la possibilità di formulare, in sede di ratifica, una riserva31 affinché la CCV venga applicata solo ai contratti di viaggio internazionali da eseguirsi totalmente o parzialmente in uno Stato diverso da quello in cui «il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito».
29 Art. 2, CCV: «la presente Convenzione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la sua sede di lavoro principale, o in mancanza di tale sede, il suo domicilio abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente». Cfr. X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 75, per la quale «i criteri di collegamento indicati da tale I co. devono essere applicati nel senso di garantire la massima espansione al campo di applicazione della CCV. Ciò significa (…) che l’ordine dei criteri non è gerarchico ma indifferenziato, senza che alcuno di essi possegga valore assorbente rispetto agli altri (…)».
30 Art. 40.1, lett. a, CCV: «Ciascuno Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione, formulare la o le riserve seguenti:
a) applicare la presente Convenzione solo ai contratti di viaggio internazionale che avrebbero dovuto essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito (…)».
31 Al momento del deposito della legge di ratifica (l. 27 dicembre 1977, n. 1084), il Governo italiano si è avvalso della riserva, circoscrivendo la sfera di applicazione della CCV ai soli contratti di viaggio internazionali. Sulla validità ed efficacia di tale riserva, sono state sollevate non poche perplessità: si veda in proposito, X. XXXXX, Le condizioni generali di contratto ed i viaggi turistici organizzati, cit., p. 436; X. XXXXXXXXXXXX, Viaggio (contratto di), in Novissimo dig. it. – Appendice, vol. VII, Torino, 1987, p. 1131;
X. XXXXXX, La disciplina del contratto di organizzazione di viaggio turistico nei viaggi interni, in Diritto dei trasporti, 1988, p. 115; X. XXXXXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit.,
p. 144 ss.; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., pp. 76-87.
Nonostante il legislatore italiano abbia proceduto a formulare la riserva di cui sopra, considerata la evidente corrispondenza degli elementi determinanti le due fattispecie di viaggio, che presentano caratteri di omogeneità tanto sul piano causale quanto su quello strutturale e differiscono unicamente per il luogo di esecuzione delle prestazioni, la dottrina prevalente32 ha optato per un’applicazione analogica della disciplina della Convenzione anche ai viaggi compiuti sul territorio nazionale.
Allo stesso modo, la giurisprudenza ha spesso utilizzato le regole della CCV, pur senza richiamarle espressamente, per fattispecie concrete non rientranti nel suo campo di operatività33.
Nonostante l’autorevole intento della CCV fosse di realizzare un’uniformazione internazionale della disciplina del contratto di viaggio al fine di garantire una piú efficace tutela del turista, non si può fare a meno di rilevare che tale convenzione non possa considerarsi un tentativo ben riuscito34.
32 Si veda, ex multis, X. XXXXXXXXX, La responsabilità dell’intermediario nel contratto di viaggio, cit., p. 330; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit. p. 82; X. XXXXX XXXXXX, Il contratto di viaggio turistico, cit., pp. 29-30.
33 Cfr. Cass., 27 ottobre 2003, n. 16090, in Mass. Giust. civ., 2003, p. 10; Cass., 28 novembre 2002, n. 16868, in Mass. Giust. civ., 2002, p. 2071; Trib. Taranto, 30 marzo 1988, in Resp. civ. prev., 1989, p. 699; Trib. Roma, 23 marzo 1998, in Giur. it., 1991, I, c.
66 ss.; Trib. Milano 4 giugno 1998, in Contratti, 1999, p. 39 ss., con nota di X. XXXXXXXXX, Il danno da “vacanza rovinata”; Trib. Firenze, 25 settembre 2001, in Arch. civ., 2002, p. 586.
34 Cfr. X. XXXXXXXX, La direttiva n. 314/90 del 13 giugno 1990, sui viaggi e vacanze “tutto compreso” e la recezione nel nostro ordinamento mediante il d.lg. 17 marzo 1995,
n. 111, in X. XXXXX (a cura di), I contratti di viaggio e turismo. La disciplina, la giurisprudenza, le strategie, Milano, 1995, p. 17, il quale ritiene che «certamente la mancata adesione di molti tra i piú importanti Paesi, unita ad una limitazione come quella adottata dal governo italiano, hanno impedito il raggiungimento dell’obiettivo della predisposizione di una disciplina uniforme con riferimento alla materia del contratto di
A dispetto del numero piuttosto elevato degli Stati contraenti, infatti, solo pochi l’hanno ratificata con legge nazionale35, mentre altri, considerandola lacunosa, hanno preferito adottare provvedimenti interni ritenuti maggiormente sensibili alla tutela degli interessi dei viaggiatori36.
viaggio, ovvero ad un nuovo tipo di contratto che, alla luce dello sviluppo turistico, rivestiva sempre maggiore importanza».
35 La CVV non è riuscita a raggiungere l’auspicata uniformità internazionale: in àmbito comunitario, è stata ratificata solo dall’Italia e dal Belgio, mentre gli altri Stati membri della CEE disponevano di normative differenti o ricorrevano ai princípi fondamentali in materia di contratti. Gli altri Paesi originari firmatari (escluso Taiwan e Togo), invece, non le hanno dato esecuzione mediante provvedimento interno. Il Belgio, inoltre, in sede di attuazione della Direttiva 90/314/Cee ha provveduto all’abrogazione. Cfr. X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 73, per la quale «se si considera che l’entrata in vigore della Convenzione è subordinata (…) al deposito di almeno cinque strumenti di ratifica o di adesione, e che complessivamente se ne sono raggiunti soltanto sette (quattro ratifiche e tre adesioni), sorge immediatamente l’impressione di un decollo stentato, che si trasforma in sensazione di disarmo di fronte alla Legge belga 16 febbraio 1994 (…) che, all’art. 40, ha disposto l’abrogazione della Loi 30 mars 1973, emanata in ratifica della CCV, a mezzo della denuncia della CCV stessa (…)».
36 All’interno della CEE, ad esempio, la Germania pur partecipando alle conferenze diplomatiche, non ha successivamente aderito alla CVV ed ha proceduto in via autonoma modificando, nel 1979, il BGB mediante l’inserimento di una nuova sessione dedicata al Reisevertrag, successivamente novellata in recepimento della Direttiva 90/314/Cee. In Spagna, la regolamentazione del rapporto tra agenti di viaggio e clienti era demandata ad alcune disposizioni del decreto 7 de junio 1973, n. 1524 e al Reglamento de Régimen Jurídico de las Agencias de Viajes, approvato con l’Orden del 9 agosto 1974, i quali individuavano tre differenti tipologie di contratto tra le parti: contratos de servicios sueltos; contratos de viale con distintos servicios pero a sus rispectivos precios e contratos a forfait. V. P. XXXXXXXX XXXXX, El contrato de viaje combinado. Antecedentes, derecho comparado, estudio normativo y jurisprudencial, Ediciones de la Universidad de Castilla – Xx Xxxxxx Xxxxxx, 0000, p. 53, note 75-76. In Inghilterra gli operatori turistici agivano sulla base degli ABTA Code (sistemi di auto-disciplina) cui si affiancavano il Trade description Act del 1968 ed il Fair trading Act del 1973. Sul punto, ampiamente, X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 73 ss.; X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata, cit., pp. 5-6.
Tale circostanza ha fatto sí che il quadro normativo in materia abbia continuato ad essere disorganico e diversificato, fino ad un successivo intervento in materia, a livello comuniatrio, mediante l’adozione della Direttiva 90/314/Cee.
1.3. La protezione del turista-consumatore in àmbito europeo: la Direttiva 90/314/Cee in materia di viaggi vacanze e circuiti tutto compreso. Le prospettive de iure condendo alla luce della nuova Direttiva Ue 2015/2302 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati: cenni.
Il crescente interesse verso il fenomeno turistico e la disomogeneità della sua regolamentazione in àmbito europeo, ha indotto il Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee all’emanazione della Direttiva 90/314/Cee in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso37, con lo scopo di colmare le lacune lasciate dalla CCV, uniformare la disciplina in materia di viaggi organizzati38 e regolamentare uno spazio turistico comunitario39.
37 La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L.
158 del 23 giugno 1990, pp. 59 ss.
38 Art. 1, Direttiva 90/314/Cee: «la presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze e i giri turistici “tutto compreso” venduti ed offerti in vendita nel territorio della Comunità».
39 Si veda il terzo Considerando della direttiva ai sensi del quale «l’adozione di norme comuni in materia di servizi tutto compreso contribuirà (…) alla realizzazione di un mercato comune dei servizi, consentendo agli operatori di uno Stato membro di offrire i propri servizi in altri Stati membri ed ai consumatori della Comunità di beneficiare di condizioni paragonabili all’acquisto di un servizio tutto compreso in qualsiasi Stato membro».
La Direttiva rappresenta uno step importante nella regolamentazione dei rapporti giuridici connessi alla stipulazione del contratto di viaggio40, in quanto predispone regole uniformi41, idonee a garantire una maggiore trasparenza e informazione a vantaggio del turista-consumatore42 che versa in una posizione di sostanziale debolezza contrattuale rispetto alla controparte, dovendo spesso confrontarsi con un intermediario, senza avere alcun rapporto diretto con l’organizzatore43.
40 Nella Relazione sul recepimento della Direttiva 90/314/Cee nella legislazione degli Stati membri, la Commissione Europea ha precisato che lo scopo primario perseguito dal legislatore è quello di predisporre norme minime, comuni a tutti gli Stati, in merito alle informazioni da fornire al momento della organizzazione del viaggio, ai requisiti formali che il contratto deve avere e alle norme imperative da applicare alle obbligazioni contrattuali.
41 Al riguardo, tuttavia, si osserva che nonostante i buoni propositi di armonizzazione normativa, la direttiva si presta ad essere attuata mediante legislazioni nazionali differenti. In proposito v. X. XXXX, «Vacanze comunitarie». Quale tutela per il turista italiano in vista dell’attuazione della Direttiva CEE in materia di viaggi «tutto compreso», in X. XXXXXXXXX (a cura di), Saggi di diritto privato europeo, Napoli, 1995, p. 324, il quale evidenzia come l’obiettivo di armonizzazione si sia «arenato» dinnanzi alle difficoltà di coordinamento delle differenti situazioni europee in materia; X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 92.
42 L’àmbito applicativo di tale normativa è piú esteso rispetto a quello delineato dalle altre direttive comunitarie volte alla protezione del consumatore in materia contrattuale. Tale assunto trova conferma nella peculiarità della definizione di consumatore che l’art. 2, comma 1, n. 4, individua nella «persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“il contraente principale”) o qualsiasi persona per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (“gli altri beneficiari”) o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso (“il cessionario”)».
43 «È in quest’ottica di individuazione ed elaborazione di strumenti giuridici da adottare per il riassetto degli squilibri esistenti, nel sistema di ripartizione dei rischi d’impresa connessi all’esercizio dell’attività turistica, fra produttore e consumatore del servizio, al di fuori però da qualsiasi logica di unilaterale ed ingiustificata penalizzazione delle oggettive condizioni di operatività dell’impresa turistica, che si colloca, in definitiva,
Tale volontà del legislatore comunitario di rafforzare la protezione del turista si evince anche dall’ultimo «Considerando» della normativa, che attribuisce agli Stati la facoltà di adottare o mantenere in vigore misure piú severe a tutela del consumatore.
È in tale ottica che il provvedimento introduce novità importanti rispetto alla CCV.
In primo luogo, l’àmbito di applicazione della normativa comunitaria è piú ampio44: la disciplina della CCV, infatti, si applica solo ai «contratti di viaggio internazionali che debbono essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito», mentre la Direttiva 90/314/Cee si applica ai «viaggi, vacanze e giri turistici “tutto compreso” venduti o offerti in vendita nel territorio della Comunità»45, senza esclusione per i viaggi che si esauriscono nel territorio dello Stato e, quindi, indipendentemente dal luogo di esecuzione del contratto.
Differente è anche l’oggetto del contratto: la Convenzione di Bruxelles regolamenta l’attività di organizzazione di viaggio che deve necessariamente includere il servizio di trasporto tra gli elementi combinati, in quanto requisito essenziale.
Ai fini della configurazione del servizio turistico all inclusive ai sensi dell’art. 2, n.1 della Direttiva46, invece, il trasporto è elemento puramente
la direttiva n. 90/314/CEE»: xxxx X. XXXXXXXXXX, X. XXXXXXX, La «vendita di pacchetti turistici». La direttiva 13 giugno 1990 n. 90/314/CEE ed il d.lg. 17 marzo 1995, n. 111, Torino, 2a ed., 1998, p. 7. In tal senso, v. anche M.E. LA TORRE, Il contratto di viaggio “tutto compreso”, in Giust. civ., II, 1996, p. 27.
44 Cfr. X. XXXXX, I contratti di viaggio, in X. XXXXXX (a cura di), Tratt. Dir. Europeo, II, Padova, 2003, p. 263.
45 X. Xxx. 0, Direttiva 90/314/Cee.
46 Art. 2, n.1, Direttiva 90/314/Cee: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione
eventuale47. Affinché si possa configurare un tour package, infatti, è sufficiente la prefissata combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori (che siano parte significativa del pacchetto), a condizione che la prestazione superi le 24 ore48 o sia comprensiva di una notte.
Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della disciplina, quindi, è che i diversi servizi - aventi tutti la medesima rilevanza- che compongono il pacchetto siano preassemblati in una combinazione idonea a soddisfare l’interesse del viaggiatore, mentre il trasporto non ha piú alcuna preminenza rispetto alle altre prestazioni.
La Direttiva, inoltre, introduce una definizione unitaria di contratto di viaggio in termini di accordo «che lega il consumatore all’organizzatore49 e/o al venditore» (art. 2, n. 5).
Le qualifiche soggettive delle parti del rapporto contrattuale, ad eccezione dell’utilizzo dell’espressione «venditore»50 in luogo di
«intermediario», riprendono quelle già elaborate dalla CCV.
superi le 24 ore o comprenda una notte: a) trasporto, b) alloggio, c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono una parte significativa del “tutto compreso” (…)».
00 X. X. XXXXXXXX XXXXXX, Legislazione turistica, cit., p. 295, per il quale «appare evidente che la definizione di servizio “tutto compreso” si allontana dal concetto tradizionale di viaggio organizzato che prevede, necessariamente, il trasporto e l’alloggio (…)».
48 Detto limite temporale introduce un’ulteriore differenza rispetto alla CCV che, invece, non prevede alcun termine per l’esecuzione della prestazione.
49 La Direttiva ha fornito una definizione neutra di tale operatore professionale: organizzatore è «la persona che organizza in modo non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore» (Art. 2, comma 1, n. 2). Il legislatore comunitario ha lasciato, pertanto, agli Stati membri la possibilità di modellare nello specifico questa qualifica professionale adattandola alle diverse realtà nazionali.
Ciò nonostante, permane una differenza fondamentale: la CCV, infatti, richiede in capo al professionista, sia esso organizzatore o intermediario, il requisito della «abitualità» dell’attività esercitata, mentre la normativa comunitaria tace circa la non occasionalità dei servizi resi dal venditore.
Xxxxxxxxxx, invece, nella sostanza le definizioni di «viaggiatore» di cui all’art. 1, n. 7 della CCV e di «consumatore» che l’art. 2, n. 4 della normativa comunitaria identifica nel contraente principale o nella persona per conto della quale il contraente principale acquista/si impegna ad acquistare servizi tutto compreso, fino ad includere l’eventuale cessionario di tali servizi.
Sotto il profilo degli strumenti di tutela per il turista, le due normative si pongono in una posizione di continuità, ma presentano delle differenze notevoli51.
La Direttiva europea ha infatti introdotto un nuovo regime di responsabilità volto a garantire una maggiore protezione per il consumatore.
In particolare, muta la posizione dell’organizzatore a fronte dei danni causati al viaggiatore da parte di terzi di cui il primo si sia avvalso per l’esecuzione della prestazione.
L’art. 15 della CCV, infatti, distingueva tra pregiudizi subiti dal viaggiatore «à l’occasion» dell’esecuzione dei servizi e danni subiti «en raison» del mancato adempimento totale o parziale da parte dei terzi52.
Nel primo caso, si prevedeva una presunzione di responsabilità dell’organizzatore, salvo la prova liberatoria della mancanza della culpa in
50 Ai sensi dell’art. 2, n. 3 della Direttiva europea, il venditore è «la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall’organizzatore».
51 V. A.M. XXXXXXXXXX, Il contratto tra agente di viaggio e tour operator, cit., pp. 324-326.
52 Cfr. X. XXXXXXXX, Diligenza del tour operator e irresponsabilità per fatto (nota a Xxxx., 27 ottobre 2004, n. 20787), in Dir. tur., 2005, p. 345.
eligendo; nel secondo, invece, si applicava il regime di responsabilità previsto per le singole operazioni inadempiute.
L’art. 5, comma 1, della Direttiva, invece, introduce una disciplina che non ammette alcuna prova liberatoria: l’organizzatore e/o il venditore53 che si avvalgano della collaborazione di terzi sono sempre tenuti a risarcire, salvo diritto di rivalsa, i danni causati dagli stessi al consumatore.
Ciò denota una chiara scelta del legislatore comunitario di introdurre un trattamento piú protettivo per il turista-consumatore rispetto a quello derivante dalla disciplina internazionale.
Tale prospettiva di implementazione della tutela del turista rappresenta, inoltre, il motivo ispiratore del processo di revisione della normativa comunitaria culminato nell’adozione della Direttiva Ue 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati54, che abroga la Direttiva 90/314/Cee con effetto dal 1° luglio 2018.
53 L’utilizzo della formula «organizzatore e/o venditore», tuttavia, ha dato luogo a non poche incertezze in sede di recepimento della direttiva, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di viaggio organizzato. A ciò ha fatto seguito l’adozione di soluzioni contrapposte nell’àmbito delle legislazioni nazionali dei singoli Stati. Si veda in proposito: X. XXXXX, Il recepimento della Direttiva sui viaggi «tutto compreso» nei Paesi dell’Unione europea, in Dir. tur., 2008, pp. 83-87.
54 La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 326 dell’11 dicembre 2015. Tale normativa modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, la Direttiva 2011/83/Ue e abroga la Direttiva 90/314/Cee. I Paesi dell’Unione avranno due anni di tempo per recepire le nuove disposizioni nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Per una dettagliata analisi della Proposta di Xxxxxxxxx che ha preceduto l’emanazione del testo definitivo, v. X. XXXXXXX, I contratti del turismo organizzato on line tra diritto attuale e prospettive de iure condendo alla luce della nuova proposta di Direttiva in materia di “pacchetti turistici”, in Riv. dir. dell’impresa, 2014, pp. 315-341.
Anticipando alcune considerazioni che verranno svolte ampiamente nel capitolo conclusivo del lavoro, si evidenzia sin da ora come la nuova normativa miri a modernizzare le regole in materia di tour package e ad adeguare il corpus dei diritti precedentemente istituiti all’evoluzione dell’era digitale ed all’uso sempre piú crescente di internet nelle transazioni commerciali relative all’offerta ed alla vendita di servizi turistici.
Il diffondersi degli acquisti online di pacchetti non piú preconfezionati, bensí personalizzati, scelti ed assemblati dal turista-viaggiatore, infatti, ha alimentato l’insorgere di dubbi ed incertezze circa la possibile applicazione a tali fattispecie della Direttiva 90/314/Cee.
Sulla base di questi sviluppi, pertanto, il nuovo provvedimento intende estendere la tutela a tali combinazioni di servizi turistici che ad oggi si trovano in una «zona grigia», al fine di evitare che la situazione di incertezza giuridica disincentivi all’acquisto.
Sia che la prenotazione del pacchetto «tutto compreso» sia effettuata attraverso un’agenzia di viaggio tradizionale, sia online o tramite pagine web collegate, si applicheranno gli stessi princípi e le medesime garanzie per il cliente.
La nuova Direttiva persegue, inoltre, lo scopo di promuovere la dimensione transfrontaliera del mercato turistico, eliminando le disparità tra le differenti legislazioni nazionali che scoraggiano tanto il viaggiatore di un determinato Stato membro ad acquistare, quanto l’organizzatore e/o venditore a vendere, in un altro Stato un pacchetto all inclusive.
In relazione ai soggetti tutelati, grande importanza riveste l’introduzione della qualifica di «viaggiatore» in luogo di quella di «consumatore» utilizzata in precedenza. Si tratta, infatti, di una nozione molto piú ampia, nella quale rientrano tutti «coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti» nonché i «lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base ad
un accordo generale»55. Tale categoria include, pertanto, non solo il singolo consumatore, bensí anche il libero professionista che definisca le modalità del viaggio legato alla propria attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dal consumatore, in assenza di un accordo generale.
Circa l’àmbito di applicazione oggettivo, la Direttiva distingue i pacchetti turistici dai servizi turistici collegati.
I primi includono tanto le offerte a pacchetto pre-organizzate dall’operatore turistico, quanto quelle personalizzate autonomamente dal viaggiatore. I secondi, invece, si configurano quando un professionista – tradizionale o online – agevola l’acquisto portando il turista a concludere contratti con diversi fornitori di servizi turistici anche mediante diversi processi di prenotazione collegati.
Sempre nell’ottica di una maggiore protezione giuridica del viaggiatore, si introducono piú obblighi informativi pre-contrattuali a carico del venditore, maggiori tutele in caso di disdetta conseguente ad una revisione dei prezzi, nonché ulteriori garanzie in caso di difformità delle prestazioni effettivamente rese rispetto a quelle previste dal pacchetto acquistato.
L’art. 13, inoltre, sancisce il principio di responsabilità dell’organizzatore per l’esecuzione del pacchetto a prescindere da quale sia il soggetto tenuto a prestare il servizio, riconoscendo tuttavia agli Stati membri la possibilità di introdurre un regime di responsabilità solidale con il venditore56.
55 Cosí il Considerando n. 7 della Direttiva (Ue) 2015/2302.
56 Tale facoltà, se eseguita, comporterebbe un mutamento dell’attuale regolamentazione giuridica italiana: l’art. 43 cod. tur. prevede, infatti, che l’agente di viaggi e l’organizzatore turistico siano tenuti al risarcimento del danno nei confronti del viaggiatore «secondo le rispettive responsabilità», ovvero il primo in relazione alle informazioni ed al procedimento di prenotazione, mentre il secondo all’esecuzione del viaggio.
Molteplici, pertanto, sono gli obiettivi perseguiti dal nuovo provvedimento legislativo: rafforzare la certezza giuridica e la trasparenza delle operazioni commerciali e, quindi, incrementare il livello di protezione dei viaggiatori; incentivare gli scambi transfrontalieri del mercato di pacchetti turistici grazie ad una maggiore armonizzazione e un esplicito meccanismo di riconoscimento reciproco della protezione in caso d’insolvenza; garantire una concorrenza piú equa tra i professionisti che operano nel settore.
Gli Stati membri dell’Ue avranno tempo fino al 1° gennaio 2018 per adeguarsi alla nuova normativa ed ulteriori sei mesi per farla entrare in vigore. Per vederla operativa, dunque, si dovrà attendere il 1° luglio 2018, anche se nulla osta ad un recepimento anticipato rispetto alla scadenza naturale.
1.4. I «servizi turistici» nella legislazione italiana: dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (All. 1, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79).
I princípi ispiratori della Direttiva 90/314/Cee sono stati recepiti nell’ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, in ottemperanza all’art. 24 della legge delega 22 febbraio 1994, n. 14657.
57 L’art. 24 di tale legge, che recava «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee», conferiva la delega al Governo per l’emanazione del decreto legislativo attuativo della normativa comunitaria, indicando princípi e criteri direttivi cui lo stesso doveva uniformarsi. In senso critico sul contenuto dell’intervento del legislatore delegante x. X. XXXXXXXXXX, X. XXXXXXX, La
«vendita di pacchetti turistici», cit., pp. 10-11.
Uno degli obiettivi che il Governo doveva conseguire nell’attuazione della Direttiva era rappresentato dal coordinamento della disciplina comunitaria con la normativa emanata dalla CCV circa vent’anni prima.
Il nostro legislatore ha perseguito tale risultato solo parzialmente: con il d.lgs. n. 111 del 1995, infatti, non si è provveduto ad una regolamentazione ex novo della materia con un testo organico sostitutivo del precedente, bensí il decreto si è affiancato alla l. n. 1084 del 197758, lasciando all’interprete il compito di risolvere eventuali problemi di sovrapposizione tra una fonte normativa di diritto uniforme ed una di rango comunitario59.
Tale rischio, tuttavia, è stato contenuto nella prassi da un lato, in virtú della non perfetta coincidenza del campo di applicazione del decreto e della legge di ratifica della CCV60, dall’altro ricorrendo al criterio di collegamento di cui all’art. 24 lett. a della l. delega n. 146 del 199461 che prevede, in caso di conflitto tra disposizioni applicabili, la prevalenza di quella piú favorevole anche se anteriore.
58 L’assenza di coordinamento con la disciplina uniforme è stata ampiamente criticata da X. XXXXXXXXX, I contratti di trasporto e di viaggio, cit., p. 258 s.
59 Per un confronto tra le due normative v. X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., pp. 99-106; X. XXXXXXXX, I contratti di viaggio «all inclusive» tra frontiere interne e diritto transnazionale, cit., p. 47 ss.
60 La normativa comunitaria ha un àmbito piú vasto rispetto a quello della CCV: la Direttiva, infatti, non distingue tra viaggi «interni» agli Stati membri e viaggi svolti fuori dalla Comunità. L’applicazione della CCV, invece, dipende dal luogo di esecuzione del contratto, in quanto disciplina solo i viaggi internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso da quello di partenza o di stipulazione del contratto. Sul punto v. X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, cit., pp. 7-11.
61 Art. 24, l. n. 146 del 1994: «l’attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) l’offerta del servizio “tutto compreso” ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni piú favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla l. 27 novembre 1977, n. 1084; (…)».
I due interventi normativi, inoltre, sono stati ispirati da una ratio differente: la l. n. 1084 del 1977 mirava ad un contemperamento degli opposti interessi delle parti in gioco, il d.lgs. n. 111 del 1995 dà attuazione ad una direttiva comunitaria che si caratterizza per una serie di disposizioni finalizzate alla tutela del contraente debole, ovvero il turista-consumatore.
Quest’ultima esigenza diventa palese laddove si tenga presente che il contenuto del d.lgs. n. 111 del 1995 è stato interamente trasfuso prima nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), all’interno della Parte III, Titolo II, Capo II denominato «Servizi turistici» e, successivamente, nel Codice del turismo (All. 1, d.lgs. 23 maggio 2011, n.
79) che ha assorbito le norme di cui agli artt. 82-100 c. cons., integrandole con nuove disposizioni.
Con il Codice del consumo62 il legislatore ha inteso porre in essere un’opera di semplificazione e riorganizzazione sistematica delle diverse leggi a tutela del consumatore succedutesi nel corso del tempo, con la finalità di rimediare alle numerose sovrapposizioni tra le varie regole derivanti da distinte direttive comunitarie63.
62 Tra i vari commenti al Codice, v. X. XXXX, X. XXXXX XXXXXX (a cura di), Codice del consumo. Commentario, Napoli, 2005; X. XXXXX, Il Codice del consumo tra “consolidazione” di leggi e autonomia privata, in Contr. impr./Europa, 2006, p. 80 ss.; X. XXXXX XXXXXX, Il Codice del consumo: prime impressioni fra critiche e consensi, ibidem,
p. 34 ss.; X. XXXXXXXXXX, X. XXXXXXXXXXX (a cura di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2009; X. XXXXXXX, Un codice “consumato” (Codice del consumo, credito ai consumatori e Codice del turismo), in Corr. giur., 2011,
p. 1189 ss. ; ID., Codice del consumo e norme collegate, Milano, 3a ed., 2012; X. X’XXXXX (a cura di), La riforma del Codice del consumo. Commentario al D.lgs. n. 21/2014, Milano, 2015.
63 Nonostante l’intento iniziale, il Codice ha subíto, nel corso degli anni, molteplici innovazioni che hanno ridimensionato l’originaria finalità di riassetto organico e di semplificazione della materia. L’emanazione del d.lgs. 13 agosto 2001, n. 141, ad esempio, ha comportato l’espunzione dal Codice delle regole in materia di «credito al consumo» confluite all’interno del T.U.B., cosí come l’art. 3, comma 1, lett. m, del d.lgs.
La disciplina di cui al decreto del 1995 è confluita nel nuovo Codice all’interno della disciplina dei rapporti di consumo senza notevoli modificazioni, perdendosi cosí la chance di una migliore regolamentazione della materia rispetto ai mutamenti verificatesi nel tempo ed, in particolare, di una piú efficiente delimitazione dei rapporti con la l. n. 1084 del 197764, specie in relazione ai rispettivi àmbiti di operatività65.
Ciò nonostante, l’inserimento dei contratti di viaggio all’interno del Codice66 ha avuto una portata di ampio rilievo giuridico, perché ha comportato la collocazione del viaggio tra i rapporti di consumo e, quindi, la qualificazione del viaggiatore come consumatore, con conseguente estensione allo stesso, in virtú di una interpretazione sistematica delle norme consumeristiche, della disciplina piú favorevole67.
Novità di carattere tanto formale quanto sostanziale sono state introdotte, invece, con l’emanazione del Codice della normativa statale in
23 maggio 2011, n. 79 che ha disposto l’abrogazione degli artt. 82-100 cod. cons. in materia di «servizi turistici», con conseguente trasfusione della disciplina negli artt. 32-51 cod. tur.
64 «La mancata abrogazione della l. n. 1084 del 1977 reca una conseguenza di rilievo: sebbene le ipotesi alle quali sia applicabile solo tale legge e non anche il Codice del consumo siano limitatissime, le definizioni, il lessico e le nozioni da essa introdotti rimangono vincolanti anche nell’interpretazione del Codice del consumo»: cosí X. XXXXXXX, sub Art. 82, in X. XXXXXXX (a cura di), Codice del consumo. Commentario, Milano, 2008, p. 466.
65 Sui rapporti tra la disciplina ex artt. 82-100 cod. cons. e la l. n. 1084 del 1977, v. X. XXXXX XXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, in ID., M. DONA (a cura di), Il contratto di viaggio turistico, cit., p. 42 ss.
66 La disciplina di cui agli artt. 82-100 cod. cons. si compone di una parte definitoria in merito alle parti (organizzatore, venditore, consumatore) ed all’oggetto dei contratti relativi ai servizi turistici (vendita di pacchetto turistico), cui seguono le disposizioni relative alla forma ed al regime di responsabilità.
67 Cfr. X. XX XXXXX, X. XXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato, in Corr. merito, 2011, p. 1158 ss.
tema di ordinamento e mercato del turismo, contenuto nell’Allegato n. 1 al d.lgs. n. 79 del 201168.
Si tratta di un corpus normativo della legislazione turistica comprensivo della regolamentazione sia di àmbito pubblicistico che privatistico, nella sostanza molto piú vicino ad un testo unico piuttosto che ad un’opera di codificazione da intendersi in senso classico69, la cui finalità primaria è quella di coordinare la pluralità delle fonti che regolano la materia, per garantire organicità e sistematicità alla relativa disciplina, mediante una revisione delle regole sui rapporti e sui contratti turistici.
L’entrata in vigore di tale codice di settore ha comportato la trasfusione delle norme di cui agli artt. 82-100 c. cons. all’interno del Titolo VI, artt. 32-53, c. tur.70, che regolamenta i «contratti del turismo organizzato»,
68 Il decreto, adottato in attuazione della Direttiva 2008/122/Ce, relativa ai «contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, è entrato in vigore il 21 giugno 2011. A poco meno di un anno dalla sua adozione, è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale (C. cost., 5 aprile 2012, n. 80), la quale ha dichiarato l’illegittimità di una molteplicità di articoli dell’allegato n. 1- che riporta il vero e proprio Codice del turismo - per mancato rispetto dei limiti di delega legislativa, riducendone sostanzialmente la portata normativa alle parti relative al c.d. «diritto privato del turismo», ovvero alle norme che disciplinano in modo organico i pacchetti turistici (Titolo VI) e che hanno assorbito le norme del Codice del consumo (artt. 82-100), integrandole con nuove disposizioni. Sul punto, X. XXXXX, Il turismo nel «tiro alla fune» Stato-Regioni: la ridondanza dell’eccesso di delega dimezza il codice, in Dir. tur., 2012,
p. 29 ss.
69 Sul punto, X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, Introduzione, cit., p. XXI, per il quale «il Codice del turismo si limita a compiere, per lo piú, un’opera di consolidamento del diritto vigente in materia turistica, anche al fine di assicurare una migliore conoscibilità delle norme statali dedicate al settore; non se ne può, pertanto, enfatizzare il carattere esaustivo ed omnicomprensivo, pur sempre trattandosi di un codice di settore».
70 In senso critico, si veda X. XXXXXXX, Un codice “consumato” (Codice del consumo, credito ai consumatori, e Codice del turismo), cit., p. 1189 ss., il quale definisce
«anomala» la struttura del Codice del turismo e, criticando la scelta di separare dal Xxxxxx
isolando le regole prima contenute nel Codice del consumo e rivendicandone una specialità rispetto alla disciplina generale di tutela del consumatore71.
Tra le innovazioni piú rilevanti, si deve evidenziare l’abrogazione della
l. n. 1084 del 1977 di ratifica della Convenzione di Bruxelles sul contratto di xxxxxxx00, che pone fine alle difficoltà interpretative fino ad allora sorte circa la corretta individuazione della normativa applicabile, rendendo il
del consumo le norme sul turismo organizzato, si esprime in termini di «inutile amputazione» contrastante con le finalità proprie della normativa consumeristica emanata per riunire i diversi provvedimenti attuativi delle direttive comunitarie a tutela del consumatore. In argomento v. anche, X. XXXXXXXXX, Contratti e responsabilità nel Codice del turismo, cit., p. 5 ss., per il quale « (…) l’avere “sradicato” la normativa sui contratti turistici dal Codice del consumo per unirla con regole relative ad altri aspetti del medesimo settore socio-economico non deve essere valutato di per sé né positivamente né negativamente: il Codice del consumo conteneva - e continua a contenere - la parte “generale” anche dei contratti turistici, soprattutto con riguardo alla disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 33 ss., xxxxx restando che si devono mettere in conto eventuali opere di consolidamento di normative settoriali che portano a tali operazioni in/out di discipline speciali (…)».
71 X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, Introduzione, cit., p. XXI, parla di « “secondo livello” di specialità, rispetto al “primo livello” già sancito nel 2005 dal Codice del consumo rispetto al codice civile».
72 L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2011, dispone che la l. n. 1084 del 1977 «è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall’art. 37 della medesima». In senso critico verso tale scelta del legislatore v. X. XXXXXX, Vendita di pacchetti turistici, in E. LLAMAS POMBO, X. XXXXXXXXX, C.I. XXXXXXXXX XXXXXXXXX e X. XXXXXX XXXXXXX (a cura di), Turismo y derecho del consumo, Bogotà, 2015, p. 42 e p. 55, la quale evidenzia che, ad oggi, il governo italiano non ha ancora provveduto a tale adempimento. L’art. 37 della CVV prevede che l’abrogazione si verificherà decorso un anno dal ricevimento della notifica da parte del governo depositario della denunzia internazionale della Convenzione trasmessa dallo Stato italiano. Ad oggi, tuttavia, dall’Archivio dei Trattati Internazionali Online (ATRIO) non risulta alcuna denuncia della CVV da parte dell’Italia.
Codice del turismo l’unico testo normativo di riferimento per la disciplina contrattuale generale del settore turistico.
Nell’àmbito delle modifiche sostanziali - di cui si darà conto dettagliatamente nel prosieguo - si segnala l’ampliamento della nozione di
«pacchetto turistico» di cui all’art. 34, a séguito dell’introduzione, nella definizione, dell’esplicito riferimento alle crociere turistiche, nonché dell’eliminazione sia del requisito della durata minima superiore alle ventiquattro ore che del riferimento al carattere «prefissato» della combinazione degli elementi essenziali; il rafforzamento degli obblighi informativi in capo all’organizzatore e/o all’intermediario; la nuova formulazione della disciplina in tema di responsabilità per inadempimento o inesatto adempimento del contratto; l’inserimento di una specifica norma (art. 47) relativa al «danno da vacanza rovinata».
La ratio della collocazione dei contratti di vendita di pacchetti turistici all’interno del nuovo codice, deve essere ravvisata nella necessità di garantire un piú alto livello di protezione del «turista»73, a causa della specificità della sua condizione.
L’accentuato squilibrio contrattuale esistente tra le parti, infatti, permette di guardare al turista come «consumatore speciale»74, in quanto
73 Sul piano terminologico, la modifica piú importante introdotta dal cod. tur. riguarda la sostituzione della locuzione «consumatore di servizi turistici» con l’espressione
«turista», che l’art. 33, comma 1, lett. c, definisce come «l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico».
74 Cfr. X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», in Nuove leggi civ. comm., 2012, p. 1106, per il quale la
«specialità» della definizione di consumatore di pacchetti turistici rispetto a quella generale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a, cod. cons., «trae ulteriore linfa» dalla nomenclatura utilizzata per definire la controparte contrattuale: mentre nell’àmbito di un generale rapporto di consumo, infatti, ci si riferisce al professionista, in relazione ai pacchetti turistici si parla di venditore e/o organizzatore.
non dotato degli adeguati strumenti idonei a risolvere gli eventuali problemi che si possano verificare in occasione di una vacanza, in un luogo lontano dalla sua dimora abituale e «generalmente incline a subire il disservizio pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi»75.
Tale esigenza di implementare la tutela rispetto al comune consumatore si giustifica maggiormente alla luce delle caratteristiche proprie del pacchetto turistico: il turista, infatti, acquista il pacchetto sulla base delle sole informazioni che gli vengono comunicate dall’organizzatore o dall’intermediario, potendo verificare soltanto in un momento successivo alla conclusione del contratto la qualità del servizio prescelto e la sua effettiva conformità rispetto a quanto pattuito.
È evidente, quindi, che necessita di una piú accentuata protezione rispetto al semplice consumatore che, invece, ha la possibilità di verificare ex ante, ovvero prima del pagamento, le caratteristiche del bene di consumo che intende acquistare.
Alla luce di quanto detto, si palesa anche la ratio di una delle principali innovazioni introdotte con la codificazione, ovvero la tipizzazione della fattispecie del «danno da vacanza rovinata»76, già in passato oggetto di studio parte di dottrina e giurisprudenza, quale nuova figura di illecito da inadempimento contrattuale, risarcibile ex art. 47 c. tur., qualora il contratto di viaggio organizzato abbia una «finalità di svago» ed il turista
75 Cosí la Relazione al progetto del Codice di riforma del turismo, del Ministro del turismo.
76 Sulla evoluzione della disciplina del danno da vacanza rovinata cfr., ex multis, X. XXXXXXX, Danno da vacanza rovinata, in E. LLAMAS POMBO, X. XXXXXXXXX, C.I. XXXXXXXXX XXXXXXXXX e X. XXXXXX XXXXXXX (a cura di), Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx., x. 00 xx.; S. CATERBI, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, cit., p. 188 ss.; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 355 ss.; X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata, in Rass. xxx. xxx., 0, 0000, x. 000 xx.
xxxxx xxxxxx una lesione del suo interesse a godere della propria vacanza quale occasione irripetibile di relax e divertimento.
La sovrapposizione tra la figura del turista e quella del consumatore implica necessariamente un coordinamento tra le due normative specifiche che ne regolamentano la relativa protezione77, nell’evidente ottica di una maggiore certezza del diritto.
A tal proposito, l’art. 32, comma 3, c. tur., si limita a rinviare genericamente al d.lgs. n. 206 del 2005 per quanto non regolamentato dal capo relativo ai contratti del turismo organizzato78.
Si conferma, cosí, il ruolo sussidiario del Codice del consumo che, disciplinando la «parte generale» dei contratti dei consumatori, trova applicazione laddove la normativa di settore presenti lacune, limitatamente ai contratti di vendita di pacchetti turistici conclusi tra operatori che rientrano nella categoria dei «professionisti» di cui all’art. 3, lett. c, c. cons. e turisti qualificabili come «consumatori» ex art. 3, lett. a, c. cons.79.
Una intersezione tra le normative si verifica, inoltre, relativamente ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali, ovvero a distanza a mezzo internet.
L’art. 32, comma 2, c. tur. statuisce, infatti, che tali contratti siano soggetti alla normativa consumeristica, ma prevede l’applicabilità agli stessi degli artt. da 64 a 67 c. cons. (xxxxxxx, artt. 45-67 c. cons., come modificati dal d.lg. 21 febbraio 2014, n. 21, attuativo della Direttiva
77 In proposito, X. XXXXX, Contratti asimmetrici, codici di settore e tutela del contraente debole, in Obbl. contr., 2012, p. 440 ss.
78 La sostituzione della locuzione «Servizi turistici» di cui al Capo II, Titolo IV cod. cons., con la nomenclatura «Contratti del turismo organizzato» di cui al Capo I, Titolo I, cod. tur., permette di delimitare l’àmbito di applicazione della nuova normativa di settore, rinviando implicitamente alle norme del Codice del consumo e del Codice civile per la disciplina dei «servizi turistici disaggregati».
79 Sul punto, X. XXXXXXXXXXXX, Viaggi organizzati e tutela del turista. Profili di diritto comparato e europeo (Prima parte), Padova, 2012, pp. 32-33.
2011/83/UE), che regolamentano lo ius poenitendi del consumatore nei contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali, salvo il caso in cui il professionista comunichi per iscritto l’esclusione del diritto di xxxxxxx00.
La disciplina dettata dal Codice del turismo, infine, ha un àmbito applicativo ben preciso, delimitato ai soli pacchetti «all inclusive» e non si estende alle prestazioni turistiche disaggregate, ovvero acquistate al di fuori di un viaggio organizzato, che restano soggette alle regole consumeristiche e del Codice civile.
Quanto al rapporto con quest’ultimo, va da sé che la codificazione di settore si ponga in un rapporto di subordinazione e specificazione, non di interferenza.
È evidente, pertanto, che l’individuazione della disciplina da applicare al caso concreto non possa prescindere da un’attenta attività ermeneutica che sia in grado di guardare alla singola fattispecie nell’àmbito dell’intero sistema ordinamentale in cui si colloca81.
Seppur, infatti, il Codice del turismo rappresenti la principale fonte normativa di riferimento per la regolamentazione del contratto di viaggio, le sue disposizioni dovranno essere necessariamente coordinate con quelle del Codice del consumo e del Codice civile, nonché lette ed interpretate
80 Tale previsione ha suscitato in dottrina non poche perplessità: cfr. X. XXXXXX, Vendita di pacchetti turistici, cit., pp. 45-46; X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., pp. 1109-1111;
A. VENCHIARUTTI, Viaggi organizzati e tutela del turista. Profili di diritto comparato e europeo (Prima parte), cit., pp. 33-36.
81 Sull’importanza, in generale, di un’interpretazione logico-sistematica v. X. XXXXXXXXXXX, L’interpretazione della legge come sistematica e assiologia. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in Rass., dir. civ., 1985, p. 990 ss.; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a ed., Napoli, 2006, p. 212.
alla luce dei princípi costituzionali, che consentono di guardare al turista e tutelarlo non perché consumatore82, ma in quanto persona83.
82 In proposito, X. XXXXXXXXXXX, Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003, p. 307, ritiene che la qualifica di consumatore sia solo «un aspetto parziale di una realtà complessa, ove gli individui non possono essere distinti esclusivamente tra produttori e consumatori, giacché sono innanzitutto uomini».
83 Si osserva, in particolare, che la principale norma costituzionale che assicura copertura normativa alla tutela del turista, è sicuramente l’art. 2 che riconosce e garantisce il pieno e libero sviluppo della persona umana e che «rappresenta una clausola di ordine pubblico costituzionale idonea a tutelare, in maniera ampia e non tassativa, il valore- persona in tutte le sue molteplici manifestazioni»: cosí X. XXXXXXXXXXX, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 514. Tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 32 cost., rappresenta altresì il fondamento costituzionale della vacanza, intesa quale occasione di svago, di riposo a garanzia del benessere e della salute della persona.
CAPITOLO II
LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
SOMMARIO: 2.1. La nuova definizione di «pacchetto turistico» ex art. 34 cod. tur. – 2.2. I pacchetti turistici «tradizionali» e i pacchetti turistici online. – 2.3. Le parti del rapporto contrattuale: dal «consumatore di pacchetti turistici» al «turista». L’organizzatore e l’intermediario del viaggio. – 2.4 L’identità giuridica del contratto di vendita di pacchetti turistici. La causa del contratto e la «finalità turistica». – 2.5. La conclusione del contratto: vincoli formali e contenuto. – 2.6. Obblighi informativi, trasparenza e pubblicità ingannevole. – 2.7. Il contratto di viaggio e le clausole vessatorie. – 2.8. Il recesso per giusta causa, le clausole onerose e la tutela del turista.
2.1. La nuova definizione di «pacchetto turistico» ex art. 34 cod. tur.
Tra le novità introdotte dal Codice del turismo, che hanno condotto ad un rilevante ampliamento dell’àmbito di applicazione della normativa in materia di «contratti del turismo organizzato», le prime considerazioni devono essere compiute in merito alla nuova definizione di pacchetto turistico di cui all’art. 3484.
84 Ancòra una volta, il legislatore non ha fornito una definizione del contratto di vendita di pacchetto turistico, limitandosi a delinearne l’oggetto. Ciò nonostante, resta invariata la qualificazione datane in passato da dottrina e giurisprudenza in termini di contratto di scambio, di natura consensuale, a titolo oneroso, mediante il quale l’alienante (organizzatore o intermediario turistico) vende o offre in vendita al turista-consumatore, ad un prezzo forfettario predeterminato, un pacchetto turistico all inclusive: v., ex multis,
Tale disposizione qualifica con il termine «turistico» i pacchetti aventi ad oggetto viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due dei servizi tipici del settore turistico, ovvero l’alloggio, il trasporto ed altri servizi di natura non accessoria rispetto ai due precedenti85 che, tenuto conto delle esigenze ricreative del turista, risultino essere parte significativa del pacchetto, venduto o offerto in vendita ad un prezzo forfettario86.
Occorre osservare, in primis, che con la nuova formulazione è stato rimosso il limite minimo di durata del viaggio organizzato: l’art. 84 c. cons., infatti, stabiliva che il viaggio dovesse essere «superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendere almeno una notte», mentre l’art. 34 cod. tur. non prevede piú alcuna specificazione di ordine temporale87.
X. XXXXXXXXXXX, Il contratto di vendita di pacchetto turistico nel nuovo Codice del turismo, in Contratti, 2012, p. 205 ss.
85 La nozione codicistica di «pacchetto turistico», nel riprendere quella di origine comunitaria, si allontana dalla precedente regolamentazione del contratto di organizzazione di viaggio di cui alla CVV, in quanto non prevede che nella combinazione dei servizi turistici sia necessariamente incluso il trasporto quale elemento essenziale, consentendo cosí di ampliare la sfera di operatività della disciplina a fattispecie nuove, quali ad esempio i soggiorni in villaggi raggiungibili dal turista autonomamente, ovvero le settimane bianche.
86 L’espresso riferimento al pagamento di un prezzo forfettario, ha alimentato un dibattito circa la possibilità di far rientrare nella definizione di «tour package» anche i contratti offerti gratuitamente al consumatore. Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia che ha ritenuto applicabile la Direttiva 90/314/Cee anche ai viaggi offerti gratuitamente da parte di un quotidiano, nell’àmbito di una promozione pubblicitaria, a vantaggio esclusivo della propria clientela, in cui il contraente principale paga le tasse aeroportuali ed il supplemento per la camera singola: x. Xxxxx Xxxxx., 00 xxxxxx 0000, X- 000/00, xx Xxxx xx., 1999, IV, c. 299. In dottrina, in senso contrario, v. F. DE SANTIS, I pacchetti turistici: i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», in X. XXXXXX (diretto da), I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, VIII, Torino, 2004, p. 108.
87 Tale limite temporale continua ad essere presente, invece, nella normativa comunitaria. Cosí come la Direttiva 90/314/Cee regolamenta soltanto i pacchetti turistici
La scelta del legislatore di eliminare il requisito della durata plurigiornaliera deve essere favorevolmente condivisa in quanto consente di ampliare «l’ombrello protettivo»88 della normativa di derivazione comunitaria a fattispecie che prima ne restavano escluse poiché, pur realizzando la combinazione richiesta per la creazione di un pacchetto turistico, si esaurivano nell’arco di tempo di una giornata89.
A tale considerazione, peraltro, si aggiunge la constatazione che la nuova disposizione rende possibile l’inclusione nella categoria regolamentata anche dei cd. «mini-pacchetto», ovvero delle escursioni giornaliere acquistate nell’àmbito di un pacchetto turistico piú ampio90.
In tal modo, il Codice del turismo offre al turista una maggiore protezione, non solo rispetto alla precedente disciplina delineata dal Codice del consumo, ma anche rispetto al dettato della Direttiva 90/314/Cee91.
che abbiano una durata superiore alle ventiquattro ore o che siano comprensivi di una notte, l’art. 2, comma 2, lett. a della nuova Direttiva 2015/2302/UE esclude espressamente dal suo àmbito di applicazione «i pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento».
88 Cosí X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, in G. ALPA (a cura di), I contratti del consumatore, Milano, 2014, p. 1183.
89 In tal modo, il legislatore italiano ha fatto proprio il disposto della Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 gennaio 2002 (reperibile in xxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx) sugli aspetti generali della politica di protezione dei consumatori, con la quale si raccomandava un aggiornamento della Direttiva 90/314/Cee, proponendo l’inclusione nel suo campo di applicazione dei pacchetti di durata inferiore alle ventiquattro ore.
90 Sul punto v. X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., pp. 116-1117.
91 In direzione opposta rispetto alle scelte adottate dal legislatore italiano, si pone l’ordinamento spagnolo privo di un vero e proprio codice che regolamenti la materia turistica.
Al fine di dare attuazione alla Direttiva 90/314/Cee, il legislatore spagnolo aveva emanato la Ley sobre viaje combinados (l. 6 luglio 1995, n. 21), con la quale venivano adottate diverse misure volte ad intensificare la protezione del consumatore-turista, in conformità alle esigenze imposte dalla direttiva: si veda in proposito, X. XXXXXXX
GARAU, La normativa comunitaria sobre viajes combinados y su adaptación al ordenamiento español, in Revista de Derecho Mercantil, n° 232, 1999, pp. 687-703; X. XXXXXXXX XXXXXX, La Directiva sobre viajes combinados y la adaptación de la normativa española de Agencias de viaje, in Revista de Derecho Mercantil, n° 206, 1992,
p. 819 ss. Tale legge è stata successivamente abrogata e, contestualmente, integrata ed incorporata nel Texto Refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuario y otras leyes complementarias, che è stato approvato con il Real Decreto Legislativo del 16 novembre 2007, n. 1, il quale ha raccolto in un unico corpus di norme la disciplina volta alla tutela del consumatore: in proposito, v. X. XXXXXXXXX XXXXXX, El derecho turístico: de viajero a consumidor, in Revista Cidob D’Afers Internacionals, n. 113, 2016, pp. 39-50; J.M. BECH SERRAT, Regulación de los viajes combinados: aclaraciones de un texto refundido, in Revista Derecho Privado, nº 6, 2008, pp. 55-96; M.AB. XXXXXXXX XXXXXXXXX, ¿Nueva regulación de los viajes combinados?, in Revista de Derecho Mercantil, n. 269, 2008, p. 1063 ss.; X. XXXXX XXXXXX, Nuevas cuestiones en torno a la distribución de responsabilidad entre el organizador y el metallista frente a los turistas por incumplimento en la fase de ejecución del contrate de viaje combinado, in
J.L. XXXXXXX XXXXXX, X. XXXXXXX XXXXX (a cura di), La protección de los consumidores como motor de desarollo económico (actas del II Congreso Euroamericano de Protección Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxx, 0000, x. 000 xx.; I. BELUCHE RINCÓN, La deficiente protección del consumidor de viajes combinados en el Derecho Español, ivi, p. 247 ss. In senso critico in merito alla inclusione della disciplina del contratto di viaggio organizzato nel Real Decreto, v. X. XXXXXXXXX REPRESA, El texto Refundido de la LGDCU. Notas sobre su alcance y significado, in Revista de Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx, x. 0, 2008, pp. 15-54.
Nell’àmbito di tale decreto, i contratti di viaggio all inclusive trovano espressa
regolamentazione nel Libro IV che è strutturato in due Titoli: il primo (artt. 150-158) si compone di diverse disposizioni che regolamentano l’ámbito di applicazione della disciplina e dettano prescrizioni preliminari relative al contratto di viaggio. Il secondo (artt. 159-165), invece, regolamenta la fase successiva alla conclusione del contratto, disciplinando le ipotesi di risoluzione del contratto e di responsabilità dell’organizzatore.
L’art. 151.1 lettera a, nel dettare una definizione del «contrato de viaje», riproduce pedissequamente il testo dell’art. 2, comma 1, n. 1 della Direttiva 90/314/Cee, lasciando inalterato il vincolo temporale minimo di durata. In senso critico verso tale soluzione, v.
X. XXXXXXXX XXXXX, El contrato de viaje combinado: estudio normativo, in Revista Cesco de Derecho de consumo, 2012, n. 2, pp. 77-78, il quale evidenzia come l’art. 151.1. «sigue
La nozione di pacchetto turistico, inoltre, è stata riformulata ed ampliata mediante l’espressa inclusione nel genus della fattispecie della crociera.
Al riguardo non si può fare a meno di evidenziare che di fatto il legislatore non abbia introdotto una novità sostanziale, bensí si sia limitato a codificare il costante orientamento giurisprudenziale92 che, in assenza di una specifica previsione normativa, considerava in via interpretativa la crociera come viaggio organizzato93.
Le crociere, del resto, hanno rappresentato il primo fenomeno di organizzazione turistica in un’epoca in cui il mercato dei servizi turistici era ancòra di proporzioni ridotte e posseggono tutti i requisiti dei pacchetti turistici in quanto offrono piú servizi combinati, quali il trasporto, l’alloggio ed altre attività accessorie di natura ricreativa (escursioni, spettacoli, attività sportive).
siendo fiel a la Directiva 90/314/CEE, por lo que se trasladan las mismas imprecisiones del ámbito supranacional al nacional, y, en consecuencia, los mismos problemas de interpretación (…)» e auspica un’estensione dell’àmbito di applicazione della legge
«especialmente a quella combinaciones que actualmente están excluidas por la condición “cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia”, como es el caso de las excursiones o los circuitos organizados a actos culturales o deportivos».
92 V., ex multis, Trib. Lanciano, 1° luglio 2002, in Dir. tur., 2003, p. 341 ss.; Trib. Napoli, 26 febbraio 2003, in Giur. nap., 2003, p. 172 ss.; Trib. Bari, 27 luglio 2005, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 880 ss., con nota di X. XXXXXXXXXXX, Contratto di vendita di pacchetto turistico e nullità per mancanza di forma scritta; Trib. Torino, 20 luglio 2006 e Trib. Genova, 19 febbraio 2007, in Dir. tur., 2007, p. 259 ss., con nota di X. XXXXXXXX, I confini della responsabilità dell’organizzatore di una crociera turistica.
93 Cfr. X. XXXXXXX, La nuova normativa in tema di turismo, in Resp. civ. prev., 2011, 11, p. 2400, secondo la quale «(…) come notorio, con la crociera si offre al turista una combinazione costituita da viaggio in nave, alloggio e fornitura di pasti e di tutta una serie di servizi accessori, come spettacoli, attività sportive, ecc., per cui non vi era dubbio alcuno del fatto che questa dovesse considerarsi quale pacchetto turistico»; X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 41.
Oggi, tuttavia, l’interesse primario del crocerista non è piú la mera prestazione di trasporto94, bensí il perseguimento di una finalità turistica di svago e divertimento, sostanzialmente uguale a quella sottesa al contratto di vendita di pacchetti turistici, mentre il servizio di trasporto costituisce solo una delle varie prestazioni che l’organizzatore della crociera offre ai viaggiatori.
Di conseguenza, risulta essere palese che l’eventuale sussunzione del contratto di crociera nello schema del contratto di trasporto, non solo non è piú corrispondente alla realtà del fenomeno, ma verrebbe a privare il crocerista di un’adeguata tutela in caso di disservizi imputabili all’organizzatore.
La nuova formulazione dell’art. 34 cod. tur., in definitiva, elimina ogni dubbio in merito alla qualificazione giuridica del contratto di crociera: qualsiasi tipologia di crociera integra un pacchetto turistico, con conseguente sostanziale equiparazione della protezione del crocerista a quella di qualunque altro consumatore che usufruisca di viaggi organizzati95.
94 In passato, quando il turismo era riservato ad una élite e la nave rappresentava il principale mezzo di trasporto, il contratto di crociera si inquadrava necessariamente nello schema tipico del trasporto marittimo di persone, regolamentato dagli artt. 1681-1682 del Codice civile e dal Codice della navigazione, in quanto il trasporto rappresentava la prestazione essenziale, mentre gli altri servizi erano solo strumentali ed accessori all’obbligazione principale. Sul punto v. X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit., pp. 1184-1186; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., pp. 255-257.
95 La peculiarità della prestazione di trasporto marittimo, parte integrante del contratto di crociera, impone di coordinare gli artt. 32 ss. cod. tur. con gli artt. 403 e 408 del Codice della navigazione. Di conseguenza, l’ipotesi in cui il comandante sia obbligato a cambiare itinerario per cause di forza maggiore, quali condizioni metereologiche avverse, non coincide necessariamente con l’impossibilità di fornire una parte essenziale dei servizi turistici da cui deriverebbe, invece, ex art. 44, comma 4, cod. tur. l’obbligo di adottare soluzioni alternative, ovvero rimborsare al consumatore la differenza tra le prestazioni
Nuova rispetto al passato, invece, è la specifica previsione della possibilità riconosciuta al turista di scegliere la combinazione degli elementi del viaggio: il legislatore ha definitivamente chiarito che, affinché possa configurarsi un contratto di vendita di pacchetto turistico, non è piú necessario che la combinazione di servizi sia «prefissata», bensí la stessa può essere «da chiunque ed in qualunque modo realizzata»96.
Pertanto, mentre il legislatore comunitario, richiedendo la «pre- organizzazione» degli elementi del pacchetto97, limita l’applicazione della
pattuite e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Cosí, Trib. Genova, 19 febbraio 2007, cit.
96 Cosí Art. 34, comma 1, cod. tur.
L’art. 84, comma 1, cod. cons., invece, ricalcando il precedente art. 4 del d.lgs. n. 111 del 1995, riconduceva al pacchetto turistico i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla «prefissata» combinazione di almeno due degli elementi di trasporto, alloggio, o servizi turistici non accessori ai primi due, ma comunque idonei a soddisfare le esigenze ricreative del turista.
97 Allo stesso modo, la legislazione spagnola (art. 151.1 del Texto Refundido) richiede espressamente la «combinación previa» quale elemento essenziale del viaje combinado. In proposito v. J. M. XXXXXX XXXXXX, Información, contenido y modificación de los contratos de servicios turísticos, in Diario La Ley, 2010, n. 7315, p. 3 ss., il quale ritiene che «si quien lleva a cabo la combinación previa de los elementos que integran el viaje es el consumidor ya no sería un viaje combinado […] el consumidor está adquiriendo aquí una pluralidad autónoma de prestaciones (servicios sueltos) y no un producto unitario como es el viaje combinado»; E. XXXXX CALLE, sub Artt. 150-165 TRLGDCU, in Comentarios a las normas de protección de los consumidores diretto da X. Xxxxxx Xxxxxxxx, Madrid - Colex, 2011, pp. 1296-1301. La dottrina maggioritaria, tuttavia, ritiene che nel concetto di viaggio combinato debbano rientrare anche le «vacaciones a medida» (viaggi su misura): in proposito, v. X. XXXXXXX XXXXX, Ante la posible reforma del regime jurídico del viaje combinado en la Unión Europea, in X. XXXXXXX XXXXXX, X. XXXXXXX XXXXX (a cura di), La protección xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx (Navarra), 2011, p. 175 ss., secondo il quale se si
«dejase fuera del ámbito de aplicacion de la Directiva por cuestiones conceptuales a quello contratos perfeccionados “dinámicamente”, nos encontraríamos con que un número muy inportante de negozio turísticos estarían exentos de las obligaciones que
normativa alle sole ipotesi in cui il turista si rivolga ad un’agenzia per acquistare un viaggio preconfezionato, l’art. 34 cod. tur. amplia le fattispecie rientranti nell’àmbito di applicazione della disciplina, in quanto applica la nozione di pacchetto turistico a prescindere dall’individuazione del soggetto che realizza la combinazione98.
In tal modo, si è posto fine ad un annoso dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza, prima dell’entrata in vigore del Codice del turismo, in merito all’applicabilità della disciplina ai «viaggi su misura» o «a domanda», c.dd. «tailor made arrangements»99, vale a dire a quei pacchetti
impone la norma a las agenzia que organicen o comercialicen viajes combinados, dejando, en definitiva, a muchos consumidores deprotegidos (…)»; X. XXXXXXXX DE LOS XXXXXX, La regulación de los viajes combinados en el texto refundido de la ley general para la defensa de consumidores y usuarios, in Revista Xurídica Galega, 2008, n. 60, p. 15, la quale ritiene che «no tiene demasiado sentido alterar los niveles de protección que se ofrecen al consumidor en función de que la iniziativa de la programación del viaje o, más exactamente, de su xxxxxxxxxx, de su contenido, haya partido del consumidor o de la agencia, cuya labor técnica para organizar o ensemblar todo lo que el consumidor pretende, sigue siendo necesaria». V. anche X. XXXXXXXX XXXXX, El contrato de viaje combinado: estudio normativo, cit., p. 77, il quale ritiene che «la expresión “combinación previa” resulta artificial, de significado i efectos confusos, por lo que podría ser eliminada. La xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ser igual en el caso de los viajes a medida que en el de otras combinaciones»; M.aB. XXXXXXXX XXXXXXXXX, ¿Nueva regulación de los viajes combinados?, cit., p. 1067.
00 Xxx. X. XX XXXXXXXXXX, Xx disciplina dei contratti aventi ad oggetto “pacchetti turistici” nel “Codice del turismo” (D. lgs 23 maggio 2011, n. 79): profili di novità e questioni problematiche (Prima parte), in Studium Iuris, 2011, p. 1149, per il quale «è del tutto irrilevante che la combinazione dei servizi sia stata (preventivamente ed unilateralmente) realizzata dall’organizzatore, ovvero sia stata realizzata da terzi o dallo stesso turista attraverso una scelta operata autonomamente nell’àmbito della molteplicità di servizi offerti dall’organizzazione (…)».
99 Si tratta di pacchetti utilizzati nella prassi commerciale ed espressamente previsti dalla Associazione Tour Operator Italiani (ATOI), la quale riconosce al turista la possibilità di conferire al tour operator l’incarico di assemblare un pacchetto turistico,
il cui contenuto è concordato con il tour operator al momento della conclusione del contratto sulla base delle esigenze e dei desideri manifestati dal turista.
La giurisprudenza di merito100, in passato, aveva negato che tali figure potessero essere ricondotte nel novero dei pacchetti turistici, basandosi sull’assunto che l’art. 84, comma 1, cod. cons. richiedesse espressamente la «prefissata» combinazione.
Di diverso avviso la dottrina101 che, fin dalla emanazione del decreto n. 111 del 1995, aveva ritenuto che il requisito della pre-organizzazione non fosse incompatibile con la creazione da parte del tour operator di pacchetti su misura assemblati sulla base delle esigenze del cliente, in quanto tale possibilità era espressamente riconosciuta dall’art. 7, lett. m, del d.lgs. n.
111 del 1995, laddove, fra gli elementi da inserire in un contratto di vendita di pacchetti turistici, comprendeva anche «accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore e/o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione».
sulla base delle sue specifiche e personali indicazioni. Sul punto, X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata, cit., pp. 45-48; X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 51; X. XXXXXXX, sub Art. 34, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, Codice del turismo, in X. XXXXXXX (a cura di), Codice del consumo e norme collegate, Milano, 4a ed., 2015, pp. 1079-1080.
100 X. X.x.X. Xxxxxxxx, 0 aprile 2008, n. 613, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Trib. Prato, 2 settembre 2008, in Foro it., 2008, I, c. 280 ss., che ha negato la configurazione di un pacchetto turistico nell’ipotesi di servizi separati assemblati su richiesta del viaggiatore.
101 Cfr. X. XXXXXXXXXX, Contratti di viaggi organizzati, in Enc. giur., 1996, IX, p. 2; ID., X. XXXXXXX, La «vendita di pacchetti turistici», cit., p. 29. Si veda anche X. XXXXXXX, sub Art. 84, in X. XXXXXX (a cura di), Commentario al Codice civile, D.Lg. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, Milano, 2010, p. 28 ss., che evidenzia come sia frequente, nella prassi dei rapporti tra operatore professionale e turista, concedere a quest’ultimo la facoltà di scelta dei servizi nell’àmbito delle proposte formulate dal tour operator.
Tale interpretazione è stata accolta anche dalla Xxxxx xx Xxxxxxxxx000 che ha ammesso l’estensione della normativa alle fattispecie in cui il turista formuli una proposta all’organizzatore al fine di soddisfare particolari esigenze che non trovino riscontro nei cataloghi predisposti dall’agenzia, sull’assunto che la nozione di «prefissata combinazione» di cui all’art. 2, punto 1, della Direttiva 90/314/Cee debba essere intesa nel senso che
«includa le combinazioni di servizi turistici stabilite al momento in cui il contratto viene stipulato tra l’agenzia di viaggi e il consumatore».
Con la formulazione ora contenuta nel Codice del turismo, quindi, il legislatore italiano si è nuovamente allineato ai dettami della giurisprudenza comunitaria.
Giova ricordare, inoltre, che in favore dell’applicabilità della disciplina ai «viaggi su misura» depone anche l’art. 36, comma 1, lettera m, cod. tur. che, inserendo tra gli elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici gli eventuali «accordi specifici sulle modalità di viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o l’intermediario e il consumatore al momento della prenotazione», riconosce espressamente la possibilità di accordi per viaggi non «a catalogo»103.
102 Xxxxx Xxxxx., 00 aprile 2002, C-400/00, in Foro it., 2002, IV, c. 329 ss.; in Resp. civ. prev., 2003, p. 39 ss., con nota di X. XXXXXXXXX, Note minime in tema di “prefissata combinazione” di “servizi” turistici “tutto compreso”; in Dir. tur., 2003, p. 241 ss., con nota di X. XXXXXXXXXXXX, Pacchetti turistici su misura; in Danno e resp., 2003, p. 148 ss., con nota di C.S. CARASSI. Nel caso di specie, il giudice portoghese aveva sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali: 1) se i viaggi organizzati dalle agenzie su domanda e iniziativa del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste rientrassero nell’àmbito di applicazione dell’art. 2, punto 1, della Direttiva 93/13/Cee; 2) se l’espressione «prefissata combinazione» potesse essere interpretata con riferimento al momento in cui il contratto venga stipulato tra agenzia e cliente.
103 Cosí X. XXXXXXX, sub Art. 34, D. Lg. 23 maggio 2011 n. 79, cit., p. 1080. V. anche
X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 252.
In stretta connessione con la nuova formulazione dell’art. 34 cod. tur., relativamente alla parte in cui si esprime in termini di combinazione «da chiunque ed in qualunque modo realizzata», risulta essere l’art. 33, lett. a, cod. tur.
Tale disposizione, infatti, nel definire la figura dell’organizzatore, riconosce al tour operator la facoltà di consentire al turista di realizzare ed acquistare autonomamente la combinazione dei singoli elementi del viaggio da organizzare, anche mediante un sistema di comunicazione a distanza.
In tal modo, si legittima la prassi dei «pacchetti dinamici»104 o «self made», vale a dire delle fattispecie in cui il turista non si rivolga ad un’agenzia di viaggio, bensí componga autonomamente il pacchetto da
104 In merito alla regolamentazione dei pacchetti dinamici nell’ordinamento spagnolo
v. A. ASENSI MERÁS, Contratación on line xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, n. 12, 2016, pp. 163-182; ID., Nuevas perspectivas de la contratación on line de servicios turísticos y paquetes dinámicos de turismo, in Internacional journal of scientific management and tourism, vol. 2, n. 1, 2016, pp. 287- 302; I. XXXXXXXX XXXXXXX, El contrate de viaje combinado y los paquetes dinámicos, in
J.F. Xxxxx, e X. XXXXX XXXXXXXXX (diretto da), Manual de Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, 0000, pp. 127-135; J.D. XXXXXXX XXXXX, Contratación elettronica de paquetes dinámicos de turismo en el ordenamiento jurídico español, in Ars Iuris Salmanticensis: Revista europea e iberoamericana de pensamento y análisis de dercho, ciencia política y criminología, vol. II, n. 2, 2014, pp. 95-125, il quale ritiene che «el actual regime protector de los viajeros resulte insufuciente y desactualizado», in quanto l’assenza di una espressa regolamentazione di questa nuova tipologia di pacchetti turistici crea una lacuna legislativa che genera confusione tanto tra gli operatori professionali, quanto tra i consumatori, in merito ai rispettivi diritti e obblighi; X. XXXXXXXXXX XXXXXX, Nuevas formas de promoción y contratación de servicios turísticos en Internet, in A. PANIZA FULLANA, J.P. XXXXXXXX XXXXXXX (coord. da), Nuevas fórmulas de comercialización on line de servicios turísticos: Subsunción en los tipos legales y distribución de responsabilidad, Comares, 2013, p. 1 ss.
casa, utilizzando il proprio computer105 ed avvalendosi delle diverse opzioni offerte in rete dall’organizzatore106.
Anche tali ipotesi rientrano nella categoria del contratto di vendita di pacchetto turistico e sono, pertanto, soggette alla relativa disciplina.
Ne consegue che le diverse modalità di acquisto di un viaggio all inclusive non incidono piú sulla tutela del turista107: il legislatore, infatti,
105 L’esigenza di rafforzare la tutela del turista che acquista pacchetti turistici on line non solo preconfezionati ma anche personalizzati, rappresenta uno degli obiettivi che il legislatore comunitario ha inteso conseguire con l’adozione della Direttiva 2015/2302/UE relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati, che abroga la precedente Direttiva 90/314/Cee ormai obsoleta rispetto agli sviluppi del mercato del turismo e, in particolar modo, alla diffusione dell’utilizzo di internet quale principale canale per l’offerta e la vendita di pacchetti turistici.
106 Anche la dottrina spagnola, seppure il legislatore non si sia pronunciato espressamente in tal senso, ritiene che i «pacchetti dinamici» debbano rientrare nel concetto di viaggio combinato: cfr. X. XXXXXXXXXX XXXXXX, “Contratación on line de viajes combinados”, in AA. VV., Turismo y Comercio Electrónico: la promoción y contratación “on line”, Comares, 2001, pp. 153-164. Tuttavia, vengono sollevati dubbi in merito alla sussistenza della preventiva combinazione di servizi richiesta dalla norma nelle ipotesi in cui «el consumidor no navega solo por la página web de una misma agencia de viajes, sino combina diferentes elementos de cada una de ellas, introducendo diferentes variables hasta confeccionarse un producto final» perché in questo caso «no es la agencia de viajes la que efectúa lo que venimos denominado tarea de ensamblaje»: cosí
X. XXXXXXXX DE LOS XXXXXX, La regulación de los viajes combinados en el texto refundido de la ley general para la defensa de consumidores y usuarios, cit., p. 16, secondo la quale sembra «forzado interpretar que el hecho de colgar las offerta en la página web o de establecer enlaces constituye ya esa tarea de organización previa que permite trasladar este producto al àmbito de proteción del TR».
107 Cfr. X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 253, il quale ritiene che la disciplina dei contratti di vendita di pacchetti turistici debba trovare applicazione anche per i «viaggi incentive», vale a dire ai casi in cui il viaggio sia acquistato da un’impresa che lo assegni come premio al dipendente piú meritevole. L’a. fonda la sua tesi sulla definizione di «turista», di cui all’art. 33, lett. c, cod. tur., ai sensi del quale è tale «(…) qualunque persona, anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la
allargando l’àmbito di applicazione della disciplina del contratto «tutto compreso» tanto ai pacchetti «tailor made» quanto ai «self made», ha esteso l’area di protezione della normativa al fenomeno del «turismo fai da te» che oggi, a fronte dell’ormai marginale ricorso alla tradizionale agenzia per l’organizzazione del viaggio, rappresenta una realtà dominante.
Un secondo aspetto sul quale è opportuno soffermare l’attenzione riguarda la composizione del pacchetto turistico: affinché ricorra la fattispecie in esame, infatti, è necessaria la predisposizione di un insieme di servizi che si componga di precisi elementi108.
Particolarmente interessante, a tal proposito, risulta essere l’individuazione dei «servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio» cui si riferisce la lettera c dell’art. 34, comma 1, cod. tur.
Tali servizi, affinché possano concorrere alla composizione del pacchetto, devono possedere una duplice caratteristica: la norma richiede
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico». V. anche, X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, cit., pp. 51-53, il quale ritiene applicabile la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. tur. anche ai viaggi con formula «roulette» in cui il turista, al momento della stipula del contratto, a fronte di un risparmio sul prezzo, viene informato solo sulla categoria di appartenenza dell’albergo e sulla località turistica di soggiorno, mentre la struttura verrà scelta tra un ventaglio di possibili soluzioni in base alla disponibilità che si verifica al momento dell’arrivo in loco; nonché ai «last minute» e «last second», i primi acquistati a mezzo internet qualche giorno prima rispetto alla partenza, i secondi acquistati dal turista in aeroporto direttamente da rappresentanti del tour operator il giorno stesso della partenza. Sui viaggi con formula «roulette» si veda, anche, A. TURCO, Vendita di pacchetto turistico con offerta in “formula roulette”, in Dir. tur., 2005, p. 31.
108 Cfr. X. XXXXX XXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 47, secondo la quale la peculiarità del pacchetto turistico «si rinviene nel fatto che la trasformazione di un mero contenitore di oggetti materiali in pacchetto si realizza attraverso una “combinazione” che si segnala e conferisce un’autonoma identità alle diverse tipologie di prodotto-servizio (…)».
espressamente la loro «non accessorietà» e «significatività» nell’àmbito del pacchetto acquistato.
Quanto al primo requisito, dovrà essere valutato caso per caso, sulla base delle caratteristiche del singolo servizio e con riferimento all’intero pacchetto predisposto per il viaggiatore.
Un servizio di solito astrattamente accessorio, infatti, potrebbe cessare di esserlo nel caso concreto, qualora le parti ne abbiano specificato le modalità e le abbiano rese parte rilevante della prestazione109.
Per fare qualche esempio, si considerano sicuramente accessori e, pertanto, non rientrano nel novero dei servizi di cui alla lett. c, il servizio di somministrazione della prima colazione, il servizio di spiaggia con fornitura di ombrellone e sdraio, il servizio di assicurazione bagaglio o di facchinaggio, in quanto non necessari per la combinazione del pacchetto, poiché solitamente compresi nel servizio di alloggio o di trasporto110.
Si giunge a conclusioni opposte, invece, per il servizio di equitazione rispetto all’ospitalità alberghiera, per il noleggio auto rispetto al volo aereo di trasporto, per il servizio di messa a disposizione di un’auto nei pacchetti
109 Sul punto, X. XXXXXX, sub Art. 34, in X. XXXXXXXX (diretto da), Codice ipertestuale del Consumo. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, Torino, 2008, p. 385 ss.
110 La Corte di Giustizia europea, dal canto suo, in merito agli «student exchange programs» ha escluso che l’accoglienza gratuita degli studenti presso le famiglie del Paese ospitante, durante un soggiorno di studio, possa rilevare quale servizio non accessorio nella confezione di un pacchetto turistico. La Corte, dopo aver rilevato che «la scelta di una scuola da parte dell’organizzatore del viaggio tutto compreso non può di per sé essere considerata come un servizio turistico ai sensi dell’art. 2, sub 1, lett. c, della direttiva» in quanto tale servizio ha come finalità specifica l’educazione degli studenti che partecipano al corso, ha aggiunto che «il servizio costituito dalla scelta di una famiglia che consente allo studente di essere accolto durante un soggiorno è in ogni caso un servizio accessorio (…) e non rientra quindi nella nozione di altri servizi turistici»: cosí Corte giust., 11 febbraio 1999, C-237/99, in Dir. com. scambi int., 2001, p. 39; in Foro it., 1999, IV, c. 385.
«fly and drive»; cosí come per servizi quali lo sky pass ed il noleggio delle attrezzature sportive rispetto ai pacchetti comprendenti le «settimane bianche»111.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha ritenuto non accessori rispetto all’alloggio in un villaggio turistico servizi quali la spiaggia attrezzata, il miniclub per bambini, l’animazione112, le visite guidate e le escursioni con accompagnatori113.
Affinché i servizi turistici non accessori possano contribuire a realizzare la composizione del pacchetto è comunque necessario che ne costituiscano parte «significativa»114.
111 V. G. XXXXXXXXXX, X. XXXXXXX, La «vendita di pacchetti turistici». La direttiva 13 giugno 1990 n. 90/314/CEE ed il d.lg. 17 marzo 1995, n. 111, cit., p. 26; X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, cit., pp. 43-44.
112 Cass., 2 marzo 2012, n. 3256, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, la quale ritiene che la causa concreta del contratto costituita dalla finalità turistica «(…) impedisca di considerare “accessori” all’alloggio, altri servizi, strettamente funzionali alla finalità turistica, aggiuntivi rispetto alla ospitalità e ai tradizionali accessori». Secondo la Corte, qualora si acquisti presso un’agenzia un pernottamento a mezza pensione in un villaggio presso il quale, acquistando una «tessera club», si può usufruire di determinati servizi quali la spiaggia attrezzata, l’animazione, la piscina, ecc., «sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per la configurabilità dell’acquisto di un “pacchetto turistico”».
113 Cass., 14 luglio 2007, n. 16315, in Giust. civ., 2008, I, p. 699 ss.; in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 531 ss., con nota di X. XXXXX, Contratto di viaggio “tutto compreso” e irrealizzabilità della sua funzione concreta.
114 Cfr. Corte giust., 11 febbraio 1999, C-237/99, cit., la quale escludendo che nella nozione di «tutto compreso» potessero rientrare gli «student exchange programs», ha specificato che «anche supponendo che si possa ritenere che la preparazione dei documenti necessari del soggiorno in un altro paese e dei corsi che gli studenti seguono con i loro genitori prima della partenza per prepararsi alla vita all’estero rientrino nella nozione di altri servizi turistici, essi non soddisfano uno dei criteri di cui all’art. 2, sub 1, lett. c) della direttiva, cioè costituire una parte significativa del tutto compreso».
La nuova formulazione della norma richiede che tale requisito sia valutato con riferimento alla idoneità del servizio turistico, aggiuntivo al trasporto e/o all’alloggio, di rispondere alle «esigenze ricreative del turista».
È possibile, cosí, superare il contrasto precedentemente sorto in dottrina in merito al significato da attribuire all’espressione «servizi costituenti parte significativa».
A chi propende in favore di un’interpretazione oggettiva, ritenendo che un servizio possa essere considerato significativo solo qualora su di esso si sia raggiunto implicitamente o esplicitamente l’accordo delle parti115, si può obiettare che la lett. c dell’art. 34 cod. tur. richieda espressamente quale criterio selettivo della «significatività» dei servizi, la valutazione dell’interesse del turista.
Ciò implica che non si possa ricorrere ad un criterio di natura meramente oggettiva, ma che sia necessario valutare la rilevanza che, nel caso specifico, le varie prestazioni pattuite con l’organizzatore assumono per il turista.
La valutazione, pertanto, deve compiersi prevalentemente avendo riguardo agli «elementi oggettivi di formazione del consenso riguardati nella particolare prospettiva soggettiva del turista consumatore»116.
Del tutto irrilevante, invece, è l’incidenza che il costo del servizio rivesta rispetto al trasporto o all’alloggio sulla combinazione complessiva, in quanto nella prospettiva dell’interesse del turista è possibile che una prestazione di scarso valore economico costituisca comunque una componente significativa del pacchetto turistico.
115 V. A. XXXXX, Sul rifiuto della proposta alternativa del tour operator in caso di modifiche dopo la partenza, in Dir. tur., 2003, p. 232; X. XXXXXX, Contratto di viaggio all inclusive e “causa concreta”, in Contratti, 2009, p. 309.
116 Cosí si legge nella Relazione illustrativa allo schema de decreto legislativo recante il Codice della normativa statale di ordinamento e mercato del turismo.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il viaggio sia stato organizzato in coincidenza dello svolgimento di un evento sportivo o musicale: in tale caso, nell’àmbito del pacchetto è ricompresa la fornitura del biglietto per assistere a quella determinata manifestazione, ma la rilevanza economica di quest’ultima prestazione è sicuramente inferiore rispetto al prezzo complessivo del pacchetto stesso. Ciò non toglie che sarebbe irragionevole negare al turista una tutela solo a causa del costo esiguo del servizio complementare rispetto al resto delle prestazioni, essendo il trasporto e l’alloggio, seppur piú costosi, meramente strumentali alla fruizione dell’evento117.
In tal modo, il legislatore valorizza il cd. «turismo motivazionale»: i motivi individuali che spingono il turista a dare il proprio consenso in merito alla scelta di un determinato pacchetto turistico si insinuano nella causa del contratto e diventano decisivi ai fini della valutazione della gravità degli inadempimenti del tour operator118.
117 In senso analogo, X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., pp. 251-252; X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit., pp. 1187- 1188; X. XXXXXXX, sub Art. 34, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, cit., p. 1079.
118 Cfr. X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., p. 13, secondo il quale « (…) un motivo considerato determinante della formazione del consenso nella scelta di un dato pacchetto turistico (ad esempio, possibilità di praticare immersioni subacquee in un villaggio attrezzato per queste attività sportive) penetra nella causa del contratto intesa quale funzione economico- individuale del singolo (e non già come funzione economico-sociale svincolata dalla singola fattispecie contrattuale) o, se si preferisce, come “espressione oggettivata di finalità soggettive».
2.2 I pacchetti turistici «tradizionali» e i pacchetti turistici
online.
Delineati i confini della nuova definizione di «pacchetto turistico», occorre soffermarsi sull’àmbito oggettivo di applicazione della normativa codicistica.
A tal proposito l’art. 32, comma 1, cod. tur. - che ha riprodotto, con alcune varianti, il contenuto dell’art. 82 cod. cons. - nello stabilire che «le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti dall’art. 34», delimita il campo di operatività della normativa al solo fenomeno del turismo organizzato, relegando la disciplina dei singoli servizi turistici disaggregati119 nell’àmbito del Codice civile e del Codice del consumo.
La norma, al fine di individuare le fattispecie soggette alla disciplina di cui agli artt. 32 ss. cod. tur., ricorre all’utilizzo di un criterio di tipo territoriale e stabilisce che le disposizioni di cui al Capo I si applicano a tutti i contratti di vendita di pacchetti turistici conclusi dall’organizzatore o dal venditore sul territorio nazionale.
Il criterio selettivo individuato è quello del luogo di conclusione del contratto, restando del tutto irrilevanti altri fattori quali, ad esempio, il luogo di esecuzione dello stesso o la cittadinanza delle parti contraenti. Ciò che conta è che il contratto sia concluso in Italia.
119 In proposito v. S. D’URSO, Pacchetto tutto compreso e vendita di servizi di trasporto separati dal pacchetto, nota a X.x.X. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 aprile 2011, in Riv. it. dir. trasp., 2012, 6, p. 115 ss. Nel caso di specie, il giudice ha precisato che la vendita di un volo andata e ritorno ad un prezzo non forfettario, anche se avvenuta contestualmente alla vendita di un pacchetto tutto compreso e allo stesso collegato, non si può considerare parte del pacchetto, bensì si tratta di una vendita intermedia di un servizio di trasporto al quale si devono applicare le norme del relativo contratto.
La conseguenza è che tutti i pacchetti venduti o offerti in vendita a cittadini italiani sul territorio di Paesi stranieri, si pensi in particolare ai
«mini-pacchetto», non potranno beneficiare delle garanzie e delle tutele previste dalla normativa di settore, ma saranno soggetti alla legislazione del luogo in cui il contratto è stato concluso e, qualora non si tratti di un Paese europeo, rimarranno fuori anche dal campo di applicazione della normativa comunitaria120.
Il secondo comma dell’art. 32 cod. tur. aggiunge che le norme sui contratti del turismo organizzato vengano applicate non solo alle vendite
«tradizionali», ma anche ai pacchetti turistici «negoziati», cioè venduti
«fuori dai locali commerciali o a distanza», ovvero tramite internet.
Questa disposizione sostituisce l’abrogato art. 82, comma 2, cod. cons. e prevede una disciplina piú dettagliata per quanto riguarda il raccordo con le norme che regolamentano il diritto di recesso ad nutum nei contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali121.
120 Sul punto, si esprime in senso critico X. XXXXXX, Vendita di pacchetti turistici, cit., pp. 42-43. L’a. evidenzia come, prima dell’entrata in vigore del Codice del turismo, sotto la vigenza degli artt. 82 ss. cod. cons. in concorso con la Convenzione di Bruxelles, nelle ipotesi in cui il contratto fosse stato concluso con un organizzatore o un venditore con sede in uno Stato aderente alla Convenzione, non si applicava la disciplina italiana, ma la normativa internazionale. E, considerato che l’art. 2, comma 2, della CCV lasciava spazio alle legislazioni speciali che comportassero un trattamento piú favorevole per il viaggiatore, era possibile ricorrere alla Direttiva 90/314/Cee. Oggi, invece, a sèguito dell’abrogazione della CCV, disposta dall’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 2011, non è piú possibile, con la conseguenza che i «mini-pacchetto» venduti all’estero restano fuori anche dal campo di applicazione della disciplina comunitaria.
121 Art. 32, comma 2, cod. tur.: «il presente capo si applica altresí ai pacchetti turistici negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina
A tal proposito, tuttavia, occorre segnalare che il richiamo alle disposizioni di cui al cod. cons. non possa piú essere considerato attuale, in quanto «tacitamente abrogato»122 dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21123, che ha modificato e rinumerato gli articoli del Codice del consumo relativi a tali contratti e, quindi, anche le norme oggetto di rinvio.
Il decreto, sostituendo gli artt. da 45 a 67 del cod. cons., non ha operato alcun coordinamento con l’art. 32, comma 2, cod. tur., ma i periodi della disposizione che rimandano alla disciplina consumeristica devono considerarsi implicitamente abrogati in virtú dell’espressa esclusione, disposta dal nuovo art. 47, comma 1, lett. c, cod. cons. 124, dei contratti di viaggio dall’àmbito di applicazione della normativa relativa ai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali.
Anteriormente a tale riforma, la diffusione del ricorso al commercio elettronico per l’acquisto di servizi turistici aveva creato non poche
l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206».
122 Cosí X. XXXXXXX, sub Art. 34, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, cit., pp. 1066 e 1070. V., anche, X. XXXXXXX, I contratti del turismo organizzato on line tra diritto attuale e prospettive de iure condendo alla luce della nuova proposta di Xxxxxxxxx in materia di “pacchetti turistici”, cit., p. 315 ss., che parla di «implicita abrogazione».
123 Tale decreto è stato adottato in attuazione della Direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori, che ha modificato la Direttiva 93/13/Cee (in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), la Direttiva 1999/44/Ce (concernente alcuni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo), nonché unificato e sostituito le Direttive 85/577/Cee e 97/7/Ce (riguardanti, rispettivamente, la protezione del consumatore nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e nei contratti a distanza). Per un commento, si veda X. XXXXXXX, Nuovi diritti per i consumatori; note a margine del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in Corr. giur., 2014, p. 745 ss.
124 Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del Codice del consumo non si applicano ai contratti «che rientrano nell’àmbito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79»: cosí art. 47, comma 1, lett. g, cod. cons.
perplessità circa l’estensione, ai pacchetti acquistati a mezzo internet, del diritto di ripensamento125, previsto per tutti i contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza.
Prima dell’introduzione del Codice del consumo, il d.lgs. n. 111 del 1995 richiamava il d.lgs. n. 50 del 1992126 che riconosceva al consumatore lo ius poenitendi tanto nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali, quanto in quelli conclusi a distanza mediante mezzi audiovisivi o telematici.
Mentre non vi erano dubbi in merito alla possibilità per il turista acquirente on line di un pacchetto di avvalersi del diritto di ripensamento ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 1992, molte perplessità127 sorgevano per i contratti turistici conclusi a distanza, in quanto il successivo d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185128 escludeva, ex art. 7, lett. b, il diritto di ripensamento per tutti i «contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione e al tempo libero quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore» si fosse impegnato a «fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito».
125 Si tratta del cd. recesso «di protezione» o «di pentimento» che assume i caratteri della discrezionalità e della gratuità, poiché permette alla parte di sciogliersi dal contratto senza che sia necessaria la ricorrenza di determinati presupposti, né la corresponsione di alcunché per il suo esercizio.
126 Tale decreto dava attuazione alla Direttiva 85/577/Cee in materia di contratti
negoziati fuori dai locali commerciali.
127 Parte della dottrina riteneva che il richiamo operato dal d.lgs. n. 111 del 1995 al d.lgs. n. 50 del 1992 dovesse essere interpretato in modo estensivo e, quindi, tale da ricomprendere anche la successiva intervenuta normativa di cui al d.lgs. n. 185 del 1999 in tema di contratti a distanza: v. X. XXXXXX, Recesso e disdette turistiche, in Dir. tur., 2005, p. 223. Altri, invece, escludevano il recesso di pentimento per il consumatore di pacchetto turistico acquistato a distanza: cfr. F. DELFINI, Vendita via internet di pacchetti turistici last minute e recesso del consumatore, in Dir. tur., 2003, p. 121.
128 Attuativo della Direttiva 97/7/Cee in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
Il Codice del consumo, successivamente, riproduceva ex art. 55, comma 1, lett. b per i contratti di viaggio conclusi a distanza l’esclusione già disposta dall’art. 7, lett. b, del d.lgs. n. 185 del 1999, mentre per quelli negoziati fuori dai locali commerciali, gli artt. 45 ss. non prevedevano alcuna limitazione129.
Di conseguenza, con il rinvio agli artt. 64 ss. cod. cons., l’art. 82, comma 2, cod. cons., riconosceva espressamente la possibilità di applicare le norme in tema di ius poenitendi a qualsiasi contratto di viaggio concluso fuori dai locali commerciali, a differenza di quelli conclusi a distanza, per i quali il rinvio riguardava solo i contratti non rientranti nell’esclusione di cui all’art. 55, comma 1, lett. b130.
129 In proposito, X. XXXXXXXX, La compravendita di pacchetti turistici on-line e l’esclusione del diritto di recesso da parte del turista, in Dir. tur., 2007, p. 30, il quale critica il legislatore nazionale che «con un intervento poco attento rispetto a quello di altri ordinamenti, pare aver perso una buona occasione per mettersi al passo coi tempi correggendo, con l’introduzione del Codice del consumo, quegli aspetti obsoleti contenuti nel d.lgs. n. 111/1995, nel d.lgs. n. 185 del 1999 e nel d.lgs. n. 50 del 1992, che hanno sinora frenato la possibilità di sviluppo della compravendita di pacchetti turistici on-line nel nostro Paese».
130 In dottrina si è cercato di superare il limite al diritto di ripensamento posto ai pacchetti turistici acquistati con data certa, ritenendo che l’art. 55, comma 1, lett. b, cod. cons. dovesse essere interpretato in termini restrittivi e, quindi, applicabile solo ai singoli servizi espressamente elencati e non anche al pacchetto turistico tutto incluso: cfr. X. XXXXXXX, I contratti di viaggi, in ID., X. XXXXXXXX XXXXX e M.E. LA TORRE (a cura di), I contratti turistici, Milano, 2004, p. 26; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., pp. 279-
280. In senso contrario, v. X. XXXXXXXX, La compravendita di pacchetti turistici on-line e l’esclusione del diritto di recesso da parte del turista, cit., p. 25 ss.; X. XXXXXXX, I contratti del turismo organizzato on line tra diritto attuale e prospettive de iure condendo alla luce della nuova proposta di Direttiva in materia di “pacchetti turistici”, cit., p. 337;
X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit., p. 1177. V., anche, X. XXXXX XXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 102, la quale evidenzia che l’interpretazione restrittiva dell’art. 55, comma 1, lett. b, cod. cons., non ha trovato conferma nella giurisprudenza, in particolar modo, in quella comunitaria. Per
Nella prassi, poi, i dubbi in merito all’esercizio del recesso per pentimento, relativamente ai pacchetti acquistati on line, sorgevano soprattutto con riguardo ai contratti last minute o last second.
In tali ipotesi, infatti, l’esecuzione del contratto ha inizio in un momento prossimo rispetto alla conclusione dell’accordo e, quindi, prima che siano decorsi i dieci giorni previsti inderogabilmente dalla legge per l’esercizio del diritto di ripensamento.
Di conseguenza, il seguente quesito: considerato che il diritto di ripensamento è, ex art. 143 cod. cons., irrinunciabile, può il turista esercitarlo qualora rientrato dal viaggio non sia ancora decorso il termine legale?
La dottrina - a ragione - negava tale possibilità sulla base della esclusione di cui all’art. 55, comma 2, lett. a, cod. cons., che impedisce espressamente il «diritto di pentirsi» nelle ipotesi di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, circostanza che si realizza frequentemente nei contratti di viaggio last minute131.
Ci si domanda la ragione per cui il legislatore, con il Codice del turismo, non abbia fatto chiarezza, bensí abbia lasciato la situazione invariata, alimentando anche altri dubbi interpretativi.
Con l’art. 32, comma 2, infatti, è stato di fatto riprodotto quanto già previsto dall’art. 82, comma 2, cod. cons., con la sola aggiunta dell’obbligo per il professionista di comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di
un’analitica ricostruzione della disciplina in materia di recesso di protezione nei contratti di viaggio e delle differenti posizioni dottrinali in merito, v. X. XXXXX XXXXXXX, Il recesso di protezione del consumatore nella nuova disciplina del turismo e della multiproprietà, in Contr. impr., 2011, p. 1208 ss.
131 Cfr. X. XXXXXX, Recesso e disdette turistiche, cit., p. 222 ss.; X. XXXXXXX, I contratti del turismo organizzato on line tra diritto attuale e prospettive de iure condendo alla luce della nuova proposta di Direttiva in materia di “pacchetti turistici”, cit., p. 337.
recesso nelle ipotesi in cui il contratto sia concluso con una delle tecniche a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali132.
Obbligo il cui inadempimento è sanzionato con l’applicabilità della disciplina generale del recesso di protezione, a prescindere dal momento dell’acquisto del pacchetto turistico133.
Tale previsione ha suscitato non poche incertezze in merito alla sua regolarità: facendo dipendere l’applicazione delle disposizioni in tema di recesso ad nutum da una mera volontà unilaterale del professionista, infatti, si pone in contrasto con l’art. 143, comma 1, cod. tur. che sancisce l’irrinunciabilità dei diritti del consumatore134.
132 Diversamente, X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 280, ritiene che «l’art. 32, 2° comma, cod. tur., risulta piú protettivo per il turista rispetto al previgente art. 82 cod. cons., in quanto impone al professionista (…) di comunicare per iscritto l’esclusione legale del diritto di recesso: il che non è previsto, in generale, per i contratti con i consumatori conclusi a distanza».
133 Sul punto, X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 280, specifica che l’obbligo imposto al professionista di comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso al turista, mira «ad evidenziargli i casi in cui è consentito per legge escludere tale prerogativa, in quanto la fornitura dei servizi è iniziata, con l’accordo del turista – che ha acquistato last minute, a condizioni presumibilmente piú convenienti – prima della scadenza del termine di dieci giorni lavorativi di cui all’art. 64 [art. 55, 2° comma, lett. a) cod. cons.]».
134 In proposito v. X. XXXXXXX, I contratti del turismo organizzato on line tra diritto attuale e prospettive de iure condendo alla luce della nuova proposta di Direttiva in materia di “pacchetti turistici”, cit., p. 338, secondo la quale sembra che «il legislatore non» abbia «voluto prendere una “decisa” posizione in merito al diritto di “ripensamento” del “turista”, nei casi di contratti di viaggi conclusi on line (…)»; X. XXXXXX, Vendita dei pacchetti turistici, cit., p. 46, la quale ritiene che, con l’innovazione introdotta dal Codice del turismo, il legislatore abbia risolto il problema «semplicemente dicendo che il diritto di ripensamento, che è irrinunciabile per il consumatore, quando spetta al turista diventa rinunciabile».
Sulla questione è intervenuto, come precedentemente accennato, il d.lgs.
n. 21 del 2014, che consente di porre fine a tutte le disquisizioni sorte in passato.
Pur non avendo apportato modifiche testuali al comma 2 dell’art. 32 cod. tur., infatti, con la nuova formulazione dell’art. 47, cod. cons., ha stabilito espressamente alla lett. g che i contratti di viaggio all inclusive, rientranti nell’àmbito di applicazione degli artt. 32-51 del d.lgs. n. 79 del 2011, non sono soggetti alla disciplina, di cui agli artt. 48-67 cod. cons. riformati, relativa ai contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali.
Una interpretazione conforme al sistema spinge a ritenere, pertanto, che tale intervento abbia abrogato implicitamente le norme del Codice del turismo che rinviavano al recesso di pentimento nelle ipotesi di contratti a distanza, facendo venir meno ogni contatto tra la disciplina di tali contratti e quella in materia di pacchetti turistici.
Di conseguenza, il turista acquirente di un pacchetto mediante tecniche di comunicazione a distanza o fuori dai locali commerciali continuerà a godere delle ipotesi di recesso «per giusta causa» disciplinate dal cod. tur., in virtú dell’estensione, ex art. 32, comma 2, cod. tur., dell’àmbito di applicazione del capo relativo ai contratti del turismo organizzato anche ai pacchetti negoziati con tali modalità, ma non anche del diritto di ripensamento ad nutum, quale ulteriore forma di tutela.
In tal modo, il legislatore nazionale si è adeguato ai dettami della direttiva 2011/83/UE che ha escluso dal suo àmbito di applicazione i contratti del turismo organizzato, giustificando l’esclusione del ius poenitendi sull’assunto che «la concessione di un diritto di recesso al consumatore potrebbe essere inappropriata (…) nel caso di taluni servizi», come quelli riguardanti l’alloggio, il trasporto ed il tempo libero, «per i quali la conclusione del contratto implica l’accantonamento di disponibilità
che il professionista potrebbe avere difficoltà a recuperare, se fosse esercitato il diritto di recesso (…)»135.
Si è trattato di una scelta obbligata, strettamente connessa all’esigenza di armonizzazione massima che impedisce agli Stati membri, in assenza di espresse deroghe, di introdurre una disciplina diversa, seppur più favorevole per il consumatore.
Scelta che denota, inoltre, la tendenza del legislatore comunitario ad orientarsi sempre di piú verso un carattere di evidente «specialità» della materia turistica.
2.3. Le parti del rapporto contrattuale: dal «consumatore di pacchetti turistici» al «turista». L’organizzatore e l’intermediario del viaggio.
Relativamente all’àmbito soggettivo di applicazione della normativa in materia di vendita di pacchetti turistici, la novità maggiormente rilevante introdotta dal cod. tur. riguarda l’utilizzo di un diverso nomen per qualificare la parte che fruisce del servizio turistico.
L’art. 33, comma 1, lett. c, cod. tur., infatti, nel riprodurre sostanzialmente il contenuto dell’art. 83 c. cons. abrogato, definisce la
135 Cosí il Considerando n. 49 della Direttiva 2011/83/Ue.
Occorre evidenziare, tuttavia, che l’art. 12, comma 5, della recente Direttiva Ue 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati, attribuisce espressamente agli Stati membri, nelle ipotesi di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la possibilità di riconoscere al viaggiatore il diritto di recedere dal contratto entro un periodo di 14 giorni, senza obbligo di motivazione.
controparte del professionista non piú generalmente come «consumatore di pacchetti turistici», ma come «turista»136.
La differenza non è da sottovalutare, soprattutto in riferimento all’àmbito soggettivo di applicazione della disciplina, in quanto la mancata qualificazione del fruitore del servizio come consumatore137 consente di estendere la portata della definizione, che viene ad assumere un carattere di specialità rispetto alla nozione di consumatore adottata dal cod. cons.138.
L’assenza di una esplicita limitazione dello status di turista alle sole persone fisiche, in particolare, ha indotto a ritenere che anche la persona giuridica che acquisti un pacchetto turistico possa usufruire della tutela di cui al codice di settore139.
Le ragioni che inducono ad aderire a tale posizione si basano su una lettura sistematica dell’art. 33, comma 1, lett. c, cod. tur., con l’art. 32, comma 1, cod. tur., ai sensi del quale le disposizioni in materia di contratti
136 Turista è «l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico»: cosí art. 33, comma 1, lett. c, cod. tur.
137 L’art. 3, comma 1, lett. a, cod. cons., definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
138 Sul punto, X. XXXXXXX, sub Art. 34, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, cit., p. 1072.
139 Cfr., E. GRAZIUSO, La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, cit., p. 36, che, evidenziando come nella prassi sia piuttosto frequente che il contratto venga stipulato tra l’organizzatore ed una persona giuridica, porta ad esempio le gite scolastiche, i viaggi organizzati da associazioni di volontariato, i viaggi premio, «i quali sono nella maggior parte dei casi acquistati da persone giuridiche, ma in realtà utilizzati da persone fisiche»; S. CATERBI, La nuova normativa in tema di turismo, cit., p. 2403; Cfr. X. XXXXX, Contratti aventi ad oggetto i servizi turistici, in G. VETTORI (a cura di), Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, II, Padova, 2013, p. 1600; X. XXXXXXXXXXXX, Viaggi organizzati e tutela del turista, cit., p. 32.
del turismo organizzato si applicano «ai pacchetti turistici definiti dall’art. 34, venduti o offerti in vendita a “chiunque” nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intemediario (…)».
L’omissione di ogni specificazione relativa alla natura giuridica dell’acquirente consente di concludere che le disposizioni turistiche debbano trovare applicazione a prescindere da tale natura giuridica, considerato che nei casi in cui il legislatore abbia ritenuto che la stessa dovesse assumere specifico valore, vi ha fatto riferimento espresso: si guardi, a titolo di esempio, all’art. 3, comma 1, lett. a e c, cod. cons.
Altra parte della dottrina ritiene, invece, che una conferma indiretta della necessità che la definizione includa le sole persone fisiche debba essere ravvisata nella parte dell’art. 33, comma 1, lett. c, cod. tur., in cui si richiede quale caratteristica qualificante del turista la sua «capacità di soddisfare tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio»140.
Ciò nonostante, l’assenza di ogni riferimento alla figura del consumatore consente di estendere il raggio di operatività della normativa di protezione al turista genericamente inteso quale acquirente di un pacchetto turistico, a prescindere dalle ragioni che lo hanno indotto ad usufruire del servizio141.
La finalità di svago e/o di divertimento, infatti, rileva sicuramente ai fini del riconoscimento della risarcibilità, ex art. 47 cod. tur., del danno da vacanza rovinata142, ma non costituisce l’unica ragione giustificativa per l’applicazione della disciplina speciale143.
140 In tal senso, v. X. XXXXXXX, sub Art. 34, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, cit., p. 1072.
141 In proposito, X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., p. 1112 ss.
142 Sul danno da vacanza rovinata v., ex multis, X. XXXXXXX, Danno da vacanza rovinata, cit., p. 57 ss.; X. XXXXXXX, sub Art. 47, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, cit., p. 1115 ss.; X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata, cit., p. 247 ss.; X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., p. 1132 ss.; X. XXXXXXXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata tra normativa nazionale
Turista non è solo il soggetto che acquista un pacchetto tutto compreso al fine di godere di una vacanza, bensí anche chi beneficia del servizio nell’àmbito della propria attività professionale: si pensi, ad esempio, all’organizzazione di un viaggio per la partecipazione ad un convegno o ad una riunione di lavoro144.
In tali ipotesi, pur dovendo escludersi la risarcibilità del danno da vacanza rovinata per carenza dei presupposti, non si può negare, qualora il servizio pattuito non presenti le qualità garantite, il risarcimento da inadempimento contrattuale quale forma peculiare di tutela connessa alle caratteristiche proprie del pacchetto turistico il cui contenuto non può essere verificato dal turista ex ante, prima dell’acquisto.
La lett. c dell’art. 33 cod. tur., inoltre, nello stabilire che il turista sia non solo l’acquirente o il cessionario del pacchetto, ma «qualunque persona anche da nominare», consente di estendere la disciplina di settore ai contratti di viaggio per conto altrui o per conto di chi spetta, nei quali il soggetto che conclude l’accordo non coincide con il beneficiario della prestazione eseguita dalla controparte.
ed europea, in Resp. civ. prev., 2013, p. 1075 ss.; X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, cit., p. 188 ss.
143 Cfr., X. XXXXXX, Vendita di pacchetti turistici, cit., p. 41, la quale, nell’analizzare le novità introdotte dal cod. tur., evidenzia come il turista sia diventato un «consumatore dimezzato, (…), un consumatore di svaghi e divertimenti che non viene tutelato quando invece pensa a viaggiare per studiare, per curarsi, per fare congressi».
144 Cfr. S. CATERBI, La nuova normativa in tema di turismo, cit., p. 2403; X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., p. 1112 ss., il quale ravvisa il fondamento normativo di questa teoria in una lettura combinata dell’art. 33, comma 1, lett. c, cod. tur. con il successivo art. 34 che, nel delineare il contenuto del pacchetto turistico, indirettamente conferma che turista sia non solo chi acquista una «vacanza» all inclusive, ma anche chi usufruisca di un
«viaggio» tutto compreso.
In tal modo la normativa si è adeguata alla prassi, diffusa nel settore, dei
c.d. incentive tours145, ovvero dei viaggi acquistati dalle imprese a favore dei propri dipendenti a titolo di premio o di incentivo.
Ciò che rileva quale elemento imprescindibile della definizione di turista è la stipulazione di un contratto di vendita avente ad oggetto un
«pacchetto» turistico tutto compreso: di conseguenza, resta fuori da tale nozione il cliente dell’intermediario qualora quest’ultimo si limiti a collocare sul mercato singoli servizi turistici disaggregati.
Un’ulteriore significativa differenza è stata introdotta in relazione ai connotati che caratterizzano la figura dell’organizzatore di viaggio146.
Mentre in precedenza era considerato tale solo il professionista che confezionasse ex ante il pacchetto in favore del cliente, oggi l’art. 33 cod. tur. prevede che il tour operator possa consentire al turista di realizzare autonomamente la combinazione da acquistare, servendosi di mezzi di comunicazione a distanza e, in particolar modo, di internet.
È evidente che a tale innovazione faccia sèguito un ampliamento del raggio di tutela riconosciuta alla controparte147: il precedente riferimento
145 Cfr. X. XXXXXXX, sub Art. 34, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, cit., p. 1072; X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit. p. 1194.
146 L’art. 33, comma 1, lett. a, cod. tur. definisce l’organizzatore di viaggio come «il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione».
147 Cfr. X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., p. 1114, il quale ritiene che la modifica abbia di fatto potenziato la tutela del turista. Secondo l’autore, infatti, dal riconoscimento all’organizzatore della facoltà di concedere al turista la possibilità di realizzare autonomamente la combinazione da acquistare, «se ne ricava il corollario secondo cui, d’ora innanzi, il vettore aereo che, nel proprio sito Internet, offre la possibilità di acquistare notti in albergo o noleggi auto, assume la responsabilità dell’organizzatore nei confronti del turista che compra, con il biglietto di trasporto, altri servizi».
alla prefissata combinazione del viaggio da parte dell’organizzatore, infatti, faceva sorgere dubbi in merito alla possibilità di applicare la disciplina codicistica alle ipotesi in cui i servizi non fossero pre-combinati, ma assemblati successivamente dall’agenzia sulla base delle preferenze espresse dal turista.
La nuova definizione, invece, consente di estendere la tutela non solo ai cd. «viaggi su misura» in cui l’organizzatore predispone la combinazione sulla base delle preferenze indicate del cliente, ma anche ai cd. «viaggi fai da te» in cui il turista provvede da solo a comporre la propria vacanza sulla base dei servizi offerti in rete dall’organizzatore148.
Sarà considerato, pertanto, organizzatore di viaggio ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. a, cod. tur. anche la compagnia aerea che mediante il proprio sito internet inviti il turista ad acquistare congiuntamente al biglietto aereo il pernottamento in albergo o altri servizi turistici, seppur la combinazione venga di fatto realizzata dal fruitore del servizio149.
Nella successiva lett. b l’art. 33 cod. tur. fornisce una definizione di
«intermediario» in luogo della nozione di «venditore» di cui al precedente cod. cons.150.
148 In proposito X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, cit., pp. 14-16, ritiene che con la nuova formulazione della definizione di organizzatore la fattispecie contrattuale di riferimento abbia perso omogeneità ed univocità. Mentre non sorgono dubbi in merito alla riconduzione dell’attività di pre-organizzazione del viaggio nell’àmbito del contratto di appalto di servizi, problemi interpretativi sussistono per la qualificazione giuridica dell’attività svolta dall’organizzatore qualora lo stesso si limiti ad offrire al turista la possibilità di realizzare autonomamente il pacchetto turistico. In tale ultimo caso, secondo l’autore, si configura solo un contratto di semplice mandato o di vendita di servizi di terzi. Sul punto v. anche X. XXXXXXXXXXXX, Viaggi organizzati e tutela del turista, cit., pp. 50-52.
149 Cosí X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., pp. 1114-1115.
150 Con la nuova enunciazione il legislatore interno ha realizzato una fusione tra la nozione di «venditore» di cui all’art. 83 cod. cons. e quella di «intermediario» elaborata
La ratio di tale mutamento deve essere ravvisata nella necessità di fare maggiore chiarezza in merito alle effettive dinamiche negoziali riscontrabili in sede di conclusione di un contratto di vendita di pacchetto turistico.
Parlare di «vendita», infatti, potrebbe essere fuorviante151 dal momento in cui non è sempre detto che il soggetto che si occupi concretamente della conclusione del contratto diventi controparte del turista-acquirente.
A seconda del caso concreto è possibile, infatti, che l’agente di viaggio si limiti a svolgere un’attività di intermediazione agendo sulla base di un mandato152 conferito dall’organizzatore in nome e per conto del quale viene stipulato il contratto con il turista153.
dall’art. 1 della CCV. Sul punto, X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit., p. 1191 ss. In senso critico, v. X. XXXXXX, Vendita di pacchetti turistici, cit., p. 47 ss., che qualifica come «claudicante» la definizione di intermediario di cui al cod. tur. rispetto a quella contenuta nella CCV.
151 V., ex multis, X. XXXXXXXXXXX, Il contratto di vendita di pacchetto turistico nel nuovo Codice del turismo, cit., p. 209; X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, cit., pp. 16-17.
152 In giurisprudenza, x. Xxxx., 00 novembre 2002, n. 16868, in Contratti, 2003, p. 575 ss., con nota di X. XXXXXXXXX, Penale per la disdetta del viaggio e diritti dell’agenzia intermediaria; Cass., 8 ottobre 2009, n. 21388, in Dir. trasp., 2010, p. 777 ss., con nota di
X. XXXXX XXXX, Il doppio mandato all’intermediario nella conclusione dei contratti di viaggio e il momento perfezionativo del rapporto contrattuale, secondo la quale qualora l’intermediario concluda un contratto con il turista per conto dell’organizzatore «vengono in campo tre distinti rapporti. Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l’intermediario. (…) Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggio». X. xxxxx Xxxx. Xxxxxx, 0 ottobre 2007, in Dir.
Di conseguenza, la qualificazione dell’intermediario come «il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici (…) verso un corrispettivo forfettario (…)»154 risulta essere maggiormente aderente alla effettiva natura del rapporto che si instaura tra agenzia di viaggio e turista.
Quanto alla qualificazione professionale di organizzatore ed intermediario, non è richiesto che gli stessi agiscano necessariamente nell’àmbito di un’attività professionale o imprenditoriale.
A differenza della normativa comunitaria, infatti, non solo la lett. a dell’art. 33, comma 1, cod. tur. non circoscrive la nozione di organizzatore unicamente a chi eserciti la relativa attività «in modo non occasionale»155,
tur., 2008, p. 159 ss., con nota di X. XXXXXXX, I presupposti della responsabilità dell’intermediario di viaggio; Trib. Roma, 7 febbraio 2003, ivi, 2003, p. 353 ss.
153 Si ricorda, a tal proposito, che lo stesso art. 33, comma 2, cod. tur. conferisce all’organizzatore la facoltà di provvedere alla vendita del pacchetto turistico direttamente, ovvero a mezzo intermediario. Per un’analisi dei rapporti tra organizzatore ed intermediario del viaggio, v. X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 257 ss.
154 Cosí Art. 33, comma 1, lett. b, cod. tur.
155 L’esercizio non occasionale dell’attività è, invece, requisito indispensabile ai sensi dell’art. 2 n. 2 della Direttiva 90/314/Cee.
Allo stesso modo, l’art. 151, comma 1, lett. b, del TRLGC definisce espressamente l’organizzatore come la persona fisica o giuridica che «organice de forma no ocasional» viaggi combinati. Tale delimitazione implica che l’attività di agenzia di viaggio sia riservata alle imprese che si dedicano profesionalmente y commercialmente en exclusividad all’esercizio delle attività di organizzazione e/o commercializzazione dei servizi turistici. Si veda in proposito, X. XXXXXXX XXXXX, Ante la posible reforma del regime jurídico del viaje combinado en la Unión Europea, cit., p. 183, per il quale «no se encuentra motivación alguna para considerar “organizadores” a las personas que, de forma ocasional o esporádica, cometa el diseño y comercialización de un viaje combinado»; M. DEL XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, El viaje combinado en el RDLG 1/2007 (Texto Refundido Ley Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00, 2010, pp.108-111; X. XXXXXXXX XXXXX, El contrate de viaje combinado: estudio normativo, cit., pp. 78-81.
ma la successiva lett. b nel dare una definizione di intermediario prevede espressamente che lo stesso possa vendere il pacchetto turistico «non professionalmente e senza scopo di lucro»156.
La disciplina a tutela del turista, pertanto, si applica anche nelle ipotesi in cui le attività non siano esercitate professionalmente, o comunque siano svolte da un ente no profit. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’attività di agenzia deve ritenersi autorizzata ex lege solo qualora sia rivolta esclusivamente in favore dei propri associati, ovvero non sia diretta al mercato157.
Una conferma di quanto precedentemente accennato si può ravvisare nella giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha esteso la qualifica di intermediario di viaggio anche alle imprese che svolgono una diversa attività commerciale e che occasionalmente offrono «viaggi premio» alla propria clientela158.
156 Una definizione di imprese turistiche senza scopo di lucro è contenuta nell’art. 5, comma 1, cod. tur., ai sensi del quale sono tali «le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali». Tali imprese «sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati (…)». È essenziale, inoltre, che le stesse garantiscano la protezione dei diritti del turista nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie.
157 La ratio giustificativa di tale limitazione si ravvisa nella necessità di tutelare la concorrenza ed evitare che le associazioni no profit, che non sostengono i costi delle autorizzazioni amministrative, possano agire in pregiudizio agli imprenditori turistici.
158 «L’impresa che, nel quadro di una diversa attività commerciale, offra abitualmente viaggi premio alla propria clientela, da essa acquistati presso un agente di viaggi, è qualificabile come “intermediario di viaggio” ai sensi dell’art. 1, n. 6, della Convenzione Internazionale relativa ai Contratti di Viaggio (…), non essendo a tal fine necessario che l’attività di intermediazione sia svolta professionalmente e come attività principale, e non assumendo alcun rilievo né la gratuità della prestazione (la quale per principio generale può attenuare, ma non escludere la responsabilità dell’obbligato), né l’assenza dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività in questione, la quale rileva solo sul piano della responsabilità amministrativa, ma non esclude la responsabilità civile
In merito ai regimi autorizzatori, il codice di settore non ha modificato la disciplina di cui all’art. 83 cod. cons.
Il previgente d.lgs. n. 111 del 1995 attribuiva le qualifiche di organizzatore e venditore solo ai soggetti provvisti dell’autorizzazione rilasciata agli agenti di viaggio o alle associazioni private a scopo turistico, lasciando fuori dal suo àmbito di applicazione i contratti conclusi con gli operatori che ne fossero privi159.
Con l’entrata in vigore del Codice del consumo e, successivamente, del Codice del turismo, il requisito dell’autorizzazione è venuto meno160, seppur si continui a includere tra gli elementi essenziali del contratto di vendita di pacchetto turistico gli «estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto»161.
dell’intermediario»: xxxx Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8012, in Foro it., 2009, I, c. 2365 e in
Giust. civ., 2010, I, c. 2634.
159 Parte della dottrina riteneva che il contratto concluso dal consumatore con un organizzatore o un agente di viaggio abusivo fosse nullo. V. A. FLAMINI, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, Napoli, 1999, p. 61.
160 L’art. 151, comma 2, del TRLGC, invece, richiede espressamente che «organizador y detallista tengan la consideración de agencia de viajes de acuerdo con la normativa administrativa». Sono considerate legalmente autorizzate ad esercitare l’attività di agenzia di viaggio las empresas de las que xxxx titulares personas físicas o jurídicas que, en posesión del título-licencia correspondiente, se dedican en exclusiva a la mediación en la prestación de cualesquiera servicios turísticos. Per una classificazione delle agenzie di viaggio, v. X. XXXXXXXX XXXXX, El contrate de viaje combinado: estudio normativo, cit., pp. 80-81.
161 Cosí art. 36, comma 1, lett. b, cod. tur.
Partendo dal presupposto che dopo la riforma costituzionale del 2001 spetti alle Regioni, nell’esercizio delle rispettive autonomie, decidere se subordinare o meno l’apertura di un’agenzia di viaggi a relativa autorizzazione amministrativa, è evidente che tale prescrizione sarà condizionata al caso in cui la Regione in cui esercita l’operatore turistico richieda l’autorizzazione per l’esercizio della relativa attività. Sul punto, X. XXXXXX, Vendita di pacchetti turistici, cit., pp. 43-44.
La ratio di tale innovazione deve essere individuata nella necessità di estendere il campo di operatività della disciplina alle ipotesi in cui il contratto venga concluso con un esercente che sia sprovvisto di regolare autorizzazione, al fine di evitare che la violazione delle norme amministrative possa avere ripercussioni sul piano del diritto applicabile al contratto e, quindi, incidere negativamente sulla tutela del turista162.
2.4 L’identità giuridica del contratto di vendita di pacchetti turistici. La causa del contratto e la «finalità turistica».
In assenza di una tipizzazione legislativa del contratto di viaggio all’interno del Codice civile, la dottrina e la giurisprudenza risalenti, nel tentativo di assicurare un benestare giuridico ad una tipologia contrattuale in crescente evoluzione, hanno ricondotto il rapporto contrattuale all’interno di uno o piú contratti tipizzati a seconda della posizione assunta nella fattispecie concreta dall’operatore professionale rispetto al turista, con la finalità di garantire una piú efficiente tutela delle parti contrattuali, mediante una delimitazione dei confini dei singoli adempimenti ed una corretta ripartizione dell’onere probatorio163.
Si è passati, cosí, dalla classificazione del rapporto tra agenzia turistica e viaggiatore in termini di contratto di mediazione164 allo schema tipico del
162 Cfr. X. XXXXXXXXXXXX, Viaggi organizzati e tutela del turista, cit., pp. 53-55; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 254; X. XXXXXXX, sub Art. 33, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, cit., pp. 1074-1076.
163 Sul punto, ampiamente, X. XXXXXXX, Il danno da vacanza rovinata. Dal volo cancellato all’overbooking: responsabilità e risarcimento, cit., p. 26 ss.
164 Cfr. Trib. Firenze, 20 gennaio 1954, in Giur. it, 1954, I, c. 481 che, chiamato a pronunciarsi in merito al danno subíto dal turista a causa del cambio di percorso realizzato dal vettore durante una crociera turistica, afferma che tra turista ed agenzia sussista un
contratto di trasporto, attribuendo all’agenzia la veste giuridica di vettore ogni qualvolta il trasporto fosse eseguito con mezzi propri o da essa noleggiati165, fino ad arrivare, secondo un’interpretazione ampiamente condivisa, al contratto di mandato166.
La relazione tra turista ed organizzatore, invece, è stata prevalentemente sussunta nello schema dell’appalto di servizi167, ponendo l’accento sul carattere ideativo (organizzazione del viaggio) ed attuativo (predisposizione dei mezzi necessari) dell’attività svolta dall’operatore turistico vincolato ad un’obbligazione di risultato168.
rapporto di mediazione che impone al mediatore, ex art. 1759 cod. civ., di comunicare eventuali circostanze a lui note che possano influire sulla conclusione dell’affare.
Tale teoria è stata ampiamente superata dalla successiva giurisprudenza di merito: v. App. Firenze, 26 settembre 2001, in Dir. mar., 2003, p. 519; in Dir. tur., 2003, p. 360, secondo la quale l’agente di viaggio non è un mero intermediario tra cliente e tour operator, bensí un rappresentante incaricato dal viaggiatore di stipulare un contratto di viaggio con l’organizzatore.
165 Cfr., xx xxxxxx, Xxxx., 0 xxxxxx 0000, x. 0000, xx Xxxx xx., I, 1961, c. 1704.
166 In dottrina, x. X. XXXXXXX, In tema di responsabilità civile derivante da contratto di viaggio, in Resp. civ. prev., 1987, p. 460; X. XXXXXXX, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, cit., p. 76; X. XXXXXXXXXX, Il contratto di viaggio, cit., p. 154. Non condivide tale impostazione X. XXXXXXX, Il contratto di viaggio e le agenzie turistiche, Padova, 2a ed., 2006, p. 260.
In giurisprudenza, x. Xxxx., 00 novembre 2002, n. 16868, cit.; Trib. Firenze, 25
settembre 2001, cit.
167 «La configurazione del contratto di organizzazione turistica come appalto di servizi è la piú consona alla sua natura: l’organizzatore assume un’obbligazione di risultato ed è perciò chiamato a rispondere di ogni evento che impedisca la realizzazione del risultato stesso»: cosí Cass., 28 maggio 1977, n. 2201, in Riv. dir. comm., 1978, II, p. 354.
168 In tal senso, Cass. 24 aprile 2008, n. 10651, in Dir. tur., 2008, p. 349 ss., con nota
di X. XXXXXX, La tipizzazione della “finalità turistica” tra presupposizione e criteri di ripartizione del rischio. Critica tale pronuncia X. XXXXXX, Contratto di viaggio all inclusive e “causa concreta”, cit., p. 309 ss.
Il dibattito in merito alla natura del rapporto contrattuale si è affievolito con il passare del tempo, contestualmente all’evoluzione del concetto generale di causa del contratto169.
Il passaggio dalla qualificazione di tale elemento essenziale in termini di funzione economico-sociale170 del contratto a funzione economico-
169 Sulla causa del contratto v., ex multis, X. XXXXX, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 2a ed., 1955, passim; G.B. XXXXX, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, passim; ID., La causa nella teoria del contratto, in ID. e X. XXXXXXXX (a cura di), Studi sull’autonomia dei privati, Torino, 1997, passim; ID., La
«invisibile» presenza della causa del contratto, in Eur. dir. priv., 2002, p. 897 ss.; X. XXXXXXXXXX, Causa e giustizia contrattuale a confronto: prospettive di riforma, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 411 ss.; X. XXXXXXX, La causa quale ragione in concreto del singolo contratto, in Contratti, 2007, p. 621 ss.; X. XXXXX, Il contratto, in. X. XXXXXX e X. XXXXX (a cura di), Tratt. dir. priv., Milano, 2a ed., 2011, p. 175 ss.; A.M. XXXXXXXX, La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi ed equilibrio dello scambio, in Riv. dir. civ., 2012, II, p. 573 ss.; X. XXXXXX, Introduzione: dogmi, problemi e profili ricostruttivi, in ID. (a cura di), Causa del contratto. Evoluzioni interpretative e indagini applicative, Milano, 2016, p. 1ss.
170 La teoria cd. «oggettiva» della causa intesa quale funzione economico-sociale trova il suo principale fautore in X. XXXXX, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 102, per il quale la causa non coincide con lo scopo perseguito dal contratto, bensí si identifica con la sua funzione astratta che, per i contratti tipici, è determinata dal legislatore che ne valuta a monte la liceità. La causa si riduce, cioè, a «mero schema negoziale di scambio tra prestazione e controprestazione, cosí come figurato in via generale dal legislatore nel dettare la disciplina del singolo tipo»: cosí X. XXXXX, La causa come «funzione economico- sociale»: tramonto di un idolum tribus?, in Corr. giur., 2006, p. 1718. In argomento x. xxxxx X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 206 ss.; X. XXXXXXX, Il tipo negoziale e l’alea normale del contratto, la sua causa e il dogma dell’irrilevanza dei motivi, in Giur. it., 1979, I, c. 1036 ss.
Tra le pronunce giurisprudenziali che accolgono tale definizione di causa v., ex multis, Cass., 7 maggio 1955, n. 1299, in Giust. civ., 1955, I, c. 1075; Cass., 15 febbraio 1963, n.
331, ivi, 1963, I, c. 736; Cass., 7 aprile 1971, n. 1025, ivi, 1971, I, c. 1796; Cass. 20
novembre 1992, n. 12401, in Corr. giur., 1993, p. 174; Cass., 23 marzo 1999, n. 2712, in
Rep. Foro it., 2003, voce Vendita, n. 67.
individuale171 ha inciso in modo rilevante sulle questioni inerenti la causa del contratto di vendita di pacchetti turistici e sulla sua giustificazione pratica ed ha permesso di ricondurlo in una nuova ed autonoma tipologia contrattuale.
L’emergere del concetto di «causa in concreto», in particolare, è stato il presupposto che ha indotto la giurisprudenza di legittimità172 ad affermare
171 Sulla cd. «causa concreta» del contratto, si veda X. XXXXX, Il contratto, cit., p. 344, per il quale «oggi si ritiene piú aderente alle esigenze di una evoluta teoria e disciplina del contratto concepire la causa come causa concreta (…) come ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in esame, alla luce delle specificità rilevanti che lo connotano»; X. XXXXX, Funzione concreta, interesse del creditore ed inutilità della prestazione: la Cassazione e la rielaborazione del concetto di causa del contratto, in Corr. giur., 2008, p. 921; X. XXXXX, Causa in astratto e causa in concreto, Padova, 2008, passim; X. XXXXX, La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte, in Rass. dir. civ., 2008, p. 564; C.M. XXXXXX, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, p. 251 ss.
In giurisprudenza, il concetto di causa come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare è stato espressamente accolto da Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in Giust. civ., 2007, c. 1988 ss., con nota di X. XXXX, La causa del contratto come funzione economico-individuale; in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 299 ss., con nota di X. XXXXXXXXXX, La nullità del contratto d’opera per difetto di causa; in Corr. giur., 2006, p. 1718 ss., con nota di X. XXXXX, cit., la quale ha statuito che la «causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato».
172 Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Dir. tur., 2007, p. 375 ss., con nota di X. XXXXXXX, La risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della vacanza; in Contratti, 2008, p. 241 ss., con nota di C. CAVAJONI, La “finalità turistica”come causa in concreto del contratto di viaggio; in Giur. it., 2008, p. 1133 ss., con nota di X. XXXX, Causa in concreto e sopravvenienze nel contratto di viaggio tutto compreso; in Obbl. contr., 2008, p. 13 ss., con nota di F. PAROLA, Recesso dal contratto di compravendita di pacchetti turistici e impossibilità di utilizzazione della prestazione; in Danno resp., 2008, p. 845 ss., con nota di L. DELLI PRISCOLI, Contratti di viaggio e rilevanza della finalità turistica; in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 531 ss., con
il principio di diritto secondo il quale, nel contratto di viaggio all inclusive, la finalità turistica, ovvero lo «scopo di piacere», non costituisca un motivo irrilevante ed esterno all’accordo raggiunto dalle parti, bensí un elemento oggettivo del negozio, l’interesse principale che l’acquisto del pacchetto turistico è volto a soddisfare.
La finalità «ricreativa» della prestazione si identifica, cioè, con l’interesse preminente che spinge le parti a contrarre e non resta relegata nella sfera volitiva interna del consumatore. È indice costitutivo dell’accordo e ne connota la causa concreta, determinando «l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero»173 e, quindi, del godimento pieno della vacanza cosí come proposta dall’organizzatore ed accettata dal turista quale occasione di svago e di relax.
Nonostante tale orientamento, confermato in tempi piú recenti dalla Suprema Corte174, possa ritenersi ormai costante, occorre rilevare che parte della dottrina ha manifestato diverse perplessità in merito alla ricostruzione
nota di X. XXXXX, “Contratto di viaggio tutto compreso” e irrealizzabilità della sua funzione concreta.
173 Cosí Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, cit. V., anche, Cass., 20 dicembre 2007, n. 26958, in Obbl. contr., 2009, p. 29 ss.; in Contr., 2008, p. 2786 ss., con nota di X. XXXXX, Risoluzione per impossibilità sopravvenuta e causa concreta del contratto a confronto; in Corr. giur., 2008, p. 921 ss., con nota di X. XXXXX, cit.; in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 531 ss., con nota di X. XXXXX, cit. Nello stesso senso, per le Xxxxx xx xxxxxx, x. Xxxx. Xxxxxxx, 00 gennaio 2009, n. 2333, in Giur. merito, 2009, p. 2767 ss., con nota di X. XX XXXXXX, Il danno non patrimoniale da inadempimento dopo le Sezioni unite; App. Firenze, 23 aprile 2008, n. 690, reperibile in xxxxxx.xx.
174 Cass., 2 marzo 2012, n. 3256, in Resp. civ., 2012, x. 000 xx. x xx Xxxx xx., 2012, I, c.
1414 ss.; Cass., 20 marzo 2012, n. 4372, in Danno resp., 2012, p. 846 ss., con nota di X. XXXXXX, Inadempimento dell’organizzatore di viaggi, attuazione della finalità turistica e tutela del consumatore; in Contratti, 2012, p. 769 ss., con nota di X. XXXXXXXXXX, La funzione economico-individuale del contratto e il danno non patrimoniale da inadempimento.
proposta dalla giurisprudenza, ritenendo che la finalità di piacere e di svago sia volta esclusivamente a soddisfare aspirazioni soggettive e che, pertanto, debba essere considerata quale mero insieme di stimoli personali del consumatore, che costituiscono motivi giuridicamente irrilevanti inidonei a penetrare nella struttura contrattuale al punto tale da essere ricompresi nella funzione economica dell’accordo175.
La giustificazione economica del contratto di vendita di pacchetti turistici, secondo tale teoria, non può che essere individuata nello scambio di prestazioni tra le parti, ovvero tra un «dare» del turista, tenuto al pagamento del corrispettivo ed un «facere» del tour operator che provvede all’organizzazione del viaggio combinando una serie di prestazioni di trasporto, soggiorno ed altri servizi.
Solo tale scambio rappresenta la sintesi degli interessi dei contraenti, mentre la finalità turistica è un mero riflesso degli scopi personali dell’acquirente del pacchetto.
In caso contrario, qualora fosse eletta a causa concreta del contratto, incidendo sull’interpretazione delle norme che ne regolamentano le patologie, comporterebbe il rischio di un’alterazione dell’equilibrio contrattuale prevalentemente a favore del turista-creditore176.
175 Sul punto, X. XXXXXX, Contratto di viaggio all inclusive e “causa concreta”, cit., p. 309 ss., che, in merito al contratto di viaggio, ritiene «difficile non intendere tale finalità turistica come una mera sommatoria di stimoli soggettivi del consumatore capaci di costituire altrettanti motivi giuridicamente irrilevanti o, meglio, come scopi ulteriori rispetto al congegno contrattuale che non possono assumere primaria importanza nella valutazione del contratto salvo i casi ammessi dalla legge (…)». L’autore, a sostegno della sua tesi, aggiunge che «dietro la locuzione “finalità turistica” a noi pare che si nascondano tante “pulsioni” attinenti all'individualità soggettiva del consumatore in quanto persona fisica (…). Sostenere però che siffatte esigenze della personalità divengano la causa concreta del contratto di viaggio tutto compreso (…) pare - invero - assai eccessivo».
000 Xxx. X. XXXXXX, Xx tipizzazione della “finalità turistica” tra presupposizione e criteri di ripartizione del rischio, cit., p. 349 ss.; X. XXXXXX, Contratto di viaggio all inclusive e “causa concreta”, cit., p. 309 ss., per il quale è lo stesso dato normativo,
Una conferma della centralità che lo scopo turistico assume nel contratto di viaggio proviene dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia177 che, nell’escludere l’applicabilità della normativa comunitaria ai viaggi scolastici, lascia pochi dubbi in merito all’importanza della finalità ricreativa del viaggio organizzato.
La finalità turistica, tuttavia, è requisito indispensabile non solo ai fini dell’inquadramento di una fattispecie concreta nell’àmbito dei contratti del turismo organizzato, bensí opera come criterio di adeguamento del contratto, come parametro di valutazione della gravità degli inadempimenti del tour operator, imponendo di guardare agli elementi oggettivi di formazione del consenso riletti nella prospettiva soggettiva del turista.
Gli interessi «obiettivati»178, posti a fondamento dell’operazione negoziale, assumono rilevanza sostanziale sotto il profilo causale, consentendo di innescare tutti i rimedi a questo collegati, qualora la finalità di svago diventi irrealizzabile per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti.
Dinnanzi all’impossibilità di soddisfare una specifica finalità di svago e di piacere che ha rappresentato la ragione determinante per la formazione del consenso, infatti, la giurisprudenza ritiene che, venendo a mancare la ratio giustificatrice del contratto, ovvero l’interesse che ne connota la
ovvero l’art. 84 cod. cons. (oggi art. 34 cod. tur.), a confermare che il contratto di viaggio sia dotato di causa di scambio, dal momento in cui specifica che il pacchetto turistico è venduto ad un prezzo forfettario. In senso contrario, x. X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., p. 1116, il quale ritiene che qualora venga palesato un motivo determinante alla formazione del consenso nella scelta di un determinato pacchetto turistico, al momento della conclusione del contratto, tale motivo penetra nella causa del contratto come «espressione oggettiva di finalità soggettive».
177 Corte giust., 11 febbraio 1999, C-237/99, cit.
178 Cosí X. XXXXXXXXXXXX, Diritto del lavoro, in Istituzioni di diritto, Roma, 2a ed., 2005, p. 471.
causa concreta, si configurino gli estremi per la risoluzione, in quanto cessa l’interesse creditorio alla prestazione con conseguente estinzione della obbligazione179.
La funzione turistica, quale quid che dà forma alla causa concreta del contratto, in definitiva, diventa elemento che conferisce omogeneità alle diverse prestazioni oggetto della combinazione dei servizi, le quali non rilevano singolarmente e separatamente ma nella loro unitarietà funzionale, in quanto idonee ad assicurare la finalità di svago e di piacere che il contratto è volto a soddisfare.
2.5. La conclusione del contratto: vincoli formali e contenuto.
Il contratto di viaggio rappresenta lo strumento mediante il quale l’organizzatore pone sul mercato i propri servizi, consentendo al turista di
179 Cfr. Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, cit., la quale osserva che il diffondersi di un’epidemia nel luogo di vacanza non preclude al tour operator di fare eseguire il viaggio, che resta oggettivamente attuabile, ma determina il venir meno dell’interesse del creditore alla prestazione, per l’impossibilità di realizzare quello «scopo di piacere» in base al quale il viaggiatore ha stipulato il contratto e che ne costituisce la causa in concreto; Cass., 20 marzo 2012, n. 4372, cit. Nel caso di specie, un turista aveva acquistato un pacchetto turistico con lo scopo di praticare le immersioni subacquee in esso previste, ma non aveva potuto svolgere tale attività in quanto nel periodo di vacanza il centro immersioni non era operativo. La Corte ha riconosciuto la responsabilità contrattuale dell’organizzatore ed il diritto del turista al risarcimento del danno, in quanto
«posto che la causa del contratto va intesa non già come funzione economico-sociale svincolata dalla fattispecie contrattuale, bensí come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico quanto funzionale, l’obiettivizzazione di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso».
operare una selezione e di individuare il prodotto piú confacente alle proprie esigenze180.
Si intuisce, pertanto, l’importanza della formalizzazione di tale tipologia contrattuale181: la forma costituisce il principale mezzo di comunicazione mediante il quale il professionista che predispone il pacchetto, rende chiaro e conoscibile il contenuto alla controparte.
A tal proposito, l’art. 35, comma 1, cod. tur., ha lasciato inalterata la formulazione del precetto di cui all’abrogato art. 85 cod. cons. ai sensi del quale il contratto deve essere redatto «in forma scritta in termini chiari e precisi».
Occorre evidenziare come, con tale enunciato182, il legislatore abbia oggettivizzato il parametro di valutazione della chiarezza del testo contrattuale rispetto alla Direttiva 90/314/Cee che, nel disporre all’art. 4, comma 2, lett. b che tutte le clausole contrattuali debbano essere redatte per iscritto o «in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore», ancora il requisito della chiarezza all’effettiva capacità soggettiva del contraente debole da tutelare183.
Rispetto alla normativa di cui al Codide del consumo, invece, una significativa modifica riguarda il precetto che impone di rilasciare al turista
180 Cfr. X. XXXXX XXXXXX, Il contratto di viaggio turistico, cit., p. 65, che definisce il contratto di vendita di pacchetti turistici come «una sorta di “vetrina” indispensabile sia al professionista, per esporre il proprio prodotto, sia al consumatore, per guardare e orientarsi nella scelta».
181 Sul ruolo del vincolo formale nei contratti di vendita di pacchetti turistici v. X. XXXXX DE MARINIS, I contratti di vendita di pacchetti turistici ed i contratti di multiproprietà fra consolidati vincoli all’autonomia negoziale e nuove interpretazioni, in
E. LLAMAS POMBO, X. XXXXXXXXX, C.I. XXXXXXXXX XXXXXXXXX e X. XXXXXX XXXXXXX (a cura di), Turismo y derecho del consumo, cit., p. 315 ss.
182 Si precisa che l’art. 35 cod. tur. riprende la formulazione dell’art. 6 d.lgs. n. 111 del 1995.
183 Sul punto, in senso critico, X. XXXXX, I contratti del turismo organizzato, in X. XXXXX (a cura di), Diritto privato comunitario, Napoli, 1997, p. 309.
una copia del contratto concluso184: ai fini dell’adempimento di tale obbligo non sarà piú sufficiente la mera timbratura dell’accordo da parte dell’organizzatore o del venditore, bensí sarà necessaria la consegna della copia munita di sottoscrizione autografa della parte professionale.
Innovativa, inoltre, è la previsione di cui al comma 2 dell’art. 35 cod. tur.185, che regolamenta l’ipotesi in cui il venditore in luogo della offerta e/o vendita di un pacchetto all inclusive si impegni a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio disaggregato.
In tale caso, la norma prevede l’obbligo di rilasciare al turista tutti i documenti relativi alla prestazione offerta, muniti della firma anche elettronica del venditore.
La ratio della disposizione deve essere ravvisata nella necessità di garantire una maggiore tutela per l’utente evitando che l’intermediario possa omettere di rendere le specifiche informazioni inerenti il servizio disaggregato venduto.
Ciò che lascia perplessi, soprattutto se si guarda all’imprescindibile rapporto sussistente tra forma scritta e principio di trasparenza, è che il legislatore abbia omesso di fornire espresse indicazioni circa la sanzione derivante dalla violazione del requisito formale di cui all’art. 35 cod. tur., lasciando dubbi ed incertezze sulle relative conseguenze giuridiche.
184 Mentre l’art. 85 cod. cons. riconosceva al consumatore il diritto di ricevere una copia del contratto stipulato che fosse «sottoscritto o timbrato» dall’organizzatore o venditore, l’art. 35, comma 1, cod. tur. prevede l’obbligo di rilasciare al turista una copia del contratto concluso necessariamente «sottoscritto» dalla controparte.
185 Il secondo comma dell’art. 35 cod. tur. non trova corrispondenza nell’abrogato art. 85 cod. cons., in quanto la figura dell’intermediario tra il prestatore di servizio e l’utente era sconosciuta alla precedente normativa consumeristica. Un antecedente si ravvisa, invece, nell’art. 18 della CCV, il quale richiede espressamente che i documenti consegnati al cliente siano muniti della firma dell’intermediario.
Permane attuale la controversa questione interpretativa, già sollevata dal precedente dettato normativo186, in merito alla natura della prescrizione formale.
La dottrina minoritaria187 ravvisa il rimedio avverso la violazione della forma disposta ex art. 35 cod. tur. nel combinato disposto degli artt. 1325
186 L’originaria formulazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 111 del 1995 prevedeva espressamente per il contratto di viaggio la forma scritta a pena di nullità. Tuttavia, in sede di recepimento definitivo della Direttiva 90/314/Cee si è preferito abbandonare tale previsione in quanto ritenuta incompatibile con l’art. 4.2 lett. b della normativa comunitaria, ai sensi del quale «tutte le clausole contrattuali sono enunciate per iscritto o in ogni altra forma comprensibile ed accessibile per il consumatore (…)».
187 Si veda in proposito C.S. CARASSI, Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in X. XXXXX (a cura di), Comm. d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, in Nuove leggi civ. comm., 1997,
p. 20; X. XXXXX, Xxxxxxxxx e mercato, Torino, 2006, p. 203; X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 56 ss. per il quale «sebbene sia inconfutabile che la forma è strettamente collegata al principio di trasparenza e, quindi, agli obblighi informativi gravanti sull’organizzatore e/o intermediario, ritenere che la stessa costituisca una espressione di questi ultimi equivarrebbe a depotenziare l’intera disciplina dei pacchetti turistici» e che il legislatore sia stato «molto chiaro ed efficace nel prevedere attraverso una norma imperativa, la forma scritta ad substantiam, strumento indispensabile per una tutela piena ed efficace del turista».
In giurisprudenza, nello stesso senso, x. Xxxx. Xxxx, 0 agosto 2000, in Foro it., 2001, I,
c. 2090 ss.; in Dir. trasp., 2001, p. 783 ss., con nota di X. XXXXX, Pacchetti turistici: forma del contratto, danno da vacanza rovinata e limite risarcitorio, il quale, partendo dal presupposto che «la perentorietà della forma scritta sancita dal legislatore in ipotesi speciali, ancorché non tipizzate dall’art. 1350 cod. civ., partecipi della sanzione della nullità prevista dalla proposizione introduttiva dello stesso articolo in relazione a tutti gli atti che devono farsi per iscritto», statuisce l’obbligatorietà della forma scritta per la validità del contratto di vendita di pacchetti turistici, «dovendosi escludere la possibilità che il dato testuale in esame, siccome carente della contestuale previsione sanzionatoria della nullità, debba far propendere per la soluzione della forma scritta ad probationem»; Trib. Treviso, 4 aprile 2003, in Dir. tur., 2004, p. 127 ss., con nota di X. XXXXXXX, La forma del contratto di viaggio, per il quale «la forma scritta del contratto di vendita di pacchetti turistici è prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 111 del 1995 e benché tale norma non
n. 4 e 1418, comma 2, cod. civ., sull’assunto che la norma prescriva una forma ad substantiam che assurge ad elemento essenziale del contratto di viaggio, con conseguente sua nullità strutturale qualora tale requisito non sia rispettato.
Altra corrente di pensiero188, invece, la riconduce nel novero della nullità virtuale di protezione di derivazione comunitaria189 e ne ancora il fondamento normativo nell’art. 1418, comma 1, cod. civ.
Di conseguenza, partendo dal presupposto che la forma non sia piú
«garanzia di certezza del traffico giuridico, secondo il tradizionale
sanzioni in modo espresso con la nullità il difetto della forma scritta, tale sanzione discende automaticamente dalla disciplina del contratto in generale: dal complesso delle norme che prevedono l’applicazione di una forma negoziale determinata può essere dedotto il principio della natura essenziale della forma prevista in tutti i casi in cui la legge stessa non ne limiti l’imposizione ad effetti particolari». Propende, invece, per una piú ampia libertà di forma G.d.P. Piacenza, 29 gennaio 2004, in Dir. tur., 2005, p. 133 ss.
188 Cfr. A. BOVE, Vendita di pacchetti turistici, in X. XXXXXXXX (a cura di), Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, I, Torino, 2003, p. 336; X. XXXXXXXXX, I contratti di trasporto e di viaggio, cit., p. 386 ss., che, nel ricondurre la nullità del contratto di vendita di pacchetto turistico al concetto di «nullità europea» ritiene che «sia calzante l’inquadramento della prima in quella che è stata chiamata la nullità-funzione, con la conseguente trasformazione da “sanzione” per la mancata conformità della fattispecie concreta al paradigma normativo in “protezione” di ben individuate categorie di interessi e con il conseguente mutamento di regole e di connotati».
In giurisprudenza, v. Trib. Bari, 27 luglio 2005, cit., il quale ha statuito che «è nullo, per contrarietà a norme imperative, il contratto di vendita di un pacchetto turistico che non sia redatto in forma scritta», con conseguente obbligo di restituzione del prezzo da parte dell’organizzatore.
189 Per una completa disamina della nullità di protezione v. X. XXXXXXXX, La tutela del consumatore contro le clausole abusive, mezzi rituali ed irrituali, Milano, 2010, p. 291 ss. In proposito v. anche, ex multis, X. XXXXXXXXX, Obblighi di informazione, contenuto e forma negoziale, Napoli, 1999, p. 194; X. XXXXXXXXX, X. XXXXXXXX, Contratti del consumatore, Torino, 2000, p. 235 ss.; X. XXXXX, La nullità parziale, Napoli, 2002, passim.
orientamento»190 e che le prescrizioni comunitarie in materia siano finalizzate a tutelare preventivamente il consumatore da condotte abusive derivanti da asimmetrie informative del contratto, l’assenza di forma scritta è considerata causa di nullità non per mancanza di un elemento essenziale, ma per contrarietà ad una norma imperativa del nostro ordinamento giuridico, quale l’art. 35 cod. tur.
Non manca, infine, chi ritiene che si tratti di una forma scritta ad probationem, volta unicamente ad attribuire al consumatore un mezzo per dimostrare l’esistenza del contratto e far valere le sue ragioni in una futura sede giudiziale, non essendo stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità in caso di sua violazione191.
Avverso questa interpretazione, tuttavia, si può osservare che in tal caso l’omessa formalità comporterebbe soltanto una limitazione dell’onere probatorio che invece non è prevista dalla disposizione codicistica.
Nonostante l’eterogeneità delle soluzioni prospettate, è possibile individuare tra le stesse un punto di raccordo: la forma scritta assolve alla finalità di rendere edotto il turista in merito agli obblighi ed ai diritti derivanti dal contratto, è veicolo di chiarezza, trasparenza e completezza dell’informazione, è strumento che mira a ridurre il dislivello informativo
190 Cosí Trib. Bari, 27 luglio 2005, cit.
191 A sostegno di tale tesi si richiama il secondo periodo dell’art. 35, comma 1, cod. tur., che obbliga il professionista a rilasciare al turista una copia del contratto stipulato e sottoscritto. In proposito, v. X. XXXXXXXXXX, Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Primo commento al decreto legislativo di attuazione della Direttiva 90/314/Cee, Roma, 1995, p. 31; M.E. LA TORRE, Il contratto di viaggio “tutto compreso”, cit., p. 35, secondo la quale «sembra da escludere che l’onere di forma sia disposto ad essentiam, cioè a pena di nullità dell’atto (v. art. 1325 n. 4 e art. 1350 cod. civ.), non essendo tale sanzione prevista espressamente e non potendosi essa desumere dal tenore della norma (…). Si tratta quindi di forma scritta ad probationem, necessaria cioè a dimostrare l’esistenza del contratto; ed è proprio per consentire al consumatore di poterne dare all’occorrenza la prova, che a lui “deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore” (…)».
esistente tra le parti in merito alle varie componenti del pacchetto turistico e consente di rafforzare la posizione del consumatore contraente debole192.
La generale istanza di salvaguardia del turista consente di guardare con favore alla teoria della «forma informativa» o «ad transparentiam»: la forma imposta dal legislatore, prima ancora che requisito essenziale del contratto è veicolo conoscitivo del suo contenuto, assolve al duplice ruolo di documentazione e di informazione, per garantire elevati standard di trasparenza contrattuale e garantire adeguati strumenti di scelta al turista.
Qualora la violazione della prescrizione formale dovesse subire la sanzione della nullità assoluta, invece, si verrebbe a penalizzare la tutela del consumatore, non piú unico legittimato a far valere la nullità193, a vantaggio della controparte che potrebbe eccepire la carenza del requisito formale per travolgere il contratto e le conseguenti responsabilità qualora, ad esempio, le prestazioni oggetto di un pacchetto low cost diventino maggiormente onerose194.
Si propende, pertanto, per il riconoscere alla forma il ruolo di elemento essenziale dell’informazione, di modalità di adempimento di un obbligo
192 In tal senso v., ex multis, X. XXXXXXX, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, cit., p. 94 ss.; X. XXXXX XXXXXX, Il contratto di viaggio turistico, cit., p. 65 ss.; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., p. 268; ID., La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., p. 1119 ss.; X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit., p. 1203 ss.; X. XXXXXX, Vendita di pacchetti turistici, cit., p. 50.
193 In proposito X. XXXXXXXXXX, I pacchetti turistici: profili giuridici e contrattuali, Milano, 1998, p. 25, evidenzia che «non sempre il formalismo può rivelarsi fonte di protezione per il consumatore, atteso che l’eventuale mancato rispetto delle forme può essere fatto valere sia dall’una che dall’altra delle parti del contratto».
194 La previsione di una nullità assoluta, tuttavia, sarebbe controproducente anche per l’organizzatore dal momento in cui, essendo l’eventuale azione imprescrittibile, il turista potrebbe eccepire il vizio di forma e chiedere la restituzione del prezzo anche dopo aver pienamente goduto della vacanza. Sul punto, X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., pp. 1119-1120.
informativo avente la finalità di tutelare il contraente che partecipa all’accordo in una posizione di debolezza contrattuale, la cui assenza non incide sulla perfezione né strutturale, né funzionale del contratto195, ma non è priva di conseguenze giuridiche.
L’inosservanza dell’obbligo formale comporta, infatti, a carico dell’organizzatore e/o intermediario una responsabilità per l’inadempimento degli obblighi informativi ed un conseguente diritto risarcitorio in favore del turista.
Tale impostazione è in linea tanto con il dato letterale dell’art. 35 cod. tur. quanto con la ratio della Direttiva 90/314/Cee che non richiede una forma scritta, bensí una forma «appropriata» delle note informative.
Strettamente connessa alla ricostruzione della forma in termini di requisito informativo, risulta essere la prescrizione di cui all’art. 35 cod. tur., nella parte in cui si prevede che il contratto sia redatto non solo in forma scritta ma anche in «termini chiari e precisi», palesando la stretta intersezione che sussiste tra forma ed informazione.
Tali obblighi di chiarezza e precisione non sono altro che un’esplicitazione dei requisiti di «chiarezza e comprensibilità» prescritti dall’art. 35, comma 1, cod. cons. in relazione alle clausole presenti nei contratti stipulati dal consumatore, che rappresentano il fulcro attorno al quale ruota l’intera disciplina in materia di trasparenza dei contratti di consumo.
195 Si ritiene che il legislatore abbia inteso evitare un uso distorto dell’autonomia contrattuale da parte del professionista considerato contraente forte senza, tuttavia, instaurare una «rinascita del formalismo»: in proposito, X. XXXXXXX, Viaggi organizzati e tutela del consumatore, cit., p. 95.
Circa il significato da attribuire alla locuzione di cui al Codice del consumo196, la dottrina si è interrogata sulla circostanza se i termini
«chiaro» e «comprensibile» debbano essere considerati o meno sinonimi.
A chi ritiene che i termini siano sovrapponibili e che, di fatto, ci si trovi in presenza di un’endiadi197, si contrappone chi evidenzia che gli stessi siano indicativi di due distinte caratteristiche che le clausole devono possedere198.
Secondo tale ultimo orientamento, il requisito della chiarezza è riferito esclusivamente alla «leggibilità» da un punto di vista esclusivamente grafico-formale. Si guarda, cioè, all’aspetto esteriore della clausola che non deve essere scritta con caratteri minuscoli o sbiaditi, come spesso accade nei contratti standard predisposti attraverso moduli o formulari.
La comprensibilità, invece, attiene al profilo contenutistico: la clausola deve essere facilmente intellegibile, ovvero il testo negoziale deve essere predisposto in maniera tale da consentire al consumatore, sprovvisto delle adeguate cognizioni tecnico-giuridiche, di comprenderne il contenuto sulla base di una prima e semplice lettura.
A ben vedere, tuttavia, chiarezza e comprensibilità non possono che essere considerati quali aspetti di un medesimo concetto, due volti di una stessa medaglia: il dovere di trasparenza, infatti, impone la predisposizione di un contratto che non solo sia «graficamente» leggibile, bensí sostanzialmente percepibile quanto al suo contenuto.
Relativamente alle clausole dei contratti di vendita di pacchetti turistici, il legislatore si esprime in termini di «chiarezza» e «precisione».
196 Art. 35, comma 1, cod. cons.: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile».
197 Cfr. X. XXXXX, Trasparenza e “contratti del consumatore” (la novella al codice civile), Napoli, 1997, p. 45.
198 In tal senso, X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, cit., p. 61 ss.
A tal proposito, contrariamente alla teoria che ravvisa un’equivalenza tra tale locuzione e quella di cui all’art. 35 cod. cons.199, non si può fare a medo di evidenziare che le stesse non siano sovrapponibili.
Si ritiene, infatti, che la «precisione» di cui al cod. tur. non si identifichi con la «comprensibilità» di cui al cod. cons. e che la scelta del legislatore di utilizzare una diversa espressione sia riconducibile alla necessità di garantire, per tali tipologie contrattuali, una maggiore trasparenza200.
La chiarezza delle clausole oggetto dei contratti di vendita di pacchetti turistici, infatti, ingloba i requisiti della chiarezza e comprensibilità di cui all’art. 35 cod. cons. e attiene sia alla leggibilità che all’intellegibilità delle stesse.
La «precisione», invece, è una caratteristica ulteriore rispetto alla mera chiarezza grafica e comprensibilità testuale della clausola: riguarda le modalità descrittive del singolo servizio oggetto del pacchetto turistico e, quindi, il contenuto delle singole clausole negoziali.
I requisiti della comprensibilità e della precisione non sono pertanto sovrapponibili: è possibile, infatti, che una clausola anche se «precisa» non sia comunque «comprensibile» a causa, ad esempio, dell’utilizzo di un linguaggio caratterizzato da un elevato tecnicismo che non può essere facilmente compreso dal consumatore.
Quanto alla sanzione conseguente alla violazione del dovere di trasparenza di cui all’art. 35 cod. tur., nel silenzio del legislatore, si ritiene di dover ricorrere alla disciplina generale di cui al Codice del consumo e ad una lettura della disposizione in combinato disposto con l’art. 35, comma 2, cod. cons., ai sensi del quale in caso di dubbio sul significato da attribuire ad una clausola, si deve propendere per l’interpretazione piú favorevole per il consumatore.
199 X. XXXXXXXXX, Contratti e responsabilità nel Codice del turismo, cit., p. 13.
200 In proposito, v. X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, cit., pp. 62-63.
A completamento delle previsioni di cui all’art. 35, comma 1, cod. tur., e sempre nell’ottica di assicurare la massima trasparenza, il successivo art. 36 cod. tur. delinea il contenuto minimo di garanzia del contratto di vendita di pacchetti turistici, limitando il potere di predisposizione dell’organizzatore e/o venditore.
Da una lettura della norma si evince come il legislatore abbia incluso tra gli elementi necessari del contratto sia dati che afferiscono alle caratteristiche proprie del pacchetto turistico (destinazione, alloggio, durata del soggiorno, prezzo, modalità di trasporto, etc.), sia dati relativi alle garanzie ed alle forme di tutela per il turista (termine entro il quale deve essere informato dell’annullamento del viaggio per mancata adesione del numero minimo di partecipanti, termine entro il quale è possibile presentare reclamo nonché comunicare la propria decisione in merito ad eventuali modifiche delle pattuizioni negoziali).
La ratio è assicurare, mediante un elevato grado di chiarezza contrattuale, una tutela completa per il turista, consentendogli non solo la conoscenza delle caratteristiche del servizio offerto, bensí anche dei diritti e dei rimedi di cui dispone in caso di inadempimento del professionista.
Statuendo una puntale definizione del contenuto contrattuale, il legislatore non solo ha circoscritto la facoltà dell’organizzatore di una sua predisposizione unilaterale201, bensí ha anche introdotto una deroga al principio, di cui all’art. 1341, comma 1, cod. civ.202, in materia di condizioni generali di contratto.
201 Sul punto, v. X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit., p. 1207, secondo il quale «la stessa locuzione utilizzata nella rubrica dell’art. 36 Cod. tur. – “Elementi del contratto” – induce a ritenere che il legislatore abbia inteso dettare in capo all’organizzatore o all’intermediario obblighi non solo di carattere informativo bensí relativi alla specificazione dell’oggetto del contratto di vendita di pacchetti turistici».
202 Art. 1341, comma 1, cod. civ.: «Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione
Nei contratti turistici, infatti, non è sufficiente l’astratta conoscibilità delle clausole contrattuali: l’acquirente del pacchetto non ha l’onere di informarsi autonomamente circa il contenuto degli elementi del contratto sui quali ha diritto di essere informato, ovvero le clausole devono essere indicate in maniera specifica nel documento che gli viene consegnato203.
L’art. 36 cod. tur., al pari della precedente disposizione legislativa di cui ha preso il posto (art. 86 cod. cons.), tace in merito alle conseguenze giuridiche derivanti dall’assenza nel testo contrattuale degli elementi che ne costituiscono il contenuto minimo.
Per dare una risposta al quesito, che ha dato adito a differenti posizioni dottrinali, è necessario procedere ad una differenziazione degli elementi indicati nella norma.
Taluni di essi, infatti, hanno natura meramente facoltativa ed eventuale: si pensi, ad esempio, agli accordi in merito alle modalità del viaggio convenuti tra organizzatore e turista al momento della prenotazione, alle eventuali spese che il turista deve sostenere in caso di cessione del contratto, all’indicazione del termine entro il quale il turista può presentare reclamo in caso di inadempimento o inesatta esecuzione del contratto.
Altri, invece, costituiscono il contenuto necessario del contratto con finalità informativa (dati necessari per l’individuazione delle parti, per determinare le prestazioni racchiuse nel pacchetto turistico, gli oneri del turista).
La loro assenza, pertanto, non comporta la nullità del contratto, ad eccezione dell’ipotesi in cui, in base alla disciplina generale di cui al
del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza».
203 Cfr. X. XXXXXXXXXXXX, I contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo, cit., p. 1207; X. XXXXX, sub Art. 86, in X. XXXX, X. XXXXX XXXXXX (a cura di), Codice del consumo. Commentario, cit., p. 578.
Codice civile204, le lacune siano tali da impedire l’individuazione dell’oggetto stesso, ovvero del pacchetto turistico considerato nel suo insieme, come nel caso in cui il contratto sia sprovvisto delle indicazioni in merito alla destinazione, alla durata, alla data di inizio e conclusione del soggiorno, ai mezzi di trasporto, sistemazione in albergo e categoria turistica205.
La carenza di altri elementi che, al contrario, non incidono sulla determinabilità dell’oggetto del pacchetto (escursioni, itinerari, visite, pasti forniti, etc.), ma sono necessari a garantire il soddisfacimento del diritto del turista ad una completa informazione, comporta a carico dell’organizzatore un obbligo di risarcire il danno causato dall’omissione o, in altre ipotesi, l’applicazione di una normativa a lui più sfavorevole206.
Qualora, infine, le clausole contrattuali abbiano carattere vessatorio, troverà applicazione la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons.
Il turista, infatti, è un «consumatore di tipo speciale»: di conseguenza, eventuali lacune della disciplina dei contratti del turismo organizzato devono essere colmate ricorrendo alla normativa consumeristica.
In tal senso depongono tanto l’art. 32, comma 3, cod. tur., che rinvia genericamente alle disposizioni del Codice del consumo che non siano
204 Combinato disposto dell’ art.1418, comma 2, cod. civ., ai sensi del quale:
«Producono la nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346» e dell’art. 1346 c.c. per il quale:
«L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile».
205 In proposito, X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx xxx 0000, 0x xx., Xxxxxx, 2005, p. 30 ss.; X. XXXXXXXX, La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori, cit., pp. 65-66; X. XXXXXXXXX, Diritto del turismo, cit., pp. 269-270.
206 L’organizzatore non potrà, ad esempio, disporre la revisione del prezzo qualora manchi l’indicazione di cui all’art. 36, lett. c, cod. tur.; non potrà esigere le spese conseguenti alla cessione del contratto qualora sia carente la specificazione di cui alla lett. n.
state espressamente derogate dalla disciplina speciale in materia di turismo, quanto l’art. 45 cod. tur. che fa salva, in ogni caso, «l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie».
2.6. Obblighi informativi, trasparenza e pubblicità ingannevole.
L’esigenza di una piú accentuata protezione del turista rispetto al comune consumatore, emerge chiaramente sul piano dell’informativa pre- contrattuale che nell’àmbito dei contratti turistici assume importanza straordinaria, strettamente commisurata alla sua funzione di potenziamento della posizione del contraente debole che, esposto alle sollecitazioni dell’operatore professionale, giunge alla conclusione di un contratto spesso già predisposto unilateralmente, passando attraverso una fase pre-negoziale piuttosto breve.
La disciplina de qua è particolarmente attenta alla trasparenza contrattuale quale veicolo di informazioni obbligatorie minime da fornire nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, affinché il fruitore del servizio possa prestare un consenso consapevole e verificare piú facilmente, in un momento successivo, la piena corrispondenza tra quanto promesso dal professionista e quanto eseguito207.
207 In proposito X. XXXXX XXXX, Buona fede e diligenza nell’esecuzione del contratto di viaggio organizzato, in Dir. dei trasporti, 2015, pp. 895 ss.; X. XXXXXXXXX, La nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato nel Codice del turismo «dimidiato», cit., p. 118, ritiene che le informazioni fornite al turista nel corso delle trattative assumano
«rilievo cruciale nella valutazione di eventuali inadempimenti, poiché costituiscono la fonte delle aspettative riposte dal turista nel viaggio o nella vacanza “tutto compreso”»; X. XXXXXXX, sub Art. 34, D. Lg. 23 maggio 2011, n. 79, cit., p. 1089.