HECHOS

Procedimiento nº: PS/00076/2019 Recurso de reposición Nº RR/00649/2019

Examinado el recurso de reposición interpuesto por LIBERBANK, S.A. contra la resolución dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00076/2019, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12/09/2019, se dictó resolución por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00076/2019, en virtud de la cual se imponía a una sanción de 20.000 € (veinte mil euros), por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la LOPD, en relación con el artículo

6.1 de la misma norma, tipificada como grave en el artículo 44.3.k) de la LOPD y de conformidad con lo establecido en el artículo 45.5 de la citada norma.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 13/09/2019, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la LOPDPGDD, y supletoriamente en la LPACAP, en materia de tramitación de procedimientos sancionadores.

SEGUNDO: Como hechos probados del citado procedimiento sancionador, PS/00076/2019, quedó constancia de los siguientes:

PRIMERO. El 26/07/2018 tiene entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos escrito de la reclamante, en el que reclama que LINDORFF ha incluido sus datos de carácter personal en el fichero ASNEF por una deuda que no es cierta, no habiendo sido notificada la inclusión en el fichero ni requerida para su pago por la entidad acreedora, que además desconoce quién es; que solicitada la cancelación de los datos a EQUIFAX le han comunicándole la baja cautelar de la deuda, inclusión que le ha perjudicado en operaciones con otras entidades.

SEGUNDO. Consta que los datos de carácter personal fueron incluidos en el fichero ASNEF a instancias xx XXXXXXXX a consecuencia de una deuda de 345,37 euros siendo la fecha de alta el 02/11/2017.

TERCERO. LINDORFF ha informado que Liberbank y Banco Castilla-La Mancha cedieron x XXXXXXXX mediante contrato formalizado en escritura pública una cartera de créditos entre el que se encontraba un crédito por importe de 345,37 euros frente a la reclamante y que ha gestionado el crédito como responsable del tratamiento hasta el 23/07/2018.

Asimismo, señala que el 13/07/2018 recibió de EQUIFAX comunicación solicitando confirmación de los datos que figuraban en el fichero por solicitud de cancelación, por lo que se inició un procedimiento interno para la verificación del crédito procediendo a la paralización de la gestión y a la baja cautelar en ASNEF el 23/07/2018.

Continua que tras las comprobaciones oportunas concluyó que la deuda era cierta vencida y exigible.

CUARTO. Consta copia de los e-mails cruzados xx XXXXXXXX y LIBERBANK en relación con la deuda de la reclamante.

El 16/07/2018 LINDORFF le remite e-mail y pregunta sobre la deuda indicando: “Hemos recibido a través de Equifax reclamación por parte del titular y necesitaríamos que nos indicaras si la deuda es exigible o no”, no constando respuesta alguna.

El 04/10/2018 LINDORFF le remite e-mail y pregunta sobre la misma cuestión: “Debemos dar respuesta a denuncia de la AEPD, por lo que necesitaríamos que nos indicaran si la deuda es exigible y nos aportaran los movimientos que originaron la deuda”.

El 22/10/2018, LIBERBANK responde por la misma vía señalando que: “No disponemos de ninguna información que indique lo contrario”.

QUINTO. Consta carta informativa de fecha 05/06/2017 remitida al domicilio de la reclamante en la que se le informaba de la cesión de la deuda de LIBERBANK x XXXXXXXX.

SEXTO. LIBERBANK ha aportado certificación en el que se señala que el contrato de Tarjeta de Crédito VISA número ***TARJETA.1 a nombre de la reclamante presentaba a 21/04/2017 una deuda de 345,37 euros correspondiente a la tarjeta número

***TARJETA.2, vinculada al contrato anterior. También se aporta impresiones de pantalla de los movimientos de la tarjeta asociada al contrato.

SEPTIMO. LIBERBANK no ha acreditado ni aportado, a pesar de haber sido requerida para ello, copia del contrato de Tarjeta de Crédito VISA número

***TARJETA.1, asociado a la tarjeta número ***TARJETA.2, presuntamente celebrado con la reclamante, ni el consentimiento para la cesión de los datos de la denunciante.

TERCERO: LIBERBANK, S.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en fecha 25 de septiembre de 2019, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo en las alegaciones ya formuladas en el procedimiento y, además la caducidad del procedimiento y la consecuente obligación de archivarlo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente recurso la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la LOPDPGDD.

II

En relación con las manifestaciones efectuadas por el recurrente, reiterándose básicamente en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II a V ambos inclusive, de la Resolución recurrida.

II

En el presente caso se imputa a LIBERBANK la infracción del artículo 11.1 de la LOPD, en relación con el artículo 6.1 de la misma norma, que establece lo siguiente:

"1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados

con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos xx xxxxxxx accesibles al público.

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.

Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar.

3. El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también un carácter de revocable.

4. Xxxxx a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente Ley.

5. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores."

A los efectos de lo dispuesto en el precepto transcrito, la LOPD señala en su artículo 3.c) e i) lo siguiente:

“c) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

“i) Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

La Directiva 95/46/CE, del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se refiere en su artículo 2.b) a la cesión dentro de la definición del tratamiento de datos, y la define como “comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso de los datos, cotejo o interconexión”.

Así pues, el artículo 11.1 de la LOPD exige el consentimiento del afectado, o bien, alguna de las circunstancias previstas en el artículo 11.2 para la cesión de datos de carácter personal.

LIBERBANK, no ha acreditado ni justificado que dispusiera del consentimiento del afectado para poder ceder y comunicar sus datos de carácter personal a la entidad LINDORFF, vinculados a una deuda por importe de 345,37 euros correspondiente a la tarjeta número ***TARJETA.2, asociada al contrato de Tarjeta de Crédito VISA número

***TARJETA.1, contrato que no ha sido acreditado a lo largo del procedimiento pese a haber sido requerido para ello.

Los hechos expuestos llevan a concluir que la entidad LIBERBANK facilitó a la entidad LINDORFF, los datos personales del afectado vinculados a dicha deuda sin el consentimiento del mismo; datos que han sido utilizados para que esta última entidad instara la inclusión de los datos de carácter personal en el fichero ASNEF.

Hay que señalar que el presente supuesto no se ajusta a lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 11 de la LOPD, en los cuales no se requiere el consentimiento del afectado para la comunicación de los datos a un tercero.

III

El reclamado ha aportado como medios de prueba con los que pretende desvirtuar los hechos reclamados de una certificación de la propia entidad crediticia señalando que el contrato de Tarjeta de Crédito VISA a nombre de la reclamante presentaba a 21/04/2017 una deuda de 345,37 euros correspondiente a la tarjeta vinculada al contrato anterior, si como impresiones de pantalla de los movimientos de la tarjeta asociada al contrato.

En cuanto al valor probatorio del primer medio, no puede olvidarse que proviene de personas directamente vinculadas con el reclamado y en este sentido, se trataría de personas con un interés directo en el asunto dada su relación con LIBERBANK y cuya imparcialidad es cuestionable.

Y en cuanto al segundo, el valor probatorio de una impresiones o capturas de pantalla, denominados "pantallazos", ya ha sido analizado por la Audiencia Nacional, a la hora de acreditar el consentimiento para el tratamiento de datos, resultando especialmente clarificadora Sentencia de la Audiencia Nacional de 09/04/2008, Rec. 235/2006 al afirmar que "...no se trata más de un simple "pantallazo" informático, que nada acredita ni aporta ninguna información relevante a la hora de poder acreditar el consentimiento del titular de los datos".

Asimismo, en referencia al consentimiento la Audiencia Nacional en Sentencia de fecha 21 de diciembre de 2001, señalaba que: “...de acuerdo con el principio que rige en materia probatoria (art. 1214 del Código Civil) la Agencia de Protección de

Datos probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de los datos personales de D (nombre, apellidos y domicilio), y a la recurrente incumbía el hecho

impeditivo o extintivo, cuál era el consentimiento del mismo.

Es decir,... debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento automatizado de datos personales, o justificar que el supuesto examinado concurre alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art. 6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

IV

De acuerdo con las previsiones de la LOPD, el artículo 44.3.k) tipifica como infracción grave “La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy grave”. A tenor del artículo 45.2 de la LOPD las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.

En el presente caso, la infracción imputada a LIBERBANK resulta de la comunicación de datos de carácter personal, sin consentimiento del afectado, a la entidad LINDORFF, quien a su vez incluyo los datos de carácter personal de la reclamante en un fichero de solvencia patrimonial y de crédito, ASNEF.

Por tanto, se imputa a LIBERBANK, en su condición de responsable del tratamiento, la comunicación de los datos del reclamante sin su consentimiento ni autorización x XXXXXXXX.

La conducta de LIBERBANK ha incurrido en la infracción descrita ya que ha vulnerado el principio de cesión, consagrado en el artículo 11.1 de la LOPD, al ceder los datos de carácter personal del usuario y que encuentra su tipificación en el artículo

44.3.k de la citada Ley Orgánica.

V

El artículo 45.2, 4 y 5 de la LOPD establece que:

"2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 € a

300.000 €

(…)

4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.

b) El volumen de los tratamientos efectuados.

c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.

d) El volumen de negocio o actividad del infractor.

e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.

f) El grado de intencionalidad.

g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.

h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.

i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.

j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.

b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.

c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.

d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.

e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente".

La representación del reclamado ha solicitado el archivo de las actuaciones y subsidiariamente sea ponderada la sanción a imponer, considerando la infracción como leve; sin embargo, tal posibilidad no es aceptable.

Hay que indicar que el artículo 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la sanción y permite establecer "la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate", pero para ello es necesario la concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado, o bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el mismo precepto cita.

En el caso examinado, de las actuaciones practicadas ha quedado acreditado que LIBERBANK vulneró el artículo 11.1 de la LOPD, al ceder los datos del reclamante sin su consentimiento a la empresa LINDORFF, quien a su vez incluyó los datos en el fichero de solvencia patrimonial y de crédito ASNEF con evidente perjuicio para la misma, por lo que su actuación ha de ser objeto de sanción.

Ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso, permiten apreciar la existencia de motivos para la aplicación de la escala de sanciones que preceden inmediatamente en gravedad como contempla el artículo 45.5, al operar la atenuante privilegiada prevista en el apartado e) del citado

artículo “Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente", puesto que el 09/10/2018, se inscribió en el Registro Mercantil la escritura de fusión por absorción de Banco Castilla-La Mancha por Liberbank, es decir, posterior a los hechos denunciados no siendo los hechos puestos de manifiesto en el presente procedimiento atribuibles a la entidad absorbente, LIBERBANK, sino a la absorbida, Banco Castilla- La Mancha, lo que permite establecer “la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate".

No obstante, en relación con los criterios de graduación de las sanciones que contempla el artículo 45.4 de la LOPD, se aprecia la concurrencia de las siguientes circunstancias agravantes:

- El apartado c) La vinculación de su actividad con la realización de tratamientos de datos de carácter personal”, pues parece evidente que en el desarrollo de la actividad desempeñada, aunque empresa pequeña, se ve obligada a un continuo tratamiento de datos personales tanto de sus clientes como de terceros.

- El apartado “f) El grado de intencionalidad “, ya que la cesión de los datos del reclamante evidencia una clara negligencia a la hora de comprobar si contaba con su consentimiento.

- El apartado d) “El volumen de negocio o actividad del infractor”, puesto que se trata de una gran entidad crediticia del país por cifra de negocio.

En el presente caso, valorados los criterios de graduación de las sanciones establecidos en el artículo 45.4, tanto favorables como adversos, se impone una sanción de 20.000 euros por vulneración del artículo 11.1 de la LOPD, de la que LIBERBANK debe responder”.

III

La representación del reclamado ha alegado que en aplicación del artículo 25.1.b) de la LPACAP debe entenderse que la resolución del procedimiento sancionador PS/00076/2019 ha caducado ya que no se ha notificado dentro del plazo máximo establecido para ello, seis meses, por lo que debe ordenarse el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95 de la misma Ley.

En relación con la cuestión planteada, sobre las normas de procedimiento aplicables al expediente sancionador PS/0076/2019 que nos ocupa, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo sancionador comienza con la firma del acuerdo de inicio por la Directora de la AEPD, que data del 01/03/2019, hemos de estar a lo que indica la Disposición Transitoria Tercera, “Régimen transitorio de los procedimientos”, de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) que entró en vigor el 07/12/2018 y que señala:

“1. Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica se regirán por la normativa anterior, salvo que esta Ley Orgánica contenga disposiciones más favorables para el interesado.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los procedimientos respecto de los cuales ya se hubieren iniciado las actuaciones previas a las que se refiere la Sección 2ª del Capítulo III del Título IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

¨Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre”.

Así pues, en aplicación de la referida Disposición Transitoria Tercera de la LOPDGDD, “a sensu contrario”, el procedimiento a seguir será el previsto en el Título VIII de la citada Ley Orgánica, artículos 63 a 69, aplicándose con carácter subsidiario, en lo que no la contradigan, las disposiciones de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), (ex artículo 63.2 de la LOPDGDD).

El artículo 63.2 de la LOPDGDD indica que:

“2. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.”

Y el artículo 64, Forma de iniciación del procedimiento y duración, en su punto 2, párrafo final, establece que:

“El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones”.

Por todo ello, la caducidad del procedimiento no se había producido cuando fue dictada la resolución del procedimiento sancionador.

Para concluir, ya se informó a la representación del recurrente en la resolución recurrida que los hechos puestos de manifiesto afectaban a datos de carácter personal relativos a personas identificadas o identificables, resultando de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y el Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007 (RLOPD), tomando en consideración que los mismos acontecieron con anterioridad al 25 xx xxxx de 2018, fecha de aplicación del Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/04/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y que las disposiciones sancionadoras establecidas en el artículo 83 del citado Reglamento no eran más favorables que las establecidas en el artículo 45 de la LOPD, que fue el aplicado en la resolución del citado procedimiento y que ha sido recurrida (los subrayados corresponden a la AGPD).

IV

En consecuencia, en el presente recurso de reposición, el recurrente no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por LIBERBANK, S.A. contra la resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 12/09/2019, en el procedimiento sancionador PS/00076/2019.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad LIBERBANK, S.A.

TERCERO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva una vez sea ejecutiva la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº ES00 0000 0000 0000 0000, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco CAIXABANK, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDPGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art.

48.6 de la LOPDPGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [xxxxx://xxxxxxxx.xxx.xx/xxxx-xxxxxxxxxxx- web/], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada LPACAP. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no

tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

Xxx Xxxxxx Xxxxx Directora de la Agencia Española de Protección de Datos