CONSEJO DE ESTADO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., cinco (5) xx xxxxxx de dos mil diez (2010).

EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades a las que se refiere el artículo 2° del estatuto contractual, se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley. Por su parte, el artículo 32 del mismo ordenamiento señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere dicha normatividad, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública.

En el caso concreto, la Alcaldía Municipal de Itagüí, Antioquia celebró un contrato de arrendamiento con el señor Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, el cual tenía por finalidad, la entrega al arrendatario de un local comercial ubicado en el parque principal de dicho ente territorial.

Bajo ese contexto, resulta claro que el mencionado negocio jurídico celebrado por dicha entidad se regiría por las disposiciones del Código de Comercio, como quiera que, una de las partes, esto es el arrendatario, ejerce actos mercantiles. En efecto, conforme al artículo 22 del mismo ordenamiento legal, si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial.

Precisado lo anterior, es menester señalar que, la decisión adoptada por la Corporación Judicial accionada se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, toda vez que, el trámite dispuesto para la restitución del bien inmueble arrendado, es el que prevé el Código de Procedimiento Civil, y, en materia sustancial, las normas aplicables, son las que señala el Código de Comercio, claro está, siempre y cuando éstas regulen todas las situaciones surgidas del contrato de arrendamiento, pues, de lo contrario, serán aplicables las del Código Civil, por remisión que hace a dicho estatuto el artículo 822^1[3] del Código de Comercio.

En efecto, el Tribunal acusado, estableció a fin de resolver el asunto que las partes acordaron en el aludido contrato que la xxxx en el pago de los cánones de arrendamiento y de los servicios públicos daría lugar a su terminación, y a la restitución inmediata del inmueble arrendado.

En consecuencia, como quiera que la normatividad comercial no prevé como causal de terminación del contrato de arrendamiento, la xxxx en el pago del canon, debía aplicarse, en este caso, por remisión expresa del artículo 822 del Código de Comercio, el artículo 2035 del Código Civil, según el cual, la xxxx en un período entero en el pago de la renta, dará derecho al arrendador “después de dos reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable, que no bajará de treinta días”.

Aunado a lo anterior, en este caso, de conformidad con el parágrafo del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, en el contrato de arrendamiento celebrado por el Municipio de Itagüí, Antioquia, y el tutelante, se pactó que, la xxxx en el pago de los cánones de arrendamiento y de los servicios públicos daría lugar a la terminación del contrato y a la restitución inmediata del bien, así mismo la renuncia del arrendatario a los requerimientos para ser constituido en xxxx. En esas condiciones, se ajustó, por tanto, el contrato de arrendamiento al ordenamiento legal.

Siendo esto así, para la Sala está acreditado que el contrato fue incumplido en diversas ocasiones por el arrendatario – hoy tutelante -, al dejar pagar los cánones de arrendamiento incluso por fuera del tiempo convenido y por lo tanto, la decisión objeto de tutela es legítima, ya que se imponía, en este caso, dar por terminado el aludido negocio jurídico celebrado por el referido ente territorial, y el señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ordenando la restitución inmediata de dicho inmueble.

CONSEJERO PONENTE: XX. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

EXPEDIENTE Nº 11001-03-15-000-2010-00726-00.

ACCIÓN DE TUTELA

ACTOR: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.

C/. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.

Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el actor contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, al haber proferido en su contra la sentencia de 22 xx xxxxx de 2010, dentro de la Acción Contractual, incoada por el Municipio de Itagüí, Antioquia.

EL ESCRITO DE TUTELA

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, interpuso acción de tutela contra la mencionada Corporación Judicial, por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y dignidad humana.

Como fundamento de su acción expuso:

Con motivo del aparente incumplimiento del contrato de arrendamiento N° 108 O.A.J.99, celebrado el 0x xx xxxxx xx 0000 xxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx; el aludido ente territorial interpuso acción contractual en su contra, la cual fue decidida en primera instancia, por el Juzgado 14 Administrativo de Medellín, mediante la sentencia de 3 agosto de 2009, accediendo a las pretensiones de la demanda.

Inconforme con la decisión anterior formuló recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia de 00 xx xxxxx xx 0000, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx impugnada.

El fallo anterior se fundamentó en qué el arrendatario se encontraba en xxxx, debido a que de manera reiterada había dejado vencer el período para el pago de la renta, cumpliendo con su obligación de manera tardía, es decir, por fuera del término convenido.

La aludida Corporación Judicial, al proferir la sentencia de segunda instancia, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que: i) únicamente se basó en los argumentos de la parte demandante, ii) le concedió importancia jurídica al fenómeno de la xxxx cuando el objeto del contrato no es un bien inmueble, iii) vulneró el principio del non bis in idem, ya que no observó que se estaba cobrando el impuesto de industria y comercio y el canon de arrendamiento de manera concomitante, iv) desconoció el principio denominado purga de la xxxx, presente en los contratos bilaterales, y v) no tuvo en cuenta la indebida notificación del fallo de primera instancia.

Como consecuencia de lo anterior solicitó, tutelar los derechos fundamentales invocados, dejar sin efectos la providencia acusada y ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, proferir una nueva decisión que atienda a sus argumentos.

LA PROVIDENCIA ACUSADA

En sentencia de 22 xx xxxxx de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia, confirmó el fallo del Juzgado 14 Administrativo de Medellín, que dentro de la Acción Contractual incoada por el Municipio de Itagüí, Antioquia, contra Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos (Fls. 6 a 12):

El arrendatario se encuentra en xxxx una vez que ha transcurrido completamente el período para el pago de la renta, y éste no ha concurrido a cancelar el canon de arrendamiento, esto es, luego de fenecido el respectivo mes de arriendo.

En forma repetida el arrendador le recibía el pago del canon por fuera del término convenido al arrendatario, pero esto, tal como lo ha entendido la doctrina y jurisprudencia, son actos de mera tolerancia que no pueden hacer inferir una modificación sustancial del contrato, en consecuencia la benevolencia y tolerancia exigen un mejor cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El arrendatario efectivamente se encontraba en xxxx, motivo suficiente para que las pretensiones de la demanda encuentren vocación de prosperidad.

ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA

El Despacho de la Consejera, Dra. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, admitió la demanda de tutela, ordenando notificarla al Tribunal Administrativo de Antioquia. Por haber sido negada en Sala la ponencia inicial, fue remitido el expediente a este Despacho.

INFORME RENDIDO EN EL PROCESO

El Tribunal Administrativo de Antioquia

El Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, en su condición de Magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, en Oficio visible de folios 31 a 61, presentó informe sobre el asunto en litigio, oponiéndose a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

De conformidad con el escrito de tutela, se encuentra que el demandante presenta una grave confusión de temas, ya que una cosa es el canon de arrendamiento acordado contractualmente entre las partes y otra cosa es el cumplimiento de las obligaciones tributarias que el contribuyente contraiga con el aludido ente territorial.

En aplicación de la jurisprudencia establecida por el Consejo de Estado^2[1], la presente acción es claramente improcedente. Sin dejar de lado, que existe una incorrecta formulación de la demanda, ya que no se identifica dentro del libelo cual o cuales son los defectos de la providencia acusada, que conforme a los pronunciamientos de la Corte Constitucional se conocen como causales genéricas de procedibilidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela contra decisiones judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Más adelante, mediante sentencias de tutela, la misma Corte permitió de forma excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, analizar nuevamente la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial que se adoptó en realidad, envuelve una vía de hecho, entendida ésta como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad.

Esta Sala en líneas generales comparte la jurisprudencia constitucional, según la cual en el Estado Social de Derecho, la prevalencia de los derechos fundamentales compromete la actuación de las autoridades públicas, incluidas las de los Jueces de la República, por ello si bien esta acción resulta procedente contra providencias judiciales, ella es absolutamente excepcional en tanto que la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso no permiten el carácter temporal de tales decisiones, ni la existencia de la tutela como última instancia de todos los procesos y acciones.

La evolución de la jurisprudencia sobre la materia ha llevado a desarrollar un test para determinar: a) la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y b) los defectos de fondo de la providencia judicial acusada, esto con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de su aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente en la tarea de identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional.

Bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales, siendo estas las siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, c) Que se dé cumplimiento al requisito de la inmediatez, d) Que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y afecte los derechos fundamentales de la parte actora, e) Que se identifiquen de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados y que haya alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que hubiere sido posible, f) Que no se trate de sentencias proferidas en procesos de acción de tutela, de acción de cumplimiento o de acción popular.

Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del Juez Constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo^3[2]: a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución.

Análisis del caso en concreto

De conformidad con el escrito de tutela, entiende la Sala que el presente litigio, comporta dos problemas jurídicos centrales a resolver, el primero, consistente en determinar ¿cuál es la naturaleza material del bien dado en arrendamiento mediante el contrato N° 108 O.A.J.99, celebrado entre el hoy tutelante y el Municipio de Itagüí, Antioquia?, y en segundo lugar, ¿si es legítima o no, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual se ordena la restitución del bien objeto del contrato?

Para efectos de solucionar los anteriores problemas jurídicos, la Sala hará un breve recuento sobre la clasificación de los bienes materiales conforme a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico y se referirá al régimen del contrato de arrendamiento celebrado con entidades públicas.

1. Clasificación de las Cosas Materiales

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 654 del Código Civil, las cosas corporales pueden catalogarse como muebles o inmuebles; característica que se somete a la posibilidad de que éstas - según sea el caso -, se puedan transportar o no de un lugar a otro. En efecto, en términos del artículo 656 cosas “como las tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles, las casas y veredas”, (Subrayado fuera del texto), se denominan bienes inmuebles.

Sin embargo, esta clasificación no es taxativa, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico, existen cosas que si bien pueden clasificarse como bienes muebles, dada la finalidad con que sean utilizados pueden catalogarse como inmuebles; al respecto, elementos como “Los utensilios de labranza o minería, los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca, las prensas, calderas, xxxxx, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y pertenecen al dueño de éste” se denominan bienes inmuebles por destinación.

En este orden de ideas, y descendiendo al sub judice, observa la Sala que, el bien arrendado por medio del contrato N° 108 O.A.J.99, es un inmueble, que forma parte de un parque Municipal destinado a la recreación de todas las personas, aseveración que encuentra mayor sustento en el mismo escrito de tutela, a través del cual, el petente manifiesta:

“7… No se mencionan los otros “inmuebles” o mejor kioscos ubicados alrededor de la caseta en mención ni se dice a qué está destinada…”

Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto se encuentra que el objeto contractual aludido, hace referencia a un bien inmueble por destinación, ya que el local comercial arrendado: i) hace parte integral del parque Municipal de Itagüí, Antioquia, y ii) está adherido de manera permanente al suelo de dicho lugar público.

2. El Contrato de Arrendamiento con Entidades Públicas

Conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades a las que se refiere el artículo 2° del estatuto contractual, se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley. Por su parte, el artículo 32 del mismo ordenamiento señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere dicha normatividad, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública.

En el caso concreto, la Alcaldía Municipal de Itagüí, Antioquia celebró un contrato de arrendamiento con el señor Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, el cual tenía por finalidad, la entrega al arrendatario de un local comercial ubicado en el parque principal de dicho ente territorial.

Bajo ese contexto, resulta claro que el mencionado negocio jurídico celebrado por dicha entidad se regiría por las disposiciones del Código de Comercio, como quiera que, una de las partes, esto es el arrendatario, ejerce actos mercantiles. En efecto, conforme al artículo 22 del mismo ordenamiento legal, si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial.

Precisado lo anterior, es menester señalar que, la decisión adoptada por la Corporación Judicial accionada se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, toda vez que, el trámite dispuesto para la restitución del bien inmueble arrendado, es el que prevé el Código de Procedimiento Civil, y, en materia sustancial, las normas aplicables, son las que señala el Código de Comercio, claro está, siempre y cuando éstas regulen todas las situaciones surgidas del contrato de arrendamiento, pues, de lo contrario, serán aplicables las del Código Civil, por remisión que hace a dicho estatuto el artículo 822^4[3] del Código de Comercio.

En efecto, el Tribunal acusado, estableció a fin de resolver el asunto que las partes acordaron en el aludido contrato que la xxxx en el pago de los cánones de arrendamiento y de los servicios públicos daría lugar a su terminación, y a la restitución inmediata del inmueble arrendado.

En consecuencia, como quiera que la normatividad comercial no prevé como causal de terminación del contrato de arrendamiento, la xxxx en el pago del canon, debía aplicarse, en este caso, por remisión expresa del artículo 822 del Código de Comercio, el artículo 2035 del Código Civil, según el cual, la xxxx en un período entero en el pago de la renta, dará derecho al arrendador “después de dos reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable, que no bajará de treinta días”.

Aunado a lo anterior, en este caso, de conformidad con el parágrafo del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, en el contrato de arrendamiento celebrado por el Municipio de Itagüí, Antioquia, y el tutelante, se pactó que, la xxxx en el pago de los cánones de arrendamiento y de los servicios públicos daría lugar a la terminación del contrato y a la restitución inmediata del bien, así mismo la renuncia del arrendatario a los requerimientos para ser constituido en xxxx. En esas condiciones, se ajustó, por tanto, el contrato de arrendamiento al ordenamiento legal.

Siendo esto así, para la Sala está acreditado que el contrato fue incumplido en diversas ocasiones por el arrendatario – hoy tutelante -, al dejar pagar los cánones de arrendamiento incluso por fuera del tiempo convenido y por lo tanto, la decisión objeto de tutela es legítima, ya que se imponía, en este caso, dar por terminado el aludido negocio jurídico celebrado por el referido ente territorial, y el señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ordenando la restitución inmediata de dicho inmueble.

Adicionalmente, observa la Sala que el demandante expresa de manera general la falta de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer del proceso de acción contractual, así como la indebida notificación de los fallos de instancia; en relación con esto debe mencionarse que tales acusaciones debió haberlas invocado como causales de nulidad dentro del mencionado proceso y como no lo hizo, pues ello releva al Juez Constitucional de un pronunciamiento de fondo, más aun cuando los argumentos de dichas violaciones, son además de confusos e incoherentes, faltos de toda prueba que los sustente. Así mismo debe dejarse claro que, se acusa al aludido Tribunal de no haber desatado todas las pretensiones y considerado todos los argumentos presentados en la contestación de su demanda, sin embargo para ello, de esto haber sido cierto, contaba con la posibilidad de solicitar la adición de la providencia, medio de defensa que no puede suplirse a través de la acción xx xxxxxx.

Finalmente sobre la acusación relacionada con que se vulneró el principio del non bis in idem, por cuanto no se no observó que se estaba cobrando a la vez el impuesto de industria y comercio y el canon de arrendamiento, comparte la Sala la tesis del Tribunal acusado según la cual, el demandante confunde dichas situaciones, ya que una cosa es el canon de arrendamiento acordado contractualmente entre las partes y otra muy distinta es el cumplimiento de las obligaciones tributarias que el contribuyente contraiga con el aludido ente territorial, las cuales no se excluyen.

En estos términos y con ocasión de las circunstancias fácticas del presente asunto, es pertinente reiterar que la tutela contra providencias judiciales para que no lleve al Juez Constitucional a vaciar las competencias del de conocimiento debe limitarse estrictamente a las interpretaciones no validas, irracionales, amañadas, abiertamente alejadas del texto legal o de la racionalidad jurídica, calificaciones que como se dejó previamente enunciado no aplican a la providencia acusada, motivo por el cual el amparo debe ser negado.

DECISIÓN

Así las cosas, entiende la Sala que las acusaciones que pretenden enervar la presunción de constitucionalidad de la decisión enjuiciada no tienen vocación de prosperidad y por ende debe ser negado el amparo del derecho fundamental invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Niégase el amparo de los derechos fundamentales invocados por Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, en la acción de tutela incoada por él contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por haber proferido dentro de la Acción Contractual impetrada en su contra por la Alcaldía Municipal de Itagüí, Antioquia, la sentencia de 22 xx xxxxx de 2010, que confirmó el fallo del Juzgado 14 Administrativo de Medellín.

Cópiese, notifíquese y, si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cúmplase.

La presente providencia fue discutida en la Sala de la fecha.

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX.

1^[3] “Art. 822.- Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. “La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley”

2^[1] El Tribunal señala la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de tutela de 30 xx xxxxxx de 2007. Consejero Ponente: Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Expediente N° 11001-03-15-000-2007-00236-01. INVIAS. C/. Tribunal Administrativo de Antioquia.

3^[2] a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

4^[3] “Art. 822.- Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. “La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley”