RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES
Recurso 248/2017 Resolución 250/2017
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
Sevilla, 21 de noviembre de 2017
VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad GRÚAS PLAZA ALMERÍA, S.L. contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Ejido, de 25 de septiembre de 2017, por el que se adjudica el contrato denominado “Servicio de retirada con grúa de vehículos de la vía pública en el término municipal de El Ejido (Almería)” (Expte. 33/2017), promovido por dicho Ayuntamiento, este Tribunal, en sesión celebrada el día de la fecha, ha adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. El 11 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de la licitación del contrato indicado en el encabezamiento. Asimismo, el citado anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 50 de 28 de febrero de 2017 y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de El Ejido el 13 de febrero de 2017.
El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad de 371.900,83 euros.
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SEGUNDO. A la licitación le es de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Igualmente, es de aplicación el Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en su redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 xx xxxxxx.
TERCERO. Tras la tramitación del correspondiente procedimiento, el 25 de septiembre de 2017, por acuerdo de Pleno se aprobó la adjudicación del contrato denominado “Servicio de retirada con grúa de vehículos de la vía pública en el término municipal del El Ejido (Almería)” a favor de la entidad ASISTENCIAS MIGUELÓN, S.L.
CUARTO. El 17 de octubre de 2017, tuvo entrada en el Registro del órgano de contratación escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad GRÚAS PLAZA ALMERÍA, S.L. (en adelante GRÚAS PLAZA ALMERÍA) contra el citado acuerdo.
El escrito de recurso, junto con el informe a la misma y el expediente de contratación, fue remitido a este Tribunal el 19 de octubre de 2017.
QUINTO. Mediante escrito de la Secretaría del Tribunal de 20 de octubre de 2017, se concedió un plazo de 5 días a la otra entidad licitadora que participó en el procedimiento de licitación, ASISTENCIAS MIGUELÓN, S.L. (en adelante ASISTENCIAS XXXXXXXX), para que presentara las alegaciones que considerase oportunas, habiéndolas remitido dentro del plazo mencionado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 41.4 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el artículo 10 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y en la Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del citado Tribunal.
En el presente supuesto, el acto impugnado ha sido adoptado en el procedimiento de adjudicación de un contrato promovido por el Ayuntamiento de un municipio, derivando la competencia de este Tribunal para la resolución del recurso especial interpuesto de lo dispuesto en el artículo 10.3 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en su nueva redacción dada por el Decreto 120/2014, de 1 xx xxxxxx.
Por tanto, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de El Ejido ha comunicado que no dispone de órgano propio para el conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación, resulta competente el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía para la resolución del presente recurso.
SEGUNDO. Ostenta legitimación la recurrente para la interposición del recurso dada su condición de licitadora en el procedimiento de adjudicación, de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP.
TERCERO. Visto lo anterior, procede determinar si el recurso ha sido interpuesto contra alguno de los actos que, de conformidad con lo establecido
El recurso se dirige contra la resolución de adjudicación de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada cuyo valor estimado es superior a
209.000 euros y que pretende concertar una Administración Pública. Por tanto, resulta procedente el recurso especial interpuesto de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 apartados 1 a) y 2 c) del TRLCSP.
CUARTO. Antes de entrar en la cuestión de fondo planteada, procede analizar si el recurso ha sido interpuesto en plazo.
El artículo 44.2 del TRLCSP, en su primer párrafo, dispone: “el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4”.
En el supuesto examinado, el día 3 de octubre de 2017 se remitió a la recurrente mediante correo electrónico el Acuerdo del Pleno por el que se adjudicaba el contrato de referencia. Por tanto, habiendo tenido entrada el recurso en el Registro del órgano de contratación el 17 de octubre de 2017, el mismo se ha interpuesto dentro del plazo legal establecido.
QUINTO. Analizados los requisitos de admisión del recurso, procede examinar los motivos en que el mismo se sustenta. El recurso contiene cuatro alegatos cuyo examen será efectuado en este y en los siguientes fundamentos de derecho.
En el primer motivo de recurso, GRÚAS PLAZA ALMERÍA aduce que el acuerdo recurrido adolece de falta de motivación y arbitrariedad. Así, señala la recurrente que, en relación a la valoración dada a los criterios sometidos a un juicio de valor, la única motivación es la incluida en el Informe técnico emitido en fecha 18 xx xxxx de 2017, careciendo las valoraciones contenidas en este de la información necesaria que permita su revisión en vía administrativa o jurisdiccional. Asimismo, pone de manifiesto que las citadas valoraciones tampoco revelan las razones que permitan discernir qué matices diferenciadores
existen, entre las ofertas presentadas, para asignar cinco puntos más a una respecto a la otra en lo que respecta al criterio de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor previsto en la clausula 12ª xxx xxxxxx de clausulas administrativas particulares (PCAP), que lleva por título
«Proyecto Técnico» y que está ponderado con un máximo de 30 puntos.
En este mismo sentido, y en relación al segundo criterio sometido a un juicio de valor contenido en la misma cláusula 12ª antes mencionada, «Mejoras propuestas», alega la recurrente que mientras las mejoras ofertadas por ella responden perfectamente al contenido de las mejoras referidas en los pliegos, las ofrecidas por ASISTENCIAS XXXXXXXX no se corresponden con lo solicitado en el pliego, esto es, “mejoras tecnológicas (…) para optimizar la eficiencia del servicio, así como aquellas otras que ofrezcan medios complementarios que mejoren la operatividad de las laborales de la Policía Local y que estén relacionadas con el objeto del contrato.”
Por su parte, el órgano de contratación en el informe al recurso manifiesta que el Informe técnico, de 00 xx xxxx xx 0000, xxxxxx el Proyecto técnico y las mejoras propuestas mediante el análisis de la documentación que cada uno de los licitadores aporta en el sobre nº 2, haciendo un cuadro comparativo comentado de cada uno de los apartados. Y que de los comentarios y valoraciones realizadas en el cuadro comparativo del informe técnico, se infiere que los dos proyectos son correctos, detallados y basados en el conocimiento y estudio detallado de las necesidades del servicio, siendo el proyecto en conjunto, a juicio de valor del técnico que emite el informe, mejor el propuesto por la empresa ASISTENCIAS XXXXXXXX e igualadas las propuestas de mejoras. Concluye, respecto de este primer motivo, que el citado informe se ha emitido respetando los pliegos que rigen la licitación, motivando la puntuación y evaluando el criterio cuya ponderación depende del juicio de valor en base a la discrecionalidad técnica del redactor, por lo que no existe arbitrariedad en el mismo.
Como segundo motivo de recurso expone la recurrente que a la hora de valorar
la oferta económica los pliegos recogen una serie de tarifas a las que las entidades licitadoras deben ofertar, aplicándose a cada una de ellas una fórmula con cuya suma se obtiene una determinada puntuación. Así, y en relación a ello, la recurrente señala que la entidad ASISTENCIAS MIGUELÓN, respecto de dos tarifas, concretamente las de «Abandono», ofertó cero euros, por lo que entiende que esa oferta contiene valores anormales o desproporcionados, conforme a lo dispuesto en la cláusula 13ª xxx xxxxxx, y por ello procedería la exclusión de la oferta formulada o, subsidiariamente, que se excluyeran o eliminaran esas dos tarifas de su oferta.
Asimismo, expresa la recurrente que el hecho de que ASISTENCIAS XXXXXXXX haya ofertado dos tarifas a cero euros, implica haber ofertado un precio por debajo del propio coste del servicio, lo que considera no es admisible desde el punto de vista de la libre concurrencia y el mercado, e igualmente contrario al articulo 87 TRLCSP.
En este mismo sentido, pone de manifiesto en su escrito que, mientras la tesis que sostiene el acuerdo municipal es la de que no cabe aplicar la regla del valor desproporcionado o anormal a una o dos tarifas de la oferta, sino a la oferta completa, los pliegos hablan de cómo se definen los valores anormales o desproporcionados que la oferta contiene, por lo que a su juicio es claro que no se está refiriendo a que la oferta sea anormal o desproporcionada, sino a que contenga valores anormales, apoyando su alegato en el Informe 8/2009, de 29 de octubre de 2009, de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana.
Por su parte, el órgano de contratación pone de manifiesto que para llegar a la conclusión de que la oferta de la adjudicataria contiene valores anormales o desproporcionados, la recurrente ha aplicado erróneamente el criterio establecido en la cláusula 13ª del PCAP, para determinar que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados .
En este sentido, prosigue el órgano de contratación señalando que la cláusula 5ª
del PCAP establece que: “Las ofertas de los licitadores determinarán el precio del contrato para la totalidad de los servicios y prestaciones y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de cuatro (4) años...”. En base a lo cual añade que, en todo caso, para considerar que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados habría que aplicar el criterio tomando como referencia el precio del contrato para la totalidad de los servicios y prestaciones de acuerdo a las ofertas de los licitadores.
Por ello, entiende el órgano de contratación que, al quedar acreditado que la oferta de la empresa ASISTENCIAS MIGUELÓN no contiene valores anormales o desproporcionado, son improcedentes las pretensiones de la recurrente. Y no solo porque no contenga valores anormales, sino porque el artículo 152 del TRLCSP establece como preceptivo, en los casos que se considere que una oferta contiene valores anormales o desproporcionados, dar audiencia al licitador para que justifique la valoración de la oferta, sin que se pueda excluir la oferta con el mero hecho de la consideración.
Como tercer motivo, alega la recurrente que el hecho de haber ofertado dos tarifas con valor cero, hace que la fórmula prevista en el pliego no se haya aplicado para todas las tarifas de la adjudicataria. Entiende la recurrente que la mesa de contratación habría considerado que el cociente 0/0 es igual a 1, lo cual sería absolutamente arbitrario, además de una falsedad matemática. Al respecto, sigue señalando en su escrito que lo que procedería es no valorar las dos tarifas de abandono de ASISTENCIAS MIGUELÓN por imposibilidad matemática, y asignar, por tanto, la máxima puntuación en ambas tarifas a GRÚAS PLAZA ALMERÍA.
Conectado con lo anterior, y como último alegato, finaliza la recurrente su escrito afirmando que, en base a todo lo expuesto, y al no cumplir la oferta de ASISTENCIAS MIGUELÓN las condiciones de los pliegos, resulta probado además que su oferta es la económicamente más ventajosa, pues las tarifas ofertadas por ella son más baratas, en los servicios más habituales de «Retirada y depósito», que las de la adjudicataria, que es más barata en las tarifas de
«Abandono». Por ello concluye su escrito entendiendo que procede declarar la nulidad del acuerdo recurrido y declarar adjudicataria de la licitación a GRÚAS PLAZA ALMERÍA.
Por su parte, sobre la incorrecta aplicación de la fórmula de valoración de las ofertas incluida en el pliego, señala el órgano en su informe que la alegación de la recurrente se basa en la aplicación de esta fórmula con un planteamiento puramente matemático que no es correcto, ya que lo que este criterio puntúa son ofertas económicas, por lo que, su aplicación ha de estar enfocada desde un planteamiento económico persiguiendo asignar la máxima puntuación a la oferta económica mas ventajosa. Concluye que no existe ninguna arbitrariedad por parte de la mesa de contratación al asignar la máxima puntuación a la oferta más económica.
SEXTO. Vistos los motivos de recurso procede el estudio de cada uno de ellos. Por razones sistemáticas, aun no siendo éste el orden que sigue la recurrente en su escrito, se analizarán en primer lugar el segundo y el tercero de los motivos del recurso.
Respecto del segundo motivo, como ya se ha expuesto, la recurrente afirma que la oferta presentada por la entidad ASISTENCIAS MIGUELÓN, respecto de dos tarifas, concretamente las de «Abandono», contienen valores anormales o desproporcionados, por lo que entiende que correspondería la exclusión de la oferta formulada o, subsidiariamente, que se excluyeran o eliminaran esas dos tarifas de su oferta.
Pues bien, conforme disponen los pliegos que rigen la licitación, el contrato tiene por objeto la prestación del servicio de retirada con grúa de vehículos de la vía pública, siendo el presupuesto de licitación, IVA excluido, de 371.900,83 euros. Asimismo, el precio se determina en función de tarifas y el pago se hará en función de los servicios o trabajos realmente realizados.
En este sentido el anexo I del PPT contiene el modelo de proposición
económica. De acuerdo con el mismo, la oferta debe hacerse por «tarifa» para cada uno de los catorce servicios previstos, cuya tarifa se indica en la cláusula 7ª del PPT:
TABLA DE PRECIOS UNITARIOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS | MÁXIMO (I.V.A. INCLUIDO) |
Precios unitarios de vehículos, remolques, y semirremolques de masa inferior a 3.500 kg | |
Retirada y depósito | 50 € |
Enganche o carga | 35 € |
No engancha y -45 o -30 | 30 € |
No engancha y +45 o +30 | 0 € |
Abandono | 50 € |
Transporte a otros lugares | 30 € |
Estancia depósito/día | 6 € |
Precios unitarios de vehículos, remolques, y semirremolques de masa superior a 3.500 kg | |
Retirada y depósito | 75 € |
Enganche o carga | 52 € |
No engancha y -45 o -30 | 45 € |
No engancha y +45 o +30 | 0 € |
Abandono | 75 € |
Transporte a otros lugares | 45 € |
Estancia depósito/día | 9 € |
El criterio de adjudicación consistente en la oferta económica está ponderado con un máximo de 60 puntos, previéndose en la cláusula 12ª del PCAP una fórmula en la que se ponderan los precios unitarios ofertados según unos porcentajes de peso previstos para cada uno de ellos en el mismo pliego. Y cuya suma determina la oferta global de cada licitador a efectos de su valoración conforme a la fórmula:
Ys = Ps * (X0/Xn) Siendo:
Ys= Puntuación del precio unitario del servicio de la oferta considerada. Ps= Puntuación máxima asignada al servicio a valorar.
Xn= Precio unitario del servicio a valorar de la oferta considerada
X0= Mejor precio unitario del servicio a valorar de la oferta de las presentadas.
En base a ello, se presentaron a la licitación las empresas GRÚAS PLAZA ALMERÍA y ASISTENCIAS MIGUELÓN, siendo las tarifas ofertadas, conforme al modelo de proposición económica, las siguientes:
SUPUESTO | TIPO LICITACIÓN | OFERTA ECONÓMICA | |
TARIFAS PARA VEHÍCULOS < 3.500 kg | ASISTENCIAS MIGUELON | GRÚAS PLAZA ALMERÍA | |
Retirada y depósito | 50 € | 48,40 | 47,00 |
Enganche o carga | 35 € | 33,88 | 26,00 |
No engancha y -45 o -30 | 30 € | 29,04 | 22,00 |
No engancha y +45 o +30 | 0 € | 0,00 | 0,00 |
Abandono | 50 € | 0,00 | 30,00 |
Transporte a otros lugares | 30 € | 29,04 | 20,00 |
Estancia depósito/día | 6 € | 3,63 | 4,00 |
TARIFAS PARA VEHÍCULOS PESADOS | |||
Retirada y depósito | 75 € | 48,40 | 42,00 |
Enganche o carga | 52 € | 33,88 | 31,00 |
No engancha y -45 o -30 | 45 € | 29,04 | 27,00 |
No engancha y +45 o +30 | 0 € | 0,00 | 0,00 |
Abandono | 75 € | 0,00 | 42,00 |
Transporte a otros lugares | 45 € | 29,04 | 28,00 |
Estancia depósito/día | 9 € | 3,63 | 5,50 |
Así, las puntuaciones recibidas por las ofertas de las dos licitadoras, utilizando la fórmula prevista en el pliego a la que antes nos hemos referido, son 56,70 puntos para ASISTENCIAS MIGUELÓN y 38,30 puntos para GRÚAS PLAZA ALMERÍA.
Por otra parte, en el acuerdo de adjudicación de 25 de septiembre de 2017, se señala lo siguiente: “(…) Queda acreditado que, teniendo en cuenta la totalidad de los servicios y prestaciones requeridas y la totalidad de los precios unitarios ofertados, la oferta de la empresa ASISTENCIAS MIGUELON, S.L no contiene valores anormales o desproporcionados.”
Pues bien, como ya señalaba este Tribunal en su Resolución 131/2017, de 27 xx xxxxx, sobre la presentación de ofertas a coste cero, existe ya una doctrina acuñada por los tribunales administrativos de recursos contractuales que viene admitiendo dicha posibilidad referida a algunos componentes de la prestación, sin que ello suponga la eliminación de la nota de onerosidad de los contratos del sector público conforme al artículo 2.1 del TRLCSP, y ello sobre la base de considerar que la onerosidad reside en la relación de causalidad entre las prestaciones, más que en su equivalencia objetiva.
Así, el Acuerdo 61/2014, de 8 de octubre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos xx Xxxxxx, admite el argumento de la recurrente de que la oferta xx xxxx euros en un componente de la prestación no determina su falta de onerosidad. Dice así el mencionado acuerdo «(…) La recurrente defiende también, frente al criterio de la Mesa de contratación, que no puede alegarse falta de onerosidad a su oferta, ya que el valor de 0 euros consignado afecta únicamente a una parte complementaria de la prestación, siendo evidente que sí va a haber contraprestación económica, teniendo ese valor de 0 euros una incidencia menor en el volumen total del contrato.
Una de las cuestiones más debatidas en la teoría del Derecho patrimonial es, precisamente, la relativa a la gratuidad u onerosidad de los actos y negocios jurídicos. Debate que trae causa de la ausencia de regulación normativa acerca de qué es la onerosidad de un contrato en el Derecho positivo. Sin necesidad de analizar con detenimiento la doctrina iusprivatista, puede afirmarse que no es precisa la existencia de una equivalencia, ni objetiva ni subjetiva, entre la obligaciones o sacrificios, sino que basta la existencia de una relación de causalidad, para la afirmación del carácter oneroso de una prestación. Es la relación de causalidad entre dos prestaciones, entre una prestación y una obligación o entre dos obligaciones, cualquiera que sea la equivalencia objetiva o no de las mismas, la que provoca el que se produzca el contrato oneroso (…)
Así pues, en el procedimiento objeto del recurso, es claro y meridiano que el licitador recurrente oferta cero (0) euros por el precio de la hora de limpieza a
requerimiento (oferta por la que debe obtener 5 puntos) porque obtiene la retribución de este eventual servicio con cargo al precio general del contrato (...)»
De otro lado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales también ha admitido la viabilidad de ofertas económicas a coste cero en algún componente de la prestación. En tal sentido, la Resolución 1045/2015, de 13 de noviembre, examina la exclusión de una proposición en la licitación de un contrato de servicios de mantenimiento por el hecho de haber ofertado cero euros como precio/hora del ayudante de oficios. El Tribunal estima el recurso y anula la exclusión de la oferta, apoyando su decisión en el criterio previamente adoptado por la Resolución 661/2014, de 12 de septiembre, donde señalaba que “(...) no se trata de una oferta de realización imposible, sino que, por el contrario, se trata de una oferta concreta, que es perfectamente valorable por la Administración y de la que sí podrá beneficiarse materialmente, constituyendo para ésta una ventaja cuantitativamente igual a la diferencia entre el precio ofertado por el resto de licitadores y el ofrecido por XXX XXXXXXX. No estamos ante un supuesto en que el licitador utiliza torticeramente la fórmula matemática xxx xxxxxx para eliminar la competencia, al ofrecer un servicio a sabiendas que es de imposible realización y por tanto sin coste alguno para él, sino que ofrece un servicio que es de interés para la Administración, asumiendo el riesgo de que tal servicio podrá serle exigido y como tal ha sido expresamente valorado en los pliegos.
El hecho de que la valoración de la oferta efectuada dé lugar a una mayor igualdad entre el resto de licitadores es consecuencia de la fórmula elegida por el órgano de contratación, que no es probablemente la más respetuosa con el principio de proporcionalidad. No obstante, los pliegos no fueron discutidos por ninguno de los licitadores, que aceptaron expresamente su validez y por tanto no puede dar lugar en ningún caso a la exclusión de la oferta efectuada, que cumple, en principio, con todos los requisitos exigidos en los pliegos.
De hecho, si se hubiera efectuado una oferta muy a la baja, pero superior a 0,
por ejemplo, de 1 céntimo de euro la hora, el resultado sería el mismo: que el resto de licitadores obtendrían prácticamente 0 puntos y sin embargo difícilmente podría argumentarse que la oferta había sido formulada de forma errónea.
En definitiva, el principio de libre concurrencia exige que se valore cuál es la oferta económicamente más ventajosa para la Administración y sin duda en este caso la oferta más ventajosa es la efectuada por XXX XXXXXXX, por lo que debió valorarse como tal, asignándole la máxima puntuación”.
Por tanto, en el supuesto que nos ocupa, puede extraerse como primera conclusión que el hecho de que ASISTENCIAS XXXXXXXX haya ofertado cero euros en las dos tarifas correspondientes a «Abandono» no determina, por sí solo, que la oferta de la adjudicataria incluya valores anormales o desproporcionados.
Por otra parte, desde el punto de vista de lo dispuesto en el artículo 84 del RGLCAP, conforme al cual «Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición», tampoco puede considerarse que la misma adolezca de errores o inconsistencia que la hagan inviable, pues, tal y como señala la recurrente en su escrito como actual prestataria del servicio, “la cifra de «Abandonos» al año es más que escasa, no hubo ningún servicio en esos años, por lo que esa tarifa no juega de modo relevante en el resultado”.
Lo anterior impide considerar la inconsistencia de la proposición de la adjudicataria, y es que, en definitiva, la viabilidad de esta ha de apreciarse, no en
atención a sus distintos componentes por separado, sino en relación al conjunto de la prestación, siendo perfectamente posible, como de hecho sostiene la doctrina expuesta de los tribunales de recursos contractuales, compensar costes entre las distintas partidas en que se desglosa el contrato o aplicar otro tipo de estrategias empresariales que permitan la ejecución del contrato del modo más satisfactorio para la entidad contratante y con margen de beneficio para la entidad contratista.
Asimismo, por este motivo, y por la literalidad de lo dispuesto en la cláusula 13ª del PCAP que considera que “la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que el precio ofertado sea inferior a un 25% a la media del total de los ofertados”, hemos de concluir que la anormalidad o desproporción de la oferta se debe referir a la oferta global y no a cada una de las tarifas pues, además de que no hacerse mención expresa de ello en el pliego, como se ha apuntado, hacer una oferta más baja en una de las prestaciones o servicios a contratar, puede compensarse con otra más ajustada al presupuesto de licitación en otra u otra de las prestaciones.
En todo caso, y como bien señala el órgano de contratación en su informe, para el caso de que se hubiese considerado que la oferta pudiese contener valores anormales o desproporcionados, lo procedente en estos casos no es la exclusión directa de la oferta de la licitadora, sino la concesión del plazo legalmente establecido para la justificación de la viabilidad económica de la oferta.
En consecuencia, procede la desestimación de este motivo de recurso.
SÉPTIMO. Con respecto al tercer motivo, esto es, la incorrecta aplicación de la fórmula de valoración de las ofertas contenidas en el pliego, hay que traer x xxxxxxxx aquí lo dispuesto en la cláusula 12ª del PCAP a este respecto. La citada cláusula establece que “Para la valoración de la oferta económica se aplicará la siguiente fórmula proporcional para cada una de las tarifas, siendo la suma de estas valoraciones la puntuación final de este criterio:
Ys = Ps * (X0/Xn) Siendo:
Ys= Puntuación del precio unitario del servicio de la oferta considerada. Ps= Puntuación máxima asignada al servicio a valorar.
Xn= Precio unitario del servicio a valorar de la oferta considerada
X0= Mejor precio unitario del servicio a valorar de la oferta de las presentadas.”
En base a ello, argumenta la recurrente que la oferta de la adjudicataria no ha sido calificada conforme a las reglas expuestas, pues no se ha aplicado la fórmula del PCAP a todas las tarifas consignadas en ella.
Entiende la recurrente que al ser el cociente 0/0 una indeterminación, la mesa de contratación consideró que el cociente 0/0 era igual a 1, lo cual, señala, es absolutamente arbitrario además de una falsedad matemática. Siendo que lo correcto, a su juicio, hubiese sido no valorar las dos tarifas de abandono de ASISTENCIAS MIGUELÓN por imposibilidad matemática, y asignar, por tanto, la máxima puntuación en ambas tarifas a GRÚAS PLAZA ALMERÍA.
Pues bien, en el presente caso el pliego que rige la licitación no establece expresamente que la puntuación máxima establecida se otorgará a la tarifa que ofrezca el menor precio sino, únicamente, que para la valoración de la oferta económica se aplicará la fórmula para cada una de las tarifas, siendo la suma de estas valoraciones la puntuación final de este criterio.
En este sentido, hay que recordar que cuando el órgano de contratación define en los pliegos las condiciones que pretende imponer a las licitadoras, se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de las condiciones que de este modo ha definido con respecto a cualquiera de las licitadoras sin vulnerar el principio de igualdad de trato entre los mismos.
En relación a ello, debemos traer x xxxxxxxx el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, en Sentencia de 28 xx xxxxx de 2016
(asunto T-652/14), que afirma en su apartado 78 que “Por otro lado, si la EUIPO [entidad contratante] no se hubiera atenido a las condiciones que ella misma había fijado en los documentos del procedimiento de licitación, habría vulnerado el principio de igualdad de trato entre los licitadores y su actuación habría afectado negativamente a una competencia sana y efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que, cuando, en el marco de un procedimiento de licitación, el órgano de contratación define las condiciones que pretende imponer a los licitadores, se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de las condiciones que de este modo ha definido con respecto a cualquiera de los licitadores sin vulnerar el principio de igualdad de trato entre los licitadores (sentencia de 20 xx xxxxx de 2013, Nexans France/Empresa Común Fusion for Energy, T-415/10, EU:T:2013:141, apartado 80)”.
Por tanto, entiende este Tribunal que al ser claro el pliego en su tenor literal, la actuación llevada a cabo por la mesa de contratación ha sido incorrecta por cuanto, para las tarifas iguales a cero, la fórmula no podría ser aplicada a las proposiciones que ofertasen tales tarifas, de manera que nunca obtendríamos como resultado la máxima puntuación sino una indeterminación.
Visto todo lo anterior, procede, con base a las consideraciones expuestas estimar el alegato de la recurrente en cuanto a su primer petitum, anulándose el acuerdo requerido para que sea dictada nueva resolución de adjudicación a fin de que se recoja la aplicación de la fórmula a ambas licitadoras en condiciones de igualdad, conforme a lo establecido en el pliego, de modo que, con respecto a la adjudicataria, se establezca el resultado de aplicar la fórmula a las tarifas donde se ofertaba cero como una indeterminación, sin que le sea asignada puntuación alguna.
Respecto del segundo petitum de la recurrente, esto es, que se le asigne la máxima puntuación a su oferta en ambas tarifas, no puede este Tribunal acceder a lo solicitado por la recurrente por cuanto, en su caso, la fórmula sigue siendo perfectamente aplicable, arrojando como resultado cero puntos.
Por lo expuesto, procede la estimación de este motivo de recurso en el sentido expuesto.
OCTAVO. Por último, hemos de analizar el argumento de la recurrente en el que pone de manifiesto que el acuerdo recurrido adolece de falta de motivación y es arbitrario, en relación a la valoración dada a los criterios sometidos a un juicio de valor, ya que, según señala, la misma no permite discernir qué matices diferenciadores existen entre las ofertas presentadas para asignar cinco puntos más a una respecto a la otra en lo que respecta al criterio «Proyecto Técnico», ni tampoco los motivos por los que se han valorado las mejoras propuestas por ambas licitadoras con la misma puntuación cuando las ofertadas por ASISTENCIAS XXXXXXXX no responden a lo indicado en los pliegos.
Respecto de este motivo de recurso se recoge en el Informe técnico sobre valoración de la documentación presentada en el sobre n.º 2 por ambas entidades licitadoras, lo siguiente:
LICITADOR/PROYECTO TÉCNICO | ASISTENCIAS XXXXXXXX, S.L. | GRÚAS PLAZA ALMERÍA, S.L. |
1.- PROYECTO TÉCNICO | ||
MEMORIA EXPLICATIVA FORMA REALIZARÁN EL SERVICIO | Hace una descripción detallada de la forma de realizar el servicio, con un elevado conocimiento de las necesidades del mismo. | Hace una descripción detallada de la forma de realizar el servicio. |
FRECUENCIA DE TRABAJO Y HORARIO DE TRABAJO | Hace un estudio detallado de frecuencia de actuación, horario de trabajo, personal y material a emplear, así como recorridos a realizar por éstos para su óptimo aprovechamiento. | Hace un estudio detallado de frecuencia de actuación, horario de trabajo, personal y material a emplear, así como recorridos a realizar por éstos para su óptimo aprovechamiento. |
RELACIÓN DE PLANTILLA NECESARIA | Hace una relación de plantilla necesaria detallada, en base a las necesidades del contrato, disponiendo de 11 conductores/mecánicos. | Hace una relación de plantilla necesaria detallada, en base a las necesidades del contrato. |
RELACIÓN DE LOS | Hace una relación detallada de | Hace una relación detallada de |
VEHÍCULOS Y MATERIAL NECESARIO | vehículos y materiales incluyendo fotografías y características técnicas de los vehículos que dispone para ejecutar el servicio (disponen de 24 vehículos) . | vehículos y materiales incluyendo fotografías y caracteristicas técnicas de los vehículos que dispone para ejecutar el servicio. |
DESCRIPCIÓN DE LA NAVE- LOCAL QUE DISPONE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL EJIDO | Describe unas instalaciones cita en Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx 0, con una superficie de 13.000 m2 con 1.000 m2 xx xxxx, adjuntando plano de las mismas. Disponiendo de equipos de seguridad con alarma conectada las 24 horas del día, equipo de cámaras diurnas nocturnas por todo el recinto y vigilancia las 24 horas por personas cualificadas. | Describe la nave de 492m2 que dispone en la calle Amsterdam del Polígono la Rendonda. |
PUNTUACIÓN PROYECTO TÉNICO | 30 Puntos | 25 Puntos |
MEJORAS PROPUESTAS | 1.- Es Centro CAT Autorizado por la Junta de Andalucía AN para el reciclaje y fin de vida de los vehículos, pudiendo tramitar la baja de los vehículos en la Dirección General de Tráfico y en la Junta de Andalucía en el instante vía telemática. Propone que la recogida de vehículos para el Ayuntamiento de El Ejido por abandono y descontaminación de los mismos, y la gestión de baja de su vehículo, obtención del certificado autorizado de destrucción del vehículo al instante, vía telemática con la Dirección General de Tráfico en el término municipal de El Ejido se realizarán SIN COSTE ALGUNO si son los adjudicatarios del servicio. 2.- Trasladar SIN COSTE ALGUNO los vehículos averiados o accidentados de titularidad municipal al taller designado por el Ayuntamiento, o en caso de ordenar su baja definitiva, proceder a ello con el Centro CAT Autorizado por la Xxxxx xx Xxxxxxxxx XX-0000 que tenemos en nuestras instalaciones. 3.- Los movimientos de los vehículos en el depósito municipal par su ordenación o | 1.- Disposición de toda la flota de vehículos grúa de la empresa (cuenta con un total de 23 vehículos grúa de diversas tipologías). 2.- En aquellos días con itinerarios de comitivas o celebración de eventos en la vía pública, propone disponer de el número de grúas necesarias para bloquear las entradas y salidas a la calle afectada, con el fin de evitar el acceso de cualquier vehículo a la misma. 3.- Póliza de Responsabilidad Civil Profesional, con una cobertura de 1.000.000 €, frente a la exigida de 300.000 € por los pliegos. 4.- Gestión integral de los vehículos en depósito que no hayan sido retirados por sus propietarios y deban ser tratados como residuos. Este servicio comprende tanto el traslado del vehículo al punto limpio, o centro de descontaminación, como su tratamiento, así como la tramitación necesaria para su baja en tráfico. 5.- Rescate y asistencia mediante taller móvil , o bien traslado al |
limpieza del mismo SIN COSTE ALGUNO. 4.- Las piezas que puedan aprovechar para su utilización en vehículos municipales estarán a disposición del Ayuntamiento antes de realizar la descontaminación y achatarramiento SIN COSTE ALGUNO. 5.- Disposición en cada vehículo de un sistema de emisora de radio en VHF con número de licencia AL-AL 9400015 del Ministerio de Industria y Turismo, Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Almería, por el cual, desde la central de comunicación de Policía Local, podrían ponerse en contacto directamente con el conductor que les está atendiendo, sabiendo en cada momento donde se encuentra y de esa forma poder guiarle para una actuación más rápida. | taller designado por el Ayuntamiento, de aquellos vehículos averiados o accidentados de titularidad municipal. En caso de que el Ayuntamiento ordene su baja definitiva, se procederá según según se indica en el párrafo anterior. 6.- Retirada y traslado de vehículos averiados o accidentados que entorpezcan la vía pública. 7.- Dado que varias de sus grúas están provistas xx xxxxx, ofrecen el servicio, cuando la autoridad municipal así lo solicite, de retirada de cualquier obstáculo caído sobre la vía pública que dificulte o impida su tránsito, producto de accidente o catástrofe de cualquier naturaleza, tales como árboles, vallas o muros, mobiliario urbano (farolas, semáforos, contenedores, paneles, etc.) | |
6.- Adquirir, en caso de ser adjudicatario, para la mejora del servicio una grúa cucaracha. | ||
PUNTUACIÓN MEJORAS | 10 Puntos | 10 Puntos |
COMENTARIOS | PROYECTO TÉCNICO MUY CONCRETO BASADO EN EL CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DETALLADO DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO | PROYECTO TÉCNICO CONCRETO BASADO EN EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS NECESIDADES DEL CONTRATO. |
DISPONE AMPLIAMENTE DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS | DISPONE DE LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS. DISPONE DE LA NAVE REQUERIDA | |
PROPONE LAS MEJORAS INDICADAS EN EL PLIEGO SIN COSTE ALGUNO OFRECIENDO OTRAS MÁS | ||
DISPONE DE LA NAVE REQUERIDA MÁS UNAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS MUY INTERESANTES PARA EL SERVICIO. |
PUNTUACIÓN | 40 Puntos | 35 Puntos |
Para el análisis de esta cuestión, hemos de partir en primer lugar del contenido xxx xxxxxx en relación al criterio al que alude en primer término el informe técnico. Se trata de un criterio de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor previsto en la clausula 12ª xxx xxxxxx de clausulas administrativas particulares (PCAP), que lleva por título «Proyecto Técnico» y está ponderado con un máximo de 30 puntos, siendo su tenor literal el siguiente:
“B) CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR
1.- Proyecto técnico: hasta 30 puntos.
1.1- Programa de trabajo, su metodología y acomodación a las condiciones establecidas en el presente pliego: hasta un máximo 20 puntos
1.2.- Características de los vehículos, equipamiento y antigüedad: 10 puntos. (...)”
Por otra parte, la clausula 11 del PCAP, en relación a la documentación a incluir en el sobre nº 2, «Documentación técnica relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor», señala que:
“Este apartado deberá contener la documentación siguiente: 1.- Proyecto técnico.
1.1.- Programa de trabajo, su metodología y acomodación a las condiciones establecidas en el presente pliego y el de prescripciones técnicas:
• Memoria explicativa de la forma en que se realizará el servicio, debiendo consignar las condiciones generales que cada licitador estime oportunas con el fin de llegar a un mejor conocimiento de la oferta.
• Frecuencia de actuación y horario de trabajo, personal y material a emplear, así como recorridos a realizar por éstos para su óptimo aprovechamiento.
• Relación de plantilla necesaria, bajas, vacaciones, etc, incluyendo personal técnico, oficina y taller.
• Relación de los vehículos y material necesario. Detalle, para cada vehículo, de sus
características de motor, potencia, capacidad, dimensiones....
• Descripción de la nave-local que dispone en el término municipal de El Ejido para ser utilizada de depósito de vehículos recogidos en caso de solicitarlo el Ayuntamiento. La dimensión de esta nave-local será superior a 300 m2.”
En relación a ello, y con referencia al primer apartado del «Proyecto técnico»,
«Memoria explicativa de la forma en que se realizará el servicio», manifiesta la recurrente que el informe técnico, respecto de su proposición, no incluye el matiz del “elevado conocimiento de las necesidades del mismo”, mostrando su disconformidad por cuanto considera que al contar con una experiencia acumulada desde el año 2012 en la ejecución del actual contrato, ello le proporciona un valor añadido para desarrollar una metodología y acomodación a las necesidades del contrato del que carece el otro licitador. Señalando, además, que la oferta técnica está fundamentada en la que ya presentó con anterioridad, por la que obtuvo la máxima puntuación posible.
Con respecto al segundo punto recogido en el Informe técnico,«Frecuencia de actuación y horario de trabajo», se limita a señalar la recurrente en su escrito que se recoge el mismo contenido para ambas.
A continuación alude la recurrente al apartado, «Relación de plantilla necesaria», alegando que la citada relación no está contemplada en el PCAP como un aspecto valorable para la determinación de las puntuaciones. Señalando, no obstante, que de su proyecto técnico, puede extraerse que dispone de 23 vehículos grúa con sus conductores, y en él se manifiesta su compromiso de poner todos sus vehículos grúa a disposición del contrato. Por lo que si ASISTENCIAS MIGUELÓN dispone de 11 conductores xx xxxx, GRÚAS PLAZA ALMERÍA dispone de 20, y además se compromete expresamente en su oferta a poner todos sus 23 vehículos grúa a disposición del contrato cuando sea necesario. Sin que, además, según señala se haya tomado en consideración que de entre sus 23 grúas la empresa GRÚAS PLAZA ALMERÍA cuenta con una para vehículos de gran tonelaje.
Como conclusión a su argumento, entiende la recurrente que en ningún caso cabría interpretar que esos 11 empleados quedarían adscritos al contrato, ya que la suma de sus salarios excedería, por sí sola, del presupuesto del contrato, prohibición expresa del PCAP. Alegando, asimismo, que ya que el pliego señalaba tres vehículos y por tanto tres empleados, en su proposición se ciñó a lo que exigía el pliego y, aunque se expuso que la empresa disponía de
23 vehículos grúa, no se consideró que procediera mencionar a los conductores en el proyecto ya que con los señalados en el pliego se cubría sobradamente el servicio.
En cuarto lugar, y en lo tocante a la «Relación de vehículos y material necesario», manifiesta la recurrente que, aunque en el informe técnico recoge lo mismo para las dos empresas, para ASISTENICAS MIGUELÓN expresa que “disponen de 24 vehículos”, cuando los tres últimos elementos de la lista de ASISTENCIAS MIGUELÓN no son vehículos, sino góndolas o remolques, por lo que no han de ser considerados como tales vehículos, mientra que el Proyecto de GRÚAS PLAZA ALMERÍA incluye 25 vehículos sin contar un remolque.
Además, indica que el Proyecto de ASISTENCIAS XXXXXXXX no tiene fotografías como se dice en el informe, alegando, por último, que la antigüedad media de los vehículos es favorable a GRÚAS PLAZA ALMERÍA, por lo que entiende que la valoración es claramente injustificada en este extremo.
En cuanto a la «Descripción de la nave-local que dispone en el término municipal de El Ejido», afirma la recurrente que la finalidad de estas instalaciones es relativa, porque no tiene como uso el de ser depósito de los vehículos retirados, sino de serlo en contadas ocasiones. Así, entiende la recurrente que lo demás que se menciona en este apartado del informe no es relevante a los efectos de la licitación, poniendo de relieve, no obstante que si ASISTENCIAS XXXXXXXX dispone de alarma en su nave, GRÚAS PLAZA ALMERÍA señalaba en su proposición que cuenta con “24 horas con
videovigilancia”.
Por último, en lo referente a la disponibilidad del terreno de 13000 m2, manifiesta la recurrente ello se debe a que tiene allí establecido un negocio de desguace, por lo que esto no aporta nada al servicio.
Por su parte, el órgano de contratación en el informe al recurso manifiesta que el informe técnico de 18 xx xxxx evalúa el Proyecto técnico mediante el análisis de la documentación que cada uno de los licitadores aporta en el sobre nº 2, haciendo un cuadro comparativo comentado de cada uno de los apartados. Y que de los comentarios y valoraciones realizadas en el cuadro comparativo del informe técnico, se infiere que los dos proyectos técnicos son correctos, detallados y basados en el conocimiento y estudio detallado de las necesidades del servicio, siendo el proyecto en conjunto, a juicio de valor del técnico que emite el informe, mejor el propuesto por la empresa ASISTENCIAS XXXXXXXX.
En base a ello, alega el órgano de contratación que, en contra de lo afirmado por la recurrente, el informe técnico se ha emitido respetando los pliegos que rigen la licitación, se ha motivado la puntuación y se ha evaluado el criterio cuya ponderación depende del juicio de valor en base a la discrecionalidad técnica del redactor, no existiendo arbitrariedad en el mismo.
Pues bien, procede pues el análisis de esta alegación de la recurrente, es decir, la falta de motivación de las razones por las que su oferta ha sido rechazada y las características de la proposición del adjudicatario determinantes para que se haya producido la adjudicación a su favor. Como puede observarse, la cláusula 12ª del PCAP, antes transcrita, recoge expresamente como criterio a valorar el «Proyecto técnico» con hasta 30 puntos, el cual incluye a su vez dos subcriterios: «Programa de trabajo, su metodología y acomodación a las condiciones establecidas en el presente pliego» hasta un máximo 20 puntos y
«Características de los vehículos, equipamiento y antigüedad» hasta 10 puntos.
Así pues, a diferencia de lo previsto en el PCAP -que desglosa el criterio en dos subcriterios ponderados atendiendo a unos determinados aspectos de valoración-, el informe técnico solo contiene la asignación directa de puntos totales a las ofertas en el criterio, sin mención alguna a subcriterios ni a la puntuación que correspondería conforme a los mismos.
Es cierto, como ya ha manifestado este Tribunal en numerosas resoluciones, que la motivación no precisa de un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos los aspectos y perspectivas, bastando con que sea racional, así como su extensión de suficiente amplitud para que los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus derechos e intereses, pudiendo ser los motivos de hecho y de derecho sucintos siempre que sean suficientes, como declara la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo (por todas STC 37/1982, de 16 junio y STS de 13 enero 2000).
No obstante lo anterior, la motivación debe permitir a la entidades licitadoras conocer las razones por las que la Administración ha tomado determinada decisión y, con ello, poder impugnarla, si lo consideran pertinente. Por tanto, para que un licitador pueda proceder a la impugnación de la adjudicación de un contrato que no le favorece ha de conocer las puntuaciones atribuidas en cada uno de los criterios establecidos en el pliego, así como una información sucinta de la causa de la atribución de tal puntuación.
En el supuesto examinado, aunque no puede darse la razón a la recurrente cuando argumenta que el acto carece absolutamente de motivación, ya que estamos en presencia de una motivación por remisión al informe técnico de 18 xx xxxx de 2017 -motivación in aliunde- el cual, aunque de manera sucinta, recoge los motivos por los que se asigna la puntuación, lo cierto es que puede apreciarse una insuficiente motivación por cuanto solo se recoge la valoración del «Proyecto técnico» de forma global y sin desglosar ni justificar la puntuación asignada a cada uno de los subcriterios establecidos dentro del
criterio mencionado.
En consecuencia, debe estimarse esta primera parte de su alegato, resultando, por ello, necesario que, en la nueva resolución de adjudicación que se dicte, sin proceder a una nueva valoración de las ofertas, se indiquen expresamente las puntuaciones correspondientes a cada uno de los subcriterios previstos en el pliego, puntuaciones que no se indicaron en el informe técnico y que deben reflejarse ahora en la resolución.
NOVENO. Con respecto a la segunda parte de su alegato, esto es, el desconocimiento de los motivos por los que se han valorado las mejoras propuestas por ambas licitadoras con la misma puntuación cuando las ofertadas por ASISTENCIAS XXXXXXXX no respondían, según su criterio, a lo indicado en los pliegos.
A este respecto, la cláusula 12 del PCAP recoge, dentro de los criterios ponderables en función de juicio de valor, las «Mejoras propuestas» con hasta un máximo de 10 puntos, con el siguiente contenido:
“Mejoras propuestas: hasta 10 puntos.
2.1.- Todas aquellas otras prestaciones adicionales a las obligaciones prescritas en los pliegos, que no supongan coste adicional del contrato y se considere que redunden en Interés o mejora de la prestación del servicio.
Se valorara con 4 puntos, el que la adjudicataria se encargue sin coste para el Ayuntamiento de la gestión de los vehículos no retirados por sus propietarios y vayan a ser tratados como residuos, incluido el traslado del vehículo al centro de descontaminación, su descontaminación y trámites necesarios para su baja en tráfico.
Se valorara con 1 punto, el traslado sin coste para el Ayuntamiento de vehículos averiados o accidentados de titularidad municipal al taller
designado por el Ayuntamiento, o en caso de ordenar su baja definitiva, se encargue sin coste para el Ayuntamiento de la gestión de los vehículos no retirados por sus propietarios y vayan a ser tratados como residuos, incluida el traslado del vehículo al centro de descontaminación, su descontaminación y trámites necesarios para su baja en tráfico.
Se valorarán con hasta 5 puntos aquéllas mejoras tecnológicas que aporte en su caso el licitador para optimizar la eficiencia del servicio, así como aquéllas otras que ofrezcan medios complementarios que mejoren la operatividad de las labores de la Policía Local y que estén relacionadas con el objeto del Contrato.
(...)”
Con respecto a las dos primeras mejoras no existe controversia, el problema se plantea con la tercera, la valorada con hasta cinco puntos, donde manifiesta la recurrente que mientras que las mejoras ofrecidas por GRÚAS PLAZA ALMERÍA responden perfectamente al contenido de las mejoras referidas en los pliegos, las ofrecidas por ASISTENCIAS XXXXXXXX no se corresponden con ese concepto, sino con otros no relacionados con el servicio licitado o menos importantes para su mejora.
Así, aunque la empresa recurrente habla de falta de motivación, lo que hace en realidad en su recurso es rebatir cada una de la mejoras aportadas por la otra licitadora señalando que, de las mejoras propuestas por ASISTENCIAS MIGUELÓN, una (la n° 3) no cabría considerarla mejora; otras dos (las n° 5 y
6) no son exclusivas suyas, ya que también las aporta GRÚAS PLAZA ALMERÍA, si bien no las ha reflejado en el capítulo de mejoras, sino en capítulos anteriores del Proyecto Técnico; y tan sólo una (la n° 4) podría considerarse mejora distintiva valorable, si bien no guarda relación directa con el servicio.
Es cierto que del tenor literal del último apartado del criterio se desprende la carencia de cualquier tipo de motivación o delimitación de las mejoras
permitidas, puesto que en ningún momento se hace referencia a los límites admitidos, ni al procedimiento a seguir para la valoración de aquéllas. No obstante, dado que los términos establecidos en el anuncio y en los pliegos que rigen la licitación son claros e indubitados, de tal forma que la recurrente pudo comprender las condiciones y estipulaciones contenidas en los mismos respecto de las mejoras, sin tener que esperar al posterior acto de valoración de las ofertas, y que dichos pliegos no fueron impugnados en su momento adquiriendo firmeza, hay que estar ahora a lo dispuesto en ellos.
Pues bien, como hemos señalado, lo que postula la empresa en el recurso es una valoración alternativa a la del órgano de contratación que se mueve, como ha señalado la jurisprudencia, dentro del principio de libre apreciación, pero que no puede prevalecer sobre el criterio de un órgano administrativo especializado, al que se presume imparcial y cuyas apreciaciones se hallan amparadas en el supuesto analizado por la doctrina de la discrecionalidad técnica acuñada por el Tribunal Supremo.
En definitiva, y como hemos manifestado en numerosas ocasiones -valga como ejemplo la Resolución 131/2016, de 9 xx xxxxx, de este Tribunal- en el presente supuesto nos encontramos ante un caso de discrecionalidad técnica en la valoración de la ofertas con arreglo a criterios sujetos a juicio de valor. En la mencionada Resolución 131/2016 se alude a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2009 (RJ 2010\324) en cuanto señala que “la discrecionalidad técnica parte de una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. De modo que dicha presunción «iuris tantum» sólo puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razonable que se presume en el órgano calificador, bien por desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda posible justificación del criterio adoptado, bien por fundarse en patente error, debidamente acreditado por la parte que lo alega. Por ello, la discrecionalidad técnica reduce las posibilidades de control jurisdiccional sobre la actividad evaluadora de los órganos de la
Administración prácticamente a los supuestos de inobservancia de los elementos reglados del ejercicio de la potestad administrativa y de error ostensible o manifiesto, quedando fuera de ese limitado control aquellas pretensiones de los interesados que sólo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador, moviéndose dentro del aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas con un posible error manifiesto”.
Por tanto, dado que en el presente supuesto no se ha acreditado desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de justificación sobre los criterios adoptados, procede la desestimación de esta segunda parte del alegato de la recurrente.
DÉCIMO. Finalmente, considera la recurrente que, por todo lo expuesto, su oferta debe ser considerada como la económicamente más ventajosa, pues las tarifas ofertadas por ella son más baratas en los servicios más habituales de
«Retirada y depósito», mientras que las de la adjudicataria son menores en las tarifas de «Abandono», cuya cifra es bastante escasa, sin que se haya producido ninguno en estos años.
Respecto de esta última cuestión a que hace referencia en su escrito, debe ponerse de manifiesto que no corresponde a este Órgano pronunciarse acerca de si la proposición de la recurrente es la económicamente más ventajosa o no, pues esta tarea corresponderá al propio órgano de contratación que una vez corregidos los defectos advertidos, determinará cuál de las ofertas presentadas es la económicamente más ventajosa .
Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal
ACUERDA
PRIMERO. Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad GRÚAS PLAZA ALMERÍA, S.L. contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Ejido, de 25 de septiembre de 2017, por el que se adjudica el contrato denominado “Servicio
de retirada con grúa de vehículos de la vía pública en el término municipal del El Ejido (Almería)” (Expte. 33/2017), promovido por dicho Ayuntamiento, anulando el acuerdo impugnado a fin de que en la nueva resolución de adjudicación que se dicte, se tenga en cuenta lo dispuesto en los fundamentos de esta Resolución.
SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 47.4 del TRLCSP, el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento.
TERCERO. Notificar la presente resolución a los interesados en el procedimiento.
Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra K) y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.