DICTAMEN Nº 70
DICTAMEN Nº 70
# Nº. 70/1999, de 28 de septiembre.*
Expediente relativo a la resolución de contrato de las obras de demolición y construcción de edificio para nuevo Ayuntamiento en Marchamalo (Guadalajara).
ANTECEDENTES
Mediante acuerdo de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marchamalo de fecha 26 de febrero de 1999, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habían de regir la adjudicación mediante subasta, en procedimiento abierto, y por el trámite urgente, de las obras de demolición y construcción de edificio para un nuevo Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, la correspondiente Mesa de contratación, en su reunión de fecha 18 xx xxxxx de 1999, declaró desierta la subasta al no haberse presentado durante el plazo reglamentario, proposición alguna.
No obstante, y según se desprende del expediente remitido, la empresa O., S.A. presentó una proposición para participar en la citada subasta constituyendo, mediante aval, la correspondiente garantía provisional, si bien su proposición no fue admitida al haberse presentado fuera del plazo establecido al efecto.
A la vista del resultado del anterior proceso licitatorio, y habida cuenta de la necesidad de proceder a la mayor brevedad a la adjudicación de las obras referenciadas, la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marchamalo acordó iniciar un nuevo expediente de contratación para la adjudicación de las obras mediante procedimiento negociado sin publicidad, exigiéndose en el correspondiente Pliego la constitución de una garantía provisional por importe de 488.239 pesetas, equivalente al 2% del tipo de licitación.
Cursadas invitaciones a distintas empresas para que participaran en dicho procedimiento consta que O., S.A., contestó lo siguiente:
"O., S.A., y en su nombre D. S.L.V. como Delegado de Madrid, se compromete a mantener todos los criterios tanto referente al plazo de ejecución como a la proposición económica reflejada en la documentación aportada el 23 xx xxxxx del año en curso, para tomar parte en el procedimiento negociado sin publicidad tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara) referente a la Obra: Demolición y Construcción de Edificio para nuevo Ayuntamiento".
A la vista de la citada declaración, la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marchamalo, acordó adjudicar el contrato a la mencionada empresa y requerir a la misma para que constituyera la garantía definitiva en el plazo de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo, la cual tuvo lugar con fecha 20 xx xxxx de 1999, según se acredita en el correspondiente acuse de recibo.
Transcurrido el plazo de constitución de la garantía definitiva sin que la empresa en cuestión realizase actuación alguna, la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marchamalo acordó, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 112 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, iniciar expediente de resolución del citado contrato por no haber constituido la empresa contratista la garantía definitiva, con incautación de la garantía provisional constituida por dicha empresa para participar en la subasta declarada desierta.
Con fecha 7 de julio de 1999, tuvo entrada en el Ayuntamiento de Marchamado un escrito de X.,
S.A. en el cual manifiesta que el aval emitido por C.M. se entregó para una primera convocatoria de contratación que quedó desierta debiendo haber procedido el Ayuntamiento a su devolución, y que aun cuando la empresa mantuvo su oferta económica y la validez de otros documentos que se solicitaron en la segunda convocatoria, no se presentó un nuevo aval, motivo por el cual no puede ser adjudicataria de la obra en cuestión. Añade que los avales se expiden y entregan para un
concurso o subasta en concreto, y no para una obra o proyecto, por todo lo cual solicita la devolución del aval constituido en su día.
EXTRACTO DE LA DOCTRINA
De las actuaciones que obran en expediente sometido a consulta cabe afirmar en primer lugar la existencia de un contrato administrativo conformado por una parte por la propia voluntad de la Administración en llevar a cabo la ejecución de unas obras para construir un nuevo Ayuntamiento y que se tradujo en la invitación que cursó a la empresa O., S.A. para que participara en el procedimiento negociado sin publicidad, y, por otra parte por el consentimiento de dicha empresa a participar en el procedimiento mediante el mantenimiento de su anterior oferta económica presentada para participar en una subasta que se declaró desierta. Tal contrato quedó perfeccionado, conforme determinada el artículo 54 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, desde el momento en que la Administración procedió a su adjudicación a la citada empresa con fecha 12 xx xxxx de 1999, y sin que a ello obste el no haberse constituido la fianza provisional conforme alega ésta, pues tal circunstancia no puede invalidar el contrato sin perjuicio de las consecuencias que para este supuesto concreto se pueden derivar. Cabe afirmar por tanto, en contra de lo que alega la empresa contratista que ésta resultó adjudicataria de las obras, quedando obligada en consecuencia a constituir la garantía definitiva y a la posterior formalización y ejecución del contrato.
En el procedimiento negociado el artículo 36.3 autoriza al órgano de contratación para que "pueda" exigir la constitución de la garantía provisional, exigencia que por tanto se configura potestativa para el órgano de contratación, señalando el citado precepto que en caso de que se exija surtirá sus efectos hasta el momento de la adjudicación. Este carácter potestativo que reviste la constitución de la garantía provisional es acorde con la especialidad del procedimiento negociado, en tanto que la finalidad principal de dicha garantía, es decir, la de salvaguardar la seriedad en las ofertas, se entiende en cierto modo cumplida por la voluntad de la Administración a la hora de cursar invitación para participar en el procedimiento a determinadas empresas que se supone le van a ofrecer un mínimo de garantía a la hora de presentar su oferta.
Respecto al concreto procedimiento negociado convocado por la Corporación Local al amparo de lo previsto en el artículo 141 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y concretamente en la cláusula quinta, la exigencia de constitución de una garantía provisional equivalente al 2% del tipo de licitación. En este caso el órgano de contratación optó por exigir la constitución de tal garantía provisional al incluirla en el correspondiente pliego de cláusulas que rige la contratación y en consecuencia la empresa licitadora al conocer la invitación que le cursó la Administración en la que se le remitía, como consta en el expediente administrativo, el citado pliego, y comprometerse a mantener "todos los criterios tanto referente al plazo de ejecución como a la proposición económica", debió proceder o bien a constituir la fianza provisional que se le exigía, o bien a plantear ante la Corporación, habida cuenta del carácter negociador que reviste este tipo de procedimiento, la posibilidad de entenderla constituida mediante el aval que presentó para participar en la subasta que se declaró desierta.
Atendiendo a la configuración legal de la fianza provisional, la postura que defiende la Administración instructora no puede ser aceptada en tanto que la fianza provisional ha de constituirse y surte sus efectos en un procedimiento concreto, en este caso el de subasta declarado desierto, no pudiendo aceptarse, de acuerdo con el citado artículo 36.1 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, la pretendida transmisibilidad de efectos de dicha fianza respecto al procedimiento negociado, máxime si tenemos en cuenta que en este tipo de procedimiento su exigencia no viene impuesta legalmente como es el caso de la subasta o el concurso, sino que depende exclusivamente de la voluntad de la Administración.
Ha de concluirse por tanto, que no habiéndose constituido fianza provisional por parte de la empresa contratista para participar en el procedimiento negociado, no procede su incautación, debiendo la Corporación ordenar la devolución de la fianza que se constituyó por dicha empresa para participar en la subasta declarada desierta, y todo ello sin perjuicio de que, procediendo la
resolución contractual, pueda la Administración instructora, previa la tramitación del oportuno expediente, exigir de la empresa contratista la indemnización de los posibles daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx.
CONSIDERACIONES I
El apartado 3 del artículo 60 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, de Contratos de las Administraciones Públicas establece el carácter preceptivo del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los supuestos de resolución de contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista.
Tal precepto ha de ponerse en relación con el 57 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, al disponer que las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha, solicitarán el dictamen del Consejo Consultivo, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, cuando preceptivamente venga establecido en las Leyes.
En el presente supuesto, obra en el expediente un escrito de alegaciones formulado por el contratista en el trámite de audiencia en el cual expresa que no puede ser adjudicatario del contrato que pretende resolver la Corporación por determinadas razones que serán objeto de examen en una consideración posterior. Tal postura por parte del contratista evidencia su oposición a la resolución contractual y a los efectos que al Administración instructora pretende derivar de la misma, esto es, la incautación de la garantía provisional.
Procede en consecuencia emitir el presente dictamen con el carácter preceptivo que señalan las disposiciones legales anteriormente citadas.
II
Con carácter previo al examen al examen de las cuestiones sustantivas que suscita el expediente objeto de dictamen, procede efectuar en esta consideración un análisis de los requisitos formales a que se encuentra sometida la resolución del contrato.
Dispone el apartado primero del artículo 113 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, de Contratos de las Administraciones Públicas, que la resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista en su caso, mediante el procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine. Esta previsión de desarrollo reglamentario ha sido cubierta por el artículo 26 del Real Decreto 390/1996, de 1 xx xxxxx, de desarrollo parcial de la Ley citada, que establece como requisitos necesarios para proceder a la resolución contractual: la audiencia al contratista por plazo xx xxxx días naturales, en el caso de propuesta de oficio; informe del servicio jurídico salvo en los casos previstos en los artículos 42 y 97 de la Ley; y el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva cuando se formule oposición por parte del contratista.
En el expediente sometido a dictamen consta el acuerdo de incoación de la resolución contractual adoptado por la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marchamalo, órgano que en este caso ostentaba la competencia para contratar, en tanto que en la fecha en que tuvo lugar el procedimiento de licitación y posterior adjudicación del contrato el Pleno municipal no estaba aún constituido al haberse segregado la Entidad de ámbito territorial inferior al Municipio de Marchamalo del término municipal del Guadalajara para constituir un nuevo municipio mediante Decreto 70/1998, de 23 xx xxxxx.
Dicho acuerdo de incoación fue notificado al contratista y a la entidad avalista con fecha 24 xx xxxxx de 1999, otorgando a ambos un plazo xx xxxx días para formular alegaciones, e invocándose en dicho acuerdo como causa de resolución la falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva prevista en el artículo 112 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Presentado escrito de alegaciones por el contratista, consta a continuación un informe del Secretario del Ayuntamiento de Marchamalo en el que a analizan dichas alegaciones aun cuando las mismas fueron presentadas fuera del plazo otorgado en el trámite de audiencia. En dicho informe se concluye afirmando que procede la resolución del contrato con incautación de la garantía provisional y posterior remisión del expediente a este Consejo Consultivo a los efectos previstos en el artículo 55 de la citada Ley 13/1995, de 18 xx xxxx.
Concluye el expediente remitido con la propuesta de resolución del contrato acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Marchamalo con fecha 28 de julio de 1999, en los mismos términos que los expresados en el informe elaborado por la Secretaría del Ayuntamiento.
La tramitación descrita, cumple con las exigencias que la normativa aplicable establece para proceder a la resolución de un contrato administrativo. Tan sólo cabe reseñar la diferente causa de resolución que se aprecia en la propuesta (falta de formalización del contrato prevista en el artículo 55 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx) respecto a la del acuerdo de incoación (falta de constitución de la garantía definitiva prevista en el artículo 112 de la misma Ley), si bien ello no origina indefensión alguna al contratista por cuanto los efectos que la Ley hace derivar de la apreciación de una u otra causa son los mismos, debiendo tenerse en cuenta que conforme ha señalado reiterada doctrina del Consejo de Estado cuando pueden apreciarse concurrentes causas de resolución contractual "debe ser preferida aquella que primero se perfeccione en el tiempo" (entre otros Dictámenes núm. 45.221, de 1 xx xxxxx de 1983, y núm. 2.271 de 19 de julio de 1996), esto es en el supuesto que nos ocupa, la falta de constitución de la garantía definitiva.
III
Conforme ha quedado expuesto el expediente sometido a dictamen plantea la resolución de un contrato de obras por falta de constitución de la garantía definitiva por parte del contratista, aduciendo a estos efectos lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, de Contratos de las Administraciones Públicas, en concreto tal causa de resolución aparece contemplada en el apartado d) de dicho artículo al señalar como tal "la falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o complementarias de aquella en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización del contrato en plazo", precepto que a su vez hay que poner en relación con el 113 apartado 2, al señalar que la falta de constitución de la garantía regulada en los artículos 37 y 39 originará siempre la resolución del contrato.
Una interpretación conjunta de ambos preceptos en relación con el 42.1 de la misma Ley permitió distinguir a este Consejo Consultivo en sus dictámenes números 81 y 82 de 1998, entre los distintos efectos que se derivaban de la no constitución de la garantía definitiva y su no constitución en plazo, llegando a la conclusión de que la falta de constitución de la misma originará siempre la resolución del contrato, en tanto que su no constitución en plazo "constituye una causa de resolución potestativa para la Administración en función de las concretas circunstancias que concurran"; se señalaba igualmente que esta conclusión se refuerza si atendemos a la finalidad que cumple la constitución de la garantía definitiva en la contratación administrativa destinada a asegurar la buena marcha y el correcto cumplimiento del contrato, y cuya omisión imposibilita la formalización del contrato y el comienzo de su ejecución, siendo ésta probablemente la razón por la cual "el legislador no ha querido dejar margen de decisión a la Administración imponiendo a la misma una actuación reglada consistente en la resolución del contrato, que está pensada para evitar o paliar, al menos, la lesión que se pudiera irrogar a los intereses públicos garantizando la posición de la Administración frente a la responsabilidad en que pudiera incurrir el contratista".
En expediente sometido a consulta cabe afirmar en primer lugar la existencia de un contrato administrativo conformado por una parte por la propia voluntad de la Administración en llevar a cabo la ejecución de unas obras para construir un nuevo Ayuntamiento y que se tradujo en la invitación que cursó a la empresa O., S.A. para que participara en el procedimiento negociado sin publicidad, y, por otra parte por el consentimiento de dicha empresa a participar en el procedimiento mediante el mantenimiento de su anterior oferta económica presentada para participar en una subasta que se declaró desierta. Tal contrato quedó perfeccionado, conforme
determinada el artículo 54 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, desde el momento en que la Administración procedió a su adjudicación a la citada empresa con fecha 12 xx xxxx de 1999, y sin que a ello obste el no haberse constituido la fianza provisional conforme alega ésta, pues tal circunstancia no puede invalidar el contrato sin perjuicio de las consecuencias que para este supuesto concreto se pueden derivar y que serán analizadas en la siguiente consideración. Cabe afirmar por tanto, en contra de lo que alega la empresa contratista que ésta resultó adjudicataria de las obras, quedando obligada en consecuencia a constituir la garantía definitiva y a la posterior formalización y ejecución del contrato.
Resulta igualmente acreditado en el expediente la falta de constitución de la garantía definitiva por causas únicamente imputables al adjudicatario, en primer lugar, mediante la certificación emitida por la Secretaria del Ayuntamiento con fecha 9 xx xxxxx de 1999 a tenor de la cual una vez adjudicado el contrato y transcurrido el plazo para constituir la garantía definitiva no se presentó documento alguna que acreditase su constitución ni se alegó causa alguna que justificase su no presentación; y, en segundo lugar, mediante el escrito de alegaciones presentado por el contratista en el trámite de audiencia, de cuyas manifestaciones se deduce claramente su intención de no constituir tal garantía al no considerarse adjudicatario del contrato por determinadas razones que se examinarán posteriormente.
En definitiva hay que concluir afirmando que por aplicación de los artículos 42, 112 apartado d) y 113, apartado 2 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, procede la resolución del contrato de obras de demolición y construcción de edificio para el nuevo Ayuntamiento de Marchamalo adjudicado a la empresa O., S.A. mediante procedimiento negociado sin publicidad, por no haber constituido ésta la garantía definitiva exigida legalmente. Procede por tanto analizar a continuación los efectos que la Administración instructora hace derivar de la no constitución de tal garantía, esto es la incautación de la garantía provisional depositada por la citada empresa para participar en una subasta que quedó desierta.
IV
Dispone el artículo 36 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx que "será requisito necesario para acudir a los procedimientos abiertos o restringidos convocados por al Administración sobre contratos comprendidos en esta ley, el acreditar la constitución previa, a disposición del correspondiente órgano de contratación, de una garantía provisional equivalente al 2 por 100 del presupuesto del contrato". De acuerdo con este precepto la constitución de la garantía provisional es un requisito exigible (con las excepciones y dispensas previstas en la Ley) para poder participar en los procedimientos selectivos para la adjudicación de los contratos administrativos cuya falta de constitución determinará normalmente la inadmisión de la oferta presentada según se deduce del artículo 80 del mismo texto legal.
Conforme ha venido resaltando la doctrina y la jurisprudencia el objetivo de la fianza provisional es doble: en primer lugar, antes de la adjudicación del contrato la constitución de la misma "constituye una garantía de la seriedad de las ofertas" (entre otras Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1995, R.J. Aranzadi 8999, y de 19 xx xxxxx de 1980, R.J. Aranzadi 2455) evitándose con ello la participación en los procedimientos de personas que carezcan de un verdadero interés en convertirse en adjudicatarios y, por tanto, en cumplir el objeto del contrato; en segundo lugar, y en íntima conexión con este efecto, una vez adjudicado el contrato, tiene como objetivo preservar que el adjudicatario constituirá la garantía definitiva y formalizará el contrato; en este ultimo sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo las ha calificado como "arras penitenciales", cuya pérdida, en caso de que no se constituyese la garantía definitiva y se formalizase el contrato, constituye la sanción adecuada "por tener el significado de una evaluación objetiva y anticipada de los daños o perjuicios que pudiera sufrir la Administración por el incumplimiento de aquella seriedad concursal" (entre otras Sentencias de 13 de diciembre de 1995, R.J. Aranzadi 8999, y de 30 de noviembre de 1992, R.J. Aranzadi 9340).
En congruencia con esta doble finalidad de la garantía provisional la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, en su artículo 36.3, obliga a devolver tal garantía a los licitadores a quienes no se les adjudicó el contrato inmediatamente después de la propuesta de adjudicación en los casos en los que la forma
de adjudicación fuese la subasta o de la adjudicación cuando aquélla lo fuese mediante concurso, de tal forma que dicha garantía tan sólo podrá ser retenida en los siguientes supuestos: cuando el licitador resulte ser adjudicatario, que será el supuesto normal, a fin de prevenir el cumplimiento por el adjudicatario de su obligación de formalizar el contrato para su posterior ejecución; y en el caso de que en las subastas se produzcan bajas desproporcionadas o temerarias que presuman fundadamente que la proposición del mejor postor no puede ser cumplida, supuesto en el que la Administración retendrá la garantía de los licitadores comprendidos en dicha presunción de temeridad (artículo 36.4). Fuera de estos supuestos la Administración no podrá por tanto retener la garantía provisional más allá del momento previsto al efecto (propuesta de adjudicación o adjudicación), momento en el que le "será devuelta" a los interesados conforme determina el precepto legal citado.
Para finalizar la exposición del marco legal que contempla la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, respecto de la fianza provisional, procede referirse a la peculiaridad que reviste esta garantía en el procedimiento negociado. En este tipo de procedimiento el artículo 36.3 autoriza al órgano de contratación para que "pueda" exigir la constitución de la garantía provisional, exigencia que por tanto se configura potestativa para el órgano de contratación, señalando el citado precepto que en caso de que se exija surtirá sus efectos hasta el momento de la adjudicación. Este carácter potestativo que reviste la constitución de la garantía provisional es acorde con la especialidad del procedimiento negociado, en tanto que la finalidad principal de dicha garantía, es decir, la de salvaguardar la seriedad en las ofertas, se entiende en cierto modo cumplida por la voluntad de la Administración a la hora de cursar invitación para participar en el procedimiento a determinadas empresas que se supone le van a ofrecer un mínimo de garantía a la hora de presentar su oferta.
Entrando ya a analizar las consecuencias que se derivan de esta configuración legal de la fianza provisional respecto al supuesto concreto objeto de dictamen, del expediente remitido se desprende en primer término que la fianza constituida por la empresa O., S.A. lo fue para participar en la subasta convocada por el Ayuntamiento de Marchamalo mediante procedimiento abierto y tramitación urgente para realizar las obras de demolición y construcción de un nuevo Ayuntamiento, y ello es lo cabe afirmar a la vista de la proposición económica presentada por la citada empresa y de la fecha en que tuvo lugar la constitución del aval para responder de la citada fianza provisional. Por lo tanto, y una vez que el procedimiento de subasta se declarara desierto por falta de licitadores, en tanto que la oferta de O., S.A. se presentó fuera de plazo, la Administración contratante debió proceder a devolver la fianza provisional a dicha empresa por aplicación del mencionado artículo 36.3 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx.
Respecto al procedimiento negociado que convocó por la Corporación Local al amparo de lo previsto en el artículo 141 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y concretamente en la cláusula quinta, la exigencia de constitución de una garantía provisional equivalente al 2% del tipo de licitación. En este caso el órgano de contratación optó por exigir la constitución de tal garantía provisional al incluirla en el correspondiente pliego de cláusulas que rige la contratación y en consecuencia la empresa licitadora al conocer la invitación que le cursó la Administración en la que se le remitía, como consta en el expediente administrativo, el citado pliego, y comprometerse a mantener "todos los criterios tanto referente al plazo de ejecución como a la proposición económica", debió proceder o bien a constituir la fianza provisional que se le exigía, o bien a plantear ante la Corporación, habida cuenta del carácter negociador que reviste este tipo de procedimiento, la posibilidad de entenderla constituida mediante el aval que presentó para participar en la subasta que se declaró desierta.
Ocurre sin embargo que la empresa licitadora no constituyó fianza provisional alguna para participar en el procedimiento negociado, motivo por el cual no se considera adjudicataria, entendiendo el Ayuntamiento contratante que el aval presentado por la empresa para participar en la subasta declarada desierta era perfectamente válido para tomar en consideración su proposición económica en tanto que en el aval se expresaba literalmente que era "para responder de las obligaciones siguientes: Demolición y construcción de edificio para nuevo Ayuntamiento", sin que se indicase en ningún momento que fuese para participar en uno u otro procedimiento.
Sin embargo, atendiendo a la configuración legal de la fianza provisional que se ha expuesto, la postura que defiende la Administración instructora no puede ser aceptada en tanto que la fianza provisional ha de constituirse y surte sus efectos en un procedimiento concreto, en este caso el de subasta declarado desierto, no pudiendo aceptarse, de acuerdo con el citado artículo 36.1 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx, la pretendida transmisibilidad de efectos de dicha fianza respecto al procedimiento negociado, máxime si tenemos en cuenta que en este tipo de procedimiento su exigencia no viene impuesta legalmente como es el caso de la subasta o el concurso, sino que depende exclusivamente de la voluntad de la Administración.
En definitiva ha de concluirse que no habiéndose constituido fianza provisional por parte de la empresa contratista para participar en el procedimiento negociado, no procede su incautación, debiendo la Corporación ordenar la devolución de la fianza que se constituyó por dicha empresa para participar en la subasta declarada desierta, y todo ello sin perjuicio de que, procediendo la resolución contractual conforme se ha razonado en la anterior consideración, pueda la Administración instructora, previa la tramitación del oportuno expediente, exigir de la empresa contratista la indemnización de los posibles daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen:
"Que procede la resolución del contrato de obras de demolición y construcción de edificio para nuevo Ayuntamiento adjudicado por el Ayuntamiento de Marchamalo a la empresa O., S.A., mediante procedimiento negociado sin publicidad, por falta de constitución de la garantía definitiva, y con los efectos previstos en la Consideración IV".
Este es nuestro dictamen, que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.