IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL TRABAJADOR. En cuanto al primer principio de “igualdad de oportunidades para el trabajador”, que enlista en el mencionado artículo 53 constitucional, la Corte Constitucional entiende que: Frente a una eventual situación; es compartir la expectativa ante el derecho, así luego, por motivos justos, no se obtengan exactamente las mismas posiciones, o los mismos objetivos. Como todos los miembros de la especie humana comparten la identidad esencial, es lógica consecuencia que se compartan las mismas oportunidades. Este es uno de los casos en que la igualdad equivale a la identidad, pero en abstracto, porque en lo real será la proporcionalidad. La igualdad como sinónimo de identidad absoluta, de tener exactamente los mismos bienes, no es posible, porque cuando aparece la titularidad sobre un derecho, dicha titularidad excluye a los demás, implicando una especie de discernimiento jurídico. Así mismo esta Corte, citando a Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx, en el libro de Filosofía del Derecho (1990) manifiesta que: Una violación al principio de igualdad de oportunidades equivale a desconocer que los humanos tienen identidad esencial, y, por ello, aspiraciones comunes, así luego la vida misma se encargue de establecer justas diferencias con base en la cantidad y calidad de trabajo real ((Corte Constitucional, M.P. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx., 1994, p. 13). El principio de la igualdad, es objetivo o material, es decir, se refiere a la situación concreta que prohíbe la arbitrariedad. La igualdad subyace de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, así mismo se permite la regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente regulación a supuestos distintos, concepto con el cual sólo se autoriza un trato diferente, si está razonablemente justificado. En ese orden, se requiere observar la naturaleza misma de las cosas, dado que puede en sí misma hacer imposible su aplicación debido a obstáculos de orden natural, biológico, moral o material Corte Constitucional, 1992, p.9) Por lo cual le corresponde al Estado, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en aras de corregir desigualdades de hecho. Así mismo, el deber adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados para proteger especialmente a quienes por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de inferioridad manifiesta (Corte Constitucional, 1992). Así como al operador jurídico, acudir a la técnica del juicio de razonabilidad, al ...
