Firma. Reafirmando el contexto, las condiciones, los objetivos, las definiciones, los compromisos, la gobernanza, y el monitoreo especificados en este Acuerdo, los abajo firmantes, incluyendo entidades de gobierno, gremios, asociaciones de productores ganaderos y empresas de los diferentes eslabones de la cadena de valor láctea, y organizaciones no gubernamentales, multilaterales y de la sociedad civil, han determinado unir sus esfuerzos para suscribir este ACUERDO DE VOLUNTADES DE ACTORES PÚBLICO – PRIVADOS ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LA CADENA DE VALOR LÁCTEA PARA LA NO DEFORESTACIÓN DE BOSQUES NATURALES Y LA NO TRANSFORMACIÓN DE PÁRAMOS. Colombia ha adquirido compromisos internos y a nivel internacional para reducir su tasa de deforestación gradualmente como aporte nacional a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y conservación de la diversidad biológica. El cumplimiento de estos compromisos demanda la participación, innovación y responsabilidad de todos los sectores de la economía. En el año 2009 el Gobierno de Colombia se compromete ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a llevar a cero la deforestación neta en la región amazónica para el año 2020, sujeto al apoyo internacional. En el marco de la iniciativa 20X20, conformada en el año 2014 bajo el liderazgo del World Resources Institute (WRI), el gobierno de Colombia se compromete a restaurar un millón de hectáreas al año 2020. También en el año 2014, Colombia junto con otros signatarios, se compromete según sus capacidades a contribuir a luchar por acabar con la pérdida de bosques naturales en 2030, y a apoyar las metas del sector privado de eliminar la huella de deforestación de la producción de materias primas agrícolas, en el marco de la Declaración de Nueva York sobre Bosques. Esta declaración ha sido firmada a nivel mundial por gobiernos nacionales, sub nacionales, empresas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Con el propósito de implementar el compromiso xx xxxx deforestación neta en la Amazonia para el año 2020, el Gobierno de Colombia con el apoyo de Noruega, Xxxxxxxx, Xxxxx Unido y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entre otros aliados, crea en el año 2015 el programa Visión Amazonía. Con los mismos países, Colombia suscribe ese mismo año la Declaración Conjunta sobre Reducción de la Deforestación a Nivel Nacional que además de retomar esta meta, promueve los acuerdos xx xxxx deforestación con cadenas productivas como hitos de política pública. La reducción de la deforestación es una de las principales oportunidades [1] y potencialmente la más costo- efectiva [2] para reducir en 20% las emisiones de GEI del país, y así contribuir a la meta global fijada a través del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global en 1.5 °C o 2 °C [3], tal como lo estableció Colombia en el año 2015 a través de su Contribución Nacionalmente Determinada presentada a la CMNUCC. Estos y otros acuerdos son la cuota nacional para contribuir a la reducción de las emisiones globales de GEI, pero también conciernen al interés de conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociados, y el patrimonio étnico y cultural de las comunidades que viven en y/o dependen de los bosques. Muestra de ello es el aporte directo de la lucha contra la deforestación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales constituyen la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas para el año 2030. De los diecisiete objetivos, se destacan el objetivo 12 “Consumo y Producción Sostenible” que hace un llamado para la transformación de las cadenas de valor bajo el principio de ‘hacer más y mejor con menos’; y el objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad” [4]. En este sentido fue lanzada en junio de 2018 la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió en junio de 2018 la Resolución 261 de 2018 que determina la Frontera Agrícola, la cual establece que las áreas deforestadas posteriormente al año 2010 no harán parte de la frontera, por lo cual se debe propender a su cobertura forestal. Como parte de los avances del gobierno de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM hospeda el Programa Nacional para el Monitoreo y Seguimiento de los Ecosistemas de Bosques y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, en cuyo marco se viene generando la información oficial de deforestación anualmente desde 2013 e históricamente a partir del año 1990. Recientemente, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 [5], se indica como meta la suscripción e implementación de cinco Acuerdos Cero Deforestación desde el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura con actores de las cadenas de valor de lácteos, carne, madera, cacao y palma de aceite para diferenciar la producción nacional en el mercado internacional con mecanismos de trazabilidad. También se busca la implementación de subsistemas de trazabilidad pecuaria y agrícola. En Colombia, desde la Constitución Política, se ha desarrollado un marco jurídico especial de protección, en los que se consagra, entre otros, el deber de proteger los recursos naturales, conservar las áreas de especial importancia ecológica, así como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Igualmente, la Ley 99 de 1993, contempló entre los principios generales de la política ambiental colombiana, la protección especial de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. La Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos –PNGIBSE, la cual se orienta a “Promover la Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil”, destaca también la necesidad de incorporar la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos en la planificación y toma de decisiones sectoriales, para lo cual plantea como línea estratégica “Fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado así como la articulación intra e inter institucional e inter sectorial, para posicionar la biodiversidad como elemento estratégico en las políticas económicas y sectoriales del país en procura del mantenimiento de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad”. Adicionalmente, el país reconoce que los páramos son ecosistemas estratégicos y son fundamentales para la población, al ser una pieza clave en la regulación del ciclo hídrico (en calidad y disponibilidad), en razón de que son recolectores y proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución. Además son sumideros de carbono al almacenar y capturar carbono de la atmósfera. El país ha avanzado en la definición de estrategias de protección y conservación de estos ecosistemas. Es por ello que a través de los recientes Planes Nacionales de Desarrollo y sentencias de la Corte Constitucional, se definió la necesidad de delimitar estos ecosistemas y prohibir el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, exploración o explotación de recursos naturales no renovables. Lo anterior se complementa con los compromisos nacionales en adaptación al cambio climático, presentados por el país ante el Acuerdo de París en su Contribución Nacionalmente Determinada. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la responsabilidad de elaborar los actos administrativos para delimitar los páramos del país, con el fin de proteger estos ecosistemas del desarrollo de actividades agropecuarias, mineras o de hidrocarburos, y potenciar su papel en la regulación del ciclo hidrológico. Adicionalmente, es relevante mencionar lo ordenado en la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”, la cual a través de su Artículo 10° se establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía, y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 xx xxxxx de 2011, y que se encuentren al interior del área xx xxxxxx delimitada. Así mismo, dispone el artículo en mención que “En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los habitantes xxx xxxxxx para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor. Igualmente, en el Artículo 6° se establece que las áreas xx xxxxxx delimitadas deben contar con un Plan de Manejo, el cual será elaborado, adoptado e implementado por las Autoridades Ambientales Regionales, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de derechos. Dados los lineamientos a través de los instrumentos anteriormente mencionados, el país avanza en la construcción de política pública orientada a la gestión adaptativa de estos ecosistemas estratégicos. Ello implica un esfuerzo importante desde muchos ángulos para brindar los tiempos, medios y recursos que se requieren para dar cumplimiento a la norma. Este Acuerdo de voluntades es también un instrumento para este fin. Según la FAO, “la ganadería6 es responsable de la mayor parte del uso mundial de tierras; los pastizales y tierras de cultivo dedicadas a la producción de alimentos para el ganado representan cerca del 70 por ciento de todas las tierras agrícolas. Los cultivos forrajeros se siembran en un tercio de todas las tierras cultivadas, mientras que la superficie total de tierra ocupada por pastos equivale al 26 por ciento de la superficie terrestre libre de hielo” [6]. Adicionalmente, en América Central y América del Sur, la expansión de los pastizales para la producción ganadera ha sido una de principales causas de deforestación. De conformidad con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015 [7], la superficie forestal mundial se redujo en 129 millones de hectáreas (un 3,1 %) en el período 1990-2015 hasta quedar por debajo de los 4.000 millones de hectáreas. Sólo en la región tropical, entre los años 2000 y 2010, la pérdida anual neta de superficie forestal fue de aproximadamente 7 millones de hectáreas, y el incremento anual neto de la superficie agropecuaria fue de más de 6 millones de hectáreas, destacando que en los países tropicales y subtropicales el sector agropecuario comercial a gran escala y de subsistencia originaron el 73 % de la deforestación, con variaciones significativas según la región. De cara a esta problemática se ha buscado facilitar el desarrollo voluntario de acciones individuales y colectivas conducentes a reducir la deforestación de bosques tropicales y eliminar la huella de deforestación de las cadenas de suministro de la palma, soya, papel, pulpa y ganadería bovina, en el marco de diferentes
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Firma. Reafirmando El presente Acuerdo estará abierto a la firma en Madrid entre el contexto, las condiciones, los objetivos, las definiciones, los compromisos, la gobernanza, 15 y el monitoreo especificados 31 de diciembre de 1995 Hecho en este AcuerdoMadrid el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Declaración conjunta sobre el diálogo político entre la Unión Europea y el Mercosur Preámbulo La Unión Europea y los Estados Partes de Mercosur, los abajo firmantes, incluyendo entidades de gobierno, gremios, asociaciones de productores ganaderos y empresas - Conscientes de los diferentes eslabones lazos históricos políticos y económicos que los unen de su patrimonio común y de las profundas relaciones de amistad que existen entre sus pueblos - Considerando que las libertades políticas y económicas constituyen la base de las sociedades de los países miembros de la cadena Unión Europea y el Mercosur. - Reiterando, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el valor láctea, y organizaciones no gubernamentales, multilaterales de la dignidad humana y de la sociedad civilpromoción de los Derechos Humanos como fundamentos de las sociedades democráticas. - Reafirmando el papel esencial de los principios y las instituciones democráticas basadas en el Estado de Derecho, han determinado unir sus esfuerzos para suscribir este ACUERDO DE VOLUNTADES DE ACTORES PÚBLICO – PRIVADOS ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LA CADENA DE VALOR LÁCTEA PARA LA NO DEFORESTACIÓN DE BOSQUES NATURALES Y LA NO TRANSFORMACIÓN DE PÁRAMOS. Colombia ha adquirido compromisos internos cuyo respeto preside las políticas interiores y a nivel internacional para reducir su tasa exteriores de deforestación gradualmente como aporte nacional a las Partes; - Deseosos de afianzar la reducción paz y la seguridad internacionales de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y conservación de la diversidad biológica. El cumplimiento de estos compromisos demanda la participación, innovación y responsabilidad de todos conformidad con los sectores de la economía. En el año 2009 el Gobierno de Colombia se compromete ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a llevar a cero la deforestación neta principios establecidos en la región amazónica para el año 2020, sujeto al apoyo internacional. En el marco de la iniciativa 20X20, conformada en el año 2014 bajo el liderazgo del World Resources Institute (WRI), el gobierno de Colombia se compromete a restaurar un millón de hectáreas al año 2020. También en el año 2014, Colombia junto con otros signatarios, se compromete según sus capacidades a contribuir a luchar por acabar con la pérdida de bosques naturales en 2030, y a apoyar las metas del sector privado de eliminar la huella de deforestación de la producción de materias primas agrícolas, en el marco de la Declaración de Nueva York sobre Bosques. Esta declaración ha sido firmada a nivel mundial por gobiernos nacionales, sub nacionales, empresas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Con el propósito de implementar el compromiso xx xxxx deforestación neta en la Amazonia para el año 2020, el Gobierno de Colombia con el apoyo de Noruega, Xxxxxxxx, Xxxxx Unido y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entre otros aliados, crea en el año 2015 el programa Visión Amazonía. Con los mismos países, Colombia suscribe ese mismo año la Declaración Conjunta sobre Reducción de la Deforestación a Nivel Nacional que además de retomar esta meta, promueve los acuerdos xx xxxx deforestación con cadenas productivas como hitos de política pública. La reducción de la deforestación es una de las principales oportunidades [1] y potencialmente la más costo- efectiva [2] para reducir en 20% las emisiones de GEI del país, y así contribuir a la meta global fijada a través del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global en 1.5 °C o 2 °C [3], tal como lo estableció Colombia en el año 2015 a través de su Contribución Nacionalmente Determinada presentada a la CMNUCC. Estos y otros acuerdos son la cuota nacional para contribuir a la reducción de las emisiones globales de GEI, pero también conciernen al interés de conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociados, y el patrimonio étnico y cultural de las comunidades que viven en y/o dependen de los bosques. Muestra de ello es el aporte directo de la lucha contra la deforestación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales constituyen la Agenda de Desarrollo Carta de las Naciones Unidas para el año 2030Unidas. De - Manifestando conjuntamente su interés por la integración regional como instrumento de promoción de un desarrollo sostenible y armonioso de su pueblos, basado en principios de progreso social y de solidaridad entre sus miembros. - Tomando como base las relaciones privilegiadas consagradas por los diecisiete objetivos, se destacan el objetivo 12 “Consumo Acuerdos marco de cooperación firmados entre la Comunidad Europea y Producción Sostenible” que hace un llamado para la transformación de las cadenas de valor bajo el principio de ‘hacer más y mejor con menos’; y el objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad” [4]. En este sentido fue lanzada en junio de 2018 la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió en junio de 2018 la Resolución 261 de 2018 que determina la Frontera Agrícola, la cual establece que las áreas deforestadas posteriormente al año 2010 no harán parte de la frontera, por lo cual se debe propender a su cobertura forestal. Como parte cada uno de los avances Estados Partes del gobierno Mercosur. - Recordando los principios establecidos en la declaración solemne conjunta firmada por las Partes el 22 de Colombia, diciembre de 1994. Han decidido dar a sus relaciones una perspectiva de largo plazo. Objetivos - El Mercosur y la Unión Europea reafirman solemnemente su voluntad de progresar hacia el Instituto establecimiento de Hidrología, Meteorología una asociación interregional y Estudios Ambientales –IDEAM hospeda el Programa Nacional para el Monitoreo y Seguimiento de establecer a tal fin un diálogo político más intenso. - La integración regional es uno de los Ecosistemas de Bosques medios para lograr un desarrollo sostenible y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, en cuyo marco se viene generando la información oficial de deforestación anualmente desde 2013 e históricamente a partir del año 1990. Recientemente, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 [5], se indica como meta la suscripción e implementación de cinco Acuerdos Cero Deforestación desde el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura con actores de las cadenas de valor de lácteos, carne, madera, cacao y palma de aceite para diferenciar la producción nacional en el mercado internacional con mecanismos de trazabilidad. También se busca la implementación de subsistemas de trazabilidad pecuaria y agrícola. En Colombia, desde la Constitución Política, se ha desarrollado un marco jurídico especial de protección, en los que se consagra, entre otros, el deber de proteger los recursos naturales, conservar las áreas de especial importancia ecológicasocialmente armonioso, así como el derecho un mecanismo de todas las personas a gozar de un ambiente sano. IgualmenteInserción en condiciones competitivas en la economía Internacional - Ese diálogo tendrá además por objetivo lograr una concertación más estrecha sobre cuestiones birregionales y multilaterales, la Ley 99 de 1993, contempló entre los principios generales de la política ambiental colombiana, la protección en especial de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. La Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos –PNGIBSE, la cual se orienta a “Promover la Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjuntacoordinación de las posiciones de ambas Partes en los foros pertinentes. Mecanismos del diálogo - El diálogo político entre las Partes se efectuará mediante contactos, coordinada intercambios de información y concertada del Estadoconsultas, el sector productivo y la sociedad civil”, destaca también la necesidad de incorporar la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos que se plasmarán en la planificación y toma de decisiones sectoriales, para lo cual plantea como línea estratégica “Fortalecer las alianzas particular en reuniones al nivel adecuado entre los sectores público diferentes organismos del Mercosur y privado así como de la articulación intra e inter institucional e inter sectorialUnión Europea, para posicionar y mediante la biodiversidad como elemento estratégico en las políticas económicas y sectoriales del país en procura del mantenimiento utilización cabal de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad”cauces diplomáticos. Adicionalmente- En particular, el país reconoce que los páramos son ecosistemas estratégicos y son fundamentales para la población, al ser una pieza clave en la regulación del ciclo hídrico (en calidad y disponibilidad), en razón de que son recolectores y proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución. Además son sumideros de carbono al almacenar y capturar carbono de la atmósfera. El país ha avanzado en la definición de estrategias de protección y conservación de estos ecosistemas. Es por ello que a través de los recientes Planes Nacionales de Desarrollo y sentencias de la Corte Constitucional, se definió la necesidad de delimitar estos ecosistemas y prohibir el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, exploración o explotación de recursos naturales no renovables. Lo anterior se complementa con los compromisos nacionales en adaptación al cambio climático, presentados por el país ante el Acuerdo de París en su Contribución Nacionalmente Determinada. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la responsabilidad de elaborar los actos administrativos para delimitar los páramos del país, con el fin objetivo de proteger estos ecosistemas del desarrollo establecer y desarrollar dicho diálogo político sobre cuestiones bilaterales e internacionales de actividades agropecuarias, mineras o de hidrocarburos, y potenciar su papel en la regulación del ciclo hidrológicointerés mutuo. Adicionalmente, es relevante mencionar lo ordenado en la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”, la cual a través de su Artículo 10° se establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía, y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 xx xxxxx de 2011, y que se encuentren al interior del área xx xxxxxx delimitada. Así mismo, dispone el artículo en mención que “En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los habitantes xxx xxxxxx para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor. Igualmente, en el Artículo 6° se establece que las áreas xx xxxxxx delimitadas deben contar con un Plan de Manejo, el cual será elaborado, adoptado e implementado por las Autoridades Ambientales Regionales, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de derechos. Dados los lineamientos a través de los instrumentos anteriormente mencionados, el país avanza en la construcción de política pública orientada a la gestión adaptativa de estos ecosistemas estratégicos. Ello implica un esfuerzo importante desde muchos ángulos para brindar los tiempos, medios y recursos que se requieren para dar cumplimiento a la norma. Este Acuerdo de voluntades es también un instrumento para este fin. Según la FAO, “la ganadería6 es responsable de la mayor parte del uso mundial de tierras; los pastizales y tierras de cultivo dedicadas a la producción de alimentos para el ganado representan cerca del 70 por ciento de todas las tierras agrícolas. Los cultivos forrajeros se siembran en un tercio de todas las tierras cultivadas, mientras que la superficie total de tierra ocupada por pastos equivale al 26 por ciento de la superficie terrestre libre de hielo” [6]. Adicionalmente, en América Central y América del Sur, la expansión de los pastizales para la producción ganadera ha sido una de principales causas de deforestación. De conformidad con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015 [7], la superficie forestal mundial se redujo en 129 millones de hectáreas (un 3,1 %) en el período 1990-2015 hasta quedar por debajo de los 4.000 millones de hectáreas. Sólo en la región tropical, entre los años 2000 y 2010, la pérdida anual neta de superficie forestal fue de aproximadamente 7 millones de hectáreas, y el incremento anual neto de la superficie agropecuaria fue de más de 6 millones de hectáreas, destacando que en los países tropicales y subtropicales el sector agropecuario comercial a gran escala y de subsistencia originaron el 73 % de la deforestación, con variaciones significativas según la región. De cara a esta problemática se ha buscado facilitar el desarrollo voluntario de acciones individuales y colectivas conducentes a reducir la deforestación de bosques tropicales y eliminar la huella de deforestación de las cadenas de suministro de la palma, soya, papel, pulpa y ganadería bovina, en el marco de diferentesLas Partes convienen:
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Firma. Reafirmando el contexto, las condiciones, los objetivos, las definiciones, los compromisos, la gobernanza, y el monitoreo especificados en este Acuerdo, los abajo firmantes, incluyendo entidades de gobierno, gremios, asociaciones de productores ganaderos y empresas de los diferentes eslabones de la cadena de valor lácteade carne bovina, y así como organizaciones no gubernamentales, multilaterales y de la sociedad civil, han determinado decidido unir sus esfuerzos para suscribir este ACUERDO DE VOLUNTADES DE ACTORES PÚBLICO – PRIVADOS ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LA CADENA DE VALOR LÁCTEA DE CARNE BOVINA PARA LA NO DEFORESTACIÓN DE BOSQUES NATURALES Y LA NO TRANSFORMACIÓN DE PÁRAMOSNATURALES. Colombia ha adquirido compromisos internos y a nivel internacional para reducir su tasa de deforestación gradualmente como aporte nacional a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y conservación de la diversidad biológica. El cumplimiento de estos compromisos demanda la participación, innovación y responsabilidad de todos los sectores de la economía. En el año 2009 el Gobierno de Colombia se compromete ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a llevar a cero la deforestación neta en la región amazónica para el año 2020, sujeto al apoyo internacional. En el marco de la iniciativa 20X20, conformada en el año 2014 bajo el liderazgo del World Resources Institute (WRI), el gobierno de Colombia se compromete a restaurar un millón de hectáreas al año 2020. También en el año 2014, Colombia junto con otros signatarios, se compromete según sus capacidades a contribuir a luchar por acabar con la pérdida de bosques naturales en 2030, y a apoyar las metas del sector privado de eliminar la huella de deforestación de la producción de materias primas agrícolas, en el marco de la Declaración de Nueva York sobre Bosques. Esta declaración ha sido firmada a nivel mundial por gobiernos nacionales, sub nacionales, empresas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Con el propósito de implementar el compromiso xx xxxx deforestación neta en la Amazonia para el año 2020, el Gobierno de Colombia con el apoyo de Noruega, Xxxxxxxx, Xxxxx Unido y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entre otros aliados, crea en el año 2015 el programa Visión Amazonía. Con los mismos países, Colombia suscribe ese mismo año la Declaración Conjunta de Intención sobre Reducción de la Deforestación a Nivel Nacional que además de retomar esta meta, promueve los acuerdos xx xxxx deforestación con cadenas productivas como hitos de política pública. La reducción de la deforestación es una de las principales oportunidades [1] y potencialmente la más costo- efectiva [2] para reducir en 20% las emisiones de GEI del país, y así contribuir a la meta global fijada a través del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global en 1.5 °C o 2 °C [3], tal como lo estableció Colombia en el año 2015 a través de su Contribución Prevista y Nacionalmente Determinada presentada a la CMNUCC. Estos y otros acuerdos son la cuota nacional para contribuir a la reducción de las emisiones globales de GEI, pero también conciernen al interés de conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociados, y el patrimonio étnico y cultural de las comunidades que viven en y/o dependen de los bosques. Muestra de ello es el aporte directo de la lucha contra la deforestación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales constituyen la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas para el año 2030. De los diecisiete objetivos, se destacan el objetivo 12 “Consumo y Producción Sostenible” que hace un llamado para la transformación de las cadenas de valor bajo el principio de ‘hacer más y mejor con menos’; y el objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad” [4]. En este sentido fue lanzada en junio de 2018 la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo desarrollo Rural expidió en junio de 2018 la Resolución 261 de 2018 resolución que determina la Frontera Agrícola, la cual establece que las áreas deforestadas posteriormente al año 2010 no harán parte de la frontera, por lo cual se debe propender a su cobertura forestal. Como parte de los avances del gobierno de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM hospeda el Programa Nacional para el Monitoreo y Seguimiento de los Ecosistemas de Bosques y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, en cuyo marco se viene generando la información oficial de deforestación anualmente desde 2013 e históricamente a partir del año 1990. Recientemente, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 [5], se indica como meta la suscripción e implementación de cinco Acuerdos Cero Deforestación desde el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura con actores de las cadenas de valor de lácteos, carne, madera, cacao y palma de aceite para diferenciar la producción nacional en el mercado internacional con mecanismos de trazabilidad. También se busca la implementación de subsistemas de trazabilidad pecuaria y agrícola. En Colombia, desde la Constitución Política, se ha desarrollado un marco jurídico especial de protección, en los que se consagra, entre otros, el deber de proteger los recursos naturales, conservar las áreas de especial importancia ecológica, así como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Igualmente, la Ley 99 de 1993, contempló entre los principios generales de la política ambiental colombiana, la protección especial de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. La Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos –PNGIBSE, la cual se orienta a “Promover la Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil”, destaca también la necesidad de incorporar la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos en la planificación y toma de decisiones sectoriales, para lo cual plantea como línea estratégica “Fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado así como la articulación intra e inter institucional e inter sectorial, para posicionar la biodiversidad como elemento estratégico en las políticas económicas y sectoriales del país en procura del mantenimiento de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad”. Adicionalmente, el país reconoce que los páramos son ecosistemas estratégicos y son fundamentales para la población, al ser una pieza clave en la regulación del ciclo hídrico (en calidad y disponibilidad), en razón de que son recolectores y proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución. Además son sumideros de carbono al almacenar y capturar carbono de la atmósfera. El país ha avanzado en la definición de estrategias de protección y conservación de estos ecosistemas. Es por ello que a través de los recientes Planes Nacionales de Desarrollo y sentencias de la Corte Constitucional, se definió la necesidad de delimitar estos ecosistemas y prohibir el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, exploración o explotación de recursos naturales no renovables. Lo anterior se complementa con los compromisos nacionales en adaptación al cambio climático, presentados por el país ante el Acuerdo de París en su Contribución Nacionalmente Determinada. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la responsabilidad de elaborar los actos administrativos para delimitar los páramos del país, con el fin de proteger estos ecosistemas del desarrollo de actividades agropecuarias, mineras o de hidrocarburos, y potenciar su papel en la regulación del ciclo hidrológico. Adicionalmente, es relevante mencionar lo ordenado en la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”, la cual a través de su Artículo 10° se establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía, y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 xx xxxxx de 2011, y que se encuentren al interior del área xx xxxxxx delimitada. Así mismo, dispone el artículo en mención que “En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los habitantes xxx xxxxxx para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor. Igualmente, en el Artículo 6° se establece que las áreas xx xxxxxx delimitadas deben contar con un Plan de Manejo, el cual será elaborado, adoptado e implementado por las Autoridades Ambientales Regionales, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de derechos. Dados los lineamientos a través de los instrumentos anteriormente mencionados, el país avanza en la construcción de política pública orientada a la gestión adaptativa de estos ecosistemas estratégicos. Ello implica un esfuerzo importante desde muchos ángulos para brindar los tiempos, medios y recursos que se requieren para dar cumplimiento a la norma. Este Acuerdo de voluntades es también un instrumento para este fin. Según la FAO, “la ganadería6 ganadería5 es responsable de la mayor parte del uso mundial de tierras; los pastizales y tierras de cultivo dedicadas a la producción de alimentos para el ganado representan cerca del 70 por ciento de todas las tierras agrícolas. Los cultivos forrajeros se siembran en un tercio de todas las tierras cultivadas, mientras que la superficie total de tierra ocupada por pastos equivale al 26 por ciento de la superficie terrestre libre de hielo” [6]. Adicionalmente, en América Central y América del Sur, la expansión de los pastizales para la producción ganadera ha sido una de principales causas de deforestación. De conformidad con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015 [7], la superficie forestal mundial se redujo en 129 millones de hectáreas (un 3,1 %) en el período 1990-2015 hasta quedar por debajo de los 4.000 millones de hectáreas. Sólo en la región tropical, entre los años 2000 y 2010, la pérdida anual neta de superficie forestal fue de aproximadamente 7 millones de hectáreas, y el incremento anual neto de la superficie agropecuaria fue de más de 6 millones de hectáreas, destacando que en los países tropicales y subtropicales el sector agropecuario comercial a gran escala y de subsistencia originaron el 73 % de la deforestación, con variaciones significativas según la región. De cara a esta problemática se ha buscado facilitar el desarrollo voluntario de acciones individuales y colectivas conducentes a reducir la deforestación de bosques tropicales y eliminar la huella de deforestación de las cadenas de suministro de la palma, soya, papel, pulpa y ganadería bovina, en el marco de diferentesdiferentes plataformas público privadas, entre las que se destacan la Alianza para los Bosques Tropicales 2020 (Tropical Forest Alliance 2020) establecida en 2012, la Mesa Redonda para la Carne Sostenible (Global Roundtable for Sustainable Beef -GRSB) constituida en el 2012 y la Nueva Visión para la Agricultura (NVA) lanzada en 20096. TFA2020, dentro de sus diez prioridades identificadas sobre la agenda de materias primas cero deforestación a nivel global, ha identificado como una de ellas el escalamiento de programas piloto de intensificación sostenible de la ganadería bovina. En Brasil, país en donde se ha enfocado la atención del impacto de la producción de carne en la deforestación en la Amazonía, hay avances palpables en desligar la producción de carne de la deforestación y documentarlo. En 2009, los frigoríficos más grandes en la Amazonia de Brasil firmaron el Acuerdo G4 xx xxxx deforestación como una respuesta a la solicitud de sus compradores, quienes estaban preocupados sobre su reputación al ser asociados con deforestación. Este acuerdo voluntario tiene como principio básico que los frigoríficos se comprometen en evitar la compra de ganado de propiedades con deforestación
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Firma. Reafirmando El presente Acuerdo estará abierto a la firma en Madrid entre el contexto, las condiciones, los objetivos, las definiciones, los compromisos, la gobernanza, 15 y el monitoreo especificados 31 de diciembre de 1.995. Hecho en este AcuerdoMadrid, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. ANEXO AL ACUERDO Declaración conjunta sobre el diálogo político entre la Unión Europea y el Mercosur Preámbulo La Unión Europea y los abajo firmantesEstados Partes de Mercosur, incluyendo entidades de gobierno, gremios, asociaciones de productores ganaderos y empresas -Conscientes de los diferentes eslabones lazos históricos, políticos y económicos que los unen, de su patrimonio cultural común y de las profundas relaciones de amistad que existen entre sus pueblos; -Considerando que las libertades políticas y económicas constituyen la base de las sociedades de los países miembros de la cadena Unión Europea y el Mercosur; -Reiterando, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el valor láctea, y organizaciones no gubernamentales, multilaterales de la dignidad humana y de la sociedad civilpromoción de los Derechos Humanos como fundamentos de las sociedades democráticas; -Reafirmando el papel esencial de los principios y las instituciones democráticas basadas en el Estado de Derecho, han determinado unir sus esfuerzos para suscribir este ACUERDO DE VOLUNTADES DE ACTORES PÚBLICO – PRIVADOS ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LA CADENA DE VALOR LÁCTEA PARA LA NO DEFORESTACIÓN DE BOSQUES NATURALES Y LA NO TRANSFORMACIÓN DE PÁRAMOS. Colombia ha adquirido compromisos internos cuyo respeto preside las políticas interiores y a nivel internacional para reducir su tasa exteriores de deforestación gradualmente como aporte nacional a las Partes; -Deseosos de afianzar la reducción paz y la seguridad internacionales de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y conservación de la diversidad biológica. El cumplimiento de estos compromisos demanda la participación, innovación y responsabilidad de todos conformidad con los sectores de la economía. En el año 2009 el Gobierno de Colombia se compromete ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) a llevar a cero la deforestación neta principios establecidos en la región amazónica para el año 2020, sujeto al apoyo internacional. En el marco de la iniciativa 20X20, conformada en el año 2014 bajo el liderazgo del World Resources Institute (WRI), el gobierno de Colombia se compromete a restaurar un millón de hectáreas al año 2020. También en el año 2014, Colombia junto con otros signatarios, se compromete según sus capacidades a contribuir a luchar por acabar con la pérdida de bosques naturales en 2030, y a apoyar las metas del sector privado de eliminar la huella de deforestación de la producción de materias primas agrícolas, en el marco de la Declaración de Nueva York sobre Bosques. Esta declaración ha sido firmada a nivel mundial por gobiernos nacionales, sub nacionales, empresas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Con el propósito de implementar el compromiso xx xxxx deforestación neta en la Amazonia para el año 2020, el Gobierno de Colombia con el apoyo de Noruega, Xxxxxxxx, Xxxxx Unido y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entre otros aliados, crea en el año 2015 el programa Visión Amazonía. Con los mismos países, Colombia suscribe ese mismo año la Declaración Conjunta sobre Reducción de la Deforestación a Nivel Nacional que además de retomar esta meta, promueve los acuerdos xx xxxx deforestación con cadenas productivas como hitos de política pública. La reducción de la deforestación es una de las principales oportunidades [1] y potencialmente la más costo- efectiva [2] para reducir en 20% las emisiones de GEI del país, y así contribuir a la meta global fijada a través del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global en 1.5 °C o 2 °C [3], tal como lo estableció Colombia en el año 2015 a través de su Contribución Nacionalmente Determinada presentada a la CMNUCC. Estos y otros acuerdos son la cuota nacional para contribuir a la reducción de las emisiones globales de GEI, pero también conciernen al interés de conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos asociados, y el patrimonio étnico y cultural de las comunidades que viven en y/o dependen de los bosques. Muestra de ello es el aporte directo de la lucha contra la deforestación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales constituyen la Agenda de Desarrollo Carta de las Naciones Unidas para el año 2030. De Unidas; -Manifestando conjuntamente su interés por la integración regional como instrumento de promoción de un desarrollo sostenible y armonioso de sus pueblos, basado en principios de progreso social y de solidaridad entre sus miembros; -Tomando como base las relaciones privilegiadas consagradas por los diecisiete objetivos, se destacan el objetivo 12 “Consumo Acuerdos marco de cooperación firmados entre la Comunidad Europea y Producción Sostenible” que hace un llamado para la transformación de las cadenas de valor bajo el principio de ‘hacer más y mejor con menos’; y el objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad” [4]. En este sentido fue lanzada en junio de 2018 la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió en junio de 2018 la Resolución 261 de 2018 que determina la Frontera Agrícola, la cual establece que las áreas deforestadas posteriormente al año 2010 no harán parte de la frontera, por lo cual se debe propender a su cobertura forestal. Como parte cada uno de los avances Estados Partes del gobierno Mercosur; -Recordando los principios establecidos en la declaración solemne conjunta firmada por las Partes el 22 de Colombiadiciembre de 1994, Han decidido dar a sus relaciones una perspectiva de largo plazo. Objetivos -El Mercosur y la Unión Europea reafirman solemnemente su voluntad de progresar hacia el Instituto establecimiento de Hidrología, Meteorología una asociación interregional y Estudios Ambientales –IDEAM hospeda el Programa Nacional para el Monitoreo y Seguimiento de establecer a tal fin un diálogo político más intenso. -La integración regional es uno de los Ecosistemas de Bosques medios para lograr un desarrollo sostenible y el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, en cuyo marco se viene generando la información oficial de deforestación anualmente desde 2013 e históricamente a partir del año 1990. Recientemente, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 [5], se indica como meta la suscripción e implementación de cinco Acuerdos Cero Deforestación desde el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura con actores de las cadenas de valor de lácteos, carne, madera, cacao y palma de aceite para diferenciar la producción nacional en el mercado internacional con mecanismos de trazabilidad. También se busca la implementación de subsistemas de trazabilidad pecuaria y agrícola. En Colombia, desde la Constitución Política, se ha desarrollado un marco jurídico especial de protección, en los que se consagra, entre otros, el deber de proteger los recursos naturales, conservar las áreas de especial importancia ecológicasocialmente armonioso, así como el derecho un mecanismo de todas las personas a gozar de un ambiente sanoinserción en condiciones competitivas en la economía internacional. Igualmente-Ese diálogo tendrá además por objetivo lograr una concertación más estrecha sobre cuestiones birregionales y multilaterales, la Ley 99 de 1993, contempló entre los principios generales de la política ambiental colombiana, la protección en especial de las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos. La Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos –PNGIBSE, la cual se orienta a “Promover la Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjuntacoordinación de las posiciones de ambas Partes en los foros pertinentes. Mecanismos del diálogo -El diálogo político entre las Partes se efectuará mediante contactos, coordinada intercambios de información y concertada del Estadoconsultas, el sector productivo y la sociedad civil”, destaca también la necesidad de incorporar la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos que se plasmarán en la planificación y toma de decisiones sectoriales, para lo cual plantea como línea estratégica “Fortalecer las alianzas particular en reuniones al nivel adecuado entre los sectores público diferentes organismos del Mercosur y privado así como de la articulación intra e inter institucional e inter sectorialUnión Europea, para posicionar y mediante la biodiversidad como elemento estratégico en las políticas económicas y sectoriales del país en procura del mantenimiento utilización cabal de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad”cauces diplomáticos. Adicionalmente-En particular, el país reconoce que los páramos son ecosistemas estratégicos y son fundamentales para la población, al ser una pieza clave en la regulación del ciclo hídrico (en calidad y disponibilidad), en razón de que son recolectores y proveedores de agua potable de alta calidad y fácil distribución. Además son sumideros de carbono al almacenar y capturar carbono de la atmósfera. El país ha avanzado en la definición de estrategias de protección y conservación de estos ecosistemas. Es por ello que a través de los recientes Planes Nacionales de Desarrollo y sentencias de la Corte Constitucional, se definió la necesidad de delimitar estos ecosistemas y prohibir el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, exploración o explotación de recursos naturales no renovables. Lo anterior se complementa con los compromisos nacionales en adaptación al cambio climático, presentados por el país ante el Acuerdo de París en su Contribución Nacionalmente Determinada. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la responsabilidad de elaborar los actos administrativos para delimitar los páramos del país, con el fin objetivo de proteger estos ecosistemas del desarrollo establecer y desarrollar dicho diálogo político sobre cuestiones bilaterales e internacionales de actividades agropecuariasinterés mutuo, mineras o de hidrocarburos, y potenciar su papel en la regulación del ciclo hidrológico. Adicionalmente, es relevante mencionar lo ordenado en la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”, la cual a través de su Artículo 10° se establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Minas y Energía, y sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales, y bajo las directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 xx xxxxx de 2011, y que se encuentren al interior del área xx xxxxxx delimitada. Así mismo, dispone el artículo en mención que “En el marco de estas acciones se deberá brindar a las comunidades el tiempo y los medios para que estas puedan adaptarse a la nueva situación, para lo cual se deberán tener en cuenta los resultados de la caracterización de los habitantes xxx xxxxxx para lograr una transición gradual y diferenciada por tipo de actor. Igualmente, en el Artículo 6° se establece que las áreas xx xxxxxx delimitadas deben contar con un Plan de Manejo, el cual será elaborado, adoptado e implementado por las Autoridades Ambientales Regionales, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y participación de actores interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de derechos. Dados los lineamientos a través de los instrumentos anteriormente mencionados, el país avanza en la construcción de política pública orientada a la gestión adaptativa de estos ecosistemas estratégicos. Ello implica un esfuerzo importante desde muchos ángulos para brindar los tiempos, medios y recursos que se requieren para dar cumplimiento a la norma. Este Acuerdo de voluntades es también un instrumento para este fin. Según la FAO, “la ganadería6 es responsable de la mayor parte del uso mundial de tierras; los pastizales y tierras de cultivo dedicadas a la producción de alimentos para el ganado representan cerca del 70 por ciento de todas las tierras agrícolas. Los cultivos forrajeros se siembran en un tercio de todas las tierras cultivadas, mientras que la superficie total de tierra ocupada por pastos equivale al 26 por ciento de la superficie terrestre libre de hielo” [6]. Adicionalmente, en América Central y América del Sur, la expansión de los pastizales para la producción ganadera ha sido una de principales causas de deforestación. De conformidad con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015 [7], la superficie forestal mundial se redujo en 129 millones de hectáreas (un 3,1 %) en el período 1990-2015 hasta quedar por debajo de los 4.000 millones de hectáreas. Sólo en la región tropical, entre los años 2000 y 2010, la pérdida anual neta de superficie forestal fue de aproximadamente 7 millones de hectáreas, y el incremento anual neto de la superficie agropecuaria fue de más de 6 millones de hectáreas, destacando que en los países tropicales y subtropicales el sector agropecuario comercial a gran escala y de subsistencia originaron el 73 % de la deforestación, con variaciones significativas según la región. De cara a esta problemática se ha buscado facilitar el desarrollo voluntario de acciones individuales y colectivas conducentes a reducir la deforestación de bosques tropicales y eliminar la huella de deforestación de las cadenas de suministro de la palma, soya, papel, pulpa y ganadería bovina, en el marco de diferentesLas Partes convienen:
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