Régimen de PPP. El art. 9°, inc. n, de la Ley de PPP establece que los Contratos de PPP podrán prever la facultad de la contratante de prestar su cooperación para la obtención del financiamiento necesario. Conforme la redacción de la ley, la cooperación por parte del Ente Contratante parece ser facultativa y sujeta a que así lo disponga el respectivo Contrato de PPP. A nuestro entender, sin embargo, la colaboración pública debiera ser obligatoria, toda vez que ambas partes confluyen entre sí para el logro de la finalidad de interés público comprometida en la ejecución del contrato. Por otro lado, el art. 9°, inc. 9, del Decreto de PPP establece los mecanismos mediante los cuales el Contratista PPP podrá estructurar el financiamiento del proyecto, a saber: (i) contratar préstamos, (ii) emitir títulos de deuda con o sin oferta pública, (iii) constituir fideicomisos, financieros o no, que emitan títulos de deuda o certificados de participación, y (iv) crear fondos comunes de inversión y/o cualquier otra estructura financiera susceptible de ser garantizada a través de la cesión de los Contratos de PPP y/o de los derechos de crédito emergentes del Contrato de PPP y sus correspondientes garantías.
Régimen de PPP. La Ley de PPP simplemente menciona al hecho del príncipe en el inc. b del art. 9° como uno de los riesgos que deberán repartirse entre las partes de modo eficiente y contemplando las mejores condiciones para prevenirlos, asumirlos o mitigarlos para minimizar el costo y facilitar el financiamiento. En tal sentido, nos gustaría mencionar que la matriz de riesgos introducida como Anexo A del modelo de Contrato de PPP previsto para la Licitación “Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP” indica que el Ente Contratante sólo se hará cargo de los riesgos de cambios en la ley aplicable a proyectos viales bajo el régimen de PPP que tengan por efecto directo un impacto significativo en la proyección de ingresos o de costos del Contratista PPP. Es decir que, por oposición, cualquier cambio en una normativa general que, de modo
Régimen de PPP. El art. 9, apartado 7 del Anexo del Decreto de PPP es elogiable en este sentido al establecer que “el Contrato PPP deberá contener mecanismos para restablecer, dentro de un plazo máximo fijado al efecto en el Pliego, su ecuación económico-financiera original cuando ésta se vea alterada significativamente por razones imprevisibles al momento de adjudicar y ajenas a la parte que invoca el desequilibrio, todo ello, en los términos contemplados en el Pliego. Vencido dicho plazo sin solución satisfactoria para la Parte afectada, ésta podrá recurrir al Panel Técnico, si lo hubiere, o en su defecto al arbitraje o al tribunal judicial competente, según se lo hubiera previsto en el Pliego. Se considerará que una alteración es significativa cuando se hubiesen alcanzado los parámetros que, a tales efectos, deberán establecerse en el Pliego y en el Contrato PPP”. En nuestra opinión, la norma citada resulta de fundamental importancia pues recepta el principio cardinal de mantenimiento del equilibrio económico-financiero de modo general y cada vez que éste se vea significativamente alterado, sin atarlo a condiciones o supuestos concretos o específicos, como ser razones de fuerza mayor, hecho del príncipe, dificultades materiales imprevistas, etc. Asimismo, destacamos los siguientes aspectos de sobrada importancia: