Origen y Alcances Del Artículo 355 De La Constitución Política De 1991. Desde tiempo atrás se contemplo que el Estado apoyaba a las entidades de beneficencia y de utilidad común, como uno de los mecanismos de fomento con los que se lograba promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los derechos y un instrumento para potenciar la participación de los particulares en la actividad administrativa. El atributo entregado a las instancias públicas como el congreso y las Asambleas departamentales para que por medio xx xxxxx y ordenanzas, respectivamente, utilizaran las facultades de fomentar las empresas de útilidad común o beneficencia dignas de estimulo y apoyo, viene desde el reconocimiento hecho por la Constitución Nacional de 1886. Este mismo propósito en la vida legislativa se fue reformando conociéndose actos como el legislativo número 1 de 1945, respecto al fomento de las empresas útiles y benéficas dignas de estimulo y apoyo por parte del Congreso, en donde se planteo que solo podrán hacer objeto a que desarrollaran actividades ―con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes‖ En ese sentido se promulgo el acto legislativo No. 1 de 1968, el cual consolidó las facultades a los miembros del Congreso, a las Asambleas departamentales y los Concejos municipales para entregar recursos del erario público a particulares con el propósito de fomentar las empresas de utilidad común y beneficencia, con sujeción a los planes nacionales, regionales y locales. Es decir que las empresas favorecidas por el presupuesto nacional debía encajar sus objetivos con los planes aprobados a nivel nacional y /o local. En esa dirección la Constitución del 1886, los actos legislativos de 1945 y la reforma del 68 facultaron al congreso nacional y Asambleas departamentales para que apoyaran a empresas de utilidad común y de beneficencia, entregando recursos públicos destinados a lograr las misiones altruistas de esas organizaciones; pero con el trascurso del tiempo esta práctica se pervirtió y se transformo en una de las maneras en que personajes inescrupulosos y ambiciosos se apropiaran del erario público para satisfacción propia. La Corte Constitucional en una de sus sentencias al evaluar esta práctica plantea:―Debe advertirse que el objetivo que en este campo de la reforma de 1968 pretendía realizar, se cumplió cabalmente durante las primeras etapas de vigencia de la misma: Las cuotas presupuestales que cada uno de los congresistas recibían eran invertidas en sus respectivas circunscripciones electorales para el impulso...
