ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO Cláusulas de Ejemplo

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO. La Constitución Política del Estado, prevé una nueva visión en cuanto a los cambios estructurales del sistema judicial, estableciendo una nueva administración de justicia sustentada en los principios de independencia, imparcialidad seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, equidad, participación ciudadana que implica el acceso a la justicia, como una obligación del Estado y fundamentalmente como un derecho humano, para lo cual se debe operar políticas estatales en materia de justicia. El Derecho a la Defensa, entendido como la oportunidad real de toda persona imputada/o, a contar con los medios adecuados y el tiempo necesario para ejercer su defensa en todo proceso, constituye una garantía inviolable que permiten concretar el debido proceso e imparcialidad, las condiciones de igualdad jurídica, un proceso pronto y oportuno, y acceder a un Defensor/a, en general el respeto y vigencia de los derechos y garantías sustanciales y procesales. El Parágrafo II del Artículo 119 de la Constitución Política del Estado, establece que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios”. El derecho a la defensa estatal técnica a cargo del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, desarrolla la garantía de toda persona a defenderse dentro de una acción penal desde la denuncia, cuya inviolabilidad permite asegurar “todas las garantías necesarias para su defensa”, el juzgamiento dentro de un plazo razonable, por el juez natural, la presunción de inocencia, a la igualdad, el debido proceso, entre otras. Así, dentro del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, la defensa a todas las personas perseguidas penalmente constituye la garantía de las garantías como contrapeso ante el poder unitivo del propio Estado.