Propuestos procesales. Generalidades. El Tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales, entendidos éstos como las condiciones legalmente establecidas para la existencia y validez del proceso, entre ellos, la capacidad de las partes, la capacidad procesal de las mismas, la demanda en forma, el trámite adecuado, la debida notificación de la parte convocada y la competencia del Tribunal. Ya se vio que la parte convocante y demandante dentro del presente trámite es COVIANDES, sociedad comercial, legalmente existente y con domicilio en Bogotá; que la convocada y demandada es la ANI, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte; y que ambas partes actuaron por conducto de sus representantes legales con capacidad suficiente, quienes otorgaron sendos poderes a apoderados judiciales. En el curso de este proceso y en desarrollo de lo previsto en los artículos 610 y 611 concurrió como interviniente la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en defensa de los intereses patrimoniales del Estado, quien actuó por intermedio de apoderada judicial a la que se le reconoció personería. Igualmente, desde el comienzo concurrió el Ministerio Público por conducto de la Procuraduría 31 Judicial II Administrativa. Por encontrar reunidos los requisitos legales, mediante Auto No. 2 del 18 xx xxxxx de 2015, confirmado por Auto No. 3 del 27 de julio del mismo año, el Tribunal admitió la demanda y de ella ordenó correr traslado a la ANI, quien se notificó ese mismo día. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público fueron notificados el 2 de julio siguiente. Por Auto No. 8 del 19 de enero de 2016 el Tribunal se declaró competente para instruir y fallar este trámite arbitral. Finalmente, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas legales y por Auto No. 31 del 3 de octubre de 2016, sin protesta de las partes, el Tribunal puso de presente que la totalidad de las pruebas decretadas, salvo aquellas que fueron desistidas por las partes, se practicaron de conformidad con las normas legales y que las partes tuvieron oportunidad de controvertirlas. Igualmente, que se les respetó el derecho de defensa durante el trámite del proceso y que no encuentra ninguna irregularidad ni causal de nulidad en la actuación.
