Posición de las Demandantes. 190. Las Demandantes afirman que Argentina no otorgó a sus inversiones un tratamiento justo y equitativo, conforme a lo exigido en los tres TBI aplicables. Basándose en varias decisiones arbitrales, muchas de las cuales tuvieron origen en la crisis argentina, como la presente diferencia, las Demandantes sostienen que el principio de tratamiento justo y equitativo protege a los inversores extranjeros contra alteraciones fundamentales del marco de inversiones que menoscaben sus expectativas legítimas. Las Demandantes se basan en dos conceptos básicos; a saber, que las medidas adoptadas por Argentina (1) alteraron fundamentalmente el marco de la inversión y (2) frustraron las expectativas legítimas de las Demandantes en su calidad de inversores. En tal sentido, afirman que Argentina las alentó activamente a invertir en los sistemas de suministro de agua y de desagües cloacales de Buenos Aires, y que un importante elemento de 140 En el artículo 53(1) del Convenio del CIADI se establece: “El laudo será obligatorio para las partes [...]”. Xxxxxxxx sugiere que esta disposición debe interpretarse con el sentido de que “[...] excluye la aplicabilidad del principio de la fuerza vinculante para los sucesivos casos del CIADI”. (traducción del Tribunal). Asimismo observa que no hay nada en los trabajos preparatorios del Convenio que sugiera que la doctrina del precedente deba aplicarse al arbitraje del CIADI. X. Xxxxxxxx, A Doctrine of Precedent?, en X. Xxxxxxxxxx y cols., The Oxford Handbook of International Investment Law (2008), 1190. 141 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 38(1)(d). dicho incentivo eran las diversas promesas que Argentina les hizo en el marco jurídico aplicable a la inversión. El hecho de que Argentina haya introducido, en forma unilateral, alteraciones fundamentales a dicho marco, frustrando así las expectativas legítimas de las Demandantes, constituye la denegación del tratamiento justo y equitativo que prometió otorgar a los inversores en cada uno de los tres TBIs aplicables a la presente diferencia. Las Demandantes observan que el tratamiento justo y equitativo se distingue del estándar mínimo internacional, que, en todo caso, también sanciona la conducta que altera el marco de inversiones en detrimento de las expectativas legítimas del inversor. Para determinar la violación de un estándar de tratamiento no es necesario que haya mala fe ni actitud dolosa de parte del Estado demandado.
Posición de las Demandantes. Requisito de los Seis Meses
Posición de las Demandantes. 198. Las Demandantes afirman que no reclaman derechos de Interinvest y/o de las Aerolíneas Argentinas. Por el contrario, reclaman en nombre propio y por derecho propio, sobre la base de los derechos que les corresponden conforme al Tratado y el Convenio del CIADI257. Las Demandantes reiteran que sus propias reclamaciones se fundan en los siguientes actos realizados por la Demandada: 1) la expropiación formal de la inversión de las Demandantes en las Aerolíneas Argentinas sin pagar indemnización; 2) la expropiación progresiva de sus inversiones en las Aerolíneas Argentinas; 3) la omisión de acordar tratamiento justo y equitativo a la inversión de las Demandantes en Interinvest y las Aerolíneas Argentinas; 4) la afectación, por medio de medidas injustificadas y discriminatorias, de la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta o la liquidación de las inversiones de las Demandantes en Interinvest y las Aerolíneas Argentinas; 5) la omisión de garantizar a las inversiones de las Demandantes en Interinvest y las Aerolíneas Argentinas la protección exigida; y 6) la violación obligaciones específicas que había contraído respecto de la inversión de las Demandantes en Interinvest y las Aerolíneas Argentinas258.
Posición de las Demandantes. 247. Las Demandantes contradicen la afirmación de la Demandada de que las Demandantes ocultaron a propósito información a este Tribunal respecto de los concursos preventivos. Las Demandantes alegan que informaron de buena fe todos los hechos relevantes durante este procedimiento de arbitraje, y que los concursos preventivos supuestamente “ocultados” no inciden sobre la jurisdicción de este Tribunal. Asimismo, el Contrato de Cesión y el Acuerdo de Financiación son irrelevantes a los fines de la jurisdicción del Tribunal317.
Posición de las Demandantes. 267. Las Demandantes afirman que las cuestiones de imputación al Estado corresponde resolverlas en la etapa de fondo de la diferencia del presente arbitraje352. En muchos laudos en el campo del derecho de inversiones se ha sostenido que no está claro si la imputación al Estado es cuestión de jurisdicción o sobre el fondo de la diferencia, y depende de cada caso en particular353. En el presente caso, puesto que la cuestión de atribución al Estado se encuentra estrechamente entremezclada con el fondo de la diferencia, y como exige un análisis en profundidad de la compleja relación entre ciertos actos y el Estado, corresponde dirimir estas cuestiones durante la etapa de fondo de la diferencia354.
Posición de las Demandantes. 47. En respuesta a la primera excepción sobre competencia opuesta por la Demandada, en la medida en que se basa en la Cláusula 21.4, las Demandantes sostienen que, por las siguientes razones, dicha excepción es errónea e irrelevante:
Posición de las Demandantes. 60. Como ya se señaló, las Demandantes sostienen que la segunda excepción sobre competencia opuesta por la Demandada, basada en el Tratado, es incompatible con la primera, basada en el Contrato de Participación. Sostienen que en realidad la diferencia había surgido ya en septiembre de 2004 (más de 18 meses antes del Decreto de Caducidad) y que de todos modos el inversionista no tiene la obligación de respetar un período de espera cuando los intentos de llegar a una solución negociada han demostrado ser inútiles.