Marco jurídico. Derecho de la Unión
Marco jurídico. El cliente goza de todos los derechos consagrados para el efecto en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, el Reglamento General; el Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
Marco jurídico. 1.1 La ley 80 de 1993.
Marco jurídico. El Concurso Público Internacional, se ejecutará bajo el régimen de gestión delegada, en la modalidad de concesión, de acuerdo con la siguiente normativa: El segundo inciso del artículo 141 de la Constitución de la República dispone que: “los órganos de la Función Ejecutiva, entre los que se encuentren los Ministerios de Estado, les corresponde cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas”; El artículo 154 de la Carta Magna determina que: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1) Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos, resoluciones administrativas que requiera su gestión”; Xx xxxxxxxx 000 xx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, dispone que: “la administración pública se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”; El artículo 314 ibídem, dispone que: “el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y xx xxxxx, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la Ley”; Según este mismo artículo, “el Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, y dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, para lo cual establecerá su control y regulación”; El segundo inciso del artículo 316 de la Constitución de la República, determina que: “el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley”; El literal h) del artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, determina que: “el Estado promoverá un desarrollo logístico y de infraestructura, para lo cual generará las condiciones para promover la eficiencia del transporte marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de carácter multimodal”; Conforme lo prevé el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversio...
Marco jurídico. Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es de aplicación a todas las subvenciones otorgadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región xx Xxxxxx, aprueba el régimen jurídico de las subvenciones cuya gestión y otorgamiento corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región xx Xxxxxx. Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones dispone en el artículo 22.2.a), que podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. Por su parte, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región xx Xxxxxx, establece en el artículo 23.1 que únicamente podrán concederse subvenciones de forma directa en los casos previstos en el número 2 del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. Además, establece que los convenios serán el instrumento ordinario para conceder y regular las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Que la consignación presupuestaria 11.05.00.431C.78699 denominada “A la Asociación Columbares para alquiler de viviendas sociales” de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región xx Xxxxxx para el ejercicio 2018, recoge en el proyecto 42887, dotación financiera suficiente para los efectos económicos derivados de la formalización del presente Convenio.
Marco jurídico. El marco jurídico, y teniendo en cuenta que habrá que estar a lo que posteriormente desarrolle la legislación de la Comunidad Autónoma de la Región xx Xxxxxx, como órgano competente para legislar, viene dado por el Capítulo II, “Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna”, del Titulo III, que lleva por rúbrica “Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos”, constituido por los artículos 17 a 20, del TREBEP.
Marco jurídico. La República xx Xxxxxxx se atendrá a las disposiciones de la acción Común 2002/210/PESC relativa a la Misión de Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (MPUE), incluido su anexo sobre la relación de las tareas de la MPUE, adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 11 xx xxxxx de 2002, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artícu- los siguientes.
Marco jurídico. La contratación a la que se refiere el presente Xxxxxx se llevará a cabo en el marco jurídico estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que, constituyen complemento inseparable del presente Xxxxxx, asi como en todo lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Marco jurídico. Derecho de la Unión Derecho checo Primera cuestión prejudicial Sobre la segunda cuestión prejudicial Sobre la tercera cuestión prejudicial Sobre la cuarta cuestión prejudicial Sobre las cuestiones prejudiciales quinta y sexta
Marco jurídico. La siguiente normativa será de aplicación en el presente contrato: – Ley 50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro. – Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. – Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. – Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de Octubre, en cuanto al Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. – Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de responsabilidad Civil en la circulación de vehículos a motor. Asimismo, será de aplicación cualquier otra norma reguladora que durante la vigencia de la póliza venga a actualizar, ampliar o completar la presente normativa. Los aseguradores quedan sometidos al control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad del Estado español.