Posición de la Demandada. En la contestación de la demanda reformada la Demandada formuló la excepción de falta de jurisdicción y competencia. A tal efecto señaló que el Tribunal Arbitral no es competente para conocer de la demanda promovida por el concesionario CITI MÓVIL S.A contra TRANSMILENIO SA, por cuanto la reversión es una de las cláusulas excepcionales contempladas en la Ley 80 de 1993, artículos 14 y 19, en virtud de la cual a la finalización del contrato de concesión, los bienes afectos a ésta, pasan a ser de propiedad de la entidad contratante. Agrega que la reversión corresponde a una prerrogativa de la administración que utilizan las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual con el fin de cumplir los cometidos estatales por lo que su aplicación y legalidad sale de la competencia de los árbitros, siendo la jurisdicción de lo contencioso administrativo el foro llamado a conocer de estos asuntos. A tal efecto se refiere a la jurisprudencia sobre reversión en los contratos de concesión que se analiza en otro aparte de este Laudo. Así mismo, invoca la ley 1563 y señala que el laudo arbitral procede para resolver las controversias que se susciten a raíz de la celebración, desarrollo, ejecución interpretación y liquidación de contratos estatales, por lo que los demás asuntos, como la legalidad de las cláusulas excepcionales, salen de la órbita de dicha competencia. Expresa que de la jurisprudencia del Consejo de Estado resulta claro colegir que el Tribunal de Arbitramento no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de la cláusula de reversión, pues se estarían desconociendo las potestades de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de la legalidad de los actos de la administración. Igualmente en su contestación a la demanda afirmó que existe inepta demanda porque la Demandante no indica la obligación incumplida por Transmilenio y porque no se demandó la nulidad de las decisiones contenidas en los oficios 2015EE1139 del 22 de enero de 2015 y 2015EE7454 del 27 xx xxxxx del año 2015. En su alegato de conclusión la Demandada señaló igualmente que de conformidad con la cláusula 124 del Contrato de Concesión, el plazo para liquidarlo vencía el 30 de noviembre de 2015. Agrega que por acta del 30 de noviembre de 2015 las partes decidieron prorrogar el plazo de liquidación bilateral por un mes. Lo anterior en virtud del artículo 11 de la ley 1150 de 2007. Por lo anterior las partes suscribieron el Acta de Liquidación el 30 de diciembre d...
Posición de la Demandada. En su contestación a la demanda reformada TRANSMILENIO formuló la excepción que denominó “AUSENCIA DE SALVEDADES POR PARTE DEL CONCESIONARIO EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN 450 DE 2003”. A tal efecto señala la Demandada que cuando las partes del contrato estatal han llegado a un mutuo acuerdo para realizar la liquidación, esta debe quedar consolidada dentro un Acta, en donde las partes manifiestan las condiciones que se han presentado y por las cuales se permiten estar x xxx y salvo entre sí. No obstante, cuando las partes han plasmado salvedades dentro de esta Acta de Liquidación manifestando que frente a determinados aspectos no se encuentran x xxx y salvo con su contraparte, dejan abierta la posibilidad de acudir ante instancia judicial con el fin de dirimir ante un juez o árbitro, el asunto que fue objeto de salvedad. A tal efecto se refiere a la sentencia del Honorable Consejo de Estado, del 22 xx xxxxxx de 2013. Agrega la entidad Demandada que no toda observación que se contemple dentro del Acta de Liquidación bilateral del contrato puede ser entendida como salvedad que funja como sustento para acudir ante instancia judicial, toda vez que las salvedades deben cumplir con ciertos parámetros, a saber: la salvedad debe ser clara, específica y concreta. A tal propósito se refiere a la jurisprudencia del Consejo de Estado. A la luz de lo anterior señala que la observación consignada por parte de CITI MÓVIL dentro del acta de liquidación no cumple con los estándares consagrados por el Consejo de Estado para ser considerada como salvedad. Destaca que EL CONCESIONARIO en las páginas 82 a 89 del Acta de Liquidación bilateral del Contrato de Concesión No. 450 de 2003 realiza una serie de pronunciamientos sobre la institución jurídica de la reversión que enuncian desde el nacimiento de la misma, una discusión sobre la naturaleza de esta, para así culminar con citas de un Laudo Arbitral que nada tiene que ver con el objeto del contrato de Concesión No. 450 de 2003, como es el caso xxx xxxxx que finalizó el proceso arbitral convocado por Ciudad Limpia S.A. ESP contra la UAESP. Afirma que TRANSMILENIO a la fecha no tiene conocimiento de cuál es la obligación incumplida en torno al Contrato de Concesión 450 de 2003, pues en el Acta de Liquidación del citado contrato, suscrita de común acuerdo por las partes, NO fue incluido ningún incumplimiento del contrato que pueda endilgarse a TRANSMILENIO ni ninguna suma específica por indemnización alguna. Agr...
Posición de la Demandada. 139. La Demandada afirma que las Demandantes no pueden invocar la cláusula de NMF del Artículo IV(2) del Tratado para acceder a las cláusulas de resolución de controversias de otros TBI celebrados entre la Argentina y un tercer estado, por los motivos que se exponen a continuación: 140. En primer lugar, la Demandada aduce que las obligaciones establecidas en el Artículo X—de entablar negociaciones y someter la controversia a los tribunales locales durante 18 meses- son requisitos jurisdiccionales que no pueden derogarse ni ignorarse137. 141. En segundo lugar, la Demandada alega que el Artículo X forma parte de su oferta unilateral de arbitraje vigente138. Esa oferta unilateral debe ser aceptada por el inversor para que un acuerdo de arbitraje exista, y al aceptar la oferta, el inversor no está facultado a modificar los términos de aceptación139. El arbitraje se basa en un consenso, y si no se respetan las condiciones establecidas de la oferta de la Demandada, no puede considerarse que exista consentimiento al arbitraje140.
Posición de la Demandada. 56. La segunda excepción sobre competencia formulada por la Demandada se basa en el Artículo VI.3 del Tratado, que establece la obligación de respetar un período de espera de seis meses para someter a arbitraje una diferencia7.