Principio de subsidiariedad Cláusulas de Ejemplo

Principio de subsidiariedad. Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.

Principio de subsidiariedad. Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de obrar el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada. (…)” 00. Que el artículo 5° de la ley 1523 de 2012 dispone que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, sistema nacional, es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. 19. Que conforme lo anterior, son integrantes del sistema nacional: 1. Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión. 2.Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales.

Principio de subsidiariedad. La propuesta es competencia exclusiva de la Comunidad. Por consiguiente, no se aplica el principio de subsidiariedad.

Principio de subsidiariedad. Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.” 1. La autoridad de rango inferior, podrá acudir al apoyo de los recursos del Fondo de Gestión de Riesgo de la autoridad de rango superior, en el marco de los requisitos ya preestablecidos en el desarrollo del texto, tales como: la declaratoria de calamidad, el plan de acción especifico y a su vez, el contrato a celebrar este directamente relacionado con las actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las zonas en situación de calamidad publica (sic) declaradas. Siempre y cuando el primero, no cuente con los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o, cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante. 2. El Decreto de Retorno a la Normalidad, debe establecer cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de calamidad publica durante la ejecución de las tareas de rehabilitación, reconstrucción y la participación de la entidades públicas, privadas y comunitarias en las mismas. 3. En todo caso el término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá́ exceder de seis (6) meses. Se deduce que, cuando no se cumplan los anteriores presupuestos, se deberá contratar bajo el régimen de contratación de la administración pública establecido en la Ley 80 de 1993.”