ETB. Manifiesta que se vislumbra un interés de volver a una regulación y un mercado por servicios, situación que fue absolutamente reevaluada y derogada con la promulgación de la 1341 de 2009, para el bien xxx xxxxxxx y por supuesto del usuario.
ETB. Manifiesta que no resulta clara la disposición por varias razones que se enumeran a continuación:
1. En la Ley penal no existe un tipo que esté definido como tentativa de hurto, que finalmente es lo que se pretende dar a entender en la redacción de la norma. El hecho de atacar un “potencial hurto” constituiría una violación a la presunción de inocencia y un ataque a un proceso de mera planeación y no a una ejecución de una conducta punible. La afirmación presentada en el artículo anterior puede ser tomada como inconstitucional por interpretarse como una aceptación al derecho penal de actor y no de acto, prohibido en la legislación penal y constitucional colombiana.
2. De otro lado, frente al tipo penal de hurto los proveedores de redes y servicios de comunicaciones no tienen legitimación por activa frente a este proceso y bajo estas circunstancias, debido a que el sujeto pasivo y la victima de esta acción es el propietario del Equipo Terminal Móvil, es decir, el usuario y por ende este último sería el único que podría iniciar un proceso penal en contra de una persona presuntamente culpable de cometer el tipo penal de hurto.
3. En conclusión el hecho de agregar el término de “potencial hurto” no resulta claro ni congruente con la Ley penal y el resto del ordenamiento jurídico colombiano.
ETB. Señala que la propuesta no solo afecta los sistemas de información convencionales de la compañía sino que además impacta de manera directa el sistema ya configurado de facturación para llevar a cabo este tipo de procedimiento. Frente a los dos artículos previamente señalados se evidencia como se ha manifestado anteriormente que estas modificaciones afectarían de manera directa e inevitable la totalidad de los sistemas de atención a PQRs y por supuesto los sistemas de configuración que llevan mucho tiempo implementados y que cualquier modificación a los mismos generaría un incremento desproporcionado de los recursos técnicos, financieros y de estabilización. Por otro lado, no se encuentra un fundamento ni jurídico, ni procesal, ni regulatorio de esta modificación tan impactante para el sector, no solo por la reducción exagerada de los tiempos sino por el manejo que al final tendrá que efectuarse de cara al usuario.
ETB. Manifiesta en primera instancia que no se entiende por qué están divididos los contratos por servicios, esta situación genera grandes incertidumbres frente a la iniciativa, pues se podría pensar que el regulador quiere volver a la regulación por servicios, atentando directamente contra la convergencia, el empaquetamiento, la habilitación general y demás situaciones que en la actualidad generan ventajas para el usuario y el sector mismo, e incluso contrariando la Ley 1341 de 2009 que de manera directa y en pro del sector dejó atrás esta forma de regular. No se entiende cómo se pretende que los números de los contratos correspondan al número de sus líneas, pues en la actualidad ya se tiene un consecutivo definido y el hecho de modificar generaría otra implementación de un nuevo procedimiento, sin entender al final cuál es el objetivo de esta propuesta más allá que al usuario le parezca más fácil, cuando al final la línea también es una forma de llegar a la información de la relación contractual sin necesidad de recargar desproporcionadamente al proveedor. No resulta claro para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá cómo el mismo contrato puede establecer que el usuario debe exigir llevar directamente su petición a la SIC, cuando esta realidad atentaría contra el derecho del debido proceso contra las personas jurídicas, en este caso los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, pues el ordenamiento jurídico vigente señala que la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, puede sancionar de diferentes formas a sus vigiladas, y según esta propuesta sin que tenga la posibilidad de manera interna de revisar la decisión ya tomada frente a determinada PQR presentada por un usuario. Por otra parte, es de tener en cuenta que esta violación es manifiesta, pues el hecho de que una decisión empresarial no tenga recurso y que según la propuesta se hable de una “renuncia de la reposición” debe ser entendida y revisada desde la dogmática administrativa pues es claro que cuando se renuncia a un recurso xx Xxx se entiende que el acto administrativo, en este caso la decisión empresarial, queda en firme y ejecutoriada por lo que no sería posible la interposición de un recurso de apelación, conforme lo señala la Ley.