Common use of CONCLUSIONES Clause in Contracts

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado se evidencia una serie de aspectos que de forma clara, y que por no estar inmersos dentro de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la labor, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidos.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado En la sociedad de nuestros días, las empresas se evidencia ven cada vez con más frecuencia ante situaciones en las que deben dar una serie respuesta inmediata a necesidades imprevistas de aspectos que mano de forma claraobra. Estas situaciones se generan cada vez de manera amplia y afectan a sectores cada vez más numerosos. En consecuencia, y que por no estar inmersos dentro de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la labor, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que previsible que el recurso al contrato de trabajo “a demanda” se extienda rápidamente en nuestra sociedad en razón de la evolución de la coyuntura socioeconómica y de los requerimientos xxx xxxxxxx de trabajo. En este contexto, cabe preguntarse si la ley belga da respuesta suficiente mediante las modalidades contractuales vigentes a las necesidades que surgen pretenden cubrirse a través del contrato de trabajo “a demanda”. La respuesta no puede ser afirmativa, de manera que es preciso encontrar una solución jurídica que permita dar respuesta a las demandas reales de flexibilidad de los empresarios (en aras de una mayor competitividad nacional e internacional) y de los trabajadores, otorgando al mismo tiempo una protección adecuada a estos últimos frente a eventuales prácticas abusivas en la entidades públicas para utilización de esta modalidad contractual. Mediante la introducción de determinadas disposiciones legales que permitan disipar las incertidumbres jurídicas actualmente existentes, el desarrollo contrato de trabajo “a demanda” puede constituir una respuesta adecuada a las necesidades e intereses expuestos. Pero mientras estas disposiciones legales no se pongan en marcha, el empleador debe ser consciente de las incertidumbres jurídicas y de los riesgos vinculados a la utilización de esta figura contractual, sobre la que la jurisprudencia también se pronuncia de forma confusa y dubitativa. Para evitar en la medida de lo posible estas situaciones, es importante que el empleador realice una redacción detallada y cuidadosa del paíscontrato, asegurándose que esta fórmula es la que mejor se ajusta a sus necesidades estructurales en función de su actividad. La supervisión A este fin, el preámbulo del contrato estatal es una actividad debe describir con precisión los motivos legítimos y los intereses de gran importancia y eje fundamental las partes contratantes en la utilización de esta modalidad contractual. Una correcta redacción del preámbulo permitirá, en caso de ulterior litigio, interpretar correctamente cuál fue la voluntad de las partes en el desarrollo momento de la contratación, de manera que esta declaración de voluntad despliegue los efectos jurídicos pretendidos. Además, el contrato debe incluir también disposiciones de diversa naturaleza: la protección del país en base trabajador frente a una puesta a disposición permanente de sus servicios, las ventajas extralegales y la contratación públicaformación que le es ofrecida, su carrera profesional, etc. El problema radica fundamentalmente en Por todas estas razones, la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor modalidad del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento marco descrito en el desarrollo, menor calidad presente artículo constituye la mejor fórmula para formalizar el contrato de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar “a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosdemanda”.

CONCLUSIONES. Del La naturaleza de un servicio prestado por una persona en beneficio de otra, no puede ser catalogada a priori como laboral. La connotación de trabajador, se adquiere al ser analizados el contrato de trabajo realizado se evidencia una serie y la relación laboral, con sus elementos característicos y definitorios. Las nuevas formas de aspectos contratación surgidas con los avances tecnológicos, la crisis económica, la era de la automatización y la globalización, han hecho que la administración de forma clarajusticia, adopte nuevos postulados para resolver casos ambiguos y oscuros. Los criterios jurisprudenciales acertados y desacertados, hacen necesaria la presencia de normas que resuelvan las contiendas laborales contemporáneas, y que se han venido produciendo con la marcha de la evolución social. Creemos que es necesaria la unificación de criterios en torno a las concepciones: trabajador, contrato de trabajo, relación laboral, subordinación, dependencia y ajenidad, entre otras; al menos, en la Sala de Casación Social, con la pretendida intención de que no exista ambigüedad en torno a definiciones de vital importancia, que generan soluciones disímiles ante conflictos iguales; lo que nos conduce a pensar que la justicia no es ciega, sino que por no estar inmersos dentro el contrario observa y aprecia cuando mejor le parezca. En tal sentido, el derecho del trabajo debe expandirse para atraer a todas las categorías de trabajadores de una u otra manera dependientes, tanto los de la tradicional subordinación jurídica, técnica y económica, como aquéllos que realizan un trabajo individual, jurídicamente independiente pero económicamente dependiente. Siendo menester borrar la línea gris que divide ambos tipos de trabajo. Para debe examinarse las características del contrato de trabajo dependiente, identificando los indicadores tradicionales de la subordinación del trabajador, y se abordando a los cambios que la subordinación ha venido sufriendo, en razón de los procesos contractuales cambios que ha experimentado el sistema productivo. Siendo imposible ocultar el surgimiento de naturaleza pública nuevas modalidades de relaciones personales de trabajo, distintas del tipo clásico dependiente, que exigen nuevas normas de protección y regulación. En conclusión, las autoras consideran que: • Es conveniente superar conceptualmente la diferencia entre trabajo subordinado e independiente y buscar un derecho del trabajo que regule y proteja ambos tipos de trabajo. • Se hace urgente y necesario, regular la protección e incluir en ella categorías de trabajos y actividades sin limitarlos al concepto de subordinación jurídica, bastando la dependencia económica. • Es indispensable, adoptar una protección uniforme e indiscriminada para cumplir con que se cumpla el objetivo del derecho del trabajo de proteger por igual a todos los fines constitucionales y legalestrabajadores, ya que propugnar franjas de protección laboral, llevaría nuevamente a precarizar a muchos trabajadores que terminarían en las franjas de menos protección por razones de costos. (Bien común e interés general) surge la necesidad • Expansión del derecho del trabajo abordando a todas las categorías de trabajadores de una supervisión idónea por u otra manera dependientes, tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario los de la entidad pública quien realice la labortradicional subordinación jurídica, contando con criterios suficientes técnica y económica como aquéllos que realizan un trabajo individual, jurídicamente independiente, pero económicamente dependiente. • Propugnar el crecimiento de las fronteras territoriales del derecho del trabajo para llevar abarcar, como se ha dicho, al trabajo dependiente y al autónomo y a cabo todas sus variantes, en todos aquellos casos en que exista dependencia económica. • En definitiva, es menester, refundar el control Derecho del objeto contractualTrabajo, evidenciando para que los actos irregulares trabajadores hasta hoy desamparados, encuentren un fuerte asidero jurídico que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del paísles ampare legal y equitativamente. La supervisión justicia, lo requiere con prontitud. Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx (1979). Trabajo libre y trabajo dependiente. En: Estudios sobre Derecho individual de trabajo en homenaje al Prof. Xxxxx X. Xxxxxxx. Buenos Aires. Editorial Heliasta. Xxxxxxxxx, Xxxxxx (2002). Ámbito de Aplicación del contrato estatal es una actividad Derecho del Trabajo. Ponencia del Congreso Internacional de gran importancia Derecho del Trabajo y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión Seguridad Social. Caracas. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx (2001). Delimitación del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad Contrato de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosTrabajo.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado En resumen, se evidencia puede concluir que durante las últimas décadas la legislación europea y española, con ayuda de jurisprudencia y doctrina, han caminado lentamente, pero en la dirección adecuada hacia un marco de mayor certidumbre en la contratación del viaje combinado, a la vez que han aumentado la esfera de protección del consumidor, hechos estos que seguramente han contribuido de una serie manera determinante a la consolidación de aspectos este producto dentro del sector turístico. Y es que parece evidente que la clara delimitación de forma clararesponsabilidades, cargas, derechos y deberes que se ha alcanzado ha mejorado la posición de todas las partes implicadas. Por una parte, permite que las empresas intervinientes tanto en la elaboración y contratación del producto como en su ejecución, conozcan todos los riesgos que implica su participación en este negocio y de esta manera puedan realizar un correcto análisis económico sobre la conveniencia o no de llevarlo a cabo. Para el sector empresarial la certidumbre siempre supone un valor añadido y es por no estar inmersos dentro de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales esa razón por la que la estabilidad del actual marco regulatorio del viaje combinado permite elaborar y legales. (Bien común e interés general) surge ofertar viajes combinados sin la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario tener que incluir un factor-riesgo tan elevado. Al mismo tiempo, los consumidores pueden disfrutar de la entidad pública quien realice posibilidad de optar a productos turísticos como el viaje combinado, pero con las correspondientes garantías que en el seno de la labor, contando con criterios suficientes para llevar Unión Europea se pretende conceder a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor particulares como la parte más débil del contrato ya sea por acción u omisión es de consumo. Además, tienen a su alcance mecanismos de resolución de controversias más eficientes en la manera en que organizador y detallista, al conocer de manera más clara el ámbito de responsabilidad de cada uno, evitan en mayor medida eludir responsabilidades y dilatar los procesos de reclamaciones. Es más, en la práctica, agencias y touroperadores, al poder conocer de manera clara en qué supuestos tienen responsabilidad y hasta qué punto se extiende la misma, tratan de que estas reclamaciones no deriven en costosos procesos judiciales –tanto a nivel económico, como en términos de perjuicio de su imagen– a través de acuerdos con los consumidores consistentes en el ofrecimiento de servicios adicionales gratuitos, nuevos viajes en condiciones ventajosas, etc. En cualquier caso, conviene traer x xxxxxxxx nuevamente el hecho de que una clara violación al interés públicode las principales características de este tipo de productos turísticos sean las constantes innovaciones que suelen experimentar sus procesos de elaboración y contratación. El abanico normativo regulador Precisamente esta razón podría derivar en materia un futuro cercano en la proliferación de paquetes turísticos cada vez más complejos y heterogéneos, con métodos de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución distantes de los procesos y actuales, lo que podría acabar incluso por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca arrojar ciertas dudas sobre la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular pertenencia de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley reguladores de estos productos al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución ámbito de la contratación estatal y en específico de la supervisión consumo. Aunque respecto a este hecho cabe recordar que el propio XXXX se ha venido mostrando favorable a adoptar una concepción amplia del ámbito del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica de consumo, en tanto en cuanto permita aumentar el problemaradio de protección del consumidor a la mayor casuística posible, se hace un contexto incluyendo entre ellas las generadas por el desarrollo de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosnuevas tecnologías27.

CONCLUSIONES. Del A lo largo de este trabajo realizado se evidencia hemos presentado, de modo introductorio, los fundamentos del sector asegurador. Lo cierto es que socialmente existe un desconocimiento bastante generalizado de las interioridades del negocio y sus peculiaridades. En el ámbito personal, pese a haber estado auditando una serie gran compañía aseguradora durante casi ocho meses, antes de aspectos que la elaboración del trabajo tenia un vago conocimiento de forma claraalguno de los temas expuestos. Por este motivo, y en vistas a mi futuro desarrollo profesional, considero que la investigación realizada ha sido muy positiva para la comprensión y interiorización de algunos temas estudiados. Centrándonos ya en el contenido del trabajo, considero que hay ciertas ideas que nos deberían quedar muy claras: En primer lugar, el sector asegurador está sometido a un exhaustivo control por parte de las Entidades públicas. Este hecho responde, tal y como comentamos ya en la introducción, a que la actividad aseguradora cubre una de las necesidades básicas del ser humano: el sentimiento de protección. Por este motivo, la DGS, al velar por los intereses del ciudadano, impone a las aseguradoras el ejercicio de su actividad con la máxima prudencia posible, obligándola a provisionar cualquier factor que pudiera poner en peligro su liquidez o su estabilidad operativa. Por otro lado, tal y como hemos constatado, las Entidades Aseguradoras presentan muchas divergencias contables respecto a una empresa convencional. Tanto es así que incluso se rigen por un Plan General Contable distinto. No enumeraremos ahora todas las diferencias existentes, puesto que ya las hemos comentado con anterioridad. Debemos considerar también la operativa de las compañías aseguradoras, pues dista significativamente del funcionamiento de otras empresas: tras el cobro por adelantado de una prima, el importe de ésta se invierte en valores mobiliarios o inmuebles (cabe recordar que éstos representan una inversión material para una aseguradora, no estar inmersos dentro un inmovilizado fijo) con la finalidad de cubrir las citadas provisiones técnicas, rentabilizar al máximo los ingresos obtenidos por las primas y asegurar su solvencia para poder afrontar las indemnizaciones de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legalessiniestros ocurridos. En ningún otro sector (Bien común e interés generala excepción del bancario, claro) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la laborlas inversiones financieras tienen un peso tan importante. Por último, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, recordaremos que en resultado son armas utilizadas algunos casos las Entidades Aseguradoras se ven obligadas a efectuar coberturas con mucho riesgo (grandes infraestructuras, como por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en ejemplo un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otroshotel). En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre esta situación el tema esto debido a las cifras asegurador buscará métodos para compartir el riesgo. Así nacen el reaseguro y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidoscoaseguro.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado ❖ Al realizar el estudio de la normatividad se evidencia una serie que las mismas buscan poner a las empresas como entidades proponentes en igualdad de aspectos que condiciones a la hora de forma clara, y que por no estar inmersos dentro de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir realizar licitaciones con los fines constitucionales y legalesalguna entidad pública. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto ❖ Las empresas se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la labor, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener pueden ver afectadas teniendo en cuenta que las normas regulatorias son leyes ordinarias, las cuales pueden ser modificadas constantemente. Lo que afectaría algún proceso contractual. ❖ De acuerdo con el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés generaldecreto 4170 de 2011 se crea la agencia de contratación pública Colombia compra, la transparencia cual fue establecida para unificar la forma de contratación pública, está en su ejercicio como ente rector crea la página del SECOP en la cual todas las entidades públicas deben publicar sus ofertas de contratos. Lo que genera una amplia convocatoria a licitaciones disminuyendo así la posibilidad de que las empresas pequeñas puedan obtener la adjudicación de un contrato. ❖ Teniendo en cuenta la proliferación de normas que rigen la contratación pública en el distrito, las pequeñas empresas se ven afectadas por ello dado a que no contarían con un rublo destinado a una persona dedicada a la comprensión y aplicación de la normatividad. ❖ La normatividad de la contratación, existe una constante reforma lo que genera la aparición de nuevas leyes y decretos derogando artículos y normas anteriores lo que genera a las empresas una constante transición de norma a norma. ❖ La normatividad maneja una metodología y lenguaje muy legislativo lo cual puede presentar confusiones al momento de aplicar la norma ya que estas no cuentan con un lenguaje más entendible para los interesados. ❖ Los costos de constitución legal de una empresa constituyen una barrera económica para las MIPYMES que generalmente tienen escasos recursos. ❖ No existen políticas eficaces para la contratación pública de obras y servicios con micro y pequeñas empresas. ❖ La alta exigencia de requisitos y condiciones de difícil cumplimiento por parte de las MIPYMES para ser calificadas como postores hábiles en los procesos de selección, hace que su acceso se puede garantizar vea extremamente limitado. ❖ La exigencia de experiencia mínima, es difícil de alcanzar por las MIPYMES que generalmente, no tienen antecedentes. ❖ La normatividad se evidencia que las mismas buscan poner a las empresas como entidades proponentes en igualdad de condiciones a la hora de realizar licitaciones con alguna entidad pública. ❖ Las empresas se pueden ver afectadas por las múltiples herramientas jurídicas que concede la Leynormas regulatorias, que son usadas leyes ordinarias, las cuales pueden ser modificadas constantemente. Lo que afectaría algún proceso contractual. ❖ Con la creación del SECOP genera una amplia convocatoria a licitaciones, disminuyendo así la posibilidad de que las empresas pequeñas puedan obtener la adjudicación de un contrato. ❖ La normatividad se evidencia que las mismas buscan poner a las empresas como entidades proponentes en indebida forma para igualdad de condiciones a la hora de realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos licitaciones con los recursos destinados para dichos contratos alguna entidad pública. ❖ Las empresas se pueden ver afectadas por las normas regulatorias, que son leyes ordinarias, las cuales pueden ser modificadas constantemente. Lo que afectaría algún proceso contractual. ❖ Con la creación del SECOP genera una amplia convocatoria a licitaciones, disminuyendo así la posibilidad de que las empresas pequeñas puedan obtener la adjudicación de un contrato. ❖ La legislación actual carece de algún reglamento el cual avale la experiencia que una MIPYME pueda adquirir con un subcontrato ya que actualmente la experiencia del proyecto se otorga a la empresa contratante. ❖ Teniendo en cuenta la transición de normas que rigen la contratación pública en el distrito, las pequeñas empresas se ven afectadas ya que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es cuentan con un rubro destinado a una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base persona dedicada a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos comprensión y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia aplicación de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación normatividad. ❖ La normatividad de la norma para todos los funcionarios públicos contratación, está en constante reforma lo que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile genera la aparición de nuevas leyes y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal decretos, derogando artículos y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido generando a las cifras empresas una constante transición de norma a norma. ❖ La normatividad maneja una metodología y casos presentados en el país en corrupción, lenguaje muy legislativo lo cual puede presentar confusiones al momento de aplicar la solución es crear o modificar la Ley norma ya que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes estas no cuentan con un lenguaje más entendible para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidoslos interesados.

CONCLUSIONES. Del Una vez concluido el estudio del contrato de fletamento por viaje, es preciso establecer un conjunto de conclusiones sobre éste. El objetivo establecido en la introducción del trabajo realizado se evidencia una serie era analizar en profundidad el Contrato de aspectos Fletamento por viaje. Con esta investigación pretendíamos establecer diferencias entre la regulación recientemente derogada y la vigente, y con ello aclarar lo máximo posible la nueva normativa y concretar los propósitos perseguidos por ésta. Para ello, nos ha servido de apoyo el estudio de la normativa comunitaria aplicable a estas modalidades contractuales y, asimismo, hemos considerado interesante introducir el derecho comparado, al que reiteradamente hemos ido recurriendo a lo largo del trabajo. Para realizar la investigación hemos utilizado los apartados determinados en la introducción del trabajo que, creemos, abarcan en gran medida los diferentes extremos del contrato. La corta vigencia con la que cuenta la LNM, nos ha impedido analizar textos jurisprudenciales en la que ésta sea aplicable, de forma claramodo que las precisiones expuestas sobre esta ley son meramente teóricas. La primera precisión que debemos hacer, y que consta en cuerpo del trabajo, es el carácter eminentemente dispositivo de una gran parte del Derecho Marítimo, y que se manifiesta en la primacía de la autonomía de la voluntad para decidir los extremos que deben regir cada contrato de fletamento convenido entre partes contratantes. En cuanto a la definición del contrato de fletamento por viaje, consideramos interesante extraer las diferentes posiciones tanto doctrinales como normativas existentes en relación a la naturaleza del contrato de fletamento por viaje. Como bien hemos indicado, el contrato de fletamento por viaje puede ser entendido como mero contrato de transporte marítimo o bien incluir entre sus posibles utilidades una puesta a disposición del buque a favor del fletador con objetivos diversos y alejados de la naturaleza de transporte. Del mismo modo, esta doble consideración no estar inmersos dentro está contemplada en la mayor parte de los procesos países anglosajones y continentales, a excepción de países como Francia e Italia que incluyen en su normativa interna la referida distinción. Hemos considerado conveniente realizar una breve mención de las diferentes figuras existentes en el tráfico marítimo y que presentan una cierta relación y similitud con la figura del fletamento por viaje. Para ello hemos recurrido al contrato de arrendamiento de buque, al de fletamento por tiempo y al de transporte internacional de mercancías en régimen de conocimiento de embarque. En las dos primeras modalidades contractuales el fletador o arrendatario, posee un peso mayor en el contrato ya que tiene encomendadas funciones de naturaleza pública para cumplir gestión en el buque, a diferencia del fletador en el contrato de fletamento por viaje, que actúa como cargador y receptor, en su caso, con las obligaciones inherentes a tal posición contractual. En relación con la tercera figura mencionada, la principal diferencia entre ambos contratos recae en el trayecto que suelen realizar los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de buques sometidos a una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la laboru otra modalidad, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando ya que los actos irregulares que comete buques en régimen de conocimiento de embarque suelen realizar rutas regulares, a diferencia de los buques bajo el llamado supervisor del contrato ya sea régimen de fletamento por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Leyviaje, que son usadas en indebida forma para considerados comúnmente como buques tramps o vagabundos al no realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente rutas concretas o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosuniformes.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado Se ha observado que las fuentes de agua están propensas a ser contaminadas por las actividades de pastoreo y actividades agrícolas que realiza la población del lugar, por lo que sería conveniente instalar cercos perimétricos para proteger las captaciones de agua. - En su mayoría, las estructuras de las captaciones se evidencia encuentran deterioradas, lo que provoca una serie operación inadecuada del sistema. Sería conveniente, que las autoridades a cargo de aspectos la jurisdicción de cada uno de los lugares donde se ubican las Fuentes de agua, realicen trabajos para la mejora de estas, por lo que se recomienda dialogar con cada una de las autoridades para proponer medidas de reparación, operación y mantenimiento de la infraestructura. - Según las entrevistas realizadas a los pobladores, en su mayoría, opinan que hay debilidad en las organizaciones lo que impide que se realice una operación y mantenimiento adecuado de las fuentes de agua, por lo que sería conveniente, como se menciona en el párrafo anterior, fortalecer las unidades de gestión de estos sistemas en coordinación con los gobiernos locales. mediante mecanismos de participación realizar reuniones con las autoridades locales y las organizaciones de los distritos para encontrar soluciones al problema de debilidad institucional para la gestión operativa de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. - Se han encontrado altos contenidos de Coliformes Fecales y Coliformes Totales; la sola presencia de estos microorganismos en el agua es indicador cualitativo de contaminación, por lo que aun las aguas con niveles bajos de coliformes son consideradas contaminadas; sin embargo, cuando aumenta la presencia de coliformes en el agua, aumenta también la probabilidad de que esta contenga algún microorganismo patógeno. Los resultados de los análisis revelan una contaminación casi generalizada de estos microorganismos. - Los altos niveles de contaminación de origen fecal hacen necesario un estricto control de la calidad microbiológica del agua. - En los resultados que se obtuvieron de las muestras tomadas en Apurímac y Cusco solo en los xxxx de Tambobamba y Xxxxx Xxxxx hay presencia xx xxxxxx que sobrepasa los límites máximos permisibles por la OMS y el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. Nº 031-2010- S.A.; esto se sustenta debido a que en la zona de Tambobamba existe yacimientos de óxido xx xxxxxx, y en el caso del río Xxxxx Xxxxx, hay presencia de minería polimetálica en la cabecera xx xxxxxx. - De acuerdo a los datos y niveles encontrados de metales pesados (hierro) en los puntos de monitoreo correspondientes al Río Xxxxx Xxxxx en Cusco y Río Tambobamba en Apurímac; los cuales en concentraciones superiores a los valores límites, actúan como contaminantes, por lo que si su uso fuera para el abastecimiento de la población como fuente de agua no estaría siendo apta de forma claradirecta, debido a que sobrepasan los valores límites establecidos por el Reglamento de la Calidad de Agua para consumo Humano y los valores referenciales sugeridos por la OMS, siendo necesario su tratamiento. - En todos los resultados del monitoreo realizado en distritos de Chumbivilcas y Cotabambas no se ha encontrado presencia de pesticidas, esto se debe a que las fuentes de agua se encuentran por no estar inmersos dentro encima de las zona agrícola, solo en el caso de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales xxxx Tambobamba y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea Xxxxx Xxxxx se encuentra por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario debajo de la entidad pública quien realice zona agrícola, pero no se ha encontrado ningún valor detectable, lo que sugiere indicar que pese a que se encontraban en época de siembra no lo usaban en mayor cantidad que la labornecesaria. - De acuerdo al Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres de Apurímac, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es muestra como una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estadolas posibles causas de contaminación de la magnitud de la explotación, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés generalvolumen xx xxxx extraída, la transparencia no las descargas de agua contaminada; las comunidades, personas y sus actividades agrícolas se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Leyponen en riesgo, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse impactos de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia las operaciones de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existenteempresa minera, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto cuya influencia alcanzaría no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido sólo a las cifras poblaciones alrededor de esta, sino también a las poblaciones próximas (Cotabambas: Challhuahuacho, Tambobamba y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosHaquira).

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado Como primera conclusión se evidencia tiene que una serie de aspectos las características fundamentales del contrato de prestación de servicios es la independencia del contratista. Éste no se encuentra subordinado a la administración, ni ve tampoco limitada su voluntad con ocasión del contrato suscrito. Por ello, un contrato de prestación de servicios que gire en torno a un objeto que implique la subordinación del contratista a la administración no es en verdad un contrato de forma claraesa índole sino una relación laboral. La contratación de servicios personales y profesionales mediante vínculo distinto y opuesto y distinto al contrato laboral se ha convertido en estrategia adecuada para ahorrar las erogaciones correspondientes al pago de sueldos y prestaciones sociales. Con apoyo en los procesos de reestructuración de las entidades oficiales o por medio de las cooperativas la contratación ha logrado su apogeo en los dos últimos decenios. El origen de la proliferación indiscriminada abusiva que se hace en el sector público al igual que en la empresa privada del contrato de prestación de servicios u órdenes de prestación de servicios-OPS- parte de políticas globales; pero su fuerza radica en la ley, cuyo desarrollo y cumplida ejecución cumple a cabalidad la administración. Sólo la jurisprudencia y la doctrina en algunos casos, han servido de frenos para detener los efectos nocivos que causa la irregular contratación de prestación de servicios, de manera general sobre la función pública y en concreto sobre los derechos de los servidores del Estado. Los contratos de prestación de servicios en entidades públicas deben sujetarse a las condiciones fijadas por la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional para el ejercicio de funciones administrativas por particulares pues a través de ese tipo de actos no se puede llegar a desplazar la organización permanente de la administración pública. De allí que, entre otras cosas, se deba tener en cuenta el contenido de los artículos 123 y 210 superiores, de acuerdo con los cuales "La Ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio" y "Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley". De igual manera, se deben tener en cuenta tanto la Ley 489 de 1998, cuyo capítulo XVI regula el cumplimiento de funciones públicas por particulares, como la jurisprudencia sentada por esta Corporación fundamentalmente en las Sentencias C-094/03 C-702-99, C-866-99 y C-037-03. Sobre la base de examinar la normativa reguladora de la materia y la jurisprudencia que ha producido las altas cortes así como los doctrinantes interesados en el tema, ha quedado demostrado que es un hecho cierto, demostrado en las diversas sentencias que se dejaron plasmadas a lo largo del trabajo, que a la aparente reducción de las plantas de personal de las entidades estatales corresponde un aumento en la celebración de contratos de prestación de servicios para continuar con las actividades asignadas originando en muchos casos nóminas paralelas por la caída al aparato estatal. Este, mecanismo de la contratación de servicios personales se ha utilizado para suplir la falta de servidores públicos a quienes les correspondería, conforme a la ley, desempeñar las funciones asignadas a los entes públicos. La jurisprudencia de las altas cortes, salvo contados casos, ha puesto de presente, que ese desplazamiento de servidores públicos por contratistas de servicios personales es violatorio del ordenamiento jurídico superior. En especial de los derechos protectores de la actividad laboral. Su empleo permite eludir el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, lo cual se traduce en desmejoramiento de las condiciones económicas de los contratistas. Dado que sus cláusulas oficializas ingresos no correspondientes con la realidad, la cancelación de los aportes parafiscales se ve mermada, lo cual redunda en perjuicio para sus receptores- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Servicio Nacional de Aprendizaje, Cajas de Compensación, organismos, que por la bondad de los senados a. so cargo son ampliamente conocidos y de enorme utilidad para las ciases menos pudientes. Esa contratación de servicios empleada de manera irregular, atenta contra todos los principios orientadores de la función administrativa en un Estado social de derecho. Como quedó visto, coloca en calidad de marginales a los contratistas, porque su acceso a la función pública no corresponde al concurso de méritos ni a una selección objetiva, como lo prescribe la Caita Política, tanto para ingresar como servidores públicos o para la contratación estatal En esas condiciones, se ha convertido en lo usual evadir los sistemas de selección exigidos para la contratación estatal lo mismo que para el ingreso y permanencia en el sector oficial. Por la discrecionalidad en su celebración, el contrato de prestación de servicios es el vehículo por cuya virtud se oficializa y adquiere carta de ciudadanía el incumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que imponen la carrera administrativa para el ingreso y permanencia en la función pública. Esta distinción es muy importante en cuanto determina el alcance de la prohibición contenida en la regla de derecho demandada pues, como lo precisó la Corte en la Sentencia C-037-03, "ha de tenerse en cuenta el caso de aquellas personas que contratan con el Estado pero sin asumir el ejercicio de funciones públicas, dado que solamente en determinados casos la ejecución de un contrato implica su ejercicio en cuanto se asuman prerrogativas propias del poder público". Esto por cuanto "El servicio público se manifiesta esencialmente en prestaciones a los particulares", en tanto que "La función pública se manifiesta, a través de otros mecanismos que requieren de las potestades públicas y que significan en general ejercicio de la autoridad inherente del Estado". De ahí que "Solamente en el caso de que la prestación haga necesario el ejercicio por parte de ese particular de potestades inherentes al Estado, como por ejemplo, señalamiento de conductas, ejercicio de coerción, expedición de actos unilaterales, podrá considerarse que éste cumple en lo que se refiere a dichas potestades una función pública". En síntesis la celebración del contrato de prestación de servicios, como se emplea en la actualidad; desconoce el ordenamiento jurídico superior, en abstracto y concretamente en cuanto a los derechos de los contratistas., no obstante que la posición adoptada por el Consejo de Estado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, haya abierto la posibilidad a una respuesta contraria al anterior aserto. Además de acuerdo con los resultados obtenidos en la estrategia metodológica aplicada a los funcionarios de la Alcaldía de la ciudad de Manizales se pudo observar que frente a la pregunta sobre el conocimiento referente al tema de las nóminas paralelas, de acuerdo a los resultados obtenidos una gran mayoría afirmó conocer sobre el tema y su definición, el 23% contestó que desconoce sobre el tema y más aún si en la entidad puedan existir, el 11% omite la respuesta por desconocimiento, por no estar inmersos dentro comprometerse con la respuesta. Pero más aún resultó importante observar que del de esa gran mayoría que conoce sobre el tema de las nóminas paralelas y su origen en los procesos contractuales contratos de naturaleza pública para cumplir prestación de servicios, contestan sobre la clase de nóminas paralelas que la más usual es la xx xxxxx incorporación, pero argumentan que contestan basados en noticias o periódicos que han hablado de este tema con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario respecto a entidades de la entidad pública quien realice la laborsalud, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractualColpuertos, evidenciando Dragacol, entre otras. Un 35% afirman que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivoconocen sobre las nóminas paralelas xx xxxxx salario, es decir busca castigar aquellas en donde el hecho punible contratado o funcionario contratado por prestación de servicios resulta con doble sueldo o con uno como funcionario y otro como contratista, pero hay un rango que tener resulta interesante , es el que los resultados demuestran y es sobre el de ocultamiento de relación laboral, en cuenta donde se contrata por prestación de servicios profesionales aún aunque en la entidad exista la persona idónea para realizar la labor contratada, y esto se da con base en que debido a que el daño es causado al Estadocontrato de prestación de servicios se suscribe con el objeto de que sean atendidas actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de las entidades públicas, en muchas ocasiones la administración ha hecho uso de esa figura para encubrir verdaderas relaciones de trabajo y reducir los costos que representa la vinculación permanente de personal. A esta figura se le conoce popularmente como "nóminas paralelas" y representan un alto costo para las finanzas del Estado pues por medio de ella, recursos que deben ser destinados a la satisfacción de los cometidos estatales, se utilizan para la ampliación de la planta de personal y el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la incremento de los gastos de funcionamiento. AVALA CALDAS. Xxxxx Xxxxxxx. Elementos de derecho administrativo Colombiano. Bogotá: Doctrina y Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para 1994, XXXXXXX XXXX, Xxxx X. La administración inspectora. En: el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental derecho administrativo en el desarrollo umbral del país en base a la contratación públicasiglo XXI. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida Homenaje al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la normaprofesor Xxxxxx Xxxxx. Valencia, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operadorEspaña. Tiraut Lo Xxxxxx, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidos2000.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado se evidencia una serie Para lograr sus fines, Estado requiere de aspectos que de forma clara, y que por no estar inmersos dentro la colaboración voluntaria de los procesos particulares cuando compra, arrienda; contrata suministros, obras públicas, empréstitos, publicidad y propaganda, asistencia y servicios técnicos, mediante la celebración de contratos que debe regular el derecho administrativo. La regla general para la adjudicación de los contratos es mediante licitación pública a la que se convoque públicamente; mas, como toda regla, ésta tiene su excepción que permite la adjudicación por medio de licitación cerrada; y la excepción de la excepción consiste en la adjudicación directa de los contratos administrativos. De conformidad con la ética pública, el Estado debe procurar el bien común en beneficio de todos sus habitantes, lo cual predica el derecho humano a una buena administración pública la que, obviamente no puede ser buena si es corrupta. La corrupción en la administración pública encuentra nichos naturales entre los que destacan las áreas que tienen a su cargo la contratación de obra pública, de empréstitos públicos y de adquisición y arrendamiento de bienes muebles y de servicios, corrupción propiciada por la escasez y deficiencia de regulación y de control, así como por la ausencia de licitación o de mecanismos sucedáneos y excesiva discrecionalidad, que se advierte, por ejemplo, en el no exigir garantías seriedad en sus ofertas a quienes participan en las licitaciones de adjudicación de contratos administrativos; y la frecuente adjudicación directa de numerosos contratos administrativos, sin cumplir con la modesta normativa aplicable, que son, entre otras, añejas lacras pendientes de eliminar en el marco jurídico de los contratos administrativos y en la praxis de su aplicación. Para la adjudicación de contratos administrativos mediante licitación cerrada, debiera contarse con un sistematizado padrón de proveedores y contratistas, clasificados por materias y capacidad financiera, en los que sólo estuvieran registrados los que acreditasen a cabalidad solvencia moral, técnica y económica, de suerte que pueda procederse a la adjudicación mediante sorteo entre los que sean aptos en cada caso. En tanto que para la adjudicación directa, se debe determinar el precio del contrato mediante análisis cuidadoso de costos para evitar que la utilidad del proveedor o contratista sea excesiva. La normativa de la contratación administrativa debe exigir las garantías que aseguren tanto la suscripción del contrato respectivo por el oferente que resulte ganador de la licitación, como el cumplimiento de las obligaciones contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legalesco-contrantes. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la labor, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés generalAsociación Civil En fin, la normativa de referencia debe asegurar la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca equidad en los primeros lugares con el mayor índice procesos de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala adjudicación y ejecución de los procesos contratos administrativos, y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de establecer sanciones enérgicas para los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosinfractores.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado La rentabilidad del negocio en ambos escenarios puede considerarse suficiente teniendo en cuenta los tipos de intereses actuales, por lo que sería viable el negocio a partir del escenario descrito. El VAN y el TIR tienen un valor meramente orientativo y no pueden tomarse como valores que necesariamente vayan a conseguirse por la concesionaria. La explotación del Quiosco como bar o bar-cafetería será siempre a su propio riesgo y ventura, no quedando el Ayuntamiento a garantizar ninguna rentabilidad mínima de la misma. Desde el Departamento de Urbanismo Disciplina y Gestión de este Ayuntamiento se evidencia una serie ha valorado el canon a pagar por la concesión del uso privativo del Quiosco, en función del valor estimado del inmueble, siendo el canon aplicable para la explotación como Quiosco-Bar de aspectos que de forma clara3.211,80 €, y como Bar-Cafetería de 5.911,80 €. En base a lo preceptuado en el artículo 93.4 de la LPAP: “Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio. No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad , la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla” Y como esta concesión estaría sujeta a las condiciones enumeradas en el punto tercero del área de negocio y valoradas económicamente en11.236,40 €, y siendo el beneficio obtenido para el primer año por no estar inmersos dentro la explotación del Quiosco-Bar de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legales. 676,28 € (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea escenario 1), concluimos por tanto se debe estipular que esta concesión debería llevar implícita la obligación de forma clara efectuar el pago de canon a favor del Ayuntamiento, por un importe no superior a 600,00 €, para que el proyecto empresarial genere utilidad económica, siendo para este escenario primero de 76,28 €. Si el emprendedor opta por el escenario segundo, explotar el quiosco como Bar- Cafetería, el canon aplicable aumentará en la selección del funcionario misma proporción que el canon estimado en el Informe de la entidad pública quien realice la labor, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia Urbanismo Disciplina y Gestión de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivoeste Ayuntamiento, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estadoun 84%, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del paísresultando un canon de 1.104,00 €. La supervisión del contrato estatal Página web xxx.xxxxxxxxxxx.xx BD8B2AED5CA200415E73 Este documento es una actividad copia en papel de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación públicaun documento electrónico. El problema radica fundamentalmente original podrá verificarse en la violación del principio xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx. Firmado por La Directora Técnica de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con Desarrollo LOSADA MANZANO FRANCISCA el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidos.9/3/2016

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado A partir del análisis de la Carrera Administrativa en Colombia, desde sus posibles orígenes, es de reconocer que se evidencia una serie de aspectos que de forma clara, ha adelantado mucho y que por no estar inmersos dentro son muchos los defectos que han sido eliminados, en beneficio de los procesos contractuales intereses del Estado y de naturaleza pública los ciudadanos que se avienen a trabajar para cumplir con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario el mismo, en distintos cargos de la entidad pública quien realice Administración Pública. No obsta lo anterior para reconocer que ha faltado voluntad política para depurar la laborcarrera administrativa, contando con criterios suficientes quizá porque no se ha roto aún el cordón umbilical que la une a la práctica política, la cual genera intereses particulares y escinde, por lo general, procesos que, como la Carrera Administrativa, debieran ser prenda de garantía para llevar a cabo quienes militan en ella, en una abierta muestra de que el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete Estado sienta el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador ejemplo en materia de contratación estatalgarantías laborales. Las convocatorias, Colombia presenta ciertamente, serían un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que excelente mecanismo si se aplicaran con total transparencia y celeridad. Es de tener en cuenta que la imagen que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución ciudadano tiene de los procesos en manos del Estado no son los mejores y siempre es proclive a pensar que dentro de ellos existe siempre la premeditación malsana y la acción dolosa o por existir una norma flexible lo menos no del todo transparente. Ahora bien, los efectos son nocivos para Estado y para profesionales o trabajadores calificados que da campo al actuar amplio se abstienen de presentarse a las convocatorias, amparados en la convicción, fundada o no, de que esos procesos no son imparciales y que van a perder su tiempo y esfuerzo, porque existe la predestinación de cargos y que sólo un bajo porcentaje de los supervisores participantes tendrá acceso a una justa selección. Así las cosas, tanto el Estado como el posible aspirante se ven perjudicados, el primero, por privarse de un posible excelente funcionario y el segundo, porque ve bloqueada la posibilidad de acceder aun excelente cargo público. Considera el autor de este trabajo que las convocatorias, cualquiera sea su objetivo específico, deben ser objeto de seguimiento por la Procuraduría General de la Nación que además del control disciplinario que ejerce sobre los funcionarios verifique que todos los que intervengan en el proceso le den la aplicación a las normas existentes, de manera que ningún trabajador o aspirante a ingresar al servicio del Estado, pueda verse afectado por excesos u omisiones malsanas o desprevenidas, dado que los efectos nocivos de una y otra son sumamente parecidos. Respecto de la convocatoria 001 de 2005, la información aquí contenida muestra que, efectivamente, hay quienes no se hallan totalmente satisfechos con los resultados obtenidos. Pero, más allá de ese fenómeno, lo que debe preocupar al Estado es la depuración de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en procesos, para que trabajar para el principio Estado deje de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia ser una utopía, para unos, y un estigma para otros, como producto de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas relativamente poca transparencia que se utilizan como armas para la terminación dan en los procesos de forma irregular selección de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosservidores públicos.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado se evidencia una serie Las rocas aflorantes del complejo migmatítico xxx Xxxx y de aspectos que la formación Roraima y los depósitos aluviales y coluviales en la zona de forma claraestudio, forman un interesante ambiente geológico, potencialmente contenedor de un buen número de minerales y que por no estar inmersos dentro elementos económicamente explotables. - El escaso conocimiento geológico de los procesos contractuales yacimientos minerales en la región y la falta de naturaleza pública para cumplir estudios de beneficio y comercialización de los mismos, han imposibilitado la explotación de minerales de alto valor económico. - En la explotación aurífera de aluvión se pudo observar que se viene realizando en una marco jurídico de carácter ilegal, con técnicas y equipos que producen baja recuperación de oro y efectos negativos sobre los fines constitucionales ecosistemas. - Aunque los efectos ambientales por la explotación de los placeres auríferos no son tan notables, si son acumulativos y legalessus impactos a mediano y largo plazo pueden ser irreversibles e irrecuperables las condiciones naturales del medio. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario - Existe desconocimiento de la entidad pública quien realice oferta y demanda ambiental, a nivel acuático y subacuático y por lo tanto es imposible la laborcuantificación real de los impactos sobre estos componentes. - Los depósitos de oro aluvial están medianamente explotados y las cuencas aún tienen grandes reservas de oro; por lo tanto las expectativas de explotación a corto y mediano plazo son de incremento en los volúmenes de extracción, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractualno solo en los xxxx Guainía e Inírida, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés públicosino en sus afluentes aún no prospectados. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen - La minería en la entidades públicas región de estudio es el renglón económico más importante y su influencia en la economía departamental la convierte en un factor preponderante de sus ingresos, dinamizando las actividades del comercio y el transporte. - Todas las licencias especiales otorgadas en zonas mineras indígenas, presentan vencimiento de términos y la no presentación de los informes finales de exploración y los planes de trabajo e inversión, pueden acarrear multas y cancelación de las mismas. - Las medidas que se han implementado para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia resolver los problemas ambientales y eje fundamental jurídicos en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia ejercicio de la supervisión del contrato estatal en Colombia actividad minera, han sido más de carácter restrictivo y policial que asistencial y educativas, sin permitir la problemática existentesensibilización, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad conciencia y posición de supervisión, se desglosan cada actor frente a las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosvariables mineras.

CONCLUSIONES. Del De acuerdo con las etapas desarrolladas en el marco de trabajo realizado se evidencia una serie de aspectos esta consultoría las siguientes son las conclusiones más relevantes: • Es indispensable para la Oficina TIC del Ministerio el diseño del PETIC para establecer el diagnóstico de la situación actual de información, así como la arquitectura empresarial, en respuesta a las facultades estratégicas que le otorga el Decreto 3570 de forma clara2011. • Los constantes cambios y transformaciones institucionales en las entidades del estado han generado traumatismos al interior de los nuevos ministerios creados, por la fragilidad de sus procesos y de su modelo de gobierno y de arquitectura tecnológica. • El MADS es la cabeza de un sector de alta complejidad institucional, y que demanda y produce grandes cantidades de información ambiental, pero también económica y social. Esta complejidad se da por no estar inmersos dentro un sistema de gestión y administración de los procesos contractuales recursos naturales descentralizados, involucrando múltiples entidades de naturaleza pública para cumplir orden nacional concentradas cada una en un tema específico. Y son las entidades, en particular el IDEAM, a quienes se les asigna la responsabilidad de desarrollar y administrar los sistemas de información ambiental, y a las CAR la obligación de proveer la información a estos institutos y velar por la implementación de la política nacional ambiental. • Actualmente cada dirección del Ministerio ha invertido esfuerzos en el diseño de sistemas especializados y administra su propia información y sus recursos, esta labor la realizan con en conjunto con los fines constitucionales institutos que realizan investigación y legalesdesarrollos tecnológicos, para satisfacen necesidades particulares, pero no existe un modelo integrado de memoria institucional, que genere información coherente para el sector. • El MADS tiene una gran responsabilidad y dependencia del SIAC -Sistema de Información Ambiental de Colombia-, sin embargo, o La información que lo alimenta es provista por un gran número de entidades: Entidades adscritas (Bien común e interés generalIDEAM, FONAM), entidades vinculadas (INVEMAR, XXXXXX, IIAP, IAVH), y Unidades Administrativas Especiales (Sistema de Parques Nacionales, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las Corporaciones Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales Urbanas quienes son las encargadas de ejecutar la política ambiental) surge y o Existe un sinnúmero de políticas y normas que rigen el sector Lo anterior, lo constituye en un sector complejo, lo que dificulta el adecuado control sobre la necesidad oportunidad y calidad de su información. • El modelo de información responde a necesidades coyunturales pero no está diseñado para responder estructuralmente a la estrategia del MADS. • Existe un número considerable de normas asociadas con información, las cuales establecen las responsabilidades de las diferentes entidades en este aspecto, pero no existe una supervisión idónea por tanto se debe estipular norma única que integre las obligaciones referentes a su acceso y a las necesidades de forma clara información del MADS. • El MADS no cuenta con un modelo de gobierno para la selección del funcionario administración y el manejo de la entidad pública quien realice información (entradas, salidas y decisiones). • La infraestructura física y la labortecnológica actual no soporta adecuadamente los requerimientos del MADS, contando con criterios suficientes para llevar debido a cabo el control del objeto contractualque no hay un conocimiento completo de la situación actual y dicha infraestructura no ha sido adquirida como respuesta a un análisis integral de necesidades que asegure la funcionalidad, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés públicocompatibilidad y escalabilidad de dichas adquisiciones. El abanico normativo regulador en materia • En todo lo referente a la generación de contratación estatalpolíticas de ordenamiento ambiental, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta que el daño es causado al Estadonormas y estatutos, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés generalMinisterio solo cuenta con herramientas de Ofimática, lo cual implica un esfuerzo adicional para la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia gestión de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosinformación requerida.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado ✓ En el presente estudio se evidencia una serie consideran varias posibilidades de aspectos gas asociado a explotaciones de carbón subterránea simultáneamente: para CBM (CMM pre- drenaje), en zonas donde no ha llegado la minería; CMM, en zonas donde se está desarrollando la minería; VAM en zonas con altos contenidos de gas y buena infraestructura de ventilación. y GOB HOLES en zonas donde ya se hizo la explotación. ✓ Un proyecto piloto de CMM exitoso tendría un efecto tripartito al drenar el gas y evitar los accidentes, al producir energía y al reducir las emisiones de metano a la atmosfera. ✓ A fin de apoyar la naciente industria del CBM-CMM se requiere incentivos que ayuden a amortiguar los altos costos iníciales de forma estos proyectos. Esos incentivos podrían ir desde reducción de impuestos hasta depreciación de equipos y prioridad en el mercado del gas. Un incentivo importante es la legislación clara, que establezca que las compañías mineras no solamente utilizar el gas para su beneficio (autoconsumo), sino también comercializarlo con venta directa o en forma de energía ✓ La seguridad de las labores mineras subterráneas en Colombia está reglamentada por el Decreto No 1886 de 2015; por primera vez se define en un decreto el tema de la recuperación de gas metano como medida preventiva para evitar accidentes que puedan ser ocasionados por acumulación del gas al interior de las labores mineras subterráneas. Sin embargo, hace falta reglamentar las condiciones en las cuales se debería recuperar el gas metano, las técnicas que se deberán autorizar para recuperar el gas en condiciones seguras, la capacitación que deberá tener el personal que realice estas labores, de acuerdo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), los incentivos que se otorgarán para proyectos que recuperen el gas, el uso final que se dará al gas recuperado, entre otros aspectos. Sin una reglamentación clara los inversionistas no se sentirían animados ni confiados a invertir. ✓ La información de carácter económico respecto a proyectos de explotación de metano en el país es escasa, básicamente por que no estar inmersos existen proyectos que se encuentren operando; el tema lo lidera la empresa Xxxxxxxx quien recientemente recibió por parte del gobierno nacional la licencia para explotar gas metano en el departamento xx Xxxxx. ✓ Para el cálculo de reservas, en Colombia ya se ha utilizado el método de GIP y por su fácil uso, se sugiere que se utilice la versión sencilla en etapas preliminares de la exploración, especialmente si no se conocen valores de permeabilidad y saturación. ✓ Tanto el USGS como el Servicio Geológico Colombiano coinciden en el método empleado para determinar los recursos y reservas de gas metano en un yacimiento de carbón; parten de la base de determinación de gas in place en núcleos de perforación, mediante ensayos de desorción de metano y su proyección al carbón utilizando una fórmula aplicada a la reserva base de mineral. Sin embargo, no tienen en cuenta características del yacimiento tales como la permeabilidad, la saturación del gas, composición del gas, los cuales son cruciales para identificación de áreas adecuadas para el desarrollo de proyectos de recuperación de metano. Consecuencia de lo anterior, las reservas calculadas para Colombia por el Servicio Geológico Colombiano pasarían a ser recursos si se evalúan por métodos de mayor aceptación a nivel internacional como el PRMS. ✓ El método PRMS se sugiere como el estándar para el cálculo de reservas de gas asociado en Colombia. ✓ De la metodología China para el cálculo de reservas se rescata la clasificación que utilizan para la complejidad estructural y estratigráfica ya que ayudaría a disminuir la incertidumbre. ✓ El drenaje previo de las zonas mineras o CBM reduce costos en el sistema de ventilación y evita emisiones de metano a la atmosfera, para su aplicación se requieren condiciones adecuadas de permeabilidad del reservorio, sobrepresión del reservorio y madurez termal con un rango del carbón no menor a bituminoso alto volátil A para asegurar buenos contenidos de gas. ✓ Al igual que en México, las empresas petroleras no se han interesado en el CBM-CMM, por esto se debería legislar para que las empresas mineras puedan, mediante incentivos, explotar, producir energía y comercializar el gas asociado al carbón. ✓ Los países productores de carbón tienen en su legislación, reglamentación respecto a la recuperación del metano y las condiciones en las cuales esta se debe dar; Colombia es una de las excepciones debido a que el tema no se ha abordado con el suficiente compromiso y no ha tenido el liderazgo efectivo para el desarrollo y aprobación de dicha normatividad. Se hace necesario crear mecanismos de incentivos para poder desarrollar tecnologías adecuadas a los yacimientos colombianos para la recuperación de metano por temas fundamentalmente de seguridad de las labores subterráneas y por compromisos de mitigar las emisiones contaminantes producidas por la emisión de metano directamente a la atmósfera. ✓ Polonia es uno de los países que más desarrollo tecnológico tiene respecto a la recuperación de metano como CMM que son las que presentan mayores concentraciones de metano. El gas recuperado es empleado para la generación de energía eléctrica, calefacción, motores a gas y apoyo a procesos industriales, en condiciones económicas favorables, generando valor agregado a la explotación del carbón. También se recupera gas gob, gas de AMM y VAM. La recuperación del metano está apoyada por mecanismos de subsidios y compensaciones que mejoran la competitividad económica del proceso. ✓ En Polonia sin la recuperación del metano mediante sistemas de drenaje no sería posible la explotación segura del carbón, especialmente en las ubicadas en la parte alta de Silesia, ya que solamente la ventilación no es suficiente para realizar una explotación segura del carbón; en esta zona los sistemas de ventilación son inseparables de los sistemas de recuperación de metano. El apoyo decidido del gobierno polaco en el establecimiento de incentivos para captar, procesar y comercializar el gas ha sido una ventaja importante para que esta operación sea competitiva frente a las condiciones xxx xxxxxxx de gas. ✓ Para la desgasificación del gas asociado al carbón en Socotá (Boyacá), se recomienda hacer drenaje previo a la minería (CBM). Durante la explotación minera se recomiendan perforaciones horizontales (CMM) dentro de la mina para drenar aún más las zonas donde pronto se explotara el carbón. Para las zonas explotadas (derrumbadas) donde ya se explotó el carbón, pero que aportan mucho gas y representan un riesgo, se recomienda pozos GOB. ✓ En el área xx Xxxxxxxx –Sutatausa, se recomienda, capturar el metano que es evacuado por los procesos contractuales circuitos de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad ventilación de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la laborlas minas subterráneas, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivoconsideradas como grisutosa, es decir busca castigar mediante el hecho punible pero hay aprovechamiento del metano en el sistema de ventilación VAM. Cabe anotar que es una tecnología difícil de desarrollar y costosa, por esta razón es necesario contar con incentivos económicos. Este método puede ser complementado con pre-drenaje y con pozos verticales en las zonas vírgenes del área minera. ✓ En Colombia se debe considerar hacer drenaje previo (CBM-CMM predrenaje) porque a medida que la minas se profundizan, aumentan los costos de ventilación, lo que conlleva serias implicaciones económicas por el aumento del costo de la energía, por el aumento del riesgo y por la pérdida de producción. ✓ Para el área xx Xxxxxxxx, se recomienda involucrar los contratos de concesión No 2505 y 867T, donde se debe desarrollar un proyecto piloto para recuperación de metano CBM, con técnicas de pre-drenaje, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de los 1170 trabajadores que laboran en los dos contratos y para mitigar el impacto de emisión de metano de las 45.000 toneladas mensuales que se producen. Para ello se requiere realizar una campaña de perforación que incluya entre tres y cinco perforaciones con el fin de identificar saturación del gas, permeabilidad, cantidad de gas, isótopos y análisis petrográfico de los carbones. Simultáneamente se puede desarrollar CMM y VAM. ✓ En Colombia, bajo las actuales circunstancias, la zona más favorable para el aprovechamiento del metano asociado al carbón en explotaciones bajo tierra y para la puesta en marcha de un proyecto piloto es Cundinamarca, especialmente el área xx Xxxxxxxx por los contenidos de gas reportados, por el número y espesor de mantos y por la organización empresarial. Las otras zonas aunque tienen algunas condiciones favorables, necesitan desarrollar minería a nivel de mediana minería y tener en cuenta una mejor organización empresarial y técnica. ✓ La falta de información sobre algunas variables como permeabilidad y saturación indican que el daño es causado gas asociado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas carbón que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados ha cuantificado en el país en corrupción, no corresponde a reservas sino a recursos porque no se recolectó la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes suficiente información para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos se puedan considerar comercializables y procedimientos claramente definidospor lo tanto poder llamarlos reservas. ✓ Algunas de las variables necesarias para elevar dichos recursos al rango de reservas (saturación, contenido de gas y permeabilidad) solo se pueden calcular durante las perforaciones, por lo tanto no hay forma de ajustar dichos recursos y en su mayoría se les debe reconocer como recursos prospectivos según la metodología PRMS.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado se evidencia De la interrelación de diversos ordenamientos jurídicos surgen problemas en su interpretación y aplicación, por tanto, la normatividad aplicable a la obra pública es muy pretenciosa, ya que tiene como objeto regular una serie actividad muy casuística mediante el establecimiento de aspectos diversos supuestos jurídicos. Es por ello que la resolución de forma clarasituaciones imponderables siempre deberá estar sujeta a la legislación aplicable, principalmente con la finalidad de evitar observaciones y responsabilidades administrativas. Una adecuada planeación y programación son la base para una debida construcción. Se debe considerar en todo momento que por no estar inmersos dentro de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad exitosa ejecución de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario obra pública o de la entidad pública quien realice prestación de servicios relacionados con éstas, depende de la laborsuma de factores que deben acumularse en sentido positivo a lo largo del desarrollo de la contratación, contando es decir, no sólo se requiere de un proyecto exitoso sino de una ejecución adecuada. Es necesario que la investigación xx xxxxxxx se integre debidamente para justificar que en el procedimiento de contratación se están garantizando las mejores condiciones para el Estado. Los criterios en los que se funde el procedimiento de contratación, ya sea licitación pública, adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas deben estar desarrollados conforme a los conceptos previstos por el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con criterios suficientes para llevar a cabo las Mismas. Se propone que en reformas ulteriores se requiera al residente y supervisor de una obra pública, previa especialización en las diversas materias que participan en el control objeto de contratación. Es preciso que en todo momento durante el desarrollo del objeto contractualprocedimiento de contratación se observe lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, evidenciando con la finalidad de que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés públicoadministrativos tengan plena validez. El abanico normativo regulador Las disposiciones de la normatividad aplicable en materia de contratación estatalobras públicas no son de aplicación casuística sino de observancia general (Dura lex sed lex). En la resolución de controversias siempre debe considerarse el punto de vista normativo, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay ya que tener las necesidades técnicas deben encuadrarse en cuenta que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar normatividad aplicable en materia de obras públicas y servicios relacionados con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que mismas y no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del paísviceversa. La supervisión del contrato estatal es una actividad debida previsión de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre aplicable en materia de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado obras públicas colabora a prevenir observaciones en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosauditoría.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado Con relación al derecho colombiano, conviene precisar los siguientes en torno del contrato de joint venture: 1. El contrato de joint venture es un negocio jurídico contemporáneo, cuyo origen se evidencia una serie remonta al derecho anglosajón (inglés y norteamericano), mediante el cual varias personas naturales y/o jurídicas aportan bienes muebles, inmuebles o propiedad intelectual, con el propósito de aspectos que desarrollar un proyecto en común durante un tiempo determinado y repartirse los beneficios o utilidades al finalizar la actividad, compartiendo asimismo los riesgos inherentes a la operación conjunta. 2. El contrato de forma clarajoint venture es un contrato mercantil, de colaboración empresarial, atípico, innominado, consensual, de ejecución sucesiva, oneroso, bilateral o plurilateral, y que por no estar inmersos dentro se ha trasplantado a nuestro sistema contractual interno para el desarrollo de diversas actividades y operaciones mercantiles. 3. El contrato de joint venture puede ser nacional o internacional. Si es nacional está sujeto a la aplicación de la legislación colombiana, y más concretamente el régimen de obligaciones y contratos previsto en los Código Civil y de Comercio. Se suele confundir o identificar con las uniones temporales, los consorcios y las sociedades de hecho; sin embargo, si bien es cierto que guarda cierta similitud con dichas figuras jurídicas, es un negocio jurídico autónomo, con características propias y de gran trascendencia e importancia en el ámbito del derecho de los procesos contractuales negocios. Las uniones temporales y los consorcios, regulados por la ley 80 de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales 1993, puede decirse que son subespecies del contrato de joint venture, pero no un joint venture en estricto rigor jurídico, y legales. (Bien común e interés general) surge mucho menos una sociedad comercial de hecho, pues goza de mayor autonomía entre las partes, permite la necesidad creación de una supervisión idónea sociedad comercial en el acuerdo base de joint venture, posee las características y elementos del joint venture internacional anglosajón y está destinado a servir de instrumento jurídico a grandes proyectos de infraestructura y obras, no obstante que también se puede emplear para transferir tecnología, distribuir bienes y mercancías, penetrar en mercados extranjeros y ofrecer mejores servicios en el ámbito educativo (joint ventures educativos, por tanto ejemplo). 4. El contrato de joint venture se debe estipular de forma clara desnaturalizó ciertamente en el derecho colombiano, porque como pudo analizarse detenidamente en la selección del funcionario presente investigación, desde la perspectiva de la entidad pública quien realice noción, sus elementos y características, la laborfigura ha mutado, contando tratando de adapartarse al derecho colombiano mediante las uniones temporales y los consorcios a que se refiere la ley 80 de 1993. Y como se demostró a lo largo de esta investigación, la desnaturalización no sólo empezó con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador incorrecta fusión de la figura en materia estas modalidades de contratación estatal, Colombia presenta sino también en los yerros que se han propuesto a nivel doctrinal en lo que respecta a su definición, elementos y características, así como al hecho de que en la ley 222 de 1995 que reformó el Código de Comercio se omitió el capítulo correspondiente a las uniones de empresas, a diferencia de lo que acontece en el derecho argentino y europeo, así como en la legislación del MEFCOSUR. Por tanto, mi propuesta está orientada a una redefinición de la figura, a que se expida una legislación comercial más precisa sobre el uso de la figura en el derecho nacional, con base en los principios y normas del derecho mercantil internacional, y no con base en visiones exclusivamente parroquiales o locales. 5. El contrato de joint venture es un esquema punitivocontrato selectivo y no intuitu personae, es decir busca castigar se caracteriza por ser un negocio jurídico en el hecho punible pero hay que tener en cuenta que predomina el daño es causado al Estadoelemento intuitu instrumenti y no el intuitu personae, pues los potenciales socios son elegidos no por sus cualidades personales, sino por el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no cumplimiento de un conjunto de requisitos objetivos de contratación. 6. El contrato de joint venture se puede garantizar con someter, en lo que respecta a la legislación aplicable, a la legislación nacional o a la legislación internacional, o en definitiva, pueden aplicarse diversas legislaciones mediante el sistema del fraccionamiento voluntario de la ley. Asimismo, puede adaptarse para negocios privados, públicos o internacionales, de acuerdo a las múltiples herramientas jurídicas necesidades específicas que concede la Leytengan los asociados. Igualmente, cabe resaltar que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos el acuerdo base se pueden constituir sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro, o celebrar contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas de fideicomiso civil o mercantil para el desarrollo y ejecución de la operación conjunta. 7. Hay diversos tipos de joint ventures, dependiendo de la clase de negocio u operación mercantil que quieren llevar a cabo los asociados. Entre tanto, es menester agregar que el riesgo es compartido entre los asociados, o sea, que se reparten las pérdidas o las utilidades o beneficios obtenidos con el ejercicio o actividad mercantil específica. El objeto social puede ser determinado o indeterminado; la duración del paísjoint venture puede ser definida o indefinida, conforme a los requerimientos de los empresarios asociados. 8. La supervisión En lo que respecta al registro mercantil del contrato estatal contrato, no es una actividad menester que las partes se dirijan a la Cámara de gran importancia y eje fundamental Comercio del domicilio de las compañías asociadas para registrar el contrato. Eso no lo exige la ley. Sin embargo, si en el acuerdo base de joint venture las partes deciden constituir una sociedad mercantil, como es obvio, esta sí requiere del trámite del registro mercantil para efectos de oponibilidad ante terceros y porque así lo exige la ley (C. de Co., art. 28). Sin embargo, si las partes tan sólo suscriben un contrato mercantil de joint venture, no se requiere tal registro ni tampoco es menester su autenticación ante notario, o sea, el reconocimiento de las firmas ante notario para su validez o eficacia, ya que las firmas estampadas en el contrato se presumen auténticas, en desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia buena fe consagrado en la Constitución Política de 1991, así como en el derecho sustancial y procesal interno, y en virtud de los principios de consensualidad e informalidad. 9. A los contratos joint venture se le pueden aplicar los Principios y normas del derecho internacional, también denominados lex mercatoria x xxx del comercio global. Así mismo, nada obsta para que a un negocio mercantil de esta naturaleza se le apliquen las normas de un tratado o convenio internacional en materia comercial. El hecho de no estar precisamente regulado en un ordenamiento jurídico específico le confiere a las partes amplia autonomía para el diseño del negocio, tanto autonomía material como conflictual. Por la primera, las partes están facultadas para escoger el contenido y la forma del contrato; por la discrecionalidad concedida al supervisor segunda, las partes contratantes del joint venture pueden elegir el ordenamiento jurídico aplicable a su relación jurídica. En aquellos casos donde el joint venture ejecuta sus actividades en varios países, igualmente se deben cumplir las normas internas de orden público sobre régimen financiero, cambiario e inversión extranjera. 10. El contrato se forma por el consentimiento de los potenciales socios, previa oferta y aceptación de cada uno de ellos. Durante la formación del contrato donde existen múltiples figuras que son legales de joint venture se debe respetar la confidencialidad de la información suministrada por los demás socios inversionistas; de lo contrario, se incurre en tanto actos de competencia desleal. El contrato se contemplan puede formar entre presentes mediante la suscripción de un acuerdo, o por intermedio de un mensaje de datos (contratación electrónica), conforme a la ley 527 de 1999. Si se causan perjuicios a las partes durante la etapa de formación del contrato, se deben indemnizar, y esta comprende: el lucro cesante, el daño emergente y los daños xxxxxxx en la normaactualidad, pero dirigido habida cuenta que la doctrina y la jurisprudencia contemporánea propugnan la ampliación del cobro de los perjuicios. 11. En el contrato de joint venture se puede pactar convenio arbitral con objeto de resolver las controversias que puedan presentarse entre las partes. De hecho, es lo más conveniente, por cuanto el sometimiento a la ley y la jurisdicción común presenta muchos inconvenientes, dado que hay muchas instancias judiciales, subsiste la morosidad judicial, y además no hay un conocimiento profundo y adecuado en el ámbito de la jurisdicción ordinaria de este tipo de contratos. Por ello, lo más aconsejable es que por lo regular se pacte un convenio arbitral, máxime por cuanto este tipo de justicia alternativa es más ágil y conoce mejor las nuevas modalidades de contratación nacional e internacional (A este respecto, cfr. XXXXXX XX XXXXXXXX y otros, 2010; XXXXXXXX XXXXX, 0000, pp. 747 – 777). El contrato de joint venture presenta muchas ventajas, no se le debe temer a su aplicación e implementación en todos los casos en particular son ilegitimas fundamentado en sectores económicos, pese a que se trate de un trasplante jurídico del derecho norteamericano principalmente. Y, por último, desde el comienzo las partes deben estipular la subjetividad del operadorlegislación y la jurisdicción aplicable al contrato, que en resultado son armas utilizadas por determinar quién va a administrar los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares la alianza estratégica, con el mayor índice propósito de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es que las responsabilidades estén claramente determinadas desde el empobrecimiento interno comienzo del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosnegocio u operación conjunta.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado se evidencia 1. Los ministerios identificados a liderar los procesos de desconcentración y descentralización, según la visión de SETEPLAN, son: ▪ Ministerio de Educación ▪ Ministerio de Salud ▪ Ministerio de Seguridad y Justicia ▪ Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano ▪ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Viceministerio de Obras Públicas 2. Existe una serie diversidad de aspectos conceptos entre las distintas instituciones consultadas respecto a los temas de desconcentración y descentralización, que generan confusión y debilidades conceptuales y de forma claraconocimiento para empujar la descentralización y desconcentración de los servicios públicos, oportunidad que podrá ser aprovechada por el Proyecto para el desarrollo de campañas educativas. 3. Los servicios prestados por las instituciones y que su nivel de desconcentración o descentralización es muy variado, dependiendo principalmente en los objetivos institucionales y la visión para la prestación del servicio; por no estar inmersos ejemplo, el VMVDU y MIGOBDT poseen un sentido de territorialización, siendo el primero el único organismo, dentro de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge consultados, que posee iniciativas cercanas a la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario descentralización en las que el servicio es competencia de la entidad pública quien realice localidad, se genera y controla desde la laborautoridad territorial y los fondos generados no se transfieren a gobierno central. 4. De las seis instituciones consultadas, contando cuatro han coincidido en visualizar a las asociaciones de municipios como una oportunidad para el acercamiento de los servicios a la ciudadanía, y han sido enfáticos en recomendar al Proyecto de USAID Gobernabilidad Municipal concentrarse en el apoyo a estas organizaciones para impulsar los procesos de descentralización. Únicamente ISDEM y VMOP analizan aún una línea de apoyo del Proyecto a las mancomunidades; sin embargo, reconocen que sus instituciones no han destinado muchas actividades en el tema de la asociatividad. 5. En su mayoría, las instituciones coinciden en la falta del conocimiento de los funcionarios y algunas organizaciones laborales respecto al tema de la descentralización y la desconcentración, y se reconoce que la falta de esa concienciación y conceptualización, así como la poca experiencia en el tema, genera reacciones en contra a las iniciativas incipientes y se vuelve parte de los obstáculos a estos esfuerzos. 6. En el caso de las OPLAGEST, que funcionan de manera descentralizada, los fondos quedan en el territorio; sin embargo, es en dependencia de los estatutos de cada asociación cómo estos se administran para el impulso de la OPLAGEST y la reinversión en territorio. 7. Los mecanismos que promueven la inclusión y el enfoque de género son aún incipientes. Si bien se ha tenido preocupación por la creación de las herramientas como políticas internas y reglamentos, la implementación aún es incipiente; en las sedes centrales sí se visualiza la integración de personas con criterios suficientes para llevar discapacidad como cumplimiento a cabo el control del objeto contractualla Ley de equiparación de oportunidades, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés públicoo la creación de unidades de la mujer; sin embargo, de manera desconcentrada no se visualiza gran avance en estos esfuerzos. El abanico normativo regulador VMOP y FISDL han logrado inferir y establecer por norma el diseño inclusivo en materia las obras de contratación estatalinfraestructura que realizan, Colombia presenta un esquema punitivoo en las condiciones de número de personal hombre y mujer para los contratistas de construcción. 8. Las instituciones coinciden en la visión que tienen del Proyecto como una oportunidad para el impulso a esfuerzos existentes a través de la articulación de instituciones gubernamentales y con otros proyectos de desarrollo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener en cuenta también se considera que el daño es causado al EstadoProyecto puede ayudar a fortalecer a las asociaciones de municipios. A continuación, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés generalun listado de algunas sugerencias recogidas durante las entrevistas. • Mancomunidades. Apoyo a las asociaciones de municipios a través del fortalecimiento de iniciativas de creación o de mejora de OPLAGEST. Búsqueda de temas críticos con potencialidad de retribución económica, visualizar la transparencia no se puede garantizar dinámica económica que trasciende los límites municipales. • Articulación. Impulso de casos exitosos a través de la articulación con otros proyectos de cooperación. Vincular grandes líneas estratégicas entre programas de gobierno. • Perfil técnico. Apoyo a la mejora continua de la capacidad técnica de los empleados públicos, fomentar la implementación de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; LCAM y la carrera administrativa municipal. • Diálogo político: las múltiples herramientas jurídicas que concede asociaciones de municipios son una oportunidad importante para establecer un diálogo entre diferentes actores territoriales en torno a la Leydesconcentración y descentralización, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con y a los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen servicios públicos. • Otras sugerencias. Fortalecer los procesos de acceso a la información; incidir en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad creación de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio proyectos con potencial de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosinversión pública privada.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado se evidencia una serie de aspectos que de forma clara, y que por no estar inmersos dentro de los procesos contractuales de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la labor, contando con criterios suficientes De acuerdo a las herramientas existentes para llevar a cabo buen término el control proceso de reclutamiento y selección, es posible considerar que el proceso establecido en la Comercializadora de Licores, se queda corto pues se limita a seleccionar un candidato que haya sido del objeto contractualagrado del jefe inmediato lo cual puede ser bastante subjetivo. Existe una falla de rigurosidad en el proceso de selección en lo que a pruebas de capacidad, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés públicopersonalidad y conocimiento se refiere. El abanico normativo regulador personal de estos dos departamentos como parte de su labor recibe dineros por: pago de facturas clientes, viáticos para alimentación y alojamiento, viáticos para eventos entre otros; además de información de alta confidencialidad que representa un activo considerable de la compañía. Es preocupante observar que una de las razones por las que más retiros voluntarios hay es por la mala comunicación que existe a raíz de las fallas en materia la comunicación respecto a comisiones y tablas de contratación estatalcomisiones, Colombia presenta un esquema punitivo, esto es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener preocupante sobre todo si se tiene en cuenta que esta es una labor que recursos humanos debe dejar absolutamente claro este tema al momento de ingreso de quien tendrán acceso a este tipo de remuneración Para ser dos departamentos en los que los cargos que se ejecutan allí por lo general tienen manejo de operaciones matemáticas existe un vacío respecto a las óptimas cualidades que debe tener el daño candidato respecto a análisis matemático. (Xxxxxxx considerarse requisito para pertenecer a la compañía) En el caso de los cargos comerciales que requieren mayor exigencia en la actitud y experticia frente al cliente final, teniendo en cuenta el tipo de producto que se comercializa, las entrevistas deberían ser de orden estructurado. De manera que sea posible evaluar a cada uno de los candidatos frente al mismo estudio de caso y frente al debate que se genera en búsqueda de una solución. Esto permitiría tomar mejores decisiones de personal para esta área. Cuando se menciona que existe una falta de claridad en las condiciones que refieren a la remuneración de las comisiones, nos referimos a que recursos humanos en el momento de la selección no puede decir con claridad a partir de que topes mínimos se pagan comisión, esto hace que en el momento en que se hace la liquidación de estas haya algún tipo de inconformidad por parte del empleado y que en ocasiones el candidato pueda considerar como injusta frente a las condiciones ofrecidas por la competencia. No es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Leyun secreto entre los trabajadores de esta empresa, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad mayoría de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación pública. El problema radica fundamentalmente en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto colaboradores deciden retirarse debido a las cifras condiciones salariales, si bien es cierto esta es una organización que maneja niveles de buen trato, es cumplida con sus pagos de proveedores y casos presentados nómina. Los salarios no son los mejores, y únicamente quienes ocupan cargos directivos se sienten remunerados de forma justa. Por eso muchos empleados están en búsqueda continua de una mejor propuesta salarial. En el caso del retiro involuntario es importante resaltar que este se produce principalmente por no cumplir con las horas de llegada y salida al del punto de venta, esto con previa corroboración en el país sistema geo localizador que tiene la empresa. Para el retiro involuntario también nos enfrentamos a la salida del personal a razón de su bajo desempeño laboral, teniendo en corrupcióncuenta que este es medido porcentualmente en el cumplimiento de cuotas. Aunque estos índices de rotación solo fueron contemplados para la ciudad de Bogotá, realmente son considerables, sobre todo si se tiene en cuenta que es en esta ciudad en donde se concentra el mayor número de colaboradores para las áreas comercial y mercadeo. Podemos determinar que aun cuando el proceso de selección de personal, no es ejecutado de la solución mejor manera; pues de acuerdo a la referenciación bibliográfica y el análisis hecho a los principales texto de consulta para la redacción de este documento, es crear o modificar la Ley un proceso un tanto subjetivo que brinde garantías jurídicas y proporcione le falta explorar las herramientas suficientes habilidades, cualidades, conocimientos de los candidatos a través de un mecanismo de selección más riguroso; también existen otras causas para que el supervisor retiro del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidospersonal.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado Como el gran resultado de nuestro estudio, queda la clara convicción de que solo a través del cumplimiento de las normas y la honesta ejecución de nuestros actos, -desde los privados hasta los públicos- se evidencia una serie logran las metas propuestas. Así las cosas, queda definido que la planeación en cada uno de aspectos esos actos y mucho más en aquellos en los que interviene el Estado constituyen la máxima expresión de forma claradisciplina y cumplimiento del deber que nos debe alentar en pro del desarrollo deseado. Por lo tanto, el ejercicio de la planeación como principio y que como deber a cargo del Estado, por no estar inmersos su esencia nos vincula e invita a realizar grandes obras dentro de los procesos contractuales mejores estándares de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legales. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la laborconstrucción, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractualejecución o prestación, evidenciando sin importar en que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivoextremo nos encontremos, es decir si somos contratistas o funcionarios a cargo de los procesos. Es así que, además de ser un mandato que busca castigar el hecho punible pero hay mejorar la actividad contractual, encarna deberes y obligaciones que tener en cuenta interesan mucho a la persona y que el daño es causado al Estado, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas medida en que se ejerciten, permitirán visualizar los proyectos y anticipar su desarrollo desde múltiples aspectos, logrando que los fines del Estado se cumplan, por y para sus asociados. La experiencia recogida en el estudio de la Concesión para el desarrollo del paísproyecto Cambao – Manizales, refuerza la teoría que la planeación no solo hace parte de la fase inicial de contratación, sino que además se observa en las etapas de ejecución, cumplimiento, terminación y la entrega del contrato. Algunos de los aspectos respecto de los cuales no existe claridad es el tratamiento de los tiempos relativos a la gestión ambiental, predial y de redes. La supervisión del contrato estatal es una actividad definición de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a plazos o procedimientos por parte de la contratación públicaANI no están especificados adecuadamente. El problema radica fundamentalmente en la violación La no aplicación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras planeación repercute de manera directa en proyectos mal diseñados, con problemas en su ejecución y hasta podría determinare que son legales en tanto se contemplan en la normainobservancia de este principio, pero dirigido a los casos contratos dejan en particular son ilegitimas fundamentado el aire sensación de improvisados, lo que puede causar daños en la subjetividad sociedad. El tramo Murillo-Ventanas-La Esperanza no se puede ampliar, solo pavimentar, debido a que, este cruza la zona amortiguadora del operadorParque Nacional Natural (PNN) Los Nevados, lo que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse detuvo el proyecto antes de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder políticoarrancar. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice El Ministerio de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero Ambiente advirtió antes de fondo es el empobrecimiento interno del paísla aprobación de la etapa de factibilidad, el estancamiento impacto ambiental que causaría la ampliación y mejoramiento de la vía en el desarrollopáramo, menor calidad sin embargo, el trámite de vida para sus habitantescontratación se continuó. Es claro Ya en la ejecución la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contempló estos inconvenientes los cuales conllevarían a que uno de los dos peajes no estaría generando un efecto en el recaudo y por ende un impacto en el equilibrio económico del proyecto por lo que la normatividad actual sufre de grandes falencias Concesionaria los demandó. En conclusión, la planeación es tan así que vital y necesaria para cimentar los casos de corrupción son de conocimiento nacionalprocesos contractuales del estado, radicado erigiéndose en un proceso anticipado mediante el cual se hace una proyección futura del devenir contractual encaminado a establecer puntualmente, con base en la mala ejecución de necesidad pública que se quiere satisfacer, lo que se va a contratar y los procesos recursos con los cuales se viabilizará y ejecutará el proyecto, atendiendo al interés general y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de ende haciendo realidad los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular de los contratos públicos Se evidencia la problemática generada en la supervisión del contrato público y las consecuencias que atrae la Ley al dejar a la libre interpretación de la norma para todos los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidoscometidos estatales.

CONCLUSIONES. Del trabajo realizado El contrato en prácticas presenta un comportamiento más estable a lo largo del periodo analizado. Sus características en cuanto a colectivos, sectores, ocupaciones y tasas de inserción están mucho más relacionadas con su objeto. Los beneficios económicos son menores y más acotados. Es en el contrato para la formación y el aprendizaje donde más disfunciones se evidencia observan. Las principales conclusiones que aquí se exponen resaltan el comportamiento del contrato para la formación y el aprendizaje. De acuerdo a la coyuntura laboral y económica de este periodo, hemos asistido a modificaciones legislativas y disposiciones transitorias renovadas cada año que han flexibilizado los requisitos de estos contratos, han incrementado los beneficios económicos para dicha contratación y, en definitiva, han desvirtuado su finalidad. Se han dado palos de ciego, probando medidas que alejaban cada vez más este contrato de ser una serie verdadera apuesta por la empleabilidad y el empleo de aspectos las y los más jóvenes sin cualificación, convirtiéndolo en instrumento de precarización e inestabilidad laboral. Así, desde prácticamente la entrada en vigor de la Ley 3/2012 de reforma xxx xxxxxxx laboral, se eximió en determinados casos la obligación de que la formación estuviera ligada al Sistema Nacional de Cualificaciones y de Formación Profesional, a través de títulos o de certificados de profesionalidad. Permitió la formación en acciones formativas sin reconocimiento ni acreditación oficial y abrió las puertas a los centros privados. Provocó un crecimiento elevado en el número de contrataciones y un pujante negocio para las entidades de formación que eran mantenidas con financiación pública, poniendo en riesgo o renunciando a uno de los objetivos fundamentales: aumentar el nivel de cualificación y empleabilidad. Las empresas pagaban las facturas a los centros de formación, los centros obtenían ingresos por los servicios de formación y el Estado sufragaba los gastos de formación a las empresas a través de las bonificaciones que estas practicaban en las cotizaciones sociales. La reforma laboral de 2012 redujo el tiempo de formación y aumentó el dedicado al trabajo. Eliminó los límites al número de contratos: hizo posible realizar diferentes contratos a una misma persona en la misma o distinta empresa para ocupaciones diferentes. Se eliminó el requisito de que una empresa, para poder aplicarse las reducciones en las cuotas a la Seguridad Social, debía aumentar la plantilla. Las diferentes Administraciones han ido a tientas, creando y derogando incentivos económicos que han demostrado ser ineficaces para el empleo y muy jugosos para empresas y entidades de formación. La formación ha sido la excusa de la precarización incentivada del trabajo6. Ha supuesto un coste público, político y social muy elevado. El contrato para la formación nació para formar e insertar en el mercado laboral a personas muy jóvenes sin unos niveles de cualificación adecuados para conseguir un empleo. Si atendemos a estas 6 Xxxxxxx Xxxxxx. Jornada Universitaria de Granada, 2013 pág. 25 tres variables: juventud, inserción y cualificación, los datos muestran unos resultados que se alejan y difieren mucho de lo esperado, con un alto coste de ineficacia e ineficiencia en la utilización de recursos públicos. Se ha producido un envejecimiento progresivo de las personas con contrato para la formación: en 2018 han crecido en un 60% las personas con más de 30 años contratadas bajo esta modalidad. El 54% son mayores de 25 años. De estos, el 28% superan los 30 años. Se ha convertido en un contrato dirigido de forma claraminoritaria a las personas más jóvenes, y que por no estar inmersos dentro ha crecido la presencia de los procesos contractuales población adulta de naturaleza pública para cumplir con los fines constitucionales y legalesmás de 30 años. (Bien común e interés general) surge la necesidad de una supervisión idónea por tanto se debe estipular de forma clara la selección del funcionario de la entidad pública quien realice la labor, contando con criterios suficientes para llevar a cabo el control del objeto contractual, evidenciando que los actos irregulares que comete el llamado supervisor del contrato ya sea por acción u omisión es una clara violación al interés público. El abanico normativo regulador en materia de contratación estatal, Colombia presenta un esquema punitivo, es decir busca castigar el hecho punible pero hay que tener Teniendo en cuenta que el daño salario medio de estos convenios es causado al Estadoel Salario Mínimo Interprofesional, el enfoque debe ser dirigido hacia el interés general, se han precarizado las condiciones de trabajo de una parte de la transparencia no se puede garantizar con las múltiples herramientas jurídicas que concede la Ley, que son usadas en indebida forma para realizar actos delictivos beneficiándose unos pocos con los recursos destinados para dichos contratos que no es más que necesidades que surgen en la entidades públicas para el desarrollo del país. La supervisión del contrato estatal es una actividad población adulta a través de gran importancia y eje fundamental en el desarrollo del país en base a la contratación públicaesta contratación. El problema radica fundamentalmente nivel de inserción o de conversión en la violación del principio de transparencia por la discrecionalidad concedida al supervisor del contrato donde existen múltiples figuras que son legales en tanto se contemplan en la norma, pero dirigido a los casos en particular son ilegitimas fundamentado en la subjetividad del operador, que en resultado son armas utilizadas por los malos funcionarios públicos para apropiarse de recursos y así enriquecerse económicamente o en poder político. Colombia se destaca en los primeros lugares con el mayor índice de corrupción en Latinoamérica, esto a nivel mundial deja una mala imagen pero de fondo es el empobrecimiento interno del país, el estancamiento en el desarrollo, menor calidad de vida para sus habitantes. Es claro que la normatividad actual sufre de grandes falencias es tan así que los casos de corrupción son de conocimiento nacional, radicado en la mala ejecución de los procesos y por existir una norma flexible que da campo al actuar amplio de los supervisores de los diferentes contratos estatales celebrados en Colombia. Basado todo en el principio de transparencia. Con el trabajo se destaca la importancia de la supervisión del contrato estatal en Colombia y la problemática existente, donde genera inseguridad jurídica, el marco normativo presenta unos criterios subjetivos en tanto no existen definiciones o criterios claros del proceder en la actividad de supervisión, se desglosan las diferentes figuras jurídicas que se utilizan como armas para la terminación de forma irregular indefinidos de los contratos públicos formativos ha sido muy bajo durante el periodo 2007-2015: 4 de cada 100 se convertían en indefinidos. A partir de 2016 aumenta significativamente este porcentaje, en torno al 21% de los contratos pasan a ser indefinidos. Este aumento se debe a un descenso en el total de contratos celebrados y no al incremento del número de los que se convierten en indefinidos. Aumenta el nivel de formación que tienen las personas que acceden a un contrato para la formación. El contrato para la formación lo han suscrito fundamentalmente personas sin cualificación necesaria para acceder a un contrato en prácticas (personas sin estudios, con estudios primarios o título de ESO o Bachillerato). Sin embargo, crece el número de personas con formación profesional superior que trabaja bajo la modalidad de un contrato para la formación, lo que supone una alteración del verdadero objeto de este tipo de contratos. Si en el año 2007 apenas suponía el 2% de los contratos, a partir de 2014, el 6% de quienes accedían a un contrato para la formación tienen estudios universitarios o formación profesional de grado superior. Se evidencia trata de personas con niveles de estudios altos, pero sin cualificación para el puesto de trabajo a desempeñar. La crisis y las elevadas tasas de desempleo juvenil han alterado la problemática generada en la supervisión naturaleza del contrato público para la formación y, en muchos casos, han regalado a las empresas una mano de obra altamente cualificada con un coste muy bajo. La flexibilidad de estos contratos ha generado precariedad laboral y dispendio de las arcas públicas. Hay una presencia elevada de las contrataciones destinadas a las ocupaciones más elementales. El sector servicios y en concreto la contratación de dependientes en tiendas y en servicios de restauración, seguido de peones y personal de la limpieza son las ocupaciones más comunes. La formación asociada a ellas no parece que mejoren mucho la empleabilidad y las consecuencias oportunidades de acceso a un trabajo digno y estable. La contratación en ocupaciones más cualificadas en los sectores de la Industria y Construcción, apenas supera el 10% del total de contrataciones. El número de contratos para la formación y el aprendizaje ha crecido de forma sostenida. En el año 2018 se firmaron 52.803, un 9% más que atrae en 2017. Este crecimiento es superior al del total de contratos, que lo ha hecho en un 3%. Es necesario buscar un equilibrio en los incentivos públicos al sector privado, evitando las distorsiones que produce el exceso de beneficios económicos. Demasiados incentivos pueden generar ineficiencias. En este caso, no se ha propiciado un marco que impulse la Ley al dejar estabilidad laboral de los más jóvenes y sí, por el contrario, la ingente cantidad de bonificaciones a la libre interpretación Seguridad Social pág. 26 ha ayudado a mantener a entidades de formación, pagando sus costes de actividad. También ha rebajado los costes laborales de las empresas sin generar puestos de trabajo fijos, manteniendo la temporalidad y precariedad de los y las más jóvenes. Estimamos que el coste para las arcas públicas de estos contratos entre 2013 y 2018 asciende a más de 2.144 millones de euros considerando que la formación se realiza bajo la modalidad de teleformación (Ver Anexo II: Estimación del coste para la Seguridad Social de los contratos para la formación). El coste público se incrementa en más de un 37%, alcanzando casi los 3.000 millones de euros si se considera que la formación se realiza en modalidad presencial. El módulo económico de la norma para todos modalidad presencial es 8 euros por hora y participante, frente a los funcionarios públicos que intervienen en un contrato público. Se resalta diferentes mecanismos que son usados en países como Chile y Argentina para la positiva consecución 5 euros de la contratación estatal y en específico de la supervisión del contrato estatal. Como logro fundamental se identifica el problema, se hace un contexto de la problemática de la supervisión de la contratación estatal en Colombia y se brinda a grandes rasgos una propuesta que debe ser aplicado en corto plazo en Colombia para salvaguardar los recursos del presupuesto nacional y alcanzar un mayor desarrollo económico, social, entre otros. En conclusión se requiere una intervención de la rama legislativa en Colombia sobre el tema esto debido a las cifras y casos presentados en el país en corrupción, la solución es crear o modificar la Ley que brinde garantías jurídicas y proporcione las herramientas suficientes para que el supervisor del contrato estatal este regido bajo criterios objetivos y procedimientos claramente definidosteleformación.