CONCLUSIONES Cláusulas de Ejemplo

CONCLUSIONES. En la sociedad de nuestros días, las empresas se ven cada vez con más frecuencia ante situaciones en las que deben dar una respuesta inmediata a necesidades imprevistas de mano de obra. Estas situaciones se generan cada vez de manera amplia y afectan a sectores cada vez más numerosos. En consecuencia, es más que previsible que el recurso al contrato de trabajo “a demanda” se extienda rápidamente en nuestra sociedad en razón de la evolución de la coyuntura socioeconómica y de los requerimientos xxx xxxxxxx de trabajo. En este contexto, cabe preguntarse si la ley belga da respuesta suficiente mediante las modalidades contractuales vigentes a las necesidades que pretenden cubrirse a través del contrato de trabajo “a demanda”. La respuesta no puede ser afirmativa, de manera que es preciso encontrar una solución jurídica que permita dar respuesta a las demandas reales de flexibilidad de los empresarios (en aras de una mayor competitividad nacional e internacional) y de los trabajadores, otorgando al mismo tiempo una protección adecuada a estos últimos frente a eventuales prácticas abusivas en la utilización de esta modalidad contractual. Mediante la introducción de determinadas disposiciones legales que permitan disipar las incertidumbres jurídicas actualmente existentes, el contrato de trabajo “a demanda” puede constituir una respuesta adecuada a las necesidades e intereses expuestos. Pero mientras estas disposiciones legales no se pongan en marcha, el empleador debe ser consciente de las incertidumbres jurídicas y de los riesgos vinculados a la utilización de esta figura contractual, sobre la que la jurisprudencia también se pronuncia de forma confusa y dubitativa. Para evitar en la medida de lo posible estas situaciones, es importante que el empleador realice una redacción detallada y cuidadosa del contrato, asegurándose que esta fórmula es la que mejor se ajusta a sus necesidades estructurales en función de su actividad. A este fin, el preámbulo del contrato debe describir con precisión los motivos legítimos y los intereses de las partes contratantes en la utilización de esta modalidad contractual. Una correcta redacción del preámbulo permitirá, en caso de ulterior litigio, interpretar correctamente cuál fue la voluntad de las partes en el momento de la contratación, de manera que esta declaración de voluntad despliegue los efectos jurídicos pretendidos. Además, el contrato debe incluir también disposiciones de diversa naturaleza: la protección del trabajad...

CONCLUSIONES. En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto: 4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección. 4.3 Un vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases Definitiva por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma del procedimiento, las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento. 4.4 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

CONCLUSIONES. Luego de poco más de treinta años de tratar de unificar el derecho privado en nuestro país, finalmente el 1º xx xxxxxx de 2015, entrará en vigencia el Código Civil y Comercial de la República Argentina. Como toda obra humana es perfectible. Sabemos del enorme esfuerzo que significa reformar, actualizar y unificar normas jurídicas vigentes, en especial en un marco en el que han intervenido juristas enrolados en distintas corrientes doctrinarias, con audiencias públicas de consulta y la final intervención de los cuerpos legislativos colegiados, comprometidos todos en una especial corrida contra el tiempo. Independientemente de las críticas o halagos, estamos frente a una realidad que implica una especial dedicación por parte toda la comunidad jurídica de nuestro país, al estudio del derecho que nos regirá prontamente, lo que significa un desafío trascendente para su enseñanza, un trabajo arduo para la doctrina y una expectativa especial hacia las decisiones que tomen quienes integran el poder judicial, en una futura labor integrativa que se dará, seguramente, frente al conflicto interpretativo. En lo que toca al tema que nos convoca, la fortaleza es la regulación de los contratos conexos en sí misma, por ser la primera vez que son abordados en términos generales por el derecho positivo, lo que no es menor si lo vinculamos al desarrollo que ha alcanzado esta modalidad contractual en el tráfico negocial moderno. La flaqueza, es haber perdido la ocasión de atender a una regulación pormenorizada, especialmente con respecto a la plenitud de sus efectos. Queda en manos de los profesionales del derecho el debido asesoramiento a las partes contratantes, que debe plasmarse finalmente en los textos contractuales que resultarán conexados. Sea que impere la autonomía de la voluntad o las cláusulas predispuestas en los contratos de adhesión, es fundamental prevenir el conflicto despejando dudas interpretativas. No obstante, en última instancia, la justicia dará a cada uno lo suyo.

CONCLUSIONES. Observa la Sala que de los hechos descritos en virtud de la investigación seguida por la Asamblea Legislativa dentro del proceso de resolución administrativa del contrato objeto de demanda, se evidencia que HNTB-PANAMA incumplió su obligación de iniciar los trabajos de construcción de la edificación xxx Xxxxxxx Legislativo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden de proceder, lo que correspondía de acuerdo a la cláusula 6 del contrato. El argumento que lo que motivo la imposibilidad de realizar la obra fue la negativa del Estado de aprobar el financiamiento obtenido por HNTB-PANAMA, no justifica la falta incurrida, sino que denota la deficiencia del contratista en la obtención de dicho financiamiento. En el contrato están especificadas las condiciones especiales que debe reunir el plan de financiamiento, para su aprobación de parte del Estado. De éstos requerimientos depende su aprobación y ante la ausencia de éstos no hay obligación del Estado de aceptarlo. Consta el testimonio de la licenciada Xxxxxxxx Xxxxxx, Directora de Crédito Público, quien declaró que el Ministerio de Economía y Finanzas no aceptó la propuesta financiera de HNTB-PANAMA porque los plazos y tasas superaban el 7 u 8% anual e incluso alguna de ellas variables. Asimismo, Xxxxxx Xxxxxxxx, Director de Presupuesto de la Nación señaló que la tasa de interés ofrecida en la propuesta original era entre 4 y 5% y la tasa ofrecida en la propuesta final de financiamiento era aproximadamente de 7 a 8%. (Fs. 276, 284) El artículo 5 de la Ley 41 de 1995 prevé sobre los términos financieros del contrato, que la tasa de interés no exceda al 6.95% anual, ajustada a las fluctuaciones xxx xxxxxxx sobre la base de las condiciones del año de 1997. Con base a lo pactado, éstas eran las tasas de referencia para la evaluación del costo financiero, y de ello derivó que se desestimara la propuesta de financiamiento de la empresa HNTB-PANAMA por tratarse de una tasa que superaba el promedio contenido en el contrato. En las constancias procesales se aprecia que las partes intercambiaron comunicaciones respecto a las dificultades presentadas, pero no llegaron a una solución para lograr el avance de la obra. Si bien HNTB-PANAMA presentó fianzas y confeccionó los planos y otros documentos relacionados al proyecto, la edificación se mantuvo estancada por un largo período, que culminó con la resolución del contrato por medio del proceso administrativo. Del financiamiento dependía la ejecución de la obra,...

CONCLUSIONES. Una vez expuesta la propuesta por parte del director de planeación en relación a la asignación de los recursos de inversión provenientes de estampilla ProUNal al proyecto de conectividad y equipamiento para el desarrollo de las actividades académicas de la UPTC, ésta es puesta a consideración y votación por parte de cada uno de los miembros del Comité Consultivo de Planeación, obteniéndose una aprobación favorable unánime. Siendo la 06:30 pm se da por finalizada la sesión. Proyectó: Dirección de Planeación. Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos. PARA: ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ASUNTO: MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19, A PARTIR DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES -TIC- FECHA: 00 XX XXXXX XX 2020 Como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las personas que pueda generar el COVID-19 -antes coronavirus-, declarado el 11 xx xxxxx de 2020 por la Organización Mundial de la Salud -OMS- como una pandemia, y con el propósito de garantizar la prestación del servicio público, se imparten las siguientes directrices: 1. TRABAJO EN CASA POR MEDIO DEL USO DE LAS TIC Como medida preventiva de carácter temporal y extraordinario, y hasta que se supere la emergencia sanitaria decretada mediante la Resolución 385 del 12 xx xxxxx de 2020 "Por medio de la cual se declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" por el Ministerio de Salud y Protección Social, los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deberán revisar las condiciones particulares de salud de los servidores públicos, así como las funciones y actividades que desarrollan, con el fin de adoptar mecanismos que permitan su cumplimiento desde la casa. Para ello, se podrá acudir a las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin que esto constituya la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 "Por la cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones" 1.

CONCLUSIONES. Como resultado de la investigación especial practicada en la Gobernación Departamental de Copán, relacionada con los hechos denunciados, se concluye lo siguiente: 1. El señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, laboró para la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización en el cargo de Gobernador Departamental de Copán, en el periodo comprendido del 10 de septiembre del año 2014 hasta el 28 xx xxxxx de 2017. 2. No existe convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Migración y Gobernación Departamental de Copán, que avale el cobro adicional para trámite de pasaporte. 3. El señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, durante el período del 24 xx xxxx al 24 xx xxxxx de 2016 recaudó la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS (L. 254,000.00), a razón de MIL DOSCIENTOS SETENTA (1,270) personas que gestionaran ante la Gobernación Departamental, el respectivo pasaporte cuyo aporte voluntario fue de DOSCIENTOS LEMPIRAS (L. 200.00). 4. Los fondos recaudados por concepto de aportaciones voluntarias fueron depositados en la Cuenta Bancaria N° 21-126-000663-5 de Banco de Occidente, a nombre del señor Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Gobernador Departamental; fondo que debió ser utilizado para pago de hospedaje y alimentación del personal designado para trabajar en las Cabinas Móviles. 5. Se encontró que los fondos de las aportaciones voluntarias fueron utilizados para efectuar gastos como ser compra de pintura, ayudas para compra de medicamentos, pago de mano de obra para caja puente, ayudas varias, pago de energía, compras de modem, ventiladores, memorias USB, baqueteo de radiador, revisión de frenos y sistema eléctrico, compra de meriendas y compra de combustible. 6. Los hechos descritos en el presente Informe, han ocasionado perjuicio económico al patrimonio del Estado por gastos no justificados por la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 233,012.50). 7. Lo enunciado en el presente informe se determina en base a la documentación proporcionada por Gobernación Departamental de Copán y el Instituto Nacional de Migración, durante el proceso de investigación, por lo que, en futuras revisiones a la realización de una auditoría integral, pudiesen determinarse otras responsabilidades con relación a los hechos considerados en el presente informe.

CONCLUSIONES. 1.- De acuerdo con el artículo 96 apartado primero RGLCAP cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan. 2.- De acuerdo con el artículo 96 apartado segundo del RGLCAP para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención. 3.- De acuerdo con el artículo 96 apartado tercero del RGLCAP en los contratos que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante. 4.- En la praxis contable de la Intervención de la Junta de Andalucía se admiten los reajustes de anualidades previos a la adjudicación de los contratos impuestos por la demora en la tramitación de los respectivos expedientes, bastando en este supuesto, junto con las propuestas de documentos contables, una memoria justificativa y la resolución aprobatoria del reajuste presupuestario, siendo ello coherente con la regla básica de que la financiación presupuestaria de los contratos debe de ajustarse al ritmo requerido en la ejecución de las prestaciones por parte del contratista, debiéndose adoptar por el órgano de contratación todas aquellas medidas que sean necesarias para ello, no solo durante la ejecución del contrato formalizado, sino también al tiempo de programar las anualidades durante la fase de preparación del contrato anterior a la adjudicación del mismo. 5.- La interpretación realizada por la entidad consultante cabe considerarla correcta y conforme a la normativa establecida, debiendo atenerse por tanto al procedimiento establecido en la normativa contractual y al...

CONCLUSIONES. 1. Mediante el reaseguro puede trasladarse parte de las perdidas por grandes desviaciones negativas de siniestralidad, a las entidades reaseguradoras lográndose que el resultado alcance un mayor grado de estabilidad. De ahí que cualquier régimen de solvencia deba necesariamente considerar la cesión en reaseguro como un elemento que reduce los requerimientos de capital. 2. El reaseguro contribuye a una mayor dispersión de riesgos, además permite homogeneizar cuantitativamente los riesgos. Todo reasegurador tiene una capacidad limitada (pleno de retención). Todos los riesgos que superen el pleno, no deben ser aceptados salvo que exista previamente un contrato de reaseguro mediante el cual un reasegurador se haga cargo de los excesos. 3. El reaseguro es empleado por el asegurador para distribuir sus riesgos, entregando la totalidad o parte de la responsabilidad a otro asegurador, a fin de disminuir el efecto de una posible pérdida. 4. Partiendo de la base doctrinaria de que el reaseguro es un contrato de seguro, se puede afirmar que participa de los caracteres propios de aquél, aunque con algunas 5. Con la promulgación de la Ley Reguladora xxx Xxxxxxx de Seguros Nº8653 y sus reglamentos de supervisión prudencial, donde claramente en su inciso b) del artículo 1 se indica como objeto “…Crear y establecer el marco para la autorización, la regulación, la supervisión y el funcionamiento de la actividad aseguradora, reaseguradora, intermediación de seguros y servicios auxiliares…”, se tiene por derogada tácitamente la Ley Nº6082. 6. En general, a la luz de los principios de la IAIS sobre supervisión prudencial del reaseguro, existe un marco jurídico adecuado para la supervisión de dicha actividad. Sin embargo, es de hacer notar que el Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de funcionamiento de entidades supervisadas por la Superintendencia General de Seguros, es omiso en cuanto al desarrollo de un procedimiento general de autorización de entidades reaseguradoras. 7. Salvo el caso del INS, cuya autorización viene dada por ley, las demás entidades aseguradoras podrán aceptar riesgo de reaseguro si están previamente autorizadas por la Superintendencia General de Seguros, en cumplimiento de las previsiones establecidas en el Anexo 2 del Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de funcionamiento de entidades supervisadas de aplicación supletoria conforme el artículo 2 de la LRMS, xxxxx xx xxxxx superior. 8. En el caso de Costa Rica, las a...

CONCLUSIONES. Este contrato de compraventa es el más frecuente de las figuras contractuales, tal es así que puedo decir que es el contrato-tipo por excelencia y el más importante desde el punto de vista económico Así pues, sus normas reguladoras sirven de base a otros contratos traslativos en que existen prestaciones recíprocas. Llego a la conclusión de que resulta de gran importancia para los estudios de las Ciencias Jurídicas el conocer de manera profunda y completa todo lo relacionado a los contratos de “Compraventa”, ya que posee una gran importancia entre los contratos de su clase, porque constituye la base de toda una gama de actuaciones jurídicas que se presenta en la práctica diaria y en el qué hacer jurídico del abogado, porque los tribunales civiles están repletos de decisiones fundamentadas ya en el cumplimiento de contrato, ejecución de contratos, violación de contratos, nulidades de actos de ventas, etc… He querido reflejar en este trabajo todos los pasos, del “Contrato de Compraventa” artículo, por artículo, por el Código Civil. Como ya he dicho anteriormente, este contrato es muy importante, ya que contiene los acuerdos a los que se ha llegado dos o más personas naturales o jurídicas para crear, regular, modificar, extinguir, una relación jurídica patrimonial. Nos enseña el Código en su Título IV, de su Libro IV, que los acuerdos se negocian, celebran y ejecutan según a las reglas de la buena fe y la común intención de las partes contratantes que también son libres de contratar sobre diferentes aspectos de la vida social pero con fines lícitos y dentro de la Ley. Así, y finalizando este trabajo, decir, que este contrato es de obligado cumplimiento, porque se presume que su contenido responde a la voluntad común de las partes sin que haya existido presión o coacción alguna. Con este trabajo tan completo que he realizado sobre el tema de “la compraventa”, quiero decir, que me ha servido para adquirir y afianzar aún más mis conocimientos sobre la materia.

CONCLUSIONES. En virtud de lo expuesto, el OSCE dispone: En virtud de lo expuesto, el Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento. El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar. Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento. A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento. Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores. Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (05) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integ...