Actuaciones de control previstas y ejecutadas. La gestión de los servicios públicos mediante concesión, que lleva aparejada la xxxxxxxx del correspondiente riesgo por parte del contratista, se realiza sobre la base de la titularidad municipal del servicio prestado, por lo que el Ayuntamiento debe procurar en todo momento que la prestación del servicio público sea adecuada. También resulta imprescindible, para una buena gestión, que la Administración disponga de información suficiente acerca de los aspectos económicos, en orden a la fijación de tarifas y al seguimiento del mantenimiento de las condiciones de equilibrio económico de la concesión, vigentes en el momento en el que el contrato se celebró y que fueron tenidas en cuenta para la redacción de los Pliegos que rigieron la adjudicación del mismo y siguen regulando la prestación del servicio. Así, según determina el artículo 132 TRLCSP, al tratar de las actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos, antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. Como es sabido, en muchas concesiones de servicio se proyectan obras que deberán ser ejecutadas por el concesionario, en cuyo caso, de acuerdo con el artículo 133.2 TRLCSP, la tramitación del expediente irá precedida de la elaboración y aprobación administrativa del anteproyecto de explotación y también del correspondiente a las obras precisas, para lo cual serán de aplicación los preceptos establecidos en el propio TRLCSP para la concesión de obras públicas. Con respecto a esta última modalidad, el TRLCSP exige la elaboración de un estudio de viabilidad (artículo 128) que puede encomendarse a la iniciativa privada y puede ser realizado por las empresas interesadas en la licitación de la futura concesión u otras. El estudio de viabilidad debe someterse a información pública durante un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo, y se dará traslado a los órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados, cuando la obra no figure en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emi...
