Conclusiones Parciales. A modo de síntesis, podemos decir que en las dos legislaciones analizadas, hemos encontrado una solución mucho más benevolente a los poseedores de cosas muebles de buena fe. A diferencia de la nuestra en que dicha situación no está regulada, ya que consideran que debemos contar con un automotor robado o perdido para poder encuadrar en la prescripción prevista en el artículo 4016 bis. Por su parte la doctrina tampoco esgrime una solución más favorable, ya que la mayoría aduce que los poseedores de mala fe de automotores, pueden hacer uso de la prescripción larga, la cual permite en un periodo de veinte años lograr la adquisición de la propiedad. Tiempo por demás prolongado si tenemos en cuenta el rápido deterioro que sufren los automotores; podemos estimar que la vida útil de un automotor en nuestros días es xx xxxx años. Como se ha descrito a lo largo del presente trabajo, la prescripción adquisitiva contra tábulas de automotores no está legislada en nuestro régimen jurídico. Se considera que la figura de la prescripción adquisitiva es necesaria debido a la endeble situación jurídica en que se encuentra el poseedor de un automotor no inscripto en el registro. Como primer punto se pretende plantear la situación que defendemos, la cual es la situación del poseedor de un automotor, que ha recibido y abonado el precio del vehículo. No lo consideramos de mala fe, aducimos que es poseedor de buena fe subjetiva. Si bien la doctrina estipula que la buena fe se adquiere con la inscripción registral, consideramos que quien cumplió con lo pactado en la compraventa, abonando de buena fe el precio acordado, no merece ser catalogado como adquirente de mala fe. Y menos aún ser encuadrado análogamente a lograr su propiedad por medio de la prescripción larga o veintiañal, como considera parte de la doctrina. Consideramos que este poseedor de buena fe subjetiva, tiene un mayor derecho a adquirir por la prescripción corta planteada en el artículo 4016 bis53 del Código Civil, que los que estipula el artículo, los poseedores de bienes muebles registrables robados o perdidos. Este artículo sanciona que en un plazo de dos años se logrará la prescripción a favor de éstos últimos, si lograron inscribir el automotor en el registro. Como crítica se plantea que los titulares a los que el mencionado artículo refiere son propietarios de cosas robadas o perdidas, y cabe hacernos la pregunta de cómo lograron inscribir, y si se nos permite, para qué necesitan de la utilización de la figur...
Conclusiones Parciales. Con la incorporación de este capítulo, el lector está en condiciones de interpretar el trabajo en su totalidad. Adquiridos los conceptos de trabajo, derecho del trabajo, solidaridad y con el análisis y reseña histórica del Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, la lectura se hace más dinámica y accesible. Con un breve repaso de la historia del trabajo también nos podemos dar una humilde imagen y posicionarnos en el estado actual en que se encuentra nuestro derecho del trabajo. Por último, con el análisis del art 30 LCT podemos ver y comprender el pensamiento del legislador en su texto original, y luego en cada una de sus reformas, y con esto considero, que se podrá facilitar de manera cabal la compresión de todo el trabajo en su conjunto.
Conclusiones Parciales. En este segundo capítulo pudimos soslayar y acercarnos a una idea más puntual de lo que se comprende en nuestra doctrina en general por “Actividad Normal y Específica”, y brindar un pantallazo en diferentes puntos de la responsabilidad solidaria que dicta nuestro Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, dejando en claro las diferentes posturas con respecto a la responsabilidad y definiendo conceptos claves para la mejor comprensión de la norma. Este capítulo en particular y más importante del presente trabajo, pudimos comprender que existen dos posturas claves y bien diferenciadas en cuanto al alcance de la expresión “Actividad Normal y Específica”, pudiendo ver que tenemos una tesis amplia que no solo considera comprendida la actividad principal sino también las accesorias y secundarias para la aplicación de la sanción y extensión, por ende, de la responsabilidad solidaria en la empresa principal. Así también, la tesis estricta entiende que sólo deben incluirse aquellos servicios o trabajos que estén íntimamente relacionados con la actividad de la empresa y que no se puede prescindir de los mismos sin alterar el proceso, excluyéndose lo que resulta secundario o accesorio. Los dos fallos en cuestión, y analizados en esta parte son considerados los dos quiebres entre las doctrinas concluyendo que Xxxxxxxxx es la voz viva de la interpretación estricta en un momento histórico en el cual se dio prioridad a la economía xx xxxxxxx por arriba del trabajador. Y ya con Xxxxxxx se deja sentado el cambio de paradigma, sentando una posición humanista que ya venía desarrollándose y que prioriza al ser humano por sobre los intereses económicos y demostrando así, en caso de conflictos, la elección por los derechos del trabajador por sobre los xxx xxxxxxx.
Conclusiones Parciales. Es necesario seguir resaltando cada uno de los modelos expuestos anteriormente, para lograr un entendimiento en todos los sentidos y principalmente en la prostitución y comprender el mejor modelo para adaptarlo y construirlo a nivel nacional. Es decir, en el Derecho regional europeo como se expone en la presente investigación, se hicieron visibles todos los modelos descritos, prohibicionista, abolicionista y reglamentarista, según sea el ámbito desde el cual se analice el fenómeno, como degradación humana relacionada con la delincuencia organizada, como condición frente a la cual los Estados europeos asumen responsabilidades y también como opción económica digna incluso de protección judicial.
Conclusiones Parciales. Es importante que nadie se obligue ni pueda ser obligado a cumplir prestación que suponga atentar contra las posiciones jurídicas ius-fundamentales de las libertades, ni contra la dignidad propia, menos aún la de otros individuos o grupos. Tales valores se convierten en límites constitucionales definitivos a la disposición individual y al acuerdo de voluntades, pues son inherentes e inalienables. Entendiendo la prostitución como el análisis anteriormente mencionado, que es un objeto lícito, ya que cumple con el ordenamiento jurídico nacional, igualmente lo podemos entender desde el campo de acción de una autonomía de la prostituta.
Conclusiones Parciales. La prostitución voluntaria implica una valoración de las alternativas laborales posibles y está determinada por los significados que atribuyen a cada una de ellas. Una de las razones por las cuales la prostitución no ha sido reconocida como trabajo es porque sobre ella pesan la estigmatización y la desvalorización del oficio. Es decir, a la prostituta se le considera diferente e indigna para la sociedad, a la vez que se produce un resbalamiento conceptual en el que se confunde lo que se hace con lo que se es. Esto hace suponer que la prostituta no es una trabajadora, sino una persona con una particular configuración social, emocional y cultural. La estigmatización y la 108 Sentencia T – 629 de 2010 Magistrado Xxxx Xxxxxx Xxxxx. Pp 97.
Conclusiones Parciales. Podemos concluir este apartado haciendo mención a que el sistema registral empleado en los automotores es ágil, al utilizar formularios pre impresos para llevar a cabo cada una de las distintas inscripciones, modificaciones o anotaciones que recaen sobre los automotores.
Conclusiones Parciales. Hemos podido observar cómo en el caso particular de los automotores al típico modelo de adquisición del dominio conformado por el título y el modo, se lo modifica reemplazando el modo por la inscripción en el registro de la transmisión dominial operada entre las partes. Esta característica tipificante que presenta el régimen registral de los automotores es lo que muchas veces dificulta la inscripción por parte del poseedor del vehículo.
Conclusiones Parciales. Por lo tanto todos aquellos poseedores que por motivos varios, como ser que el enajenante haya fallecido, o que se encuentre domiciliado en el extranjero o porque adquirieron de un poseedor y no un titular registral; no están contemplados en la regulación de la prescripción adquisitiva de bienes muebles del Código Civil, siendo considerados además poseedores de mala fe.