Common use of CONCLUSIONES Clause in Contracts

CONCLUSIONES. La forma como fue concebido, implementado y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboral.

CONCLUSIONES. La forma De acuerdo a las herramientas existentes para llevar a buen término el proceso de reclutamiento y selección, es posible considerar que el proceso establecido en la Comercializadora de Licores, se queda corto pues se limita a seleccionar un candidato que haya sido del agrado del jefe inmediato lo cual puede ser bastante subjetivo. Existe una falla de rigurosidad en el proceso de selección en lo que a pruebas de capacidad, personalidad y conocimiento se refiere. El personal de estos dos departamentos como fue concebidoparte de su labor recibe dineros por: pago de facturas clientes, implementado viáticos para alimentación y desarrollado el programa alojamiento, viáticos para eventos entre otros; además de Hogares Comunitarios, especialmente información de alta confidencialidad que representa un activo considerable de la manera en cómo se efectuó la contratación compañía. Es preocupante observar que una de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida razones por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos que más retiros voluntarios hay es por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajola mala comunicación que existe a raíz de las fallas en la comunicación respecto a comisiones y tablas de comisiones, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y preocupante sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, cuenta que el principio esta es una labor que recursos humanos debe dejar absolutamente claro este tema al momento de la sostenibilidad fiscal no puede ingreso de quien tendrán acceso a este tipo de remuneración Para ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria dos departamentos en los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único los cargos que se buscó fue ejecutan allí por lo general tienen manejo de operaciones matemáticas existe un vacío respecto a las óptimas cualidades que debe tener el desconocimiento de las leyes laboralescandidato respecto a análisis matemático. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇(▇▇▇▇▇▇▇ considerarse requisito para pertenecer a la compañía) En el caso de los cargos comerciales que debería requieren mayor exigencia en la actitud y experticia frente al cliente final, teniendo en cuenta el tipo de producto que se comercializa, las entrevistas deberían ser objeto de medidas orden estructurado. De manera que sea posible evaluar a cada uno de protección prontas los candidatos frente al mismo estudio de caso y eficacesfrente al debate que se genera en búsqueda de una solución. Esto permitiría tomar mejores decisiones de personal para esta área. Cuando se menciona que existe una falta de claridad en las condiciones que refieren a la remuneración de las comisiones, sigue siendo objeto nos referimos a que recursos humanos en el momento de la selección no puede decir con claridad a partir de que topes mínimos se pagan comisión, esto hace que en el momento en que se hace la liquidación de estas haya algún tipo de inconformidad por parte del empleado y que en ocasiones el candidato pueda considerar como injusta frente a las condiciones ofrecidas por la competencia. No es un secreto entre los trabajadores de esta empresa, que la mayoría de colaboradores deciden retirarse debido a las condiciones salariales, si bien es cierto esta es una organización que maneja niveles de buen trato, es cumplida con sus pagos de proveedores y nómina. Los salarios no son los mejores, y únicamente quienes ocupan cargos directivos se sienten remunerados de forma justa. Por eso muchos empleados están en búsqueda continua de una mejor propuesta salarial. En el caso del retiro involuntario es importante resaltar que este se produce principalmente por no cumplir con las horas de llegada y salida al del punto de venta, esto con previa corroboración en el sistema geo localizador que tiene la empresa. Para el retiro involuntario también nos enfrentamos a la salida del personal a razón de su bajo desempeño laboral, teniendo en cuenta que este es medido porcentualmente en el cumplimiento de cuotas. Aunque estos índices de rotación solo fueron contemplados para la ciudad de Bogotá, realmente son considerables, sobre todo si se tiene en cuenta que es en esta ciudad en donde se concentra el mayor número de colaboradores para las áreas comercial y mercadeo. Podemos determinar que aun cuando el proceso de selección de personal, no es ejecutado de la mejor manera; pues de acuerdo a la referenciación bibliográfica y el análisis hecho a los principales texto de consulta para la redacción de este documento, es un proceso un tanto subjetivo que le falta explorar las habilidades, cualidades, conocimientos de los candidatos a través de un total desconocimiento mecanismo de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva selección más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso riguroso; también existen otras causas para el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralretiro del personal.

CONCLUSIONES. La forma Como hemos podido observar a lo largo del trabajo, los contratos temporales, y por ende, los contratos de interinidad, son un factor importante en el mercado laboral. El contrato de interinidad surge como fue concebidoun recurso jurídico que se otorga al empresario para que ocupe provisionalmente el puesto abandonado por quien en el futuro va a reincorporarse porque tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo. Por su parte, implementado hablar de interinidad por vacante es hablar de contratación laboral temporal en la Administración Pública. En mi opinión, es una solución jurídica que emerge para resolver un problema que tiene su inicio en las características de la Administración Pública, ya que la Ley limita la libertad de seleccionar al titular de un puesto vacante, y desarrollado además, va a poner inconvenientes para que un trabajador temporal adquiera la condición de indefinido. 24 Después de hacer un estudio acerca del contrato de interinidad, me pregunto si el programa motivo es común a las dos modalidades, es decir, si en ambas es la sustitución de Hogares Comunitariosun trabajador, especialmente o bien si la manera sustitución es sólo causa de la modalidad que lleva su nombre, mientras que en cómo la interinidad por vacante se efectuó trata de cubrir una plaza durante el proceso de selección para su cobertura definitiva. Desde mi punto de vista, la contratación causa se adecua más a la primera de las madres definiciones, ya que en la interinidad por vacante no se encargarían genera una sustitución, si no se cubre de colocar manera temporal una plaza disponible que será cubierta de manera definitiva en funcionamiento el mismofuturo. Además, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido la idea de la sociedad colombianareserva del puesto de trabajo tras la suspensión del contrato me parece realmente bien, ya que por ejemplo, en el supuesto de maternidad, adopciÓn, cuidado de los hijos o invalidez, el cual día trabajador o la trabajadora no tienen porque quedarse sin su trabajo cuando ocurra alguna de estas causas, porque como todos sabemos, son causas naturales. Ya tenemos suficiente con que muchas empresas no quieren contratar a día presta sus servicios mujeres con edad de ser madres por si se quedan embarazadas, 24 Ley 30/1984, de 2 ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, de medidas para la reforma de la Función Pública. que solo le falta a niños y niñas menores este país el hecho de edadque pierdas tu trabajo por ese motivo. Al igual que con la invalidez, sin ni si quiera recibir a no ser que sea permanente, el pago empleado no tiene la culpa de sufrir una remuneración dignaenfermedad, pese común o profesional, o un accidente de trabajo o no. Por lo que, desde mi punto de vista, en muchos de los supuestos con reserva del puesto, la normativa está bien empleada, así el trabajador asegura su lugar dentro de la empresa cuando se extinga la causa que dio lugar a la suspensión de la relación laboral. Uno de los temas que más me ha llamado la atención es la misma legislación nacional duración del contrato de interinidad, y con ello la extinción del contrato a la finalización de la relación laboral, ya que prohíbe la cancelación a lo largo del trabajo me he planteado una cuestión sobre esta materia, ¿Debería pasar el contrato de salarios interinidad a indefinido si el empleado sustituido no se incorpora en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar su puesto de trabajo? Sabemos que la labor ejercida respuesta es no, ya que como hemos analizado anteriormente, el contrato finaliza cuando se extinga la causa da lugar a la reserva del puesto, aunque el empleado ausente no se reincorpore a su puesto de trabajo. Considero que en parte es normal que el contrato de trabajo se extinga aunque el empleado ausente no vuelva a su puesto de trabajo, pero por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos otro lado, creo que si la empresa necesita cubrir ese puesto que ha sido abandonado por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajotrabajador, esto es prestación de un servicio personalpodría prorrogar el contrato por tiempo indefinido, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por ya que el desconocimiento interino conoce las funciones de la existencia empresa, por lo que no se necesitaría contratar a un empleado nuevo para ocupar el puesto . Por otro lado, creo que las empresas no están de acuerdo con ello porque la extinción de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia interinidad no les supone ningún coste, ya que está no cuenta con una indemnización a todas luces es violatoria del principio constitucional la finalización de la primacía de relación laboral, y por ende, les sale más económico que la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia extinción de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso indefinido. El tema de la presunción legal contenida en extinción del contrato de interinidad me ha llamado mucho la atención, ya que a mi entender, ningún contrato de trabajo, sea de la modalidad que sea, debería quedarse sin indemnizar a su finalización. En mi opinión, un trabajador interino realiza las mismas funciones que un empleado indefinido dentro de la empresa, aunque sea por un tiempo determinado, y eso debe ser recompensado de alguna forma. Pese a que no tiene la misma duración que el artículo 24 del CSTresto de contratos, hay veces que la vinculación duración es más larga que un contrato de las madres comunitarias constituye duración determinada por obra o servicio, un verdadero vinculo empleaticiocontrato temporal, por lo que al menos, podrían recibir la misma o inferior indemnización que dichos contratos. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado Me parece un poco contradictorio lo dictado en algunos Tribunal Españoles cuando hablan acerca de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias no discriminación en los contratos temporales y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materiacontratos indefinidos, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es ya que si bien con es cierto que los primeros se celebran a partir de una causa eventual, los trabajadores interior rigen las mismas normas dentro de la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadasempresa, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua no realizan funciones distintas y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamientono tienen un horario diferente al resto, por circunstancias lo que en verdad no obedecen parte, en mi opinión sí que existe cierta discriminación en cuanto a otra cuestión diferente estos contratos y los trabajadores interinos deberían disfrutar de las misma condiciones de trabajo, los mismos derechos y obligaciones que el trabajador sustituido. . Desde mi humilde opinión, creo que la legislación debería replantearse las normas del contrato de interinidad, hacer una reforma en la ley de dichos contratos y incluir una indemnización a la alegada finalización del mismo, como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos propuso después de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇famosa sentencia “▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇”, derogada actualmente por los Tribunal de la Unión Europea. Por otro lado, creo que el artículo 15.5 ET, el cual habla acerca de la limitación temporal acerca de los contratos de duración determinada, necesitaría ser modificado ya que se centra únicamente en la lucha contra los contratos temporales abusivos con los trabajadores, pero no se centra en los supuestos que podrían celebrarse por tiempo indefinido, ya que los empresarios contratas a distintos trabajadores mediante la contratación temporal para un mismo puesto de trabajo, pudiendo contratar a uno solo. La modificación de dicho artículo supondría la necesidad permanente en la contratación para algunos supuestos, evitando así la causa temporal. En consecuencia, desde mi punto de vista una mayor colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Servicio Estatal Público de Empleo con la Inspección de Trabajo, permitiría una reforma en nuestro ordenamiento jurídico, evitando así los contratos en fraude ▇▇ ▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas , y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese modificando a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionalessu vez, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional derechos y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de los trabajadores interinos, ya sea en la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralAdministración pública o en el sector privado.

CONCLUSIONES. 1 Los contratos agrarios Hemos tenido oportunidad antes de ahora[1] de referirnos a los contratos agrarios, lo que importa aludir a un sector del Derecho Agrario en constante evolución, afirmación plenamente corroborada con el reciente advenimiento de la regulación del llamado Contrato de Mediería Frutihortícola, tema que desarrollaremos en el presente trabajo, y de otros legislados en los últimos meses[2]. La forma como fue concebido, implementado y desarrollado evolución a la que nos referimos permite sin ninguna duda afirmar que el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres contrato agrario constituye una categoría jurídica que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado asienta en el artículo 53 concepto de empresa agraria descartando definitivamente la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces postura negatoria sostenida por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇la doctrina y fundamentalmente por ▇▇▇▇▇▇▇▇ quien sostenía la insuficiencia de la identidad de la función técnica y económica y de objeto para elevarlo a la categoría de contrato independiente[3], lográndose una noción unitaria del mismo[4]. De este modo el contrato agrario se califica como un contrato para la empresa agrícola, o sea un contrato que debería tiene en la empresa agrícola su causa. Advierte IRTI[5] que originariamente la empresa estaba limitada a una fase simplemente organizativa de las operaciones preparatorias, entendiendo que ello hoy no es así pues al lado de la serie de actos relacionados con la organización, existen otros vinculados con el resto del ciclo de la empresa y por lo tanto al lado de los contratos que le dan vida, están aquellos con los cuales las empresas operan en un modo jurídico, debiendo entonces admitirse una secuencia de momentos: de organización, de ejercicio, de coordinación.Por ello la doctrina ha desenvuelto la relación entre el contrato agrario y la empresa y lo ha definido como contrato para el ejercicio de la empresa agrícola o bien contrato para la empresa, es decir destinado a su constitución y a su ejercicio[6]. Con un criterio restrictivo, los contratos agrarios pueden ser clasificados en contratos conmutativos o de cambio y en contratos asociativos, teniendo en cuenta la naturaleza del vínculo y la incidencia o extensión con que se asumen los riesgos propios de la empresa. De este modo son contratos conmutativos aquellos en los cuales el concedente de un fundo rústico no toma participación en la empresa ni asume sus riesgos; su totalidad es asumida por quien realiza la explotación, quien a su vez es el empresario. En los contratos de naturaleza asociativa, la prestación de una de las partes no es debida en función de una contraprestación correlativa de la otra, sino de una cooperación asociativa ya que existen relaciones convergentes y no contrapuestas, pues como enseñaba FONTANARROSA[7] las partes sin perder de vista sus intereses, en lugar de adoptar una posición antagónica, se unen con la finalidad de obtener un objetivo común y por ello los riesgos inherentes a la explotación agraria son asumidos por ambas partes y los frutos o utilidades se distribuyen en relación con los aportes que cada uno ha efectuado. Estos contratos pueden calificarse como genuinamente agrarios pues no se asimilan al contrato de locación del cual son autónomos, como también con respecto a la sociedad.Ahora bien, el rasgo característico de los contratos conmutativos (arrendamiento, pastoreo, pastaje) y de los de estructura asociativa (aparcería agrícola, mediería, aparcerías pecuarias, contrato asociativo de explotación tambera, contrato de explotación ▇▇ ▇▇▇▇▇ y frutales, tal como estaba legislado por la derogada ley 22.163), consiste en que en ambos el objeto está dado por el goce y el disfrute de fundos rústicos o de otros bienes vinculados con la agricultura, sin olvidar que tanto los contratos de cambio como los asociativos importan la constitución de una empresa y el disciplinamiento de su ejercicio, como ya hemos señalado. La ley 13.246 de arrendamientos rurales y aparcerías y sus modificatorias La sanción de la ley 13.246 significó la consagración de la autonomía legislativa en materia contractual agraria. Hasta ese momento las leyes anteriores de arrendamientos rurales (11.170 y 11.627), se habían incorporado al Código Civil con el inconveniente de que su aplicación suponía como resultaba, entre otros, la del art. 1506 en materia de plazo que los reducía prácticamente a contratos anuales. Significaba también la adopción de la clasificación entre contratos conmutativos y asociativos, precedidos por disposiciones comunes; se legislaba por primera vez en el país el contrato de aparcería, típico contrato agrario, que hasta ese momento había sido sólo una modalidad del contrato de arrendamiento rural. De acuerdo con lo expuesto, la ley 13.246, antes y después de su reforma en 1980 por ley 22.298 [EDLA, 1980-345], en su Título I se refiere al Contrato de Arrendamiento Rural y el Título II a las Aparcerías, las que son clasificadas en Agrícolas (Capítulo I) y Pecuarias (Capítulo II). Debe además tenerse en cuenta que cuando en el Título II, art. 21, se define a las aparcerías diciendo:Habrá aparcería cuando una de las partes se obligue a entregar a otra animales, o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo, para la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus especializaciones, con el objeto de medidas repartirse los frutos, su segundo párrafo hace mención expresa de protección prontas y eficaceslos contratos de mediería, sigue siendo objeto estableciendo que ellos se regirán por las normas relativas a las aparcerías con excepción de un total desconocimiento los que se hallaren sometidos a leyes o estatutos especiales, en cuyo caso les serán asimismo aplicables las disposiciones de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y esta ley, siempre que no sean incompatibles con aquéllos. A su vez el art. 4º de la reglamentación de la ley ha podido ser erradico pese establecido que los contratos que, a pesar de no estar regulados por un estatuto especial, presupongan una relación de dependencia y no impliquen la intervención cesión del uso y las recomendación efectuadas por los organismos internacionalesgoce del predio, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que quedarán excluidos del régimen de la misma Corte Constitucional, quien se supone es ley 13.246 aun cuando la guardiana retribución consista en la participación de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralfrutos.

CONCLUSIONES. La forma Que, Derecho del Trabajo surge como fue concebido, implementado y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día respuesta a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida los intentos políticos por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en equilibrar una situación de desregularización desventaja económica y social en que se hallaba el trabajador frente al empleador, por ello la normativa tiende a establecer mínimos de protección social y laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estadoconsagrando derechos a cualquier tipo de trabajo irrenunciables. Que, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre nace del contrato locación de servicios profesionales, de consagrarlo el Estado dará como resultado las madres comunitarias garantías inalienables, constituyéndose éste en un obstáculo productivo para el empleador, generándole mayores costos, y el ICBF limitando una promisoria flexibilidad laboral. Que, en esta situación del contrato de locación de servicios profesionales es visto como un elemento a eludir con el único propósito fin de maximizar sus ganancias, trayendo como consecuencia la consecución de mecanismo con los cuales pueden eludir la responsabilidad de los empresarios ante el pago Estado. Que, de prestaciones sociales esta forma, el contrato laboral de locación de servicios profesionales queda oculto, simulado; se traslada de un vínculo tutelado por el Estado, a uno en que supone igualdad negociadora; de una unión socialmente protegida, a una sostenida por la casi absoluta voluntad de las partes. Que, las personas jurídicas y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entoncesnaturales, que la implementación de política indebida, por siempre tienen en mente ser parte del mismo Estado instituto del Fraude a la Ley, con la figura jurídica del Fraude designamos una situación en que formalmente existe cumplimiento de la norma, mas no de su espíritu, razón que obliga al sistema jurídico a restarle eficacia al acto defraudatorio y hacer aparecer la convención real, oculta o simulada actuación, cuando no existe normas para exigir el control efectivo del empleador en favor del trabajador.. Que, en suma, cuando se supone presenta un contrato de prestación de locación de servicios profesionales para encubrir una relación laboral, se origina un fraude a la ley del trabajo, fraude que debe ser el garante corregido, con la finalidad de los derechos de lograr la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magnaequidad entre empleador y trabajador. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidadQue, el que deba asumir las consecuencias Estado busca reducir la contratación laboral a cambio de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficialesun contrato civil, con las el objetivo de librarse en determinado momento, de cumplir con indemnizaciones y demás prestaciones laborales que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo le corresponden a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralcada trabajador.

CONCLUSIONES. En primer término el tribunal debe analizar el alcance y legalidad del acta de compromiso suscrita entre la Fiduciaria La forma como fue concebido, implementado y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido Previsora S.A. —cuenta especial de la sociedad colombianaNación— Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Institución Prestadora de Salud S.A. Cooperadores IPS S.A. del Valle del Cauca, en el cual acuerdan fijar como término de vencimiento del contrato de prestación de servicios médico asistenciales ▇-▇▇▇▇-▇▇ de 1996, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores 31 de edad, sin ni si quiera recibir diciembre de 1998. En el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores material probatorio aportado al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias proceso se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboralmenciones, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad referencias y sobre todo afirmaciones testimoniales que dan cuenta del proceso previo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 firma del acta de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces compromiso por parte de entes oficialespersonas vinculadas a la junta directiva de Cooperadores IPS S.A., con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento del consejo directivo del Fondo Nacional de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un Prestaciones Sociales del ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Cauca, pero en ninguna parte aparece la prueba documental legalmente válida para acreditar la autorización al gerente de Cooperadores IPS S.A. para suscribir el acta de compromiso que debería contiene la modificación al contrato, consistente en la terminación anticipada a 31 de diciembre de 1998, o sea, la copia auténtica del acta, tomada del libro de actas de la junta directiva. Al no existir el acta de la junta directiva en la que conste la autorización al gerente para suscribir la citada acta de compromiso, debe entrar a analizarse si a la luz de las disposiciones legales y estatutarias el gerente de Cooperadores IPS S.A. estaba autorizado para suscribir la modificación del contrato de prestación de servicios médico asistenciales y anticipar su terminación. Para tal efecto, es necesario hacer un análisis exhaustivo del sentido y alcance del artículo 196 del Código de Comercio que dice: “La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad”. “A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad”. “Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros”. En la norma transcrita aparece, en primer término, que las sociedades mercantiles actúan en el mundo jurídico por conducto de personas naturales que ejercen sus funciones; en el caso de las sociedades anónimas por delegación de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, teniendo como marco de acción para la validez de sus actos de representación el objeto social de la sociedad, en el cual deben quedar claramente detallados los propósitos y objetivos de la empresa social y la forma de realizarlos. De suerte que, el representante legal de una sociedad puede celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Esto quiere decir que cuando el representante legal de una sociedad ha sido autorizado para la celebración de un contrato de tracto sucesivo, queda igualmente facultado para ejercer y ejecutar los contratos y actos necesarios para cumplir el cometido propuesto en el contrato. Debe entenderse, eso sí, que dicha autorización extensiva, únicamente se refiere a aquellos actos que hacen parte del giro ordinario de la ejecución del contrato y, en especial, cuando se trata de contratos de tracto sucesivo, en los cuales las prestaciones recíprocas se van causando periódicamente en el transcurso de la ejecución del contrato. La parte convocada, en su alegato de conclusión, trae una cita de un auto del Consejo de Estado del 8 ▇▇ ▇▇▇▇▇ de 1995, del proceso radicado bajo el número 10684, que a la letra dice: “La interpretación hecha por el tribunal desconoce por completo la noción del ejercicio de las acciones contractuales, dado que el negocio jurídico es un todo inescindible respecto del cual habrán de tenerse de presente fenómenos tales como su terminación y liquidación para aplicarle la drástica figura de la caducidad de las acciones respectivas” (se resalta). Como excepción al principio general de representación y de las facultades del representante legal para la ejecución de los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social de la sociedad y de sus respectivos estatutos, aparecen las limitaciones que por el contrato social se le pueden imponer a este. Dichas limitaciones deben constar en forma expresa y clara en los estatutos sociales y deben ser dotadas de la correspondiente publicidad, mediante la inscripción en el registro mercantil del acto constitutivo de la sociedad o de las retornas estatutarias que contengan modificaciones a las facultades del gerente. Así pues, las limitaciones o restricciones a las facultades del representante legal deben constar expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil, para que puedan ser oponibles a terceros. La parte convocarte trae en su alegato de conclusión, unas citas de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que consideramos pertinente transcribir: “Los estatutos de las sociedades mercantiles revisten naturaleza institucional y las reglas que los gobiernan no dependen principalmente de los asociados, sino que se imponen a estos en gran medida, por voluntad de la ley que señala taxativamente su contenido” (S. de Cas. Civil, feb. 21/74). “Respecto de la capacidad de la sociedad la honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia Sala de Casación Civil de 27 de julio de 1978 dijo: “... 1. Que el contenido del objeto de medidas una sociedad no solamente rige para las relaciones entre esta y su gerente, sino también para las que se originan con los terceros que con ellas negocian. 2. Que por lo tanto todo tercero, antes de protección prontas y eficacescontratar con la sociedad, sigue siendo debe enterarse del contenido preciso del objeto social, para poder determinar si la sociedad está o no autorizada para celebrar el contrato de que se trata ... 5. Finalmente, que las facultades o poderes de un total desconocimiento gerente jamás pueden llegar al extremo de permitirle ejecutar actos que a la sociedad le están expresamente prohibidos por sus derechos como trabajadorasestatutos”. Desconocimiento En los estatutos sociales de Cooperadores IPS S.A., su artículo 46, establece “Son atribuciones de la junta directiva: ... 5. Autorizar al gerente para ... celebrar los contratos cuyos valores excedan de 400 salarios mínimos legales”. El tribunal considera que ya lleva más tratándose de dos décadas y un contrato de tracto sucesivo, en el cual las prestaciones recíprocas se van causando poco a poco durante todo el período de ejecución del contrato, la terminación anticipada del mismo es una modificación sustancial al contrato, cuyo contenido patrimonial excede los 400 salarios mínimos legales. La terminación anticipada del contrato, por mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, es lo que en la doctrina se ha denominado “terminación anormal del contrato”, toda vez que este no termina por haberse ejecutado en su totalidad el objeto del mismo, sino que, por circunstancias particulares, es necesario terminarlo anticipadamente. No es pues el acto modificatorio del contrato un acto de ejecución cualquiera relacionado con el normal funcionamiento del mismo o que pueda considerarse dentro del giro ordinario de su ejecución, sino que es un cambio determinante en las prestaciones económicas recíprocas de las partes. De lo anteriormente expuesto se concluye que la Fiduciaria La Previsora, en representación del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la suscripción del acta de compromiso de 19 de octubre de 1998, actuó sin la debida diligencia, toda vez que no ha podido ser erradico pese corroboró en el correspondiente certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, que existía una limitación en los estatutos de Cooperadores IPS S.A. para que el representante legal comprometiera a la intervención sociedad sin autorización de la junta directiva en actos o contratos que excedieran 400 salarios mínimos legales. Por tal razón, el acta de compromiso de 19 de octubre de 1998, suscrita entre los representantes legales de la Fiduciaria La Previsora S.A. —cuenta especial de la Nación— Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Institución Prestadora de Salud S.A. Cooperadores IPS S.A. del Valle del Cauca, para fijar como término de vencimiento del contrato de prestación de servicios médico asistenciales ▇-▇▇▇▇-▇▇ de 1996 el día 31 de diciembre de 1998, nació viciada de nulidad. Ahora bien, como se trató anteriormente en el capítulo correspondiente a las recomendación efectuadas por los organismos internacionalesnulidades y sus ratificaciones, los cuales han mostrado mayor preocupación actos anulables de que da cuenta el artículo 900 del Código de Comercio pueden ratificarse con los requisitos y condiciones previstos en los artículos 1753 y 1754 del Código Civil, que se refieren a la ratificación expresa y a la ratificación tácita, respectivamente, estableciendo que para que la ratificación expresa sea válida, debe hacerse con las solemnidades a que por dicha problemática que incluso ley está sujeto el Gobierno Nacional acto o contrato y que la misma Corte Constitucionalratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada. Así pues, a partir del 31 de diciembre de 1998 comienza a darse la ratificación tácita por parte de Cooperadores IPS S.A., a lo convenido en el acta de compromiso suscrita el 19 de octubre del mismo año. En efecto, el artículo 1754 del Código Civil dispone que la ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada. La obligación contratada en el acta de compromiso suscrita el ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ La Previsora y Cooperadores IPS S.A., fue la terminación anticipada del contrato con las debidas prestaciones recíprocas a cargo de las partes: por un lado, a cargo de Cooperadores IPS S.A., la obligación de suspender la prestación de los servicios médico asistenciales a los docentes del Valle del Cauca y proceder de conformidad con el contrato a cumplir con los procedimientos previstos para la liquidación final del mismo, y, por el otro, a cargo de la Fiduciaria La Previsora, la obligación de facilitar la suspensión de la prestación de los servicios médico asistenciales y el pago de las sumas de dinero pendientes de pagar como resultado de la ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 1998. Fue así como el nuevo gerente de Cooperadores IPS. S.A., quien se supone es remplazó a aquel que suscribió el acta de compromiso en la guardiana fecha pactada en esta, en forma voluntaria, sin traumatismos en las relaciones de las partes y en forma relativamente ordenada para las circunstancias, suspendió la prestación de los derechos fundamentales servicios médico asistenciales y procedió a dar cumplimiento a los procedimientos previstos en el contrato con posterioridad a la terminación, para obtener la liquidación final del mismo. Cooperadores IPS S.A. cumplió voluntariamente y en forma integral la obligación a su cargo, nacida del acta de compromiso suscrita el 19 de octubre de 1998, en la que se anticipaba la terminación del contrato al 31 de diciembre del mismo año, ratificándose retroactivamente el vicio de que adolecía el acta de compromiso en comento. La materialización de hecho de los colombianosefectos de la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios médico asistenciales, que se manifiesta en la suspensión de los servicios objeto de dicho contrato, dio paso a la ejecución de los actos conducentes a la liquidación final prevista en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que a su vez recoge la cláusula trigesimacuarta del contrato, que es del siguiente tenor: “Liquidación El presente contrato por ser de tracto sucesivo, deberá liquidarse de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Para el efecto, terminado el mismo por cualquier causa, se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación. Por tal motivo el contratista deberá presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato a el contratista o a quien este designe, las historias clínicas y demás documentos relacionados con los aspectos médicos de las personas que cubre el presente contrato, así como la información técnica, científica y estadística que se requiera, para con base en dicha información se proceda laborar el acta de liquidación correspondiente. En caso de que no se efectúe la liquidación bilateral se dará aplicación al artículo 61 de la Ley 80 de 1993 regulatorio de la liquidación unilateral” (sic). Establece la Ley 80, en su artículo 60, que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se hará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga. Como lo ha señalado la jurisprudencia, “La liquidación del contrato es el paso siguiente, precisamente para determinar que derechos y obligaciones correspondían a los contratantes y qué sumas líquidas de dinero debían pagarse o cobrarse en forma recíproca” (C.E., Sección Tercera, Sent. mayo 29/97 M.P. ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇). También en la etapa liquidatoria las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse ▇ ▇▇▇ y salvo. La jurisprudencia también ha señalado sobre este tema lo siguiente: “Los contratos, como es lógico, se celebran para ser cumplidos. De allí que cuando se da el cumplimiento, la parte cumplida o que se allanó a cumplir, podrá pedir la declaración de responsabilidad y las conductas consecuenciales a esta. Además, los contratos administrativos pueden terminar normal o anormalmente. En el primer evento, por el cumplimiento del objeto en la forma y tiempo debidos. En el segundo, por caducidad o terminación unilateral, o por vencimiento del plazo antes del cumplimiento del objeto convenido. Terminado normal o anormalmente un contrato, en especial en los contratos de suministro, obra pública o prestación de servicios, procederá su liquidación, en los términos señalados en el mismo contrato. Liquidación que podrá hacerse de común acuerdo, o en forma unilateral, por la entidad pública contratante y mediante resolución motivada. No tendrá que mediar un acto administrativo formal que ordene la liquidación. Podrá ser una comunicación en la que se invita al contratista a participar en ella y se le pide la documentación de rigor para ese efecto. Si mediare tal acto, no conformará con el de liquidación un acto complejo (el que no siempre tendrá carácter unilateral), porque aquel no será más que un trámite previo y hasta innecesario, por que su ausencia no impedirá la liquidación, etapa impuesta por la ley. Si las partes acuerdan los términos de la liquidación, se suscribirá un acta, la que deberá aprobarse por el jefe de la oficina si no hubiere intervenido en la adopción del trabajo liquidatorio. El acta suscrita por las partes pone fin a las reclamaciones de carácter económico y prestará mérito ejecutivo, en lo que sea favorable a la entidad pública, por jurisdicción coactiva y ante la justicia ordinaria, si la favorabilidad estuviere de lado del contratista particular. Esa liquidación de común acuerdo, en principio, no podrá cuestionarse sino por vicios en el consentimiento. Si el acta se suscribe con salvedades por el contratista podrá este impugnarla en lo que fue materia de desacuerdo. Si el contratista se negare a suscribirla o no comparece a la diligencia, la administración deberá dictar un acto administrativo unilateral de liquidación, mediante resolución motivada, la que podrá impugnarse en una controversia de tipo contractual, en firma aislada o con otras pretensiones derivadas del contrato mismo y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicasde alguna forma incidan en la liquidación”. Consejo de Estado, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias Sección Tercera, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboral.1990, magistrado ponente ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

CONCLUSIONES. Conforme a lo desarrollado en el presente dictamen, podemos concluir que la deficiente redacción del poder cuestionado, su­ mada a la insuficiencia de datos que contiene, hacen necesario acudir a otros elementos probatorios a los efectos de cerciorar­ nos de su legitimidad. A tales fines, debemos analizar la totali­ dad de los elementos que rodean el acto. Conforme a la doctrina y jurisprudencia analizada, los he­ chos anteriores, coetáneos y posteriores a la instrumentación del acto iluminan sobre la común intención de los contratantes. La declaración de voluntad del vendedor y comprador conser­ va el nexo de unión que perfecciona la voluntad contractual y no podría decirse que el acto no existe, dado que hubo acuerdo, entrega de dinero, al igual que una cosa trasmitida. Las cosas dadas no están fuera del documento, sino que lo integran sólo que en discrepancia entre lo que se consigna en forma como fue concebido, implementado errónea 265 e insuficiente en el poder y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente lo que luego las partes ejecutaron. Es por eso que debe recurrirse inevitablemente al contexto del negocio jurídico y las comprobaciones para desentrañar la manera en cómo se efectuó la contratación ver­ dadera voluntad de las madres partes. Resultaría muy útil para determinar el objeto del acto ju­ rídico, y conforme lo ofrece el escribano consultante, la mani­ festación mediante un acta notarial, suscripta por la totalidad de las partes involucradas, de las circunstancias inconfundibles que las llevaron a ejecutar el acto jurídico. Deben indagarse, como ya mencionamos, las circunstan­ cias que rodearon el acto, acreditando suficientemente la causa que lo motiva. La demostración puede hacerse por la verifica­ ción de los servicios del inmueble (gas, luz o teléfono), dado que no se registran por titularidad sino por el número de puerta (cotejando el número del instalado con el recibo de pago) y su coincidencia con el “departamento 4” consignado en el poder. También debe cotejarse la dirección consignada en el poder, si la misma existe o no y si físicamente posee un piso 2, con la nu­ meración interna número 4. Otro medio coadyuvante seria el otorgamiento de un acta de comprobación de la posesión de la unidad trasmitida, con declaraciones testimoniales de los vecinos y acompañando toda documentación que acredite que se encargarían trata del inmueble ob­ jeto del contrato estipulado. Esta comprobación general resulta útil a los efectos de colocar preconstituir la prueba del error, como ser: la correcta numeración del edificio, el cotejo del reglamento de copropiedad y administración, el plano, el título de propiedad donde se acredita que el poderdante es titular del inmueble, la documentación correspondiente a la carpeta de operacio­ nes del banco acreedor del crédito que se otorgó a favor de los compradores, tasaciones inmobiliarias, etc. A los efectos de probar que el mandato únicamente se re­ fería a la propiedad de los disponentes y no a otra, basta con comprobar materialmente, mediante un acta de constatación, si la propiedad que consigna el poder existe y, en funcionamiento el mismoese caso, ha generado una serie si posee un segundo piso y un departamento 4. Si alguna de problemáticas laboralesestas referencias no existiera, para este sector marginado no quedan dudas del error de tipeo y deprimido de la sociedad colombianareal voluntad de las partes, ya que no podrían haber con­ tratado con un objeto inexistente. Por último, debe considerarse como elemento probatorio que, habiendo transcurrido más de nueve años de la venta del 266 Revista del Notariado 912 inmueble, la poderdante en vida y sus herederos, mediante su silencio u omisión, nada han hecho para impedir u objetar el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores pleno ejercicio del derecho de edad, sin ni si quiera recibir el pago dominio de los cónyuges CCC; implica una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación aceptación tácita de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos lo actuado por el mandatario conforme al artículo 23 1874 del Código Sustantivo del TrabajoCivil.14 14. Art. 1874, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralC. Civ.:

CONCLUSIONES. La forma como fue concebido, implementado y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es observa que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente EURIBOR ha sido la referencia más utilizada, en el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder futuro la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y referencia estrella será el ICBF con IRS el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes cual es sensiblemente superior al Sistema Integral de Seguridad SocialEuribor. Se considera entonces, que • Vemos la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento importancia de las leyes laborales. Finalmentecomisiones y gastos aplicados por las entidades bancarias, se observa cómo a pesar como un elemento que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇incrementa el coste real ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ –T.A.E.-. Así como las bonificaciones concedidas por la suscripción de productos vinculados, por los que además la entidad financiera nos fideliza. Son muy significativos los dos cuadros de impacto en el coste, en relación a las comisiones y vinculaciones, de los que se deduce que la entidad que aplica mayores comisiones es “BANKIA”, y las entidades que conceden más bonificaciones por productos suscritos son “BBVA” y “CEISS”. • Para el conocimiento de los tipos de cláusulas, sobre todo las abusivas y problemáticas, es muy importante la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2.009. No obstante la ley nos habla de un “Registro Especial de Cláusulas Abusivas” que todavía no está en vigor, dejando a jueces, notarios y registradores de la propiedad la función de calificación de estas cláusulas. También es relevante las cláusulas suelo –cada vez más claramente, según las últimas sentencias judiciales, declarada como abusiva-, y los “clips hipotecarios: Caps y Swaps” que dado que protegen las subidas de tipos son difíciles de entender en escenarios tan claramente de tipos a la baja, y que conllevan elevados costes de suscripción y cancelación, respectivamente. • Tras el análisis y evaluación de ofertas de préstamos hipotecarios de distintas entidades se elabora un modelo tipo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ hipotecario ideal, donde se hace constar las claúsulas mayormente utilizadas, analizándose distintos escenarios en los casos prácticos. También es importante comentar como poder negociador del cliente las novaciones o modificación del tipo de interés de forma más ventajosa para el cliente, y la subrogación de entidad acreedora o cambio de banco • El problema de las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago (entrega de la vivienda como medio de cancelar la deuda), ha llevado en la última reforma de la Ley Hipotecaria, a paralizar las primeras durante dos años, en caso de vivienda habitual. • Se demuestra que debería ser objeto las hipotecas “subprimes” norteamericanas, son el principio de medidas la crisis financiera e inmobiliaria. Estas hipotecas de protección prontas y eficacesbaja calificación invaden mediante los fondos de titulación hipotecaria el mercado europeo. • De la observación de las distintas gráficas de variables económicas, sigue siendo objeto se observa el precio de un total desconocimiento la caída de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más la vivienda en España, la evolución del tipo de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese referencia EURIBOR a la intervención baja, la caída en el número de hipotecas constituidas, el importe medio de las mismas, el incremento en el coste hipotecario por aumentar los bancos los índices de referencia, tratando de minimizar la caída del EURIBOR, la subida en la tasa de morosidad y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias del paro consecuencia de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralmala situación económica en que se encuentra nuestro país.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebidoUna vez estudiadas y analizadas las causales previstas para el dolo y la culpa grave, implementado y desarrollado se determinó que la culpa grave a título de infracción directa a la Constitución o a la ley, una inexcusable omisión o una extralimitación en el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación ejercicio de las madres funciones, se puede configurar en el marco del comportamiento indebido del supervisor incluso cuando este no ha expedido el acto administrativo que dio lugar a la declaratoria del vínculo laboral; ahora bien, si el supervisor expidió el acto administrativo que fue atacado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, procedería la responsabilidad bajo la conducta de ▇▇▇▇ y la causal en la que se encargarían enmarca deberá establecerse de colocar en funcionamiento conformidad con la causal de nulidad aducida por el mismofallador. Es preciso indicar que las conductas de dolo y culpa grave no son excluyentes entre sí, ha generado una serie de problemáticas laboraleses decir, para este sector marginado y deprimido se puede hacer la solicitud de la sociedad colombianadeclaratoria a título de culpa grave y de dolo en la misma demanda, siempre y cuando se justifique cuáles son las razones que sustentan cada una de las conductas. En otras palabras, el cual día servidor público podría ser responsable bajo una o ambas conductas, provenientes de lo probado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y como se desarrolló a día presta sus servicios lo largo del texto, en el marco de la acción de repetición no necesariamente el accionado resulta ser quien expidió el acto que negó el reconocimiento de la relación laboral, pues lo que le corresponde analizar a niños y niñas menores la entidad que la pretenda, es precisamente si la conducta del servidor llevó en todo o en parte a la configuración de edadla relación laboral encubierta, sin ni si quiera recibir ya sea con el comportamiento indebido que haya sido probado en el proceso laboral o expidiendo el acto anulado. Sin embargo, se insiste, no se encontraron sentencias donde se controvirtieran dichos asuntos. Sumado a esto, se debe tener en cuenta que en gran medida quiénes expiden los actos administrativos como respuesta al derecho de petición que solicita la declaratoria del vínculo laboral del contratista, así como el pago de una remuneración dignaemolumentos salariales y prestacionales son servidores públicos del nivel directivo, pese lo que no significa que estén impedidos para ejercer la supervisión de dichos contratos; todo esto para decir, que para que se configure la causal de dolo por parte del supervisor como consecuencia de la nulidad del acto administrativo, esta función debe haber sido ejercida por el directivo que expidió el acto anulado. A pesar de los anterior, es preciso puntualizar que respecto a las causales de las cuales puede deducirse las conductas dolosas o gravemente culposas de los agentes estatales al ser subjetivas, no son las únicas de las cuales puede determinarse dichas actuaciones, ya que el juez de la causa es libre de apreciar comportamientos dolosos o gravemente culposos en otras conductas no mencionadas en los numerales 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 (Corte Constitucional, 2002, Sentencia C-455). Seguidamente, del análisis jurisprudencial realizado, también resulta factible colegir que las entidades no logran diferenciar entre los conceptos de dolo y culpa grave y especialmente las causas que integran uno y otro y que son indispensables para cimentar la búsqueda de la responsabilidad del servidor, según lo establecido del análisis de otros tipos de demandas en las que es aplicable el precitado medio de control y que fueron objeto de revisión y estudio, tal como consta en los recurrentes llamados de atención que hace la misma legislación nacional corporación a las entidades estatales, “la manera descuidada y poco diligente en la que prohíbe presentan sus demandas de acción de repetición” (Consejo de Estado, 2013, Sentencia 46162). De esto último se extracta la cancelación relevancia que ostenta en materia de salarios repetición el comité de conciliación al interior de las Entidades, a falta de este el representante legal o en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigentesu defecto cuando a ello haya lugar el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia y del Derecho pues corresponde a estos realizar el análisis riguroso de procedencia de la acción de repetición, así como la delimitación de la conducta y la causal que constituirá la piedra angular para cimentar la prosperidad de la misma, en defensa y salvaguarda del patrimonio público. Se tiene entoncesDesde el punto de vista legislativo se concluye que no existe normativa alguna que distinga u oriente de manera específica el ejercicio de la supervisión de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión suscritos con persona natural, legislación que podría mitigar el impacto fiscal que trae como consecuencia las sentencias que declaran la responsabilidad del estado en el contexto de los denominados “contratos realidad”; respecto a ello a criterio de las autoras se considera de gran valor que las entidades incluyan en sus manuales de contratación, un capítulo especial en relación con el ejercicio de la supervisión de este tipo de contratos. Finalmente, aunque existe un marco normativo como el previsto en la Ley analizada, que muy les permite a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependenciaentidades estatales perseguir, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento todo o en parte, los recursos que debió pagar con ocasión de la existencia sentencia que declara la configuración del contrato laboral en el marco de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria prestación de servicios, de acuerdo con las sentencias del principio constitucional Consejo de la primacía de la realidad sobre Estado analizadas, las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer entidades no hacen uso de la presunción legal contenida dicho mecanismo y simplemente se limitan a pagar las sumas contenidas en el artículo 24 del CSTlas condenas, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar sin realizar el análisis detallado posterior respecto a si esta tuvo lugar o se dio como consecuencia de la legislación que ha regulado la contratación conductas típicas de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materiaculpa grave o dolo por parte de sus agentes. A esta reflexión es viable llegar, especialmente el contenido en la sentencia T-480 toda vez que, como se indicó, no se encontraron decisiones del Consejo de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien Estado relacionadas con la sentencia T-480 acción de 2016 repetición en contra del supervisor, ni del servidor público que expidió el acto administrativo que trajo como consecuencia dicho reconocimiento, como tampoco en contra de otros servidores públicos que hayan tenido injerencia durante la ejecución del contrato de prestación de servicios que se pudo llegar a pensar desnaturalizó. Así las cosas, como resultado principal de esta investigación, se concluye que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento actualmente no se está ejerciendo la acción de los derechos laborales que les han sido negado por más repetición ni en contra del supervisor, ni en contra de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder ningún otro servidor público cuando se declara judicialmente la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito del contratista. Agencia Nacional de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad SocialDefensa Jurídica del Estado (2023). Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte Cartilla prevención del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magnadaño antijurídico. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇- ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/cartilla_atencion_ciudadano_1209 19.pdf Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (2023). Circular externa 03. ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia de 1991. ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇.▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇. (2005). Manual del acto administrativo. Editorial Universidad Libre. ▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇., & ▇▇▇▇▇, C. J. (2019). Ineficacia de la acción de repetición en el municipio ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Caquetá. Estudio de caso, 2010-2016. Revista Dixi, 21(30). 1-19. ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇/▇▇.▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇., & ▇▇▇▇▇, M. (2014). Aplicación del medio de control de repetición en el municipio ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto en el periodo 2001 a 2012. Revista facultad de medidas de protección prontas derecho y eficacesciencias políticas, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales44(121), los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboral673-697.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebidoTras el estudio realizado, implementado y desarrollado en mi opinión, el programa N A seguro de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación transporte de mercancías es una de las madres partes más importantes del traslado de mer- cancías (ya sea transporte nacional como inter- nacional) a tenor de todos los riesgos potencia- les que se encargarían pueden acechar esta actividad y, aunque su contratación no es de colocar obligado cumplimien- to, es del todo recomendable formalizarlo para dar una cobertura a la carga desde su punto de origen hasta su llegada al punto de destino. Por mi experiencia profesional, puedo afir- mar que, hoy en funcionamiento día, siguen siendo muy numero- sas las empresas que operan en el mismotráfico inter- nacional y que transportan sus mercancías sin contratar un seguro de daños, ha generado una serie de problemáticas laboralesconfiando en que serán las empresas transportistas/transitarias que hayan contratado para efectuar el transpor- te, para este sector marginado quienes responderán por las pérdidas o daños que puedan sufrir las mismas; sin tener en cuen- ta que la responsabilidad civil del transportista/ porteador es limitada por normativa y deprimido de que la sociedad colombianain- demnización que percibirán, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar caso de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la poblaciónpro- cediera, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que alcanzará el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un valor ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ de las mismas con las consiguientes pérdidas económi- cas y descrédito comercial ante el comprador. Por tanto, hay que presentar el seguro de mercancías no como un gasto adicional que en- carece los costes de la exportación/importación sino como “un antídoto del riesgo18”, una inver- sión necesaria y responsable que puede llegar a salvar tanto las operaciones comerciales en cur- so como las futuras y, a su vez, proteger financie- ramente a la empresa, al no tener que asumir los costes asociados a esos incidentes, recuperando el valor de los bienes asegurados. En cuanto al seguro de responsabilidad civil de las empresas, éstas han comprobado, en los últimos años, cómo sus responsabilidades se han multiplicado no sólo en el marco de su pro- pia actividad sino en el ámbito social, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. Y, con ellas, también han aumentado sus riesgos, en la misma medida que la necesidad de proteger su 18 Conocida ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas “el seguro es el an- tídoto del riesgo”. D O patrimonio frente a reclamaciones por daños y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese perjuicios a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralterceros.

CONCLUSIONES. La forma Ambas partes han presentado sus conclusiones, reafirmándose en sus respectivas posiciones. El demandante sostiene en las suyas que tanto la documental aportada con la demanda como fue concebido, implementado y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 interrogatorio del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando demandado han evidenciado la realidad y la falta de justificación de las pruebas demuestrandisposiciones cuestionadas a las que se refiere la demanda, incluso si hacer uso la de 7/07/16 por importe de 21.540,06 € y la de 2/08/16 de 127.856,18 €; que tales disposiciones se han llevado a cabo en un contexto de desavenencias y desacuerdos entre ambas partes, quebrándose absolutamente la necesaria confianza recíproca entre los dos socios fundadores de la presunción legal contenida en cooperativa; que el artículo 24 del CST, que la vinculación único beneficiario de las madres comunitarias constituye disposiciones es el demandado a través de su sociedad ……, S.L., participada al 100% por el Sr. …… y administrada por el mismo; que el demandado se ha pagado a sí mismo en un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, claro supuesto de autocontratación; que el demandado no ha sido capaz de explicar de un modo coherente y luego de efectuar racional el análisis detallado motivo de la legislación facturación de dichos importes; que ha regulado la contratación no existía presupuesto previo ni se conocían sus condiciones de las madres comunitarias pago; que son disposiciones nulas y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materiacarentes de fundamento, especialmente el contenido en la sentencia T-480 sin factura de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017soporte ni adecuado reflejo contable, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo ordenadas a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento medida de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua saldos en cuenta y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito fin de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, despatrimonializar la cooperativa en beneficio del Sr ; que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado no responden a causa mercantil legítima; que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene tenerse en cuenta, que cuenta el principio de facilidad probatoria; que el demandado no ha llevado a cabo el más mínimo esfuerzo probatorio, ni tan si quiera se ha tomado la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar molestia de aportar a las presentes actuaciones las facturas que supuestamente dan soporte a las dos disposiciones en cuestión; que el Sr ha usurpado, con el registro a su nombre, los derechos fundaméntelessobre la marca comercial ……., pues ello contraria los postulados que tradicionalmente ha empleado la cooperativa; que el demandado, actuando a escondidas y a espaldas de la propia Carta Magna. Lo anteriorcooperativa, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado ha constituido una sociedad en Portugal, ………., cuyo objeto entra en colusión con el de la población colombiana sumido cooperativa; que el Sr. ……, en evidentes condiciones vista de vulnerabilidadla pérdida de confianza y las desavenencias, ha requerido al Sr. ……. la disolución y liquidación ordenada de la cooperativa, ante lo cual la postura del demandado ha sido tramitar un expediente de expulsión del Sr de la cooperativa, erigiéndose en instructor y órgano decisorio de dicho expediente; que frente a la actitud del demandado, el que deba asumir las consecuencias Sr ha respondido de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇manera nítida y ▇▇▇▇▇ a las preguntas que se le han formulado, explicando que la cooperativa se fundó como vehículo mercantil de una asociación a razón del 50% cada parte; que fue el modo de adaptar su relación; que tanto el demandado como el demandante transfirieron a la cooperativa la totalidad de sus respectivas carteras de clientes, poniéndose de manifiesto que la cooperativa nada adeudaba a ……, S.L.. Por el demandado se han formulado conclusiones en las cuales se sostiene que: no ha quedado acreditada ninguna de las circunstancias que, a pesar de no tener ninguna relevancia respecto del fondo del asunto, han sido alegadas, refiriéndose en este sentido el demandado a la paralización de la cooperativa, el quebrantamiento de la buena fe societaria, los irregulares criterios de cobro y el registro abusivo; que sí ha quedado acreditada la existencia de las facturas que respaldan la disposición de fondos; que a pesar de la voluntad del demandado de aportar dichas facturas la postura del actor impidió su aportación sin una justificación clara; que en todo caso, aunque no se considerara acreditada la existencia de las facturas, el Sr , como administrador de la cooperativa, contaba con las facultades jurídicas necesarias para llevar a cabo tal operación; que ha quedado acreditada, por los extractos bancarios aportados por el actor, la disposición de fondos por parte de ……… ▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ . a favor de …….; que debería ser objeto el Sr. …… ha sido demandado como persona física, no como administrador de medidas la cooperativa ni como administrador de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por lo tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias nunca podrá restituir ninguna cantidad de la implementación que nunca dispuso ni nunca recibió. Con base en sus respectivas conclusiones, el actor solicita la estimación de sus propias políticas quebrantadoras la demanda y la íntegra desestimación de derechos la reconvención, con expresa imposición de índole laborallas costas al demandado, y el Sr solicita la íntegra desestimación de la demanda con expresa condena en costas al demandante. II. HECHOS PROBADOS Se consideran probados los siguientes hechos:

CONCLUSIONES. La forma como fue concebidoEl contrato indefinido y a jornada completa debiera ser el mecanismo normalizado de la inserción en el mercado laboral, implementado pues socialmente constituye el ▇▇▇▇▇ sobre el que la persona planifica su vida económica y desarrollado sus relaciones sociales y familiares, aporta estabilidad personal al trabajador y, considero, que la figura del trabajador fijo en la plantilla de la empresa mejora el programa funcionamiento, la seguridad y contribuye a la mejora de Hogares Comunitariosla producción. E incluso contribuye a establecer una relación de confianza que facilita las relaciones laborales, especialmente la manera sobre todo en cómo se efectuó las pequeñas empresas. No obstante, parece que la contratación temporal se ha convertido desde hace años en la forma habitual de inserción de los trabajadores en el mercado laboral, que ha ido incrementándose desde hace 30 años, aunque se hayan limitado las madres formas legales de contratación temporal y se hayan puesto restricciones legales a las existentes. El legislador ha intentando que la negociación colectiva regule determinados aspectos de estos contratos, entendiéndose que la delegación encomendada ha de dirigirse a delimitar y devenir hacia la contratación indefinida, no obstante, parece que el reflejo que se encargarían ha hecho en los convenios colectivos de colocar en funcionamiento el mismoeste poder, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado está en el artículo 53 camino de abundar hacia la Carta Magnatemporalidad. Resulta inconcebible En los convenios, sentencias y artículos examinados, se aprecia que las Altas Cortes y en el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida potestad de poder identificar tareas y actividades dentro de la empresa que se pueden cubrir mediante contratos temporales, en lugar de delimitar o clarificar estas tareas, se limitan a copiar el contenido de la Ley o añadir alguna circunstancia que deja más abierta la lista; en algunos casos establece tareas que podrían considerarse habituales o propias de la actividad normal de la empresa, lo que abre aún más el campo a esta contratación. En cuanto a la duración de los contratos temporales eventuales, la mayoría de los convenios colectivos amplían su duración a la máxima, de tal manera que puede ser más restrictiva la contratación temporal en los sectores en que el convenio no contempla particularidades en este sentido. Apenas se establecen condiciones en torno a la fijeza de estos trabajadores que mejoren lo dispuesto en la normal legal, por ejemplo, establecimiento de compromisos de conversión de estos contratos en indefinidos, mejora de los plazos o condiciones para adquirir la condición de indefinidos, etc. Aunque este aspecto pudiera resultar estéril, dado que lo habitual es que las transgresiones a la legalidad del contrato se reclamen en los Tribunales, pues de nada sirve lo establecido en el convenio colectivo o en la normativa general, cuando el empresario realiza una contratación en fraude ▇▇ ▇▇▇ o supera los límites a sabiendas. Aún así creo que la negociación colectiva debiera hacer presión en esta materia. Respecto al establecimiento de indemnizaciones que mejoren las estipuladas legalmente, no son muchos los convenios que mejoren las indemnizaciones establecidas en la normativa general, siendo este un aspecto que podría resultar disuasorio a la hora de elegir estos contratos, dado que las indemnizaciones y las causas de despido se han flexibilizado en la contratación indefinida desde la reforma laboral de 2012. Un aumento en las indemnizaciones del contrato eventual, puede no compensar al empresario de optar por esta contratación. La suspensión del apartado 5 del artículo 24 15 del CSTET (que establece un límite al uso de los contratos temporales con el fin de evitar su abuso) por el Real Decreto Ley 10/2011 de 26 ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, por el plazo de dos años, que luego se acortó hasta 31 de diciembre por la vinculación Ley 3/2012 de las madres comunitarias 10 de febrero, artículo 17, parece una vía del legislador hacía el logro de mayor cantidad de empleo, aunque sea temporal. Este aspecto podría haber sido matizado por la negociación colectiva, delimitando sectores o características de puestos de trabajo en lo que se ha de poner límite al encadenamiento de contratos temporales. Por el contrario, puede haber otros supuestos en que realmente existan circunstancias causales en el que la rotación de trabajadores para el mismo puesto de trabajo no constituye un verdadero vinculo empleaticiouna actitud abusiva o fraudulenta.82 En resumen, queda aún tarea que realizar en la negociación colectiva en este aspecto. Bajo esta óptica, y luego de efectuar Tarea que se torna cada vez más difícil teniendo en cuenta el análisis detallado estado actual de la legislación que ha regulado la contratación escasez de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales trabajo de calidad, el miedo del trabajador a perder su trabajo o no poder entrar en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización mercado laboral, propiciada irónicamente por que impide que realice exigencias y reclamaciones. Contribuye a dificultar esta tarea el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento desprestigio de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un 82 ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, J.A., “Más de una década de cambios en la sucesión de contratos temporales”…, Págs. 29‐30 representantes de los trabajadores, que han sido acusados de que con sus reglas rígidas son causantes de no dinamizar el mercado laboral. El legislador no parece que adopte medidas y establezca controles administrativos lo suficientemente eficaces para combatir el fraude ▇▇▇ ▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales contratos temporales y limite su utilización, y la negociación colectiva está cada vez más debilitada en la parte de la negociación que corresponde a los representantes de los colombianostrabajadores, por lo que se ofrece una visión poco esperanzadora en la corrección de las irregularidades y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias sobre todo en la disminución de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboral.contratación temporal.83

CONCLUSIONES. La forma como fue concebido, implementado y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres Sea que se encargarían la considere un requisito “presupuesto” o un elemento esencial del acto -y del contrato- administrativo, es obvio que la “voluntad orgánica”, que exterioriza o declara la voluntad estatal se conforma a través de colocar la voluntad psíquica del órgano-individuo que lo integra. En nuestra opinión, los vicios en funcionamiento la voluntad psíquica del órgano individuo, en su intención o en su libertad, pueden incidir sobre los requisitos o elementos del art. 7° de la LNPA según el mismovicio y el sustrato fáctico de que se trate. Esa incidencia operará de manera distinta según la hipótesis de que se trate y, en algún caso, no será posible escindir el vicio subjetivo del objetivo, por lo que el primero perderá su autonomía. El Código Civil ha generado tenido y debe tener una serie influencia notable sobre la estructuración de problemáticas laboralescada uno de los vicios de la voluntad, la construcción a partir ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ es necesaria y evidente, para este sector marginado suplir las imperfecciones técnicas e insuficiencias del art. 14 inc. a), pero sobre todo, para dotarlo de un sentido valioso y deprimido coherente con el resto del articulado de la sociedad colombianaley, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 partiendo del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el inveterado principio de la sostenibilidad fiscal que la inconsecuencia no se presume en el legislador y descartando el cómodo recaudo de presuponer su redundancia, propiciando una subsunción in totum de los vicios subjetivos en los elementos reglados. Es sabido que al estudiar las nulidades del acto administrativo en la LNPA, se advierte la fuerte influencia del sistema francés en la formulación de los arts. 14 que asimila acto nulo a nulidad absoluta y del 15 que alude a la anulabilidad pero, a la vez, tales soluciones, dentro de una concepción sistémica deben integrarse con las propias brindadas por el Código Civil a fin de articular planteos que la ley no puede ser usado captar o en los que, simplemente, aparece incompleta como mecanismos en los vicios de la voluntad psicológica de los órganos individuo. Como en el Derecho Administrativo el interés público siempre se encuentra comprometido, la construcción debe forzosamente aludir a la mayor o menor importancia con que se presenta el vicio para vulnerar derechos fundaméntelesde allí distinguir entre nulidad absoluta e insanable y anulabilidad, tal como surge de los arts. 14 y 15, que tratan los vicios en relación a los elementos -no los de la voluntad- y la falla se califica de acuerdo a la trascendencia que tenga el requisito inobservado. Poniendo foco en los vicios de la voluntad administrativa, sostenemos que, en principio, darían lugar a que su presencia en el acto o contrato administrativos, conllevasen a considerar nulos, de nulidad absoluta, pues ello contraria así lo sugiere la propia razón de ser de la actividad administrativa que debe reconocer como antecedente una voluntad psíquica no afectada del órgano-individuo, especialmente si la norma le ha confiado cierto margen de apreciación y volición en la concreción de una finalidad pública. Opinamos que ese debería ser el sentido a otorgar a la “exclusión” de la voluntad a la luz de la cuestionable técnica empleada por la LNPA. No obstante, en torno a la contratación administrativa, la invocación de vicios en la voluntad administrativa resultará más estrecha cuando la actividad se encuentre más intensamente reglada, según el tipo de procedimiento de selección de que se trate. Y en cuanto a la voluntad del particular, requisito insoslayable para el perfeccionamiento del contrato, las posibilidades de invocación serán prácticamente nulas en torno al error y acaso encuentren algún margen de haber mediado dolo, violencia, simulación o lesión. Transcurrida más de una década del comienzo del tercer milenio, los postulados nuevos y renovados desafíos que plantea el escenario de la Posmodernidad y de la Globalización, han producido un desplazamiento desde el sistema hacia la decisión, por lo que las Administraciones Públicas de los Estados, han visto aumentar exponencialmente sus poderes discrecionales, para brindar respuestas a los cambiantes escenarios socioeconómicos que han debido enfrentar. Esta nueva configuración sistémica bajo la cual se desarrolla el quehacer estatal, exige normas orientadas a fines y una actividad administrativa que las concrete, porque la consecución de ellos, requiere de una tarea de alta complejidad la que el legislador podrá dejar deferida, cada vez más en su concreción, a la Administración invistiéndola de mayor competencia discrecional, incluso en el campo contractual. No se nos escapa que el tema de la voluntad en el acto y en el contrato administrativo, y sus vicios, lleva, inevitablemente, a pensar en cuestiones adicionales, como las atinentes a la prueba, sea en el procedimiento administrativo o en el proceso judicial, la incidencia de la teoría de las cargas dinámicas en su determinación, el papel que juega la presunción de legitimidad de los actos administrativos, la buena o mala fe del administrado, la confianza legítima, por citar algunas, que, en todo caso, deberían repensarse y reformularse en pos de aportar soluciones válidas, pero sobre las que no vamos a extendernos en esta ocasión. El contrato administrativo, obviamente, representa una concepción autónoma pero no inmutable, como lo es en sí todo fenómeno jurídico, pero que ve quizás potenciada su variabilidad al compás de la propia Carta Magnadinámica del cambio social y de las necesidades a satisfacer de resultas de éste, así como de las evoluciones tecnológicas operadas a lo largo del siglo pasado, en especial desde su última década hasta el presente. Lo anteriorPero, debido a de lo que no puede concebirse cabe ninguna duda es que su sustantividad aparecerá siempre reforzada por una base teórica propia, entre la idea de que sea un grupo marginado deberá considerarse el estudio de la población colombiana sumido voluntad de las partes (Administración y particulares) y sus potenciales vicios, nutrida, a la par, de principios jurídicos que, sin dejar de tutelar las garantías de los cocontratantes-colaboradores, tengan por principal norte la satisfacción del interés público, razón de ser que legitima y le insufla vida “institucional” a todo Estado Social y Constitucional de Derecho. 1 “Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en evidentes condiciones de vulnerabilidadel Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, el que deba asumir las consecuencias sin perjuicio de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento aplicación directa de las leyes laboralesnormas del presente título, en cuanto fuere pertinente”. FinalmenteAclara CASSAGNE que la expresión “en cuanto fuere pertinente” limita la aplicación directa de los preceptos de la LNPA los que requieren para su utilización de una labor interpretativa previa, se observa cómo la que habrá de llevarse a pesar que las madres comunitarias constituyen un cabo bajo el tamiz de la analogía (Cfr. ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇., El contrato administrativo, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Bs. As., 3° edición, 2009, p. 50). 2 ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇., “La reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos y la sustantividad del contrato administrativo” en: Procedimiento Administrativo (Obra Colectiva, Directores. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. LIMA y eficaces▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇), sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadorasLa Ley, Bs. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionalesAs., los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional1° edición, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos2012, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralt. I. ps. 370-384.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebidoPara argumentar un análisis de lo hasta aquí desarrollado, implementado se estimó conveniente destacar que entre los objetivos perseguidos sobre la temática fueron reunir, organizar y desarrollado aportar información específica, en el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación ámbito de las madres relaciones comerciales empleando este tipo de contrato, pretendiendo favorecer con la investigación la dinámica de los negocios en los tramos legales en beneficio de nuestra sociedad, pretendiendo resaltar que se encargarían el contrato de colocar leasing puede ser considerado como una herramienta financiera orientada a incrementar el potencial productivo de una empresa. Se concibió proporcionar elementos que contribuyan al debate, al poner en funcionamiento relieve el mismocontrato de leasing como opción para los inversores que decidan asignar sus recursos en el comercio, ha generado una serie lo que a su vez contribuye al desarrollo, como fuente de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido crecimiento de la sociedad colombianaeconomía argentina en el mediano y largo plazo. En el presente trabajo se intentó elaborar un concepto que permita describir las prestaciones que este tipo de contrato posee, el cual día a día presta sus servicios a niños deriva del derecho anglosajón aclarando que no solo en los Estado Unidos de América, sino también en la mayoría de los países anglosajones se utiliza el verbo “to lease” para representar el fenómeno de la locación. Dicho esto se aclaró que la figura en análisis se distinguió de otras como la locación, que requiere que el locador garantice el uso y niñas menores goce de edadla cosa, sin ni si quiera recibir lo que no se da en el leasing, ya que ante un eventual vicio o defecto oculto de la cosa, el locatario debe continuar con el pago de las cuotas pactadas. Configurando una remuneración digna, pese típica operación de financiamiento a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar mediano y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciablesa largo plazo. Se advirtió otro aspecto, al trabajocual es el resultado que se persigue. En el leasing se puede pactar la transferencia de la propiedad del bien que se usa, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es lo que si bien no sucede con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar locación, porque no posee esa finalidad específica, detectando que las madres comunitarias habían obtenido por fin resulta erróneo encuadrar al leasing en el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos marco legal de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de locación o la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anteriorcompraventa financiada, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado se respeta su verdadera naturaleza jurídica. Con el desarrollo de la población colombiana sumido investigación advertimos que en evidentes condiciones Argentina el leasing no concluye ahí, sino que va más allá del contrato de vulnerabilidadlocación. A partir de esto se observó la complejidad de este tipo contractual, comenzando por remitirnos a las leyes nº 18.061 y 20.574 de entidades financieras a través de las cuales se facultaba a los bancos de inversión y compañías financieras a “dar en locación bienes adquiridos con tal objeto”. Con la necesidad de encontrar soluciones apropiadas para la temática, se advirtió que en nuestro país comenzaron a receptarse y a surgir una gama de nuevos contratos atípicos entre ellos el leasing receptado del common law, como una especie del alquiler o arrendamiento, que entre dos partes (dador y tomador) se celebra representando el fenómeno de la locación, donde la parte tomadora mientras utiliza el bien de forma inmediata, abona un canon por un tiempo determinado, con la opción de adquirir el dominio mediante el pago del valor residual preestablecido en el contrato. En su evolución en nuestro país, el leasing demandó que deba asumir las consecuencias entre muchos de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único los interrogantes que se buscó plantearon desde un principio, se exhortara a reflexionar si las entidades bancarias se encontraban verdaderamente facultadas para celebrar operaciones de leasing financiero, en todo su alcance y efecto. Aclarando que desde un principio la autorización concedida por la ley solo abarcó la locación simple de cosas, operación que en si no revestía carácter financiero. Su evolución en el empleo de esta figura en los negocios fue dotando a la doctrina y jurisprudencia, de casos que proporcionaron experiencia, formando un rumbo para nutrir a la práctica legislativa en la materia. A los bancos comerciales se les comenzó a otorgar plena libertad para encarar sus negocios, por lo que se fue ampliando el desconocimiento modo de uso del leasing. Para su puesta en práctica definitiva, se acentuó que la operatoria estuvo zanjada en las acciones y garantías en la adquisición del bien, destacando las principales diferencias entre las leyes laborales. Finalmentenº 24.441, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un reemplazada por la nº 25.248 sancionada el 10 ▇▇ ▇▇▇▇▇ de 2000, de la que afloraron los beneficios del leasing. Al decir ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (2000), se indicó que para incentivar el proceso económico de producción se puede financiar el total del valor del bien, lo que no ocurre en general con otras operaciones de crédito, no se incorporan restricciones operativas u otros compromisos vinculados a la actividad del tomador, quien conserva la disponibilidad de recursos financieros, que de lo contrario debería ser objeto destinar al pago parcial o total del bien que requiere. No es necesario hacer un desembolso inicial, con lo que la empresa no sufre una disminución del activo circulante. Los pagos a realizar en virtud del leasing no se contabilizan como pasivo. Agregándose a los anteriores, la posibilidad de medidas de obtener ventajas fiscales y protección prontas y eficacescontra la obsolescencia mediante el reemplazo del bien. Al término del contrato, sigue siendo objeto mediante el pago de un total desconocimiento valor residual prefijado, se puede adquirir su propiedad. Estas ventajas que sustentaron el leasing, fueron el fruto del proceso de desarrollo en el que se encontró inmerso desde épocas tempranas nuestro país, la evolución de la industria y los procesos tecnológicos que sustentaron el comercio. El derecho de los contratos tipificados en nuestro Código Civil tuvo que adaptarse paulatinamente a las nuevas tendencias que demandaban los negocios y su resolución. Se enunció que estos procesos comenzaron por ensamblar dos o más tipos de contratos debido a las exigencias advertidas a la hora de pactar situaciones complejas, careciendo en su momento de herramientas acordes con los requerimientos que el comercio necesitaba. La conveniencia de esta investigación apuntó a brindar a los inversionistas un panorama concreto acerca de la utilización de este tipo de contrato, sus ventajas y limitaciones a la hora de optar por sus prestaciones, al tiempo que se consideró relevante porque pretendió contribuir con estos elementos a que se discuta sobre la temática en los sectores empresariales, al decidir incorporar nuevo equipamiento sin que este forme parte de sus derechos activos fijos. La información obtenida en este trabajo pudo otorgar a las empresas la forma de mantenerse en el nivel del progreso tecnológico, ya que la obsolescencia de los bienes de capital es cada vez más rápida, como trabajadorasse puede apreciar en la rama de la informática o electrónica, donde los equipos deben ser reemplazados en lapsos de tiempo más reducidos. Desconocimiento Mediante el empleo del leasing, la empresa puede mantener actualizados sus bienes capitales, sin necesidad de ser su propietaria, para aprovecharlo durante su vida útil, con la opción de devolverlos, o reemplazarlos por otros nuevos, aprovechando las ventajas impositivas que provee el sistema en análisis, destacando que el mismo se puede adaptar con facilidad al ciclo productivo del tomador. Entre las limitaciones de la presente investigación podemos mencionar la rasante alusión acerca del mecanismo de devengamiento impositivo del contrato y de amortización del bien, por considerar que estos puntos persiguen los lineamientos de otras ciencias, pero que estimamos de suma importancia, ya lleva más que el ámbito tributario que complementa la operatoria en estudio, resulta imprescindible tener en cuenta para el cálculo del canon y del valor residual a la hora de dos décadas adquirir el derecho. Ante esta aclaración juzgamos ineludible evocar que en el balance impositivo se minimiza el costo de la inversión, dado que es posible la imputación de los cánones del leasing como gastos de explotación; añadiendo que también opera una reducción del costo financiero de aplicación del IVA y que los pagos pueden ser deducibles en su totalidad del impuesto a las ganancias. Otro aspecto no ha podido ser erradico pese ahondado, pero no menos importante a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionaleshora de contratar, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso es el Gobierno Nacional y que criterio a seguir en la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana aplicación de los derechos fundamentales gastos inherentes al contrato (sellados, impuestos, transportes, etc.), cuyos rasgos se encuentran en sintonía con la práctica aplicando estos gastos al compromiso del tomador. Las observaciones supra mencionadas fueron armonizadas con el examen de fallos jurisprudenciales relacionados con el instituto en estudio. Hecha estas aclaraciones, resta al lector del presente trabajo detectar las virtudes y desventajas, para obtener un panorama objetivo que se ajuste a la necesidad de quien opte por interiorizarse sobre la institución del leasing, que empleada en forma correcta puede brindar grandes beneficios en el ámbito comercial, minimizando los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias costos de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralinversión a realizar. LISTADO DE BIBLIOGRAFIA, DISCRIMINANDO DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (1997). Derecho Privado Parte General. 3º Ed. Ampliada y Actualizada. Bs. As.: ▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebidoComo hemos podido ver, implementado este negocio jurídico llevado a cabo entre las partes es incardinable en distintos tipos de contratos regulados por la vía de la ley y desarrollado el programa de Hogares Comunitariosla costumbre. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, especialmente sin embargo, que aquél que más se acerca, mediante la manera en cómo se efectuó interpre- tación teleológica, a la contratación voluntad de las madres que se encargarían partes es el contrato de colocar dación como en funcionamiento el mismosimple préstamo a diente. En él, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombianarecordemos, el cual día dueño de ganados los ponía a día presta sus servicios disposición de otra persona, reseñando las condiciones de las reses entregadas para que el cesionario las des- tine, haciéndolas suyas, a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago lo que tenga por conveniente a cambio de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigentecontraprestación libremente pactada. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento Si extrapolamos cada uno de los derechos laborales elementos de este concreto contrato al caso de estudio, observamos que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un (i) ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ puso a disposición de la familia ▇▇▇▇- nez, como así éstos pacíficamente reconocen, 600 cabezas de ganado sin reseñar, (ii) la familia ▇▇▇▇▇▇▇ hizo suyas las reses, incorporándolas a su propiedad confundiéndolas con las suyas propias, y destinándolas al uso que debería así tuvieron por conveniente, (iii) como contraprestación pactada, el ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ se reservaba el derecho de cobro de las ayudas de la PAC, así como el derecho de resarcimiento de los pagos realizados en concepto de pastos correspondientes a su localidad. Las partes discuten si prevalecía un deber de reposición y por tanto de, al térmi- no del contrato, devolución de igual número de reses de las mismas condiciones que las entregadas. La falta de concreción escrita del acuerdo entre las partes no puede superar la existencia de los elementos principales del mismo, así, si recordamos todos los tipos de contratos estudiados en este dictamen, no se prevé en ninguno la entrega sin concurrir el deber de devolución a la finalización del contrato, cualquiera que éste sea. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, entonces, que la obligación de devolver lo entregado subsiste con independencia del carácter verbal o escrito del acuerdo convenido. Así, aun basándose en parecer contrario al propio, considerando que el contrato que une a las partes no es el de dación a diente, no se contempla en Derecho, consuetudinario o normativo, la posibilidad de entregar algo en préstamo sin esperar su reposición al término del plazo. Sería esto posible si, por la vía del Standum est chartae las partes así lo estipulasen expresamente, bien en forma escrita, bien oral con testigos; no existiendo la una ni la otra, y a la vista del conflicto entre las partes, consideramos que la legislación y la costumbre mantienen el deber de reponer. Sostener su inexistencia, como así pretende la parte demandada, nos parece un ejercicio de elasticidad jurídica difícilmente defendible. Cuestión distinta será la de cuantificar o identificar las características de las 600 cabezas que son objeto de la presente, hecho éste que habrá de ser llevado a cabo por el juzgador correspondiente, sin que, en ningún caso, la falta de ese requisito no esencial de este tipo de contratos conlleve su desnaturalización. La falta de una correcta técnica contractual por las partes no es óbice para que el juzgador, llegado el momento, identifique el concreto negocio jurídico que las mismas pretendían y del que subsisten sus elementos esenciales, completando, en atención a las pruebas planteadas, los elementos secundarios inexistentes. Al fin y a la postre, puede sentenciarse que: 1. El tipo de contrato que vincula a las partes es el de dación como simple préstamo a diente. 2. No se contempla la posibilidad legal de celebrar este tipo de contrato sin la consecuente obligación de devolver lo prestado. 3. La falta de identificación de las reses prestadas y sus características no desnaturaliza el contrato debiendo ser objeto de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos concreción en vía judicial. Esta es la opinión que emito como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas dictamen y que no ha podido ser erradico pese someto a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionalescualquier otra mejor fundada en Derecho, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana firmándola en Zaragoza a 5 de los derechos fundamentales diciembre de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboral2015.

CONCLUSIONES. La forma como De acuerdo a la investigación, se considera que el convenio MDEL 011/11 BP era pertinente para las necesidades de Artefibras, teniendo en cuenta que su formulación se dio entre INCUBAR BOYACÁ y la representante legal de la asociación. Sin embargo el desarrollo del mencionado convenio no fue concebidoel mejor, implementado teniendo en cuenta las siguientes razones expresadas por los beneficiarios: - Capacitaciones que estaban estipuladas en la formulación del convenio y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo que no se efectuó la contratación de las madres llevaron a cabo - Temas que se encargarían vieron de colocar afán y que no fue posible entenderlos - Entregables como portafolio de productos en funcionamiento el mismoarchivo pdf con datos erróneos y sin posibilidad de modificación - Debido a que se estaban capacitando 4 núcleos en diferentes municipios, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido algunos beneficiarios percibieron preferencias. - Exclusión de la sociedad colombianaasociación núcleo ARTE-RAMI, por motivos personales de uno de los encargados del convenio, e inclusión de personas en la población beneficiaria que no hacen parte de la Asociación Artefibras. - Pérdida de dinero por concepto de mercancía vendida a través de uno de los encargados de ejecutar el cual día a día presta convenio. De otra parte, los beneficiarios reconocen que el convenio si mejoró sus servicios a niños y niñas menores de edadingresos, objetivo principal del convenio, sin ni si quiera recibir embargo manifiestan que el pago de una remuneración dignaincremento se dio principalmente por la participación en Expoartesanías, pese a por lo que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar después de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por finalizó el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajoproyecto, esto es prestación de un servicio personalsus ingresos disminuyeron, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, indicando que el principio de la sostenibilidad fiscal cumplimiento del objetivo no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magnatuvo continuidad. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. FinalmenteAdicionalmente, se observa cómo a pesar que gran parte de las madres comunitarias constituyen un ▇capacitaciones y actividades realizadas en el convenio, fueron asimiladas por la mayoría de los beneficiarios durante el desarrollo de éste, empero después de su ejecución y en la actualidad, los temas asimilados no se tienen en cuenta o se aplican medianamente en los procesos de Artefibras. De esta manera, se determina que el impacto del convenio MDEL 011/11 BP en la Asociación Artefibras del ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas es negativo en el mediano y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese largo plazo debido a la intervención falta de seguimiento, retroalimentación y las recomendación efectuadas fortalecimiento por los organismos internacionalesparte de INCUBAR BOYACÁ. En consecuencia, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana mayoría de los derechos fundamentales beneficiarios perdieron el interés en continuar aplicando lo aprendido, optando por la comodidad de los colombianos, y seguir elaborando en las mismas condiciones que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias lo hacían antes de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralejecución del convenio.

CONCLUSIONES. A partir del debate que generan los elementos que caracterizan a un contrato ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ como uno de adhesión, se ha fomentado la evasión del sistema de control de cláusulas abusivas cuya primera instancia es la presentación del modelo para revisión ante la Superintendencia Financiera. La forma pequeña muestra de actos de autorización y sanción emitidos por esta entidad que se estudiaron, evidencian que, en la mayoría de casos, la sociedad fiduciaria encuentra argumentos basados en una interpretación conveniente de la norma para evadir el cumplimiento de sus deberes legales en torno a este tipo de contratos. En otros casos, es necesario reconocer la oscuridad y falta de aplicación práctica de la norma, como fue concebidoen el caso de los contratos de prestación masiva de servicios y la extensión a los contratos adheridos por nuevos fideicomitentes. En virtud de lo cual, implementado se requiere insistir en la interpretación autorizada de los elementos que configuran un contrato de adhesión como tal a partir de la ley, y desarrollado se plantean algunas propuestas para potenciar la eficacia de este sistema de protección al consumidor. Para que en fiducia un contrato sea considerado de adhesión se requiere que los elementos sustanciales del mismo hayan sido elaborados unilateralmente por la fiduciaria limitándose el programa cliente a aceptarlos o rechazarlos en su integridad. Son elementos sustanciales del contrato aquellos cuya determinación no depende de Hogares Comunitariosun hecho o elección entre un catálogo de posibilidades planteadas por la fiduciaria o un tercero, especialmente y cuando se trata de aquellos elementos respecto de los cuales la manera en cómo se efectuó fiduciaria no estaría dispuesta a renunciar a la contratación uniformidad de las madres estipulaciones en los negocios celebrados a partir de ese modelo, como la responsabilidad y las obligaciones que asume. En este sentido, si los únicos aspectos susceptibles de ser modificados por el cliente son los campos correspondientes a su identificación personal, y los datos particulares de un negocio como la unidad de vivienda sobre la cual versa, se tratará incuestionablemente de un contrato de adhesión. A propósito, que exista un número plural de clientes que contrataron bajo las mismas y exactas condiciones constituye un indicio relevante del carácter adhesivo del contrato. En relación con el concepto de contratos de prestación masiva de servicios, incluido en la Circular Básica Jurídica y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, concluimos que se encargarían trata de colocar en funcionamiento un término que genera una confusión innecesaria. Lo anterior, toda vez que el mismo, ha generado una serie carácter masivo de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido un contrato ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ es irrelevante a la hora de determinar el carácter adhesivo de un contrato o la obligación de someter tal a la revisión de la sociedad colombianaSuperintendencia Financiera. En cualquier caso, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que el contrato sea único, exclusivo o inédito, si los elementos sustanciales del mismo no fueron libremente discutidos con el cliente aquel deberá someterse a lo dispuesto en la labor ejercida legislación para los contratos de adhesión. No obstante, la única negociación que tiene la capacidad de desvirtuar el carácter adhesivo de un contrato es aquella que se realiza con el cliente final o con alguien con capacidad legal para representarlo. No resulta admisible para esta argumentar que no impuso los términos del contrato porque los acordó con personas sin poder de representación del cliente, como el constructor de un proyecto inmobiliario, estos contratos son contratos de adhesión y la fiduciaria deberá cumplir respecto a éstos las obligaciones que le impone la ley. Finalmente, debe tenerse en cuenta que, por las Madres Comunitarias cumple desmedido que parezca, en virtud de la normatividad vigente todo contrato ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ al que posteriormente se adhieran nuevos fideicomitentes debe ser considerado un contrato de adhesión y tratado como tal aunque haya sido libre, amplia y extensamente negociado con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajofideicomitentes iniciales. En tanto, esto es prestación se considera que deben introducirse criterios para delimitar los contratos con fideicomitentes adherentes que tienen la potencialidad de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación incluir estipulaciones abusivas como aquellos que otorguen derechos y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento obligaciones asimétricas para dos clases de fideicomitentes o los que prevean desde su suscripción la existencia de fideicomitentes adherentes. En conclusión, deberá ser considerado un contrato de trabajo entre estas y adhesión todo aquel en el ICBFcual los elementos sustanciales hayan sido impuestos por la fiduciaria, sin que sea relevante con cuantos clientes se utiliza el mismo clausulado. Circunstancia que Tal condición no se desvirtúa porque el contenido de este haya sido negociado con cualquier persona diferente al cliente final o sin la capacidad legal de representarlo, como el constructor de un proyecto inmobiliario. Además, reviste carácter de adhesión todo contrato ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ al cual se adhieran nuevos fideicomitentes con posterioridad a todas luces es violatoria del su suscripción, aunque el mismo en principio constitucional hubiese sido negociado. • ▇▇▇▇▇▇▇, J., ▇▇▇▇▇▇, C. (2013). Las cláusulas abusivas en el ámbito de la primacía protección al consumidor en Colombia. (Trabajo de grado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. • ▇▇▇▇▇▇▇. J. (2015). Contratos mercantiles. Contratos atípicos. 8ª ed. Bogotá: Legis. • ▇▇▇▇▇▇▇, ▇. (2013) Curso de Argumentación jurídica. España: ▇▇▇▇▇▇. • ▇▇▇▇▇, ▇., (2013). Reflexiones acerca de la realidad sobre las formasresponsabilidad contractual del fiduciario. Ed. 1 Bogotá: Universidad Externado de Colombia. • ▇▇▇▇▇▇▇, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta MagnaM., ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil& ▇▇▇▇▇▇▇, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer ▇. (2012). Análisis del uso de la presunción legal contenida fiducia mercantil de administración y fuente de pago como herramienta de financiación para pymes en el artículo 24 del CSTColombia. (Trabajo de grado). Universidad de Medellín, que la vinculación Medellín, Colombia. • Centro de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado Arbitraje de la legislación que ha regulado la contratación Cámara de las madres comunitarias Comercio de Bogotá [Centro de Arbitraje CCB]. (20 ▇▇ ▇▇▇▇▇ de 2004)Laudo. [▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto ]. • Centro de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias Arbitraje de la implementación Cámara de sus propias políticas quebrantadoras Comercio de derechos Cali. (23 de índole laboral.enero de 2009) Laudo [▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇]. • Código Civil [Código]. (2016) Articulo 1602 [Titulo XII] Ed. 37 Legis. • Código de Comercio [Código] (2017) Numeral

CONCLUSIONES. La forma como fue concebido, implementado y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación resolución No. 42-2016 de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado trece horas cuarenta y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 cinco minutos del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇veintisiete ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ del dos mil dieciséis de la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado que la aplicación del artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Con- sumidor solo es aplicable en el supuesto que el adherente sea un consumidor destinatario final del bien o servicio que se contrate, por lo que la aplicación de dicho artículo solo debe de darse en el ámbito de la relaciones de consumo protegidas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. El Derecho, como sistema de regulación de conducta, ha tenido que avanzar con la aparición de nuevas modalidades de con- tratación. El quebranto de los paradigmas asentados en la concepción clásica del con- trato ha permitido que el Derecho evolucio- ne en su comprensión de las nuevas figuras contractuales y lo que estas pueden seguir aportando en el ámbito de los negocios. La evolución en la forma de contratar nos ha dado la modalidad de contratación en masa, la cual ha traído beneficios al empre- sario, pero a la vez ha traído nuevos retos sobre la aplicación o ausencia de principios propios de la contratación clásica como el equilibrio y la libertad contractual y la auto- nomía de la voluntad para darle paso a con- diciones generales de contratación predis- puestas en los textos de contratos ofertados en masa, que sólo admiten la aceptación in- condicional de todo su contenido si se desea contratar. La aplicación de las condiciones generales de la contratación desató abusos por parte de ciertos empresarios que, mediante la ge- neralidad y ambigüedad de su redacción y la imposición de su contenido predispuesto, crearon una asimetría de poder mediante la cual estos tenían la libertad de redactar a su conveniencia el contenido de los contratos. Los abusos incurridos provocaron una con- cientización a favor de la parte débil que se sometió a los clausulados abusivos predis- puestos e impuestos por el empresario predis- ponente. Esta concientización colaboró en la creación de normativa dirigida a crear un sistema de derechos a favor de la parte dé- bil y los mecanismos para hacerlos efectivos. ▇▇▇▇▇ Rica no se ha escapado de lo anterior y ostenta un ordenamiento que debería ser objeto da respuesta a los desafíos anteriores. Si bien es cierto, la normativa que regula los temas estudiados no es la mejor, la misma, hasta el momento, ha contribuido al desarrollo y estudio de medidas las condiciones generales de protección prontas la contratación en nuestro país. La normativa nacional que regula los contro- les de las condiciones generales de la con- tratación no se encuentra bien ubicada. Di- cha normativa se encuentra disgregada en varios cuerpos legales como es el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas Defensa Efectiva del Consumidor y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionalesel artí- culo 1023 del Código Civil, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso regulan el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana control de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias contenido. El artículo 42 de la implementación Ley de sus Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consu- midor refiere a los tres tipos de controles estu- diados, pero mezcla cuestiones propias políticas quebrantadoras del control de derechos inclusión (legibilidad e idioma), con la lista de índole laboralcontenido abusivo propio del control de contenido. Dicho artículo confun- de en el mismo texto los tres controles lo que torna difícil realizar distinción alguna de es- tos. Pese que existen resoluciones judiciales que han tratado de aclarar el concepto de dili- gencia ordinaria contenido en el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, aún que- da la duda sobre en qué consiste el mismo. Ni siquiera el desarrollo dado sobre qué es el control de contenido ha contribuido a des- pejar qué se debe de entender por diligen- cia ordinaria. Se debe valorar una reforma parcial a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que modifique el ar- tículo 42, en aras de que en este se establez- can con claridad los controles anteriormente desarrollados.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebido, implementado y desarrollado el programa El contrato de Hogares Comunitarios, especialmente cuentas en participación se ha convertido en un vehículo negocial que busca la manera en cómo se efectuó la contratación minimización de las madres formalidades en búsqueda de relaciones negociales expeditas que se encargarían buscan integrar a la economía más dinamismo, bien lo decía ▇▇▇▇▇▇▇ (2012, p.395) cuando contextualizaba este contrato manifestando que ofrece ventajas para todos los que intervienen, por un lado, un comerciante que necesita dinero para ampliar o desarrollar sus negocios y no quiere introducirse en el engorroso trámite de colocar buscar en funcionamiento la banca su financiación, y por otro lado otra persona que posee dinero o bienes y desea obtener un rendimiento más rentable prefiriendo no radicar en su cabeza los riesgos que implica la operación sin transfiriendo el mismodominio de sus bienes, además de querer permanecer oculto sin que otros sepan que interviene en dicho negocio. Sin embargo, ha generado una serie sido las mismas normas tributarias en manos del legislativo y la misma Dirección de problemáticas laboralesImpuestos y Aduanas Nacionales, para este sector marginado y deprimido quiénes se han encargado de poner en aprietos estas formas de asociación e inversión, dado que, al no existir hasta el año 2016 normas expresas que regularan el contrato, ha sido la misma doctrina de la sociedad colombianaDIAN quienes se encargaron de dar cierta inseguridad jurídica por medio de conceptos y oficios que no sentaban las bases completamente firmes para generar confianza en los inversionistas. Por otro lado, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, siguen existiendo aquellos vacíos en la actualidad aún se propende por el desconocimiento regulación de los contratos de participación, tales como los ya mencionados impuestos descontables y retenciones en la fuente, aquellos que quedan en manos de la existencia interpretación conveniente de un contrato de trabajo entre estas contribuyentes, juristas, contadores y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional funcionarios de la primacía DIAN, haciendo esta última una tímida y peligrosa interpretación taxativa al decir que en virtud de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y 18 del Estatuto Tributario, el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada partícipe gestor no está en la existencia obligación de un certificar los impuestos descontables y retenciones, realizadas por terceros a este en virtud del desarrollo del contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida cuentas en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laboralesparticipación. Finalmente, depende de los partícipes dentro de su autonomía de la voluntad regular contractualmente lo atinente a las retenciones e impuestos descontables que estén en cabeza del partícipe gestor, dado que, según el panorama que tenemos actualmente, no se observa cómo puede determinar con certeza si estando en cabeza del gestor las retenciones e impuestos descontables se constituye como una ventaja para este para aminorar la carga impositiva o por el contrario se convierte en una carga que no debería estar dispuesto a pesar tener en su cabeza exclusivamente por situaciones tan particulares que las madres comunitarias constituyen un se pueden dar dentro del desarrollo del contrato. Actualicese. (1 ▇▇ ▇▇▇▇ de 2018). ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. Obtenido de ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇- reforma-tributaria-dian-emite-doctrina/ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, J. A. (2012). Contratos Mercantiles. Contratos Atípicos. (Decimo Tercera ed.). Ed. Legis. ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇, J. A. (7 de octubre de 2014). Derecho Mercantil España. Obtenido de ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇- gruesa.html ▇▇▇▇▇ que debería ser objeto ▇▇▇▇▇, D. J. (2014). Regimen Tributario aplicable a los contratos de medidas cuentas en participación en Colombia. (Documento académico diplomado en gestión tributaria. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇. ▇. (2011). El contrato de protección prontas cuentas en participación: Perspectivas comerciales, tributarias y eficacescontables. ICDT, sigue siendo objeto Revista 64, 289-325. Código de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadorasComercio (1971) 33ª ed. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias Legis. Estatuto Tributario Nacional. (2021). Ed. PWC. Congreso de la implementación Regública. Ley 1819 de sus propias políticas quebrantadoras 2016. Congreso de derechos la Regública. Ley 1943 de índole laboral2018. Congreso de la Regública. Ley 2010 de 2019.

CONCLUSIONES. La forma El presente trabajo pone de manifiesto en primer lugar, la profunda conexión que existe entre el Derecho Romano y el Derecho civil español, particularmente, en materia de obligaciones y contratos. Ese vínculo se hace aún más presente si cabe al analizar la compraventa, cuya importancia como fue concebido▇▇▇▇▇ fundamental del tráfico jurídico se observa claramente, implementado y desarrollado dado su papel como instrumento de transmisión de la propiedad. En relación con esto último, en el programa trabajo también se puede ver cómo nuestro contrato de Hogares Comunitarioscompraventa, especialmente de acuerdo a los criterios romanos clásicos, no transmite la manera en cómo se efectuó propiedad por sí mismo, sino que crea obligaciones entre las partes que llevarán a la contratación entrega (traditio) de la cosa objeto de compraventa. Esto supone una de las madres diferencias más significativas de nuestra compraventa respecto de la regulación de la misma en los países de nuestro entorno. Asimismo, se aprecia el hecho de que todos los elementos de la compraventa romana, tanto los que se encargarían presentan en sus antecedentes históricos como los que son fruto de colocar su progresiva configuración a lo largo de los sucesivos periodos del Derecho Romano, tienen su equivalente en funcionamiento el mismo, ha generado una serie nuestro Derecho. La mayor parte de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido nuestra concepción de la sociedad colombianacompraventa no ha variado a grandes rasgos desde el Derecho Romano. Pero incluso aquellos elementos romanos que por sus características puedan parecer más alejados al Derecho Civil, tienen de algún modo presencia en nuestro ordenamiento, al resonar sus ecos en muchas de las disposiciones contenidas en el cual día Código, en las que se puede percibir todavía la influencia romana aunque no haya llegado a día presta sus servicios nuestros días la misma regulación jurídica. El hecho de que nuestra compraventa de origen romano no haya variado sustancialmente en más de veinte siglos, conjugado con el hecho de que la práctica totalidad de los Estados con los que España comparte pertenencia en la Unión Europea regulan la compraventa de modo muy similar a niños y niñas menores nuestro ordenamiento, conduce necesariamente a aseverar que la unificación del contrato entre los Estados mencionados, sea, si no deseable, al menos lógica, toda vez que provienen de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a un mismo origen común que es la misma legislación nacional la compraventa romana. De modo que prohíbe la cancelación de salarios producirse una unificación contractual en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entoncesmateria de contratos, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple como lleva intentándose desde hace cierto tiempo en Europa, los distintos Estados soberanos no estarían rompiendo con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajoorígenes de sus respectivas compraventas sino, esto es prestación antes al contrario, supondría una vuelta a sus orígenes, pues sus respectivos derechos de contratos emanan de un servicio personalúnico derecho primigenio que es el romano. No obstante, remuneradoese proceso no está exento de dificultades, bajo continuada subordinación y dependenciacomo se ha tratado someramente en el apartado tercero del trabajo, de las cuales, en opinión del autor, la actualidad aún se propende por el desconocimiento de mayor complejidad es la de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y dos Estados miembros en el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional seno de la primacía de Unión Europea pertenecientes a una familia jurídica distinta, la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CSTanglosajona, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticioson el ▇▇▇▇▇ Unido e Irlanda. Bajo esta óptica, y luego de efectuar Indudablemente no se puede aplicar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo criterio antes mencionado a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 hora de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento plantear una unificación contractual de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF Europa continental con el único propósito Derecho de eludir el pago contratos de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Socialestos dos Estados. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea Subsanar esta cuestión probablemente requiera un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces alejamiento por parte de entes oficialeslos Estados del continente, con las la prudencia requerida, de algunos de los planteamientos romanos para acercarse a la regulación anglosajona, y viceversa, con el objeto de buscar un consenso entre ambas familias jurídicas a la hora de tener un derecho de contratos unificado. Si no se procura este consenso, difícilmente podrá llevarse a cabo unificación alguna y, aún de conseguirse, dudosamente podría subsistir mucho tiempo sin necesidad de profundas reformas toda vez que lo único que se buscó fue resultaría ajena tanto para el desconocimiento tráfico jurídico de las leyes laboralesunos como de los otros. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un BIBLIOGRAFÍA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto , M., Derecho Civil, II, Derecho de medidas de protección prontas y eficacesobligaciones, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionalesvolumen 2º, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional8ª edición, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianosBosch, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicasBarcelona, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboral1994.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebido, implementado y desarrollado Este contrato de compraventa es el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación más frecuente de las madres figuras contractuales, tal es así que puedo decir que es el contrato-tipo por excelencia y el más importante desde el punto de vista económico Así pues, sus normas reguladoras sirven de base a otros contratos traslativos en que existen prestaciones recíprocas. Llego a la conclusión de que resulta de gran importancia para los estudios de las Ciencias Jurídicas el conocer de manera profunda y completa todo lo relacionado a los contratos de “Compraventa”, ya que posee una gran importancia entre los contratos de su clase, porque constituye la base de toda una gama de actuaciones jurídicas que se encargarían presenta en la práctica diaria y en el qué hacer jurídico del abogado, porque los tribunales civiles están repletos de colocar decisiones fundamentadas ya en funcionamiento el mismocumplimiento de contrato, ejecución de contratos, violación de contratos, nulidades de actos de ventas, etc… He querido reflejar en este trabajo todos los pasos, del “Contrato de Compraventa” artículo, por artículo, por el Código Civil. Como ya he dicho anteriormente, este contrato es muy importante, ya que contiene los acuerdos a los que se ha generado llegado dos o más personas naturales o jurídicas para crear, regular, modificar, extinguir, una serie relación jurídica patrimonial. Nos enseña el Código en su Título IV, de problemáticas laboralessu Libro IV, para este sector marginado que los acuerdos se negocian, celebran y deprimido ejecutan según a las reglas de la sociedad colombianabuena fe y la común intención de las partes contratantes que también son libres de contratar sobre diferentes aspectos de la vida social pero con fines lícitos y dentro de la Ley. Así, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edadfinalizando este trabajo, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entoncesdecir, que muy este contrato es de obligado cumplimiento, porque se presume que su contenido responde a pesar la voluntad común de las partes sin que haya existido presión o coacción alguna. Con este trabajo tan completo que he realizado sobre el tema de “la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajocompraventa”, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CSTquiero decir, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, me ha servido para adquirir y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en afianzar aún más mis conocimientos sobre la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboral.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebido, implementado y desarrollado el programa Se puede observar a lo largo de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación éste trabajo de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de investigación que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 decisión del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación Honorable Consejo de Estado si ha llegado a causar un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación impacto presupuestal y dependencia, en financiero para la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ESE Hospital San ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, debido a las decisiones que han tomado las altas cortes se han aumentado la presentación de Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. El representante legal de la ESE Hospital San ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ que debería ser objeto contra a través de medidas la modalidad de protección prontas prestación de servicios, y eficaces, sigue siendo objeto los contratistas acuden a través de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y la demanda judicial para obtener las prestaciones sociales que no le fueron canceladas por la entidad y como premio se lleva una indemnización grande que en su mayoría se debe compartir con su abogado, pero no miramos qué pasa con los presupuestos de las entidades, que de por sí pudieran multiplicarse en más beneficios para la misma comunidad y no como sucede en éste caso, para uno solo. Se considera que no se estudió el impacto que generaría la decisión que hoy ocupa la atención de éste trabajo, cual era, revisar el impacto presupuestal y financiero de la Entidad al cambio jurisprudencial ya que si bien es cierto las Entidades Estatales en su mayoría realizan su contratación a través de la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios, y las demandas que se entablan son de las personas que como mínimo llevaban en la entidad 6 años; entonces esta indemnización es muy alta, situación que debe afrontar la entidad estatal. Con estas herramientas de trabajo que han sido muy útiles para entender la problemática de desnaturalización del contrato de prestación de servicios que se ha podido ser erradico pese venido presentando en varios campos laborales de la administración y en donde encontramos resultados encaminados a la intervención primacía de la realidad sobre la formalidad, las clases de vinculaciones de las personas en entidades públicas, y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que bien la misma Corte Constitucionalley 80 de 1993, quien por la cual se supone expide el estatuto general de contratación de la administración pública, en su artículo 32 deja presente que es un contrato estatal. El contrato de prestación de servicios es libre es autónomo pero se ha venido desnaturalizando por la guardiana administración pública que revela una relación de tipo laboral que contiene dificultades significativas generando consecuencias jurídicas, la prueba de la realidad que se establece a partir de inicios, la importancia del contrato realidad elevado a jerarquía constitucional la cual debe establecer consecuencias sobre la prueba de la relación laboral así como el alcance de la responsabilidad y la acción para reclamar ante el órgano competente ya que el contrato de prestación de servicios se distingue nítidamente de las relaciones laborales de los derechos fundamentales servidores públicos. La desnaturalización la encontramos en las sentencias, que muestran diferentes casos de los colombianospersonas que trabajan en entidades públicas y donde se ve la función del Consejo de Estado al resaltar en la sentencia c-154 de 1997, las diferencias del contrato de prestación de servicios y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicasel contrato laboral y explica la necesidad del primero en la función pública, pues es innegable que ya es hora al igual que el Gobierna asuma las consecuencias régimen de contratación, expresando que aun cuando la administración le de la implementación denominación de sus propias políticas quebrantadoras contrato de prestación de servicios, si se pierden los principios de autonomía e independencia estaríamos en un contrato laboral donde se entraría a pagar las prestaciones sociales y ▇▇ ▇▇▇. La corte plantea que no puede considerar empleado público por las exigencias constitucionales del reconocimiento de esta calidad ya que reitera el principio constitucional el reconocimiento de una relación laboral que genera la condena al pago de sumas equivalentes a las prestaciones sociales que habría tenido el contratista, si hubiera sido empleado público. El consejo de estado sigue esta línea cada vez que encuentra establecida una relación laboral recordando que ello no implica una calidad de empleado público. La administración ha venido deformando la esencia y el contenido natural del contrato de prestación de servicios dándole paso al nacimiento disimulado de una relación laboral sin sustento jurídico con tantas interpretaciones y aplicaciones erradas llevando a una vulneración de derechos de índole laborallos particulares, que vienen encontrando un desequilibrio económico frente la administración que aprovecha del manejo de la norma a su acomodo y de la necesidad del particular que necesita del empleo.

CONCLUSIONES. En primer término el tribunal debe analizar el alcance y legalidad del acta de compromiso suscrita entre la Fiduciaria La forma Previsora S.A. —cuenta especial de la Nación— Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Institución Prestadora de Salud S.A. Cooperadores IPS S.A. del Valle del Cauca, en el cual acuerdan fijar como fue concebidotérmino de vencimiento del contrato de prestación de servicios médico asistenciales ▇-▇▇▇▇-▇▇ de 1996, implementado el día 31 de diciembre de 1998. En el material probatorio aportado al proceso se encuentran menciones, referencias y desarrollado afirmaciones testimoniales que dan cuenta del proceso previo a la firma del acta de compromiso por parte de personas vinculadas a la junta directiva de Cooperadores IPS S.A., del consejo directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ Cauca, pero en ninguna parte aparece la prueba documental legalmente válida para acreditar la autorización al gerente de Cooperadores IPS S.A. para suscribir el programa acta de Hogares Comunitarioscompromiso que contiene la modificación al contrato, especialmente consistente en la manera terminación anticipada a 31 de diciembre de 1998, o sea, la copia auténtica del acta, tomada del libro de actas de la junta directiva. Al no existir el acta de la junta directiva en cómo se efectuó la contratación que conste la autorización al gerente para suscribir la citada acta de compromiso, debe entrar a analizarse si a la luz de las madres disposiciones legales y estatutarias el gerente de Cooperadores IPS S.A. estaba autorizado para suscribir la modificación del contrato de prestación de servicios médico asistenciales y anticipar su terminación. Para tal efecto, es necesario hacer un análisis exhaustivo del sentido y alcance del artículo 196 del Código de Comercio que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido dice: “La representación de la sociedad colombianay la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad”. “A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad”. “Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros”. En la norma transcrita aparece, en primer término, que las sociedades mercantiles actúan en el mundo jurídico por conducto de personas naturales que ejercen sus funciones; en el caso de las sociedades anónimas por delegación de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, teniendo como marco de acción para la validez de sus actos de representación el objeto social de la sociedad, en el cual deben quedar claramente detallados los propósitos y objetivos de la empresa social y la forma de realizarlos. De suerte que, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago representante legal de una remuneración digna, pese a sociedad puede celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que es se relacionen directamente con la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por existencia y el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento funcionamiento de la existencia sociedad. Esto quiere decir que cuando el representante legal de una sociedad ha sido autorizado para la celebración de un contrato de trabajo tracto sucesivo, queda igualmente facultado para ejercer y ejecutar los contratos y actos necesarios para cumplir el cometido propuesto en el contrato. Debe entenderse, eso sí, que dicha autorización extensiva, únicamente se refiere a aquellos actos que hacen parte del giro ordinario de la ejecución del contrato y, en especial, cuando se trata de contratos de tracto sucesivo, en los cuales las prestaciones recíprocas se van causando periódicamente en el transcurso de la ejecución del contrato. La parte convocada, en su alegato de conclusión, trae una cita de un auto del Consejo de Estado del 8 ▇▇ ▇▇▇▇▇ de 1995, del proceso radicado bajo el número 10684, que a la letra dice: “La interpretación hecha por el tribunal desconoce por completo la noción del ejercicio de las acciones contractuales, dado que el negocio jurídico es un todo inescindible respecto del cual habrán de tenerse de presente fenómenos tales como su terminación y liquidación para aplicarle la drástica figura de la caducidad de las acciones respectivas” (se resalta). Como excepción al principio general de representación y de las facultades del representante legal para la ejecución de los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social de la sociedad y de sus respectivos estatutos, aparecen las limitaciones que por el contrato social se le pueden imponer a este. Dichas limitaciones deben constar en forma expresa y clara en los estatutos sociales y deben ser dotadas de la correspondiente publicidad, mediante la inscripción en el registro mercantil del acto constitutivo de la sociedad o de las retornas estatutarias que contengan modificaciones a las facultades del gerente. Así pues, las limitaciones o restricciones a las facultades del representante legal deben constar expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil, para que puedan ser oponibles a terceros. La parte convocarte trae en su alegato de conclusión, unas citas de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que consideramos pertinente transcribir: “Los estatutos de las sociedades mercantiles revisten naturaleza institucional y las reglas que los gobiernan no dependen principalmente de los asociados, sino que se imponen a estos en gran medida, por voluntad de la ley que señala taxativamente su contenido” (S. de Cas. Civil, feb. 21/74). “Respecto de la capacidad de la sociedad la honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia Sala de Casación Civil de 27 de julio de 1978 dijo: “ 1. Que el contenido del objeto de una sociedad no solamente rige para las relaciones entre estas esta y su gerente, sino también para las que se originan con los terceros que con ellas negocian. 2. Que por lo tanto todo tercero, antes de contratar con la sociedad, debe enterarse del contenido preciso del objeto social, para poder determinar si la sociedad está o no autorizada para celebrar el contrato de que se trata ... 5. Finalmente, que las facultades o poderes de un gerente jamás pueden llegar al extremo de permitirle ejecutar actos que a la sociedad le están expresamente prohibidos por sus estatutos”. En los estatutos sociales de Cooperadores IPS S.A., su artículo 46, establece “Son atribuciones de la junta directiva: ... 5. Autorizar al gerente para ... celebrar los contratos cuyos valores excedan de 400 salarios mínimos legales”. El tribunal considera que tratándose de un contrato de tracto sucesivo, en el cual las prestaciones recíprocas se van causando poco a poco durante todo el período de ejecución del contrato, la terminación anticipada del mismo es una modificación sustancial al contrato, cuyo contenido patrimonial excede los 400 salarios mínimos legales. La terminación anticipada del contrato, por mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, es lo que en la doctrina se ha denominado “terminación anormal del contrato”, toda vez que este no termina por haberse ejecutado en su totalidad el objeto del mismo, sino que, por circunstancias particulares, es necesario terminarlo anticipadamente. No es pues el acto modificatorio del contrato un acto de ejecución cualquiera relacionado con el normal funcionamiento del mismo o que pueda considerarse dentro del giro ordinario de su ejecución, sino que es un cambio determinante en las prestaciones económicas recíprocas de las partes. De lo anteriormente expuesto se concluye que la Fiduciaria La Previsora, en representación del patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la suscripción del acta de compromiso de 19 de octubre de 1998, actuó sin la debida diligencia, toda vez que no corroboró en el correspondiente certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, que existía una limitación en los estatutos de Cooperadores IPS S.A. para que el representante legal comprometiera a la sociedad sin autorización de la junta directiva en actos o contratos que excedieran 400 salarios mínimos legales. Por tal razón, el acta de compromiso de 19 de octubre de 1998, suscrita entre los representantes legales de la Fiduciaria La Previsora S.A. —cuenta especial de la Nación— Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Institución Prestadora de Salud S.A. Cooperadores IPS S.A. del Valle del Cauca, para fijar como término de vencimiento del contrato de prestación de servicios médico asistenciales ▇-▇▇▇▇-▇▇ de 1996 el día 31 de diciembre de 1998, nació viciada de nulidad. Ahora bien, como se trató anteriormente en el capítulo correspondiente a las nulidades y sus ratificaciones, los actos anulables de que da cuenta el artículo 900 del Código de Comercio pueden ratificarse con los requisitos y condiciones previstos en los artículos 1753 y 1754 del Código Civil, que se refieren a la ratificación expresa y a la ratificación tácita, respectivamente, estableciendo que para que la ratificación expresa sea válida, debe hacerse con las solemnidades a que por ley está sujeto el acto o contrato y que la ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada. Así pues, a partir del 31 de diciembre de 1998 comienza a darse la ratificación tácita por parte de Cooperadores IPS S.A., a lo convenido en el acta de compromiso suscrita el 19 de octubre del mismo año. En efecto, el artículo 1754 del Código Civil dispone que la ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada. La obligación contratada en el acta de compromiso suscrita el ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ La Previsora y Cooperadores IPS S.A., fue la terminación anticipada del contrato con las debidas prestaciones recíprocas a cargo de las partes: por un lado, a cargo de Cooperadores IPS S.A., la obligación de suspender la prestación de los servicios médico asistenciales a los docentes del Valle del Cauca y proceder de conformidad con el contrato a cumplir con los procedimientos previstos para la liquidación final del mismo, y, por el otro, a cargo de la Fiduciaria La Previsora, la obligación de facilitar la suspensión de la prestación de los servicios médico asistenciales y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional pago de las sumas de dinero pendientes de pagar como resultado de la primacía ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 1998. Fue así como el nuevo gerente de Cooperadores IPS. S.A., quien remplazó a aquel que suscribió el acta de compromiso en la fecha pactada en esta, en forma voluntaria, sin traumatismos en las relaciones de las partes y en forma relativamente ordenada para las circunstancias, suspendió la prestación de los servicios médico asistenciales y procedió a dar cumplimiento a los procedimientos previstos en el contrato con posterioridad a la terminación, para obtener la liquidación final del mismo. Cooperadores IPS S.A. cumplió voluntariamente y en forma integral la obligación a su cargo, nacida del acta de compromiso suscrita el 19 de octubre de 1998, en la que se anticipaba la terminación del contrato al 31 de diciembre del mismo año, ratificándose retroactivamente el vicio de que adolecía el acta de compromiso en comento. La materialización de hecho de los efectos de la realidad sobre las formasterminación anticipada del contrato de prestación de servicios médico asistenciales, el cual que se encuentra consagrado manifiesta en la suspensión de los servicios objeto de dicho contrato, dio paso a la ejecución de los actos conducentes a la liquidación final prevista en el artículo 53 60 de la Carta Magna. Resulta inconcebible Ley 80 de 1993, que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo a su vez recoge la tesis basada en la existencia cláusula trigesimacuarta del contrato, que es del siguiente tenor: “Liquidación El presente contrato por ser de un contrato meramente civiltracto sucesivo, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso deberá liquidarse de la presunción legal contenida conformidad con lo previsto en el artículo 24 60 de la Ley 80 de 1993. Para el efecto, terminado el mismo por cualquier causa, se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación. Por tal motivo el contratista deberá presentar dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del CSTcontrato a el contratista o a quien este designe, las historias clínicas y demás documentos relacionados con los aspectos médicos de las personas que cubre el presente contrato, así como la información técnica, científica y estadística que se requiera, para con base en dicha información se proceda laborar el acta de liquidación correspondiente. En caso de que no se efectúe la liquidación bilateral se dará aplicación al artículo 61 de la Ley 80 de 1993 regulatorio de la liquidación unilateral” (sic). Establece la Ley 80, en su artículo 60, que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se hará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes a la vinculación finalización del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga. Como lo ha señalado la jurisprudencia, “La liquidación del contrato es el paso siguiente, precisamente para determinar que derechos y obligaciones correspondían a los contratantes y qué sumas líquidas de dinero debían pagarse o cobrarse en forma recíproca” (C.E., Sección Tercera, Sent. mayo 29/97 M.P. ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇). También en la etapa liquidatoria las madres comunitarias constituye partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse ▇ ▇▇▇ y salvo. La jurisprudencia también ha señalado sobre este tema lo siguiente: “Los contratos, como es lógico, se celebran para ser cumplidos. De allí que cuando se da el cumplimiento, la parte cumplida o que se allanó a cumplir, podrá pedir la declaración de responsabilidad y las conductas consecuenciales a esta. Además, los contratos administrativos pueden terminar normal o anormalmente. En el primer evento, por el cumplimiento del objeto en la forma y tiempo debidos. En el segundo, por caducidad o terminación unilateral, o por vencimiento del plazo antes del cumplimiento del objeto convenido. Terminado normal o anormalmente un verdadero vinculo empleaticiocontrato, en especial en los contratos de suministro, obra pública o prestación de servicios, procederá su liquidación, en los términos señalados en el mismo contrato. Bajo esta ópticaLiquidación que podrá hacerse de común acuerdo, o en forma unilateral, por la entidad pública contratante y luego mediante resolución motivada. No tendrá que mediar un acto administrativo formal que ordene la liquidación. Podrá ser una comunicación en la que se invita al contratista a participar en ella y se le pide la documentación de efectuar rigor para ese efecto. Si mediare tal acto, no conformará con el análisis detallado de liquidación un acto complejo (el que no siempre tendrá carácter unilateral), porque aquel no será más que un trámite previo y hasta innecesario, por que su ausencia no impedirá la liquidación, etapa impuesta por la ley. Si las partes acuerdan los términos de la legislación liquidación, se suscribirá un acta, la que ha regulado deberá aprobarse por el jefe de la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales oficina si no hubiere intervenido en la materiaadopción del trabajo liquidatorio. El acta suscrita por las partes pone fin a las reclamaciones de carácter económico y prestará mérito ejecutivo, especialmente en lo que sea favorable a la entidad pública, por jurisdicción coactiva y ante la justicia ordinaria, si la favorabilidad estuviere de lado del contratista particular. Esa liquidación de común acuerdo, en principio, no podrá cuestionarse sino por vicios en el contenido consentimiento. Si el acta se suscribe con salvedades por el contratista podrá este impugnarla en lo que fue materia de desacuerdo. Si el contratista se negare a suscribirla o no comparece a la diligencia, la administración deberá dictar un acto administrativo unilateral de liquidación, mediante resolución motivada, la que podrá impugnarse en una controversia de tipo contractual, en firma aislada o con otras pretensiones derivadas del contrato mismo y que de alguna forma incidan en la sentencia T-480 liquidación”. Consejo de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado Sección Tercera, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ de violentar1990, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un magistrado ponente ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboral.

CONCLUSIONES. La forma De la normativa del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas, así como fue concebidode los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, implementado podemos llegar a las siguientes conclusiones: a. Los contratos asociativos son aquellos que crean y desarrollado el programa regulan relaciones de Hogares Comunitariosparticipación e integración en negocios o empresas determinadas, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación interés común de las madres partes; no gozando de personería jurídica. b. Si bien las características que debe reunir esta figura se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado han estable- cido en el artículo 53 441º de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo Ley General de Sociedades, lo cierto es que, dentro la tesis basada definición regulada en la existencia referida Ley se revela una de un las notas distintivas de este contrato meramente civily que consideramos llega a ser determinante para esta figura, cuando es i) la realidad participación del asociado en los resultados o utilidades del asociante ii) a cambio de una contribución. c. La participación del asociado sólo puede estar referida a resultados, es de- cir, ganancias y pérdidas o sólo ganancias, no en función a ingresos brutos, supuesto que variaría totalmente la naturaleza de esta figura mercantil. d. Es así que, en opinión del Tribunal Fiscal, el contrato de asociación en participación tiene como elemento constitutivo del mismo que el asociado participe de las pruebas demuestranutilidades del negocio, incluso si hacer uso por lo que elimina- do dicho elemento, se pierde tal naturaleza”, debiendo en estos casos determinarse la verdadera naturaleza de la presunción legal contenida operación y, consecuente- mente, sus efectos tributarios. e. Con relación a la contribución que deben realizar los asociados, ésta es el hecho de dar o hacer algo a favor del asociante para alcanzar una participación en el artículo 24 los resultados o utilidades del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado asociante. f. La determinación de la legislación participación del asociante se realiza en función a la contribución que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales este realizó al asociante, ello coadyuvará además en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene determinación del monto a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar devolver al asociante y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciablesdeterminar, al trabajoa su vez, la igualdadsu participación en las pérdidas, una vez finalizado el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y negocio. g. Otra de las características que guarda este tipo de contrato asociativo es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que asociante actúa en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería ser objeto de medidas de protección prontas y eficaces, sigue siendo objeto de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional nombre propio y que la misma Corte Constitucionalgestión del nego- cio o empresa corresponde única y exclusivamente al asociante y no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados. El asociado limita su intervención a entregar su contribución y esperar a participar en los resultados del negocio o empresa correspondiente. h. Además, quien se supone es los terceros no adquieren derechos ni asumen obligación frente a los asociados, ni éstos ante aquéllos. Esto último puede ser discutible cuando el asociado participa como el asociado contribuye al ejecutar el cargo de gerente legal o ejecutando alguna prestación que lo relacione directamente con los terceros. i. Para efectos del Impuesto a la guardiana Renta, hasta el 31.12.1998 el contrato de asociación en participación no era considerado un contribuyente independiente y sus rentas tributaban en cabeza de las partes que lo integraban. j. No obstante ello, a partir del 01.01.1999, la asociación en participación fue excluida del tratamiento tributario previsto para los derechos fundamentales consorcios, joint ventures y demás contratos de los colombianos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralcolaboración empresarial.

CONCLUSIONES. El contrato de seguro tuvo su génesis en la necesidad de trasladar los riesgos a los cuales podía exponerse una persona, siendo la economía misma el motor de la reglamentación de dicha actividad. Esta figura jurídica no tiene definición legal. La forma como fue concebido, implementado doctrina y desarrollado el programa de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el jurisprudencia han propuesto diversas nociones del mismo, ha generado coincidiendo en estas, el cubrimiento de un riesgo por parte de un asegurador a través del pago de una serie de problemáticas laboralesprima, para este sector marginado y deprimido efectos de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir garantizar el pago de una remuneración dignaindemnización en caso de ocurrencia del siniestro. Entre sus características erigidas por la ley, pese a que es encontramos la misma legislación nacional consensualidad, onerosidad, bilateralidad y aleatoriedad, siendo esta última la que prohíbe más criticada por la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 doctrina como consecuencia del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, avance en la actualidad aún se propende por el desconocimiento estadística y la actuaria, siendo que en la práctica, las aseguradores tienen una previsión más o menos exacta de la existencia ocurrencia del siniestro, lo que desdibujaría la contingencia del mismo. Igualmente los tratadistas, han integrado a las anteriores características, las de ser un contrato de trabajo entre estas adhesión, personal, indemnizatorio y el ICBF. Circunstancia de ubérrima buena fe, por lo que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible ha aclarado que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada existe consenso en la existencia necesidad de un contrato meramente civildesterrar las viejas prácticas de incorporar cláusulas abusivas, cuando la realidad y las pruebas demuestranen especial por implementación del estatuto del consumidor. Además, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentardiscutido su naturaleza indemnizatoria, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria distinción entre seguro de nulidad parcial de tal pronunciamientopersonas y daños, por circunstancias concluyéndose que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a ambas estirpes se paga una suma de dinero al asegurado/beneficiario ante la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal ocurrencia del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laboralessiniestro. Finalmente, se observa cómo a pesar la buena fe, además de ser principio del orden constitucional, ostenta mayor preponderancia en este contrato, teniendo en cuenta que entre las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇obligaciones ▇▇▇▇▇▇▇ del mismo está la declaración y mantenimiento del estado del riesgo. Los elementos esenciales del contrato de seguro lo son el riesgo, el interés asegurable, la obligación condicional, la prima y la indemnización, siendo que debería ser objeto todos deben concurrir para perfeccionar este negocio jurídico. El riesgo se constituye como el hecho incierto e involuntario cuya ocurrencia generaría un grave perjuicio al asegurado, por lo cual se constituye como el soporte neurálgico de medidas de protección prontas y eficaceseste contrato. Por su parte, sigue siendo objeto el interés asegurable es la relación económica que se encuentra amenazada por uno o varios riesgos, en que una persona se halla consigo misma o con otra persona, o con otras cosas o derechos, tomados en sentido general o particular. En tal sentido, reconocida la existencia de un total desconocimiento riesgo e interés asegurable se fija una prima, la que permite acceder a esta cobertura y de paso, mantener la sostenibilidad técnica económica del asegurador. En consecuencia, con la ocurrencia del siniestro, surge la obligación de pagar la indemnización al asegurado y/o beneficiario, obligación de suyo condicional hasta el acaecimiento de tal circunstancia. Surgen entonces como obligaciones y cargas del contrato de seguro tradicional, por parte del asegurador, la expedición de la póliza y sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento que ya lleva más anexos y pagar la indemnización, devolver la suma no devengada y con relación al tomador y/o asegurado, en la fase precontractual, la declaración del estado del riesgo, durante la vigencia, el pago de dos décadas la prima, el mantenimiento del estado del riesgo, no asegurar el deducible y que no ha podido ser erradico pese a cumplir las garantías, informar la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionalesexistencia de coseguros; acaecido el siniestro, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone es la guardiana de los derechos fundamentales de los colombianosevitar su propagación, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias pago de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralindemnización.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebidoEn el desarrollo del documento se ha expuesto que la buena fe es un principio general del derecho, implementado caracterizado “por regular toda la conducta de los sujetos de derecho, por la vía de imponerles la obligación de comportarse en el tráfico jurídico con corrección, honradez y desarrollado el programa de Hogares Comunitariosrectitud, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres obligación que se encargarían de colocar en funcionamiento extiende, no sólo a evitar el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido perjuicio de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores esfera de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento intereses de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF sujetos con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇relacionen” ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (2014, p. 78) sino que debería ser objeto también a colaborar activamente en la maximización de medidas los intereses de protección prontas y eficaceséstos, sigue siendo objeto de un total desconocimiento modo tal que entre los sujetos de derecho reine la confianza basada en la lealtad recíproca, es así que la buena fe está presente en todo el Derecho Civil, pero en materia comercial adquiere una de sus derechos manifestaciones más importantes, pues se presenta como trabajadorasun modelo de conducta que las partes deben seguir durante toda el desarrollo del contrato o negocio, expandiendo su aplicación incluso a las etapas preparatorias o preliminares del contrato y también una vez concluido éste, influyendo a su vez de manera determinante en la labor de hermenéutica contractual. Desconocimiento Con base a los argumentos presentados en el presente trabajo, podemos concluir que ya lleva más el principio de buena fe en el escenario de los contratos de seguro implica la obligación de suministrar la información requerida conforme a este principio en aras de lograr la finalidad del contrato atendiendo a los intereses de las partes. El deber de información es una obligación que se exige a las partes, en aras del cumplimiento del postulado de la buena fe, (▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 2011). Así mismo es posible concluir que el deber de información encuentra su razón de ser en dos décadas y que no ha podido ser erradico pese supuestos, el primero, en un desequilibrio de conocimiento entre los contratantes, el cual permite exigirle a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionalescontraparte informada que comunique sobre el cabal contenido del contrato al cual se comprometerá. El segundo, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática en la claridad que incluso debe sustentar el Gobierno Nacional y consentimiento, claridad que abarca no sólo entender la misma Corte Constitucional, quien se supone es operación contractual a celebrar sino también la guardiana plena comprensión del alcance de los derechos fundamentales y obligaciones que por tal virtud se adquieren y hasta la valoración de los colombianosriesgos que comporta el contrato. Sin embargo éste no es absoluto, la buena fe impone unos límites sobre el mismo con el fin de dotar a dicho deber de contenido para que así su exigencia no sea abusiva, excesiva e irrazonable. En el presente trabajo se ha buscado demostrar que la reticencia en el contrato de seguro puede ser ocasionada por la inobservancia al principio de la buena fe por parte del asegurador, quien guarda silencio respecto a las consecuencias producidas al no hacer una declaración del estado del riesgo sincera, teniendo en cuenta que el asegurador es la parte dominante de la relación jurídica, ya que tiene amplio conocimiento y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicasexperiencia en la materia; dejando en un futuro la posibilidad de beneficiarse con la declaratoria de la reticencia, pues es innegable que ya es hora que queda facultado a no pagar el Gobierna asuma las consecuencias de siniestro ocasionado y retener la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralprima pagada.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebidoLos mercados de comunicaciones fijas se caracterizan por registrar altos niveles de concentración, implementado y desarrollado el programa aunque se evidencia una dinámica de Hogares Comunitarios, especialmente la manera competencia en cómo tanto se efectuó la contratación presentan cambios de las madres que se encargarían de colocar en funcionamiento el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido de la sociedad colombiana, el cual día a día presta sus servicios a niños y niñas menores de edad, sin ni si quiera recibir el pago de una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, que la vinculación de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar a pensar que las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamiento, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias y el ICBF con el único propósito de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇cuotas ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ de los tres o cuatros proveedores que reúnen cerca del 90% de la conexiones fijas del país. Las cláusulas de permanencia mínima son utilizadas por los proveedores que registran las mayores cuotas ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ en las diferentes localidades del país, siendo el subsidio o la financiación del cargo por conexión la causal preponderante de suscripción de contratos con permanencia mínima, a la vez que debería ser objeto un periodo de medidas 12 meses es el tiempo de protección prontas permanencia aplicado en el 99% de los casos. Al revisar el detalle de otras causales de suscripción de permanencia mínima en el servicio de televisión por suscripción se identificó que estas corresponden a actividades o elementos que hacen parte de la definición de cargo por conexión establecida en la Resolución CRC 3066 de 2011. Las tarifas de cargo por conexión presentan significativas diferencias entre proveedores, y eficaceses común que en la medida en que se empaquetan los servicios aumente el valor de cargo de conexión más que proporcionalmente. Al evaluar los servicios separadamente se encuentra que el cargo de conexión para televisión es el más costoso y el de telefonía el más económico. La información de tarifas de los servicios de comunicaciones fijas suministrada por los operadores indica que, sigue siendo objeto frente a la aparente alternativa de contratar con y sin cláusula de permanencia mínima, el usuario no tiene realmente algún incentivo en el precio para evaluar la opción de pagar el cargo por conexión al inicio del contrato, razón por la cual su decisión siempre será la de escoger el contrato con permanencia mínima. Al revisar la forma en que operan los pagos asociados a la terminación anticipada durante el período de permanencia mínima se observa que en su mayoría los proveedores han definido que el monto por terminación anticipada disminuya uniforme y gradualmente cada mes. Sin embargo, algunos proveedores mantienen un cobro cercano al 45% del cargo por conexión hasta el onceavo mes de permanencia, lo que indica que es mayor el costo de cambio que enfrenta un usuario de estos proveedores respecto del que enfrenta un usuario de un total desconocimiento proveedor que prorratea uniformemente el cargo de sus derechos como trabajadorasconexión en el periodo de permanencia. Desconocimiento Al analizar la infraestructura de las redes de acceso se encontró que ya lleva cada uno de los servicios de comunicaciones fijas puede ser prestado a través de diversas tecnologías, donde en Colombia se presta a través de redes alámbricas cable de cobre, cable coaxial y fibra óptica o inalámbricas. Se podrían observar diferencias en los valores que los operadores les cobran a los usuarios en función de las tecnologías de acceso y por las economías de escala. Sin embargo, llamara notoriamente la atención que algunos operadores con economías de escala cobren valores más de dos décadas y elevados que otros que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que tienen usando la misma Corte Constitucionaltecnología de acceso. Por otro lado, quien no se supone es la guardiana encontró justificación técnica para cobrar valores aditivos cuando los operadores prestan varios servicios a un mismo usuario, como ocurre cuando se adquieren servicios empaquetados, salvo que usen tecnologías de acceso diferentes. En los derechos fundamentales de demás casos los colombianos, y que costos adicionales por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicas, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias de la implementación de sus propias políticas quebrantadoras de derechos de índole laboralprestar otro servicio son marginales.

CONCLUSIONES. La forma como fue concebidoA partir del análisis de la Carrera Administrativa en Colombia, implementado y desarrollado el programa desde sus posibles orígenes, es de Hogares Comunitarios, especialmente la manera en cómo se efectuó la contratación de las madres reconocer que se encargarían ha adelantado mucho y que son muchos los defectos que han sido eliminados, en beneficio de colocar en funcionamiento los intereses del Estado y de los ciudadanos que se avienen a trabajar para el mismo, ha generado una serie de problemáticas laborales, para este sector marginado y deprimido en distintos cargos de la sociedad colombianaAdministración Pública. No obsta lo anterior para reconocer que ha faltado voluntad política para depurar la carrera administrativa, quizá porque no se ha roto aún el cordón umbilical que la une a la práctica política, la cual día a día presta sus servicios a niños genera intereses particulares y niñas menores escinde, por lo general, procesos que, como la Carrera Administrativa, debieran ser prenda de edadgarantía para quienes militan en ella, sin ni si quiera recibir el pago de en una remuneración digna, pese a que es la misma legislación nacional la que prohíbe la cancelación de salarios en sumas inferiores al mínimo legal mensual vigente. Se tiene entonces, que muy a pesar abierta muestra de que la labor ejercida por las Madres Comunitarias cumple el Estado sienta el ejemplo en materia de garantías laborales. Las convocatorias, ciertamente, serían un excelente mecanismo si se aplicaran con los tres elementos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es prestación total transparencia y celeridad. Es de un servicio personal, remunerado, bajo continuada subordinación y dependencia, tener en la actualidad aún se propende por el desconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo entre estas y el ICBF. Circunstancia que a todas luces es violatoria del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Magna. Resulta inconcebible que las Altas Cortes y el Gobierno Nacional pretendan continuar sosteniendo la tesis basada en la existencia de un contrato meramente civil, cuando la realidad y las pruebas demuestran, incluso si hacer uso de la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST, cuenta que la vinculación imagen que el ciudadano tiene de las madres comunitarias constituye un verdadero vinculo empleaticio. Bajo esta óptica, los procesos en manos del Estado no son los mejores y luego de efectuar el análisis detallado de la legislación que ha regulado la contratación de las madres comunitarias y los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, especialmente el contenido en la sentencia T-480 de 2016 y su posterior declaratoria de nulidad mediante el auto 186 de 2017, viene a resultar ostensible que las madres comunitarias se encuentran sumidas en una situación de desregularización laboral, propiciada irónicamente por el mismo Estado, el cual se ha encargado de violentar, vulnerar y/o transgredir sus derechos mínimos e irrenunciables, al trabajo, la igualdad, el minino vital, la dignidad y sobre todo a la seguridad social. Y siempre es que si bien con la sentencia T-480 de 2016 se pudo llegar proclive a pensar que dentro de ellos existe siempre la premeditación malsana y la acción dolosa o por lo menos no del todo transparente. Ahora bien, los efectos son nocivos para Estado y para profesionales o trabajadores calificados que se abstienen de presentarse a las madres comunitarias habían obtenido por fin el reconocimiento convocatorias, amparados en la convicción, fundada o no, de que esos procesos no son imparciales y que van a perder su tiempo y esfuerzo, porque existe la predestinación de cargos y que sólo un bajo porcentaje de los derechos laborales que les han sido negado por más de dos décadasparticipantes tendrá acceso a una justa selección. Así las cosas, dicha lucha aún continúa tornándose aún más ardua y difícil por la declaratoria de nulidad parcial de tal pronunciamientotanto el Estado como el posible aspirante se ven perjudicados, el primero, por circunstancias que en verdad no obedecen a otra cuestión diferente a la alegada como sostenibilidad fiscal y presupuestal del Estado Colombiano. Estado, que paradójicamente ha sido el encargado privarse de implementar políticas indebidas de tercerización laboral, acudiendo a maniobras engañosas tendientes a disfrazar o esconder la relación laboral que existe entre las madres comunitarias un posible excelente funcionario y el ICBF con segundo, porque ve bloqueada la posibilidad de acceder aun excelente cargo público. Considera el único propósito autor de eludir el pago de prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Se considera entonces, que la implementación de política indebida, por parte del mismo Estado que se supone debe ser el garante de los derechos de la población, no puede seguirse permitiendo so pretexto de no generarse inconvenientes económicos, maxime si se tiene en cuenta, que el principio de la sostenibilidad fiscal no puede ser usado como mecanismos para vulnerar derechos fundaménteles, pues ello contraria los postulados de la propia Carta Magna. Lo anterior, debido a que no puede concebirse la idea de que sea un grupo marginado de la población colombiana sumido en evidentes condiciones de vulnerabilidad, el que deba asumir las consecuencias de la implementación de medidas atroces por parte de entes oficiales, con las que lo único que se buscó fue el desconocimiento de las leyes laborales. Finalmente, se observa cómo a pesar este trabajo que las madres comunitarias constituyen un ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ que debería convocatorias, cualquiera sea su objetivo específico, deben ser objeto de medidas seguimiento por la Procuraduría General de protección prontas la Nación que además del control disciplinario que ejerce sobre los funcionarios verifique que todos los que intervengan en el proceso le den la aplicación a las normas existentes, de manera que ningún trabajador o aspirante a ingresar al servicio del Estado, pueda verse afectado por excesos u omisiones malsanas o desprevenidas, dado que los efectos nocivos de una y eficacesotra son sumamente parecidos. Respecto de la convocatoria 001 de 2005, sigue siendo objeto la información aquí contenida muestra que, efectivamente, hay quienes no se hallan totalmente satisfechos con los resultados obtenidos. Pero, más allá de un total desconocimiento de sus derechos como trabajadoras. Desconocimiento ese fenómeno, lo que ya lleva más de dos décadas y que no ha podido ser erradico pese a la intervención y las recomendación efectuadas por los organismos internacionales, los cuales han mostrado mayor preocupación por dicha problemática que incluso el Gobierno Nacional y que la misma Corte Constitucional, quien se supone debe preocupar al Estado es la guardiana depuración de los derechos fundamentales procesos, para que trabajar para el Estado deje de los colombianosser una utopía, para unos, y que por tanto no debería ceder a presiones políticas o económicasun estigma para otros, pues es innegable que ya es hora que el Gobierna asuma las consecuencias como producto de la implementación relativamente poca transparencia que se dan en los procesos de sus propias políticas quebrantadoras selección de derechos de índole laboralservidores públicos.