JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN Cláusulas de Ejemplo

JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO, la vigilancia de un interventor externo constituye un elemento determinante en el proceso de seguimiento y control de los Proyectos de Asistencia Técnica beneficiados con el IEATDR 2013 – 2014 evaluados y seleccionados por el INCODER, que permita establecer que estos son ejecutados de acuerdo con los términos y condiciones en que se les otorgó el incentivo, de conformidad con la Resolución 178 de 2012 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los acuerdos de financiamiento, y todos los documentos que forman parte de dichos acuerdos.
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. 12 1.6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 12 1.7. NORMAS QUE ENMARCAN EL PROCESO 12 1.8. ACTO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 13 1.8.1. Compromisos de FINAGRO 13 1.8.2. Compromisos conjuntos 13 1.8.3. Compromisos de los solicitantes 14
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO, evidenció la necesidad de desarrollar el proceso de continuidad del IEATDR 2012 a partir de fases articuladas que iniciarían con la EVALUACIÓN de los requisitos habitantes y la calificación de los PGAT que se ajusten a los parámetros definidos en el instructivo técnico difundido por dicho Ministerio, con las Consideraciones Generales y Requisitos para el otorgamiento del Incentivo a la Continuidad del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural. Según lo anterior, FINAGRO requerirá una entidad evaluadora que permita: • Revisar, evaluar y calificar si los planes generales de asistencia técnica –PGAT- presentados cumplen con las condiciones establecidas en el instructivo CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO A LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL elaborado y publicado por el MADR. Por otra parte, es necesario que el evaluador cuente con los siguientes aspectos: ▪ Personal altamente calificado y especializado. ▪ Unidad de criterio en el proceso de calificación interna y externa para Planes Generales de asistencia Técnica como elemento esencial de control y seguimiento. ▪ Cobertura nacional. El EVALUADOR en su proceso de calificación verificará si los PGAT año 2014 presentados tienen deficiencias graves en uno o más de sus componentes, si dichas deficiencias se pueden corregir sin generar modificaciones de fondo que representen cambios en el valor del plan o si definitivamente las condiciones encontradas hacen inviable su ejecución y será necesaria la reformulación de los mismos, lo cual se verá reflejado en la calificación que se le otorgue a cada PLAN. El EVALUADOR será responsable de la calificación de los planes presentados, por lo que deberá documentar y soportar debidamente la metodología para asignación de puntajes, criterios de eliminación y en general todas las actividades y acciones desarrolladas y por desarrollar que conduzcan al esquema de calificación definido. No obstante, la responsabilidad del EVALUADOR en relación con las calificaciones, previo al inicio de la calificación de los Planes, deberá presentar a FINAGRO un plan de trabajo que corresponda a la oferta presentada, dónde se encuentren planteados y desarrollados todos los parámetros señalados en el párrafo anterior. FINAGRO se reserva el derecho de formular recomendaciones de cambios y ajustes a las herramientas, metodologías, criterios y acciones propuestas en el mismo....
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. FINAGRO se encuentra expuesta a una serie de riesgos derivados de la naturaleza de sus funciones y del giro normal de su actividad, así como de actuaciones de sus funcionarios, contratistas y/o terceros, lo cual puede llegar a afectar el patrimonio de la Entidad. El valor de las eventuales afectaciones patrimoniales ocasionadas por la materialización de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta FINAGRO y el costo de la pérdida, puede resultar bastante alto, por lo que se hace necesario hacer uso del mecanismo de transferencia de los riesgos. Es por ello, que para garantizar que sus intereses patrimoniales y/o aquellos por los cuales sea o llegare a ser legamente responsable la Entidad estén debida y adecuadamente amparados, es necesario contratar una (s) aseguradora (s) que, por su especial conocimiento, capacidad técnica y financiera asuma los diversos riesgos en condiciones que le sean favorables a FINAGRO. Teniendo en cuenta la relevancia del tema, FINAGRO consideró necesario contar con la asesoría especializada de un corredor de seguros, razón por la cual llevó a cabo la Invitación Pública No. 014 de 2019, en virtud de la cual seleccionó la oferta presentada por la sociedad JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS, quien conjuntamente con los asesores legales contratados para el efecto y FINAGRO, estructuran el programa de seguros que se ajusta y responde a las particulares necesidades de la Entidad. Los contratos de seguros celebrados por FINAGRO sobre el seguro de infidelidad de riesgos financieros y responsabilidad civil servidores públicos tienen vigencia hasta el 1 de diciembre 2020, razón por la cual se requiere iniciar el proceso de selección de la(s) nueva(s) aseguradora(s), cuya selección se efectuará a través de la presente Invitación Pública, ya que esta modalidad, consagrada en el Manual de Contratación de Finagro, permite la verificación y evaluación de factores técnicos, financieros y jurídicos, determinantes para la escogencia objetiva de oferentes especializados en materia de seguros. La (s) aseguradora (s) que resulte (n) seleccionada (s), será (n) contratada (s) por FINAGRO para un período de un (1) año, contados a partir del 1 de diciembre de 2020 a las 00:00 horas o del vencimiento de las distintas pólizas que integran el programa de seguros de FINAGRO.
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. La Entidad, tiene la obligación de proveer un soporte técnico y tecnológico adecuado y oportuno en el manejo del hardware y el software que incluya el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, con el objeto de mantenerlos en condiciones óptimas. FINAGRO, para su adecuado funcionamiento y desarrollo de sus actividades, requiere contar con equipos de cómputo actualizados, adecuados en número y características, alistados para el uso y que cuenten con licencias de funcionamiento de software, como herramientas de trabajo, adicionalmente, se deben reemplazar los equipos de cómputo con que cuenta actualmente la Entidad que cumplan su vida útil o que deban ser devueltos al proveedor por cumplimiento del contrato de arrendamiento en virtud del cual se encuentran instalados. Lo anterior, para el cumplimiento de las labores encomendadas y el logro de los objetivos institucionales. El servicio a contratar contempla el arrendamiento de equipos nuevos, por demanda, con su respectivo licenciamiento del sistema operativo, así como el soporte de hardware necesario. El proceso de arrendamiento de equipos de cómputo proporciona a Finagro ventajas tecnológicas asociadas a la protección contra la obsolescencia, control de desechos tecnológicos al término de la vida útil de la máquina, eliminación de costos por depreciación de activos, entre otros.
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, formuló el Plan de Acción para la Reforestación Comercial, con el fin de aprovechar el potencial forestal nacional y ampliar la oferta productiva, contribuyendo a rehabilitar el uso de los suelos con vocación para la reforestación, incluyendo las cuencas de los xxxx y las áreas conectadas con ellas. Para efectos de la reglamentación parcial de la Ley 139 de 1994 que creó el Certificado de Incentivo Forestal, se expide el Decreto 1824 de 1994, donde se indican cuáles son las premisas generales y la forma en la que éste debe aplicarse. La operatividad del Certificado de Incentivo Forestal involucra la ejecución de cinco (5) etapas del proyecto de reforestación que están consignadas en el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal – PEMF y que comprende el establecimiento y cuatro (4) mantenimientos, dentro del término acordado contractualmente o mediante acto administrativo. En lo que se refiere al pago del incentivo, este se realiza previa visita de verificación del área del proyecto y el cumplimiento de las actividades planteadas, así como la existencia de los recursos que asigne el Gobierno Nacional en la ley de presupuesto. Dicha verificación de actividades de mantenimiento de las plantaciones beneficiarias de CIF se realiza cada año. La verificación de actividades de mantenimiento de las plantaciones beneficiarias de CIF se realiza cada año, por parte del MADR. Por ello, es competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la evaluación, verificación de campo, seguimiento y control del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal; funciones que pueden ser delegadas total o parcialmente en otras entidades públicas o privadas de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 139 de 1994. A través de la Resolución 148 de 2012, modificada por la Resolución 411 de 2014, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural delegó en FINAGRO la operación integral del Certificado de Incentivo Forestal incluyendo el otorgamiento del incentivo, así como la evaluación, verificación de campo, seguimiento y Control del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. En este sentido, el 7 xx xxxx de 2019 se suscribió el Contrato Interadministrativo 351 de 2019 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO, el cual tiene por objeto “Realizar la administración y pago de mantenimientos del Certificado de Incentivo Forestal-CIF-2019”. Como se ha indicado, para cumplir con est...
JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FINAGRO, la vigilancia de un interventor externo constituye un elemento determinante en el proceso de seguimiento y control de los Proyectos de Continuidad de la Asistencia Técnica beneficiados del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural IATDR 2012, de conformidad con la Resolución No. 26 del 9 de Enero de 2014, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Según lo anterior, FINAGRO requerirá una entidad interventora que permita: • Realizar la interventoría de la ejecución de los Planes Generales de Asistencia Técnica presentados aprobados y que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el instructivo CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL INCENTIVO A LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL elaborado y publicado por el MADR.

Related to JUSTIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN

  • Acreditación de la Aptitud para Contratar Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará: a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

  • Competencia para contratar 1. La representación de los entes, organismos y entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.

  • Demostración de Capacidad para Contratar Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que: 1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato. 2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes; 3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; 4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones; 5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones públicas nacionales; 6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

  • APTITUD PARA CONTRATAR En base a lo previsto en el artículo 146.4 del TRLCSP el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en el presente PCAP, siendo el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. No obstante, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. Podrán concurrir a esta licitación todas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en prohibición de contratar, y, dispongan de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional exigida en el presente PCAP: La capacidad de obrar del empresario se acreditará: De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. Los empresarios no deben haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del TRLCSP podrá realizarse: Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, según XXXXX XX. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. La solvencia del empresario: se acreditará por los medios concretos que se puedan prever para cada suministro en el ANEXO I del presente PCAP, de no concretarse una solvencia específica en el citado apartado, se entenderán solventes los empresarios que acrediten cada Solvencia, económica, financiera y técnica, por los criterios y requisitos mínimos recogidos en cada apartado a continuación, conforme a los artículos 75 y 77 del TRLCSP:

  • OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN “EL COMITENTE” requiere de “EL

  • CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. La solvencia se acreditará y evaluará de acuerdo con los medios establecidos en la Carátula y Pliego. Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato.

  • CAPACIDAD PARA CONTRATAR 4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. 4.2.- Para contratar con la Administración, las personas físicas o jurídicas deben acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, salvo que en el Pliego se establezca que dicha acreditación no es obligatoria. 4.3.- Los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones objeto del contrato. 4.4.- Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí mismas o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello. 4.5.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del presente contrato o hubieren asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, cuando dicha participación pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 4.6.- Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produce una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad de una empresa licitadora, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en este Xxxxxx para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 4.7.- Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, de conformidad con el artículo 65.1, segundo párrafo, de la LCSP, se le requieran al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, el licitador deberá presentar en el sobre de la documentación general una declaración en la que manifieste que cumple con dichos requisitos, y, en caso de que resulte propuesto adjudicatario del contrato, acreditarlos efectivamente. 4.8.- En el caso de que en la letra Z del Cuadro de características del contrato se señale el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, el licitador deberá presentar una declaración en la que manifieste haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

  • FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar. En caso que el proponente adjudicado justifique oportunamente el retraso en la presentación de uno o más documentos, requeridos para la formalización de la contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos. El proponente adjudicado deberá presentar, para la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden de Servicio, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado XXXX. En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato. Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado XXXX presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de Servicio, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS. El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la formalización de la contratación, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso. Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido. Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

  • OBJETO DE LA CONTRATACIÓN El objeto es la contratación de una Sociedad Agente de Bolsa (en adelante, la SAB) que asesore al Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO (en adelante, el COMITÉ DE PROINVERSIÓN) e intermedie en el proceso de venta, dirigido a los trabajadores con derecho de adquisición preferente de las acciones de propiedad del Estado en la EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ S.A.A. (en adelante, EAA Cayaltí), cuya titularidad corresponde al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. La cantidad de acciones a ser vendidas se detalla a continuación: El trabajo de la SAB comprende el desarrollo de las actividades señaladas a continuación: Elaboración de la documentación necesaria para realizar la oferta, preparación y estructuración de la oferta pública, en el marco de lo establecido en la Xxx X° 00000, Xxxxxxx Supremo N° 037-2012-EF, Ley N° 30232 y en los “Lineamientos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores” aprobados por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN. Realizar las coordinaciones correspondientes con la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Superintendencia xxx Xxxxxxx de Valores (SMV), CAVALI S.A. I.C.L.V., EAA Cayaltí, FONAFE y demás entidades relacionadas, con la finalidad de realizar las publicaciones de los avisos respectivos y el traspaso de los títulos a su cuenta matriz, de ser el caso, y llevar a cabo las demás actividades necesarias a efectos de concretar el proceso de venta de las acciones del Estado en la EAA Cayaltí. Actuar como agente de intermediación y colocador en la venta de las acciones del Estado en la EAA Cayaltí, en caso de existir un remanente de acciones sobre las cuales los trabajadores no hubieren ejercido su derecho de adquisición preferente. Realizar las acciones necesarias a fin de dar a conocer el mecanismo de venta de las acciones del Estado en la EAA Cayaltí entre los trabajadores de la empresa que deseen ejercer su derecho de preferencia. Elaborar los documentos relacionados a la actividad de promoción. Actuar como agente de intermediación en la transferencia de las acciones del Estado en la EAA Cayaltí a los trabajadores que ejerzan su derecho de preferencia. Liderar la operación de transferencia actuando como interlocutor entre PROINVERSIÓN y los trabajadores. Realizar la promoción de la venta de las acciones del Estado en la EAA Cayaltí, a través de reuniones con los trabajadores para determinar el nivel de demanda de dichas acciones. La SAB contratada deberá asumir los gastos de elaboración y distribución de folletería, brochures, instructivos, entre otros materiales de promoción. Las publicaciones que sean necesarias realizar en diarios, radio y televisión, correrán por cuenta de PROINVERSIÓN. Administrar el libro de demanda de la oferta pública y realizar las acciones necesarias para garantizar que el proceso se realice en forma transparente y uniforme. Realizar todas las actividades necesarias relacionadas a la colocación de la totalidad de las acciones y liquidación de la operación. La SAB contratada deberá coordinar todos los aspectos relacionados a las facilidades para el pago (financiamiento), hasta su liquidación, es decir, hasta el cargo y abono de valores y de los fondos respectivos en las cuentas de los titulares. Se deberá realizar un mínimo de tres (03) viajes para realizar reuniones con los trabajadores, con la finalidad de determinar la demanda e informar sobre los mecanismos de venta y demás aspectos contemplados en los Literales a) a la g) precedentes. Queda expresamente establecido que la SAB seleccionada para intermediar en la transferencia de las acciones del Estado en la EAA Cayaltí, sólo podrá participar en la venta de las mismas por cuenta del Estado, no pudiendo en consecuencia intermediar a favor de otros inversionistas, diferentes al Estado o a los trabajadores, en la compra de estas acciones. La SAB contratada, a través de su representante legal, ratificará lo señalado en el párrafo anterior, mediante una declaración jurada según el Formato N° 1 de los Términos de Referencia, que deberá ser presentado a la firma del Contrato de Locación de Servicios (en adelante, el Contrato).

  • DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es una entidad descentralizada creada mediante el Decreto Ordenanza No. 494 de 2011, modificado posteriormente por los Decretos Ordenanzas 02120 y 02132 ambos de 2011, el cual se constituye como establecimiento público, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio autónomo, con una estructura organizacional básica que se debe fortalecer para poder lograr cumplir con eficiencia y eficacia todos y cada uno de los procesos que soportarán el pleno desarrollo de los programas y proyectos que se están ejecutando en el marco de su competencia y funciones, desde sus normas de creación se establece que le corresponde a la entidad el fomento, de las artes y las letras, la divulgación de la cultura regional en el departamento de Antioquia, teniendo como función la de diseñar estrategias y divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, así como garantizar la conservación, enriquecimiento de la creación y expresiones culturales del departamento, y en todo caso impulsar estrategias que garanticen el desarrollo del arte y de expresiones artísticas. En este sentido en el plan de desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020 – 2023, se identifica que “los productos artísticos y culturales de alta calidad cuentan con posibilidades limitadas de circulación por el territorio. Debido a aspectos como la lejanía de algunas regiones con respecto a la capital del Departamento u otros epicentros de desarrollo, la concentración de los bienes y servicios en el Xxxxx de Aburrá, así como la carencia de escenarios debidamente acondicionados, inciden desfavorablemente en el acceso y disfrute de este tipo de manifestaciones, de manera equitativa para las poblaciones de Antioquia”. Con el fin de mitigar las problemáticas identificadas y de disminuir la inequidad entre las regiones del 1 Departamento, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia continuará realizando procesos de intervención en el sector, para beneficiar a las subregiones de forma integral, identificando las necesidades propias del territorio en sus niveles municipal y departamental, para lograr procesos creativos y participativos que estimulen el sector cultural y artístico, ya que en la medida que se fortalezcan nuestros creadores, artistas, gestores, escuelas, casas de la cultura, entidades oficiales, particulares y asociaciones culturales de la sociedad civil, se contribuirá al desarrollo de las localidades y del Departamento. Para lograr disminuir la brecha y la inequidad en el acceso a los procesos artísticos y culturales del Departamento mediante la ampliación de la oferta de calidad con énfasis en la creación, la cultura y el patrimonio en Antioquia, se plantean dentro de la Línea estratégica 1. Nuestra gente; Componente 4: Antioquia unida por la creación y la cultura, el Programa 1: Unidos para la creación, el arte y la cultura, indicadores en el ámbito de la creación literaria, que dan cuenta de las “Publicaciones apoyadas por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia” durante el cuatrenio, este programa promoverá la creación, continuidad y producción artística de nuevo conocimiento, que aporte al capital cultural de la región. A través de este programa se garantizará la oportunidad de acceder a la oferta institucional en 124 municipios permitiendo así el fortalecimiento del sector literario y editorial como gestores culturales activos en las subregiones del Departamento. Es de anotar también que existe un antecedente de iniciativas en el sector por parte del Instituto de cultura y Patrimonio de Antioquia, el cual bajo la resolución número 000370 de 7 de noviembre de 2017 “Por medio del cual se crea el Fondo editorial del Instituto de Cultura y patrimonio de Antioquia…” incluye en sus programas y planes de acción el apoyo y la promoción de la producción escrita por parte de los diferentes agentes culturales del Departamento mediante publicaciones que permitan la creación de una cultura editorial, soportado en línea número 3. Lectura y escritura, proyecto “Implementación Plan de lectura, escritura y biblioteca de Antioquia”, Fondo Editorial. El Instituto cuenta con diversas obras que hacen parte de la colección “VIVAN LOS CREADORES”, de acuerdo a las aprobaciones realizadas por el comité editorial según acta número 10 del 31 xx xxxxxx de 2018; colección la cual busca servir de pedagogía y de enseñanza para el sector cultural del Departamento. El comité editorial, para la impresión de la colección “VIVAN LOS CREADORES” que contienen las obras pictóricas y escultóricas de diferentes artistas antioqueños, con el fin de asegurar la difusión y promoción de éstas como legado de los antioqueños, seleccionó, evaluó y definió como parámetros en esta selección de las obras los siguientes: ✓ El aporte educativo y cultural para el departamento. ✓ Pedagogía de enseñanza para el sector cultural. ✓ La rigurosidad académica o investigativa de los contenidos de las obras ✓ La proyección como Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia respecto al Comité editorial. ✓ La valorización y optimización en términos de recursos públicos. De acuerdo a lo anterior, las decisiones del Comité han sido las siguientes: • El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con el propósito de fomentar la cultura y bajo un ejercicio de dignificación y visibilidad del artista, a través del comité editorial, bajo acta número 10 del 31 xx xxxxxx del 2018, aprobó realizar una invitación a diferentes artistas plásticos reconocidos del Departamento de Antioquia, para que presenten una propuesta de un libro (Machote), bajo unas especificaciones puntuales, esto con el objetivo de que haga parte de la colección “Vivan los Creadores” y que sirva de pedagogía de enseñanza para el sector cultural. • Bajo acta de comité editorial número 12 del 22 de Febrero del 2019 se aprobó el inicio del proceso para producir la colección “VIVAN LOS CREADORES”, que luego de recibir 15 propuestas se dio como resultado la viabilizarían de 1 libros para conformar la primera edición de la colección “VIVAN LOS CREADORES” y se dio plazo a 4 artistas para hacer los ajustes pertinentes de sus libros, quedando así una colección de 15 libros. • El comité editorial bajo Acta 19 y del 10 xx xxxx de 2019, recomienda la contratación de un equipo de diseño para desarrollar la línea grafica de la colección (Anexo1 – Diseño). • En reunión del comité editorial bajo acta número 21 xx xxxxx de 2019, se presentó la línea grafica de la colección “VIVAN LOS CREADORES” y es aprobada. • Por último, bajo acta número 22 del 14 xx xxxxxx de 2019, el comité recomendó adelantar el proceso contractual, por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para la impresión de los libros de los 3.300libros, la colección “VIVAN LOS CREADORES” se compone de 15 libros y de cada uno de ellos se imprimirán 500. De acuerdo a lo anterior y con el propósito de formatear la cultura adelantó un proceso de contratación en el año 2019, el cual tuvo que ser cancelado, dados los incumplimientos del contratista en relación a las fechas de entrega, y número de productos entregados, alcanzando sólo cuatro de los quince títulos contratados inicialmente; es así como 11 de esas obras quedaron evaluadas y aprobadas por el comité editorial, pero sin su respectivo proceso de impresión. A la fecha del presente estudio previo, los escultores presentaron el contrato debidamente firmado, en el cual autorizan al Instituto de cultura y Patrimonio de Antioquia, para realizar la edición, diseño, e impresión, publicación y distribución de cada una de las obras, todo con fines culturales, educativos y excluyendo los fines comerciales, teniendo presente que el Instituto realizará los diseños de los libros que harán parte de la colección, los cuales serán entregados al contratista que realice la impresión de los respectivos ejemplares. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario, adelantar un proceso de selección con miras a seleccionar una persona natural o jurídica que realice la Impresión De los 3.300 ejemplares, de las 11 obras que hacen parte de la colección “Vivan los creadores”.